Madrid
SUMARIO
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
- REAL DECRETO por el que se regula el estatuto de los consumidores electrointensivos.
- REAL DECRETO por el que se constituye la Comisión de coordinación en materia de investigación.
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Sevilla para la financiación de las actuaciones necesarias para la exhumación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, en la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, de Sevilla.
- ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III).
- ACUERDO por el que se aprueba la asignación individualizada de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a operadores aéreos para los años 2021 a 2023.
- ACUERDO por el que se aprueba la revisión del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil por el que se establece la política y objetivos de seguridad aérea del Estado.
- ACUERDO por el que se prorroga el Programa Nacional de Reasentamiento aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019, para su ejecución en 2021, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Derechos Sociales y Agenda 2030
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención para el Plan Integral de Jinámar en el año 2020.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato para la adquisición de guantes de nitrilo destinados a los Centros del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), por importe máximo de 226.600 euros.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
- REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021-2024.
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation.
- REAL DECRETO por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020.
- ACUERDO por el que se autoriza la contribución financiera de España a la cuenta específica para Somalia y a la iniciativa de desarrollo de capacidades ante la crisis de la COVID-19 (CCDI) del Fondo Monetario Internacional por importe de 4.074.536,54 euros y de 2.000.000 de dólares estadounidenses respectivamente.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- ANTEPROYECTO DE LEY por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, su puesta en marcha y explotación en pruebas de la EDAR de Montaña Reverón (Tenerife), por un valor estimado de 29.631.475 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para reparación de daños en el Canal Júcar - Turia ocasionados por el temporal de lluvias torrenciales del día 5 de noviembre de 2020 en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por un importe máximo de 600.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente prevista en el artículo 27.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
- ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional por importe de 2.118.000 euros.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de cooperación cultural y promoción del arte iberoamericano por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- ACUERDO por el que se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República del Senegal y se dispone su posterior remisión a las Cortes Generales.
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptadas en la 50.ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptadas en la 51.ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de la Enmienda al Anexo IV del Acuerdo relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de una ayuda humanitaria, a la población afectada por los efectos del huracán Eta ocurrido en la República de Nicaragua el día 3 de noviembre de 2020, por importe de 150.000 euros.
- ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 19.997.086 euros.
Justicia
- ANTEPROYECTO DE LEY de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Defensa
- ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de torpedos MK-54 para la Armada, por un valor estimado de 50.143.566,98 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la capacidad de comunicaciones por satélite para los años 2021 a 2024, por un valor estimado de 146.515.824,67 euros.
Hacienda
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a reavalar las garantías crediticias concedidas por Isba, S.G.R. entre octubre y diciembre de 2020 por un importe máximo de 4.884.853,40 euros y se convalida la omisión de autorización del Consejo de Ministros para el otorgamiento de reavales concedidos por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a Isba, S.G.R., desde octubre de 2015 hasta abril de 2017 y desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2020, por un importe máximo total de 13.389.563,66 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Fundación Teatro Romano de Cartagena de la Región de Murcia a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 1.510.604,40 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 42.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2020 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, Asepeyo, la tramitación anticipada de la contratación del servicio de externalización en modalidad outsourcing de sus sistemas de información.
- ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2020 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, FREMAP, la contratación, la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes para el correcto funcionamiento de los servicios.
- ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2020 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación anticipada de los convenios con las comunidades autónomas (excluidas la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra) e Ingesa para el control de la incapacidad temporal para los años 2021 y 2022.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo varios expedientes de contratación.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo el proyecto de investigación tecnológica de la Agencia Europea de Defensa (European Defence Agency, E.D.A.) "Pruebas PNT resilientes para Defensa" (proyecto RIPTIDE).
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo la modernización de la actual flota de misiles de crucero Taurus del Ejército del Aire, así como la construcción del Edificio n.º 3 de la Base de la ONU de Quart de Poblet (Valencia).
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Justicia formalizar o prorrogar determinados contratos de gastos plurianuales, así como de tramitación anticipada, relativos a servicios de mantenimiento, suministro y soporte tecnológico.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Dirección General de Carreteras atender las obligaciones derivadas de la resolución de dos contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la licitación y prórroga de diversos contratos de conservación de carreteras y otras actuaciones.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Estadística la contratación, mediante tramitación anticipada, del suministro, actualización, mantenimiento y soporte técnico de productos software privativos de la compañía IBM.
- ACUERDO por el que se modifican los límites del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Español de Oceanografía, O.A., M.P., la tramitación y prórroga de diversos contratos de servicios y suministros asociados a la actividad científica del Organismo.
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la financiación de diversas actuaciones a través de su Capítulo 6 "Inversiones reales".
- ACUERDO por el que se modifica el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Universidades resolver la segunda fase de la convocatoria de las ayudas "Beatriz Galindo" a favor de la UNED, destinadas a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas.
Interior
- ACUERDO por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la obra para la subsanación de los defectos provocados por el incendio ocurrido en diferentes instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Álava, por importe de 124.273,78 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio para realizar análisis de sangre y orina para el proceso selectivo de ingreso a la escala básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, por importe de 84.280 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias e instalaciones del puesto fronterizo y recinto aduanero de El Tarajal (Ceuta), por un importe máximo de 22.330,83 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la adquisición de licencias IBM MQ para el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR), por importe de 302.500 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos suministros y servicios para atender las necesidades producidas ante la llegada de embarcaciones con inmigrantes a las costas de las Islas Canarias, por importe de 2.948.000 euros.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras correspondientes al "Proyecto de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de Charcos del área funcional de Valleseco. Fase 2" de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por un valor estimado de 16.826.454,67 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación y refuerzo de la estructura del Nudo de Colmenar 0M-0040-0058+150-RD de la carretera M-40, en la provincia de Madrid, por importe de 16.642.901,44 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de estructuras en la carretera N-630, entre los puntos kilométricos 87+900 y 96+100, en la provincia de Asturias, por importe de 3.270.896,12 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del firme entre el punto kilométrico 30+530 y el punto kilométrico 77+470 de la autovía A-42, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Toledo, por importe de 2.182.119,53 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños causados por las lluvias caídas el 13 de septiembre de 2019 en las autovías A-7 y A-92 y en la carretera N-340a, en la provincia de Almería, por importe de 964.634,54 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de rehabilitación del puente Nolaya, situado en el punto kilométrico 179+700 de la carretera N-401, provincia de Ciudad Real, por importe de 708.742,76 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de estabilización del talud situado en la autovía A-8, punto kilométrico 361+200, ramal de enlace dirección Oviedo, salida 361, margen derecha, en la provincia de Asturias, por importe de 2.104.093,39 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de pórticos de señalización de los puntos kilométricos 8+144, 8+847, 10+900 y 15+260, en la autovía A-6, en la provincia de Madrid, por importe de 277.937,90 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del firme en las autovías A-52 y PO-11, y en las carreteras N-120, N-525, N-541, N-550, N-551, N-555 y N-640, en diversos puntos kilométricos, en la provincia de Pontevedra, por importe de 3.051.756,16 euros.
- ACUERDO por el que se declara de interés público y se establecen obligaciones de servicio público sobre la línea de navegación Melilla - Motril y Motril - Melilla.
Educación y Formación Profesional
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo.
- ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito para el año 2020 para financiar el Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad, por importe de 262.151.626,48 euros.
Trabajo y Economía Social
- ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el pago a la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) de la cuota anual correspondiente a 2020 por importe de 10.977,31 euros.
Industria, Comercio y Turismo
- ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio con la empresa Tess Defence, S.A., para el programa de fabricación del vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8.
- ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio con la empresa Airbus Helicopters España, S.A.U., para el programa de los helicópteros NH-90 Fase II.
- ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir una novena adenda al convenio entre el extinto Ministerio de Industria y Energía y la Empresa Nacional BAZAN de Construcciones Navales Militares S.A. (hoy NAVANTIA S.A., S.M.E.) para el Programa de desarrollo de las fragatas tipo F-100.
Agricultura, Pesca y Alimentación
- ACUERDO por el que se rectifican los errores materiales del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 24 de noviembre de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 19 de junio de 2020.
Cultura y Deporte
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a diversas fundaciones de carácter cultural.
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Comité Olímpico Español, al Comité Paralímpico Español y a la Fundación Deporte Joven para la realización de actuaciones de interés público durante el ejercicio 2020.
Sanidad
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de una campaña de publicidad institucional para reforzar los mensajes de prevención frente al COVID-19 de cara al periodo de Navidad, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 4.500.000 euros, IVA incluido.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de producción de una campaña de publicidad institucional para reforzar los mensajes de prevención frente al COVID-19 de cara al periodo de Navidad, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 150.000 euros, IVA incluido.
- ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, al Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, por importe de 250.000 euros.
- ACUERDO por el que se formalizan para el ejercicio 2020 los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante, de créditos por importe de 26.879.235,97 euros entre comunidades autónomas para la financiación de programas de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y enfermeros/as y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos y el desarrollo del plan nacional de donación de médula ósea.
Ciencia e Innovación
- REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.
- ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Español de Oceanografía, O.A., M.P., la celebración del contrato "Proyecto y suministro con fabricación de un buque oceanográfico multipropósito y de investigación pesquera de ámbito global", por un valor estimado de 70.000.000 de euros.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española, por importe de 30.000.000 de euros, en el marco del Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas migrantes.
- ACUERDO por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia para la construcción, montaje y desmontaje de instalaciones provisionales y la instalación de módulos prefabricados para la acogida de personas en situación de vulnerabilidad en diversos espacios de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 4.500.000 euros en el ejercicio de 2020 y de 5.000.000 de euros en el ejercicio de 2021.
ACUERDOS DE PERSONAL
Asuntos Económicos y Transformación Digital
- REAL DECRETO por el que se nombra presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a D. RODRIGO BUENAVENTURA CANINO.
- REAL DECRETO por que se nombra vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Dª MONTSERRAT MARTÍNEZ PARERA.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia a D. FRANCISCO JAVIER GASSÓ MATOSES.
- REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República de Gambia a Dª OLGA CABARGA GÓMEZ.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en Islandia a D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ.
- REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República de Nauru a Dª ALICIA MORAL REVILLA.
Defensa
- REAL DECRETO por el que se nombra miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a D. JUAN RUIZ CASAS.
- REAL DECRETO por el que se nombra jefe Del Mando De Apoyo Logístico Del Ejército De Tierra a D. FERNANDO MIGUEL GARCÍA Y GARCÍA DE LAS HIJAS.
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ASUNTOS GENERALES
Derechos Sociales y Agenda 2030
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN PARA EL PLAN INTEGRAL DE JINÁMAR EN EL AÑO 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención directa a la Entidad Local de Telde por importe de seiscientos mil euros (600.000€), para la financiación del Plan Integral de Jinámar para el ejercicio 2020.
Este Plan comprende un conjunto de acciones hasta 2027 encaminadas a mejorar la vida en el barrio de Jinámar, que se caracteriza por tener asociado un estigma social relacionado con ser un "barrio conflictivo", con población infantil y juvenil en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, y un porcentaje elevado de personas con escasa cualificación profesional y baja empleabilidad, además de un bajo nivel de inserción social.
La financiación prevista de este Plan es de 83 millones de euros, que deberán aportar Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Unión Europea y el Gobierno de España. En este año la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y A 2030 asciende a 600.000 euros.
Con esta financiación del Ministerio el Ayuntamiento de Telde desarrolla diversos proyectos en el barrio de Jinámar, entre los que se encuentran:
-La promoción de actividades de acompañamiento educativo y alternativas de ocio saludable entre los y las niños/as y los y las adolescentes de familias con bajos recursos, así como el desarrollo de actividades deportivas entre los y las niños/as de Jinámar como vía para educar en los valores propios del deporte y desarrollar competencias, actitudes y hábitos saludables.
