Referencia del Consejo de Ministros

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 109.578.638,76 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior con objeto de atender las ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales, entre otros, previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia (DANA) para atender las ayudas destinadas a corporaciones locales previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por importe de 155.800.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial, por importe de 14.243.986,44 euros, con la finalidad de financiar los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, I6 y C13, I13). ACUERDO por el que se autoriza transferencia de crédito, por importe de 1.133.286.160,35 euros, desde el servicio 50 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para dar cumplimiento a los hitos y objetivos establecidos en la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por importe de 57.433.468,90 euros, con la finalidad de atender los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre.
  
• ACUERDO por el que se autoriza a la Corporación Radio Televisión Española, S.A., S.M.E., la celebración de un contrato cuyo objeto es el servicio de evolución y mantenimiento de aplicaciones corporativas (EMA25) y cuyo valor estimado asciende a 19.670.364 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la tramitación de un contrato para atender el servicio de cafetería y comedor en el edificio de su sede en Madrid.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la firma de la adenda al Convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Axis Participaciones Empresariales (AXIS) para la puesta en marcha de la Línea ICO Verde y la Línea ICO Empresa y Emprendedores.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, I6). ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la firma de la adenda modificativa del Convenio suscrito con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., (ICO), y Axis Participaciones Empresariales SGEICC, S.A., S.M.E., (AXIS), para la gestión de la Línea ICO Verde y la Línea ICO Empresas y Emprendedores (Componente 13 Inversión 6).
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 700.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 765.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de La Rioja a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 164.600.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Júcar la tramitación de actuaciones declaradas de emergencia para paliar los efectos adversos producidos por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en octubre de 2024.
• ACUERDO por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

• REAL DECRETO por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025.

• REAL DECRETO por el que se regula el régimen de constitución, composición y funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza de la laguna del Mar Menor y su cuenca.
• REAL DECRETO por el que se establece el mecanismo de gobernanza en materia de energía, cambio climático y calidad del aire.
• ACUERDO por el que se declara la utilidad pública de determinados bienes y derechos en el término municipal de Carboneras (Almería) al amparo de lo recogido en la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras para reparación de talud en el arroyo Tamarguillo (tramo final), término municipal de Santiponce (Sevilla), por un importe de 2.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras para reparación del canal del Viar, tramo compartido riego-abastecimiento, términos municipales varios (Sevilla), por un importe de 2.887.500 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras para la restitución del dominio público hidráulico tras los daños originados por la DANA de fechas 29 de octubre y 13 de noviembre en la zona de Granada, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A., por un importe de 10.813.848,11 euros.

• REAL DECRETO por el que se regularizan los anexos II.2, V.2 y VI de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda n.º 1 modificativa y prórroga al Convenio entre el Ayuntamiento de Irún, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, la dirección de las obras y el mantenimiento de la nueva pasarela urbana con acceso al edificio de viajeros de la estación de Irún (Gipuzkoa).
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Instituto de Turismo de España, O.A., (Turespaña) y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura para la organización y el desarrollo de la V Convención Turespaña en el año 2025.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción para la duplicación de vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la línea Oviedo - Santander. Vía y electrificación. Valor estimado del contrato: 21.342.944,68 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras del proyecto constructivo de rehabilitación de vía en el tramo Mataporquera - Torrelavega. Fase II. Valor estimado del contrato 15.349.707,35 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia, y su modificación sustancial, para las obras de reparación del tablero de la estructura del paso superior sobre la carretera N-6, situado en el punto kilométrico 396+575, en la provincia de León, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 644.081,86 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la obra de drenaje transversal, (tubo ARMCO), situada en el punto kilométrico 583+500 de la autovía A-2, en la provincia de Barcelona, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 2.933.241,63 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la obra de drenaje transversal, (tubo ARMCO), situada en el punto kilométrico 3+600 de la autopista B-23, margen izquierdo, provincia de Barcelona, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 1.613.062,69 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños producidos por la DANA del 29 de octubre de 2024 en las infraestructuras de los municipios de Manises, Paiporta, Picanya y Riba-roja de Túria, en la provincia de Valencia, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 33.951.918,25 euros.

• REAL DECRETO de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizajes informales.

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino, y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos.

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 1179/2024, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso, identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la Dictadura, y el Real Decreto 1220/2024, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades, asociaciones y fundaciones para actividades relacionadas con la promoción, fomento y divulgación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinado precepto de la Ley Foral 5/2024, de 10 de mayo, de modificación del artículo 53 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias de Navarra.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria 1/2024, de 8 de noviembre, de derogación de la Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para la realización de la campaña sobrevenida de publicidad institucional "Reconstruyendo juntos: Respuesta y recuperación frente a la DANA".

