Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se autoriza la modificación de las condiciones del préstamo otorgado por el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) a la entidad angoleña KixiCrédito.

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 30.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para la realización de medidas de empleo y formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C7, R4). REAL DECRETO por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un encargo entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., y la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), para la ejecución de los trabajos de desarrollo de actuaciones de mantenimiento, conservación y restauración ambiental en márgenes y cauces de dominio público hidráulico en el ámbito geográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por un importe de 14.999.962,89 euros.
• INFORME sobre la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2022-2030.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa, enmendado, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2020 al Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, adoptadas por la Resolución MEPC.325(75).
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2021 a los Anexos I y IV del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y al Anexo VI del Protocolo de 1997 que enmienda dicho Convenio, adoptadas mediante las Resoluciones MEPC.329(76), MEPC.330(76) y MEPC.328(76).
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2021 a los Anexos 1 y 4 del Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001, adoptadas por la Resolución MEPC.331(76).
• ACUERDO sobre propuestas de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Hacienda y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 23.065.911,16 euros, y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, en las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe total de 63.404.668,53 euros: para atender los daños ocasionados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, por importe de 16.400.000 euros; por la borrasca Filomena, por importe de 6.000.000 de euros; por diversas catástrofes, por importe de 520.000 euros; para atender gastos destinados a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por un importe de 18.681.577,42 euros; para atender las subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, y en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por un importe de 7.954.651,58 euros, y en el Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por un importe de 11.010,93 euros; y para atender las subvenciones previstas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, por un importe de 148.503,25 euros, así como para atender las subvenciones establecidas en el Real Decreto-ley 4/2022, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, por un importe de 13.688.925,35 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contratación de las obras de rehabilitación de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias, por un valor estimado de 12.614.151,49 euros.
• ACUERDO por el que modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación de la tercera adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears.
• ACUERDO por el que modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., la tramitación de la tercera adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears.
• ACUERDO por el que modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar la adhesión del Reino de España al Consorcio Europeo de Infraestructura de Investigación Cherenkov Telescope Array ERIC.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el Ministerio de Sanidad, a fin de posibilitar a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia la tramitación de diversos contratos de servicios de asistencia técnica y encargos a medios propios en los ejercicios 2024 y 2025.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a otorgar garantías por un importe máximo de 7.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a otorgar garantías por un importe máximo de 25.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a otorgar garantías por un importe máximo de 20.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe General sobre la planificación estratégica de subvenciones en el sector público estatal 2021, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.

Interior

• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para subsanar los daños que presentan las cornisas y fachadas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Batalla del Salado, 32 de Madrid, por importe estimado de 91.138 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento de Infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Noreste (2 Lotes). Valor estimado del contrato: 151.368.311,99 euros.

Industria, Comercio y Turismo

• REAL DECRETO por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.
• REAL DECRETO por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• PROYECTO DE LEY básica de agentes forestales y medioambientales.
• PROYECTO DE LEY básica de bomberos forestales.
• REAL DECRETO por el que se designa el laboratorio nacional de referencia de distintas enfermedades de los animales y se derogan diversas normas de sanidad animal.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión o elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo.

Cultura y Deporte

• ANTEPROYECTO DE LEY reguladora de la Fundación del Teatro Real, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la prestación del servicio de limpieza en el Archivo de la Corona de Aragón, por un importe de 46.668,31 euros (IVA incluido).
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley reguladora de la Fundación del Teatro Real.
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la convocatoria, correspondiente al año 2023, de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, por importe de 36.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 16 de marzo de 2023, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven.

Igualdad

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por importe de 19.800.000 de euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, por importe de 17.058.700 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios en 2023 destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 140.202.020 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Moldavia a D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ-SOLÓRZANO.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario General de Agenda Urbana y Vivienda a D. JOSÉ IGNACIO CARNICERO ALONSO-COLMENARES.
  

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ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concesión de una subvención de 30.000.000 euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para la realización de medidas de empleo y formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Las medidas se instrumentarán mediante un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias y el periodo de ejecución podrá prolongarse durante el año 2024.

Antecedentes

El Consejo de Ministros, aprobó mediante Acuerdo de 28 de septiembre de 2021 un paquete de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo, destinadas, por un lado, a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma y, por otro, a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas que preveía un Plan Extraordinario de Formación y Empleo para la isla de La Palma.

El Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, incluía el Plan extraordinario de Formación y Empleo para la isla de La Palma, del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2021, con un crédito por importe de 63 millones de euros.

Objetivos del Plan

El plan prevé que se puedan concretar medidas en torno a la formación, el empleo y la orientación empresarial y profesional a través del Servicio Canario.

Permitirá, entre otros aspectos, atender las nuevas necesidades formativas generadas por las transformaciones de las empresas, reforzar la orientación profesional en las zonas afectadas mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, incluyendo apoyo psicológico, de ser necesario a través de una unidad de Atención Sociolaboral.

Además, reforzar la orientación profesional en las zonas afectadas tanto al empresariado como a las personas trabajadoras mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, incluyendo apoyo psicológico, de ser necesario, a través de una unidad de atención sociolaboral.

Entre los objetivos de este plan, también se encuentran:

• Fomentar el desarrollo de medidas destinadas a la expansión la economía de los cuidados en La Palma que permitan favorecer la fijación de empleo y población en el territorio y las acciones dirigidas al fomento de la economía social en La Palma destinadas a dinamizar la promoción sociolaboral y cooperación para el desarrollo.
• Promover actividades para la recualificación y mejora de las competencias de las personas afectadas hacia nuevas actividades económicas.
• Dotar de ayudas económicas a las empresas para la reconstrucción y/o reestructuración de sus actividades económicas, para mejoras de sus negocios, para la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía circular o la transición ecológica, entre otros.
• Dar apoyo, a través de inversiones en infraestructuras y equipamientos, al tejido empresarial, a las personas trabajadoras autónomas y a las entidades de la economía social de las zonas afectadas por la catástrofe para la recuperación de sus empresas.
• Dirigir la formación a la transformación de las empresas, las necesidades prospectivas de nuevos negocios y nuevos empleos, la transformación ecológica y digital, el surgimiento nuevas necesidades de mano de obra en obras públicas para la reconstrucción o en sectores provisionales hasta que se consigue la normalidad o en sectores emergentes en la economía de La Palma.
• Poner en práctica medidas destinadas a la expansión la economía de los cuidados en La Palma que permitan favorecer la fijación de empleo y población en el territorio.
• Implantar acciones dirigidas al fomento de la economía social en La Palma destinadas a dinamizar la promoción sociolaboral y cooperación para el desarrollo. Apoyo y asesoramiento para la reorientación de las actividades empresariales más afectadas. Apoyo a través de inversiones en infraestructuras y equipamientos al tejido empresarial, personas trabajadoras autónomas y entidades de la economía social de las zonas afectadas por la catástrofe para la recuperación de sus empresas además de acciones dirigidas al mantenimiento de los puestos de trabajo en los sectores o colectivos específicos que en mayor medida se encuentren afectados por la situación de emergencia. Ayudas económicas a los trabajadores en ERTE o ERE.