-Prevención del absentismo escolar y los comportamientos disruptivos que motivan la aparición de medidas sancionadoras, que impiden la asistencia del alumnado al centro escolar. Se desarrollan actividades, acciones e intervenciones socioeducativas de prevención de las drogadicciones y de las adicciones tecnológicas, en los diferentes espacios comunitarios, incidiendo en la población general, con especial atención a las familias y los y las menores
-Aactividades formativas básicas, complementarias y ocupacionales para personas adultas, proporcionándoles competencias básicas necesarias que favorezcan el acceso a la formación y la empleabilidad
-Promoción de la participación activa de la población de Jinámar en las distintas actuaciones sociocomunitarias del barrio a través de la dinamización por parte de un equipo de profesionales de intervención comunitaria. Promoción de la convivencia, la salud y la mediación comunitaria.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
REAL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN OFICIALES LAS CIFRAS DE POBLACIÓN RESULTANTES DE LA REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL REFERIDAS AL 1 DE ENERO DE 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población de cada uno de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2020, una vez revisada la información de los padrones municipales.
La población en España se sitúa en 47.450.795 de habitantes, alcanzando así su máximo histórico, y aumenta con respecto al 1 de enero de 2019 en 424.587 habitantes, siguiendo la tendencia al alza iniciada en 2017.
La información muestra las cifras por provincias, comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y de las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas. Toda la información podrá descargarse en la página web del INE.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se concede una subvención de 5 millones de euros a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation para impulsar la celebración de las próximas ediciones del Mobile World Congress y su permanencia en Barcelona, al menos, hasta 2024.
El Gobierno cumple así con el compromiso adquirido por la Administración General del Estado mediante el Real Decreto 612/2020, de 23 de junio, suscrito con la asociación de operadores GSMA tras la cancelación de la edición de 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.
El Mobile World Congress es un congreso de carácter anual en torno al mundo de la comunicación móvil, que reúne a casi 800 operadores de telefonía móvil. Los cuatro días de conferencias y demostraciones atraen a las operadoras de telefonía más influyentes, así como a compañías de software, proveedores de equipos, compañías de Internet y empresas de sectores como la automoción, las finanzas y la sanidad, además de delegaciones gubernamentales de todo el mundo.
Desde 2006 se celebra en Barcelona y tiene importantes implicaciones para el sector de las telecomunicaciones y un efecto arrastre significativo para el conjunto de la economía. En la edición de 2019 participaron 2.200 expositores, 109.000 asistentes, generó la presencia en España de 3.600 de medios de comunicación lo que se tradujo en la creación de unos 13.000 puestos de trabajo y unos ingresos estimados en 470 millones de euros.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA POR LA AECID DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN DEL ARTE IBEROAMERICANO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de cooperación cultural y promoción del arte iberoamericano, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este Real Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de cuatro subvenciones en materia de cooperación cultural y promoción del arte iberoamericano por la AECID, con carácter excepcional, por concurrir razones de interés público, institucional, cultural y social, al amparo de lo previsto en el Artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre -General de Subvenciones-, en relación con lo establecido en el Artículo 28.2 y 3 de dicha ley, y en el Artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre -General de Subvenciones-, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Los beneficiarios de las subvenciones, importes y finalidad de estas subvenciones son los siguientes:
a)Fundación Diseño Madrid (DIMAD), 50.000 euros.
La subvención de concesión directa a la Fundación Diseño Madrid (DIMAD) para la organización de la Bienal Iberoamericana de Diseño promueve la visibilidad de diseñadores, lugar de encuentro de profesionales del sector, y da continuidad a la creación y participación por parte de colectivos de América Latina en este evento bianual.
b)Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, 15.000 euros.
La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz tiene como finalidad ofrecer a los ciudadanos de dicha ciudad servicios culturales de calidad, organizando actividades para todos los sectores sociales, de forma que toda la población encuentre un espacio propio en su programación. En este contexto, uno de los principales proyectos de la Fundación es la organización del Festival Iberoamericano de Teatro que se celebra anualmente en la ciudad de Cádiz. Se concede una subvención directa para financiar este evento internacional centrado en la promoción del teatro Iberoamericano, dando continuidad a su celebración anual.
c) Institución Ferial de Madrid (IFEMA), 40.000 euros.
IFEMA pretende ser un espacio de conexión para la organización de ferias, congresos y diversos tipos de eventos. De manera anual se celebra en IFEMA la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid. La subvención directa a IFEMA tiene por objeto la promoción de la producción artística contemporánea con la participación de artistas de diferentes generaciones y provenientes de distintos contextos geopolíticos, así como la creación de un espacio de análisis de las propuestas presentes en la Feria y seguir fomentando los encuentros profesionales que se consolidan como punto de intercambio de comisarios, directores de museo y profesionales del mundo del arte.
d)Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 18.000 euros.
La subvención a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España tiene como objetivo primordial fomentar el progreso de las artes y de las ciencias relacionadas directa o indirectamente con la cinematografía, así como promover el intercambio científico, artístico y cultural en este ámbito. De esta manera y dada su labor fundamental, se concede una subvención directa para dar continuidad a la contribución y el apoyo al cine latinoamericano en la edición anual de los Premios Goya a través de la categoría de mejor película iberoamericana.
Justicia
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.
El Anteproyecto constituye un nuevo instrumento integrado en la nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcado y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, el Anteproyecto pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Medios adecuados de solución de controversias
El primero de los tres ejes en los que está basado el Anteproyecto es el de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una medida que, más allá de la coyuntura de ralentización inicial y previsible incremento posterior de la litigiosidad, como consecuencia de la pandemia y la declaración del estado de alarma, se considera imprescindible para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible.
El objetivo de los MASC es recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales.
Para ello, es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado
El Anteproyecto regula la implantación de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos. Para potenciar de manera decidida su utilización, se ha establecido que habrá de acompañarse a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad.
Los MASC que podrán utilizar las partes, se establecen en un catálogo amplio que favorece la libre elección de los mismos. En ese sentido se contempla: la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo).
Una de las grandes novedades es que la validez que tendrá el acuerdo alcanzado a través del MASC es exactamente el mismo que si es resuelto por un juez. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo, el acuerdo habrá de ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda.
Estas medidas suponen que si se logra que uno de cada cuatro procedimientos civiles terminen en un acuerdo entre las partes, el sistema judicial se descargará más de medio millón de procedimientos.
Reforma de las leyes procesales
El segundo eje es el de la reforma de leyes procesales, una iniciativa que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Con ella se garantizan los altos estándares de calidad, se optimizan los recursos existentes, se agilizan los procesos de forma eficiente y eficaz, y se refuerza la seguridad jurídica.
Entre otras medidas, se van a potenciar las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que puede usar el juez, de manera voluntaria, en atención a las concretas circunstancias del proceso.
Del mismo modo, se amplía el ámbito del juicio verbal, más rápido y ágil que el juicio ordinario y sin pérdida de garantías y se modifica en lo necesario su regulación. Se eleva su cuantía y se introducen nuevos procedimientos que podrán tramitarse por sus reglas.
Por otro lado, se introduce el procedimiento testigo y la extensión de efectos para una gestión ágil y eficaz de la litigación en masa en materia de condiciones generales de la contratación, regulándose unos requisitos muy medidos que habrán de concurrir para la posible utilización de ambas técnicas.
Finalmente, se modifica de manera muy relevante el recurso de casación civil, dándole después de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario.
Reformas procesales para la transformación digital
El último eje clave es el que se refiere la transformación digital. Este avance evitará desplazamientos a las sedes judiciales, reduciendo los costes económicos, ambientales y territoriales. Y permitirá que toda la tramitación sea mucho más ágil.
Se introduce la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación a la europea y se generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia. Del mismo modo, se impulsará un Registro electrónico de apoderamientos apud acta, que permitirá el otorgamiento telemático.
En resumen, todas estas medidas mejoran la Administración de Justicia, respondiendo a las recomendaciones de la Unión Europea, que las fija como un elemento en la valoración de la calidad para los sistemas de Justicia. Del mismo modo, sitúa el Servicio Público de Justicia de España dentro de los estándares de calidad y eficacia europeos e internacionales, constatándolo en el Marcador de Justicia Europeo (EU Justice Scoreboard) de 2022.
Industria, Comercio y Turismo
ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS
El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un Real Decreto el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria.
El Estatuto del Consumidor Electrointensivo es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas, por primera vez, de un marco normativo de reconocimiento a estos consumidores, con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía. El Estatuto va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores, y junto con las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, supondrán un nuevo marco legal al servicio de la gran industria.
Cabe señalar que los principales países de la UE ya han puesto en marcha marcos normativos de reconocimiento a estos consumidores, por lo que es necesario que nuestro país ponga en marcha el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para corregir la desventaja competitiva que origina a las industrias que operan en nuestro país no contar todavía con un marco de esta naturaleza.
Objetivos del Estatuto
Los objetivos principales del Estatuto son dotar a los consumidores electrointensivos de un marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que les ayude a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos, conforme a la normativa comunitaria, y potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad.
El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos. Cabe destacar también la obligatoriedad de mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.
Caracterización del consumidor electrointensivo
Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle (el más barato) debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida. El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que se inicia a solicitud del interesado.
Mecanismos de apoyo para reducir los costes energéticos
Entre esos mecanismos de apoyo destinados a reducir los costes energéticos figuran un mecanismo de compensación de ciertos cargos repercutidos en los costes de la electricidad hasta un máximo del 85 por ciento de los costes imputables en los cargos -repercutidos en los precios del suministro de electricidad- por la financiación de los costes de energías renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (TNP). La compensación de los TNP considerada es sólo la parte financiada con cargo al sistema eléctrico (50% del total), el otro 50% de la financiación va con cargo al PGE.
También se recoge el mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo por consumidores electrointensivos. El Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos.
Este mecanismo fomenta la contratación a largo plazo de energía eléctrica de estos consumidores, ya sea directamente o a través de un intermediario, producida por instalaciones de generación de energía eléctrica, y en particular procedente de instalaciones de generación renovable, mediante mecanismos de cobertura de las garantías que tienen que prestar los consumidores para la firma de dichos contratos a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SA (CESCE). En la norma se efectúa el desarrollo del mecanismo de cobertura de riesgos por cuenta del Estado para los contratos a plazo de consumidores electrointensivos para el fomento de contratación bilateral a largo plazo del suministro de energía eléctrica.
Antecedentes
Con la finalidad de mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, el Gobierno ha ido adoptando distintas medidas, entre ellas:
1. El real decreto responde al mandato legal contenido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, en el que se emplaza al Gobierno a aprobar en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, mediante real decreto, un Estatuto de Consumidores Electrointensivos "que reconozca las particularidades de aquellos consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible".
2. Asimismo, desarrolla el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, por el que se crea el Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, en el que se establecen determinadas obligaciones de completar su regulación por real decreto. Esta medida es el primer paso para el Fomento de contratación bilateral a largo plazo (>10 años) del suministro de energía eléctrica, en especial con generadores renovables, mediante el ofrecimiento de mecanismos públicos de cobertura de las garantías. Este tipo de contratos no existían ahora por las exigencias de altas garantías de los productores de Industria. La intervención del estado a través de la creación del Fondo y de la cobertura que se otorgara a través del mismo, permitirá que esta figura pueda expandirse.
