Referencia del Consejo de Ministros

14.5.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

Economía, Comercio y Empresa

Sanidad

Ciencia, Innovación y Universidades

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se autoriza al Hospital Intermutual de Levante, Centro Mancomunado de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la celebración de un Acuerdo Marco para la homologación de suministradores de productos sanitarios de osteosíntesis, por un valor estimado de 13.975.483,59 euros, IVA excluido.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C16, R1). ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C18, I6). ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de diciembre de 2022, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto, entre las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y Melilla, de los créditos presupuestarios destinados a la inversión "Data Lake sanitario" del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2023, por un importe total de 28.000.000 de euros, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda la participación en más de dos consejos de administración.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I2). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la reserva de fondos del Programa Único - Industria y empresas, por importe de 17.500.000 euros.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I3). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación del Programa de emisión de bonos para colectivos vulnerables, en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la reserva de fondos del Programa Único - Bono Social, por importe de 5.250.000 euros.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la reserva de fondos del Programa Único - Edificios, por importe de 14.000.000 de euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Trabajo y Economía Social

  • REAL DECRETO por el que se nombra secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Economía Social a D. NOEL RODRÍGUEZ GARCÍA.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Economía, Comercio y Empresa

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ACCESO AL CINE DE MAYORES DE 65 AÑOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para atender las ayudas recogidas en el Real Decreto 321/2024, de 26 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 años o más para 2024.

Estas subvenciones se concederán vía el Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), adscrito al Ministerio de Cultura.

Mediante el citado Real Decreto 321/2024 se establece el otorgamiento de una subvención de concesión directa a las salas de exhibición cinematográfica de toda España para sufragar parte del precio de las entradas que sean adquiridas por las personas de 65 o más años, de manera que puedan acceder al visionado de cualquiera de las películas programadas en las sesiones ordinarias de la sala beneficiaria por el precio de dos euros, un día a la semana, a establecer por la sala de exhibición, durante el periodo comprendido desde la publicación de la resolución de concesión hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el calendario de pagos previsto en el artículo 12 del citado Real Decreto, la distribución del gasto por anualidades será de nueve millones de euros en 2024 y tres millones de euros en 2025.

Por ello, se desprende la necesidad de autorizar límites en 2025 por valor de tres millones, al no existir crédito inicial en 2024, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, lo que requiere de autorización por parte del Consejo de Ministros.

Hacienda

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN MADRID
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 941,25 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Esta Comunidad Autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 941,25 millones de euros, destinadas a financiar la desviación de la referencia de déficit de 2023, que se fijó en el 0,3 por ciento del PIB regional, según se deduce de los últimos datos de déficit y deuda publicados.

La financiación de las desviaciones del objetivo de déficit de ejercicios anteriores pendientes de financiar es un requisito esencial para evitar tensiones de tesorería en las Comunidades Autónomas afectadas y una dinámica acumulativa de la deuda comercial con el consiguiente incremento del período medio de pago a los proveedores.

El retraso en el pago a los proveedores de las Administraciones públicas afecta a la situación financiera de los agentes de la economía real, lo que constituye un factor económico de interés general que perjudica el crecimiento y el nivel de empleo.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

APOYO A LAS CC.AA. EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
El Consejo de ministros ha acordado autorizar la celebración del contrato del servicio de apoyo a las comunidades autónomas, con medios aéreos, en la extinción de incendios forestales durante los años 2024 y 2025, por un valor estimado de 47.403.940,19 euros, cuyo objetivo es regular la prestación de un servicio de extinción de incendios forestales con 25 helicópteros de transporte de brigadas y lanzamiento de agua, 2 helicópteros bombarderos semipesados, 8 aviones anfibios de capacidad media y 10 aviones de carga en tierra, con apoyo de lanzamiento de agua, de traslado de brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) u otras misiones autorizadas por el MITECO. Estos medios aéreos complementan la flota propia del Ministerio, formada por 14 aviones anfibios.

Hasta el año 2022, este despliegue de medios aéreos se concentraba durante el verano, periodo de máximo riesgo de incendio, y, en menor medida, durante algunos meses de invierno y primavera, fundamentalmente en el noroeste peninsular. Sin embargo, el efecto combinado de los cambios climático y socioeconómico, con el consiguiente alargamiento y cierta desestacionalización de los periodos de riesgo de incendio, con grandes incendios forestales fuera de los meses de riesgo habitual, motivó la aprobación del Real Decreto-ley 15/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, que obliga al MITECO a mantener activo, a lo largo de todo el año, un dispositivo de medios aéreos de apoyo a las CCAA, reforzando la labor de apoyo de la AGE.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

OBRAS PARA REPARAR DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL NELSON
El Consejo de ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de los daños causados por el temporal Nelson del mes de marzo de 2024 en las costas de las provincias de Málaga, Almería, Tarragona, Barcelona y Girona, por un importe global de 4.780.000 euros.

La borrasca Nelson que produjo a finales del mes de marzo precipitaciones, rachas de viento y fenómenos costeros de intensidad extraordinaria, provocó daños en la costa, en varios puntos del dominio público marítimo-terrestre en las provincias de Málaga, Almería, Tarragona, Barcelona y Girona.

Los daños son muy similares en todos los casos: pérdida de arena en playas, desperfectos en mobiliario e instalaciones urbanas y, en algunas ocasiones, la aparición de restos antrópicos, hasta esa fecha tapados por la arena. La recuperación natural de la arena en estas playas puede tomar demasiado tiempo o incluso no producirse, de forma que dejarían de cumplir su función de defensa de la costa, de hábitat para flora y fauna, o de lugar de esparcimiento y uso público.

Por esta razón, es necesario intervenir sin demora para prevenir daños adicionales en la costa si se presentara otro temporal en el corto plazo, que, aun cuando fuera de intensidad ordinaria, provocaría daños significativos al no contarse con la protección natural que provee una playa bien configurada.