Finalmente, podrá poner en marcha también otras acciones de formación para la cualificación, recualificación y mejora de las competencias de las personas hacia nuevas actividades económicas. Prevé, además, ayudas en incentivos a la contratación para empresas que amplíen o diversifiquen su actividad económica.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLANES DE ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), relativos a las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Se trata de un instrumento estratégico transversal que permite un aprovechamiento óptimo del espacio marítimo, reduciendo conflictos y potenciando coexistencias y sinergias, que se realiza por primera vez en nuestro país. Los POEM deben garantizar la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional. Son un instrumento de planificación que se renueva cada seis años, por lo que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027.

La ordenación del espacio marítimo permite analizar y organizar las actividades humanas en las zonas marinas. En el contexto de la Política Marítima Integrada de la UE, surge la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. En España esta directiva se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como un desarrollo reglamentario de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo).

Los POEM deben servir para garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas en el mar y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo de los sectores marítimos y la consecución de los objetivos que dichos sectores se han fijado, con especial atención a aquellos establecidos para cumplir los compromisos del Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad a 2030, entre otros.

Zonas de uso prioritario y zonas de alto potencial

En el proceso de elaboración de los POEM se han identificado un conjunto de Zonas de Uso Prioritario (ZUP) para actividades de interés general y otras Zonas de Alto Potencial (ZAP) donde priman las actividades sectoriales que requieren ocupación específica y su potencial uso en tiempos futuros.

Las ZUP comprenden la protección de la biodiversidad; los yacimientos de áridos destinados a la protección costera ambientalmente evaluados; la protección del patrimonio cultural; la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); la defensa nacional y la seguridad en la navegación.

Las ZAP, por su parte, se refieren a la conservación de la biodiversidad; los yacimientos de áridos que podrían destinarse a la protección costera; la I+D+i; la actividad portuaria; el desarrollo de la energía eólica marina y la acuicultura marina.

En cada una de estas zonas se establecen disposiciones para facilitar la coexistencia del uso prioritario o de alto potencial con otros usos y actividades. Esta ordenación se ha realizado a partir de criterios de coexistencia sostenible, criterios para la integración de las interacciones tierra-mar, y otros.

Proceso de elaboración

En el proceso de elaboración de los POEM se ha usado toda la información generada por las estrategias marinas de España y se ha aplicado un enfoque ecosistémico, mediante el cual no se compromete la consecución del buen estado ambiental del medio marino.

El trabajo se ha basado en la mejor evidencia científica disponible gracias al trabajo de los equipos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC, del Ministerio de Ciencia e Innovación) y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).

La aprobación de estos planes ha precisado un amplio proceso de coordinación interadministrativa, en colaboración con todos los ministerios, así como con otras administraciones, en especial las comunidades autónomas. De igual modo, se ha fomentado la amplia participación de los agentes interesados y de la sociedad civil, mediante procesos de participación y consultas públicas.

El sector pesquero ha estado presente en todo el proceso de elaboración de los planes. Se han mantenido reuniones de alto nivel y técnicas e incluso se asistió a jornadas convocadas por el sector. Además, se abrió un canal de comunicación continuo y la información recibida se analizó conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y con el IEO.

Los planes de ordenación del espacio marítimo se han sometido a evaluación ambiental estratégica, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta evaluación ha concluido mediante la Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del proyecto de los planes de ordenación del espacio marítimo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2022.

Sistema de información geográfica

La información geográfica utilizada y generada en los POEM se puede consultar, a la escala y precisión adecuadas, en el sistema de información INFOMAR, que además aglutina el conjunto de información generada por las administraciones públicas, en el ámbito de la aplicación de las directivas europeas con incidencia en el medio marino: http://www.infomar.miteco.es/visor.html.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE MURCIÉLAGOS EN EUROPA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa, enmendado, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

El Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hecho en Bonn el 23 de junio de 1979 y ratificado por España el 12 de febrero de 1985, prevé la conclusión de acuerdos específicos para la protección de las especies amenazadas contempladas en su Anexo II.

Con base en esa disposición se concluyó el Acuerdo sobre la Conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa (conocido como EUROBATS) el 4 de diciembre de 1991 en Londres, que entró en vigor el 16 de enero de 1994. Hasta la fecha, se han adherido o ha sido ratificado por 38 Estados de su área de distribución, entre ellos casi todos los de nuestro entorno. España aún no se ha incorporado a este Acuerdo.

En España, los murciélagos se encuentran protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Los más amenazados, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, normativa que traspone la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

La adhesión a EUROBATS permitirá completar esta protección mediante la coordinación internacional y la colaboración con otros Estados para el diseño de actuaciones que puedan mejorar el estado de conservación de los murciélagos, la difusión de las mejores técnicas disponibles para la gestión y el conocimiento más actualizado sobre ecología, problemas de conservación y requerimientos ambientales.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 27 de octubre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTROL Y GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y SEDIMENTOS DE LOS BUQUES

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2020 al Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004', adoptadas por la Resolución MEPC.325(75).

El Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004 (Convenio BWM) fue adoptado en Londres el 13 de febrero de 2004, siendo depositaria del mismo la Organización Marítima Internacional (OMI). España ratificó el citado Convenio el 14 de septiembre de 2005 y entró en vigor para nuestro país el 8 de septiembre de 2017, al mismo tiempo que su entrada en vigor general.