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la concesión de la garantía del Estado a 44 obras que formarán parte de la exposición temporal "Paolo Veronese (1528-1588)", que tendrá lugar en el Museo Nacional del Prado desde el 27 de mayo al 21 de septiembre de 2025, por un valor económico de 418.720.472,61 euros.
• ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 20 de febrero de 2025, en relación con el Anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos y por la que se modifican la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley de contratos de crédito al consumo, la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y el texto refundido de la Ley Concursal.
• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones concesionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), a Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF) / Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos, para financiar el proyecto de suministro de hasta 40 trenes interurbanos, por importe de hasta 754.302.566 euros.

• ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

• ACUERDO por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para la prórroga y renovación de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y/o trabajo para aquellas personas extranjeras que tuvieran el domicilio o su lugar de trabajo en alguno de los municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, y por las que se establece el procedimiento para solicitar una autorización por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

ACUERDOS DE PERSONAL

• REAL DECRETO por el que se nombra directora del Gabinete de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana a Dª. LAURA SÁNCHEZ ESPADA.

• REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en Emiratos Árabes Unidos a D. EMILIO PIN GODOS.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A ILLES BALEARS, CASTILLA-LA MANCHA Y LA RIOJA A FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

• SMI diario: 39,47 euros.
• SMI mensual: 1.184 euros.
• SMI anual: 16.576 euros.
• SMI para eventuales y temporeros, por jornada legal en la actividad: 56,08 euros.
• SMI empleados de hogar, por hora efectivamente trabajada: 9,26 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS TERRENOS DEL HOTEL EL ALGARROBICO

El edificio está fuera de dominio público, en terrenos privados parcialmente afectados por la servidumbre de protección, pero la otra parte es competencia de la Junta de Andalucía al adentrarse más allá de este límite. En el protocolo de protección de la playa firmado en 2011 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se acordó que el Estado financiaría la demolición de la edificación y la comunidad autónoma, la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos. Se estima que el coste ascienda hasta los 7 millones de euros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PASARELA DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA DE IRUN

El Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la firma de la adenda al convenio interinstitucional para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución y el mantenimiento de la nueva pasarela urbana que conectará la nueva estación ferroviaria con la ciudad de Irún, en la provincia de Gipuzkoa.

La adenda incrementa los costes de la actuación en 800.000 euros, hasta los 7,7 millones de euros (IVA no incluido), para responder a las modificaciones que ha sufrido el proyecto.

El convenio está suscrito por el Ministerio, a través de Adif, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irún y se mantienen los porcentajes de financiación establecidos: 33,33% por parte de Adif, un 22,22 % por parte del Gobierno Vasco, y 44,45 % por parte del Consistorio.

Los proyectos iniciales para estos trabajos han sufrido modificaciones por la integración de la línea de Euskal Trenbide Sarea (TOPO) junto a la playa de vías de Adif, y necesidad de conservar una serie de edificios ferroviarios con propuesta de protección del Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, como la nave almacén 77. Además, se ha visto la necesidad de cambiar el sistema constructivo de la pasarela para hacerla compatible con las obras en ejecución.

En concreto, la adenda actualiza las obligaciones económicas de las partes para financiar la redacción y dirección del proyecto constructivo de la pasarela asociada al nuevo edificio de viajeros de Irun, que actualmente está en construcción.

Además, la adenda prorroga por dos años adicionales la vigencia del convenio para dar cobertura a la necesidad de redactar de nuevo el proyecto de la pasarela y proceder a su ejecución.

También faculta a la comisión de seguimiento del convenio a aprobar los reajustes de anualidades para adaptar las aportaciones de las partes al ritmo de ejecución de los trabajos, siempre que no suponga un incremento económico en los importes globales comprometidos ni un incremento del plazo de vigencia.

Convenio

El convenio, suscrito en diciembre de 2022 por las tres administraciones mencionadas, tiene como objetivo establecer el régimen de colaboración entre las partes para la construcción de la pasarela urbana con acceso al nuevo edificio de viajeros de la estación.

El texto abarca desde la redacción del proyecto hasta la ejecución de las obras, su puesta en funcionamiento, conservación y posterior mantenimiento de la pasarela ejecutada, con el fin de asegurar la permeabilidad transversal del nuevo edificio de viajeros y su conexión con la ciudad.

Las obras de la estación de Irún cuentan con financiación europea a través del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

V CONVENCIÓN DE TURESPAÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del convenio entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, para la organización y el desarrollo de la V Convención Turespaña en el año 2025, que se celebrará en Cáceres del 7 al 9 de octubre.

