Referencia del Consejo de Ministros

13.12.2022

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, I3). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para la realización de actuaciones de difusión y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos en el marco del Programa Kit Digital.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C16, R1). ACUERDO por el que se aprueba el Programa Nacional de Algoritmos Verdes.
  • ACUERDO por el que se aprueba la distribución del resultado obtenido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante el ejercicio 2021.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • REAL DECRETO por el que se regula la licencia de uso de la marca «Reservas de la Biosfera Españolas».
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones, al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y al Cabildo Insular de la Gomera, para la financiación de actuaciones en su territorio en el ámbito medioambiental.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras para el trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo, TT.MM. de Abertura, Alcollarín, Escurial y Zorita (Cáceres), por un valor estimado de 61.506.353,06 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la primera adenda a la modificación tercera del Convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S.A.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la primera adenda a la modificación segunda del Convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal Aguas del Júcar, S.A.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la undécima Adenda a la Modificación Segunda del Convenio de Gestión Directa con la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la primera Adenda a la Modificación Tercera del Convenio de Gestión Directa con la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Segura, S.A.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños localizados en el Viaducto del Barranco de El Caballar, en el punto kilométrico 441+500 de la A-7, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Almería, por importe de 1.848.338,04 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños ocasionados por los incendios sufridos entre los días 17 y 21 de julio de 2022 en las carreteras: N-536, del punto kilométrico 33+800 al 47+505; y N-120, del punto kilométrico 444+400 al 447+200; y entre los días 18 de julio y 3 de agosto de 2022 en las carreteras: A-75, del punto kilométrico 4+300 al 10+200; A-52, del punto kilométrico 117+300 al 156+600; N-525, del punto kilométrico 120+870 al 165+000; y N-532, del punto kilométrico 9+650 al 12+500 en zonas puntuales, provincia de Ourense, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 1.708.534,46 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de adecuación de las instalaciones de distribución eléctrica para el equipamiento de señalización y servicios en la A-8. Tramo: Lindín - Carreira, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Lugo, por importe de 1.223.152,46 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de sustitución de los pretiles de la primera calzada de los viaductos de Ribón y Cadavedo en la Autovía A-8, término municipal de Valdés, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Asturias, por importe de 322.201,95 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación del sistema de pretensado de los estribos de las estructuras sobre el Canal de Castilla situadas en el punto kilométrico 37+600 de la autovía A-67, provincia de Palencia, por importe de 1.432.017,82 euros.

Industria, Comercio y Turismo

  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a conceder un préstamo a la empresa Airbus Helicopters España, S.A.U., para el programa de los helicópteros Tigre MkIII.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a conceder un préstamo a la empresa Airbus Defence and Space, S.A.U., para el programa Euromale RPAS.

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de Familias.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se autoriza a Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, la contratación de la prestación del servicio de externalización en la modalidad de "outsourcing" de los sistemas de información de la entidad por un valor estimado de 109.333.587,88 euros, IVA excluido, mediante un contrato distribuido en cuatro lotes.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

PLAN NACIONAL DE ALGORITMOS VERDES

El Consejo de Ministros ha adoptado el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, un compromiso del Plan de Recuperación que contará con una inversión de 257,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU para el desarrollo de una tecnología respetuosa con el medioambiente, guiada por criterios de sostenibilidad y aplicada al desarrollo de acciones contra el cambio climático.

Con el objetivo de impulsar una Inteligencia Artificial (IA) Verde por Diseño (Green byDesign), el PNAV persigue que desde la propia concepción y desarrollo inicial del algoritmo se incorporen variables de sostenibilidad medioambiental. De esta manera, se explotan las sinergias entre la doble transición verde y digital.

La inteligencia artificial proporciona una mejora de análisis de información y toma de decisiones, lo cual redunda en una mejor monitorización de tendencias e impactos en el medioambiente, ayudando, por ejemplo, a reducir el consumo de energía y de recursos, a promover la descarbonización y a impulsar la economía circular.

Pese el gran potencial de la inteligencia artificial para aportar soluciones a estos desafíos más relevantes para España, no hay que perder de vista las amenazas que plantea, como el alto coste energético que puede acarrear su construcción y la preocupación por temas como el potencial consumo eléctrico mundial que demandarán las TIC en 2030, y otras herramientas asociadas a las 'cadenas de bloques' o blockchain.

El programa se desarrollará durante el periodo 2023-2025, con un presupuesto total de 257,7 millones de euros y pretende posicionar a España en la vanguardia del desarrollo de una IA más responsable con el medioambiente, apoyando a los centros de investigación punteros y al tejido económico del país.