El 20 de noviembre de 2020 el MEPC de la OMI adoptó por Resolución MEPC.325(75) las 'Enmiendas de 2020 al Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004'. Estas Enmiendas fueron adoptadas el 20 de noviembre de 2020 y aceptadas el 1 de diciembre de 2021, habiéndose producido su entrada en vigor el 1 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 19 2) f) ii) del Convenio BWM. España no ha efectuado objeciones a dichas Enmiendas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE BUQUES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2021 a los Anexos I y IV del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y al Anexo VI del Protocolo de 1997 que enmienda dicho Convenio, adoptadas mediante las Resoluciones MEPC.329(76), MEPC.330(76) y MEPC.328(76).

El Convenio internacional de 1973 para prevenir la contaminación por los buques, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), es el principal convenio internacional sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales. A lo largo de los años el Convenio MARPOL ha sido objeto de diversas enmiendas.

El 17 de junio de 2021, el MEPC adoptó, mediante las Resoluciones MEPC.329(76) y MEPC. 330(76), las Enmiendas de 2021 a los Anexos I y IV del Convenio MARPOL. Igualmente, el MEPC de la OMI adoptó, mediante la Resolución MEPC.328(76), las Enmiendas de 2021 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio MARPOL, modificando el Anexo VI.

Las enmiendas de estas tres resoluciones fueron aceptadas el 1 de mayo de 2022 y entraron en vigor el 1 de noviembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del Convenio MARPOL.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTROL DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2021 a los Anexos 1 y 4 del Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001, adoptadas por la Resolución MEPC.331(76).

El Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 (Convenio AFS), fue adoptado en Londres el 5 de octubre de 2001, siendo depositaria del mismo la Organización Marítima Internacional (OMI). España depositó el Instrumento de adhesión el 30 de enero de 2004 y entró en vigor para nuestro país el 17 de septiembre de 2008, al mismo tiempo que su entrada en vigor general.

Este Convenio AFS se elaboró con el objeto de reducir o eliminar los efectos desfavorables de los sistemas antiincrustantes en el medio marino y en la salud de los seres humanos. También estableció un mecanismo para prevenir el posible uso futuro de sustancias perjudiciales en los sistemas antiincrustantes.

El 17 de junio de 2021, el MEPC de la OMI adoptó, por Resolución MEPC.331(76), las Enmiendas de 2021 a los Anexos 1 y 4 del Convenio sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001, que afectan a las medidas de control de la cibutrina y al modelo de Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante.

Estas enmiendas fueron adoptadas el 17 de junio de 2021 y aceptadas el 1 de julio de 2022; entrando en vigor el 1 de enero de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los incisos ii) y iii) del artículo 16 2) f) del Convenio AFS. España no ha efectuado objeciones a dichas Enmiendas.

Justicia

REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Esta nueva norma tiene el objetivo de cumplir lo previsto en el artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), adaptando el reglamento de los IMLCF a los cambios producidos en la Administración de Justicia, la sociedad, las ciencias forenses y a los cambios normativos.

Entre los avances que recoge la norma están regular las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), creadas por la disposición adicional 2ª de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; así como reflejar y reforzar el carácter multidisciplinar de los IMLCF.

El nuevo reglamento también permite avanzar en la implantación de la calidad en los procesos y en la pericia, colocando a las víctimas en el centro.

El RD también favorece la proyección social y sanitaria de los IMLCF, incorporando las funciones extrajudiciales de la reforma de la LOPJ operada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, y el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre; así como recoger la acreditación como unidades docentes para la formación sanitaria especializada.

Además, el nuevo reglamento fomenta la promoción profesional de su personal mediante la creación de nuevas figuras, como la de coordinación de Institutos y de jefatura de área, así como la de jefatura de estudios y de tutor.

Finalmente, cabe destacar que la norma refuerza la participación y colaboración en la transformación digital de la Justicia mejorando y digitalizando los procesos, y fomentando, en la medida de lo posible, la inmediación digital con el fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSORCIO DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación de la tercera adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (SOCIB).

Este sistema es una de las infraestructuras incluidas en la actualización del MAPA de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), que se encuentra ubicada en dicha Comunidad Autónoma.

Con el objeto de colaborar en la construcción y explotación de SOCIB, el 17 de diciembre de 2007, la Administración General del Estado, a través del actual Ministerio de Ciencia e Innovación, y la referida Comunidad suscribieron un Convenio para su diseño, construcción, equipamiento y explotación, estando financiado al 50% por ambas administraciones.

El 7 de mayo de 2016 se modificó el Convenio original, por el cual el Consorcio quedó adscrito a la Administración General del Estado. Posteriormente, con fecha 15 de diciembre de 2020, se suscribió una segunda modificación que estableció la nueva colaboración entre la Administración General del Estado (AGE) y la CAIB, a través de la incorporación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al Consorcio SOCIB.

Una vez próximo a finalizar el periodo de vigencia del convenio, todas las partes desean suscribir una tercera adenda al convenio, para continuar con la financiación del equipamiento y explotación del Consorcio SOCIB que cubra el periodo 2024-2033, conforme acordó la comisión de seguimiento en su reunión del 27 de octubre de 2022.

Esta tercera modificación propone un aumento significativo del presupuesto en relación con el anterior debido principalmente a la necesidad planteada por SOCIB de la realización de una nueva instalación singular que, de momento, se ha denominado SOCIB 2030: Gemelo Digital del Mediterráneo; extendiendo y consolidando así sus actividades científicas, técnicas y operacionales en el periodo 2024-2033.

El Gemelo Digital del Mediterráneo será una representación digital del Mar Mediterráneo empleando datos en tiempo real y datos históricos para simular, mediante modelos de predicción, escenarios futuros. Con ello, se pretende acercar el conocimiento tanto a los ciudadanos, como al sector público y privado. Dicha herramienta ayudará a proteger el medio marino y la costa, dar respuestas en tiempo real a crisis y adaptarse al cambio climático siguiendo los principios de sostenibilidad.