A la convención podrán asistir personas que pertenezcan a organizaciones responsables de la gestión y promoción de los destinos turísticos españoles, así como empresas y asociaciones de empresas que ofrezcan productos y servicios turísticos en España. También podrán asistir representantes de otras organizaciones públicas o privadas vinculadas al ámbito turístico, como universidades o empresas proveedoras de servicios y tecnología al sector turístico.

Turespaña tiene encomendada la planificación, el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales y entre los no residentes en España, el apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior y entre los no residentes en España y la colaboración con las CCAA, los entes locales y el sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior y entre los no residentes en España.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en 2015, el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. El objetivo fue el de reconocer el papel clave que las mujeres desempeñan en la comunidad científica y la tecnología, de destacar la necesidad de adoptar iniciativas que conduzcan a la eliminación de las brechas de género en este ámbito y de promover el empoderamiento y la participación plena y efectiva de las mujeres y las niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación.

El texto de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros es el siguiente:

"España continúa avanzando en materia de igualdad y en la actualidad se sitúa en el cuarto lugar en el Índice Europeo de Igualdad de Género. En el ámbito de la educación y la formación podemos encontrar ejemplos de este progreso. En la actualidad, las mujeres suponen el 57% del alumnado universitario. Respecto a la presencia y participación de las mujeres en el sistema de investigación, tecnología e innovación, el porcentaje de investigadoras sigue aumentando y representan ya el 42,1% del personal investigador en España. Además, en las patentes presentadas en España el porcentaje de mujeres inventoras ha sido del 25,5%, haciendo que en el 63,5% de las patentes presentadas figure al menos una mujer inventora.

Sin embargo, a pesar de estos significativos logros en la educación y en la ciencia, quedan todavía importantes brechas de género por abordar, especialmente en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, las Artes, las Matemáticas (STEAM), por sus siglas en inglés) y en la eliminación de cualquier forma de discriminación en la capacitación, el empleo y en los procesos de toma de decisiones en la ciencia. Los datos estadísticos del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así lo muestran. En España, el 57% de las personas que acceden por primera vez a la educación terciaria son mujeres y, entre ellas, las que optan por estudios en educación y en salud y bienestar representan un 16% y un 23% respectivamente. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que elige carreras STEAM se sitúa por debajo de las medias estadísticas de la OCDE y Unión Europea, ascendiendo a un 13%.

Antes de alcanzar la etapa universitaria, ya se observa una desigual presencia de mujeres en el Bachillerato de Ciencias (48,1%), pese a que las chicas representan el 53,7% del alumnado total, según datos del curso 2022-2023. Este fenómeno también se observa en los estudios de Formación Profesional, con una presencia baja de mujeres en disciplinas tecnológicas y científicas. Por ejemplo, en las titulaciones de la familia de Informática y Comunicaciones, las chicas suponen el 17,1% en Grado Básico, 8,5% del alumnado de Grado Medio y el 14,9% de Grado Superior.

Asimismo, según el Informe Científicas en Cifras 2023, del Ministerio de Ciencia e Innovación, el número de investigadoras en España ha descendido más de seis puntos en el área de ingeniería y tecnología entre 2016 y 2021. Este descenso también se registra en Ciencias exactas y naturales, aunque menos acusado, siendo de más de dos puntos en el mismo periodo.

Para frenar esta caída es necesario contar con más referentes femeninos en estas carreras, así como en los libros de texto y materiales educativos usados en las etapas de primaria y secundaria. Es preciso eliminar los prejuicios y estereotipos de género que persisten en el ámbito de la investigación para superar las barreras y sesgos de género que dificultan el acceso y progreso en la carrera investigadora. Basta recordar, a modo de ejemplo, que, desde la creación de los Premios Nobel en el año 1901 hasta la actualidad, en las categorías científicas, tan solo cinco mujeres han sido galardonadas en física, ocho en química y catorce en medicina. En la última edición celebrada en 2024, la surcoreana Han Kang ha logrado el Premio Nobel de Literatura, siendo la única mujer galardonada y continuando así la predominancia histórica masculina en los premios un año más. En concreto, las mujeres representan únicamente el 6% de todas las personalidades premiadas en la historia de los Nobel.

En los Premios Princesa de Asturias, solo han sido 12 las mujeres laureadas en investigación científica y técnica, de las 355 personas premiadas hasta el momento (lo que representa un porcentaje inferior al 4%).

En la carrera investigadora persiste el denominado "efecto tijera", por el que siguen siendo una minoría las mujeres que alcanzan puestos de responsabilidad y liderazgo científico (un 26,8% de catedráticas en la universidad, según el estudio Brecha salarial de género en las universidades públicas españolas, y un 26,9% de profesoras de investigación en el CSIC, según el Informe Mujeres Investigadoras 2024).