3. El Marco Estratégico de Energía y Clima (Consejo de Ministros de 22/02/2019) estableció la aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos como una de las medidas de acompañamiento específico a los sectores estratégicos industriales previstas en la Estrategia de Transición Justa.
Cultura y Deporte
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A DIVERSAS ENTIDADES DEPORTIVAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Comité Olímpico Español, al Comité Paralímpico Español y a la Fundación Deporte Joven para la realización de actuaciones de interés público durante el ejercicio 2020. Por un importe total de 1.425.000 euros.
La concesión directa de subvenciones tiene un carácter excepcional. Se otorgan en aquellos casos en los que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Las subvenciones serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria del Consejo Superior de Deportes vigente en este ejercicio. Son adjudicatarias de ellas tres entidades que desarrollan con sus actividades una importante labor de interés público:
Comité Olímpico Español, por un importe de 875.000 euros
Comité Paralímpico Español, por un importe de 400.000 euros
Fundación Deporte Joven, por un importe de 150.000 euros
El Comité Olímpico Español está declarado de utilidad pública por la legislación española, y entre sus fines se incluye organizar la inscripción y participación de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos, Juegos del Mediterráneo, Juegos Olímpicos de la Juventud, Festivales Olímpicos de la Juventud Europea y todos aquellos eventos deportivos que sean competencia del Comité Olímpico Internacional, colaborando en su preparación y estimulando la práctica de las actividades representadas en dichos eventos.
El Comité Paralímpico Español tiene la misma naturaleza y ejerce funciones análogas a las que realiza el Comité Olímpico Español respecto de deportistas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Se configura como una asociación sin fines de lucro, dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento paralímpico y la difusión de los ideales paralímpicos. En atención a su objeto, naturaleza y funciones en el ámbito deportivo el Comité Paralímpico Español está declarado de utilidad pública por la legislación española, y entre sus fines se incluye la organización y participación de los deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos o en cualquier otro evento deportivo que sea competencia del Comité Paralímpico Internacional.
La Fundación Deporte Joven, de carácter privado y promoción pública, es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio dedicada a la consecución de fines de interés general mediante el impulso y fomento de la práctica deportiva y su difusión. Contempla entre sus fines concretos la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de la calidad de vida; el impulso de la actividad deportiva, como causa generadora de hábitos favorecedores de la reinserción social y de fomento de la solidaridad; la participación y total integración como medida de integración de todo tipo de colectivos; y su implantación como factor corrector de los desequilibrios sociales que contribuyen a la igualdad, desarrollando los mismos de manera principal y preferente en la juventud.
Cultura y Deporte
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A DIVERSAS FUNDACIONES DE CARÁCTER CULTURAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) a cuatro fundaciones de carácter cultural, por un importe total de 405.000 euros.
Las subvenciones directas, también conocidas como nominativas, tienen por objeto apoyar actividades de acreditado interés público, social, económico o humanitario u otras que estén desarrolladas por instituciones y entidades culturales.
En el Real Decreto se regula la concesión de una subvención, por parte de la Dirección General del Libro y el Fomento de la Lectura, del Ministerio de Cultura y Deporte, a la Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón, por un importe de 100.000 euros.
La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón es un centro de referencia del pensamiento en ciencias sociales, humanidades y ciencias de la salud. Entre sus fines figura la conservación de los archivos y legados de D. José Ortega y Gasset y D. Gregorio Marañón. En los últimos 35 años, su papel en la difusión de la educación, de la investigación y de la cultura, le ha granjeado un merecido prestigio y reconocimiento nacional e internacional.
En el caso del INAEM, el Real Decreto ha aprobado la subvención directa a la Fundación Instituto de Música de Cámara de Madrid, por un importe de 200.000 euros; a la Fundación Teatro de La Abadía, por un importe de 75.000 euros; y a la Fundación Teatre Lliure-Teatre Public, por un importe de 30.000 euros.
La Fundación Instituto de Música de Cámara de Madrid desempeña una labor de excelencia en la formación de jóvenes músicos. Sus programas tienen una proyección no solo nacional sino también internacional, que distinguen a esta entidad como una de las más relevantes y prestigiosas de cuantas se dedican a la formación musical.
El Teatro de La Abadía es una casa de teatro y estudios que incide en la vida social y cultural a través de la poesía de la escena. Asimismo aúna la creación y exhibición de espectáculos con la búsqueda artística y humana mediante talleres y encuentros.
Por su parte, el Teatre LLiure tiene la voluntad de entender el teatro como un servicio público partiendo del derecho democrático del ciudadano de acceder indiscriminadamente a la cultura, con una actitud de compromiso ético y estético vinculada al presente y una concepción del teatro como "arte".
En ambos casos, se considera de gran importancia apoyar en la realización de equipamientos y obras que permitan garantizar la apertura, accesibilidad y disfrute de ambos espacios, en condiciones óptimas de seguridad y mantenimiento.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ANTEPROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO
El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.
Para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de la transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias.
Por ello, el Anteproyecto de Ley (APL) establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE).
De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.
Los sujetos obligados a la financiación del FNSSE serán los comercializadores de todos los sectores energéticos -al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales-, que contribuirán al fondo en función de sus ventas. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que este APL es "una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria, dando cabida a la estabilidad y confiabilidad a los actores del sistema eléctrico".
ACTUALIZAR EL SISTEMA Y EVITAR SUBIDAS EN LA FACTURA DE LA LUZ
El diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son precisamente los contrarios. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico. Es decir, las señales del sistema actual son incoherentes con los objetivos de transición energética y con lograr las mejores condiciones para los consumidores.
Si no se modifica el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.
Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica.
Por todo ello, es necesario un nuevo mecanismo de financiación de los costes regulados que dé las señales adecuadas y otorgue certidumbre al sistema eléctrico. La creación del FNSSE equilibra el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad a las inversiones en el ámbito de las energías renovables, donde España es puntera en cadena de valor consolidada y tiene gran potencial de progreso gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el almacenamiento y el hidrógeno verde y a través de otros ámbitos como la movilidad sin emisiones o el sector residencial, con la penetración de las bombas de calor.
El FNSSE forma parte de las respuestas asociadas a la transición energética para reactivar la economía en el corto plazo, alineando la recuperación con un modelo energético y económico sostenible que fomente la creación de empleo de calidad y duradero y contribuya a la descarbonización y electrificación de la economía española, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
Para agilizar la adopción de este FNSSE y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, el Consejo de Ministro ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este anteproyecto de Ley.
FINANCIACIÓN DEL FONDO
El FNSSE es un instrumento que se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Se trata de una regulación que no modifica ni las cantidades totales destinadas a la retribución de RECORE ni la rentabilidad reconocida a los titulares de las instalaciones.
El fondo estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del RECORE incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
El texto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación.
En este sentido, el Plan de Recuperación prevé inversiones en transición energética e integración de renovables en hogares y empresas para facilitar esta transformación en todo el territorio. De manera especial, se activarán con carácter prioritario, desde inicios de 2021, líneas específicas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitando el despliegue de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las energías renovables en estos territorios, impulsando la transición energética como una de las palancas para dar respuesta al reto demográfico.
En cuanto a las aportaciones de los sectores energéticos, éstas se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
GARANTIZAR LA ADAPTACIÓN Y LA EQUIDAD
El diseño del FNSSE contempla mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía:
•Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
•Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el FNSSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de "fuga de carbono".
CONSUMIDORES VULNERABLES
La crisis sanitaria y sus efectos sobre los consumidores más vulnerables, así como la evolución de la demanda y los precios de la electricidad, también hacen necesario emprender actuaciones que abaraten la factura de la luz.
La creación del fondo tiene un efecto directo sobre el recibo eléctrico, que podrá reducirse, para los consumidores domésticos, al menos un 13% en cinco años gracias a la bajada de los costes fijos. De no crearse este fondo, los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en un sólo año.
El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.
La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.
PROPUESTA PARA EL DEBATE
La creación del fondo que ahora inicia su tramitación se plantea a través de un anteproyecto de Ley porque es el instrumento que aporta más flexibilidad y margen para la participación de todos los actores implicados. El APL plantea un sistema que elimina distorsiones y que está abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y la sociedad en general.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS EN EL CANAL JÚCAR-TURIA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DE NOVIEMBRE
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras para reparación de daños en el Canal Júcar-Turia ocasionados por las lluvias torrenciales del día 5 de noviembre de 2020 por un importe máximo de 600.000 euros. Las lluvias produjeron, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, inundaciones y desperfectos en los términos municipales de las comarcas de la Huerta Sur y la Ribera Baja de la provincia de Valencia.
La infraestructura de la Confederación Hidrográfica del Júcar más afectada ha sido el Canal Júcar-Turia cuyo trazado cruza los términos municipales donde más abundantes y agresivas han sido las precipitaciones.
Este canal mixto de transporte de agua, se utiliza tanto para garantizar el aporte de agua bruta para las plantas de tratamiento de agua potable como para transportar agua de regadío mediante las diferentes tomas existentes a lo largo del trazado del canal. Ello supone que su explotación sea de carácter ininterrumpido e impide que dicha infraestructura se pueda dejar en seco, incluso para labores adecuadas de mantenimiento y revisión. La instalación lleva en servicio desde el año 1979.
Entre los abastecimientos a los que da servicio el Canal Júcar-Turia se encuentra la ciudad de Valencia y su área metropolitana, cuya población asciende a 1,8 millones de habitantes. A esta cifra deben incluirse la población del Camp de Morvedre (entre ellas, Sagunto, Canet d'en Berenguer, Faura o Gilet) y la Ribera (entre ellas, Sueca, Cullera, Algemesí, Alzira, Albalat, Almussafes o Benifaió), lo cual pone de manifiesto la importancia de esta infraestructura.
Ante la necesidad de reparar los daños producidos en el canal por las lluvias torrenciales de noviembre, la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar aprobó una resolución, el 19 de noviembre de 2020, para autorizar las obras de emergencia, que se iniciaron el 20 de noviembre de 2020.
Las fuertes escorrentías producidas en la zona y el funcionamiento de drenaje que durante las lluvias tuvo la infraestructura del Canal Júcar-Turia, recogiendo todos los excedentes de los terrenos colindantes, dio lugar a diversos daños cuya reparación es de máxima urgencia.
UN PELIGRO PARA LA ESTABILIDAD DEL CANAL
Las obras comprenden la reparación de la rotura del cajero del Canal Júcar-Turia, en el punto kilométrico 36+500. Esta rotura se produjo aguas arriba de la toma de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de El Realón, que abastece a Valencia y su área metropolitana. El tramo que se va a reparar no tiene alternativa posible para el suministro de esta planta potabilizadora y su rotura ha supuesto un peligro muy grave para la estabilidad de ese tramo de canal y su integridad.
También se reforzará y repondrá el terreno afectado por las escorrentías en el Barranco de Picasent, que ha dejado exenta la tubería del sifón nº4 del canal. Se mejorará la estabilidad del talud con escollera, en previsión de futuras avenidas, y las instalaciones del citado sifón para asegurar el suministro.
Además de la retirada de arbolado y vegetación caídos en las obras de drenaje del Canal Júcar-Turia, camino de servicio y barrancos, se repondrán todos los firmes y cunetas del camino de servicio, muretes caídos y elementos de señalización, balizamientos, vallados y los taludes afectados.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO, OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE MONTAÑA REVERÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras, puesta en marcha y explotación en pruebas de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Montaña Reverón (Tenerife), por un valor estimado de 29.631.475 euros.