Ampliar los fines científicos y tecnológicos

La Cláusula segunda del proyecto de Acuerdo propuesto modifica los apartados del uno al sexto de la Cláusula quinta "Costes y Financiación" del Convenio, para establecer las aportaciones de las administraciones consorciadas (AGE-MCIN, CSIC y CAIB) para el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2033, quedando sin modificar la aportación prevista para el año 2023, que se realizará según lo establecido en la segunda adenda firmada con fecha 15 de diciembre de 2020.

El objetivo económico de esta tercera modificación está dirigido a atender adecuadamente las necesidades del Consorcio, tanto de gastos de explotación como de inversiones, para que cumpla con sus fines científicos y tecnológicos. A tal efecto, se ha realizado una previsión de los costes de equipamiento y explotación para el período 2024-2033.

Tramitar la adenda por el CSIC

Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha aprobado otro acuerdo por el que modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas M.P. (CSIC), la tramitación de la tercera adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.

Hacienda y Función Pública

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA Y CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA DAÑOS POR 'FILOMENA'

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 23,1 millones de euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena' en las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha iniciado un expediente en solicitud de un crédito extraordinario con el objeto de financiar los daños causados por esta borrasca, por un importe de 23.065.911,16 euros.

En varios acuerdos se declararon a estos territorios zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil consecuencia del episodio 'Filomena'.

Estos acuerdos determinaban la adopción de varias medidas, como las relativas a daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales.

En una de las normas que regulaban esta contingencia, en concreto el Real Decreto-ley 10/2021, se establecía lo siguiente: "A los proyectos directamente relacionados con los siniestros (…) que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos y cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria de los consejos y cabildos insulares, de las diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales, se les podrá conceder una subvención de hasta el 50% de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal".

Para hacer frente a estas emergencias, el 5 de octubre de 2021, el Consejo de Ministros autorizó la elevación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, quedando fijados en los siguientes términos:

Posteriormente, mediante Resolución de 16 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, se aprobó la convocatoria de las subvenciones previstas en el artículo 8 del mencionado Real Decreto-ley 10/2021. El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria es de 251.830.793,9 euros.

Durante el plazo de presentación de solicitudes se registraron en tiempo y forma un total de 2.123 solicitudes válidas, por un importe total de 340.096.243,48 euros, por lo que, según el Real Decreto-ley 10/2021, el importe total máximo de subvención que se podría llegar a conceder sería de 170.048.121,74 euros.

En 2022 se aprobó un crédito extraordinario por importe de 89.108.589,39 euros, librándose durante el citado ejercicio una cuantía de 89.084.372,24 euros.

Durante 2023 se prevé librar la cuantía de 23.065.911,16 euros en concepto de anticipos de la subvención concedida, para los proyectos que acreditaron la adjudicación de las obras y a los que no se les pudo librar dicho importe en 2022, así como en concepto de pagos finales, para los proyectos cuya finalización queda acreditada en el año 2023.

Por lo tanto, para dar cumplimiento a dicho gasto se solicita la autorización del Consejo de Ministros para la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario, por un importe total de 23.065.911,16 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN DE GARANTÍAS A BALEARES, NAVARRA Y EXTREMADURA

El Consejo de Ministros ha autorizado a las comunidades autónomas de Baleares, Navarra y Extremadura para poder otorgar garantías por 25, 20 y 7 millones de euros, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Baleares

En concreto, el Gobierno de Baleares presentó el pasado 26 de enero una solicitud de autorización para el otorgamiento de reavales a ISBA, SGR, durante 2023 que cubran el riesgo derivado de las garantías crediticias que conceda esta sociedad de garantía recíproca, en los términos previstos en el convenio de colaboración entre el Gobierno balear e ISBA, SGR, por un importe máximo de diez millones de euros.

Asimismo, solicitó autorización para que el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) pueda conceder fianzas a personas físicas para favorecer el acceso a una vivienda en régimen de propiedad, en el marco del Programa Garantía Hipoteca IBAVI aprobado por el Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2022, por un importe máximo de 15 millones de euros.

Una vez analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de las autorizaciones solicitadas, que suman 25 millones de euros.

Los beneficiarios serán, por un lado, emprendedores y empresas que realicen su actividad principal en Baleares, especialmente pequeñas y medianas empresas y determinadas grandes empresas elegibles; y, por otro lado, demandantes de vivienda, para favorecer el acceso a una en propiedad.

Navarra

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a Navarra a otorgar garantías por un importe máximo de 20 millones de euros.

En este caso, después de que la Comunidad Foral solicitara el pasado 8 de febrero autorización para el otorgamiento de garantías durante 2023 por un importe máximo global de 20 millones, el Ejecutivo ha resultado estimar la petición.

En este caso, los beneficiarios de los avales serán empresas participadas por la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA), pymes, así como reavales para Sonagar, S.G.R., Elkargi, S.G.R. y otras Sociedades de Garantía Recíproca.

Extremadura

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a Extremadura a otorgar garantías por un máximo de 7 millones de euros.

El pasado 2 de febrero esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para la concesión de avales durante el ejercicio 2023 por un importe máximo de 7 millones para la formalización de préstamos por los afectados por las inundaciones provocadas por la borrasca 'Efraín' en varios municipios de la región.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Las características de las operaciones de garantía se recogen en el convenio de colaboración suscrito el 24 de enero de 2023 entre la Junta de Extremadura y diversas entidades financieras para la formalización de préstamos por los afectados por las inundaciones provocadas por esta borrasca en varios municipios de la región.

Los beneficiarios de la garantía son unidades familiares o de convivencia económica y los titulares de explotaciones agrarias o ganaderas, establecimientos mercantiles industriales o de servicio con domicilio en los municipios afectados por las inundaciones.

Todas estas autorizaciones en las tres comunidades autónomas citadas solo podrán amparar la concesión de garantías dentro de las líneas citadas por los importes máximos indicados hasta el 31 de diciembre de 2023.

Hacienda y Función Pública

REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN ASTURIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de las obras de rehabilitación de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria (AEAT) de Asturias, por importe de 15.263.123,30 euros.

La sede de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias, ubicada en la calle Progreso de Oviedo, ocupa el antiguo convento de las Clarisas, reformado totalmente en los primeros años 60 por Ignacio Álvarez Castelao, arquitecto de Hacienda, quien transformó el viejo caserón y abrió el claustro neoclásico a la ciudad.