Por tanto, destaca como prioridad de primer orden combatir las brechas de género en todos los ámbitos de la ciencia y la innovación. Para lograrlo, el Gobierno trabaja en tres retos: atraer a más niñas y jóvenes a los ámbitos STEAM donde todavía son minoría en las aulas, trabajando además contra la pobreza infantil dado que es una de las principales barreras para el desarrollo académico de las niñas; mejorar las condiciones laborales de las mujeres investigadoras, retener el talento y apoyar el liderazgo de las mujeres que investigan e innovan; y asegurar una ciencia y una innovación inclusivas, que tengan en cuenta las necesidades, características y circunstancias de mujeres y hombres por igual, incluyendo la perspectiva de género en la investigación científica y en la transferencia del conocimiento.

Ante estos tres desafíos, el Gobierno ha desplegado ya importantes líneas de actuación, reflejadas en el Acuerdo del Programa de Gobierno de España para la XV Legislatura y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con las políticas europeas plasmadas en la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020- 2025, así como la Garantía Infantil Europea.

En el plano internacional, España participa de manera continuada en la integración de la perspectiva de género en los principales instrumentos de las Unión Europea en materia de ciencia e innovación, como el nuevo Programa Marco Horizonte Europa o el nuevo Espacio Europeo de Investigación, y a través de su representación en el Standing Working Group Gender, Research and Innovation.

En el plano estatal, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027 promueven la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal para garantizar la aplicación del principio de igualdad real entre mujeres y hombres en la I+D+I. Asimismo, el III Plan Estratégico para la igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 recoge la agenda política en materia de igualdad y contempla como estrategias su compromiso con la ciencia, fomentando la presencia de mujeres en áreas científico-tecnológicas, y la erradicación de las desigualdades de género que persisten en el ámbito de la investigación.

En esta línea, cabe destacar el impulso a redes de mujeres profesionales en áreas científico-tecnológicas, así como la promoción de la representación paritaria de hombres y mujeres en los equipos y proyectos de investigación y la implementación de medidas de conciliación, las medidas de promoción de la igualdad entre la población infantil y adolescente y el empoderamiento de las niñas, las medidas de apoyo al desarrollo de investigaciones científicas con perspectiva de género y la producción de datos son fundamentales para diseñar políticas públicas inclusivas que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en este ámbito.

Por todo ello, el Gobierno, reafirma su pleno compromiso de trabajar por una ciencia para la vida de todas, avanzando hacia la participación plena y equitativa de las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la innovación".

Transportes y Movilidad Sostenible

DUPLICACIÓN DE VIA FERREA ENTRE LA CARRERA Y POLA DE SIERO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 21,3 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, las obras para duplicar la vía en el tramo La Carrera-Pola de Siero (de aproximadamente 2 km), en la línea C6 (Oviedo-Infiesto) de la red de Cercanías de Asturias.

Una vez concluida esta actuación, todo el trayecto entre Oviedo y Pola de Siero (uno de los que registra mayor número de circulaciones de la red de ancho métrico de Asturias, junto con El Berrón-Gijón) estará dotado de doble vía, incrementándose la capacidad y funcionalidad de la infraestructura y beneficiando a la puntualidad del servicio.

Además de la incorporación de una vía paralela a la existente sobre una nueva plataforma, se duplicarán los elementos de electrificación, se mejorarán los actuales donde sea necesario y se adaptarán los sistemas de drenaje.

Los trabajos incluyen adecuar diferentes estructuras a lo largo del tramo, como el paso superior de la carretera N-634 y otro paso inferior, que en ambos casos ampliarán su gálibo. También se incorporarán medidas para mejorar la integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno, como la instalación de pantallas de protección acústica a lo largo de más de 500 metros.

La duplicación del tramo La Carrera-Pola de Siero hoy autorizada, se completa con una inversión de 6,8 millones de euros (IVA incluido) en la modernización de la señalización, actualmente en fase de contratación, con equipos de mayores prestaciones, como enclavamientos (dispositivos que gestionan todas las señales de un tramo), bloqueo automático banalizado, sistemas de detección y protección del tren, señales fijas y luminosas y telecomunicaciones fijas, entre otros.

Todos ellos quedarán integrados en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC), lo que permitirá gestionar la circulación en remoto y tiempo real, desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de El Berrón.

Desarrollo del Plan de Cercanías de Asturias

El Ministerio continúa impulsando el Plan de Cercanías de Asturias, que cuenta con una inversión global en infraestructura de 1.451 millones de euros y actuaciones en todos los elementos que configuran el sistema ferroviario para reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.