Ejes principales

El impulso de la eficiencia energética es clave para la tecnología sostenible. La Manifestación de Interés publicada desde el 15 de octubre al 25 de noviembre de 2021 recogió 88 expresiones de interés. Esta importante aportación del sector, junto a la necesidad de desarrollar una IA sostenible, apoyando la excelencia en la investigación científica y su aplicación en el tejido productivo del país, ha impulsado la publicación del PNAV en torno a cuatro ejes principales:

1.Fomentar la investigación en materia de IA sostenible y Green Tech, mediante la financiación de la investigación interdisciplinar y multisectorial. Se pretende así generar las bases para el desarrollo de productos innovadores que hagan uso de una tecnología verde, a través de las siguientes medidas:

  • Creación de hasta dos cátedras universitarias asociadas al área temática de algoritmos verdes (dentro del Programa de Cátedras en Inteligencia Artificial). Se estima una inversión de hasta 2,4 millones de euros.
  • Desarrollo de un área temática específica sobre "IA e Impacto Ambiental" (en el marco de la Red Española de Excelencia en IA). Esta Red está formada por grupos de investigación con un enfoque de excelencia, de carácter interdisciplinar.
  • Financiación de investigadores a través del Spain Talent Hub, que persigue la atracción de talento investigador en IA. La prioridad es contar con los mejores especialistas en materia de tecnología respetuosa con el medioambiente. Se prevé el apoyo a grupos de expertos en IA verde por un valor de un millón de euros.

2.Impulsar el uso de infraestructuras y servicios eficientes para permitir la ejecución sostenible de modelos de IA que incentiven el consumo energético de fuentes renovables, a través de las siguientes iniciativas:

  • Desarrollo de estándares y herramientas para medir el consumo energético de algoritmos, con el fin de concienciar a los desarrolladores de IA sobre el impacto ambiental de sus decisiones.
  • Impulso a la certificación para empresas de servicios de hardware y software sostenibles. Se persigue adoptar un conjunto de buenas prácticas voluntarias.
  • Sello de Calidad Green Tech, para reconocer aquellos modelos de IA que cumplan con criterios de sostenibilidad.

3.Integrar la IA Verde y el blockchain en el tejido productivo, favoreciendo la creación de nuevos mercados económicos inspirados en soluciones de IA sostenibles, mediante las siguientes iniciativas:

  • Integración de la IA en las cadenas de valor de la economía, promoviendo una digitalización verde del sector productivo español y contribuyendo a luchar contra la emergencia climática.
  • Desarrollo de Misiones I+D+I Green byDesign, invirtiendo en tecnologías sostenibles dentro de la iniciativa RETECH (que impulsa proyectos presentados por las Comunidades Autónomas).
  • Fondo Next Tech, un instrumento de inversión de colaboración público-privada que prevé movilizar más de 4.000 millones de euros en proyectos digitales de alto impacto. Se pretende favorecer el apoyo a iniciativas que aborden problemas medioambientales.

4.Dinamizar el mercado español a través de la IA Verde y el blockchain verde, promocionando la adopción de modelos de IA en aquellos sectores que tengan como fin reducir los efectos del cambio climático o que sirvan para mitigarlos. Para impulsar el sector se prevé la celebración anual de los Desafíos Green AI, competiciones de desarrollo tecnológico donde se ofrezcan soluciones a retos medioambientales.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

El Plan Nacional de Algoritmos Verdes se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Agenda España Digital 2026 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

El principal objetivo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es impulsar el desarrollo de la IA, sentando así las bases para la creación de un ecosistema de excelencia que albergue la investigación científica y la innovación, el desarrollo de capacidades y talento, el despliegue de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas, su integración en el tejido económico, la potenciación de su uso en el sector público y el establecimiento de un marco ético y normativo.

El Plan Nacional de Algoritmos Verdes está también en consonancia con los valores propugnados por la Unión Europea y establecidos en el Plan Coordinado de Inteligencia Artificial, publicado por la Comisión Europea en 2021 que impulsa el uso de una inteligencia artificial más verde.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

De esta forma, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, además del proceso de participación de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Administración local, a través de los informes correspondientes.

Con esta tramitación, se trata de garantizar el mayor consenso posible en torno al anteproyecto antes de su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El objetivo es que el nuevo texto entre en vigor antes de que finalice el año 2023.

La reforma articula mecanismos para garantizar la operatividad real de la función pública a la hora de organizar y definir el uso del territorio y el suelo de acuerdo con el interés general. El objetivo es evitar la paralización durante años del planeamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables. Este hecho provocaba una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios económicos.

Y es que la consideración de estos planes como reglamentos ha ocasionado que cualquier defecto, ya fuera material o puramente formal, tuviera como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Dicha decisión provocaba, a su vez, la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios sociales.

Con este anteproyecto se garantiza la seguridad jurídica, que los planes urbanísticos sean garantistas y escrupulosos, a la vez que se restringe la nulidad a casos realmente sustanciales que afectan a la globalidad de los Planes. Así se posibilita la subsanación de defecto formales de estas revisiones urbanísticas, trabajadas, en muchos casos, en periodos de hasta 10 años, facilitando a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable.

En este contexto, las intensas y complejas relaciones jurídicas que se generan durante años tras la aprobación de una planificación urbana alientan inversiones y proyectos, tanto públicos como privados, que merecen protección y confianza.

También debe protegerse la nueva visión de la preservación del medioambiente fruto de los compromisos internacionales, el necesario desarrollo de una política de vivienda y de toda la política económica del país. En todos estos intereses está presente el principio de seguridad jurídica que debe regir procesos muy complicados y también dilatados en el tiempo.

Agilizar procesos

La reforma ayuda también a agilizar los procedimientos para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para regenerar las ciudades, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar los entornos rurales, ayudando, así, a seguir cumpliendo los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, se introducen modificaciones que conseguirán mayor simplificación burocrática y mejoras en la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las Comunidades y Ciudades Autónomas y los Ayuntamientos. De esta forma se eliminan trabas y cuellos de botella para ayudar a reducir los tiempos de espera para obtener dichas autorizaciones.