La actuación aprobada consiste en la extracción de arena y su aportación a las playas y en la eliminación de restos antrópicos, pero no incluye las reparaciones de bienes responsabilidad de otras administraciones o de terceros (i.e. mobiliario urbano).

La ejecución de emergencia se ha autorizado por Resolución de 22 de abril de 2024 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por un importe global estimado de 4.780.000,00 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se acepta la propuesta de enmienda al artículo 12.1 del Convenio constitutivo del Banco Asiático de Desarrollo. La enmienda propuesta consiste en la eliminación del contenido del artículo 12.1 del Acuerdo, que pasa a figurar como "suprimido". Esta enmienda no implicará contribuciones adicionales por parte de los accionistas y, por tanto, no requerirán la asunción de nuevas obligaciones financieras por parte de la Hacienda Pública española. Se trata de la primera modificación del Acuerdo constitutivo del BAsD.

El Acuerdo por el que se establece el Banco Asiático de Desarrollo se adoptó en Manila el 4 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 22 de agosto de 1966. España se adhirió al BAsD el 30 de mayo de 1986.

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) es una organización financiera para el desarrollo económico de Asia y el Pacífico, cuyo objetivo principal es la erradicación de la pobreza y la mejora del nivel de vida de la población de la región a través de préstamos y colaboración técnica.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENTRADA EN VIGOR DE LAS ENMIENDAS A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al Anexo II de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

La Convención Internacional de la Unesco contra el Dopaje en el Deporte, de 18 de noviembre de 2005, ratificada por España el 25 de octubre de 2006, entró en vigor de forma general y para España el 1 de febrero de 2007. Su finalidad es la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje en el deporte, y la cooperación en el plano nacional y mundial. El Anexo II de la Convención se refiere a la "Norma Internacional para autorizaciones de uso terapéutico".

El 1 de octubre de 2022, la directora general de la Unesco remitió a los Estados Parte de la Convención una Carta Circular informando de la propuesta de Enmiendas al Anexo II de la Convención, formuladas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Transcurrido el preceptivo plazo de 45 días, ningún Estado Parte ha hecho objeciones a las Enmiendas propuestas. Según lo dispuesto en el párrafo 3 del citado artículo 34 de la Convención, tal y como fueron propuestas por la Agencia Mundial Antidopaje, se consideran aprobadas por la Conferencia de las Partes, entrando en vigor el 1 de enero de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MODIFICACIONES EN EL PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO CONTRA LA CONTAMINACIÓN CAUSADA POR FUENTES Y ACTIVIDADES SITUADAS EN TIERRA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Modificaciones de los Anexos I, II y IV del Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación causada por fuentes y actividades situadas en tierra.

El Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación causada por fuentes y actividades situadas en tierra (Protocolo LBS), fue ratificado por España el 6 de junio de 1984, entrando en vigor para nuestro país el 5 de julio de 1984. La denominación actual se adopta por las Enmiendas adoptadas en Siracusa el 7 de marzo de 1996, que modificaban el Protocolo hecho en Atenas el 17 de mayo de 1980.

En la 22ª reunión de las Partes del Convenio y sus Protocolos, celebrada en Antalya (Turquía) del 7 al 10 de diciembre de 2021, fue nuevamente enmendado por la Decisión IG.25/5, introduciendo modificaciones a los Anexos I, II y IV.

Estas modificaciones responden a la necesidad de reflejar los avances normativos, científicos y técnicos relacionados con las fuentes y actividades de origen terrestre producidos tanto a nivel mundial como regional. Se incluyen los avances pertinentes en el marco del sistema del Plan de acción para el Mediterráneo (PAM) y el Convenio de Barcelona, con especial atención a la aplicación del enfoque ecosistémico y a la mejora de la integración de los enfoques de consumo y producción sostenibles y de economía circular.

Las modificaciones entraron en vigor para todos los Estados parte del Protocolo el 21 de enero de 2023, transcurrido el plazo de 60 días establecido mediante Nota Verbal de 22 de noviembre de 2022 que notificaba la adopción de las Enmiendas sin haberse recibido objeciones.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TOMA DE PARTICIPACIONES A LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DARWAY COAST P3 LIMITED
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la operación de aportación de cuasi capital a la Sociedad de Propósito Específico Darway Coast P3 Limited, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 3.500.000 dólares estadounidenses.

El Acuerdo consiste en la toma de participaciones (aportación de cuasi capital) a la Sociedad de Propósito Específico Darway Coast P3 Limited. Darway, desarrollador y operador de proyectos de energía renovable nigeriano especializado en el desarrollo de minirredes y microrredes escalables para zonas sub-atendidas sin conexión a la red eléctrica. El objetivo principal de Darway es proporcionar un acceso limpio, fiable, sostenible y rentable a la electricidad. Y su objetivo estratégico, llegar a más de un millón de personas en cinco años.

Esta operación contribuirá al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, los ODS 7 (Energía Renovable y no Contaminante), 13 (Acción por el Clima), 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), 3 (Salud), y 5 (Igualdad de Género).

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ANTEPROYECTO DE LEY DE ADMINISTRADORES Y COMPRADORES DE CRÉDITOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por el que se transpone la Directiva europea sobre la materia y se modifica la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011/ y la Ley de contratos de crédito inmobiliario /Ley 5/2019).

El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, garantizando que se respetan sus derechos y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas. Asimismo, se favorece la estabilidad financiera, facilitando que las entidades financieras puedan vender sus carteras de créditos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia.

Con este objetivo, el Anteproyecto de Ley, que se publicará en Audiencia Pública para recoger las opiniones de los operadores económicos, regula la compraventa de créditos dudosos y contratos de crédito dudosos realizado por entidades de crédito de la Unión Europea que estén sujetos a la normativa española, estableciendo unas reglas comunes para establecer la operativa de este mercado.