El inmueble está definido como Equipamiento de Administración Institucional en el Catálogo Urbanístico del Concejo de Oviedo, tiene un grado de Protección Integral Monumental M, es Bien de Interés Cultural y está afectado por el Entorno del Camino de Santiago.

En los últimos años, se ha realizado la redacción de un proyecto de ejecución de la rehabilitación de la sede de la Agencia, cuyo objetivo consistía en solucionar el problema estructural de los forjados, actualizar la distribución de espacios adaptándolos a la nueva funcionalidad de las oficinas de la Agencia Tributaria y adaptar el edificio a la normativa, especialmente lo relativo a instalaciones e incendios.

Debido al nivel de protección del edificio, durante la tramitación administrativa para obtener la licencia de obras fue necesario redactar y presentar un estudio ante el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias que documentara las intervenciones en el inmueble.

El inicio de las obras se ha visto condicionado por la necesidad de gestionar el traslado previo del personal que ocupa el edificio que, debido a las dificultades para encontrar locales de alquiler que se ajustasen a las necesidades de la Agencia, se prevé que el traslado del personal no finalice hasta el tercer trimestre de 2023. Se prevé iniciar la licitación de las obras a principios de 2023.

En este sentido, el pasado 5 de febrero, la directora general de la AEAT acordó el inicio del expediente de contratación de las obras de rehabilitación de la sede de la Delegación Especial de la Agencia de Asturias, por importe de 15.263.123,30 euros.

Dado que el importe del contrato es superior a 12 millones de euros, es necesaria la autorización del Consejo de Ministros de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Hacienda y Función Pública

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER DIVERSAS CATÁSTROFES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe total de 63.404.668,53 euros para atender los daños ocasionados por diversas catástrofes, entre ellas la erupción volcánica en la isla de La Palma o la borrasca 'Filomena'.

La asignación de Fondo de Contingencia que se contempla en este Acuerdo tiene como finalidad atender las siguientes modificaciones de crédito:

• Ampliación de crédito en el Ministerio del Interior para atender la concesión de ayudas a entidades locales, a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro como consecuencia de situaciones de emergencia motivada por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia, por un importe de 22.920.000 euros.

De dicha cantidad, se destinarán 16.400.000 euros para atender los daños producidos por la erupción volcánica en la isla de La Palma; una cuantía de 6.000.000 euros para atender los daños producidos por la borrasca 'Filomena'; así como una cuantía de 520.000 euros para atender los daños producidos por diversas catástrofes.

Los créditos afectados por esta ampliación se encuentran relacionados en el Anexo II de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

• Incorporación de crédito en el Ministerio de Sanidad, destinado a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, por un importe de 18.681.577,42 euros.
• Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre y en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, de 13 de octubre, normas dictadas a raíz de una serie de temporales y precipitaciones fuertes que afectaron a varias comunidades autónomas, por importe de 7.954.651,58 euros.
• Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, relativo también a temporales, lluvias torrenciales e incendios, por importe de 11.010,93 euros.
• Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, que hacía referencia a los efectos de lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos en aquellos meses, por un importe de 148.503,25 euros.
• Incorporación de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para financiar las subvenciones establecidas en el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, por un importe de 13.688.925,35 euros.

Estas incorporaciones de crédito se realizan en función de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Por tanto, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se somete al Consejo de Ministros la adopción del presente Acuerdo

Hacienda y Función Pública

ADHESIÓN DE ESPAÑA AL CONSORCIO EUROPEO DE LA RED DE TELESCOPIOS CHERENKOV

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar la adhesión del Reino de España al Consorcio Europeo de Infraestructura de Investigación Cherenkov Telescope Array (CTA) ERIC.

La Red de Telescopios Cherenkov (CTA) es una infraestructura de astronomía terrestre incluida en la Hoja de Ruta del Foro Europeo para las Infraestructuras de Investigación (ESFRI), cuyo objetivo es estudiar el universo a través de la detección de fuentes cósmicas de rayos gamma de muy altas energías.

CTA constará de dos observatorios, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, dando cobertura a todo el cielo y operando como un observatorio abierto a toda la comunidad científica internacional. El observatorio en el hemisferio sur se construye en el desierto de Atacama (Chile) en la sede del Observatorio Europeo Austral (ESO), y el del hemisferio norte se construye en los terrenos del Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma (España).

Actualmente, el proyecto de infraestructura CTA está en fase de convertirse en un Consorcio Europeo de Infraestructura de Investigación de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 723/2009 relativo al marco jurídico comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europea, denominados 'ERIC'.

La construcción del observatorio (CTAO) tiene un coste estimado de 351.319.000 euros; importe que se obtiene al contabilizar las contribuciones realizadas y aprobadas por los socios de la CTAO como parte de la pre-construcción del Observatorio, el coste de construcción de la infraestructura CTAO ERIC financiada mediante el pago de cuotas anuales por los países miembros y asociados, y todo el equipamiento al que contribuirán en especie los países miembros del ERIC. Una vez completada la construcción, CTAO ERIC operará el observatorio y para ello contará con un presupuesto anual de funcionamiento al que contribuirán los países con arreglo a las reglas de reparto recogidas en los estatutos del ERIC.

En el año 2015 se decidió que España albergaría la sede del observatorio norte de CTA y el compromiso asumido inicialmente fue el de participar con una contribución de 40 millones de euros, destinada principalmente a la construcción de la sede norte del observatorio. Tras la revisión de los costes de construcción y la actualización de precios, el compromiso que asume España y que queda recogido en los estatutos de CTAO ERIC asciende a la cantidad de 48.493.000 millones de euros.

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A CTAO-ERIC

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MANTENIMIENTO DEL CORREDOR NORESTE DE ALTA VELOCIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para el mantenimiento de las líneas de alta velocidad que integran el corredor noreste, con un valor estimado de 151,3 millones de euros (IVA no incluido) y una duración de cuatro años, prorrogables por uno más.

El contrato abarca las tareas de mantenimiento de las vías, los aparatos de vía y la infraestructura (la plataforma, los puentes y los viaductos, entre otras) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa y la LAV Zaragoza-Huesca.

Las actuaciones se enfocarán al mantenimiento preventivo, destinado a garantizar indicadores óptimos de estado y prestación de servicio de las líneas, así como al correctivo, en caso de incidencia.