De esta inversión, alrededor de 100 millones se destinan a ampliaciones y duplicaciones de capacidad de la red. A esta próxima licitación de las obras de duplicación de vía en el tramo La Carrera-Pola de Siero, se suma la reciente adjudicación de la redacción del proyecto de duplicación del tramo Sotiello-La Florida, una tarea ya en desarrollo para el tramo Trasona-Aboño de la línea Gijón-Cudillero (C-4).

Además, coincide con el impulso que también se está dando a la renovación integral de líneas, a la que se destina una inversión de 357 millones en actuaciones como:

• Licitación reciente de la redacción de los proyectos para los tramos Cudillero-Gijón (C-4) y San Esteban de Pravia-Pravia-Trubia (C-7) y Trubia-Collanzo.
• También recientemente se han licitado las obras de renovación de los túneles de Villabona, en tanto se ultiman los proyectos de los túneles de Padrún y del tramo Oviedo-La Pola.
• Y avanzan las obras en los tramos Gijón-Laviana y Colloto-Infiesto.

En lo que se refiere a los sistemas de señalización, ya se encuentran contratadas o en ejecución todas las actuaciones previstas en el Plan de Cercanías, tanto en las líneas convencionales como en las de ancho métrico. Así, avanzan las obras en los tramos Gijón-Pravia, Trubia-Collanzo, Trubia-Oviedo y Cudillero-Pravia; y se encuentran adjudicadas las de los tramos Oviedo-Infiesto y Gijón-El Berrón.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) 8 (crecimiento económico y generación de empleo), 7 (eficiencia energética) y 11 (ciudades inclusivas y con acceso a transportes sostenibles y seguros).

Transportes y Movilidad Sostenible

MODERNIZACIÓN DE VÍA FERREA ENTRE MATAPORQUERA Y TORRELAVEGA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 15,3 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, los trabajos para rehabilitar y modernizar la vía entre Mataporquera y Torrelavega, incluida en la línea ferroviaria convencional Palencia-Santander y en parte de la línea C-1 de las Cercanías de Cantabria.

El tramo tiene una longitud de 79 km a lo largo de los cuales se ubican ocho estaciones y diez apeaderos.

La actuación comprende la renovación de carril y traviesas de varios tramos del trayecto, así como la sustitución de desvíos en las estaciones de Lantueno, Pesquera, Cobejo, Bárcena y Las Fraguas. El contrato incluye tanto las obras como los materiales necesarios para los trabajos.

Con esta intervención, incluida en el Plan de Cercanías de Cantabria, se mejorará el rendimiento global de la infraestructura con una mayor calidad de rodadura para las circulaciones, además de contribuir a la regularidad, seguridad y mejora del servicio ferroviario en el tramo citado, lo que a su vez favorecerá la conexión entre Cantabria y la Meseta Central.

Esta actuación entre Mataporquera y Torrelavega, refuerzan los trabajos de renovación de la vía y sustitución de elementos y desvíos que se llevaron a cabo en el mismo trayecto en una primera fase.

Otras mejoras incluidas en el contrato

En el marco de este contrato, se sustituirá el firme de nueve pasos a nivel por módulos de caucho que favorecen el cruce de la vía. Además, Se rehabilitará la vía y la superestructura del puente metálico en este trayecto, lo que supone modificaciones que precisan actuaciones complementarias de electrificación que se adecuen a la nueva configuración de vías. Para ello, se sustituirán los postes que lo precisen, se izarán pórticos y semipórticos, ménsulas y se instalarán anclajes, o aisladores, entre otros elementos de la línea aérea de contacto (catenaria).

También, se procederá a la renovación de instalaciones de seguridad y comunicaciones, que incluye el levante y reposición de los circuitos de vía, de agujas, contadores de ejes, balizas y señales luminosas.

Relacionado con todos estos trabajos, el Ministerio ha realizado ya y tiene en marcha diversas actuaciones destinadas a la mejora de la infraestructura ferroviaria de Cantabria (renovaciones integrales de vía, mejoras de la señalización y la electrificación, supresión de pasos a nivel, duplicación de vía, etc.), para mejorar tanto las prestaciones de la red de Cercanías como las conexiones con Palencia y Madrid.

Además, contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

Educación, Formación Profesional y Deportes

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado el Real Decreto de Evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizajes informales.

Esta iniciativa permitirá que aquellos ciudadanos que acrediten haber alcanzado un nivel mínimo en lengua castellana, matemáticas y digitalización, pero no disponen de la titulación académica necesaria, puedan acceder al sistema de Formación Profesional, mejorando así sus oportunidades en el ámbito laboral. Se estima que más de diez millones de personas puedan beneficiarse de esta medida.