El 8 de julio de 2020, el Cabildo Insular de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y ACUAES firmaron un convenio para la ejecución y explotación de diversas actuaciones de mejora del saneamiento y depuración de las aguas residuales en la isla de Tenerife, entre las que se encuentra la EDAR de Montaña Reverón. Se prevé que esta estación tendrá una capacidad de tratamiento que dará servicio a 232.936 habitantes equivalentes, con una red asociada de colectores e impulsiones del sistema de saneamiento de Arona Este - San Miguel.
Para cumplir con los compromisos adquiridos con los usuarios de las infraestructuras y de conformidad con lo previsto en el Convenio de Gestión Directa vigente, ACUAES requiere de un contrato de redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, su puesta en marcha y explotación en pruebas de la EDAR de Montaña Reverón.
Esta actuación se encuentra incluida en el Anexo de Inversiones Reales para 2021 y siguientes y Programación Plurianual Individualizada de la propuesta que ACUAES ha elaborado y remitido para su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2021.
Para la contratación se adoptará un procedimiento abierto, y la adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio.
Está previsto un plazo de ejecución, para la redacción del proyecto, ejecución de las obras y explotación en pruebas, de cuarenta y nueve meses, de los que 12 meses corresponden al periodo de explotación en pruebas.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Consejo de Ministros ha autorizado contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional por importe de 2.118.000 euros. Estas contribuciones, correspondientes al año 2020, irán destinadas al Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo de actividades suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Fondo de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Con estas ayudas, España garantiza su apoyo a las entidades que desarrollan proyectos de investigación, adaptación y lucha contra el cambio climático y conservación de la naturaleza, con repercusión política y científica a nivel internacional.
El Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas y bajo el patrocinio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el encargo de que elaborara un diagnóstico científico sobre el cambio climático, sus impactos y posibles políticas y estrategias de respuesta para combatirlo.
Los Informes de evaluación del IPCC tienen un gran prestigio y una repercusión científica y política de la máxima relevancia. Constituyen la referencia científica para el proceso internacional de la toma de decisiones en materia de cambio climático en la Convención Marco de las Naciones sobre Cambio Climático. Asimismo, la Unión Europea toma también como referencia científica los resultados de los informes de evaluación del IPCC para tomar decisiones en las políticas de cambio climático.
Tras la adopción del Acuerdo de París en 2015, y el inicio del ciclo de elaboración del sexto informe de evaluación del IPCC, nos encontramos en un momento clave que va a necesitar el apoyo por parte de todos los Países miembros. Hacer una contribución permitirá, por tanto, apoyar y mantener el funcionamiento del IPCC en los próximos años y respaldar su trabajo. La contribución asciende a 200.000 euros.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) fue creada en 1948 y tiene actualmente su sede en Gland, Suiza. La UICN se ha convertido en la máxima autoridad mundial en cuestiones de medio ambiente y desarrollo sostenible. La misión de la UICN es influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que el uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible. La contribución asciende a 294.261 francos suizos (298.000 euros).
FINANCIAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en el año 1992 y ratificada por 197 partes, incluida España, entró en vigor en 1994, convirtiéndose en el referente prototipo en la lucha contra el cambio climático. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Tras la adopción del Acuerdo de París, el Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene que reforzar el trabajo en varias áreas y actividades cuya financiación se realiza a través de dos fondos: el fondo de actividades suplementarias y el de participación.
El Fondo de Participación está destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los órganos subsidiarios. La contribución asciende a 500.000 euros.
La financiación climática es un tema clave en los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático que ha ratificado España y en los que también se han establecido compromisos financieros cuantificados por parte de países desarrollados a países en desarrollo. Para canalizar este apoyo existen diversos instrumentos financieros específicos, entre los que destaca el Fondo de Adaptación.
El Fondo se lanzó oficialmente en 2007, sus recursos se destinan a proyectos y programas concretos de adaptación al cambio climático en países en vías de desarrollo, particularmente aquellos que son más vulnerables a los impactos del cambio climático.
Este organismo es un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la cooperación internacional y de la financiación climática para proyectos de adaptación. España lo ha apoyado desde sus inicios, siendo miembro de su Junta de Gobierno. La contribución asciende a 1.120.000 euros.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL 2021-2024
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estadístico Nacional 2021-2024, que constituye el principal instrumento ordenador de esta actividad, y recoge las actuaciones que deben realizar los servicios estadísticos de la Administración del Estado durante el periodo de referencia.
El Plan incluye las estadísticas que deben llevarse a cabo entre 2021 y 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y por los servicios estadísticos de los ministerios, el Banco de España y el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con los calendarios de publicación preanunciados, garantizando su continuidad en el tiempo. Los servicios estadísticos podrán acometer, además, otras actuaciones si se considera que son necesarias para fortalecer el sistema estadístico en su conjunto.
El Plan incluye un total de 452 operaciones estadísticas detalladas en función de sus fines y ámbito territorial. De ellas, 137 son elaboradas por el INE, 306 por los departamentos ministeriales, 3 por el Consejo General del Poder Judicial y 6 por el Banco de España.
Líneas estratégicas y presupuesto
En el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 se establecen las líneas estratégicas de actuación para los próximos años con el fin de que el Sistema Estadístico de la Administración del Estado continúe adaptándose a los nuevos sistemas de producción, dé respuesta a las necesidades de los usuarios e incorpore unos sistemas de calidad más rigurosos, en línea con lo establecido por los principales organismos internacionales.
Con este fin, las líneas estratégicas definidas en el Plan Estadísticos tienen como objetivos, entre otros, la utilización de Big Data y otras fuentes básicas de información, con el fin de reducir la carga a los informantes, ofrecer nuevas estadísticas y aumentar el nivel de detalle, así como la implantación de un nuevo modelo de producción adaptado al actual ecosistema de datos, que dé respuesta a las demandas de información de los usuarios.
También se abordará la puesta en marcha de nuevas operaciones estadísticas y la mejora de otras ya existentes, como los Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, se reforzará la cooperación institucional e internacional.
El refuerzo de la confidencialidad y el buen uso de los datos se establecen como elementos transversales de toda la actividad estadística. Para garantizar la calidad de las estadísticas, toda la actividad prevista en el Plan se desarrollará siguiendo los principios del Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE ESPAÑA A LA CUENTA ESPECÍFICA PARA SOMALIA Y A LA INICIATIVA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución financiera de España a la cuenta específica para Somalia y a la iniciativa de desarrollo de capacidades ante la crisis de la COVID-19 por importe de 4.074.536,54 de euros y de 2.000.000 de dólares estadounidenses respectivamente.
Este acuerdo incluye dos aportaciones financieras al Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, una contribución para la regularización de los pagos atrasados de Somalia con el Fondo Monetario Internacional por importe de 4 millones de euros. En segundo lugar, una contribución para financiar la iniciativa de desarrollo de capacidades creada como respuesta a la crisis de la Covid-19, por importe de 2 millones de dólares. Se trata de un programa de asistencia técnica de 100 millones de dólares, que complementa la asistencia financiera otorgada durante la COVID-19 (unos 102 millones de dólares para 83 países).
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA UNESCO SOBRE LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CMES III)
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III). (MPCM)
Este Acuerdo tiene por objeto establecer las bases para que Barcelona acoja -del 6 al 8 octubre de 2021- la III Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES III), organizada por la UNESCO. Ésta sería la primera conferencia de este tipo organizada fuera de París.
La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) sería la entidad coordinadora en su calidad de Secretaría de la Global Universities Network Initiative (GUNI) .
El principal objetivo de la CMES III es marcar orientaciones sobre los ámbitos en que se requiere de los Estados Miembros voluntad política, diálogo sobre políticas, creación de capacidad y planes sectoriales sobre la educación superior en los planos sectorial, regional e internacional. La CMES III y sus contenidos sentarán las bases a partir de las cuales la UNESCO prestará asesoramiento técnico en favor de la Agenda 2030.
El Acuerdo consta de un Preámbulo, seis apartados y un Anexo denominado "Declaración de Necesidades" que forma parte integrante del Acuerdo, en el que se detallan de manera pormenorizada las responsabilidades de la UNESCO y de España. Así, entre los aspectos más destacados del mismo, se encuentran los siguientes:
-En el Preámbulo se considera que esta reunión pertenece a la categoría IV "Congresos Internacionales" y que los participantes serán especialistas que actuarán a título individual.
-En el apartado "País Sede" se incluye el punto 3.3.2, en el que se mencionan los gastos que financiará España.
-A lo largo del texto se recogen las normas a las que deben ajustarse las partes y las autoridades competentes en cada uno de los países para autorizarlas.
-En el apartado VI se establece que las controversias relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo se resolverán mediante negociaciones o de conformidad con cualquier otro procedimiento convenido por las Partes. Además de las disposiciones generales relativas a la entrada en vigor del Acuerdo y la vigencia del mismo.
Por lo que respecta al presupuesto de la CMES III, debe señalarse que la Secretaría General de Universidades (SGU) tiene previsto destinar 800.000 euros del presupuesto de 2021 a la IIICMES (50% del gasto asumido por España). Por su parte, la Generalitat de Catalunya financiará 400.000 euros (25%), el Ayuntamiento de Barcelona 240.000 euros (15%) y la Diputación de Barcelona 160.000 euros (10%).
Para que se puedan asumir compromisos económicos derivados de la implementación del Acuerdo, es necesario que este comience a aplicarse en el plazo de tiempo más breve posible, por lo que se aplicará provisionalmente desde la fecha de la firma por ambas Partes de la carta y entrará en vigor cuando España comunique por escrito a la UNESCO el cumplimiento de los trámites legales internos previstos en su legislación en relación con los tratados internacionales. Continuará aplicándose, de forma provisional hasta su entrada en vigor, durante la celebración de la Conferencia y por el periodo adicional que sea necesario para la conclusión de sus trabajos y la resolución de cualquier asunto que se derive de él.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE ESPAÑA Y SENEGAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República del Senegal y se dispone su posterior remisión a las Cortes Generales.
ANTECEDENTES
El Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República del Senegal fue firmado en Madrid el 19 de septiembre de 2019, con objeto de sustituir al Acuerdo Cultural de 1965 entre ambos países. La firma fue autorizada por el Consejo de Ministros, con fecha 9 de octubre de 2015.
Su principal objetivo es regular las relaciones en los campos de la educación y la cultura entre los dos países, dotándolas de un marco jurídico acorde al momento actual, a fin de fortalecer y consolidar los vínculos de amistad y entendimiento recíproco, fomentando en la medida de lo posible el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas culturas.
El Consejo de Estado, en su dictamen de 3 de diciembre de 2015, determinó que no resulta precisa la autorización de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado ya que el Convenio no se incluye en ningún supuesto del Artículo 94.1 de la Constitución. No obstante, una vez manifestado el consentimiento y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94.2 de la Constitución, se remite a las Cortes Generales a efectos informativos.
CONTENIDO
El Convenio consta de un Preámbulo y veinte artículos, en los que se enumeran detalladamente los diferentes ámbitos objeto de esta cooperación tanto cultural como educativa. Destacan la cooperación entre instituciones y organismos en materia de educación, museos, bibliotecas, archivos, exposiciones, derechos de propiedad intelectual, juventud y deporte, así como la participación en festivales de música, arte, teatro y cine y en acontecimientos culturales. Está prevista la cooperación en el ámbito de la conservación, restauración y protección del patrimonio cultural, con especial énfasis en la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. El Convenio prevé el intercambio de experiencias en el ámbito de la creación y gestión de Centros Culturales en otros países.
La cooperación en el ámbito educativo se establece mediante intercambios entre instituciones y organismos responsables de la educación en cada uno de los países, facilitando la enseñanza de las lenguas y la literatura de la otra Parte, así como el intercambio de libros de textos y otros materiales didácticos, y estudiando las condiciones necesarias para facilitar el reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos, de acuerdo con las respectivas legislaciones internas.