Todos estos trabajos son clave para mantener los altos estándares de fiabilidad de estas infraestructuras y responder con agilidad a sus necesidades.

Equipos técnicos especializados

Las líneas que conforman el corredor noreste de alta velocidad disponen de equipos y medios especializados para atender al alto grado de complejidad técnica y alcance que presentan las labores necesarias para su mantenimiento y conservación.

Estos trabajos cuentan con la participación de un amplio equipo y material especializado y se gestionan desde cinco bases de mantenimiento de Adif: las de Brihuega (Guadalajara), Calatayud (Zaragoza), Montagut (Lleida), Vilafranca del Penedès (Barcelona) y Sant Feliu de Buixalleu (Girona).

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

LAV Madrid-Barcelona. Viaducto Cinca

Industria, Comercio y Turismo

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican varios reglamentos de seguridad industrial, a fin de aclarar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo tras la aprobación del Reglamento (UE) 2019/515 relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro.

En concreto, se modifican los reglamentos de Instalaciones Petrolíferas, el de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, el electrotécnico para baja tensión, el de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, el de distribución y utilización de combustibles gaseosos, el de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, el de instalaciones de protección contra incendios, entre otros.

Con estas modificaciones se consideran conformes con la reglamentación nacional de seguridad industrial los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro, en Turquía, u originarios de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), siempre que garanticen un nivel equivalente al exigido en dicha reglamentación en cuanto a su seguridad y al uso al que están destinados.

Dado que la inmensa mayoría de productos está armonizada a nivel europeo mediante el marcado CE, la solicitud de reconocimiento mutuo es algo excepcional. Por tanto, este real decreto supondrá una reducción de las cargas administrativas.

Agricultura, Pesca y Alimentación

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común.

Con el real decreto aprobado, se establece el marco normativo necesario para aplicar las correspondientes penalizaciones a todo el conjunto de intervenciones integradas en el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las penalizaciones se definen como las reducciones a aplicar a las ayudas en caso de que se detecte un incumplimiento de los requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones, con el objetivo de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión Europea.

La norma aprobada mantiene el statu quo de forma general y se han flexibilizado algunas cuestiones. En particular, se contempla un periodo transitorio en la aplicación de las penalizaciones de los nuevos ecorregímenes en favor del clima y del medio ambiente, de forma que, en el año 2023, al ser el primero de desarrollo de esta medida, no se aplicarán penalizaciones y, para el año 2024, se reducirán a la mitad.

Se reducen también a la mitad las penalizaciones a aplicar en caso de intervenciones en las que se haya controlado a la totalidad de las personas beneficiarias mediante el sistema de monitorización de superficies.

Este nuevo real decreto completa el marco legislativo de la PAC, y desarrolla lo establecido por la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de ésta y otras materias conexas en lo que se refiere a las penalizaciones.

El real decreto aprobado introduce también determinados ajustes técnicos en algunos de los aprobados anteriormente para el desarrollo de la PAC, con el fin de mejorar la aplicabilidad de los mismos.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

SITUACIÓN LABORAL DE BOMBEROS FORESTALES Y AGENTES MEDIOAMBIENTALES

El Consejo de Ministros ha aprobado dos proyectos de ley con el fin de establecer el marco jurídico básico de bomberos forestales y agentes medioambientales y asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país. Hasta ahora, las comunidades autónomas habían regulado y desarrollado ambas figuras conforme a sus competencias y esto provocaba desigualdades entre los trabajadores.

Tras su aprobación en Consejo de Ministros se someterán al Congreso de los Diputados, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, de acuerdo con la Constitución Española.

Los dos instrumentos normativos apuntalan el compromiso del Gobierno en la prevención y lucha contra los incendios. Es necesaria la preparación 365 días al año para prevención y lucha contra el fuego ya que cada año la temporada de incendios se prolonga y la virulencia de estos es mayor.

Bomberos forestales

En el caso de los bomberos forestales, la norma regulará con carácter básico las condiciones en las que estos profesionales, que prestan un servicio esencial y de interés social, llevan a cabo su trabajo. Lo hará con independencia de la naturaleza jurídico-laboral concreta que en cada caso ostente el personal: funcionario, personal laboral o personal contratado por empresas públicas o privadas a las que las administraciones públicas hayan contratado para la prestación de dichos servicios.

Los principales aspectos regulados son el reconocimiento legal expreso e individualizado de la categoría o figura de bombero forestal a nivel nacional; la definición de funciones que además de la extinción puede incluir prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, así como de apoyo a las contingencias en el medio natural y rural; prevención de riesgos laborales y defensa jurídica del colectivo.

Agentes forestales y medioambientales

Hay distintos cuerpos, escalas, especialidades y agrupaciones de funcionarios en la estructura territorial, lo que se refleja en la existencia de agentes forestales y medioambientales dependientes de diferentes administraciones locales; de la escala de agentes medioambientales de organismos autónomos adscrita al MITECO; y otras categorías, cuerpos y agrupaciones de funcionarios creados por las comunidades autónomas. Esto ha dado lugar al desarrollo de distintas regulaciones sobre este colectivo a nivel territorial. A pesar de que ya existía normativa estatal básica aplicable en materia de medioambiente, la divergencia existente en los modelos organizativos y funcionales hace necesaria la aprobación del marco básico de los agentes forestales y medioambientales a nivel nacional.

Con esta norma, se refuerza la consideración de los agentes forestales y medioambientales como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con el instrumento normativo aprobado se establece el marco jurídico en el que se define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales. Entre ellas se encuentran labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE DISTINTAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se designa laboratorio nacional de referencia de distintas enfermedades de los animales el laboratorio central de veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ubicado en Algete (Madrid).

Las funciones desarrolladas por los laboratorios de referencia en la Unión Europea resultan fundamentales para garantizar los más altos estándares de calidad en materia de análisis y diagnósticos de laboratorio en todos los sectores de la cadena alimentaria.