El proyecto normativo regula, en primer lugar, la actividad de administración de créditos dudosos, que consiste en el cobro o la renegociación de créditos dudosos, que pasa a ser una actividad reservada y requiere de la autorización previa del Banco de España. Con el fin de proteger a los consumidores, se establecen como requisitos para obtener esta autorización disponer de un sistema interno adecuado de gestión de reclamaciones, así como una política adecuada que garantice la protección y trato justo de los prestatarios.

Asimismo, se regula la compraventa de créditos dudosos, asegurándose el mantenimiento de las condiciones y derechos de los prestatarios y trasladándose las obligaciones de transparencia, protección e información, incluyéndose el cumplimento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estuviera adherido.

Más protección para los consumidores financieros

El proyecto normativo establece garantías adicionales para la protección de los prestatarios, que obligan tanto a los compradores como a los services a dar un trato adecuado e información suficiente, además de contar con un servicio de atención al prestatario y de reclamaciones extrajudiciales adecuado. Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones el Banco de España supervisará a los compradores de crédito y a los services, estableciéndose, asimismo, el correspondiente régimen de infracciones y sanciones.

En las normativas sectoriales de crédito al consumo y de crédito inmobiliario se introduce la obligación de que los prestamistas cuenten con una política de renegociación de deudas, debiendo ofrecer al prestatario, antes del inicio de acciones judiciales o la exigencia del pago total de la deuda, medidas encaminadas a alcanzar acuerdos de renegociación.

La norma establece condiciones especiales para los prestatarios en situación de vulnerabilidad económica, que son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y las personas que se encuentren por debajo de unos umbrales mínimos de ingresos y en los que concurran ciertas situaciones de vulnerabilidad adicionales. En estos casos la entidad prestamista que vaya a vender el crédito dudoso a un tercero deberá ofrecer al prestatario la posibilidad de reembolsar el crédito aplicando una quita o condonación parcial alineada con el importe estimado de la venta del crédito.

Se introducen, además, en la Ley de crédito al consumo medidas adicionales de protección de los deudores, dirigidas a mejorar la información y protección de estos clientes. Así, con este objetivo, se limitan los intereses de demora a cobrar en casos de impagos por parte del consumidor; se definen los supuestos de modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida (como en el caso de las tarjetas revolving), permitiendo a los clientes no aceptar las subidas o cancelar el contrato. Finalmente, se clarifican las condiciones de las indemnizaciones por amortización anticipada en el caso de financiaciones ligadas a la compra de bienes o servicios.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LANZAMIENTOS SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028.

La suspensión de lanzamientos hipotecarios prevista en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, vigente hasta el 15 de mayo de 2024, ha formado parte del conjunto de herramientas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID-19, la guerra de Ucrania y, en particular, del aumento de la carga financiera de los hogares asociada a los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual determinado por el endurecimiento monetario iniciado en el segundo semestre de 2022.

En este contexto, resulta necesario mantener la protección de deudores y sus familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, extendiendo la suspensión durante cuatro años adicionales, hasta el 15 de mayo de 2028, con el fin de evitar que estos deudores y sus familias sean conducidos a una situación de exclusión social.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

SERVICIOS ESPECIALES PARA MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL EN ORGANISMOS AJENOS AL CUERPO
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios del Interior y de Defensa, una reforma del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, con un triple propósito, el primero de los cuales es incrementar la seguridad jurídica y concretar la situación administrativa de los guardias civiles que prestan servicio en organismos y entidades ajenos a la institución.

La reforma define con mayor precisión los requisitos a valorar en el informe que emite la Dirección General de la Guardia Civil en estos supuestos, entre los que deberá incluir la relevancia del cargo ocupado dentro de la estructura de seguridad del organismo, entidad o empresa ajeno al cuerpo, así como la existencia de una relación directa de la organización ajena con la seguridad pública mediante la constatación de su naturaleza como infraestructura crítica u operador de servicios esenciales, o de su integración en alguno de los objetivos generales o ámbitos que se recogen en la Estrategia de Seguridad Nacional.

En estos supuestos, la situación administrativa del miembro de la Guardia Civil autorizado a integrarse en un organismo o entidad ajena al cuerdo será la de servicios especiales, y la autorización tendrá un límite temporal de cuatro años, aunque prorrogable por otros cuatro.

En segundo lugar, la reforma mejorar la gestión de los procesos de evaluación para el ascenso en determinados empleos, para la continuación en servicio activo tras alcanzar la edad reglamentaria de pase a reserva, o para la ocupación de puestos de trabajo en esta situación.

Y, en tercer lugar, la modificación simplifica los procesos para la continuación en servicio activo y reducir así la carga de trabajo que soportan los Servicios de Asistencia Sanitaria y de Psicología de la Guardia Civil para llevar a cabo las pruebas médicas y psicológicas, que se ven reducidas en frecuencia, sin perjuicio de las pruebas extraordinarias que puedan requerirse.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la siguiente declaración institucional con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia:

"La sociedad española ha experimentado muchos avances en las últimas décadas en lo referente al respeto a la diversidad sexual y familiar como uno de los valores positivos de una sociedad democrática.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans, y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, han supuesto un importante progreso hacia la igualdad, la justicia social y la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, impulsando a nuestro país a la avanzadilla de los países respetuosos con las personas LGTBI+, en la cuarta posición del ranking de 2023 de la organización ILGA-Europe. España consolida así su liderazgo en las políticas de diversidad sexual y familiar iniciado con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor el 3 de julio de ese mismo año, y con la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, así como con el desarrollo de las sucesivas leyes de derechos LGTBI o específicas de los derechos de las personas trans aprobadas desde 2014 en 15 Comunidades Autónomas.

La Ley 4/2023 promulga un marco que obliga a los poderes públicos a poner en marcha las medidas necesarias para acabar con la discriminación histórica y sistémica hacia las personas trans, y a definir las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGTBI+. La ley establece, así mismo, el mecanismo para el cambio de la mención registral del sexo acorde a los estándares internacionales basados en la autodeterminación y la despatologización.

Cabe destacar también como hitos de la Ley 4/2023 la adopción de medidas a favor de los derechos de las personas intersexuales, y la prohibición, en todo el Estado Español, de las conocidas como terapias de conversión, que no son sino torturas promovidas por prejuicios ideológicos contra las personas LGTBI+.

Según la macroencuesta realizada en 2019 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 43% de las personas LGTBI en España consideran que su Gobierno combate eficazmente los prejuicios e intolerancia hacia las personas LGTBI, porcentaje mayor que para la EU-28, que es del 33%. Además, la encuesta muestra que España es el país en el que más personas LGTBI, el 60%, responden que siempre o a menudo ha habido un compañero o compañera de trabajo que les ha apoyado, defendido o protegido, y la mitad de las personas adolescentes LGTBI de 15 a 17 años, considera que en la escuela alguien siempre los defendió o los apoyó. Asimismo, según el Eurobarómetro Especial 535 de 2023 sobre discriminación en la UE, el 80% de la población española se sentiría totalmente cómoda teniendo a una persona trans o intersexual en el cargo político electo más elevado, frente al 58% de la media en la UE.

Estos datos reflejan la alta aceptación de la diversidad sexual por parte de la sociedad española y su compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Sin embargo, asistimos en paralelo a un auge de discursos y de retórica anti-LGTBI+, sobre los que alertan tanto las organizaciones de la sociedad civil como las instituciones europeas, y que comprometen seriamente el bienestar, la seguridad y la no discriminación de las personas LGTBI+, y en particular de las personas trans. Así, todavía el 48% de las personas LGTBI+ en España, según datos de la FRA, evitan ir de la mano con sus parejas en público (seis de cada 10 en la Unión Europea) y el 23% nunca hace visible su orientación sexual o su identidad sexual (el 30% en la UE) por miedo a sufrir violencia y el 21 % se sintió discriminado en el trabajo.

El Informe sobre delitos de odio, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, y que anualmente presenta el Ministerio del Interior, alerta año tras año sobre el elevado índice de delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad sexual, reales o percibidas, de las víctimas, siendo este motivo, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país, alcanzando la cuarta parte de todos los que se denuncian.

El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, en todo el estado, como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado con la reciente elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional y la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que incluye entre los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas LGTBI, y en particular a las personas trans.

Estos avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación. En este sentido cabe destacar la puesta en marcha del servicio LGTBI 028 de información y atención integral en materia de derechos LGTBI+ y delitos de odio por LGTBIfobia que se presta en todo el territorio de manera gratuita y accesible, las 24 horas, los 365 días del año, en coordinación con los servicios similares existentes que se prestan desde las comunidades autónomas.

Asimismo, el Gobierno está en proceso de finalización del diseño y la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene abierta una Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales a fin de desarrollar reglamentariamente el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que establece la obligación de las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras de contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, incluyendo un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI+, que serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras.

El Gobierno de España parte del convencimiento de que los poderes públicos deben implementar políticas decididas que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, promuevan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y la lucha contra toda forma de discriminación. Es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025". Durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, el segundo semestre de 2023, se impulsó la firma en Madrid de la Declaración "Avanzando los derechos LGBTIQ en Europa", rubricada por 16 estados miembro de la Unión Europea, y que supone un ambicioso llamamiento tanto a los estados como la Comisión Europea a continuar el progreso en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida y en todas las políticas, como la política de migración y asilo, sanitaria, educativa o laboral, entre otras, y teniendo también en cuenta la discriminación interseccional; el avance en la recogida de datos estadísticos; la adopción de protocolos y medidas para la prevención y abordaje frente al acoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, con especial atención al acoso y violencia contra las niñas, niños y adolescentes LGTBI+; la dotación económica de las medidas en favor de la diversidad en el empleo; o la intensificación de la lucha contra los delitos de odio, así como de la atención a las víctimas de los mismos. En ese sentido, el Gobierno de España reafirma su compromiso por mantener esa lucha y avanzar en el desarrollo de políticas públicas de defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y prevención de las violencias, incluyendo medidas dirigidas a infancia y adolescencia, en firme colaboración con las comunidades autónomas.

El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, en algunos de los cuales se mantienen legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+.

En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyo al mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad sexual); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBTI Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGBTI en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta organización intergubernamental creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI+); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad; o la Red Europea de Puntos Focales LGBTI en el marco del Consejo de Europa. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todo el mundo. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI+ se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países, así como en los Exámenes Periódicos Universales a los que se someten todos los Estados miembros de Naciones Unidas, en las que España realiza preguntas y formula recomendaciones a aquellos países en los que las personas LGTBI+ son objeto de persecución.

El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+."

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN CANTABRIA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en Cantabria con un valor estimado de 40 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Los pliegos incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 184,166 km de carreteras del sector nº6, incluidos 76,417 km de autovía, abarca varios tramos de las autovías A-67, A-8, S-10, S-20 y S-30, y de las carreteras N-611, N-623, N-634, N-635, N-636 y S-21.

Además, será objeto del contrato la ejecución de la rehabilitación superficial del firme y elevación de pasos peatonales en la N-611, en el tramo entre los puntos kilométricos 187,083 al 189,818, a su paso por los términos municipales de Torrelavega y Polanco.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Desde el 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción,  medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.




Transportes y Movilidad Sostenible

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BILBAO
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 55,44 millones de euros (IVA no incluido) el contrato de obras del Espigón Central, en el marco de la ampliación del puerto de Bilbao, en el Abra Exterior (2ª fase).

Con este proyecto, la Autoridad Portuaria de Bilbao culminará la ampliación del puerto en el Abra Exterior para incentivar el tráfico de mercancía general de todo tipo, incluyendo tráfico ro-ro (del inglés "roll-on/roll-off", en referencia a buques o barcos que transportan cargamento rodado) y de piezas eólicas, producidas en el hinterland (zona terrestre de origen o destino de las mercancías o pasajeros) del puerto.

En concreto, la actuación contempla la ejecución de dos nuevos muelles:
  • El muelle A3, de 664 metros.
  • Ampliación del muelle A4, con 347 metros nuevos que se suman a los construidos en fases previas, para un total de 694.

El calado de ambos muelles es de 21 metros y permitirá generar una nueva superficie de 31,2 hectáreas para el movimiento de mercancías y/o pasajeros.

Además, esta obra será un ejemplo de economía circular, al reutilizar material de otras obras del entorno para ejecutar el relleno general.

Este proyecto está previsto en el vigente plan de inversiones 2023-2027 de la Autoridad Portuaria de Bilbao, incluido en el Plan de Empresa consensuado con Puertos del Estado.

Imagen aérea del puerto de Bilbao


Zona de actuación

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Burgos, con un valor estimado de 26 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de dos años, con posibilidad de prórroga de tres años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Los pliegos incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 179,323 km de carreteras del sector nº6, incluidos 45,700 km de autovía, abarca varios tramos de las autovías A-11 y algunos de sus enlaces con otras vías, la A-62 y de las carreteras A-1R, N-122, N-122A, N-620A, N-622, N-622A, N-1 y N1A.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la ejecución de la mejora superficial del firme de la carretera N-622 Lerma-Quintana del Puente, del km 48 al 60.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.


Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de A Coruña, por 22,6 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 157,720 km de carreteras del sector nº2, incluidos 40,795 km de autovía, y abarcan varios tramos de las autovías A-54 (desde el km 66,420 al 93,400), SC-21 (del km 0 al 1,195), SC-20 (del km 0 al 10,350) y varios tramos de las carreteras N-525, N-547, N-550, N-550A, N-634 y N-634A.
Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato el repintado de marcas viales en:
  • La A-54, del km 66,420 al 93,400;
  • La SC-21, del km 0 al 1,195;
  • La SC-11, del km 0 al 2,270;
  • La SC-20, del km 0 al 10,350;
  • La N-550, del km 67,075 al 83,1200;
  • La N+550a, del km 80,650 al 83,660;
  • La N-547, del km 42,600 al 88,420;
  • La N-634, del km 676,845 al 709,110
  • Y la N-525, del km 321,480 al 337,740.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Mantenimiento de cartelería. SC-21 PK 1+100


Desbroce A-54

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 20,9 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 191,247 km de carreteras del sector nº5 (incluidos 52,220 km de autovía), que incluye varios tramos de la autovía A-66 (desde el km 687,700 al 739,920), y las carreteras N-432 (desde el km 69,400 al 160), la N-432A (desde el km 153,660 al 156,270 y desde el PK 158,700 al 159,540) y varios tramos de la carretera N-630.

Junto a las carreteras relacionadas, será ejecutada la rehabilitación superficial del firme en la autovía A-66, entre los puntos kilométricos 688,100 al 691,800, en el tramo Puebla de Sancho Pérez - Calzadilla de los Barros.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.

Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción,  medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

IMÁGENES DEL SECTOR Nº5 COEX BADAJOZ


Reparación de barrera de seguridad. Autovía A-66 PK 737

Repintado marcas viales. Carretera N-630 PK 725+800

Economía, Comercio y Empresa

AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE VODAFONE ESPAÑA POR ZEGONA
El Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición del 100% del Grupo Vodafone España por Zegona Bidco. La operación, que supone la compra del tercer operador de telecomunicaciones en España por cuota de mercado (16% de clientes de banda ancha fija y 22% de clientes de telefonía móvil, según los últimos datos publicados por CNMC y referidos a febrero de 2024), está valorada en 5.000 millones de euros que se financiarán con una combinación entre deuda y capital.

El grupo comprador ha presentado en el proceso de autorización diversos compromisos a través de un plan estratégico y financiero. En concreto, a garantizar la continuidad del servicio y contempla inversiones futuras, principalmente en cobertura móvil con tecnología 5G, así como a adoptar medidas que garanticen la solvencia financiera.

Estas inversiones, especialmente las dirigidas al desarrollo del 5G, permitirán a España consolidar su posición a la vanguardia europea en conectividad, beneficiando a los ciudadanos y empresas, al impulsar el desarrollo tecnológico del país. Además, Zegona también se ha comprometido a mantener los contratos relevantes con la Administración General del Estado y a mantener estabilidad en los activos estratégicos de la compañía.

"El sector de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de profunda reorganización, y es obligación de los poderes públicos garantizar que este servicio estratégico no sólo esté asegurado, sino que salga reforzado cuando se produce una operación empresarial de alcance" ha dicho el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Con los compromisos asumidos por el comprador, estamos convencidos de que el liderazgo de España en conectividad podrá consolidarse".

España dispone de un 100% de conectividad en banda ancha ultrarrápida por la combinación de las tecnologías de fibra y satélite, y un despliegue creciente de cobertura 5G articulado a través de un plan de impulso al que se han dedicado más de 1.400 millones de euros.

El Gobierno ha autorizado la operación, que fue informada favorablemente la semana pasada por la Junta de Inversiones Exteriores, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la pasada semana, tras el escrutinio de la operación exigido por la normativa. Además, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha autorizado a la entidad compradora a tomar el control sobre las concesiones de espectro radioeléctrico que ostentaba Vodafone España.

España tiene un control riguroso sobre el control de las inversiones extranjeras que equilibra las garantías de seguridad pública con un marco estable y predecible que continúa atrayendo la inversión exterior, que es fuente de crecimiento y empleo.

Sanidad

UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el fin de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS.

De esta forma, la propuesta legislativa amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, desplazadas temporalmente al territorio español, y a los familiares que los acompañen, cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria.

También se amplían los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

Además, tendrán derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España:
  • Personas solicitantes de protección internacional.
  • Personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal.
  • Víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión.
  • Personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

En este último caso, la asistencia -que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español- será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago.

Estos requisitos podrán acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable, sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago.

Respecto a la prestación farmacéutica, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos.

El Proyecto de Ley recupera, además, la "cartera común de servicios única", que agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos.

Se clarifica la inclusión y pertenencia a la cartera común de servicios del SNS de las prestaciones que mejoran la salud desde una perspectiva poblacional y, dentro de la prestación de atención especializada, se concreta la medicina de precisión, personalizada, predictiva, participativa y poblacional, que está centrada en las características de cada paciente para adaptar de una manera más efectiva y más personalizada el diagnóstico y las medidas terapéuticas o preventivas.

Sanidad

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD MENTAL
El Consejo de Ministros ha autorizado, con carácter previo a la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la distribución a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla de 38.500.000 euros para actuaciones en materia de salud mental.

Estos fondos dan continuidad a los aprobados el año pasado dentro del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que es la herramienta que facilita la implantación en el SNS de las recomendaciones que se hacen en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

El objetivo de dicho Plan de Acción es contribuir a la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del SNS, de forma que permita afrontar los efectos en la salud mental de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia de COVID-19.

Las acciones a desarrollar por el Plan de Acción se presentan a través de seis líneas estratégicas y han sido consensuadas con las comunidades autónomas y sometidas al CISNS para la aprobación de su financiación.

Los fondos autorizados se van a distribuir a todas las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y el INGESA en un 5% de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada territorio; y un 95% distribuido por criterios poblacionales.

La distribución de los fondos es la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA

FONDOS
Andalucía7.064.279,06 €
Aragón1.206.034,08 €
Asturias, Principado de934.998,97 €
Balears, Illes1.090.578,91 €
Canarias1.904.863,41 €
Cantabria597.170,26 €
Castilla y León2.049.197,37 €
Castilla-La Mancha1.804.767,04 €
Cataluña6.529.907,67 €
Comunitat Valenciana4.343.009,27 €
Extremadura973.282,50 €
Galicia2.305.308,07 €
Madrid, Comunidad de5.679.621,74 €
Murcia, Región de1.378.431,56 €
Rioja, La381.660,03 €
INGESA256.890,06 €
Total38.500.000,00 €

Ciencia, Innovación y Universidades

AYUDAS A PROYECTOS DE I+D EN EL MARCO DE LA INICIATIVA TRANSMISIONES 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2024 del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D en líneas estratégicas en colaboración entre organismos de investigación y difusión de conocimientos, en el marco de la iniciativa TransMisiones 2024, por un importe de 40 millones de euros (ampliables a 50 millones, en caso de disponibilidad presupuestaria).

La iniciativa TransMisiones, puesta en marcha en el año 2023, es una acción que se ejecuta en colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, (CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación por la que se coordina la financiación a agrupaciones de empresas y a agrupaciones de organismos de investigación y de difusión de conocimiento que colaboran para el desarrollo conjunto de una actuación coordinada de I+D.

En concreto, TransMisiones 2024 contará con un presupuesto total de hasta 110 millones de euros en subvenciones, de los cuales 40 millones por parte de la AEI irán destinados a agrupaciones de organismos de investigación y de difusión de conocimientos. Por su parte el CDTI tiene un presupuesto de hasta 70 millones de euros que irán destinados a agrupaciones empresariales.

Mediante la iniciativa TransMisiones 2024 se abordan ocho prioridades temáticas ambiciosas y relevantes que definen retos de calado para la sociedad y economía españolas. Las prioridades temáticas son:

1. Impulso del desarrollo de una industria de fusión española: desarrollo de tecnologías para avanzar en el camino hacia la fusión.

2. Energía para el siglo XXI: impulso a los combustibles avanzados, fuentes de energía de base biológica y combustibles sintéticos desarrollados a partir de CO2 capturado.

3. Impulso de la economía circular -singularmente reciclaje y valorización- en el ámbito de energías renovables y almacenamiento energético.

4. Impulso de IoT y edge computing seguros, a.sí como tecnologías profundas de naturaleza transversal vinculadas, para avanzar hacia la fábrica autónoma.

5. Desarrollos para la preservación y usos sostenibles en costas y océanos en un contexto de cambio climático, coexistentes con usos tradicionales y actividades emergentes.

6. Impulsar la mejora genética tanto en variedades vegetales como en especies animales y acuícolas para hacerlas más sostenibles, eficientes y resilientes al cambio climático.

7. Impulso de herramientas inmunológicas (vacunas), tratamientos farmacológicos innovadores y tecnologías de control, para la prevención y detección de los primeros signos de enfermedad en animales, así como su tratamiento, orientado a maximizar la sanidad y el bienestar animal.

8. Avanzar en la investigación en enfermedades infecciosas y en la resistencia antimicrobiana, para contar con ecosistemas de investigación y sistemas sanitarios preparados para diagnosticarlas, prevenirlas y tratarlas.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024. La estrategia da continuidad a las iniciativas desplegadas por el Gobierno de España hasta el momento en materia de Inteligencia Artificial (IA), adaptándolas a los notables cambios experimentados en esta tecnología en los últimos años.