Con esta aprobación, el Ministerio de Educación garantiza un procedimiento permanentemente abierto, gratuito y accesible para que la ciudadanía con bajo nivel de competencias básicas, pueda validarlas y continuar con su formación a través de una oferta adecuada a sus necesidades de cualificación y recualificación profesional.

El proceso consta de una primera fase de inscripción; una segunda de evaluación, en la que los solicitantes podrán aportar evidencias de estos conocimientos o incluso someterse a una prueba si fuera necesario; y una tercera fase de resolución y acreditación. Esta última se verá acompañada de orientación profesional a través del diseño de itinerarios formativos personalizados preferentemente dentro del sistema de FP.

Este trámite se llevará a cabo en centros públicos de educación para personas adultas, centros del sistema de Formación Profesional o en aquellas entidades colaboradoras autorizadas por la administración autonómica.

La norma desarrolla lo establecido en la Ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y en el Real Decreto de Ordenación del Sistema de FP, aprobados en 2022 y 2023, respectivamente.

Este nuevo avance forma parte del proceso de transformación y modernización del sistema de Formación Profesional que ha impulsado el Gobierno de España en los últimos años y que ha contado con una inversión de más de 6.500 millones de euros.

Política Territorial y Memoria Democrática

MODIFICACIÓN SUBVENCIONES PARA EXHUMACIONES, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifican dos reales decretos: por un lado, el Real Decreto 1179/2024, que regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso, identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la Dictadura; y, por otro lado, el Real Decreto 1220/2024, que regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades, asociaciones y fundaciones para actividades relacionadas con la promoción, fomento y divulgación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura.

La finalidad es sustituir la referencia al presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el año 2024 por una referencia al año 2025. La modificación permitirá tramitar en el ejercicio 2025 las transferencias de crédito y modificaciones presupuestarias necesarias para su aplicación.

Objetivos

• Asegurar la consecución de diversos objetivos propios del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, relacionados con el despliegue de políticas públicas de Memoria Democrática y con la necesidad de cumplir con el principio internacional de reparación de las víctimas, en este caso de la Guerra de España y la dictadura.
• Asegurar la ejecución por parte de las entidades beneficiarias de actuaciones de búsqueda, exhumación y en su caso identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la dictadura, que tengan por objeto la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas y garantizar la ejecución por parte de las entidades beneficiarias de actuaciones de promoción y difusión en el ámbito de la Memoria Democrática.

Política Territorial y Memoria Democrática

RECURSO CONTRA LA LEY FORAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE NAVARRA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinado precepto de la Ley Foral 5/2024, de modificación del artículo 53 de la Ley Foral 8/2005, de protección civil y atención de emergencias de Navarra.

La comisión bilateral, a través del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no ha alcanzado un acuerdo en relación con este precepto.

Fundamentos jurídicos

La generalización del régimen de coeficientes reductores a las nuevas categorías de conductor auxiliar bombero y peón auxiliar de bombero que ya existían desde la reforma de 2023, pero que con la reforma de la Ley Foral 5/2024, se concreta que estas dos categorías se incluyen dentro de la categoría de «bombero», con objeto de extender a las mismas el régimen económico de la Seguridad Social que les es de aplicación a los «bomberos».

El artículo único de la norma autonómica procede a la modificación de las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 53 de la Ley Foral 8/2005, de protección civil y atención de emergencias de Navarra, así como a la introducción de un nuevo párrafo al final del precepto. Con ello se introducen en los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento los puestos de trabajo de «Conductor auxiliar bombero» y de «Peón auxiliar de bombero», considerándose ambos «pertenecientes a la categoría profesional de Bombero, en sus diferentes escalas o especialidades». Esta previsión implica encajar estos nuevos colectivos dentro de las especialidades existentes para los Bomberos en materia de seguridad social y jubilación, lo que va contra las competencias que ostenta el Estado en la materia con fundamento en el art. 149.1.17ª de la Constitución Española, las previsiones de la normativa básica, y el principio de igualdad (arts. 14 y 139.1 de la Constitución).

A nivel estatal, se exige un procedimiento reglado específico para poder establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en la Seguridad Social. La norma autonómica, no obstante, pretende orillar este procedimiento y estas exigencias básicas, incluyendo nuevas categorías de bomberos no previstas allí y sin el debido procedimiento, lo que resulta incompatible con la normativa básica estatal. Esta imposibilidad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social núm. 438/2024, de 6 de marzo).

Los anteriores razonamientos vienen también avalados por la reciente aprobación de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, que en la disposición adicional segunda establece la aplicación del régimen general de la seguridad social de los bomberos, así como la disposición adicional cuarta, relativo a su jubilación. La aplicación de estas previsiones incluye también a Navarra (como recuerda la disposición adicional séptima de la norma controvertida), habiendo de recordarse que las especialidades reconocidas por la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) en materia de régimen estatutario de funcionarios públicos de la Comunidad Foral (art. 49.Uno.b) LORAFNA) no alcanza al régimen de la Seguridad Social.