Además, se trata de una reforma perfectamente alineada con la Agenda Urbana Española, cuyo objetivo específico 10.1 contempla la mejora de la gobernanza y de los instrumentos de intervención para lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, riguroso y simplificado.

Una modificación necesaria y demandada

Esta modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana es muy necesaria y demandada por las administraciones urbanísticas, que ven frustrados procesos muy largos y complejos de revisión y actualización de planes territoriales y urbanísticos que resultan imprescindibles para la política de vivienda y para la entera política social y económica, a causa de una interpretación ampliamente superada, que los asimila a los Reglamentos.

Ante dicha asimilación, se declara la nulidad absoluta de planes en los que se ha trabajado durante muchos años, haciendo primar la formalidad del trámite frente a la defensa de los importantes intereses públicos que contienen.

No se trata de un problema único de España, ya que en países del entorno también se enfrentaron a problemas similares y se han adoptado medidas normativas de diferente calado para atajarlos. En Francia, Italia o Alemania ya están en vigor y surtiendo efectos positivos.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DEL CANAL ALTO DE VILLARES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que autoriza a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) el encargo de ejecución de las obras de modernización de los regadíos de la comunidad de regantes Canal Alto de Villares, en la provincia de León, a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA).

El proyecto de modernización de regadíos de la comunidad de regantes del Canal Alto de Villares (León) fase SEIASA, contará con un presupuesto de 20.227.007,92 euros y afectará a 2.250 hectáreas en los términos municipales de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, San Cristóbal de la Polantera, Santa María de la Isla y Soto de la Vega, en la provincia de León. La actuación beneficiará a 2.480 regantes.

El objetivo de la actuación es la sustitución del riego por gravedad por un sistema de riego presurizado con telecontrol.

Estas obras se enmarcan en el convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y SEIASA en relación con las obras de modernización y consolidación de regadíos declaradas de interés general, suscrito el 25 de junio de 2021 y posterior adenda, de 28 de julio de 2022.

Las obras contarán con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que aportará el 47,07 % del total de los gastos elegibles de la actuación. SEIASA financiará un 20,50 % y la comunidad de regantes deberá aportar el 32,43 %.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes para su tramitación y aprobación en 2023, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) acordado con la Comisión Europea.

Tras el visto bueno en segunda lectura, el texto inicia la tramitación parlamentaria para su aprobación y entrada en vigor a lo largo del año que viene, lo que permitirá disponer de una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Disponer de un marco normativo que promueva un sistema de transportes más eficiente y sostenible (movilidad activa, transporte público, flotas cero emisiones) es vital para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire. No en vano, en nuestro país el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea.

Además, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura, operadores públicos y privados. Esta digitalización y la compartición de datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios a empresas emergentes y a mejorar la toma de decisiones de todos los actores del sistema de movilidad

Así, la futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Los cuatro pilares de la ley

El proyecto de Ley, cuyo texto final se ha redactado teniendo en cuenta las 203 alegaciones presentadas durante el trámite audiencia e información pública, establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país, sustentándose en cuatro pilares:

  • Un derecho social: por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.
  • Limpia y saludable: el transporte es responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales. Además, es también responsable de otras emisiones contaminantes (gases y partículas), así como de ruido, todo ello con importantes efectos en la salud, especialmente en entornos urbanos. En este sentido, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 25.000 las muertes prematuras que se producen cada año en nuestro país por la mala calidad del aire. Por ello, es imperativo avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud que contribuya, además, a mejorar la calidad de vida de las personas.

Con esta ley se busca dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y al transporte público colectivo de manera que sea una solución accesible y asequible para todas las personas. La Ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, desde servicios de transporte tradicionales hasta nuevos servicios de movilidad, como transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o de movilidad compartida.

También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

  • Un sistema digital e innovador: La ley incluye la creación del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructura y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar tanto la ejecución de nuevas infraestructuras, como la puesta en marcha de nuevos servicios, con el fin de adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos. Así, el instrumento digital aglutinará información actualizada sobre movilidad, como la oferta y demanda de los distintos modos de transporte, y ayudará a fomentar la creación de nuevos servicios de valor.

La Ley también incluirá herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la movilidad, destacando la creación de un espacio de pruebas (sandbox) de movilidad, en el que la autoridad supervisora participará junto al promotor en pruebas de proyectos innovadores, de manera controlada.

En este contexto, la futura Ley introduce los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción progresiva de los vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas, lo que pretende atraer a nuestro país la innovación en este ámbito, y se abre la puerta a que se desarrolle una regulación más detallada.

  • Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar del proyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso. Así, la Ley recoge gran parte de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilida Fiscal (AIReF) y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas.

El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible

Para lograr todos estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, se hace imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para ello, la Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, para cuyo desarrollo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) solicitó asesoramiento financiado por la Comisión Europea que está en proceso de ejecución. Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS).

Por ejemplo, la mejora en la coordinación entre administraciones permitirá que un autobús de titularidad estatal se llegue a su destino en un horario que permita al usuario realizar un trasbordo a otro de titularidad autonómica y continuar su viaje de la forma más ágil y rápida posible. Así, se busca evitar ineficiencias, por lo que es imprescindible impulsar la cogobernanza en la movilidad con una visión intermodal e integrada.