Esta estrategia refuerza el compromiso de España con la vanguardia tecnológica, reafirmando su posición como líder en el desarrollo y aplicación de soluciones de IA. Se trata de un plan ambicioso, diseñado para consolidar y expandir el uso de la IA en el conjunto de la economía y en la administración pública. Su despliegue se realizará en 2024 y 2025, y contará con recursos por 1.500 millones de euros, adicionales a los 600 millones ya movilizados, procedentes fundamentalmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la adenda a dicho Plan.

La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 está estructurada en 3 ejes que activarán 8 palancas de acción.

Eje 1: Refuerzo de las capacidades para el desarrollo de la IA

Este eje de la estrategia pone el acento en la necesidad de reforzar las palancas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial para ser capaces de aprovechar lo máximo posible las oportunidades que ofrece esta tecnología, que está mostrando tanto dinamismo. En concreto, este eje pone el foco en cuatro elementos: el refuerzo de la supercomputación, la capacidad de almacenamiento sostenible, los modelos de lenguaje y la necesidad de talento.

En primer lugar, la Estrategia de IA 2024 parte de la realidad de que la supercomputación es un pilar fundamental para el avance de la IA. Por ello, contempla la inversión de 90 millones de euros para la puesta en marcha de nuevos clústeres altamente especializados, que permitan mejorar las prestaciones del MareNostrum 5, del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), y el refuerzo de la Red Española de Supercomputación. Estas acciones tienen como objetivo aumentar significativamente las capacidades de procesamiento de datos disponibles para la industria y el sector investigativo, permitiendo desarrollos más avanzados y complejos en IA. Además, para propiciar el uso de la IA por las empresas, la Estrategia incluye el compromiso de dedicar un 20% de la capacidad del MareNostrum 5 para la industria.

En segundo lugar, la estrategia incluye iniciativas para el establecimiento de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) ambientalmente sostenibles, a través de un nuevo marco regulatorio que mejore la planificación de estas infraestructuras y simplifique los trámites administrativos, además de ordenar territorialmente la implantación de futuros CPD. Estas medidas posicionarán a España como un referente en la puesta en marcha de prácticas de IA que respeten el medio ambiente y promuevan el uso eficiente de los recursos.

En tercer lugar, este eje incluye la creación y expansión de una familia de modelos de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales que se llamará ALIA, cuyos primeros resultados estarán disponibles al final del verano. Estos modelos, que tendrán más de un 20% de entrenamiento en castellano y lenguas cooficiales, frente a menos del 5% de los modelos actuales, permitirán reducir los sesgos y mejorar las aplicaciones prácticas que las empresas y administraciones de nuestro país pueden desarrollar.

Finalmente, la cuarta palanca de este eje es el impulso del talento especializado en Inteligencia Artificial en un contexto en el que existe una gran demanda de profesionales. La Estrategia impulsará la creación de redes y la búsqueda de sinergias entre los proyectos que ya están en marcha y que han supuesto una inversión de 600 millones de euros. Además, invertirá otros 160 millones más en becas, Formación Profesional y formación de docentes, entre otras cuestiones.

Eje 2: Facilitar la aplicación de la IA en el sector público y privado

En el marco de este eje se articulará un procedimiento para la implantación de la IA en la Administración General del Estado (AGE), a través del proyecto GobTech Lab, que canalizará los casos de uso de esta tecnología a través de un laboratorio de innovación para desarrollar proyectos piloto y soluciones innovadoras para las entidades del sector público estatal. Además, se desarrollará un modelo de gobernanza común de datos y corpus de la AGE que garantice estándares de seguridad-anonimato, calidad, interoperabilidad y reutilización de los datos.

En segundo lugar, para promover el desarrollo de la IA en el sector privado, especialmente en el ámbito de las pymes y autónomos, se desarrollará el programa Kit Consulting, dotado con 300 millones de euros, para que los proyectos empresariales de menor tamaño puedan contratar servicios de asesoramiento para la adopción de la IA. Además, se ha ampliado el programa Kit Digital con la incorporación de nuevos productos IA y una inversión de 350 millones. También se dedicarán 400 millones de euros a través del Fondo NextTech con el objetivo de facilitar financiación a las empresas que desarrollen soluciones de IA.

Este eje se completa con la futura Ley de Ciberseguridad, que establecerá un marco claro e integral para desarrollar la ciberseguridad nacional y mejorará la protección de los sistemas de información, redes y datos, y con el impulso del ecosistema empresarial de ciberseguridad con IA que fomentará la innovación, la colaboración y la adopción de tecnologías de IA en el ámbito de la ciberseguridad.

Además, para iniciativas contempladas en los ejes 1 y 2 (palanca 4 y 6), se invertirá hasta 300 millones procedentes de los Fondos FEDER.

Eje 3: Fomentar una IA transparente, ética y humanística

El cumplimiento de los objetivos de este eje se articulará a través de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que actuará en una triple dirección: como centro de pensamiento y análisis sobre la IA (analizando tendencias, generando debate social e identificando buenas prácticas y riesgos emergentes), como supervisor de un despliegue responsable de la IA (certificando sistemas de IA de acuerdo con el reglamento europeo de IA y estableciendo buenas prácticas para promover modelos transparentes y abiertos) y como referente internacional (participando en las instituciones europeas y mundiales de gobernanza de la IA).

En su valoración durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha dicho que "esta estrategia no sólo refuerza nuestra infraestructura tecnológica y capacidades de innovación, sino que también asegura que el desarrollo de la Inteligencia Artificial en nuestro país se realice bajo los más altos estándares de sostenibilidad y ética. Es un paso adelante hacia una economía más digitalizada y competitiva, donde la tecnología sirve al bienestar de todos los ciudadanos".

Seguimiento y modelo de gobernanza

La Estrategia de Inteligencia Artificial y sus iniciativas serán coordinadas por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero por su alcance e impacto, participarán todos los Ministerios.

Para ello, se ha creado recientemente la Comisión Interministerial para la coordinación y el seguimiento de las medidas a favor de la conectividad y la digitalización de la economía y la sociedad en el ámbito de la Administración General del Estado, cuya presidencia corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. A través de esta comisión se informará y se hará seguimiento de las distintas fases de las medidas que componen la Estrategia.

Además, concretamente para la Palanca 3 de la Estrategia, "Generar Modelos y Corpus para una infraestructura pública de Modelos de Lenguaje", se ha diseñado un convenio de gobernanza en el que participan 15 instituciones especializadas en la materia, como el Centro Vasco de Tecnología de la Lengua (HiTZ) y el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras.

Finalmente, con el objetivo de que la Estrategia sirva para mejorar los procesos de la Administración se harán reuniones con carácter semestral de la Comisión de Estrategia TIC, máximo órgano de gobernanza TIC en la Administración General del Estado, en el que están representados todos los Ministerios, con el fin de detectar, seleccionar y desplegar casos de uso en los que se vean claros beneficios para la mejora del servicio a los ciudadanos, y para disponer de una administración más eficiente y eficaz.

BIOGRAFÍAS

Trabajo y Economía Social

Secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Economía Social

D. NOEL RODRÍGUEZ GARCÍA
Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster Universitario en Administración Civil del Estado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Desde 2020, ha desempeñado varios puestos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social relacionados con la producción normativa del departamento, el desarrollo de medidas en materia laboral y la interpretación jurídica de las normas del orden social, como director de programas y consejero técnico de la Subdirección General de Ordenación Normativa, entre febrero de 2020 y julio de 2021, y, posteriormente, como subdirector general en ese mismo órgano.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Islámica de Irán

D. ANTONIO SÁNCHEZ-BENEDITO GASPAR
Licenciado en derecho y diplomado en administración de empresas por ICADE, es diplomático de carrera desde 1994 y ha desempeñado numerosos puestos tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Durante su estancia en España ha trabajado en las subdirecciones generales de América del Sur y de África Subsahariana, donde fue subdirector general entre 2004 y 2008. En el exterior, ha sido encargado de negocios en Libia, segunda jefatura en las Embajadas de Angola, El Salvador y Mozambique, y embajador en Etiopía, Yibuti y Seychelles, así como representante permanente de España ante la Unión Africana. En el SEAE ha sido embajador de la UE en Madagascar y Comores (2014-2018) y en Mozambique (2018¬2022). Asimismo, ha sido embajador en misión especial para el Sahel en dos ocasiones, entre 2013 y 2014 y entre 2022 y 2024.

Ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas con África y la Cooperación al Desarrollo, así como ha participado en diversas conferencias y seminarios, incluyendo la dirección del curso de verano sobre problemática de la mujer africana en la Universidad de Málaga. Habla fluidamente inglés, francés, alemán, portugués y español. Desde enero de 2024 era embajador en misión especial para el Sahel y el Plan África.

Economía, Comercio y Empresa

Secretaria de Estado de Comercio

Dª. AMPARO LÓPEZ SENOVILLA
Abogada del Estado y máster en Derecho Comunitario. Ha ejercido como abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ha desempeñado funciones de coordinadora de los Juzgados de lo Contencioso administrativo y Juzgados de lo Penal durante cinco años, entre noviembre de 2005 y enero de 2010, y en los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo en 2010. Asimismo, ha sido abogada del Estado-Jefe Adjunta, Coordinadora de Asuntos Concursales en el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, posteriormente, abogada del Estado Jefe del Área Concursal en la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, desde septiembre de 2013 a junio de 2018.

Asimismo, ha sido abogada del Estado coordinadora de los convenios de asistencia jurídica con el Consorcio Ciberesp, con Portel Servicios Telemáticos S.A., con el Instituto de Crédito Oficial, y con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA).

López Senovilla ha sido asesora jurídica del Ministerio de Justicia para el Grupo de trabajo para la reforma del Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia (2012-2013). Responsable de la Delegación española del Grupo V de UNCITRAL (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional), sobre Régimen de la Insolvencia, desde abril de 2014 a junio de 2018 y relatora de la 53ª sesión de dicho Grupo. Asesora Jurídica designada por el Ministerio de Justicia del Grupo de trabajo para la Propuesta de Directiva sobre Reestructuraciones y Segunda Oportunidad, desde enero de 2017 a junio de 2018.

Desde su llegada al Ministerio de Economía y Empresa en junio de 2018 hasta ahora, ha ejercido el cargo de subsecretaria. Ha trabajado en la tramitación de leyes como la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, la Ley de Start -ups y la reforma de la Ley Concursal, incluyendo la transposición de la directiva relativa a marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y mejora de la insolvencia de los procedimientos de insolvencia. Ha participado asimismo en la transposición de la Ley de Información no financiera, que es el precedente de la actual Directiva de sostenibilidad. También ha participado de forma directa en el diseño y ejecución de las inversiones correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio durante esa etapa.

Ha sido también miembro del Consejo de Administración de SEPI, vocal de la Comisión Rectora del FROB y vocal del Consorcio de la Ciudad de Toledo desde junio de 2018 a la fecha. Es además socia de honor de AEMPI, Asociación de Mujeres Profesionales de la Insolvencia.

Subsecretaria de Economía, Comercio y Empresa

Dª. AIDA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Nacida en Madrid y licenciada y máster en Periodismo, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas desde 2022, ha formado parte de consejos de administración de Organismos Internacionales de Propiedad Industrial como la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Previamente, entre 2018 y 2022, ha sido jefa de gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

A lo largo de su trayectoria profesional en la Administración General del Estado, ha ejercido diversos puestos en gabinetes ministeriales como asesora del Gabinete de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y del ministro de Economía y Empresa. Con carácter previo, también fue asesora en el Gabinete de la Subsecretaría de Fomento.