Se señala que el Convenio no contiene obligaciones financieras y los gastos que pudieran derivarse de las actividades que se realicen en su ejecución estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual de cada Parte, según se recoge en el Artículo 15 del mismo.
La entrada en vigor del Convenio, según se dispone en su Artículo 20, se producirá en la fecha de la última notificación escrita entre las Partes comunicando el cumplimiento de los requisitos legales internos para la entrada en vigor del mismo, quedando derogado el anterior Acuerdo Cultural entre España y la República de Senegal de 16 de junio de 1965.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ACUERDO SOBRE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo sobre modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptadas en las sesiones 50ª y 51ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.
ANTECEDENTES
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptado en Washington el 19 de junio de 1970, es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). España se adhirió al PCT el 16 de agosto de 1989, entrando en vigor sus disposiciones para nuestro país el 16 de noviembre de ese mismo año.
El PCT es un eslabón importante en la consecución de un Derecho internacional uniforme en materia de patentes. El PCT facilita la tramitación de las solicitudes de protección de invenciones cuando dicha protección es deseada en varios países. El PCT establece un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el interesado.
El Artículo 58 del PCT prevé un Reglamento que regule las modalidades de ejecución del Tratado y faculta a la Asamblea de la Unión Internacional del PCT, integrada por los Estados parte en el Tratado, para modificar dicho Reglamento sin necesitar para su validez de acto alguno de conformidad o ulterior aceptación interna por parte de dichos Estados Miembros.
Sobre la base de dicha disposición, la Asamblea de la Unión Internacional del PCT adoptó una serie de modificaciones al citado Reglamento en sus sesiones 50ª y 51ª -29ª extraordinaria y 22ª ordinaria, respectivamente-, celebradas en Ginebra del 24 de septiembre al 2 de octubre de 2018, la 50ª, y del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2019, la 51ª.
CONTENIDO
En el caso de las modificaciones adoptadas en la 50ª sesión, éstas entraron en vigor el 1 de julio de 2019 y afectan al apartado 1a) de la Regla 69, permitiendo a la Administración encargada del examen preliminar internacional que inicie el examen desde que está en posesión de la solicitud de examen preliminar internacional, de las tasas correspondientes y del informe de búsqueda internacional o la de la declaración de la Administración encargada de la búsqueda internacional conforme al Artículo 17.2)a) y de la opinión escrita según la Regla 43bis.1, excepto si el solicitante ha pedido expresamente que se posponga el inicio del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).
En el caso de las modificaciones adoptadas en la 51ª sesión las mismas han entrado en vigor el 1 de julio de 2020 y afectan al siguiente contenido: Reglas 82quater (Salvaguarda en caso de interrupciones que afecten a las oficinas), 26quater (Correcciones y adiciones de indicaciones), 4, 12, 20, 40bis, 55 y 82ter (Elementos y partes de las solicitudes internacionales presentados por error), 15, 16, 57 y 96 (Transferencia de Tasas del PCT), y 71 y 94 (Disponibilidad del expediente en poder de la Administración encargada del examen preliminar internacional).
Las referidas modificaciones no tienen repercusión en la Hacienda Pública ni en el presupuesto de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ACUERDO RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS ARMONIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS DE RUEDAS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de la Enmienda al Anexo IV del Acuerdo relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
El Acuerdo, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958, tiene como objetivo armonizar la reglamentación técnica del sector europeo del automóvil. Entró en vigor para todas las Partes contratantes el 20 de junio de 1959. España se adhirió al mismo el 11 de agosto de 1961, entrando en vigor para nuestro país el 10 de octubre de 1961.
Posteriormente, el 16 de octubre de 1995, se adoptó una modificación del texto destinada a posibilitar la adhesión de países no europeos y de organizaciones regionales de integración económica.
A su vez, durante la reunión de la 169ª sesión del Foro Mundial para la Armonización de Reglamentación sobre vehículos de la CEPE, que tuvo lugar en Ginebra del 21 al 24 de junio de 2016, se aprobó una nueva revisión del Acuerdo, que entró en vigor el 14 de septiembre de 2017 y que tiene por objeto la reducción de obstáculos técnicos al comercio internacional mediante reglamentos armonizados cuyo cumplimiento será suficiente para que ciertos vehículos y sus componentes puedan utilizarse en los países o regiones de las partes contratantes, creándose un Comité de Administración compuesto por todas las Partes que será el órgano que establezca los reglamentos de Naciones Unidas.
CONTENIDO
El Comité Administrativo adoptó el 12 de marzo de 2019, en su 71ª reunión que tuvo lugar en Ginebra, una Enmienda al Anexo IV del Acuerdo, consistente en una somera corrección técnica a su apartado 3, relativo a la numeración de las homologaciones de tipo de las Naciones Unidas.
Esta Enmienda ya está en vigor, tanto con carácter general como para España, desde el 6 de marzo de 2020, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde su notificación por la Secretaría General de Naciones Unidas y no haberse formulado objeción por ninguna de las Partes del Acuerdo.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ACUERDO PARA UNA AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL HURACÁN ETA EN NICARAGUA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de una ayuda humanitaria a la población afectada por los efectos del huracán Eta, ocurrido en la República de Nicaragua el día 3 de noviembre de 2020, por importe de 150.000 euros.
El huracán Eta, de categoría 4, tocó tierra en la República de Nicaragua el martes 3 de noviembre en la Costa Caribe Norte, al sur de Bilwi (Puerto Cabezas), provocando graves inundaciones, deslizamientos de tierras, devastación en viviendas y otras infraestructuras, pérdidas de cosechas y de ganado, entre otros daños, y dejando a 30.000 personas refugiadas y 30.159 viviendas sin servicio de energía eléctrica.
El 4 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua solicitó ayuda bilateral a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en respuesta a los efectos devastadores del huracán Eta y especificando la necesidad de provisión de ayuda de cobijo y otra ayuda no alimentaria básica.
Con objeto de atender las necesidades de la población afectada por el huracán, la AECID resolvió otorgar una ayuda humanitaria de emergencia que ha consistido en el envío de ayuda humanitaria para la compra de artículos de cobijo y de otros artículos, como hamacas, colchonetas, frazadas, kit de higiene familiar, rollos de plástico, etcétera.
Asimismo, la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID se ha encargado de la distribución del material adquirido a la población afectada de acuerdo con las prioridades establecidas por Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) de la República de Nicaragua.
El importe de la actuación se ha presupuestado en 150.000 euros.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ACUERDO QUE AUTORIZA CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANIZACIONES, PROGRAMAS Y FONDOS INTERNACIONALES Y A OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de autorización de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y a otras entidades de carácter internacional, por importe de 19.997.086,00 euros. España confirma su compromiso multilateral con organizaciones, programas, fondos y otras entidades de carácter internacional.
Estas contribuciones voluntarias están dirigidas en su mayor parte a los fondos y agencias de las Naciones Unidas con mayor necesidad de recursos para hacer frente al impacto de la Covid-19 en todo el mundo. Y además complementan a las cuotas anuales obligatorias derivadas de la participación de España en diversos organismos internaciones. Las contribuciones voluntarias permiten así que el Gobierno dirija periódicamente los recursos disponibles a aquellos proyectos con mayor impacto en las grandes políticas globales, como salud o género.
El Sistema de las Naciones Unidas se erige como el foro idóneo para potenciar el multilateralismo en un mundo cada vez más interconectado. Asuntos globales como la migración, la seguridad alimentaria, los movimientos migratorios o la salud son abordados por las diferentes agencias, que, gracias a los recursos de los Estados, son capaces de impulsar proyectos con impacto real en las personas. Asimismo, esta labor de cooperación se ve reforzada por la de otros organismos regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
De acuerdo con sus prioridades políticas, España realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular a la igualdad de género, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales, a la promoción del desarrollo sostenible y a la política de desarme, singularmente en la eliminación de armas de destrucción masiva.
Las contribuciones voluntarias son, de este modo, una herramienta esencial con la que cuenta este Ministerio, a través de su Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, para financiar aquellas instituciones internacionales que se alinean con los valores e intereses de nuestra política exterior, con lo que permiten posicionar a España en el seno de estos organismos, y promover nuestros intereses y objetivos políticos.
En esta ocasión, se han sometido a la autorización del Consejo de Ministros 39 contribuciones voluntarias a otros tantos organismos y programas. Destacan las destinadas a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA); ONU Mujeres; la Organización Mundial de la Salud; el Programa de las Naciones Unidas contra el VIH-SIDA, Malaria y Hepatitis C (UNITAID); la Organización Internacional de las Migraciones; el Fondo de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas; el Programa Mundial de Alimentos; la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), o el Fondo de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Defensa
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CAPACIDAD DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE PARA LOS AÑOS 2021 A 2024
Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del suministro de las capacidades de comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas, necesarias para los años 2021 a 2024, a través de los satélites SPAINSAT y XTAR-EUR.
Estas capacidades de comunicaciones seguras por satélite, son necesarias para para asegurar los enlaces con las fuerzas desplegadas tanto dentro como fuera del territorio nacional, hasta la entrada en servicio de las nuevas capacidades en octubre de 2024.
El valor estimado del contrato es de 146.515.824,67 euros.
Defensa
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE TORPEDOS MK-54 PARA LA ARMADA
El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de un lote de 30 torpedos MK 54. Este modelo de fabricación estadounidense ha sido el seleccionado para dotar a las fragatas F110 de un torpedo ligero que les proporcione la capacidad de guerra antisubmarina.
La adquisición de este lote y de su banco de mantenimiento asociado, facilitará la integración de este torpedo en dichas fragatas cuando éstas entren en servicio a partir del año 2026, al poder disponer de los mismos y de su documentación técnica y haber efectuado las pruebas de los lanzadores.
El valor estimado del contrato es de 50.143.566,98 euros.
Hacienda
AUTORIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 42 millones de euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 y la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
La finalidad de la operación es financiar la desviación del objetivo de estabilidad de 2019 pendiente de autorizar, según se deduce de los últimos datos de déficit y deuda publicados en el último informe elaborado en aplicación del artículo 17 de la LOEPSF.
Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Hacienda
MODIFICACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE DEFENSA LA MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE MISILES DE CRUCERO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la modernización de la actual flota de misiles de crucero TAURUS del Ejército del Aire, así como la construcción del Edificio nº 3 de la Base de la ONU de Quart de Poblet (Valencia).
El Programa MLR/MLU KEPD350 tiene por objetivo la modernización de la actual flota de misiles de crucero TAURUS del Ejército del Aire. Para ello es necesaria la integración de un módulo anti-engaño de señal GPS, IGAS (Integrated GPS Anti-Jam System).
El 25 de abril de 2019 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Defensa para afrontar las obras necesarias, por parte de este departamento, en el Centro de las Naciones Unidas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Valencia (UNICTF-V).
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA POSIBILITAR AL MINISTERIO DE DEFENSA REALIZAR EL PROYECTO RIPTIDE
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo el proyecto de investigación tecnológica de la Agencia Europea de Defensa (European Defence Agency, E.D.A.) "Pruebas PNT resilientes para Defensa" (proyecto RIPTIDE).
Para ello se celebrará un Acuerdo de Proyecto de categoría "B" con la participación de Italia, Alemania, Austria, Francia, Noruega, Países Bajos y Suecia, además de España, generado en el marco del Cap Tech (Capability Technology) de Navegación, Guiado y Control de la EDA y aprobado por la Junta Directiva de la Agencia en abril de 2020, en el que la EDA también ejercerá como autoridad de contratación.