Además, la ley insta a reordenar el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa concesional, que ya está siendo trabajado con las Comunidades Autónomas, y que garantizará una mejora del servicio en todos los territorios. El objetivo es que, con el trabajo conjunto de las diferentes Administraciones, el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos.

Otras reformas introducidas por la nueva ley

La nueva ley garantiza la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropolitano mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo. Además, establece la obligación que las Administraciones velen por incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación "de la ciudad de los coches" a la "ciudad de las personas".

Además, se introduce la obligación de que las empresas con más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo, una herramienta imprescindible descarbonizar el transporte en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

Asimismo, las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía.

También se promueve habilitar caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, que permitan a niños y niñas ir al colegio de forma activa y autónoma. Y se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad.

A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. También se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, medida largamente demandada por el sector para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.

Transporte de mercancías

En el ámbito de las mercancías, la ley reconoce su transporte como un servicio indispensable para la sociedad, tal y como se puso de manifiesto durante la crisis del COVID, debido a su relevancia en el sostenimiento de la actividad económica. Muchas de las medidas para impulsar este sector se adelantaron en la tramitación del Real Decreto Ley de medidas para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte por carretera y las condiciones laborales de los conductores. Se apoyará también la actuación de otras administraciones mediante la publicación de directrices, guías y documentos de buenas prácticas.

También se apuesta por la gestión eficiente en las terminales de transporte, la implementación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación y el establecimiento de puntos de energías limpias en puertos y aeropuertos.

Vertiente social y digitalización

En la vertiente social, la ley fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización para toda la ciudadanía en materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito a lo largo de todo el currículum, desde la etapa escolar, con contenidos de educación vial, convivencia y uso de todos los modos de transporte y movilidad sostenible en condiciones de seguridad, hasta la formación profesional o universidad, fomentando la formación en materia de movilidad sostenible, digitalización, seguridad y multimodalidad del transporte, garantizando también la adecuada formación del profesorado y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida para personas de cualquier edad.

En cuanto a la digitalización, la ley profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea de que los proveedores de servicios de transporte de viajeros, así como los gestores de infraestructuras, faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Esta información facilita la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes, que hacen más sencillo el uso del transporte público y fomentan la intermodalidad.

Además, se mejorará la información pública disponible sobre la localización de los puntos de recarga eléctrica, así como las características del servicio que prestan.

Una norma en línea con los acuerdos internacionales

La Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, se trata de la reforma 2 incluida en el Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023.

Además, mediante este texto articulado se implementan diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada el 10 de diciembre de 2021, que requieren reformas jurídicas con rango de Ley, y se da cumplimiento a diversas recomendaciones dadas por la AIReF y otros organismos internacionales.

Finalmente, esta nueva norma contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea y el paquete de medidas por una movilidad verde y eficiente.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Familias, un texto que equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios, amplía los permisos para cuidados y las prestaciones para familias, y extiende a más familias la protección que hasta ahora se reservaba a las numerosas, entre otros asuntos.

El anteproyecto de ley de Familias responde a los compromisos internacionales de España, ante las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea para mejorar el apoyo a las familias de nuestro país.

El texto se articula en torno a cuatro pilares principales: la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; avanzar en la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias que ya existen en nuestro país, y el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la ampliación de la protección social a las familias, se extenderá la renta crianza de 100 euros al mes para un mayor número de familias con hijos e hijas de cero a tres años. Según los cálculos del departamento, esta medida beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres en nuestro país. Dicha ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. A partir de ahora también recibirán el 100% de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal.

Asimismo, a partir de la aprobación de la ley, más familias contarán con protección social bajo la denominación de "Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza". En esta categoría, se verán recogidas las consideradas como hasta ahora "familias numerosas", además de las siguientes: las familias monomarentales con dos hijos; las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

Por otro lado, pasarán a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).

Respecto a la garantía del derecho a la conciliación, se crean tres permisos de cuidados: un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta 2º grado o conviviente, que los trabajadores o trabajadoras podrán utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo; un permiso parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años y un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata, que será de cuatro días retribuidos al año y que se podrá disfrutar por horas.

Se extenderá el subsidio por nacimiento y cuidado no contributivo a adoptantes y familias de acogida, se ampliará la pensión de orfandad un año, hasta los 26 y el permiso por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave hasta los 26 años en caso de discapacidad.

Sobre el reconocimiento de los distintos tipos de familias, la ley avanza en la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, puesto que estas últimas tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.

La ley genera también un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras. Las familias múltiples, es decir, aquellas que tienen varios hijos o hijas a la vez, serán consideradas como colectivo de especial protección y los hijos e hijas de parejas no casadas podrán ser inscritos en el registro por el progenitor no gestante.

En cuanto a los derechos de los menores, se asegurará el respeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativo y en el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para el que se agilizan los trámites y que beneficiará también a los hijos e hijas de parejas de hecho, mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia.

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REQUISITOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN PEQUEÑO COMERCIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor.

Se trata de un real decreto que regula y clarifica los requisitos en materia de higiene y comercialización de los productos alimenticios que se sirven en establecimientos de comercio al por menor como carnicerías, pescaderías, obradores o bares y cafeterías.

El objetivo es favorecer la sostenibilidad del sistema alimentario, dentro del marco de seguridad alimentaria, e impulsar la economía local. Además, la normativa permite actualizar y simplificar las disposiciones de la Unión Europea (UE) en esta materia y precisar conceptos como la propia definición de comercio al por menor.

Según cálculos del Ministerio de Consumo, más de 200.000 empresas dedicadas a la fabricación y/o al comercio de productos alimenticios -en su mayoría, pequeños negocios familiares y de proximidad-, se beneficiarán de este real decreto.

Entre las novedades de la norma aprobada, destacan las medidas contra el desperdicio alimentario y el sobreenvasado. Por ejemplo, bares y restaurantes deberán ofrecer a sus clientes, sin coste adicional alguno, la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido en el local. Para ello, aportarán envases reutilizables, compostables o fácilmente reciclables, o aceptarán el recipiente que aporte el cliente.

En el resto de establecimientos de comercio al por menor también se permitirá el uso de envases reutilizables aptos para el contacto con alimentos aportados por el consumidor en el momento de hacer la compra. Eso sí, será esta persona la responsable última de la higiene de los mismos y de los posibles problemas de seguridad alimentaria que se pudieran derivar por una mala higiene del recipiente o bolsa aportada por quien hace la compra.

Si es el minorista quien dispensa productos alimenticios en envases de vidrio, metal o cerámica, estos podrán reutilizarse siempre y cuando se cuenten con equipos que garanticen la adecuada limpieza y desinfección de los envases al ser retornados por los clientes.

Con el objetivo de evitar el desperdicio alimentario, estos establecimientos podrán, asimismo, vender productos alimenticios que presenten defectos de forma, tamaño, etiquetado o envasado (bajo la responsabilidad del vendedor) cuando estos no afecten a la seguridad de los mismos y se informe de esta circunstancia a los consumidores. Las conservas abombadas no entran en esta categoría porque este defecto puede indicar un problema de seguridad alimentaria.

Mejoras en la seguridad alimentaria y en la comercialización de productos

El real decreto también delimita las temperaturas a las que tienen que mantenerse los alimentos en el comercio al por menor para no romper la cadena de frío, cómo deben realizarse las operaciones de congelación y descongelación y cuáles son los requisitos específicos para la preparación de carne fresca, picada o productos cárnicos.

Además, se regulan los tratamientos a los que hay que someter al pescado para prevenir la anisakiasis y los procesos de elaboración de alimentos que contengan huevo (sea crudo o tratado térmicamente).

Los comercios minoristas podrán contar, asimismo, con zonas de degustación de los productos que ofrecen o elaboran. En este último caso, será necesario contar con una zona separada de la zona de ventas para evitar la contaminación cruzada entre los alimentos cocinados y aquellos expuestos en fresco.

Los productos alimenticios elaborados por los establecimientos de comercio al por menor se presentarán y etiquetarán de acuerdo con la normativa vigente pero, además, de manera voluntaria podrán incluir las etiquetas de "elaborado por" seguido del tipo y el nombre del establecimiento elaborador en la etiqueta, placa o marchamo del producto. Los minoristas también podrán usar la etiqueta de "elaboración propia" en un cartel o rótulo próximo al producto, en un listado fuera del expositor o en una zona delimitada, cuando no se presenten envasados.

Otros establecimientos

Las viviendas privadas donde se preparen alimentos, a efectos de esta nueva normativa, se considerarán comercios al por menor. No obstante, deberán cumplir ciertos requisitos como no servir comidas preparadas para su consumo in situ o no suministrar productos alimenticios en eventos, entre otros. Los alimentos que suministren deberán llevar la etiqueta de "elaborado en vivienda particular" y la fecha de elaboración.

Por su parte, los vehículos de venta ambulante, como las gastronetas (foodtruck), los almacenes de apoyo y las instalaciones en que se realicen operaciones de venta al consumidor final, también serán considerados establecimientos de comercio al por menor a efectos de esta normativa.

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PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD CICLISTA EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha acordado la creación del Grupo de Trabajo Interministerial para la promoción de la movilidad ciclista en España, que tiene como finalidad asesorar y coordinar las políticas de los diferentes ministerios relacionadas con la movilidad ciclista en España.

Este grupo se crea en el marco de la Estrategia Estatal por la Bicicleta, y contará con vocales de 12 departamentos ministeriales: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio de Universidades.

Además de con vocales de todos estos Ministerios, se contará con la participación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), y representantes de las direcciones generales de Carreteras y de Transporte Terrestre de MITMA y de la Oficina General de la Bicicleta de este Ministerio.

También se incluye la posibilidad de que, puntualmente, participen representantes de otras entidades de la Administración General del Estado, así como de ADIF, de empresas de transporte de viajeros o de otros organismos u organizaciones que resulten de interés en cada reunión.

Este grupo actuará como órgano colegiado regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la Secretaría General de Transportes y Movilidad.

Funciones del Grupo de Trabajo Interministerial

El Grupo de Trabajo Interministerial desempeñará las siguientes funciones:

a)Promover la coordinación de las actuaciones en materia de promoción de la bicicleta y de la movilidad ciclista de los diversos departamentos ministeriales y organismos de la Administración General del Estado.

b)Analizar e intercambiar información sobre propuestas y planes coordinados de actuación en materia de promoción de la bicicleta y de la movilidad ciclista, así como mantener información actualizada de la evolución de acciones conjuntas.

c)Analizar e intercambiar información sobre propuestas o proyectos con repercusión en la promoción de la bicicleta y de la movilidad ciclista que tengan previsto realizar los diversos departamentos.

d)Puesta en común de la información y de las actuaciones emprendidas por los diferentes Departamentos.

La creación y funcionamiento del Grupo de Trabajo no supondrá aumento del gasto público, pues se llevará a cabo con los recursos humanos y los medios materiales existentes.

Contexto del grupo- La Estrategia Estatal por la Bicicleta

La Estrategia Estatal por la Bicicleta fue adoptada por el Consejo de Ministros el 8 de junio de 2021 y constituye el primer plan a nivel nacional para impulsar este modo de transporte desde todos sus ámbitos: movilidad cotidiana, ocio, deporte, turismo y cadena de valor de la industria.

Esta Estrategia involucra a un gran número de actores y, entre ellos, a diferentes departamentos ministeriales de cuya acción coordinada dependerá en gran parte el éxito de las acciones para la promoción de la bicicleta y de la movilidad ciclista.

Así, la Estrategia establece la creación de una red interministerial de responsables de asuntos relacionados con la bicicleta, tal y como se ha aprobado en Consejo de Ministros.

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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 10 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE y pasó a tener la consideración de tercer país; tras la ratificación del Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Acuerdo de Retirada), que preveía un período transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por ello, España aprobó el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada.

El Real Decreto-ley 38/2020 determina, en su artículo 2, que las medidas sujetas a un plazo de vigencia dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el Gobierno, mediante acuerdo, proceda a prorrogarlo.

Así, mediante diversos acuerdos del Consejo de Ministros se ha venido prorrogando la vigencia de determinadas medidas previstas en el citado real decreto-ley.

Entre estas medidas está la recogida en el artículo 10, relativo al acceso a las prestaciones por desempleo, el cual establecía, en su apartado 3, que los ciudadanos de la UE que se desplazan diariamente a Gibraltar para realizar una actividad laboral y que mantienen la residencia en España y no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de Retirada, podrán acceder, hasta el 31 de diciembre de 2022, a las prestaciones por desempleo, por los períodos de seguro acreditados en Gibraltar antes y después de la finalización del período transitorio, sin que sea necesario que hayan cotizado en último lugar en España.

Dado que hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo internacional sobre este punto con el Reino Unido en relación con Gibraltar y que la pérdida de vigencia de la medida, que expirará el próximo 31 de diciembre de 2022, puede suponer un perjuicio para los ciudadanos españoles y de otros Estados miembros residentes en España, se considera necesario ampliar el plazo de vigencia de esta medida concreta hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por ello, mediante este acuerdo se prorroga el plazo previsto en el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Las medidas contempladas en la disposición citada dejarán de aplicarse si, con anterioridad a la fecha de finalización de su vigencia, entrase en vigor un acuerdo de la UE con el Reino Unido o un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido respecto de Gibraltar que regule el acceso a las prestaciones por desempleo y el correspondiente mecanismo de reembolso recíproco dentro de su ámbito de aplicación material.

Política Territorial

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN EN 2021

El Consejo de Ministros ha recibido informe sobre la actividad de los órganos de cooperación en 2021, de acuerdo con lo que prevé la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

El modelo español de cogobernanza, el Estado, las comunidades autónomas, ciudades autónomas, y las entidades locales tienen garantizados sus respectivos ámbitos de autonomía y capacidad de gestión de sus propias políticas al tiempo que se reconocen mutuamente la necesidad de trabajar de forma colaborativa para alcanzar soluciones conjuntas.

En este contexto, es conveniente citar brevemente el sistema de órganos de cooperación definido en la LRJSP: Conferencias Sectoriales, con la presencia del Ministro y a los Consejeros competentes por razón de la materia; Comisiones Sectoriales, presididas normalmente por un Secretario de Estado y constituidas por altos cargos de las CC.AA., para el apoyo y desarrollo de los trabajos de las anteriores; Grupos de Trabajo, en los que participan normalmente el personal directivo estatal y autonómico, para intercambio de información sobre problemas prácticos; y Conferencia de Presidentes, máximo órgano de concertación política que reúne al Presidente del Gobierno y los Presidentes de todas las CCAA, con el objetivo de establecer directrices políticas de carácter general y multisectorial.

Se aportan datos e información de relevancia para conocer el grado y el alcance de la participación autonómica en el desarrollo de las políticas gubernamentales, que en el año 2021 han cobrado gran importancia con: la gestión de los efectos de la pandemia del COVID-19; la puesta en marcha de las campañas de vacunación masiva de forma coordinada; y la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como grandes hitos que han requerido un esfuerzo adicional de coordinación y cogobernanza.

Esta mejora del sistema de órganos se podrá llevar a cabo a propuesta y bajo la dirección del Ministerio de Política Territorial en el marco del nuevo papel que asume en relación con la función coordinadora de la Conferencia de Presidentes y su Comité Preparatorio, tras la aprobación el pasado 13 de marzo de 2022 de un nuevo Reglamento que refuerza su papel como cúspide del sistema de órganos de cooperación.

Datos del Informe

El informe, elaborado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del Ministerio de Política Territorial, incorpora datos de las 45 conferencias sectoriales existentes a 31 de diciembre 2021.

  • En el año 2021 han tenido lugar dos encuentros de la Conferencia de Presidentes, ambos de carácter extraordinario, la XXIV (30 de julio de 2021, Salamanca) y XXV (22 de diciembre de 2021, Madrid, Senado). Además, se ha retomado la actividad ordinaria de este órgano con la celebración en noviembre de 2021 del primer Comité Preparatorio, de Impulso y Seguimiento, que dio lugar a la primera Conferencia Ordinaria de Presidentes de 2022.
  • Si en 2029 el número de conferencias sectoriales se incrementó en más de un 200% respecto de la media de los años anteriores, pasando de 56-58 reuniones anuales a un total de 169, esta tendencia ha continuado en 2021, llegando incluso a incrementarse el número de sesiones totales (175), como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
AÑONúmero de reuniones
201759
201865
201949
2020169
2021175

Si en 2020 la mitad de los encuentros correspondieron al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en 2021 se ha reducido su actividad, pasando de 82 reuniones en 2020 a 52 en 2021, pero sigue siendo el órgano de cooperación más activo, con diferencia, en la actualidad. Le sigue, a mucha distancia, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con trece reuniones celebradas en 2021, frente a las cuatro mantenidas en 2020.

En 2021, se han creado 4 nuevas Conferencias Sectoriales:

  • Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
  • Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia
  • Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios
  • Conferencia Sectorial de Memoria Democrática
  • Se ha mantenido la actividad a distancia (videoconferencia) de las reuniones de estos órganos, confirmándose la generalización de esta técnica que tuvo lugar en 2020.
  • Se ha consolidado la práctica de la celebración de Conferencias Intersectoriales. Entendemos por tales aquellos encuentros de dos o más conferencias sectoriales con al menos un punto del orden del día en común y que afecta al ámbito de actuación de ambos órganos. En 2021 se han celebrado las siguientes Conferencias Intersectoriales: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con Educación; Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente a fin de aprobar el primer plan de salud pública y medio ambiente.
  • Se incluye un capítulo propio relativo al PRTR, destacándose: el papel de las Conferencias Sectoriales en la gestión de los fondos del PRTR a lo largo del año 2021 ha sido clave, ya que se prevé la ejecución por comunidades autónomas de en torno a un 54% de los fondos del Plan de Recuperación para el despliegue de inversiones en sus ámbitos de competencias. Todas las Conferencias Sectoriales han celebrado sesiones informativas del PRTR y de rendición de cuentas una vez empezada la ejecución del Plan.

Conclusiones del Informe

  • Se aprecia que el notable incremento de la actividad de los órganos de cooperación se ha consolidado también durante el año 2021, mostrando su efectividad para la resolución de problemas novedosos y complejos.
  • A lo largo de este año 2021 la actividad ya no solo ha tenido como principal punto la gestión de la pandemia, sino también la necesidad de poner en marcha la definición del PRTR, identificando las principales áreas donde es importante poner el foco e invertir los recursos disponibles para lograr una economía resiliente y capaz de afrontar los retos de futuro. El sistema de órganos de cooperación se mostró efectivo, no solo en la definición del Plan sino muy especialmente en la definición de criterios de repartos de fondos y territorialización.
  • El incremento de la actividad de los órganos de cooperación en el año 2021 respecto a los muy elevados niveles que se alcanzaron en 2020 (y que ya constituyeron un récord) supone un auténtico cambio estructural en nuestro proceso político. No se trata sólo de un cambio cuantitativo -en 2021 hubo el triple de reuniones que en 2017- sino cualitativo.
  • La cogobernanza es ya una realidad consolidada en nuestro proceso de toma de decisiones, asumida por el conjunto de las instituciones.
  • El incremento en los encuentros multilaterales (unido a otros fenómenos que han tenido lugar, como la disminución de la conflictividad ante el Tribunal Constitucional entre el Estado y las autonomías) es una muestra de que se tiende a superar la forma de entender las relaciones interinstitucionales a partir de la búsqueda de enfrentamientos.
  • Este mejor clima de diálogo redundará en una mejora en la solidaridad y la colaboración y, progresivamente, en un constante fortalecimiento de la cohesión territorial.
  • La experiencia de este año 2021, que sin un sistema de cooperación maduro no hubiera sido posible hacer frente a las distintas eventualidades (vacunación, recuperación socioeconómica de la pandemia, PRTR, catástrofes naturales), o, al menos, se habría realizado de forma menos eficiente y con un coste mucho mayor.
  • El sistema de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas ha permitido la toma de mejores decisiones. La construcción realmente conjunta del PRTR, ha facilitado la participación y la transparencia de los procesos.

Política Territorial

INFORME SOBRE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO EN 2021

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe, elaborado por la Dirección General de la Administración General del Estado en el territorio, en colaboración con las Delegaciones del Gobierno, sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado en el Territorio correspondiente al año 2021, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

La Administración General del Estado en el Territorio es la encargada de ejercer la actividad del Estado de forma desconcentrada en el territorio, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma, distinguiendo entre: servicios integrados que se adscriben, atendiendo a la Delegación o Subdelegación del Gobierno o Dirección Insular correspondiente; y servicios no integrados, que dependen directamente de los órganos centrales correspondientes.

Aspectos generales

Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial, a través de la Secretaría General de Coordinación Territorial. Existen 17 Delegaciones del Gobierno, correspondientes a cada una de las comunidades autónomas, 2 Delegaciones del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla, 44 Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y 7 Direcciones Insulares, que ejercen, en el ámbito insular, las competencias atribuidas por la Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Las Áreas Funcionales de las Delegaciones del Gobierno gestionan la mayoría de los servicios integrados y actúan directamente sobre la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente, organizándose en dependencias provinciales. Dichas Áreas son las correspondientes a Fomento; Industria y Energía; Agricultura (que se denomina de Agricultura y Pesca en las Delegaciones de Gobierno con territorio litoral); Sanidad y Política Social; Alta Inspección de Educación; Trabajo e Inmigración.

En cuanto a los principales datos sobre recursos humanos, cabe mencionar que, a 31 de diciembre de 2021, las Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insulares contaban con 5.692 efectivos (5.778 en 2020) y la dotación presupuestaria ascendió a 243.236.853,50 euros.

Balance y principales proyectos:

1)70 puntos de atención ciudadana, entre Oficinas de Extranjería y sedes delegadas. Las Oficinas de Información y Atención a los Ciudadanos han atendido en 2021 un total de 2.693.560 consultas. También destaca la admisión de 174.141 certificados electrónicos emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (un incremento del 59% respecto a 2020).

2)Protección Ciudadana y Derechos Ciudadanos, se incluyen datos relativos a la concesión de autorizaciones administrativas, tramitación de expedientes sancionadores y trámites relacionados con el derecho de reunión y manifestación, celebración de procesos electorales o asistencia jurídica gratuita; la gestión de drogas; protección civil; violencia de género; transparencia y otros servicios. En 2021 se han tramitado 422.768 expedientes sancionadores, 40.632 expedientes de manifestaciones y reuniones, 35.802 expedientes de autorizaciones administrativas y se han celebrado dos procesos electorales en cuya organización han participado las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno: las elecciones al Parlamento de Cataluña el 14 de febrero de 2021 y las elecciones a la Asamblea de Madrid, el 4 de mayo de 2021.

En Protección Civil cabe destacar la intervención directa de las Delegaciones del Gobierno en la coordinación de medidas de emergencia y en la gestión posterior de las ayudas en dos fenómenos extraordinarios como fueron:

  • La erupción volcánica de la Palma, en septiembre de 2021, donde la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en las Islas Canarias tramitó 1.151 solicitudes de ayuda de daños en viviendas, 4 de comunidades de propietarios, 7 de requerimientos, 182 de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y 18 de corporaciones locales.
  • La borrasca Filomena, en enero de 2021, donde las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de los territorios más afectados colaboraron en la coordinación de las actuaciones de emergencia, y en la gestión de las subvenciones, cuyos beneficiarios fueron unidades familiares, corporaciones locales, titulares de establecimientos y comunidades de propietarios.

Teniendo en cuenta estas dos situaciones extraordinarias, desde las Delegaciones del Gobierno en 2021 se gestionaron 12.161 expedientes de esta naturaleza. El total de ayudas concedidas en el ámbito de la Protección Civil alcanzó los 14.749.812,44 euros (además de 10.5 millones concedidos directamente a la Comunidad Autónoma de Canarias para paliar las consecuencias de la erupción volcánica).

Destaca de igual manera la actuación de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones del Gobierno, encargadas del seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la AGE para la atención de las situaciones de violencia de género en el territorio. Em 2021, estas unidades han elaborado más de 70.000 fichas de seguimiento de situaciones de violencia de género o de casos de riesgo y especial vulnerabilidad.

Además, por cuarto año consecutivo se articuló una transferencia de crédito desde el Ministerio de Igualdad hacia el entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para reforzar las actuaciones de sensibilización y prevención de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer. El Acuerdo se firmó el 15 de febrero de 2021 por un importe de 500.000 euros.

3)Respecto al control sanitario en fronteras, en 2021 la actividad se ha visto afectada nuevamente de manera directa por la pandemia mundial ocasionada por la COVID-19. Durante este año se administraron 43.837 dosis de vacunas y se atendió a 55.690 viajeros.

Existen 29 Centros de Vacunación Internacional integrados en las Áreas de Sanidad y Política Social, y que forman parte de la Estrategia de Vacunación frente a la COVID, por lo cual son considerados puntos complementarios de las vacunas de la COVID-19, habiéndose suministrado 6.769 en 15 de estos centros.

4)En materia de Economía y desarrollo social, se aportan datos de los Jurados provinciales de Expropiación Forzosa; de las ayudas al transporte para abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas, y entre Canarias y Baleares y la Península; y del control de las condiciones de ejercicio de instalaciones energéticas.

5)Información relativa a gestión y mayor eficiencia de medios humanos, inmuebles y los relativos al parque móvil. En materia de gestión de los inmuebles, durante el año 2021 se han implantado medidas de buena gestión y planeamiento de actuaciones en aras de obtener los mayores resultados con el mínimo coste en las Sedes de la AGE en el Territorio.

En cuanto a los Servicios no integrados, el informe resume los servicios que se prestan no integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Entre los servicios no integrados, destacan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, las Gerencias Territoriales de Justicia, las Demarcaciones de Carreteras, las Confederaciones Hidrográficas, las Delegaciones de Economía y Hacienda, las Jefaturas Provinciales de Inspección de las Telecomunicaciones o las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

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