El centro de Algete ya venía actuando como laboratorio de referencia por designación del Gobierno recogida en diversa normativa sobre sanidad animal. Esta normativa ha quedado obsoleta por la entrada en vigor del Reglamento 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales, por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal y la normativa derivada del mismo, así como distintas directivas comunitarias. El real decreto aprobado deroga las normas nacionales que habían quedado obsoletas y realiza una nueva designación de laboratorio de referencia para diferentes enfermedades y patógenos animales.

La designación de laboratorios nacionales de referencia, competencia de los gobiernos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, se regula actualmente en el Reglamento 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REGULACIÓN DEL ACCESO A LA ESCALA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que modifica el sistema de acceso directo a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil de aquellos aspirantes que disponen de titulación universitaria previa, una modalidad de ingreso en el cuerpo que estaba pendiente de regulación definitiva.

Así, este real decreto, que modifica el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, completa el régimen de ingreso a la Escala de Oficiales del cuerpo, dado que esa norma ya contempla regulación específica para el resto de las modalidades existentes: el acceso directo sin requisito de titulación universitaria previa y la promoción profesional en sus dos vertientes, la de promoción interna y la de cambio de escala.

El real decreto establece que el personal aspirante a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil con titulación universitaria previa deberá superar un plan de estudios de formación militar, de cuerpo de seguridad y de enseñanza técnica que complete la formación acreditada con los títulos oficiales exigidos para el ingreso.

En función de las titulaciones y convalidaciones que sean de aplicación en cada caso concreto, el proceso selectivo tendrá una duración mínima de un curso académico y una máxima de dos, en los que un máximo de un curso académico se desarrollará en la Academia General Militar del Ejército de Tierra

Las plazas que figuren en la oferta de empleo público para el acceso por esta modalidad podrán estar vinculadas a la posesión de determinadas titulaciones universitarias, de grado, máster o doctorado, o a distintas ramas de conocimiento, que serán fijadas por los ministerios del Interior y de Defensa.

Por último, el régimen económico del alumnado que acceda mediante esta modalidad será el mismo que le previsto para el resto de las modalidades de acceso, que corresponde al alumnado de la enseñanza militar de formación.

El real decreto aprobado incorpora las observaciones realizadas durante su tramitación por los ministerios de Educación y Formación Profesional, de Universidades y de Igualdad; ha recibido la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y ha sido informado de manera favorable por el Consejo de Estado.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ELIMINACIÓN DE DOBLE IMPOSICIÓN ENTRE ESPAÑA Y PARAGUAY

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión o elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo.

Este Convenio tiene por objeto fomentar las relaciones económicas, estimular las inversiones y reforzar la cooperación bilateral en materia tributaria entre ambos países, sin generar oportunidades de no imposición o de una imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales, incluidas las estrategias de elusión mediante la utilización abusiva de los convenios por terceros.

Para la negociación de este Convenio se celebraron rondas en 2013 y 2014. Finalmente, en la tercera ronda de negociaciones, celebrada en Madrid el 7 de noviembre de 2022, se alcanzó el acuerdo en todos sus artículos.

El Convenio establece los criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones o regalías, ganancias de capital, servicios personales dependientes, remuneraciones en calidad de consejeros y directores, rentas de artistas y deportistas, pensiones, funciones públicas, estudiantes y otras rentas.

El texto incorpora los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Este Convenio integra los últimos cambios que se han producido en el Modelo Convenio Tributario de la OCDE para evitar la doble imposición y en el marco del Plan de Acción contra la erosión de la Base Imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la OCDE/G20, de lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales.

Cultura y Deporte

AYUDAS PARA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2023, por un importe estimado de 36 millones de euros. La línea de ayudas se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del Ministerio de Cultura y Deporte, con el fin de garantizar una oferta cultural de calidad para todos y fomentar el enriquecimiento de la creación, la oferta cultural y el sector audiovisual.

El objetivo específico es conceder ayudas para proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental; o para proyectos que incorporen nuevos realizadores, con especial atención a posibilitar e incrementar la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como es el caso de las películas de animación. Otros de los objetivos es salvar la brecha de género impulsando la incorporación de mujeres al sector.

Las ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto, que se convocarán en concurrencia competitiva, se desarrollarán en dos procedimientos de selección. Para el primer procedimiento se reservarán 15 millones de euros, 15 millones de euros para el segundo procedimiento, y se prevé en este segundo procedimiento la posibilidad de fijar la cuantía adicional máxima de hasta 6 millones de euros. El importe máximo de la ayuda no podrá ser superior a 800.000 euros por proyecto beneficiario.

Se destinará un mínimo del 40% para los proyectos realizados exclusivamente por directoras, un mínimo del 15% y un máximo del 25% a proyectos de carácter documental y un mínimo del 10% a proyectos de animación. Igualmente, se destinará un máximo del 10% a proyectos de carácter experimental y un mínimo del 5% para coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.

Cultura y Deporte

ANTEPROYECTO DE LEY DEL TEATRO REAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley del Teatro Real a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. De esta forma, el Teatro Real tendrá su propia ley al igual que otras grandes instituciones culturales españolas como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España.

La Ley se divide en seis capítulos que regulan las particularidades del Teatro Real, desde la naturaleza, el régimen jurídico, los objetivos o la sede de la Fundación del Teatro Real; hasta su organización, el régimen de personal, patrimonial, de contratación, presupuestario y económico-financiero. La Fundación del Teatro Real mantiene su configuración de fundación del sector público adscrita a la Administración General del Estado (AGE). Además de la AGE, se reconoce a la Comunidad de Madrid como administración fundadora y al Ayuntamiento de Madrid como administración colaboradora.

Se regulan las peculiaridades propias y necesarias para que el Teatro Real desarrolle de forma óptima los objetivos para los que fue creado, es decir, la promoción, el impulso y la difusión de las artes líricas, musicales y coreográficas. El funcionamiento de un organismo como el Teatro Real cuenta con unas necesidades específicas que encuentran, en ocasiones, difícil encaje en la normativa general. De ahí la necesidad de adecuar la gestión de un teatro de ópera moderno a las exigencias y el dinamismo de las artes escénicas contemporáneas a nivel europeo y global.

La nueva Ley del Teatro Real establece un marco de contratación laboral adecuado a las circunstancias de las producciones artísticas, sobre todo, la relativa a la relación especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares, garantizando su estabilidad en el empleo.