De reconocerse la competencia a la Comunidad Foral de Navarra de poder establecer su propio sistema de Seguridad Social, así como de reglas especiales en materia de jubilación, se produciría una quiebra del sistema y de la caja única (art. 41 de la Constitución), así como del principio de igualdad reconocido para todos los españoles (art. 14 de la Constitución) y, en definitiva, del mandato constitucional previsto en el art. 139.1 del texto constitucional, que proclama que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

Conclusión

Concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional del artículo único de la Ley Foral 5/2024, de 10 de mayo, de modificación del artículo 53 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias de Navarra.

Política Territorial y Memoria Democrática

IMPUGNACIÓN DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DE CANTABRIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la impugnación ante el Tribunal Constitucional, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, de la Ley de Cantabria 1/2024, que deroga la Ley 8/2021, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

Hay que destacar que la Comunidad Autónoma de Cantabria ha declinado la invitación del Estado para abrir el procedimiento del artículo 33.2 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar alcanzar un acuerdo, a través del diálogo, en le Comisión Bilateral de Cooperación.

Fundamentos jurídicos

La Ley de Cantabria examinada no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica, deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal. En consecuencia, esta derogación en bloque menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática (LMD) y la evidente la desprotección de las víctimas.

La vulneración del orden constitucional de distribución competencial se refiere, en particular, a las reglas 1ª y 30ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, y al deber de colaboración.

En nuestro Derecho está claramente establecido el deber de memoria en el artículo 34 LMD, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española (CE).

Este deber afecta a todas las administraciones públicas, como resulta del artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática, que establece singularmente los principios de colaboración y subsidiariedad en relación con esta la Memoria Democrática, también dictado al amparo del artículo 149.1.1ª CE.

La Ley impugnada deroga el deber de memoria en territorio cántabro, lo que imposibilita y menoscaba el cumplimiento de los deberes de colaboración y aplicación de las previsiones de la Ley de Memoria Democrática y determina la vulneración de los mandatos de la citada Ley, incumpliendo sus exigencias en cuanto a las actuaciones de competencia de las administraciones públicas cántabras de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en su artículo 14.

Por otra parte, también hay que recordar que la Ley de Memoria Democrática se fundamenta, además, en el artículo 149.1.30ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

La derogación de las previsiones relacionadas con la actualización curricular y las actuaciones de formación del profesorado en relación con la Memoria Democrática, actuaciones de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, conducen nuevamente a plantear la inviabilidad de la aplicación práctica de las previsiones de la Ley estatal en relación con el ámbito educativo establecidas al amparo del artículo 149.1.30ª CE, a través de esta derogación que opera la Ley cuestionada.

El dictamen mayoritario del Consejo de Estado aprecia "la procedencia de la impugnación de la totalidad de la ley por los motivos indicados en el cuerpo del presente dictamen"-

Por tanto, el Consejo apoya la impugnación si bien introduce matices no esenciales sobre la fundamentación jurídica. Desde una perspectiva aplicativa, el Consejo aprecia la inconstitucionalidad mediata por vulneración del deber de colaboración regulado en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática.

Por tanto, resulta procedente la presente impugnación, ya se aprecie la vulneración únicamente del deber de colaboración establecido constitucionalmente, así como en la normativa estatal y especialmente en el artículo 14 de la LMD que se fundamenta como se ha expuesto en el artículo 149.1.1ª y 1.30ª de la Constitución (en este último caso, en cuanto a los preceptos de la LMD correspondientes al ámbito educativo) en relación con los artículos 10 y 15 CE, o ya se entienda que tal vulneración implica necesariamente la vulneración mediata de los derechos constitucionales que fundamentan en última instancia las normas jurídicas que establecen las obligaciones resultantes de tal deber de colaboración, a fin de que se garantice la atención por parte de todas las administraciones públicas a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en los términos establecidos por la LMD interpretada, como señala la propia Ley, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución española, "de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera".

En definitiva, se trata de dos argumentos distintos, pero conexos y que en todo caso llevan a la misma conclusión, que es la inconstitucionalidad en su conjunto de la norma autonómica.

Conclusión

Concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la Ley cántabra 1/2024, de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por la que se modifican el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Los cambios normativos buscan garantizar mayores derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y amplían el catálogo de servicios a los que pueden optar.

Reforma de la Ley de dependencia

En cuanto al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona, así como también eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay casi 2 millones de personas que requieren atención por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y en 2024 se destinaron 783 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del SAAD.