El proyecto RIPTIDE (Resilient PNT Testing for Defence) tiene por objetivo proporcionar a los Estados miembros contribuyentes un marco multinacional de cooperación que incluya el intercambio de información, experiencias y recursos en el campo de la superioridad en ensayos relativos a Posicionamiento, Navegación y Cronometría (PNT: Positioning, Navigation, Timing) en beneficio de la operatividad de sus fuerzas armadas, así como optimizar el empleo de los recursos disponibles de la Unión Europea en el ámbito de los citados ensayos PNT.
Se trata de un proyecto cofinanciado, cuyo valor total asciende a 9.850.400 euros, de los que 420.000 euros corresponden al Ministerio de Defensa.
Hacienda
AUTORIZACIÓN A BALEARES PARA REAVALAR GARANTÍAS CREDITICIAS Y CONVALIDAR REAVALES CONCEDIDOS A LA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA ISBA
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a las islas Baleares a reavalar las garantías crediticias concedidas por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ISBA entre octubre y diciembre de 2020 por un importe máximo de 4.884.853,40 euros y se convalida la omisión de autorización del Consejo de Ministros para el otorgamiento de reavales concedidos por esta comunidad autónoma a ISBA desde octubre de 2015 hasta abril de 2017 y desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2020, por un importe máximo total de 13.389.563,66 euros.
Esta autorización cumple con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
El pasado 13 de noviembre de 2020 esta Comunidad Autónoma ha presentado solicitud de autorización para el otorgamiento de reavales a ISBA, SGR de octubre hasta diciembre de 2020 por un máximo de 4.884.853,40 euros, y además, solicitud de subsanación de reavales a ISBA, concedidos en ejercicios anteriores en los que era preceptiva autorización del Consejo de Ministros, por un valor nominal total de 13.389.563,66 euros.
Los beneficiarios de estos reavales son pymes y autónomos.
Hacienda
MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ANUALIDADES PARA POSIBILITAR AL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS 'BEATRIZ GALINDO'
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de poder resolver la segunda fase de la convocatoria de las ayudas 'Beatriz Galindo' a favor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Estas ayudas tienen como objetivo atraer talento investigador que ha realizado su carrera profesional en el extranjero, promoviendo la calidad y competitividad del personal docente e investigador del sistema universitario.
El número total de ayudas a convocar por el Ministerio de Universidades será de 100, adjudicándose, como máximo, cinco de ellas a la UNED, entre las modalidades junior y senior.
Las cantidades máximas a aportar, por cada ayuda, por el Ministerio de Universidades son, en la modalidad senior, 65.000 euros y en la modalidad junior, 35.000 euros.
Hacienda
TRAMITACIÓN POR EL INSS DE LOS CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS E INGESA PARA EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir durante 2020 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la tramitación anticipada de los convenios entre las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), excluidos País Vasco y Navarra, para el control de la Incapacidad Temporal (IT) durante los años 2021 y 2022, por un importe anual de 317.914.500,60 euros.
La participación de cada Comunidad Autónoma e INGESA en el crédito que se destina a dar cobertura económica a los convenios se hará en función de su número de asegurados, con derecho a la prestación de incapacidad temporal en el Sistema de la Seguridad Social.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social es la entidad gestora competente para gestionar y controlar la prestación de Incapacidad Temporal de todos los regímenes de la Seguridad Social, excepto del Régimen de Trabajadores del Mar, que corresponde al Instituto Social de la Marina.
Por su parte, las Comunidades Autónomas gestionan la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y, a través de los facultativos de los Servicios Públicos de Salud, extienden los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta, que determinan el inicio y la duración de los procesos de Incapacidad Temporal en su territorio.
Asimismo, las CCAA, a través de la Inspección Médica del Departamento de Salud correspondiente, participan junto con las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social en la responsabilidad de controlar dicha prestación.
Por tanto, ambas Administraciones consideran necesario el estudio del comportamiento de la prestación de IT y el establecimiento de los controles oportunos sobre la misma. En el Real Decreto Legislativo de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se contempla la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración para realizar controles en aras de una gestión eficaz de la citada prestación.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo al ejercicio 2021, con el fin de posibilitar a la Dirección General de Carreteras atender las obligaciones derivadas de dos contratos de concesión para la construcción, conversación y explotación de autopistas de peaje.
Se trata, por un lado, de un contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Ocaña-La Roda y la autovía libre de peaje A-43. En total, el importe es de 413.085.725,87 euros, siendo la anualidad correspondiente a 2021 de 1.727.145,65 euros.
Por otro lado, se trata de dar cumplimiento al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje eje aeropuerto y la construcción de la prolongación y mejoras del acceso Sur a Barajas, así como la ampliación de la autovía A-10. El importe asciende a 256.083.929 euros, correspondiendo a 2021, 64.823.015,49 euros.
Por tanto, el total de necesidades para el ejercicio 2021 es de 66.550.161,14 euros.
Hacienda
AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN TEATRO ROMANO DE CARTAGENA PARA FORMALIZAR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Fundación Teatro Romano de Cartagena, de la Región de Murcia, a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 1.510.604,40 euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Murcia ha solicitado autorización para que la Fundación Teatro Romano de Cartagena, que forma parte del sector Administraciones Públicas de la citada comunidad, formalice un préstamo destinado a la cancelación anticipada de la operación de deuda contratada por dicha entidad, con vencimiento en febrero de 2022 y saldo vivo de 1,51 millones de euros que financiaba el proyecto integral de recuperación del Teatro Romano de Cartagena.
Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Interior
APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS DEL ESTADO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM), cuyo objetivo es mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional.
El PLEGEM va a permitir atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo a las que los planes ordinarios no dan una respuesta específica, incluidas aquéllas con baja probabilidad de que sucedan, pero de muy alto impacto.
La crisis sanitaria de la Covid-19 es un ejemplo de este tipo de emergencias y, de hecho, la experiencia adquirida durante la pandemia ha sido muy útil para la elaboración de este Plan.
El PLEGEM representa además un avance importante porque se sitúa en la cúspide organizativa del Sistema Nacional de Protección Civil y es un instrumento general, esencialmente operativo, que facilita la integración del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil en otros Sistemas nacionales.
Además, el PLEGEM integra por vez primera todos los planes estatales y autonómicos y refuerza los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones públicas gracias a la simplificación de los órganos de gestión de emergencias, la ordenación de las redes de comunicaciones del Estado y el impulso de la interconexión de los centros de emergencias estatales y autonómicos, entre otros aspectos.
NOVEDADES
Entre las novedades del Plan destaca la creación del Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, basado en el modelo europeo, que permitirá movilizar los recursos del sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no hayan sido declaradas de interés nacional.
Además, crea un Comité Estatal y de Coordinación (CECOD) específico para actuaciones en el extranjero que integrará a representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Defensa, así como del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno.
DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZATIVAS DEL PLAN
El Plan, en su capítulo I, define una serie de disposiciones generales, y establece su objeto y ámbito, determinando los siguientes aspectos:
-El marco orgánico-funcional, los mecanismos de movilización de recursos y el esquema de coordinación de las Administraciones Públicas en las emergencias de interés nacional.
-Los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar asistencia y apoyo a otras Administraciones Públicas en las demás emergencias.
-El apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil a otros Sistemas Nacionales en supuestos de graves crisis que requieran la aportación de medios, recursos y organización propios del mismo.
-La integración del Sistema Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional.
-El ámbito territorial del PLEGEM, constituido por todo el territorio nacional.
-Los procedimientos de activación para prestar asistencia a otros países.
-Las funciones de los órganos estatales centrales y territoriales competentes en materia de protección civil y emergencias.
Además, podrá ser activado con ocasión de graves emergencias y catástrofes que ocurran fuera del territorio nacional con la finalidad de prestar asistencia y apoyo a otros países, bien en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, bien en el contexto de otros instrumentos de cooperación internacional bilaterales o multilaterales.
Por otra parte, en su aspecto organizativo, esquematiza las funciones de los órganos centrales y territoriales. Los principales órganos competentes en el PLEGEM son:
-En el nivel central, el Ministerio del Interior y el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (órgano de participación y coordinación de las Administraciones Públicas y organismos implicados).
-En el nivel territorial, los Comités de Dirección, las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno.
-En el Ministerio del Interior, son órganos competentes el titular del Departamento, la Subsecretaria y el Director General de Protección Civil y Emergencias.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DEFENSA MARÍTIMA Y DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE CHARCOS EN VALLESECO
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Autoridad Portuaria de S.C. de Tenerife la contratación de las obras correspondientes al proyecto de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de Charcos del área funcional de Valleseco (fase 2).
El contrato, que tiene un valor estimado de 16,83 millones de euros y una duración de 24 meses, permitirá recuperar un espacio abandonado para el uso ciudadano abriendo la ciudad al mar, de conformidad con el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos.
Con esta actuación se persigue generar un espacio público, poniendo a disposición de los ciudadanos del municipio de Valleseco y de sus visitantes un área adecuada para fines de recreo, de ocio y, en general, de esparcimiento de la ciudadanía.
Las obras consistirán en la ejecución de unos diques de defensa exentos para proteger la zona de la acción del oleaje, así como la realización de una serie de muelles, rampas solárium, paseos, zonas ajardinadas y algunas edificaciones menores para la prestación de servicios a la ciudadanía.
La actuación comprende la explanada situada entre la capitanía marítima y la torre de control hasta el muelle correspondiente a las instalaciones del Centro Insular de deportes marinos (CIDEMAT), lindando en el interior con la vía de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife. La nueva ordenación es conforme a lo establecido en el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife-Litoral de Valleseco.
Acuerdo entre administraciones
Para el desarrollo del proyecto se ha firmado un Convenio interadministrativo entre la AP de S.C. de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
En virtud de este convenio, la Autoridad Portuaria asume, por un lado, la obligación de contratar las obras correspondientes al proyecto de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de Charcos del área funcional de Valleseco (fase 2) y, por otro, el compromiso de contribuir a la financiación de las obras con una cantidad de 1,5 millones de euros.
El resto de las Administraciones públicas firmantes del convenio asumen la financiación restante de la actuación, hasta alcanzar el importe correspondiente al valor estimado del contrato.
Asimismo, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, emitió informe favorable, en septiembre de 2018, sobre la compatibilidad de la actuación con la estrategia marina correspondiente.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA CONEXIÓN MARÍTIMA MELILLA-MOTRIL-MELILLA
El Consejo de Ministros ha acordado la declaración de Línea de Navegación de Interés Público a la conexión marítima Melilla-Motril-Melilla, dando un nuevo paso para garantizar una adecuada conectividad marítima de Melilla con la península.
Debido a los efectos negativos de la pandemia, las empresas que venían prestando el servicio comunicaron hace unas semanas su imposibilidad de continuar prestando los servicios sin ninguna contraprestación. Por ello, el Gobierno aprobó a primeros de diciembre una declaración a fin de poder tramitar un contrato de emergencia, que ha sido recientemente formalizado y que garantiza la prestación de los servicios de las Líneas de Interés Público con Málaga y Almería.
Este contrato de emergencia temporal asegura la necesaria conectividad para garantizar el abastecimiento y la movilidad de los melillenses, mientras se tramita la licitación del contrato urgente que lo sustituirá.
La declaración de la línea Melilla-Motril-Melilla como Línea de Navegación de Interés Público permite la incorporación de esta ruta a los contratos de líneas de navegación de interés público que licite el Mitma. Ello permitirá optimizar los servicios, en aras de una mejora de calidad y prestaciones en beneficio del viajero.
Desde la Dirección General de Marina Mercante del Mitma se realiza un seguimiento continuo de la situación para garantizar en todo momento la adecuada conectividad de Melilla.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
REFUERZO DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL PARA LA AVIACIÓN CIVIL
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO) para la Aviación Civil, con el objetivo de fortalecer la seguridad aérea mediante el refuerzo de la colaboración entre todos los organismos implicados y la consolidación de la Política de Seguridad y los objetivos en los que se desarrolla.
El PESO facilita la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad aérea, a través del análisis continuo de la información suministrada a un sistema de gestión integrado por los principales actores de la aviación. Asimismo, ofrece una visión conjunta de todo el sector aéreo civil español que permitirá identificar y evaluar los riesgos relativos a seguridad operacional y adoptar decisiones para mantenerlos controlados.
En definitiva, el PESO conecta en red a todos los actores del sistema de aviación civil, aprovechando las sinergias entre ellos.
El Acuerdo aprobado modifica los objetivos anteriores para adaptarlos al estado de madurez del Programa e incluye la posibilidad de vincular temporalmente otros organismos públicos relevantes para el control del riesgo de la seguridad operacional en algunas áreas prioritarias, actualiza la normativa aplicable y mantiene la designación de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como órgano encargado de su impulso.
Además, amplía a cinco años el plazo máximo de revisión del Programa y establece un periodo de cinco años para el Plan de Acción, que se revisará anualmente.
También cambia la redacción de la política para una mejor comprensión por parte de la ciudadanía, articulándola bajo seis conceptos:
1.Máximo compromiso de los órganos y organismos públicos vinculados.
2.Mejoras en la asignación de recursos.
3.Disponer de una base normativa necesaria y actualizada.
4.Contemplar principios de gestión de la seguridad.
5.Mejorar la supervisión de los requisitos aplicables.
6.Colaboración tanto de las organizaciones públicas y privadas vinculadas al Programa, como a nivel internacional.
Educación y Formación Profesional
PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que da luz verde a la distribución de 262.151.626 euros a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de cinco líneas estratégicas del Plan de Modernización de la Formación Profesional hasta diciembre de 2021.
Esta cantidad se asigna a las CCAA a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros.
Este Programa diseñado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) recoge diversas iniciativas relacionadas tanto con la Formación Profesional del Sistema Educativo como con la Formación Profesional para el Empleo. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un sistema de evaluación y acreditación permanente de competencias básicas y profesionales cuyo presupuesto asciende a 126,6 millones de euros. El objetivo es llegar a alrededor de 500.000 trabajadores y trabajadoras hasta diciembre del próximo año que, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, carecen de acreditación profesional, lo que dificulta su acceso a mejores empleos y mejores condiciones laborales.
El Programa de Cooperación Extraordinario también recoge fondos destinados a ampliar la oferta de plazas de Formación Profesional en 60.290 durante el curso 2020-2021. Para ello, el MEFP distribuirá 118,9 millones de euros entre las Comunidades Autónomas.
Asimismo, se destinan 11,6 millones de euros para la conversión de 211 aulas de Formación Profesional en espacios de tecnología aplicada que acercarán al alumnado los recursos tecnológicos ligados con su formación.
El MEFP también asigna este año otros cerca de 2,5 millones a la creación de casi 500 aulas de emprendimiento, potenciando así los recursos necesarios para que los estudiantes puedan crear sus propios proyectos empresariales facilitándoles una orientación profesional que les ayude a conseguir sus objetivos.
A la quinta línea de actuación, relativa a la formación en digitalización aplicada a los sectores productivos destinada al profesorado de Formación Profesional, se asignan cerca de 2,5 millones de euros.
A la cantidad aprobada hoy por el Consejo de Ministros, hay que sumar otros 1.638.845 euros destinados a Ceuta y 1.781.528 a Melilla, ya que la gestión educativa en las Ciudades Autónomas es competencia directa del MEFP. De este modo, la cantidad total destinada a desarrollar el Plan de Modernización de la Formación Profesional en 2021 asciende a 265.572.000 euros.
ANEXO 1 -Distribución de los fondos del Programa de Cooperación Territorial Extraordinario para 2020 por CCAA
Programa de Cooperación Territorial | Importes por CCAA |
---|---|
Andalucía | 57.414.535,12 € |
Aragón | 7.070.680,68 € |
Asturias | 6.269.607,07 € |
Baleares | 10.722.936,00 € |
Canarias | 8.010.948,85 € |
Cantabria | 3.153.837,81 € |
Castilla y León | 17.074.384,03 € |
Castilla - La Mancha | 10.998.090,43 € |
Cataluña | 32.451.071,80 € |
Comunidad Valenciana | 37.024.705,36 € |
Extremadura | 6.019.481,79 € |
Galicia | 16.141.500,14 € |
Madrid (Comunidad de) | 33.221.869,09 € |
Murcia (Región de) | 8.837.154,74 € |
Navarra (Comunidad Foral de) | 4.716.559,12 € |
Rioja (La) | 3.024.264,45 € |
Ceuta * | 1.638.845,18 € |
Melilla * | 1.781.528,35 € |
TOTAL | 265.572.000,00 € |
Industria, Comercio y Turismo
CONSTRUCCIÓN DE BLINDADOS VCR 8X8 Y EL HELICÓPTERO NH 90
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la suscripción de dos convenios con las empresas Tess Defence y Airbus para la financiación de la construcción de los blindados VCR 8x8 y el desarrollo de la segunda fase de los helicópteros NH 90 de las Fuerzas Armadas Españolas. Ambos programas, que suponen una inversión total de 184 millones de euros, se enmarcan en la colaboración entre los Ministerios de Industria y el Ministerio de Defensa para la financiación de los Programas Especiales de Armamento.
La industria de la defensa es estratégica ya que cuenta con proyectos tractores como los de VCR o los helicópteros NH 90 que permiten engarzar políticas industriales y tecnológicas que impulsarán a las empresas españolas. Este sector es uno de los principales proveedores tecnológicos del resto de la economía gracias a la dualidad de la tecnología.
Vehículos de Combate sobre Ruedas 8X8
El Ministerio de Defensa recientemente ha suscrito con la empresa Tess Defence el contrato de suministro de 348 vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8, incluyendo los respectivos componentes del sistema de misión, armamento, nivel de protección, sensores, comunicaciones y sistema de mando y control, así como los productos de Apoyo Logístico. Los primeros vehículos se prevén entregar a partir de 2022.
En términos industriales y tecnológicos se trata de uno de los mayores programas de vehículos blindados de la historia del Ejército español.
El programa, no solo permitirá la incorporación de este nuevo vehículo blindado a las operaciones realizadas por las fuerzas armadas, sino que va a tener un gran impacto en la industria española, tanto en los principales contratistas del programa Santa Bárbara Sistemas, Indra Sistemas y Sapa Operaciones, como en un numeroso grupo de empresas subcontratistas y suministradoras repartidas por toda la geografía nacional que participarán en el mismo. Se estima que se crearán unos 1.240 puestos de trabajo. Se va a desarrollar y producir un producto con un alto grado de nacionalización que representa una capacidad esencial para la defensa nacional y con amplias posibilidades de exportación.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aportará una primera financiación de 50 millones de euros en 2020 para los trabajos iniciales de preparación de las instalaciones productivas y efectuar los primeros pedidos de los correspondientes suministros y equipos.
Helicópteros NH 90
La segunda fase del programa de helicópteros NH-90 consiste en el suministro por Airbus Helicopters de 23 nuevas variantes de este tipo de helicópteros. Las actividades asociadas a esta segunda fase permitirán la generación y mantenimiento de unos 100 puestos de trabajo directos e indirectos en las plantas de Albacete y Getafe.
El importe de la financiación que va a aportar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es de 134 millones de euros en el período 2020-2022.
El Consejo de Ministros, asimismo, ha aprobado la modificación del convenio entre el Ministerio de Industria y Navantia para el desarrollo de las fragatas F100 para realizar ajustes en el calendario de la devolución de la financiación.
Sanidad
REPARTO DE FINANCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PROGRAMAS SANITARIOS Y EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MÉDULA ÓSEA
El Consejo de Ministros ha acordado la distribución de 26.879.235,97€ entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para la financiación de programas de políticas de cohesión sanitaria, de formación para médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de educación sanitaria para la población en el uso racional del medicamento así como para el desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea.
En concreto el acuerdo establece transferencias por un importe de 25.600.455,97 euros a las comunidades autónomas para toda clase de gastos necesarios, incluido personal, para el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional del medicamento. Y, transferencias por un importe de 1.278.780,00 euros a las CCAA para el desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea como estrategia de salud del Plan de calidad del SNS.
Respecto a los criterios de distribución cabe destacar que hay una cantidad fija de 35.000 euros para cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla (INGESA) respectivamente, y el resto estará repartido de forma proporcional a las cifras de población referidas a 1 de enero de 2019.
CCAA | IMPORTE TOTAL (euros) |
---|---|
Andalucía | 4.496.616,62 |
Aragón | 734.548,70 |
Asturias (Principado de) | 577.335,55 |
Baleares (Islas) | 644.496,50 |
Canarias | 1.176.825,78 |
Cantabria | 343.114,25 |
Castilla y León | 1.307.350,59 |
Castilla-La Mancha | 1.112.917,36 |
Cataluña | 4.104.752,67 |
Comunidad Valenciana | 2.688.228,21 |
Extremadura | 601.148,89 |
Galicia | 1.466.398,39 |
Madrid (Comunidad de) | 3.568.237,63 |
Murcia (Región de) | 827.133,35 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 381.894,32 |
País Vasco | 1.205.664,27 |
Rioja (la) | 202.980,85 |
Ceuta | 79.952,66 |
Melilla | 80.859,38 |
TOTAL | 25.600.455,97 |
Desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea
El acuerdo contempla destinar 1.278.780 euros al desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea como estrategia de salud del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
CCAA | TOTAL EUROS |
---|---|
Andalucía | 228.944,94 |
Aragón | 35.897,36 |
Asturias | 28.169,09 |
Islas Baleares | 30.905,64 |
Canarias | 58.239,67 |
Cantabria | 15.890,04 |
Castilla y León | 66.009,89 |
Castilla-La Mancha | 55.527,67 |
Cataluña | 208.092,64 |
Comunidad Valenciana | 135.914,21 |
Extremadura | 29.393,17 |
Galicia | 73.998,79 |
Madrid | 180.028,98 |
Murcia | 40.485,18 |
Navarra | 17.728,49 |
País Vasco | 60.214,28 |
La Rioja | 8.645,28 |
Ceuta | 2.329,74 |
Melilla | 2.364,94 |
TOTAL | 1.278.780 |
Campaña de comunicación
El Consejo de Ministros ha abordado también hoy el acuerdo por el que se toma razón, de la puesta en marcha de una campaña de publicidad institucional para reforzar los mensajes de prevención frente a la COVID-19 de cara al periodo de Navidad, por un importe de 4.500.000 de euros.
El objetivo de la misma es sensibilizar a la población general sobre la enfermedad con la finalidad de trasladar mensajes de prevención y recomendaciones dirigidas a minimizar el contacto con personas no convivientes en estas próximas fiestas navideñas.
Ciencia e Innovación
AUTORIZADA LA FABRICACIÓN DE UN BUQUE OCEANOGRÁFICO MULTIPROPÓSITO Y DE INVESTIGACIÓN PESQUERA DE ÁMBITO GLOBAL
Consejo de Ministros ha acordado, a petición del Ministerio de Ciencia e Innovación, autorizar al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la celebración del contrato para la fabricación del nuevo buque oceanográfico multipropósito de ámbito global (BOMAG), incluido en el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación aprobado el pasado mes de julio, por un valor estimado de 70 millones de euros.
El presupuesto máximo del contrato, con una duración estimada de 30 meses que incluye la realización del proyecto de ingeniería y su construcción, se repartirá en tres anualidades: 17,5 millones de euros en 2021, 31,5 millones en 2022 y 21 millones en 2023. Además, se contempla la inversión de otros 15 millones de euros en equipamiento. El 80% del total será aportado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), una contribución que ya ha sido aprobada por la Comisión Europea.
Este nuevo buque oceanográfico permitirá al IEO ampliar su capacidad operativa y abordar nuevas responsabilidades y retos en el ámbito de la investigación oceanográfica a nivel global. El BOMAG tendrá capacidad para trabajar en un contexto multidisciplinar, tanto sobre investigación pesquera, como en distintas disciplinas de oceanografía (física, química, geología marina o estudio de ecosistemas, entre otras).
Su construcción está prevista dentro del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que se aprobó el pasado mes de julio con el objetivo de situar a la I+D+I en el centro de la estrategia de la recuperación tras una década de disminuciones presupuestarias. Para ello, contempla inversiones directas por 1.056 millones de euros en ciencia e innovación, de los que 396 millones se movilizan en 2020 y el resto, en 2021.
En concreto, forma parte del segundo eje del plan, que se refiere a la trasformación del sistema de ciencia, y atracción y retención del talento. La construcción de este buque es la décima medida, que viene a paliar una carencia en la flota de investigación en España.
En este momento, una de las principales demandas que el IEO debe abordar es el estudio, definición y protección de las áreas marinas. Para ello necesita un buque global, plataforma multidisciplinar de gran capacidad de investigación, moderna y bien equipada con sistemas avanzados que cubran con la máxima precisión todo el rango de la profundidad oceánica y desde la que se puedan desplegar avanzados sistemas de observación, remotos o autónomos.
El nuevo buque tendrá capacidad para trabajar en un contexto multidisciplinar tanto sobre los recursos renovables como sobre el funcionamiento de los ecosistemas y las características oceanográficas y medioambientales. Pero, ante todo, por su capacidad de trabajo en aguas profundas, permitirá la puesta en marcha de varias líneas de investigación que se consideran fundamentales. Además, la capacidad global de este buque permitirá explorar zonas lejanas y zonas polares sin tener que depender del único buque ahora disponible en España con capacidad polar, el BIO Hespérides, y ofrecerá otras posibilidades de trabajo, como es el descubrimiento y exploración de pecios, yacimientos arqueológicos y/o otros recursos no renovables.
Asimismo, el Consejo de Ministros también ha acordado hoy ampliar los límites de gasto para que el IEO pueda tramitar y prorrogar diversos contratos y suministros asociados a su actividad científica. En concreto, se trata de contratos relacionados con las obras de construcción de la nueva sede del Centro Oceanográfico de Málaga, el mantenimiento de los Buques Oceanográficos Francisco de Paula Navarro y Ramón Margalef, entre otras actuaciones, que suman un total de 2,71 millones de euros para 2021.
BIOGRAFÍAS
Asuntos Económicos y Transformación Digital
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
D. RODRIGO BUENAVENTURA CANINO.
Rodrigo Buenaventura ha sido hasta ahora el director general de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), responsable de: mercados secundarios, mercados primarios (opas, emisiones y salidas a bolsa), información financiera y corporativa de sociedades cotizadas e investigación de abuso de mercado. En la CNMV también ha ocupado la dirección del Departamento de Mercados Secundarios, donde era el responsable de la supervisión de abuso de mercado, de las infraestructuras de negociación y liquidación de los mercados de valores y de las normas de contratación y liquidación de valores; y el puesto de Director de relaciones internacionales.
En 2011 fue seleccionado como primer director de mercados (Head of Markets) de la entonces recién creada autoridad europea de valores y mercados (ESMA), con sede en París. Durante esa etapa, dirigió la elaboración de un centenar de normas técnicas de regulación bajo los principales reglamentos y directivas europeas en el ámbito de ESMA: Derivados (EMIR), Instrumentos y mercados (MiFID), Depositarios Centrales (CSDR), Abuso de Mercado (MAR), Índices de Referencia y Repos (SFTR), al tiempo que contribuyó al establecimiento y desarrollo inicial de la autoridad. Licenciado en Ciencias Económicas, tras un post-grado en Hong Kong inició su carrera profesional en Analistas Financieros Internacionales (AFI). Tiene numerosas publicaciones en prensa y revistas especializadas y ha sido ponente habitual en cursos, congresos y postgrados sobre el sistema financiero español.
Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dª MONTSERRAT MARTÍNEZ PARERA.
Montserrat Martínez Parera cuenta con veintiún años de experiencia profesional en el ámbito financiero y en asuntos relacionados con la regulación y supervisión bancarias, en el sector público principalmente. Hasta ahora ostentaba el cargo de directora corporativa de Asuntos Públicos en CaixaBank y como tal responsable de la estrategia de la entidad frente a las iniciativas regulatorias y legislativas en el ámbito bancario, y directora de la oficina de presidencia. En junio de 2020 fue elegida miembro del Grupo de partes interesadas de la banca (Banking Stakeholder Group) de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Con anterioridad, ocupó puestos de responsabilidad en el Banco de España, como jefa del gabinete del Subgobernador, y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como directora de presidencia, entre otros. Economista de formación, inició su carrera profesional en el Servicio de Estudios del BBVA. Tiene numerosas publicaciones en prensa y revistas especializadas sobre el sistema financiero español.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia
D. FRANCISCO JAVIER GASSÓ MATOSES.
Nacido en Gandia (València), estudió Derecho becado por el Colegio Mayor San Juan de Ribera en la Universitat de València donde se licenció en 1993, con premio extraordinario de licenciatura.
Ingresa en la carrera diplomática en 1997. Ha estado destinado como secretario en la Embajada de España en Santo Domingo; como consejero cultural y de Cooperación en la Embajada de España en Montevideo, donde inauguró y dirigió el Centro Cultural de España; y como segunda jefatura en la Embajada de España en Addis Abeba. También ha sido, entre 2011 y 2016, consejero en la Misión de España ante NNUU en Nueva York, donde ejerció como coordinador político en el Consejo de Seguridad.
En los servicios centrales ha sido subdirector general adjunto para África Subsahariana y, durante los últimos tres años, subdirector general de Naciones Unidas. En octubre de 2020 fue nombrado encargado de negocios con Cartas de Gabinete ante el Estado Plurinacional de Bolivia.
Embajadora de España en la República de Gambia
Dª OLGA CABARGA GÓMEZ.
Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática (1989). Ha realizado el XI Programa de Liderazgo y Gestión Pública en el IESE, Madrid, en 2014-15.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1992. Se desempeñó como secretaria de embajada en la Embajada de España en El Salvador (1996-1999) y como consejera cultural en la Embajada de España en Lima. Ha sido segunda jefatura en la Embajada de España en Dinamarca hasta junio 2020.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sido jefa de servicio de Centroamérica y Caribe, jefa de área de México, Centroamérica y Países del Caribe y jefe de área de Rusia y Oriente Europeo. Asimismo ha sido subdirectora general adjunta de Cooperación Multilateral y Horizontal en la AECID.
Ha sido embajadora de España en la República de Ghana y la República de Togo, en el periodo 2010-2013. Posteriormente, ocupó el cargo de embajadora en Misión Especial para la Alianza del Pacífico.
Actualmente, es la embajadora de España en la República de Senegal desde el 23 de junio de 2020.
Embajador de España en Islandia
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ.
Nacido en Ávila. Es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid en filosofía política. También es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales ICADE y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Es Diplomado en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN) y dispone de un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE).
Entre otros desempeños, ha sido embajador en Noruega, subdirector de la Escuela Diplomática y ha ocupado diversos puestos en las Embajadas de Bulgaria y de Bosnia y Herzegovina. Igualmente, ha sido jefe de la Delegación española en la Misión de Observación de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y Jefe adjunto del Gabinete del Director General de Política Exterior.
Ha sido diputado en el Congreso de los Diputados por Madrid y Ávila y Portavoz de Asuntos exteriores.
Por último es autor de los libros Cartas de Sarajevo, Reflexiones desde fuera de la muralla y Edmund Burke.
Embajadora de España en la República de Nauru
Dª ALICIA MORAL REVILLA.
Nacida el 21 de febrero de 1963 en Valladolid, es licenciada en Derecho, ingresó en 1991 en la Carrera Diplomática y es Diplomada de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas de España en Tanzania, Indonesia, Bulgaria, Países Bajos y Paris- OCEDE, ha sido embajadora de España en Zimbabue con acreditación en Zambia y en Malawi y actualmente, desde el 15 de septiembre, es Embajadora en la Commonwealth de Australia.
En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ocupado los puestos de subdirectora general de la Escuela Diplomática, subdirectora general de Política Exterior, Consejo de Europa y OSCE, embajadora en Misión Especial para la Ciberseguridad y presidenta del Tribunal de Oposiciones para Ingreso en la Carrera Diplomática en la última convocatoria.
Defensa
Miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
D. JUAN RUIZ CASAS.
D. Juan Ruiz Casas nació en Cartagena el 24 de octubre de 1958. Casado con tres hijos.
Ingresa en la Escuela Naval Militar en 1977, alcanzando el empleo de alférez de Navío en 1982.
En el año 1985 asciende a teniente de Navío Y En 1993 fue nombrado comandante. En 1994 asciende a capitán de corbeta y en 1994, como comandante.
En 1995 es nombrado ayudante de campo de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y en 2001 asciende a capitán de fragata, destacando sus destinos como comandante Naval de San Sebastián y en el Estado Mayor de la Armada.
En 2007 asciende a capitán de navío, siendo destinado al Estado Mayor de la Armada.
En el año 2010 asciende a contralmirante y es nombrado almirante jefe de la Base Naval de Rota. Desde septiembre de 2012 es jefe de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada.
En julio de 2014 es nombrado jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey y después asciende a vicealmirante y en agosto de 2017 es promovido al empleo de almirante.
Entre sus cursos militares destacan el de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el de la Escuela de Defensa de la OTAN en Roma.
Entre otras condecoraciones ostenta las grandes cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y del Mérito Naval, cinco cruces del Mérito Naval, dos del Mérito Militar, la cruz de caballero de la Orden de Carlos III, la encomienda de la Orden del Mérito Civil, y otras condecoraciones extranjeras.
Jefe Del Mando De Apoyo Logístico Del Ejército De Tierra
D. FERNANDO MIGUEL GARCÍA Y GARCÍA DE LAS HIJAS
Nació en Madrid el 8 de mayo de 1961. Ingresó en la Academia General Militar en 1979, como componente de la XXIX Promoción, obteniendo su despacho de teniente de Ingenieros en julio de 1984. En los empleos de teniente y capitán ocupa destinos en diversas unidades de Ingenieros en San Sebastián y Valencia. Es diplomado de Estado Mayor, Zapador Anfibio y Técnico en Desactivación de Explosivos. En los empleos de capitán, comandante y teniente coronel despliega en operaciones en Mozambique, Kosovo y dos veces en el Líbano. Ocupa destinos de Estado Mayor en el Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones, en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército y en el Mando Supremo de la Alianza Atlántica en Bélgica. Ejerce el mando del III Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, en su creación. En el empleo de coronel es nombrado jefe del Estado Mayor de la UME. En 2017, es nombrado Director de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y promovido a general de división, previamente, había sido subdirector como general de brigada. Habla fluidamente inglés, francés e italiano.