Institución innovadora

En el texto se propone incluir al Teatro Real en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al igual que están incluidos el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional y la Filmoteca Española. Incluir al Teatro Real en esta disposición supone consolidar el papel innovador, tecnológico e investigador del teatro, para situarlo como una de las instituciones culturales españolas más innovadoras y tecnológicas a través de la aplicación 'My Opera Player', a la vanguardia de la sostenibilidad y poder desarrollar proyectos de investigación sobre la ópera española.

Igualdad

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA POLÍTICAS CONTRA VIOLENCIA MACHISTA

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su posterior sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad.

La financiación de las políticas contra la violencia machista ya no pueden ir destinadas solo a financiar las políticas contra la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, sino que tendrán que abarcar todas las formas de violencia contra las mujeres tal y como establece el Convenio de Estambul, especialmente tras la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la Ley de Infancia o todo el paquete de medidas contra la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Esto supondrá que serán más las usuarias de los servicios de atención a víctimas, pero también los servicios tendrán que contar con nuevos itinerarios, así como con más personal especializado en los mismos.

Es útil observar las cifras que se utilizaron para la ampliación del servicio del 016 a todas las formas de violencia este mismo año. Según datos de la "Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019" el 33,1% de las víctimas de violencia contra las mujeres en la pareja o expareja pidió ayuda formal, lo que representa 2.186.528 mujeres mayores de 16 años. Además, 16.454 víctimas de violencia sexual y 4.748 mujeres víctimas de violencia doméstica pidieron ayuda formal. A esta cifra hay que añadir las 13.317 víctimas de trata y explotación sexual atendidas por las entidades especializadas acreditadas por el Ministerio de Igualdad, atendidas en 2018. En el año 2019, en el servicio 016 se atendieron un total de 68.714 consultas. El 66,7% de estas consultas fueron realizadas por la propia víctima, lo que supone que un total de 45.809 mujeres víctimas de violencia buscaron ayuda en este servicio. Si se compara este dato con el de mujeres que piden ayuda formal se desprende que con la inversión se pretende paliar llevar la atención especializada a cerca de 2 millones de mujeres que no estaban accediendo al servicio.

Dado el aumento de usuarias y servicios que se prevé para este nuevo año, este reparto asegura a las comunidades autónomas financiación para estas políticas, pública, estable, suficiente y adecuada, con independencia del ciclo económico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, de todas las formas de violencia. La financiación pública debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto. Y va a ir acompañada de un nuevo modelo que consistirá en un nuevo Plan Concertado que se aprobara en la próxima Conferencia Sectorial, acompañado de un catálogo de servicios y de itinerarios que las políticas contra la violencia machista ahora deben desplegar con este nuevo marco jurídico.

La propuesta de distribución territorial es la siguiente:

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 140,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 40,2% de recursos transferidos a las comunidades autónomas respecto a 2022.

Créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por importe de 19,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,4% en esta partida con respecto a 2022.

Los fondos de la Delegación del Gobierno que se distribuirán, se destinarán a la financiación del desarrollo de cuatro tipos de programas:

1. 8.500.000 euros corresponden a Programas para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género.
2. 1.000.000 euros corresponden a Programas para la implementación de planes personalizados.
3. 9.500.000 euros corresponden a Programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
4. 800.000 euros corresponden a Programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.

Recursos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual por importe de 17.058.700 euros.

Con estos fondos, se extenderá y hará accesible a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral, mediante la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y Ceuta y Melilla, al menos con un centro de atención integral a las víctimas de violencia sexual operativo en cada provincia y ciudad autónoma, (52 centros en toda España) a 31 de diciembre de 2023.

Específicamente las transferencias que se realizarán en 2023 a las comunidades autónomas van destinadas a garantizar un alojamiento seguro a todas las víctimas de trata que se encuentren en territorio español:

1. Garantizar a las víctimas de trata un alojamiento seguro de urgencia, disponible y accesible las 24 horas del día.
2. Garantizar a las víctimas de trata un recurso habitacional para su integración social en el medio plazo.
3. Garantizar a las víctimas de trata menores de edad un alojamiento seguro y adecuado a sus necesidades,

Para cada una de las 50 provincias de la geografía española:

1 Alojamiento de urgencia

1 Alojamiento de larga estancia

1 Alojamiento para víctimas menores de edad

Esta finalidad se realiza en desarrollo de la medida prevista en la Inversión 4 del Componente 22 "Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión", del Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Moldavia

D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ-SOLÓRZANO

Nacido en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 6 de enero de 1963. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó en la Carrera Diplomática española en 1990.

En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el último puesto desempeñado fue el de subdirector general de México, Centroamérica y Caribe durante cinco años (2010-2015). Anteriormente, fue director adjunto del Gabinete del director de la AECID y trabajó en la Secretaria General para la Unión Europea en la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2002.

En el exterior, ha sido hasta su nombramiento como embajador, cónsul general de España en La Habana y previamente ha desempeñado la segunda jefatura en las Embajadas de España en Luxemburgo, San José de Costa Rica, Quito y Haití y como consejero de Cultura y de Cooperación en la Embajada de España en El Cairo. También fue cónsul general de España en Agadir (Marruecos).

Desde el 30 de septiembre de 2022 es el embajador de España en Rumanía.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda

D. JOSÉ IGNACIO CARNICERO ALONSO-COLMENARES

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Su labor profesional ha combinado la investigación, la docencia y la práctica de la arquitectura. Ha sido profesor invitado de distintas universidades internacionales entre las que destacan la Universidad de Cornell, Columbia, Yale y MIT. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente con premios como el Leon de Oro en la Bienal de Venecia de 2016, AIA New York Housing Design Award 2015, Hauser Award 2012, Design Vanguard 2011, Premio FAD de arquitectura 2012 y Premio COAM 2012.

Desde junio de 2020, al frente de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, ha promovido la redacción de la primera Ley Estatal de Calidad de la Arquitectura, el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), así como la implementación e impulso de la Agenda Urbana.

Por último, en su papel de "National Point of Contact" de la New European Bauhaus (NEB), ha impulsado encuentros de debate y difusión entre las distintas instituciones, asociaciones y profesionales que están liderando iniciativas además de organizar el primer stand español en el festival de la NEB en Bruselas en 2022.