Por ello, el nuevo texto de la Ley de Dependencia va a ampliar y reorganizar los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias. Al mismo tiempo, la reforma incorpora nuevos servicios orientados a este fin, como la extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. A partir de la aprobación de la reforma, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio. Además, la reforma elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo. En primer lugar, ofrece servicio de cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como "cohousing". En segundo lugar, se estipula un servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía. Y, en tercer lugar, se incluye un servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo.

A esta ampliación de servicios, la reforma suma más derechos en materia de dependencia.Por ejemplo, se contempla que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Otro derecho importante que recoge el anteproyecto es el de las personas en situación de dependencia a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia. La reforma obligará a las comunidades autónomas a implementar procedimientos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, con el objetivo de proporcionar una atención integral que combine ambas áreas. La reforma legislativa aborda, además, la situación de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo un derecho para que puedan recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional; así como para obtener información accesible sobre las prestaciones y la calidad de los servicios, y para disponer de medidas para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.

Reforma de la Ley de discapacidad

En relación con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el anteproyecto de ley aprobado se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. La reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como la accesibilidad universal. Esto se concreta en que la ley estipulará este derecho como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como la instalación de rampas para sillas de ruedas o la creación de QR para audiodescripciones.

En lo referente al ámbito privado, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a las comunidades de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.

Otro derecho fundamental que garantiza el anteproyecto está relacionado con los seguros de salud o de vida, prohibiendo a las compañías asegurados a discriminar a personas con discapacidad que quieran contratar un seguro. Por otro lado, se simplificarán algunos trámites administrativos para poder acelerar los procedimientos. En este sentido, se va a establecer una pasarela directa para que las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%.

La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología, estableciendo una supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad. La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.

Por último, el anteproyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres discapacidad, incidiendo en la importancia de busca garantizar su salud sexual y reproductiva. Así mismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

AMPLIACIÓN DE MEDIDAS PARA LA RESIDENCIA Y TRABAJO DE EXTRANJEROS AFECTADOS POR LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para la prórroga y renovación de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y/o trabajo para aquellas personas extranjeras que tuvieran el domicilio o su lugar de trabajo en alguno de los municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, y por las que se establece el procedimiento para solicitar una autorización por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las personas extranjeras afectadas por la DANA y de sus empleadores, se amplían las medidas adoptadas hasta la fecha para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida y facilitar la continuidad de la residencia y la actividad laboral.

• Se prorrogan o renuevan automáticamente, previa solicitud, las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia que caduquen entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025.
• Aquellas autorizaciones vinculadas al alta en la Seguridad Social, serán efectivas desde su resolución por la Oficina de Extranjería, aunque el empleador no haya podido formalizar el alta debido a la DANA.
• Se resolverán favorablemente las solicitudes de autorización inicial, renovación, modificación o prórroga presentadas antes del 4 de noviembre de 2024 que estuvieran en trámite, salvo que concurran razones de orden público, seguridad o salud pública.
• Se habilita la posibilidad de solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de duración inicial de un año a personas extranjeras y sus familiares domiciliados en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 que no contaran con una autorización de residencia en ese momento. Los familiares extranjeros de víctimas mortales a causa de la DANA podrán acceder a esta autorización con una vigencia de cinco años.
  

BIOGRAFÍAS

Vivienda y Agenda Urbana

Directora del Gabinete de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

Dª. LAURA SÁNCHEZ ESPADA

Es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Desde julio de 2021 hasta abril de 2023, fue directora adjunta de Comunicación de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Desde abril de 2023 hasta noviembre de 2023, fue directora de Comunicación de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Desde noviembre de 2023, ha sido la directora de comunicación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

Desde noviembre de 2018 a julio de 2023, trabajó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la comunicación digital de la Comisión Ejecutiva Federal. De julio de 2018 a septiembre de 2018 fue redactora en prácticas en Radio Televisión Española, en la sección de economía de los informativos de TVE. Entre 2015 y 2018 fue miembro de diferentes instancias de la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo el Consejo de Gobierno y el Claustro Universitario.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en Emiratos Árabes Unidos

D. EMILIO PIN GODOS

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Master of Laws (LLM) por la Universidad de Londres. Ingresó en la carrera diplomática en 2001. En el exterior ha sido segunda jefatura en la Embajada de España en Tanzania y en la Embajada de España en Namibia, secretario de Embajada en Roma y consejero en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra, ocupándose de Derechos Humanos.

En los servicios centrales ha ocupado los puestos de asesor jurídico en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como de vocal asesor de Emergencia Consular. Desde agosto de 2021 es el jefe adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional.