Referencia del Consejo de Ministros

22.11.2022

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Hacienda y Función Pública

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14, I4). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 20.300.000 euros, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional, para el desarrollo de intervenciones en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura e Illes Balears, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 14, Inversión 4).
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 190.886.373,50 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para garantizar la prestación económica no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 1.592.142,51 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, O.A., para atender el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 10.443.121,94 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para atender el incremento adicional del 1,5 % de las retribuciones del personal al servicio del sector público, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales la prórroga y la tramitación anticipada de diversos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales la tramitación anticipada de dos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atender las necesidades previstas para el desarrollo de la Presidencia Española de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C12, I2). ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de financiar ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, PERTE Agroalimentario (Componente 12, Inversión 2).
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación la tramitación de diversos contratos relativos al seguimiento económico y científico-técnico de ayudas, así como la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
  • ACUERDO por el que se fijan y modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación del Convenio para la construcción, puesta en marcha y funcionamiento del observatorio Square Kilometre Array (SKA).
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 1, la contratación, la prórroga y la tramitación anticipada de diversos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 272, la contratación de dos expedientes de inversiones reales.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la tramitación anticipada de diversos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, al fin de posibilitar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias llevar a cabo la realización de diversos expedientes de gasto relativos a gastos corrientes en bienes y servicios como contratos de suministro de energía eléctrica y gas propano.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: TE-01. Teruel. Valor estimado del contrato: 33.344.466,52 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: AV-01. Ávila. Valor estimado del contrato: 19.560.566,07 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: GI-01. Girona. Valor estimado del contrato: 18.160.909,76 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del suministro de energía eléctrica, desde 1 de abril de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, en puntos telemedidos de tracción gestionados por ADIF-Alta Velocidad. Valor estimado del contrato: 1.850.758.172,78 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de seguridad vial de la conexión de la autopista AP-7 con la carretera C-65 en el enlace de la salida 7, punto kilométrico 64+000 de la autopista AP-7, en la glorieta de Salt, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Girona, por importe de 1.356.719,25 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de reparación de la superestructura de vía en la rampa de Pajares, debido al mal estado de las traviesas entre los puntos kilométricos 54+100 y 107+973 de la línea 130 León - Gijón Sanz Crespo, en Asturias, por un importe de 5.210.675,40 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por daños ocasionados debidos a las intensas lluvias de los días 23, 24 y 25 de enero de 2019 en la red de ancho métrico dentro de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, por importe de 4.617.060 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorandum de Entendimiento de París de 1982 sobre el control por el Estado Rector del Puerto (MOU-PSC), correspondiente a 2022, por importe de 46.998 euros.

Industria, Comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje para la financiación de las actuaciones necesarias para proceder a la creación del Centro Nacional de Tecnologías del Envase.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención al Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), por importe de 12.158.246,74 euros, para la financiación de obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.1 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.

Sanidad

  • ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial, para el ejercicio presupuestario 2022, de créditos gestionados por las comunidades autónomas e INGESA (ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) para el Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y enfermeros/as y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos, y para el Plan nacional de donación de médula ósea, por importe de 38.009.203,05 euros.

Derechos Sociales y Agenda 2030

Ciencia e Innovación

  • REAL DECRETO por el que se establecen las Oficinas de Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra de Ciencia e Innovación para la realización por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de la campaña "Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal", como campaña sobrevenida de publicidad institucional.

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que autoriza la celebración del contrato de obras de construcción de la nueva sede del centro de proceso de datos para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con un valor estimado de 73.119.704,90 euros.

Universidades

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

AUTORIDAD DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

La creación de la Autoridad incrementará la protección de los ciudadanos en cuanto clientes financieros, que podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, lo que redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio. De esta forma, esta nueva institución centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El texto aprobado amplía el alcance y las competencias de la futura Autoridad respecto al texto inicial, reforzando la seguridad jurídica y la protección de los clientes financieros.

Más protección para los clientes

Entre las principales novedades que se han incorporado en el proyecto tras la Audiencia Pública destaca la ampliación de las entidades que podrán ser objeto de reclamaciones por parte de los clientes. A las entidades supervisadas, servicios fintech y de criptoactivos se añaden los servicios de préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados.

Asimismo, se refuerza el papel de los Códigos de Buenas Prácticas y de autorregulación del sector financiero, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento. En este sentido se incluye como obligación para los supervisores financieros la elaboración y actualización de un Compendio Anual de Buenas Prácticas y Usos Financieros que será tenido en cuenta por la Autoridad en la resolución de los conflictos.

Se extiende también el tipo de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico, para cubrir reclamaciones, por ejemplo, de falta de información o por la no apertura de una cuenta de pago básica, así como por posibles incumplimientos de la autorregulación del sector financiero.

En este sentido se aclara que cuando la reclamación tenga un contenido económico, en las resoluciones que sean vinculantes se podrá determinar la devolución de importes debidamente cobrados más los intereses de demora. Para las reclamaciones sin contenido económico se establece la posibilidad de la Autoridad pueda reconocer al cliente una compensación, entre 100 € y 2.000€, en función de la naturaleza, alcance y circunstancias particulares de la reclamación.

Asimismo, se refuerzan los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones y que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemático.

Finalmente, como novedad y con el fin de favorecer todas las alternativas posibles para las partes, se incluye expresamente la posibilidad de que las partes puedan someterse voluntariamente una vez iniciado el procedimiento a un mecanismo de conciliación o mediación, aun cuando el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad.

Funcionamiento de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Podrán presentar reclamaciones ante la Autoridad las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por los altos tribunales correspondientes, o en su caso, hayan sido inscritas con tal carácter en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, en relación con los contratos financieros.

Las resoluciones se dictarán de forma ágil, atendiendo a criterios uniformes, en un plazo no superior a 90 días naturales desde que el expediente esté completo, y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.

En el resto de los casos, cuando las resoluciones no sean vinculantes por ser de una materia no relacionada con las normas de conducta o de cuantía superior a 20.000 euros, están tendrán el valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial en defensa de sus intereses.

El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad.

La nueva Autoridad se financiará con el pago por las entidades financieras de una tasa de 250 euros que abonarán por cada reclamación admitida. Se trata de una tasa por actividad y servicios de forma que, además de contribuir a la financiación de la institución, incentivará que las entidades resuelvan las reclamaciones de forma previa.

Con el fin de evitar abusos, la Autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un periodo de un año presentando reclamaciones que resulten infundadas.

Estructura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que estará adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, contará con autonomía e independencia funcional y se financiará, cuando su actividad esté en pleno funcionamiento, a través de tasas recabadas por las reclamaciones admitidas.

A nivel organizativo, la Autoridad contará con un Presidente y un Vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable.

La Autoridad se organizará en direcciones generales y secciones, que serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones. Asimismo, se les dota a los Vocales de un elevado grado de independencia.

Además, para garantizar la homogeneidad de criterios en la resolución de las reclamaciones, se prevé la existencia de una cuestión de unificación de criterio que resolverá una Sección Especial.

Por último, la Autoridad contará con un Comité Consultivo, que será un órgano de asesoramiento y estará integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la Autoridad, además de por doce miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, las patronales del ámbito financiero y representantes de las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos expertos independientes, del ámbito académico, con conocimientos en materia financiera

La creación de esta Autoridad complementa el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en tres niveles: en primer lugar, los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; en un segundo estadio, los servicios de resolución extrajudicial de reclamaciones de los organismos supervisores y, por último, los órganos judiciales.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A DEUDORES HIPOTECARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se establece un Código de Buenas Prácticas de medidas mitigadoras de la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.

Este paquete de medidas persigue aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del Euribor, preservando la estabilidad financiera.

Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor. Gracias a las medidas de protección de rentas y a la bajada del stock de crédito, los hogares tienen una posición financiera más saneada con más ahorro y menos endeudamiento que en el pasado. A esto se añade que tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo, el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021 y el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido sustancialmente en los últimos años.

La ampliación del catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares les permitirá disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria de forma efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.

De forma específica se actúa en tres vías: mejora del tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos, adopción de mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

Ampliación y refuerzo del Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables

En primer lugar, se recogen medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012, con el fin de adaptarlo a la situación actual. De esta forma los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (Euribor - 0,1% frente al Euribor + 0,25% actual). Asimismo, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años. Esta medida es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir un tratamiento adecuado.

La aplicación de estas medidas permitirá que los deudores hipotecarios vulnerables vean aliviada su carga financiera de forma inmediata. Por ejemplo, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros.

Nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos de interés

Asimismo, se propone un nuevo Código que proporcione alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés.

Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Medidas complementarias

Por último, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos. Las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero.

El objetivo es que el conjunto de medidas adoptado esté disponible a partir del 1 de enero de 2023.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AVALES PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se realiza una segunda modificación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Mediante este acuerdo, se amplía el plazo de solicitud de los avales hasta el 1 de diciembre de 2023. Esta línea de avales, aprobada en el Real Decreto-ley 6/2022, cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros. Se activó en mayo un primer tramo de 5.000 millones gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las Entidades Financieras.

Además de la ampliación de la línea, se introducen algunas modificaciones en la configuración del primer tramo activado en mayo. Así, el primer tramo de la Línea se divide en dos compartimentos, uno de 3.500 millones para pymes y autónomos y otro de 1.500 millones para grandes empresas, con el fin de garantizar el acceso a la financiación de empresas de todos los tamaños.

Asimismo, en línea con la última ampliación del Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea, se incrementan los umbrales máximos de avales de importe limitado por empresa a 2.000.000 euros con carácter general, 250.000 euros para empresas primarias de productos agrícolas y 300.000 euros para pesca y acuicultura, que seguirán manteniendo las condiciones anteriores.

Para préstamos por importe superior, con el fin de evitar que las empresas más grandes puedan agotar el aval disponible, se establece un límite absoluto de 150 millones de euros por beneficiario, que se añade a las limitaciones de importe que ya venían establecidas en función de su volumen de negocio o de sus costes energéticos.

Se extiende hasta 31 de diciembre de 2023 el compromiso de las entidades financieras de mantener las líneas de circulante a los clientes avalados bajo esta línea.

Se establece, por último, para aquellas operaciones de más de 50 millones de euros, el compromiso del beneficiario de no repartir dividendos durante la vida de la operación.

Características de la Línea de Avales

La línea tiene como objetivo garantizar la liquidez de autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros.

Los avales se destinan a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las Entidades Financieras, y podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre de 2023 los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 2.000.000 euros con carácter general, 250.000 euros para empresas primarias de productos agrícolas y 300.000 euros para pesca y acuicultura, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.

Superados estos umbrales, el importe máximo del total de préstamos avalados por beneficiario se fijará en función de su volumen de negocio anual medio o de sus costes energéticos en los 12 últimos meses, pero en ningún caso podrá superar los 150 millones de euros. En estos préstamos, el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas. La duración del aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.

Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, las Entidades Financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Trabajo y Economía Social

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PILOTO PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión 'Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva'. En concreto, del proyecto 'Financiación de formación', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a cargo de los fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

El objetivo del proyecto normativo es dotar de financiación a dos proyectos piloto como nuevas iniciativas que permitirán contrastar sus respectivos resultados para que, eventualmente, puedan extrapolarse al conjunto del Sistema Nacional de Empleo, y contribuir a confirmar la regulación y aplicación práctica del proyecto Microcréditos del Componente 23.

Es necesario, para afrontar la transformación productiva, digital y verde, atender las necesidades de cualificación y recualificación de las personas trabajadoras. De esta manera, se va a contribuir tanto a la mejora de la empleabilidad como a la transformación productiva digital y sostenible.

Los proyectos piloto a los que se refiere este real decreto, pretenden contribuir al diseño y experimentación de fórmulas de financiación de formación tales como los microcréditos para la adquisición de competencias de carácter técnicas y transversales que permita acceder al conocimiento para la transformación digital, ecológica y productiva acorde con las necesidades requeridas para la inserción profesional y adecuar la oferta y la demanda de empleo.

Proyectos piloto de Cataluña y Madrid

Los proyectos piloto de las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid permitirán fomentar la formación en áreas detectadas como prioritarias y con necesidades de contratación. Cada una de estas comunidades autónomas recibirán 2 millones de euros para poner en marcha estas actuaciones.

El objetivo es dar autonomía y flexibilidad al escoger la formación, permitir comprobar la utilidad y agilidad al ofrecer estos microcréditos a personas que quieran formarse sin tener que esperar a la publicación de convocatorias específicas e identificar el nivel de demanda y eficacia de determinadas formaciones o acreditaciones, mediante actuaciones para promover la cualificación profesional de las personas trabajadoras, desempleadas u ocupadas.

El coste unitario por persona participante será de 700 euros. Las entidades beneficiarias deberán presentar un plan detallado que permitirá percibir la subvención anticipadamente y una memoria justificativa tras la finalización de la ejecución de las actuaciones.

Trabajo y Economía Social

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PILOTO PARA COLECTIVOS VULNERABLES Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estos planes están desarrollados por Andalucía, por la Región de Murcia y por Castilla-La Mancha en el marco de la Componente 23 "Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo", liderado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en cuyas iniciativas prioritarias de reforma estructural participa el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta norma permitirá financiar, por tanto, tres proyectos piloto para colectivos vulnerables y un proyecto piloto de emprendimiento y microempresas en las comunidades mencionadas.

El Componente 23, en su Inversión 4 'Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad', recoge la necesidad de realizar inversiones destinadas, por una parte, a la promoción de proyectos de empleo para colectivos especialmente vulnerables y, por otra, a la promoción de proyectos y líneas de intervención para favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo, así como la fijación de población, con especial atención a la transformación productiva y el avance hacia una economía verde y digital.

Andalucía

La comunidad autónoma de Andalucía podrá desarrollar un proyecto piloto dirigido al fomento de la cultura emprendedora. El coste por iniciativa emprendedora incluida será de 5.000 euros máximo, y se prevé un número total de 400 iniciativas empresariales. El total de la subvención asciende a 2 millones de euros.

Murcia

La Región de Murcia, llevará a cabo un proyecto territorial que aborde, a través de dos programas piloto, la prevención y tratamiento de las situaciones de desempleo y vulnerabilidad de personas jóvenes y de personas en situación de paro de larga duración mediante la promoción de proyectos y líneas de intervención para favorecer la inserción laboral de personas vulnerables. El coste unitario por persona participante será de 6.000 euros máximo y se prevé un número de trabajadores participantes de 250. Esta comunidad recibirá un importe total de 1,5 millones de euros.

Castilla-La Mancha

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se financiará el desarrollo de un proyecto piloto dirigido a personas jóvenes vulnerables, mediante actuaciones para promover su inserción laboral a través de la formación en un sector con alta demanda de empleo como es sector de los videojuegos. El coste unitario por persona participante finalizada será de 6.000 euros máximo y se prevé que un total de 200 personas trabajadoras beneficiarias. El importe asignado es de 1,2 millones de euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS BOMBEROS FORESTALES Y LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES

El Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos de ley para estandarizar la situación laboral de dos figuras clave en la protección del territorio: los bomberos forestales y los agentes medioambientales. De este modo, las normativas aprobadas asegurarán unas condiciones laborales y de profesionalidad equivalentes en todo el territorio nacional para estos colectivos.

Hasta la fecha, la figura de los agentes medioambientales y forestales se había configurado de forma heterogénea en los distintos territorios de España. Las comunidades autónomas, conforme sus competencias, han regulado y desarrollado tanto la figura de agente forestal como la de agente medioambiental, estableciendo sus propios cuerpos y escalas, con distintas denominaciones y funciones. Al mismo tiempo, la Administración General del Estado cuenta por su parte con la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

Para revertir esta situación, que producía desigualdades entre los trabajadores de las diferentes regiones de España, se ha trabajado intensamente en el desarrollo de este régimen jurídico básico para el sector, en colaboración con todas las administraciones públicas implicadas y de la mano de los agentes sociales. Así, este nuevo instrumento normativo establecerá un marco jurídico en el que se define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales, entre las que se encuentran labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.

De este modo, los agentes forestales y medioambientales pasarán a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico. Además, en el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Anteproyecto de ley básica de los bomberos forestales

Por su parte, las personas que se dedican a la prevención y extinción de incendios forestales en España prestan sus servicios en dispositivos integrados en unos modelos de gestión muy diversos. Esto se debe a que, una vez que se produjeron las transferencias de competencias en materia ambiental y forestal según lo recogido en la Constitución Española, las comunidades autónomas desarrollaron su propia normativa en la organización de los servicios de defensa contra los incendios forestales.

Algunas comunidades enmarcaron esta actividad dentro del ámbito forestal y otras desarrollaron una estructura que se basaba en protección civil, con diferentes modelos existentes en la realidad territorial nacional. En algunos casos, la lucha contra los incendios forestales se lleva a cabo a través de empresas públicas, mientras que en otras se recurre a empresas privadas, con contrataciones directas de las propias comunidades autónomas o sus agencias, o de otras administraciones, como la local.

Por ello, el anteproyecto de ley básica de los bomberos forestales pretende resolver esta situación, estableciendo un nuevo marco que determine de manera explícita cuáles son sus derechos, deberes, los medios de los que deben estar dotados, medidas de seguridad y de coordinación en sus actuaciones. Teniendo en consideración además que, en numerosas ocasiones, trabajan en incendios fuera de su comunidad autónoma de adscripción.

La norma regulará con carácter básico las condiciones en las que estos profesionales, que prestan un servicio esencial y de interés social, llevan a cabo su trabajo. Y con independencia de la naturaleza jurídico-laboral concreta que en cada caso ostente el personal, ya sea funcionario, personal laboral o personal contratado por empresas públicas o privadas a las que las administraciones públicas hayan contratado para la prestación de estos servicios.

Entre las funciones que deberán desempeñar los bomberos forestales, y que recoge el texto, se encuentran las operaciones de extinción de incendios forestales, las tareas de prevención, vigilancia y detección, y el mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones para la prevención y extinción de estos incendios. Así, este nuevo marco regulador redundará en una mayor profesionalización y eficacia y permitirá a los bomberos forestales desempeñar su importante labor de una manera óptima y segura.

Una constitución paulatina

La diversidad de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza se ha ido constituyendo paulatinamente y presenta, en consecuencia, categorías dispares. En el caso del colectivo de agentes forestales y medioambientales, desde aproximadamente 1677, cuando se dictó una real ordenanza sobre la necesidad de que existiese un grupo de personas que vigilasen las masas arbóreas y los animales salvajes. En el de los bomberos forestales, España viene luchando contra los incendios forestales de forma explícita desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la Real Orden de 1858 en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.

Para alcanzar un modelo eficiente de conservación de la naturaleza es imprescindible la labor de agentes forestales y medioambientales, que deben estar plenamente integrados en los equipos de gestión, con formación profesional específica, con presencia y responsabilidad territorializada y combinación de funciones técnicas en dominios públicos junto al asesoramiento y asistencia a la propiedad privada. Del mismo modo, solo manteniendo equipos de prevención y extinción de incendios forestales bien formados y equipados, se podrá actuar de manera eficaz contra los peligros del fuego.

Según las estadísticas disponibles, hay en torno a 6.000 agentes forestales y medioambientales en nuestro país; de ellos, más de 400 en la Administración General del Estado. Es destacable el papel de los y las agentes también en la vertebración del territorio, al trabajar y o vivir frecuentemente en municipios con altos índices de despoblación, la España más rural donde es tan importante lograr la presencia humana y la prestación de servicios públicos a la sociedad.


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AUTORIZACIÓN A EL SALVADOR PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la compra por parte del Gobierno de la República de El Salvador del inmueble sito en la calle Villanueva, número 35, (entreplanta baja, puerta izquierda), 28001 Madrid, destinado al Consulado General de la República de El Salvador.

Por Notas Verbales nº NDH.753.DIP2.2022, de 12 de mayo de 2022 y Nota Verbal nº EESE/MAEC/13/2022 de 30 de junio de 2022, la Embajada de la República de El Salvador solicitó autorización para la compra por parte de su Gobierno, de un inmueble destinado al Consulado General de la República del Salvador en Madrid (1.750.000 euros).

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones extranjeras: "Requerirán autorización administrativa previa las inversiones, directas o indirectas, que realicen en España los Estados no miembros de la Unión Europea para la adquisición de bienes inmuebles destinados a sus Representaciones Diplomáticas o Consulares, salvo que exista un Acuerdo para liberalizarlas en régimen de reciprocidad."

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo de autorización de contribución voluntaria de España a la Fundación Euroamérica, por importe de 9.000 euros.

La Fundación Euroamérica es una organización europea con sede en España, creada en 1999. Su objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas para fomentar, desde el sector principalmente privado, las relaciones entre Europa y América y potenciar las oportunidades de cooperación entre ambas orillas del Atlántico.

La contribución voluntaria a la Fundación contribuye a la realización de sus actividades a lo largo del año, especialmente aquellas convergentes con los ejes prioritarios de la política exterior de España hacia América Latina, enmarcados ahora en la preparación de la Presidencia rotatoria de la Unión Europea que corresponderá a nuestro país en el segundo semestre de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de autorización de contribución voluntaria de España a la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe, por importe de 50.000 euros.

La Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe (Fundación EU-LAC) fue creada en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe celebrada en Madrid en 2010. Su objetivo es fortalecer y promover la asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, siendo una herramienta de la asociación entre las dos regiones y contribuyendo con sus actividades a dinamizar el diálogo intergubernamental birregional. En mayo de 2019 adquirió el estatuto de organización internacional intergubernamental con la entrada en vigor de su Acuerdo Constitutivo.

La actividad de la Fundación se organiza sobre la base de un programa de trabajo multianual (2021-2024) y subsiguientes programas anuales, que aprueba su Consejo Directivo, compuesto por todos los Estados miembros. Desde 2016, la Fundación se ha centrado en priorizar actividades del Plan de Acción UE-CELAC y ayudar a desarrollar así la asociación birregional.

En la reunión del Consejo Directivo de noviembre de 2022 se presentará para aprobación el programa de trabajo de la Fundación para el año 2023, que estará muy centrado en apoyar y acompañar la celebración, tras un parón de 8 años, de una nueva Cumbre UE-CELAC, objetivo plenamente coincidente con las prioridades de España de cara a la Presidencia de la Unión Europea que corresponderá ejercer en el segundo semestre de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY PROGRAM

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés), por importe de 5.000.000 de euros.

La GAFSP nace en 2010 como una de las iniciativas globales del G-20 en el ámbito de la seguridad alimentaria. Impulsada fundamentalmente por Estados Unidos, Canadá, España (94,2 millones de USD aportados, 7º donante en términos acumulados) y la Fundación Gates, la GAFSP tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y los ingresos agroalimentarios de la población más desfavorecida en los países menos desarrollados, siendo elegibles los países IDA.

La GAFSP funciona como un Fondo Global, administrado por el Banco Mundial, y hasta la fecha se ha estructurado en dos ventanas, una pública y otra privada, que se combinarán a partir de ahora para optimizar el impacto de los recursos que lo financian en lo que se ha dado en llamar el GAFSP 2.0. El programa trabaja con agentes de los sectores público y privado, con organizaciones de la sociedad civil y con Agencias de las Naciones Unidas y Bancos Regionales de Desarrollo, siendo estos últimos las entidades supervisoras de los proyectos. A lo largo de los años, GAFSP ha canalizado más de 1.700 millones de USD para combatir hambre, desnutrición y pobreza en más de 40 países de bajos ingresos.

Con la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020 y para minimizar su impacto en el sistema de seguridad alimentaria, es importante proteger el flujo de alimentos y productos agrícolas en el mundo, garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro, gestionar la escasez de mano de obra y las pérdidas de ingresos, y aumentar el acceso a dietas asequibles y nutritivas.

Para ello, el presidente del Gobierno anunció en el marco del evento Global Goal: Unite for our Future de 27 de junio de 2020, el compromiso de España de aportar 10.000.000 de euros al GAFSP, como señal inequívoca de nuestro compromiso con el esfuerzo internacional en la lucha contra el COVID-19; en dos pagos de 5.000.000 de euros cada uno, correspondiendo el primero al año 2021 y el segundo al año 2022.

Por otro lado, es preciso destacar que, en la actualidad, confluyen diversos factores que han deteriorado sustancialmente la situación mundial de seguridad alimentaria. Entre ellos, se encuentran la pandemia y varias crisis climáticas, pero, principalmente, la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de este año. Los precios de los alimentos se encuentran en una espiral alcista y, en caso de no actuar, la coyuntura podría continuar deteriorándose en los próximos meses, pudiéndose triplicar el número de personas en situación de inseguridad alimentaria en comparación con 2019, lo que supone que la contribución al GAFSP adquiera aún más relevancia. Por ello, varios países de nuestro entorno han anunciado nuevas contribuciones al GAFSP en los últimos meses.

Defensa

ADQUISICIÓN DE MISILES AIM-120-C7

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la adquisición de 92 misiles aire-aire de medio alcance AIM-120-C7 AMRAAM para los Ejércitos del Aire y del Espacio, de Tierra y la Armada, 88 misiles AIM-120 AMRAAM y 4 misiles AMRAAM en su versión AAVI (Air Vehicle Instrumented o Vehículo Aéreo Instrumentado), por un importe de 200.000.000 €.

La adquisición de estos misiles permitirá mantener y actualizar los stocks mínimos de reserva necesarios para las flotas de aeronaves y sistemas de armas que operan este misil, permitiendo con ello a los Ejércitos y a la Armada cumplir con las misiones encomendadas y mejorar sus capacidades en la ejecución de las mismas.

El contrato incluye un paquete de soporte logístico para el apoyo y mantenimiento de este material durante su ciclo de vida con repuestos y documentación técnica.

Defensa

EQUIPOS DE APOYO PARA EL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de equipos de apoyo diverso para el Ejército del Aire y del Espacio para mejorar y aumentar la operatividad de sus unidades, así como modernizar estos equipos para satisfacer necesidades urgentes relacionadas con la protección del personal usuario, por un valor estimado de 40.000.000 €.

La necesidad de este contrato radica en la elevada antigüedad y obsolescencia de estos equipamientos, lo que ha ocasionado la baja operatividad y falta de repuestos, así como la no incorporación de las últimas medidas de seguridad aplicables a este tipo de equipos.

Defensa

SISTEMA DE ARMAS C.16 EN GANDO Y ALBACETE

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la construcción de infraestructuras que permitan la implantación del nuevo sistema de armas C.16 tanto en la base aérea de Gando como en la Maestranza Aérea de Albacete, por valor estimado de 36.173.832,00 €.

En la actualidad en estas bases se encuentra implantado el sistema C.15 (F-18 Hornet), que es de una generación distinta y no comparte sistemas con la nueva aeronave C.16, por lo que se requiere una modificación de las infraestructuras de estas bases para acomodaras al nuevo sistema de armas.

Defensa

MISILES ANTIBUQUE NSM PARA LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado que la celebración del contrato para la adquisición de misiles antibuque NSM (Naval Strike Missile) para la Armada, por un valor estimado de 125.000.000 de euros.

La Armada ha desarrollado un exhaustivo programa de evaluación de un nuevo misil antibuque para sustituir a los actuales misiles HARPOON que están llegando al final de su vida útil.

El misil elegido ha sido el Naval Strike Misil (NSM) que permite su incorporación tanto a las actuales fragatas F-100 como a las futuras F-110.

La selección del misil se centró en el mercado europeo puesto que facilitará el apoyo al misil durante todo su ciclo de vida y se optó, finalmente, por el NSM de la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace, que fue la que obtuvo las máximas puntuaciones en las cuatro áreas de criterios de selección: operación, costes, plan de mantenimiento durante el ciclo de vida y retorno industrial.

Defensa

SISTEMAS DE AYUDA A LAS AERONAVES MILITARES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la adquisición de dos sistemas de control desde tierra de ayuda a las aeronaves militares, para la aproximación y el aterrizaje de precisión (Ground Controlled Approach - GCA) para las Bases Aéreas de Zaragoza y de Torrejón de Ardoz y de un sistema GCA de la misma naturaleza, desplegable y no permanente, por un importe total de 47.000.000 €.

La adquisición de los nuevos sistemas para las Bases Aéreas de Zaragoza y Torrejón de Ardoz permitirá sustituir los sistemas actualmente en servicio, que han superado su ciclo de vida y presentan por ello problemas de operatividad con una escasa disponibilidad de repuestos para su mantenimiento, mejorando así las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio y la seguridad de las operaciones y de su personal en la ejecución de las misiones que tiene encomendadas.

Con la adquisición de un sistema GCA desplegable y no permanente se ampliará, mejorándola, la capacidad expedicionaria del Ejército del Aire y del Espacio para realizar eventuales despliegues de una base aérea o aeródromo donde se le encomiende.

El contrato comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio operativo de los sistemas de radar de aproximación y de ayuda al aterrizaje y de los sistemas de presentación, control de aproximación y ayuda controlada al aterrizaje así como, de su equipo auxiliar y la prestación de apoyo logístico integrado para garantizar su mantenimiento.

Defensa

ADQUISICIÓN DEL MISIL BRIMSTONE

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición del misil guiado aire-superficie Brimstone, así como su integración en el sistema de armas C.16 (Eurofighter Typhoon). Se incluye asimismo la adquisición del equipo asociado, equipos de comprobación, así como la formación en su uso y sostenimiento, por un importe de 43.000.000 €.

La capacidad de ataque a superficie táctico del Ejército del Aire y del Espacio está cubierta actualmente por el misil Maverick, integrado en la flota de C.15. La disminución progresiva de dicha flota operativa, la antigüedad de los misiles y la no disposición de ningún misil similar integrado en la flota de C.16 (Eurofighter Typhoon), determinan la necesidad de iniciar el proceso de integración y adquisición de un misil de características similares al existente.

El único misil de tales características con posibilidad de integración en la flota de C.16 es el misil Brimstone, que ya está integrado en la flota de Eurofighter en Reino Unido.

Defensa

HELICÓPTERO HE26

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la ejecución de obras de infraestructuras para implantación del helicóptero HE26 (H135) en el Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 12.372.000,00 euros.

Se trata de un nuevo helicóptero distinto de los existentes actualmente en la Base Aérea de Armilla, en Granada, con diferentes requisitos de operación y mantenimiento, por lo que resulta necesario adaptar y adecuar al nuevo sistema las instalaciones de la base. Se prevé la adecuación de edificios existentes, pistas de rodaje, instalaciones accesorias y la construcción de hangares.

Defensa

DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de dispositivos criptográficos de la Infraestructura Integral De Información para la Defensa, por un valor estimado de 24.305.785,13 euros.

Los dispositivos criptográficos, de fabricación nacional, permitirán proteger los circuitos de comunicaciones de voz y datos seguras en la red de telecomunicaciones propiedad de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) y asegurar la información transmitida a través de la red.

Esta protección de la red contribuirá a dotar a las Fuerzas Armadas de una infraestructura única con la capacidad necesaria para el despliegue e integración de servicios de los diversos sistemas que conforman el Sistema de Mando y Control Nacional, que proporcionarán servicio a las comunidades de interés de Mando y Control y de Inteligencia.

Defensa

SISTEMA DE GUERRA ELECTRÓNICA EN AERONAVES C15

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la implementación del sistema de guerra electrónica en la flota de aeronaves C15 (EF/A-18) del Ejército del Aire y del Espacio, consistente en la actualización de dichos sistemas de su versión SPAI900 a su versión mejorada SPAI900+, por importe de 28.000.000 €.

La actualización, que se enmarca en el proceso de modernización y actualización de estos aparatos, es necesaria para solventar la obsolescencia de sus diferentes elementos, especialmente de los sistemas de guerra electrónica que son los responsables de la detección de amenazas y de la generación de contramedidas electrónicas garantizando con ello la supervivencia de las tripulaciones y de las aeronaves.

Defensa

ADQUISICIÓN DE MUNICIONES Y ARMAMENTO GUIADO DE PRECISIÓN PARA EL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

El Consejo de Ministros, ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de municiones y armamento guiado de precisión (PGM) para el Ejército del Aire y del Espacio, para que los contingentes, dotaciones y sistemas de armas en las aeronaves puedan seguir cumpliendo las misiones que tienen asignadas por un importe de 104.400.000,00 €.

Este contrato resulta necesario porque en el actual contexto de incremento de demanda de los países de nuestro entorno, los plazos de suministro de munición y armamento en general y de munición PGM en particular, son cada vez más elevados pudiendo cuantificarse en años, a lo que hay que añadir los plazos necesarios para la integración en la aeronave.

El material objeto de este contrato se va a gestionar a través de la Agencia NSPA de la OTAN.

Defensa

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL MILITAR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para el suministro, instalación, configuración y mantenimiento de los servicios e infraestructura de la red de asistencia al personal y seguridad para el personal militar, desplegado en zonas de operaciones, por un valor estimado de 26.746.731,77 euros.

La prestación de este servicio y el suministro y mantenimiento de la infraestructura de la red permite al personal desplegado en zonas de operaciones mantener el contacto con su entorno familiar y privado, acceder a la información general publicada en los medios, disponer de medios de ocio para su tiempo libre y continuar con su formación militar y personal a distancia de forma segura y sin comprometer la seguridad del contingente.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA FINANCIAR AYUDAS DEL PERTE AGROALIMENTARIO

El Consejo de Ministros ha autorizado límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir financiar ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario).

Se trata de permitir que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda convocar las ayudas de este proyecto estratégico este año con cargo al presupuesto de 2023. El acuerdo establece el límite en 497 millones de euros para financiar actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se incluye el Componente 12 'Política industrial España 2030', que recoge las reformas normativas, así como grandes programas de inversión en el ámbito industrial para promover la modernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios, mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad, la competitividad y la mejora de la eficiencia energética de los sectores estratégicos claves en la transición ecológica y la transformación digital.

La Inversión 2 'Programa de Impulso a la Competitividad y Sostenibilidad Industrial' del Componente 12 agrupa cinco líneas de actuación, entre las que destaca por su dimensión económica la línea de Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial. Bajo esta línea se financian las ayudas a aquellas actuaciones en el ámbito industrial que, integradas en Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE), concurran a las convocatorias que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha previsto realizar para dar cumplimento a los objetivos específicos del PRTR en dicho componente.

Dentro de esta línea de actuación, el Consejo de Ministros del 8 de febrero de 2022 aprobó el PERTE del sector agroalimentario con el objetivo de incrementar la competitividad y sostenibilidad de este sector ante retos como el cambio climático, la conservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire y de la biodiversidad.

Dentro del primero de los tres ejes de actuación del PERTE, el destinado al fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, se ha previsto una línea de ayudas gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), que contará con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la parte de subvención y con financiación del presupuesto nacional, en la de préstamo. En el eje se identifican tres bloques o áreas de actuación en los que se han de enmarcar las actuaciones y proyectos de inversión susceptibles de financiación: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria.

Dado lo avanzado del ejercicio y los plazos requeridos para la presentación y resolución de las solicitudes de financiación que concurran, se plantea que el gasto asociado a la convocatoria, por importe de 213 millones de euros en subvenciones y 200 millones de euros en préstamos se autorice mediante un expediente de tramitación anticipada.

Con cargo a la aplicación presupuestaria 'Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial', el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya tiene compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la anualidad de 2023 por importe de 297.834.020 euros, con la finalidad de financiar la convocatoria, correspondiente al año 2022, de ayudas para actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, así como la convocatoria de las ayudas del PERTE NAVAL.

Por tanto, sumando el crédito para 2023 en la aplicación anteriormente mencionada, a las nuevas necesidades para financiar la convocatoria del PERTE Agroalimentario en dicho año, resulta un importe de compromisos máximos a adquirir de 497.834.020,00 euros, tal y como se refleja en la tabla siguiente:

2023
Crédito retenido (PERTE VEC)227.834.020,00
Crédito retenido (PERTE NAVAL)70.000.000,00
Nuevas necesidades PERTE Agroalimentario200.000.000,00
TOTAL497.834.020,00

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 20.300.000 euros, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al organismo autónomo Patrimonio Nacional, para el desarrollo de intervenciones en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura y Baleares, en el marco del componente 14, inversión 4, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Con este acuerdo se invertirán 20,3 millones de euros en la rehabilitación de inmuebles de Patrimonio Nacional ubicados en la Comunidad de Madrid, las provincias de Segovia y Cáceres y la ciudad de Palma. Se continúa así la colaboración iniciada el año pasado con Patrimonio Nacional para reforzar el atractivo turístico de España y la riqueza de sus destinos a partir de una mejora de sus bienes patrimonio, cuyo valor histórico y artístico representan un potente imán de atracción de visitantes.

El expediente, incoado por la Secretaría de Estado de Turismo, se corresponde con la presentación de Patrimonio Nacional de un conjunto de intervenciones, todas ellas de interés cultural y turístico, con implicaciones directas en la sostenibilidad cultural, medioambiental y económica de los entornos en los que se ubican. Todas ellas con valores suficientes para ser contempladas dentro de los objetivos del PRTR.

La Secretaría de Estado de Turismo ha considerado como idóneas, de todas estas intervenciones, las siguientes actuaciones en estos inmuebles, todos ellos de patrimonio histórico con uso turístico y de los que es titular Patrimonio Nacional:

  • Restauración del Túnel de Villanueva en el Campo del Moro. 415.000 euros
  • Restauración del Jardín de los Pabellones de Aranjuez. 840.000 euros
  • Musealización de los jardines de Aranjuez. 455.000 euros
  • Restauración del Museo de Falúas Reales de Aranjuez. 2.735.000 euros
  • Restauración y musealización de las salas de Felipe II del Palacio Real de Aranjuez para exposiciones temporales. 200.000 euros
  • Habilitación del Centro de Interpretación del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 300.000 euros
  • Restauración de los Museos de Arquitectura y Pintura, Salas de Honores y de los Accesos del Real Monasterio de El Escorial 2.400.000 euros
  • Restauración de la fuente de La Cascada en los jardines de La Granja. 5.985.000 euros
  • Musealización de los jardines de La Granja. 455.000 euros
  • Centro de Interpretación de las fuentes de La Granja. 325.000 euros
  • Acondicionamiento del Museo de la Caza como Centro de Interpretación de los espacios naturales del Patrimonio Nacional en el Palacio de Riofrío. 1.990.000 euros
  • Musealización y adecuación del Centro de Recepción de Visitantes del Palacio Real de La Almudaina en Palma de Mallorca. 1.640.000 euros
  • Ampliación de espacios para mejora de la visita en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste. 2.000.000 euros
  • Adecuación del Centro de Recepción de Visitantes en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste. 560.000 euros.

Estas actuaciones deberán ejecutarse antes de que termine el segundo trimestre de 2026. Turismo y Patrimonio Nacional amplían así la colaboración que iniciaron el año pasado, por la cual se transfirieron a Patrimonio Nacional 4.997.200 euros a la recuperación y restauración de lugares turísticos ligados al Camino de Santiago situados en Burgos (parque de El Parral, torre de la iglesia del Hospital del Rey, tapia de la ermita de San Amaro Peregrino, cubierta de la iglesia de San Antonio y algunos edificios de viviendas del Real Patronato del Hospital del Rey).

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el 12 de octubre de 2022, se firma un Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Organismo Autónomo Patrimonio Nacional para instrumentar transferencias de crédito destinadas a financiar determinadas actuaciones incluidas en el Componente 14 del Plan de Recuperación.

De conformidad con el citado Acuerdo, la Secretaria de Estado de Turismo, solicita trasferencia de crédito por importe total de 20.300.000 euros con alta en la aplicación presupuestaria 'Al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional para el Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles y patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', y baja en la aplicación presupuestaria 'Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio histórico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', con repercusión en el presupuesto de ingresos y gastos en el Organismo Autónomo Patrimonio Nacional.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con base en lo previsto en el apartado 5 del artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación la tramitación de diversos contratos relativos al seguimiento económico y científico-técnico de ayudas, así como la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

El citado ente debe hacer frente a necesidades de contratación administrativa y encargos a medios propios, imputables a la aplicación 28.303.463B.227.06, con impacto presupuestario en los ejercicios de 2023 a 2025. Estas necesidades están asociadas a la concesión, seguimiento económico y científico-técnico de las ayudas que financia la Agencia, así como con el almacenamiento y archivo de documentación y tareas de comunicación, según la siguiente distribución por anualidades.

202320242025Total
Prórroga un año contrato servicio de catalogación empresarial41.140,00--41.140,00
Apoyo administrativo en tareas de seguimiento económico de ayudas100.000,00150.000,0050.000,00300.000,00
Apoyo técnico en tareas de evaluación y seguimiento científico técnico de ayudas300.000,00600.000,00300.000,001.200.000,00
Total 441.140,00 750.000,00 350.000,00 1.541.140,00

Teniendo en cuenta el crédito inicial y el retenido en la citada aplicación, así como las nuevas necesidades indicadas, se tiene lo siguiente:

202320242025
Crédito retenido 5.659.387,491.559.280,0811.000,00
Necesidades 441.140,00750.000,00350.000,00
TOTAL 6.100.527,49 2.309.280,08 361.000,00

Por otro lado, la Agencia Estatal de Investigación es la encargada de la gestión de las convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Además de los compromisos pendientes de las nuevas convocatorias, se debe realizar el traspaso de los compromisos imputados al Programa 'Transferencias internas', por resolución de convocatorias, en aplicación del artículo 7. Cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para el año 2022, resultando los siguientes límites vigentes:

Vigentes 463B.7Créditos que se transfieren del 463B al 000XLímite resultante 463B
2023471.089.717,0044.276.511,88426.813.205,12
2024403.791.186,00354.800,60403.436.385,40
2025336.492.655,00336.492.655,00
2026336.492.655,00336.492.655,00
202720.150.000,003.340.000,0016.810.000,00
202812.750.000,002.992.500,009.757.500,00

Actualmente, la Agencia Estatal de Investigación tiene previsto asumir compromisos relativos, entre otros, a las tramitaciones anticipadas de convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, imputables en el Capítulo 7 del Programa 463B, según la siguiente distribución:

202320242025202620272028
Proyectos de Colaboración Público Privada 202220.000.000,0010.000.000,00---
Proyectos de Generación del Conocimiento 2022174.393.679,4176.000.000,00105.000.000,00120.000.000,00--
Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu 202213.500.000,0013.500.000,0013.500.000,0013.500.000,00--
Contratos predoctorales para la formación de doctores-39.403.728,0031.850.152,3239.308.357,7639.308.357,76-
Contratos predoctorales para centros y unidades de Excelencia 20223.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00
Doctorados industriales 2022-1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Juan de la Cierva formación 2022-15.000.000,00--
Personal técnico de I+D+i 2022-3.000.000,003.000.000,003.000.000,00-
Ramón y Cajal 2022-28.874.300,0026.898.300,0017.512.300,0021.736.000,0021.736.000,00
Torres Quevedo 2022-5.000.000,005.000.000,005.000.000,00-
Compromisos de gasto pendientes de carga y convocatoria Ramón y Cajal 2019----950.000,00
Total necesidades 190.893.679,41 204.778.028,00 199.248.452,32 202.320.657,76 62.994.357,76 21.736.000,00

De acuerdo con lo anterior, la situación es la siguiente:

Crédito retenidoNuevas necesidadesTotal Necesidades
2023 398.118.284,05190.893.679,41589.011.963,46
2024 223.233.724,85204.778.028,00428.011.752,85
2025 153.253.752,70199.248.452,32352.502.205,02
2026 80.155.831,06202.320.657,76282.476.488,82
2027 16.657.500,0062.994.357,7679.651.857,76
2028 9.607.500,0021.736.000,0031.343.500,00

Por lo expuesto, al superarse los límites autorizados a que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los autorizados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, se requiere una nueva autorización del Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA EL RADIOTELESCOPIO OBSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY (SKA)

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación del convenio para colaborar en la construcción, puesta en marcha y funcionamiento del Observatorio Square Kilometre Array (SKA), un programa internacional destinado a construir un radiotelescopio de alta sensibilidad.

El Observatorio SKA es un programa internacional destinado a construir el radiotelescopio SKA, que será decenas de veces más sensible y miles de veces más rápido en la observación del cielo que las mejores instalaciones radioastronómicas actuales.

Estará formado por dos conjuntos de cientos de miles de antenas de distintos tipos, cada uno de las cuales se ubicará en un emplazamiento: el desierto de Karoo, en Sudáfrica, albergará el núcleo de antenas parabólicas de alta y media frecuencia, mientras que la comarca de Murchison, en Australia occidental, albergará las antenas de baja frecuencia.

La construcción y el funcionamiento del radiotelescopio SKA serán gestionados por el Observatorio SKA (SKAO). Se trata de una organización intergubernamental constituida el 4 de febrero de 2021, mediante la firma del convenio por el que se crea el Observatorio del Square Kilometre Array, que ya ha sido ratificado por ocho países: Australia, China, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza.

Se espera que la adhesión de los restantes futuros miembros se produzca de manera paulatina, según vayan concluyendo los procesos de ratificación en cada país. La implicación de España en SKA es destacada desde su gestación.

En junio de 2018, España se adhirió a la Organización SKA, organización precursora del SKAO, encargada de coordinar las actividades relativas a la fase de previa a la construcción del SKA. Desde su adhesión en calidad de miembro asociado de la organización, España viene participando en todos los órganos de asesoramiento y gobierno del proyecto de construcción del SKA. Adicionalmente, el Ministerio de Ciencia expresó de forma explícita el interés de nuestro país en participar plena y formalmente en SKAO. Finalmente, el 13 de julio de 2021 se comunicó a España la aprobación unánime de la solicitud de adhesión.

Fases de construcción del SKA

La construcción del SKA se llevará a cabo en dos fases. La primera, denominada SKA-1, abarcará el periodo comprendido 2021-2030, con un coste total de 2.022 millones de euros. Dicho coste total se compone, a su vez, de un presupuesto de construcción y otro de puesta en marcha y funcionamiento.

El presupuesto de construcción, estimado en un total de 1.117 millones de euros, comprende la fabricación e instalación del 10% de todos los dispositivos integrantes del radiotelescopio, incluidas las antenas parabólicas en África y las antenas de baja frecuencia en Australia.

En cuanto al presupuesto de funcionamiento, estimado en 905 millones de euros, garantizará la progresiva entrada en actividad de los componentes del SKA -1.

Posteriormente, los miembros de SKAO acordarán las contribuciones que les correspondan para la construcción y puesta en marcha de la segunda fase del proyecto, momento en el cual se solicitará la autorización de gasto que corresponda.

Está previsto que, durante la primera fase de construcción, la aportación de los distintos Estados participantes se realice a través de contribuciones tanto en efectivo como en especie.

Las negociaciones de España con los socios internacionales culminaron en 2021, acordándose una aportación por parte de España que asciende a un total de 41.400.000 euros.

En dicha cantidad total se consideran incluidos 5.100.000 euros, financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, además, las aportaciones de 1.000.000 y 1.800.000 euros, realizadas a SKA en 2021 y 2022, respectivamente, desde el presupuesto de gasto del Ministerio de Ciencia.

Por tanto, la cantidad pendiente asciende a 33.500.000 euros y los pagos se realizarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 28.07.463B.490.29 y 28.07.463B.790.02, según las siguientes distribuciones:

28.07.463B.490.2928.07.463B.790.02
AñoImporte (€)AñoImporte (€)
20231.180.00020231.320.000
20241.410.00020241.590.000
20251.410.00020251.590.000
20262.350.00020262.650.000
20272.350.00020272.650.000
20282.350.00020282.650.000
20292.350.00020292.650.000
20302.350.00020302.650.000
Total 15.750.000 Total 17.750.000

Por lo expuesto, conforme a la Ley General Presupuestaria, se requiere autorización del Consejo de Ministros para fijar y elevar los compromisos máximos de gasto con cargo a ejercicios futuros para el periodo 2023-2026 y el número de anualidades de 2027 a 2030.

Hacienda y Función Pública

PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA PARA LA PROTECCIÓN FAMILIAR

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por 190.886.373,5 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para garantizar la prestación económica no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones ha iniciado un expediente en solicitud de un suplemento de crédito para garantizar la citada prestación.

Las prestaciones familiares y su financiación están reguladas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 109.2 de la citada norma señala que "la acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas".

Según se indica en la documentación remitida, las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, recogidas en la aplicación a incrementar consistirán en:

  • Una asignación económica por cada hijo mayor o menor de dieciocho años y cierto grado de discapacidad, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan determinados requisitos.
  • Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad.
  • Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

En este sentido, la dotación de crédito para el año 2022 en la aplicación 'Prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo. Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por las Leyes 26/1990, de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre. Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores' resulta necesario para cubrir el montante de estas prestaciones con sus gastos de gestión. Esa necesidad se estima en 190.886.373,5 euros.

Por lo tanto, para dar cumplimiento a dicho gasto es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito, imputándose a la citada aplicación presupuestaria citada anteriormente, por el citado importe.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SUMINISTRO DE ENERGÍA VERDE PARA LA TRACCIÓN FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de ADIF Alta Velocidad (ADIF AV), el suministro de energía eléctrica 'verde' o con Garantía de Origen (GdO) renovable para el sistema ferroviario, es decir, la electricidad de tracción para las operadoras, tanto de viajeros como de mercancías para toda la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

El presupuesto del contrato de suministro se eleva a 1.850,7 millones de euros, si bien el coste definitivo dependerá de los consumos reales, las ofertas recibidas, el precio resultante en el mercado mayorista OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) y las posibles coberturas de precio en el mercado OMIP (Operador del Mercado Ibérico - Polo Portugués que ofrece una plataforma de negociación para derivados de energía).

El período del contrato de suministro de energía verde irá desde abril de 2023 hasta diciembre de 2025, incluyendo una posible prórroga por un período máximo adicional de dos años.

Los puntos de suministro eléctrico se han distribuido en 16 lotes, atendiendo a criterios de proximidad para minimizar los desvíos de consumo entre los puntos que integran cada grupo y homogeneizar los costes de mercado. La licitación no incluye los costes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya gestión será íntegramente realizada por ADIF AV con las compañías distribuidoras.

En 2021, el consumo energético para tracción en la red ferroviaria de ADIF y ADIF AV fue de 2.106 GWh y se prevé que se eleve a 2.414 GWh en 2022 por el incremento de tráfico, impulsado por la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que ha promovido la entrada de nuevos operadores.

Novedad: mayor capacidad de gestión para las operadoras

El nuevo marco contractual incluye como novedad que cada operador ferroviario podrá desarrollar su propia estrategia de gestión de precios de la energía, en coordinación con ADIF AV.

De esta forma, los operadores ferroviarios podrán solicitar coberturas de precio de la totalidad o parte de la energía que tienen previsto consumir en un período temporal determinado (mes, trimestre o año), cuyas órdenes de cierre gestionará ADIF AV con el comercializador adjudicatario. Estas coberturas se ejecutarán tomando como referencia el mercado de futuros (OMIP).

A modo de ejemplo, si una operadora tiene previsto consumir 1.000 MWh en la red de alta velocidad en enero de 2023, y suponiendo que el mercado de futuros le ofrece en ese momento un precio interesante, éste podrá solicitar a ADIF AV que proceda a generar esa orden de cierre ante el suministrador de energía en las condiciones determinadas por dicha empresa ferroviaria. La emisión de esta orden podrá llevarla a cabo ADIF AV sin necesidad de que haya consenso con el resto de operadoras.

El nuevo modelo de gestión responde a un intenso trabajo realizado por ADIF AV con las operadoras ferroviarias con el fin de dotarles de mayor capacidad de decisión y gestión en uno de sus principales costes y, así, reforzar la sostenibilidad del sector y el proceso de liberalización.

Hasta la fecha -con un contexto regulatorio que impide a las empresas ferroviarias acudir al mercado eléctrico y negociar precios-, solo era posible cerrar precios sobre el 100% del consumo para un período temporal de cada uno de los lotes en los que se distribuye la licitación. Este procedimiento obligaba a ADIF AV a coordinar la orden de cierre con todos los operadores que actuaban en la infraestructura (red de alta velocidad y convencional de ancho ibérico y ancho métrico).

En los últimos meses -y de forma transitoria, dentro del marco del contrato en vigor-, ADIF AV ha ofrecido a las operadoras la posibilidad de cerrar sus precios negociados y, con ello, se ha fijado el precio para aproximadamente el 42% del consumo en líneas de alta velocidad para el período comprendido entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.

Procedimiento negociado para optimizar precios

El procedimiento negociado que iniciará ADIF AV con las empresas suministradoras se concretará en la licitación de una única modalidad de oferta -precio indexado al mercado diario con posibilidad de realizar coberturas en el mercado de futuros OMIP-, con el fin de que cada operador pueda decidir el momento, la cantidad de energía y el período temporal para realizar coberturas de precios.

Posteriormente, ADIF AV seleccionará las tres ofertas más competitivas e iniciará un proceso negociado con los licitadores para conseguir óptimas condiciones.

Soluciones para minimizar el impacto de la crisis energética

En los últimos meses, ADIF AV ha mantenido en análisis permanente fórmulas para minimizar el impacto de la crisis energética en los operadores ferroviarios, propiciada en esta coyuntura por condicionantes geopolíticos y la guerra en Ucrania.

Para ello, ha propuesto cambios regulatorios, entre los que se encuentran la solicitud de ampliación del plazo de vigencia de los contratos de suministro de energía a 15 años, mediante modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, que permitiría a ADIF gestionar PPAs a largo plazo; y la eliminación de las dobles acometidas a subestaciones eléctricas, mediante la autorización de contratación de una tarifa de acceso única en las subestaciones eléctricas de tracción con más de una toma. La entidad también ha promovido la eliminación de los costes de peajes y cargos para los puntos de suministro destinados al servicio ferroviario de carácter esencial; y la consideración del sector ferroviario dentro de la categoría de consumidores electrointensivos.

Desde febrero de 2021, ADIF AV cuenta con el asesoramiento de un experto energético, que le ha permitido analizar y tomar decisiones, tanto en la fase de negociación como a lo largo de la vigencia de los contratos, con el fin de optimizar los costes energéticos de las operadoras ferroviarias.

Con esta nueva licitación, alineada con los compromisos del Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030, ADIF AV sigue avanzando en su contribución a la descarbonización del sistema ferroviario, iniciada con el suministro de energía eléctrica con certificados GdOs en 2019.

(descarbonizacion)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN TERUEL

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Teruel, con un valor estimado de 33,34 millones de euros (sin IVA).

En concreto, se actuará sobre 222 kilómetros (km) de carreteras, de las que 82 km son de autovías, repartidos en varios tramos de las vías A-23, N-223, N-223a, N-234, N-234a, N-330, N-420 y N-420a (sector nº 1).

La duración del contrato es de 3 años, con posibilidad de una prórroga por otros 2 años y otra adicional con carácter excepcional de 9 meses, y se enmarca en el programa de conservación y explotación de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

Actuaciones

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este contrato se incluye:

  • Mejora del drenaje del paso inferior del punto kilométrico (P.K.) 121+730 de la A-23, en el término municipal de Teruel.
  • Mejora de la Seguridad Vial en la intersección entre la N-234 y la A-1512, P.K. 128+600, término municipal de Teruel.
  • Mejora de la seguridad vial mediante la adecuación de los márgenes en varios tramos de la N-330, P.K. 277+700 al 279+500.

Entre las actuaciones generales que incluyen los contratos se encuentran los trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de seguridad posibles, incluyendo vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

(croquis)

Croquis orientativo sujeto a posibles variaciones

A continuación, se incluyen algunas fotos del sector y de las labores que en él se realizan:

(grua)

(guardarrailes)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN ÁVILA

El Consejo de Ministros ha autorizado un contrato de conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Ávila, con un valor estimado de 19,56 millones de euros (sin IVA).

En concreto, se actuará sobre el sector nº 1, que incluye 169 kilómetros de carreteras convenciones de la N-110 y la N-502.

La duración del contrato es de 3 años, con posibilidad de una prórroga por otros 2 años y otra adicional con carácter excepcional de 9 meses.

Este contrato, con una duración inicial de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra excepcional de nueve meses, se enmarca en el programa de conservación y explotación de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

Actuaciones

Además de las actuaciones de mantenimiento generales, este contrato incorpora proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía:

  • Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-110 del punto kilométrico (P.K.) 333+890 al 336+070 y del P.K. 336+860 al 337+610. Tramo: El Barco de Ávila.
  • Mejora de la Seguridad Vial en la intersección de la carretera N-110, P.K. 262+600, con la carretera N-502, P.K. 6+210.
  • Rehabilitación estructural y superficial del firme en la carretera N-110, Soria-Plasencia, del P.K. 302+000 al P.K. 306+200.

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

(croquis)

Croquis orientativo sujeto a posibles variaciones

(quitanieves)

(nieve)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN GIRONA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Girona, con un valor estimado de 18,16 millones de euros (sin IVA).

En concreto, se actuará sobre 141 kilómetros (km) de carreteras, de las que 20 km son de autovías, repartidos en varios tramos de las A-2, N-2, N-2A Y N-156 (sector nº 1).

La duración del contrato es de 3 años, con posibilidad de una prórroga por otros 2 años y otra adicional con carácter excepcional de 9 meses, y se enmarca en el programa de conservación y explotación de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

Actuaciones

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este se incluye la rehabilitación estructural y superficial del firme en la carretera N-II, entre los kilómetros 709 y 725.

Entre las actuaciones generales que incluyen los contratos se encuentran los trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de seguridad posibles, incluyendo vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

(croquis)

Croquis orientativo sujeto a posibles variaciones

A continuación, se incluyen algunas fotos del sector y de las labores que en él se realizan:

(tunel)

(viaducto)

(carreteras)

Industria, Comercio y Turismo

PALACIO REAL DE OLITE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención, por importe de 300.000 euros, con carácter excepcional y por razones de interés público a favor del Ayuntamiento de Olite, para financiar las obras de iluminación del Palacio Real de Olite, y así lograr una mejora de la competitividad turística de la Zona Media de la Comunidad Foral Navarra.

El Palacio Real de Olite es el recurso turístico más visitado de Navarra; un recurso de primer orden dentro del patrimonio cultural de Navarra, como lo atestigua el número de visitantes que recibe anualmente. En 2019, lo visitaron un total de 242.915 personas; en 2021, todavía con los efectos de la pandemia, fueron 173.357.

La iluminación del Palacio de Olite se presenta como una gran oportunidad para el desarrollo turístico, no sólo de Olite sino de toda la Zona Media y por extensión de Navarra.

Entre las actuaciones de iluminación que se financiarán destacan la instalación de focos nuevos, la colocación de un cuatro eléctrico nuevo y la realización de las canalizaciones del tendido eléctrico necesario.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que contiene la siguiente declaración:

"Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres.

La violencia machista vulnera el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia.

Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre en el centro a las víctimas, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades.

El año 2022 ha marcado un punto de inflexión en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Una ley que nos permite avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia. La ley tiene por finalidad adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas Administraciones competentes, para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral a todas las mujeres víctimas y asegurar su reparación. Con ella se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, y se cierra la brecha existente en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Así mismo, con esta ley se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020.

A los efectos de la citada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, se entiende como violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Ello incluye la agresión sexual, el acoso sexual, la explotación de la prostitución ajena, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual.

Además, se ha mejorado ell acceso de las mujeres a la justicia con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo principal es asegurar un nivel de calidad que garantice el derecho a la defensa. Para ello, se establece que los profesionales de la Abogacía y de la Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no pueden contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Esta prohibición se extiende a las víctimas de trata de seres humanos, para que los profesionales no puedan ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que han sido condenados.

Otro de los hitos importantes de 2022 ha sido el intenso esfuerzo desarrollado conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, partiendo del compromiso político expresado, el 25 de noviembre de 2021, por la mayoría de grupos políticos de renovar el Pacto de Estado, conscientes de que este Pacto debe continuar vertebrando nuestra respuesta como país frente a la violencia machista. Sobre esa base, la Conferencia Sectorial de Igualdad en febrero de 2022 comenzó un trabajo intenso para la ampliación, mejora y renovación de los acuerdos y los instrumentos presupuestarios y administrativos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para garantizar la continuidad de los proyectos vinculados al mismo.

Fruto de ello es el Acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de Tenerife de 22 de julio de 2022, relativo a la aprobación de un Marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres cuyo objetivo es reforzar la colaboración entre las instituciones con competencias en esta materia a los efectos de mejorar la articulación de una respuesta interinstitucional integral, eficaz y coordinada contra las violencias machistas, y asegurar la existencia, en todo el territorio del Estado, del conjunto de servicios que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres consagrados en la legislación estatal vigente y en los tratados internacionales en la materia suscritos por España. Este Marco de cooperación se ha traducido hasta el momento en la elaboración, a través de un trabajo colaborativo conjunto con todas las administraciones territoriales, de un Catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en Materia de Violencia contra las Mujeres. Este Catálogo nos va a permitir definir los estándares mínimos que deberán regir las políticas públicas de lucha contra las violencias machistas tanto a nivel autonómico como estatal. Entre ellos se recogen la prevención y sensibilización frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, para lo cual resulta imprescindible la educación en igualdad desde una perspectiva feminista e interseccional. Se impulsará además la investigación y la recogida de datos que nos permitan definir de forma adecuada las políticas públicas. El Catalogo también contiene los estándares mínimos en cuanto a la asistencia social y reparación integral a las víctimas, y también a la protección y el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencias machistas. La finalidad de este Catálogo es asegurar que todas las víctimas de violencia machista tengan sus derechos garantizados con independencia del lugar en el que residan.

Así mismo, este año se aprobará la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que va a constituir el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años. La Estrategia se ha diseñado a través de un proceso participativo para analizar las propuestas y demandas de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencias machistas.

Para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales para eliminar cualquier práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres. La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier gobierno que esté comprometido con la protección de los derechos humanos. Esta es una tarea en la que debemos caminar con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista, y en definitiva, con el conjunto de la sociedad. En especial debemos agradecer y reconocer los esfuerzos de millones de mujeres que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, desde las instituciones, han contribuido a que nuestro país sea hoy, pese a todos los retos que aún tenemos pendientes, una referencia en la lucha contra las violencias machistas y a que cada vez haya más garantías para el ejercicio de los derechos de todas las mujeres.

El compromiso del gobierno de España en la lucha contra las violencias machistas se extiende al servicio exterior en el marco de la política exterior feminista. España se sitúa en primera línea de la movilización internacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y colabora con los países socios en el desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y perseguir a los perpetradores. Al mismo tiempo, la asistencia consular a las mujeres españolas víctimas de violencia en el extranjero es una de las prioridades de nuestras Oficinas Consulares en el mundo, en estrecha coordinación con los otros Ministerios competentes, disponiendo además, desde julio de 2022, de un novedoso mecanismo de ayuda de protección y asistencia consular orientada a las víctimas de violencia contra la mujer en el exterior.

La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia, y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están entre nosotros y nosotras, y a sus familias, así como a todas las supervivientes."

Política Territorial

SUBVENCIÓN A LA PALMA PARA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una subvención al Cabildo Insular de La Palma, por importe de 12.158.246,74 euros, para la financiación de obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.1 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.

En el citado Real Decreto-ley 20/2021, el Gobierno adoptó medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

Subvenciones hasta el 50 por ciento de los proyectos

La subvención comprende hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos de obras de reparación, restitución o reconstrucción de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, incluida la red viaria, directamente relacionados con las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

A efectos de materializar las previsiones indicadas, el Ministerio de Política Territorial solicitó a las administraciones locales damnificadas una estimación de los daños que ha ocasionado el volcán. Petición a la que ha respondido el Cabildo Insular de La Palma con una relación de 17 infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios, junto con el presupuesto estimado de las obras de reparación, restitución o reconstrucción por importe de 24.316.493,48 euros.

El importe de la subvención a otorgar al Cabildo Insular de La Palma será, por tanto, de 12.158.246,74 euros (50% del coste). Al superar los 12 millones de euros, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se requiere la autorización del Consejo de Ministros.

A continuación, la relación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios a recuperar y coste estimado de las obras de recuperación:

Tipo infraestructura, equipamiento o instalaciónDenominación de la infraestructura, equipamiento o instalación y servicio a recuperarCoste estimado de las obras de recuperación
Red viariaACTUACIÓN DE RECUPERACIÓN DE LA CARRETERA LP- 213 "PUERTO NAOS-EL REMO" Y LP-215 "TAZACORTE": TRAMO: CRUCE URBANO DE LA LAGUNA-CAMINO DE LA CRUZ CHICA (T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE).8.560.000,00 €
Red viariaACTUACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CAMINO DE SAN ISIDRO (T.M. DE TAZACORTE).620.960,00 €
Red viariaACTUACIÓN DE RECUPERACION DEL CAMINO LA ALDEA (T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE).374.500,00 €
Red viariaCAMINO DE LA MAJADA (T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE).513.600,00 €
Red viariaCAMINO DE TODOQUE (T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE).695.500,00 €
Red viariaACTUACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CAMINO DE MARTA Y ENLACE CON LA CARRETERA DE INTERES INSULAR LP-211 "TODOQUE" (T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE).609.900,00 €
Red viariaACTUACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CAMINO DE ANICETO (T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE).952.300,00 €
Red viariaRECUPERACION DEL CAMINO DE CORAZONCILLO (T.M. DEL PASO).1.230.500,00 €
Red viariaACTUACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CAMINO DEL PARAISO (T.M. DE EL PASO).930.900,00 €
InmuebleREPARACIÓN DE LA CASA DE CAMINEROS DE LAS MANCHAS, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL VOLCÁN (HUMEDADES, ROTURA DE AZULEJOS EN BAÑO, ROTURA DE TEJAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA).14.411,01 €
Edificio uso culturalREPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL MUSEO BENAHOARITA, CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA ACCIÓN DE LA CENIZA (CAMBIO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN).56.845,76 €
Transporte regular de viajerosMARQUESINA SITUADA EN LAS PALMERAS, MARGEN IZQUIERDO, MUNICIPIO DE LOS LLANOS DE ARIDANE.16.813,85 €
Transporte regular de viajerosMARQUESINA SITUADA EN TODOQUE, MARGEN IZQUIERDO, MUNICIPIO DE LOS LLANOS DE ARIDANE.16.813,85 €
Otras vías: Senderos y PistasCONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA SOBRE LA COLADA PARA CONECTAR AMBOS LADOS Y DEJAR CONECTADO EL SENDERO DE GRAN RECORRIDO GR 130.3.625.380,00 €
Abastecimiento de agua y saneamientoRESTITUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LAS ÁREAS DESABASTECIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA ACONTECIDA EN LA ISLA DE LA PALMA: DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN ALTURA (OB-58/21).4.957.794,58 €
Abastecimiento de agua y saneamientoRESTITUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO URBANO DE LOS NÚCLEOS POBLACIONALES LITORALES DESABASTECIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA (TT.MM. LOS LLANOS DE ARIDANE Y TAZACORTE) OB-62/21.628.826,96 €
Abastecimiento de agua y saneamientoRECUPERACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE TAZACORTE AFECTADOS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA (OB-31/22).511.447,47 €
Coste estimado total 24.316.493,48 €

La subvención de Política Territorial será de 12.158.246,74 euros (50% del coste)

Con la inversión aprobada, el Ministerio de Política Territorial habrá destinado a la Isla de La Palma para reparación de infraestructuras y equipamientos municipales un total de 38,5 millones de euros, incluyendo los 500.000 euros que se concedieron al inicio de la erupción volcánica, para actuaciones de emergencia que facilitaran la movilidad en la isla.

Entidad Daños incluidos en la primera fase Importe ayuda previsto (50% de los daños)
Ayuntamiento Tazacorte21.805.904,0410.902.952,02
Ayuntamiento El Paso7.056.944,123.528.472,06
Ayuntamiento Los Llanos de Aridane23.896.407,5611,948.203,78
Cabildo Insular La Palma24.316.493,4812.158.246,74
TOTAL 77.075.749,2 38.537.874,60


Sanidad

PROGRAMA DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PLAN NACIONAL DE DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial, para el ejercicio presupuestario 2022, de créditos gestionados por las comunidades autónomas e INGESA (ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) para el Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y enfermeros/as y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos, y para el Plan nacional de donación de médula ósea, por importe de 38.009.203,05 euros.

El Programa para la Mejora del Uso Racional de Medicamentos comprenderá casi 36 millones de euros, mientras que el Plan Nacional de Médula Ósea algo más de 2 millones de euros que podrán destinarse tanto a gasto de personal como a inversiones. De esta forma, el Gobierno de España incrementa un 34% la inversión destinada al programa para favorecer el uso racional de medicamentos con respecto al año pasado, cuando fueron distribuidos algo más de 26,9 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas. Asimismo, la dotación del Plan de Médula Ósea se incrementa en 2022 más de un 60% respecto al año anterior, cuando se distribuyeron cerca de 1,3 millones de euros para el desarrollo territorial del programa.

Programa para la Mejora del Uso Racional de Medicamentos

Con los fondos que serán distribuidos para el Programa para la Mejora del uso racional de medicamentos, las comunidades y ciudades autónomas desarrollarán acciones como, por ejemplo, intervenciones farmacoterapéuticas para mejorar la calidad en la atención de pacientes con fragilidad, comorbilidad, enfermedades crónicas, necesidades de atención complejas o pacientes polimedicados, actuaciones dirigidas a la deprescripción de medicamentos innecesarios, o el desarrollo de actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de optimización en la utilización de medicamentos.

Están igualmente incluidas acciones sobre sistemas de información (como el desarrollo del proceso de receta electrónica, sistemas de apoyo a la prescripción e integración del Nomenclátor Maestro) u otros programas para garantizar la sostenibilidad del SNS, mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, o la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico; entre otras medidas enmarcadas en los distintos planes y estrategias que se acuerden en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia.

Siguiendo los criterios de distribución aprobados el pasado 15 de junio de 2022 en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del SNS, el reparto entre las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla (a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA), es el siguiente:

CCAA/CIUDAD AUTÓNOMATOTAL (EUROS)
ANDALUCÍA6.347.098,46
ARAGÓN1.023.088,75
PRINCIPADO DE ASTURIAS788.803,58
ILLES BALEARS908.912,46
CANARIAS1.653.883,10
CANTABRIA470.468,43
CASTILLA-LA MANCHA1.561.961,25
CASTILLA Y LEÓN1.810.482,23
CATALUÑA5.818.846,95
CEUTA (INGESA)97.221,70
COMUNITAT VALENCIANA3.803.405,50
EXTREMADURA824.347,66
GALICIA2.043.304,92
COMUNIDAD DE MADRID5.064.805,70
MELILLA (INGESA)99.266,03
REGIÓN DE MURCIA1.166.299,90
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA527.857,19
PAÍS VASCO1.684.465,36
LA RIOJA273.253,88
TOTAL ESPAÑA35.967.773,05

Plan Nacional de Donación de Médula Ósea

Por otro lado, en cuanto al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, que contará con un total de 2.041.430 euros, se dedicarán 1.178.780 € para promoción, información y tipajes HLA de donantes registrados en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO). A estas cantidades, hay que sumar un total de 862.650 euros para el tipaje del 50% de las unidades de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) de alta calidad almacenadas en bancos públicos.

El reparto entre las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla (a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA), es el siguiente:

CCAA/CIUDAD AUTÓNOMATOTAL (EUROS)
ANDALUCÍA394.096,86
ARAGÓN31.902,54
PRINCIPADO DE ASTURIAS24.338,15
ILLES BALEARS28.216,12
CANARIAS52.269,08
CANTABRIA14.060,02
CASTILLA-LA MANCHA49.301,19
CASTILLA Y LEÓN67.050,21
CATALUÑA438.349,80
COMUNITAT VALENCIANA210.445,34
EXTREMADURA41.627,77
GALICIA154.024,28
COMUNIDAD DE MADRID263.078,90
REGIÓN DE MURCIA41.830,42
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA15.912,94
PAÍS VASCO202.597,92
LA RIOJA7.692,53
CEUTA (INGESA)2.560,96
MELILLA (INGESA)2.074,97
TOTAL ESPAÑA2.041.430,00

Derechos Sociales y Agenda 2030

SUBVENCIÓN A LEPE Y MOGUER PARA ERRADICAR LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para regular la concesión directa de subvenciones por un total de 2.628.600 € a los ayuntamientos andaluces de Lepe y Moguer para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en los municipios y ofrecer soluciones habitacionales dignas.

Esta línea de ayuda tiene como objetivo facilitar la integración residencial y sociolaboral de las personas residentes en asentamientos irregulares, que actualmente se enfrentan a situaciones de alta vulnerabilidad.

En una primera fase, se promoverá la generación de soluciones residenciales transitorias (tales como albergues o módulos residenciales temporales) y, en una segunda fase, se desarrollarán intervenciones que posibiliten el acceso a viviendas normalizadas en los núcleos urbanos de dichos municipios. Se busca, por tanto, consolidar modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares, o para otros procesos de regeneración urbana, en otros municipios y en otras comunidades autónomas.

Del total de la subvención, 1.810.600 € se destinará para programas de realojo e inclusión social que realice el Ayuntamiento de Lepe. Concretamente, se trata de la urbanización de una parcela de una superficie aproximada de 2 hectáreas (preparación del terreno, instalación de suministro de agua potable, saneamiento, y energía eléctrica), así como la construcción de 24 alojamientos que conjuntamente posibilitarán la creación de 144 plazas de alojamiento. Además, las tareas de urbanización de la parcela permitirán ubicar, en fases posteriores, 30 módulos adicionales hasta alcanzar un total de 720 plazas.

En el caso de Moguer, los 818.000 € restantes posibilitarán la finalización de un albergue, actualmente inacabado, con una capacidad prevista de 42 plazas. Adicionalmente, se prevé la construcción de 8 módulos residenciales en una parcela anexa al edificio del albergue que alojarían 24 personas y la adquisición de un edificio en el casco urbano con 184 metros cuadrados útiles de vivienda con una capacidad para 10 personas. En total se estima la creación de una capacidad de alojamiento de 76 personas.

Para el realojo o reubicación de las personas trabajadoras temporeras, prevalecerán los siguientes criterios: aquellos núcleos familiares con miembros menores de edad; las condiciones precarias de salud; la permanencia en el municipio u otras situaciones de especial vulnerabilidad identificadas por los servicios sociales municipales de los ayuntamientos de Lepe y de Moguer.

Igualdad

ESTRATEGIA ESTATAL PARA COMBATIR LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 2022-2025

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025. La estrategia constituye el instrumento de planificación y ordenación de actuaciones en el ámbito de las políticas públicas para prevenir, detectar, erradicar y reparar las violencias contra las mujeres. La finalidad de la estrategia es la de conseguir un abordaje integral y una mejor respuesta institucional desde un marco de unidad y consenso.

Esta estrategia habilita un marco de actuación, formulado de forma participada, coordinada y colaborativa con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, con los diferentes departamentos ministeriales, las entidades locales representadas a través de la Federación Española de Municipios (FEMP) y con la sociedad civil en su conjunto: mujeres víctimas y supervivientes, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, personas expertas, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, movimiento asociativo feminista y de derechos humanos y la ciudadanía, que han sido invitadas a participar en su elaboración.

El paradigma participativo que se ha empleado en el diseño de esta Estrategia Estatal busca la mayor implicación en el modelo de aproximación y atención a las causas y consecuencias de las violencias machistas. Ello se ha traducido en un complejo proceso de interlocución multiagente, impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que se ha extendido a lo largo de casi todo el año 2022.

Además, en cumplimiento de las obligaciones institucionales adquiridas, este compromiso se traduce en la asunción de un proceso de rendición de cuentas hacia la sociedad. Por ello, la responsabilidad que recae en las instituciones públicas en general, y del Estado en particular, se asume en las medidas necesarias para prevenir, reparar a las víctimas y erradicar la violencia. Lo que requiere de una compleja coordinación de soluciones y exquisita respuesta de efectivos y medios.

La última Estrategia del Gobierno elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género finalizó en 2016. Desde entonces, el Pacto de Estado del año 2017 es la política pública estatal que ha regido la acción de Gobierno en la lucha contra las violencias machistas.

Esta nueva Estrategia abordará medidas sobre las diversas formas de violencia contra las mujeres, no solo en el ámbito de la pareja o expareja, avanzando en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Con esta Estrategia Estatal y el conjunto de medidas y normas aprobadas en proceso (LOGILS, Ley de Trata, Plan Camino, Plan de Modernización, etc.) se da cumplimiento también a las responsabilidades y obligaciones que España tiene en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, reforzando el marco del Pacto de Estado.

Se avanzará en la protección y garantía de los derechos de las mujeres a través de nuevas medidas en áreas como la violencia digital, la mejora de datos estadísticos sobre diferentes feminicidios, el trabajo en masculinidades o la reparación de las víctimas. Además, la Estrategia Estatal reforzará varias líneas de acción que aún necesitan ser fortalecidas como es la violencia vicaria, la violencia sexual o la institucional.

Esta estrategia se basa y fundamenta en una serie de principios clave como el enfoque de derechos humanos, enfoque feminista, la participación, la interseccionalidad, la diligencia debida, la reparación, la transparencia o la rendición de cuentas.

Tiene un enfoque integral e incluirá medidas durante todo el proceso de sensibilización, detección, prevención, atención y reparación de las violencias machistas, contemplando 267 medidas estructuradas en 4 ejes de actuación:

  • Eje 1: Actualización y consolidación del marco de responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista (25 medidas);
  • Eje 2: Sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista (148 medidas);
  • Eje 3: Protección, seguridad, atención y reparación integral (80 medidas);
  • Eje 4: Respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garantía de los derechos (14 medidas).

Universidades

PLAN DE ACCIÓN UNIVERSIDAD-REFUGIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas universidades públicas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en el ámbito del Plan de Acción Universidad-Refugio.

La finalidad de esta concesión, con un total de 2,4 millones de euros a las entidades beneficiarias, será financiar actuaciones de distinto tipo, como: apoyo lingüístico, programas o planes institucionales de las universidades para hacer frente a la acogida de personas, apoyo cultural y psicológico, orientación académica y cursos de transición, asesoramiento y acceso a los servicios académicos y sociales, sensibilización sobre la crisis de Ucrania y la protección internacional, mentoría, becas y ayudas para material de estudio, alojamiento y manutención en residencias universitarias, preparación para la búsqueda de empleo y acceso a prácticas en empresas, cursos online, integración y contratación de personal investigador y de administración y servicios, estancias de investigación y colaboración con las universidades ucranianas.

Por otro lado, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas destinará 250.000 euros a la financiación de la coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones mencionadas y a la elaboración de un informe final de impacto de las actuaciones y la elaboración de un estudio sobre la viabilidad de la incorporación de España a la iniciativa del Consejo Europeo European Qualifications Passport for Refugees.

El plazo de ejecución será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la Orden de concesión en el Boletín Oficial del Estado y el 31 de diciembre de 2024.

El importe de las subvenciones asciende a un total de 2.650.000 euros, distribuido entre las entidades beneficiarias en virtud del número de estudiantes matriculados en estudios de Grado, Máster Universitario y Doctorado en el curso 2021-2022 y del número de efectivos de personal docente e investigador equivalente a tiempo completo que desempeñaba sus funciones en las mismas en el curso 2020-2021, del siguiente modo:

Universidades públicas de Cataluña
UniversidadCuantía (en €)
Universidad Autónoma de Barcelona119.222,40 €
Universidad de Barcelona164.171,60 €
Universidad de Girona44.971,40 €
Universidad de Lleida33.171,70 €
Universidad Politécnica de Catalunya94.993,90 €
Universidad Pompeu Fabra56.512,80 €
Universidad Rovira i Virgili47.292,10 €
Universidades públicas de la Comunidad de Madrid
UniversidadCuantía (en €)
Universidad Autónoma de Madrid97.516,60 €
Universidad Carlos III de Madrid62.495,50 €
Universidad Complutense de Madrid216.328,20 €
Universidad de Alcalá62.278,20 €
Universidad Politécnica de Madrid112.622,20 €
Universidad Rey Juan Carlos132.482,20 €
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana
UniversidadCuantía (en €)
Universidad de Alicante78.413,80 €
Universidad Jaume I de Castellón42.750,80 €
Universidad Miguel Hernández de Elche41.573,10 €
Universitat de València (Estudi General)150.944,00 €
Universitat Politècnica de València95.161,80 €
Universidades públicas de Andalucía
UniversidadCuantía (en €)
Universidad de Almería41.466,50 €
Universidad de Cádiz69.688,40 €
Universidad de Córdoba57.819,70 €
Universidad de Granada162.202,00 €
Universidad de Huelva33.301,10 €
Universidad de Jaén44.946,40 €
Universidad de Málaga110.348,10 €
Universidad de Sevilla188.014,60 €
Universidad Pablo de Olavide39.310,90 €
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas250.000 €

Universidades

PROYECTO "UNIVERSIDADES EUROPEAS" DE LA COMISIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 18 universidades públicas y privadas vinculadas con el proyecto "Universidades europeas" de la Comisión Europea. Las actuaciones a desarrollar por las universidades variarán en función de cada una de las beneficiarias e irán enfocadas a proyectos de movilidad, innovación educativa, colaboración académica, desarrollo de programas académicos conjuntos, etc…

El importe de las subvenciones asciende a un total de tres millones quinientos cuarenta y cinco mil (3.545.000,00 euros) y serán concedidas de manera directa a las siguientes universidades:

Entidad beneficiaria Cuantía
Universidades coordinadoras de Alianzas de nueva creación
Mondragón Unibertsitatea278.571,36 €
Universidad de Almería278.571,36 €
Universidad de Extremadura278.571,36 €
Universidad de Oviedo278.571,36 €
Universidades beneficiarias integradas por primera vez en Alianzas creadas en la primera convocatoria
IE Universidad223.660,74 €
Universidad de Alcalá223.660,74 €
Universidad Jaume I de Castellón223.660,74 €
Universidades coordinadoras de Alianzas creadas en la primera convocatoria
Universidad de Barcelona182.919,93 €
Universidad de Cádiz182.919,93 €
Universidad de Granada182.919,93 €
Universidad Pompeu Fabra182.919,93 €
Universidades beneficiarias de Alianzas creadas en la primera convocatoria
Universidad Autónoma de Barcelona146.864,66 €
Universidad Autónoma de Madrid146.864,66 €
Universidad Carlos III de Madrid146.864,66 €
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir146.864,66 €
Universidad Complutense de Madrid146.864,66 €
Universidad Politécnica de Catalunya146.864,66 €
Universitat de València (Estudi General)146.864,66 €
TOTAL 3.545.000,00 €

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