Referencia del Consejo de Ministros

27.9.2022

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), al pilar de sostenibilidad, para el año 2022, por importe de 175.000 euros.

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a realizar un encargo a la entidad Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) para la prestación de servicios de ingeniería, calidad y seguridad para la mejora e impulso de la modernización de los sistemas de información, los procesos y los servicios TIC, por un importe de 12.993.767,55 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C5, I2). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención para el desarrollo de actuaciones de adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en la cuenca baja del río Segura, en la Comunitat Valenciana, como contribución al Plan Vega RenHace en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones hidrológico-forestales en el área afectada por el incendio forestal de Monsagro (Salamanca), por un importe máximo de 499.646,55 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 a la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de abaratar el sobrecoste de la desalación y extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias, por importe de 14.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

Hacienda y Función Pública

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil (SIVE), por importe de 1.496.967,28 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de cubiertas y fachadas de los edificios de viviendas logísticas de la Guardia Civil en Fuenlabrada (Madrid), por importe de 1.974.836,02 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños que presentan las zonas superiores de las fachadas de los edificios G-H y K-L, del acuartelamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), por importe de 166.314,50 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios mínimos de servicios, obras, suministros para la conservación, adecuación y explotación de la red de comunicaciones de fibra óptica de los sistemas ITS de la Dirección General Tráfico, por importe de 705.197,76 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de las cubiertas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Ourense, por importe de 312.083,94 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Industria, Comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 28 de junio de 2022.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 28 de junio de 2022.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León el 28 de junio de 2022.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Madrid el 28 de junio de 2022.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Universidades

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria al Registro Europeo de Agencias Certificadoras de Calidad de la Enseñanza Superior (EQAR) para el año 2022, por importe de 13.272 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha acordado autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional relativo a la ejecución de las penas de la Corte Penal Internacional.

Antecedentes

El Estatuto de la Corte Penal Internacional fue adoptado por 120 estados en Roma el 17 de julio 1998, incluida España, que lo ratificó el 24 de octubre de 2000. Dicho estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002, fecha en que la Corte Penal Internacional inició formalmente su labor jurisdiccional.

La adopción del Estatuto de Roma constituyó un hito histórico al tipificar por escrito los crímenes más atroces en un tratado con vocación de universalidad. Constituye el principio de un verdadero derecho penal internacional.

El Estatuto permite enjuiciar a individuos que cometan crímenes de guerra, agresión, lesa humanidad y genocidio, de acuerdo al principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales. Al tipificar los crímenes atroces y al regular un procedimiento penal con todas las garantías para los acusados, supone un hito en el estado de derecho internacional.

Desde su creación, España se ha situado entre los países más comprometidos con la labor de este órgano judicial internacional. Así, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 18/2003 de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, que regula los aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permiten la aplicación concreta del Estatuto y la incorporación jurídica de España al sistema procesal y judicial de la Corte Penal Internacional.

Uno de los aspectos fundamentales de esta cooperación consiste en la petición por parte de la Corte a los Estados para que los condenados a prisión cumplan la condena total o parcial en sus cárceles. Los Estados estudian estas peticiones y acceden o no a ellas. Este acuerdo, cuyo texto se corresponde a un modelo elaborado por la Corte, ordena el procedimiento de petición y de respuesta.

Contenido

En cuanto a la estructura, el acuerdo consta de un preámbulo y catorce artículos que establecen las condiciones y trámites que enmarcan la colaboración entre la Corte y España para la facilitación del cumplimiento de condenas.

El preámbulo del acuerdo se refiere al compromiso de España - relativo al apartado 1 a) del artículo 103 del Estatuto de Roma -, en el que se dispone que las penas privativas de libertad impuestas por la Corte se cumplirán en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir personas condenadas.

El artículo 1, con el título "Objetivo y alcance del acuerdo", establece que el acuerdo regirá los asuntos relativos a la ejecución de las penas impuestas por la Corte que se cumplan en España, o resultantes de esa ejecución de las penas.

El artículo 2 sobre "Procedimiento e información relativos a la designación" se refiere al procedimiento relativo a la solicitud de la Corte y la posible aceptación de España para recibir a una persona condenada por la Corte.

El artículo 3, sobre "Traslado de la persona condenada", fija que el traslado se realizará lo antes posible una vez que España haya aceptado la designación y se observe la debida comunicación entre el secretario de la Corte y España.

El artículo 4, con el título "Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión", regula la supervisión de la Corte, así como la aplicación de las normas internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos, garantizando la confidencialidad y la imposibilidad de restringir las comunicaciones confidenciales entre la persona condenada y la Corte.

Además, establece que las condiciones de reclusión, si bien se rigen por legislación española, deben respetar las normas internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos y garantizar un trato igual al de reclusos condenados por delitos similares en España.

Por último, recoge la obligación de España de notificar a la Corte cualesquiera circunstancias relevantes sobre la reclusión de la persona detenida, permitiéndose además de forma periódica la inspección de las condiciones de reclusión y de tratamiento de las personas condenadas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que informará a la Corte y España por informe confidencial y podrá establecer recomendaciones cuando así proceda.

El artículo 5 sobre "Comparecencias ante la Corte" prevé el traslado temporal de la persona condenada de España a la Corte cuando la orden de comparecer se emita después del traslado a España.

El artículo 6, con el título "Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción", recoge la aplicación del artículo 5 del Estatuto de Roma sobre el principio non bis in ídem que impide enjuiciar a una persona por un mismo delito dos veces.

Además, establece que la persona condenada que se halle bajo la custodia de España no será sometida a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega a España, a menos que, a petición de España, la Presidencia de la Corte lo haya aprobado con una serie de circunstancias que se contemplan.

El artículo 7, sobre "Apelación, revisión, reducción y ampliación de la pena", establece que la pena será vinculante para España, que no la podrá modificar en ningún caso.

La Corte tendrá la competencia exclusiva en materia de apelación, revisión, reducción y ampliación de la pena a cumplir, aunque podrá solicitar observaciones de España cuando prolongue la reclusión en virtud de las reglas aplicables.

El artículo 8 trata el supuesto de "Evasión", prefijando los mecanismos de notificación y coordinación en estos supuestos para promover la extradición, devolución o traslado a un nuevo Estado Parte como destino.

El artículo 9 fija las condiciones para el "Cambio en la designación de España como el Estado de ejecución", que podrá realizarse de oficio por la Presidencia de la Corte a solicitud de España, de la persona condenada o del Fiscal, pero que se reservará a aquella la decisión sobre el traslado de una persona condenada a una prisión de otro Estado.

El artículo 10 regula el "Traslado de la persona condenada una vez cumplida la pena" y fija la obligación de notificar a la Corte el cumplimiento de la pena con 90 días de antelación, así como la obligación de notificar con 30 días de antelación si España decide trasladar a la persona a otro territorio o que permanezca en el país.

El artículo 11 sobre "Gastos" establece la obligación de España de correr con los gastos ordinarios, mientras que el resto de gastos, incluyendo los gastos de traslado, correrán a cargo de la Corte.

El artículo 12 regula los "Canales de comunicación" e identifica al Ministerio de Justicia como canal de comunicación en nombre de España, y a la Dependencia de Asesoría Jurídica y Ejecución de las Decisiones, de la Presidencia, como canal en nombre de la Corte.

El artículo 13 establece que la "Entrada en vigor" será el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción por la Corte de la notificación por España, efectuada por escrito y por vía diplomática, informando del cumplimento de los requisitos legales internos.

El artículo 14, "Enmiendas y rescisión", contempla la posibilidad en enmendar el acuerdo por consentimiento mutuo y la posibilidad de rescisión y retirada de España siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Desde el punto de vista de la repercusión económica se señala que el acuerdo no genera directamente incremento de gasto público.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO PARA LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la firma ad referendum y autorizar la aplicación provisional del Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación

Antecedentes

El 14 de octubre de 1977, se firmó en Madrid el "Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos", con el fin de realizar programas y proyectos de cooperación científico-técnica y el intercambio de experiencias técnicas.

Posteriormente, el 25 de enero de 1996, se firmó en Madrid el "Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos" en el que se crea el "Fondo Mixto de cooperación técnica y científica México-España", y que será el instrumento de financiación de los programas y proyectos de cooperación entre ambos países, en las áreas mutuamente definidas como prioritarias.

Según se recoge en dicho acuerdo complementario, las aportaciones al Fondo Mixto se determinarán anualmente, dentro de sus respectivos presupuestos, según los siguientes porcentajes fijos y no reembolsables:

  • aportación española: 50%.
  • aportación mexicana: 50%, del aporte total del Fondo.

El pasado 9 de marzo de 2022, se firmó ad referendum en México el "Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el Financiamiento de programas y Proyectos de Cooperación" (en adelante Acuerdo Complementario Modificado), que sustituye al acuerdo complementario de 1996.

Este acuerdo complementario modificado tiene como objetivo la simplificación y flexibilización del Fondo Mixto, principal instrumento de cooperación bilateral técnica y científica con un país prioritario para la Cooperación Española, según su V Plan Director.

Contenido

El acuerdo consta de un preámbulo y 13 artículos.

El artículo 1 hace referencia al objetivo del acuerdo, cual es el de establecer el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España para el Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación entre las Partes, en las áreas definidas como prioritarias.

El artículo 2 establece que las respectivas aportaciones monetarias al Fondo Mixto se realizarán bajo la modalidad de cofinanciamiento.

El artículo 3 determina que las Partes podrán propiciar la participación de otras fuentes de financiamiento públicas o privadas, debiendo prevalecer en todo caso el principio de coordinación entre actores de cooperación.

El artículo 4 establece que todas las aportaciones lo serán en términos monetarios.

El artículo 5 dispone que las aportaciones económicas de las Partes serán transferidas a una entidad financiera mexicana mutuamente acordada, de titularidad del Gobierno de México, y bajo una gestión y ejecución compartidas.

El artículo 6 indica que la gestión del Fondo Mixto estará a cargo de un Comité Técnico de composición paritaria que desarrolle las actividades que le asignen las Partes a través del "Procedimiento de Utilización del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España".

En virtud del artículo 7, las Partes determinarán anualmente el monto total de las aportaciones al Fondo, dentro de sus respectivos presupuestos.

El artículo 8 regula las aportaciones que realizarán cada una de las Partes, las cuales serán por un importe del 50 por ciento del total del Fondo Mixto.

Según establece el artículo 9, no habrá afectación separada de fondos nacionales y externos en la utilización de los fondos, y se seguirán los lineamientos recogidos en las actas de las reuniones de la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica vigentes en cada momento.

El artículo 10 recoge la aplicación provisional y entrada en vigor de este Acuerdo Complementario Modificado que sustituye al Acuerdo Complementario, el cual quedará sin efectos desde el inicio de la aplicación provisional del Acuerdo Complementario Modificado.

Según lo dispuesto en el artículo 11, las discrepancias en la interpretación o aplicación del presente acuerdo serán solucionadas mediante negociaciones y consultas de las Partes, por vía diplomática.

De conformidad con el artículo 12, el acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables automáticamente de la misma duración, a no ser que sea denunciado por cualquiera de las Partes, con al menos seis meses de antelación a la fecha de renovación.

El artículo 13 hace referencia a la posibilidad de modificar el acuerdo por consentimiento mutuo de las Partes y formalizado mediante Canje de Notas Diplomáticas.

La entrada en vigor de este acuerdo permitirá la ejecución de los recursos aportados por la AECID, evitando así un mayor retraso y contribuyendo, con los proyectos a los que se asignarán, a superar algunos retos de desarrollo que enfrenta la sociedad mexicana.

Por último y desde el punto de vista de la repercusión económica, se informa que este Acuerdo Complementario Modificado no implica obligaciones financieras ni se derivan de él compromiso ni calendario de pagos alguno.

Justicia

SUBVENCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FUNDACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLÍTICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con el que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a sufragar gastos, llevados a cabo en 2022, de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos representados en las Cortes Generales.

Además, para poderse beneficiar de las ayudas, estas organizaciones deberán tener entre sus fines estatutarios de interés general el desarrollo de actividades culturales, incluyendo el estudio y desarrollo del pensamiento político y social y deberán realizar actividades de formación, programas de investigación, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, congresos o ediciones de publicaciones en cualquier soporte, entre otros.

Las ayudas, que ascienden a 350.000 euros, tienen como objeto sufragar los gastos de funcionamiento a través de los cuales las fundaciones y asociaciones hayan realizado en 2022 algunas de estas actividades.

La distribución de las ayudas se realizará por la vía de la concesión directa, ya que se hace de acuerdo a la representación obtenida por los partidos políticos en las Cortes Generales en las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019.

Interior

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil.

De entre sus principales novedades, destaca, principalmente, la creación de la Comisión de Igualdad y Diversidad en su seno, un nuevo organismo que tendrá como principal objetivo poner en práctica medidas que fomenten la igualdad y la diversidad dentro del Cuerpo.

Esta comisión estará formada por representantes tanto de la Administración como de las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil.

Asimismo, hay que destacar que el nuevo reglamento incorpora la posibilidad de sustituir los vocales por suplentes de su misma asociación y se regula también el procedimiento para que los vocales ejerzan su derecho de acceso a la información que precisen, siempre respetando los principios de secreto profesional y la normativa de datos de carácter personal.

Finalmente, con esta nueva norma se permite que la presidencia autorice de manera excepcional que los vocales puedan acudir acompañados de asesores. De la misma manera, se incluye la posibilidad de acordar la convocatoria, la constitución o la celebración de sesiones, así como la adaptación de acuerdos por medios electrónicos, cuando sea necesario.

Hacienda y Función Pública

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO POLICIAL DE ZAPADORES EN VALENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración de un contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación integral del Complejo Policial de Zapadores, en Valencia, por un valor estimado de 23.555.813 euros (IVA excluido).

Esta obra se enmarca en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, con el que se está ejecutando un total de 600 millones de euros (a los que hay que sumar otros 400 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para la reforma y construcción por toda España de Comisarías de la Policía Nacional y Cuarteles de la Guardia Civil.

Dentro de este plan, la rehabilitación integral del Complejo Policial de Zapadores de Valencia fue señalada como una prioridad por la Secretaría de Estado de Seguridad.

El acuerdo del Consejo de Ministros señala que la adjudicación del contrato se realizará por el procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, económicos y cualitativos, que tendrán por finalidad identificar como mejor oferta aquella que se base en el principio de mejor calidad precio.

Hacienda y Función Pública

COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del primer Comisionado especial para la Economía Social en la historia de España. Se trata de un órgano centrado en la puesta en marcha y el despliegue del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

Coordinar e impulsar el PERTE

Este organismo, integrado orgánicamente dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tendrá entre sus funciones el impulso y la coordinación de todos los proyectos relacionados al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, que involucra a 13 ministerios.

España es referente internacional de la Economía Social y, a través de este nuevo organismo, se divulgarán, promoverán e impulsarán las políticas y los planes de un PERTE que aboga por un modelo productivo que supone ya el 10% del PIB.

Esta forma de entender la economía cuenta con un gran potencial para generar riqueza de manera sostenible, además de fomentar la innovación y la transformación en el área de los cuidados y de proporcionar empleo estable, desarrollo inclusivo y cohesión social.

Afianzar la Economía Social

El desarrollo eficaz de esta herramienta estratégica permitirá afianzar las bases de la Economía Social en las políticas públicas de manera estructural y como ecosistema económico y social en el país, ya que requiere de la colaboración de distintas administraciones públicas.

El Comisionado especial velará por fomentar las entidades de la Economía Social ahondando en la senda marcada por instrumentos internacionales de gran calado como Plan de Acción Europeo de la Economía Social, impulsado de manera determinante por España.

Asimismo, colaborará e impulsará la interlocución internacional de España respecto a la implantación del PERTE.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

FONDOS PARA AVANZAR EN LA RENOVACIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLA-ALGECIRAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para renovar la señalización de un tramo de la línea de ferrocarril convencional Bobadilla-Algeciras, con una inversión estimada de 16,72 millones de euros (sin IVA).

Se trata del tramo Ronda-Algeciras, de unos 105 kilómetros (km) de longitud del total de 176 km de la línea, que forma parte y constituye el vértice tanto del Corredor Atlántico, como del Corredor Mediterráneo.

Este contrato constituye un nuevo avance en la renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras, que también abarca mejoras en la vía, la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos de trenes, entre otras actuaciones.

Estas actuaciones reforzarán su fiabilidad y capacidad de circulación para poder así acoger un mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, dado que la línea conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país y de todo el Corredor Atlántico, y además forma parte de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

En concreto, el contrato que ahora se autoriza consiste en instalar en el tramo entre Ronda y Algeciras el sistema de protección del tren ASFA digital (Anuncia de Señales y Frenado Automático), así como señalización fija y luminosa LED, telecomunicaciones fijas con el despliegue de la red de datos IPMM y actualización del sistema de energía.

Nuevo avance en la renovación de la línea

Este contrato da continuidad al licitado el pasado mes de abril para renovar otro sistema de seguridad, en este caso mediante la implantación del bloqueo automático en el tramo entre Bobadilla y Ronda, un sistema que garantiza la distancia de seguridad entre trenes y que ya está implantado entre Ronda y Algeciras.

Respecto a los trabajos de renovación de la vía, ya han concluido en el tramo Ronda -San Pablo, en la primera fase del San Pablo-Almoraima (salvo la estación de Jimena de la Frontera) y en el tramo el Almoraima-Algeciras.

(Bobadilla)

Línea Bobadilla-Algeciras. Tramo Almoraima-Algeciras

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9 que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.

Fondos europeos

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SUPRESIÓN DEL BLOQUEO TELEFÓNICO ENTRE VILLANUEVA DE LA SERENA Y BRAZATORTAS/VEREDAS, EN LA LÍNEA DE TREN CIUDAD REAL-MÉRIDA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para la supresión de bloqueo telefónico entre las estaciones de Villanueva de la Serena y Brazatortas/Veredas, en la línea Ciudad Real-Mérida.

Los trabajos, a desarrollar en un tramo de 161,48 kilómetros (km), cuentan con un valor estimado de 31,7 millones de euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 33 meses. Las obras contemplan las instalaciones de enclavamiento, los sistemas de detección del tren, el sistema de protección del tren ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), la señalización fija y luminosa, la Integración en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC), el sistema de suministro de energía, así como las canalizaciones y la obra civil auxiliar.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Supresión de Bloqueos Telefónicos de Adif, que contempla su eliminación progresiva en las líneas donde se utilicen como bloqueo nominal y su sustitución por otros sistemas con menor intervención del factor humano.

Principales actuaciones

Los trabajos a realizar se dividen en estas tres fases:

  • Diseño y definición de las Instalaciones de Seguridad necesarias: enclavamiento, sistemas de detección de tren, sistemas de protección del tren, señalización fija y luminosa, integración en el CTC, suministro de energía, canalizaciones y obra civil auxiliar.
  • Redacción del proyecto constructivo de las Instalaciones de Seguridad.
  • Ejecución de las obras, pruebas y puesta en servicio de las Instalaciones de Seguridad y las tareas de premantenimiento necesarias hasta la puesta en servicio.

Como obra complementaria a la supresión del bloqueo telefónico, Adif tiene en fase de contratación la obra, y su posterior mantenimiento, de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R en el trayecto Villanueva de la Serena-Brazatortas con un presupuesto superior a 8 millones de euros (con IVA).

La finalidad del proyecto es dotar de instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R a este tramo de red convencional para equipararlo con la tecnología desplegada en el resto de la línea.

El nuevo GSM-R moderniza el sistema actual y proporciona todos los servicios necesarios para la comunicación mediante radiotelefonía entre las circulaciones de los trenes y el Centro de Regulación de la Circulación (CRC). Así, permite al maquinista estar en contacto permanente con el CRC y es, a su vez, complementario con los sistemas de señalización instalados de bloqueo automático con Control de Tráfico Centralizado (CTC) que ya operan en el resto de la línea.

Renovación línea Ciudad Real-Mérida

La inversión total que Mitma tiene prevista para la renovación de la línea Ciudad Real-Mérida superará los 400 millones de euros.

A lo ya mencionado anteriormente, hay que añadir, entre otras actuaciones, que Adif ya ha renovado más de 57 km de la línea entre Ciudad Real y Mérida, con el objetivo de mejorar el estado y fiabilidad de la infraestructura, así como aumentar los niveles de confort para los usuarios. Estos trabajos han supuesto una inversión global de 40,5 millones de euros (IVA incluido).

Además, este mismo verano se ha adjudicado el contrato para la renovación del tramo Brazatortas-Guadalmez (Ciudad Real), que supondrá una inversión de unos 54 millones de euros (IVA incluido), incluyendo los materiales.

(Villanueva)

Estación de Villanueva de la Serena

Esta actuación autorizada hoy contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

Fondos europeos

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

FINANCIACIÓN PARA LA 'LANZADERA AVE' DE CUENCA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece las normas reguladoras para la concesión directa de una subvención al ayuntamiento de Cuenca para la financiación del déficit de explotación del servicio público de transporte de viajeros por carretera entre la ciudad de Cuenca y la estación de la línea de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel.

Esta conexión por autobús, denominado "Lanzadera AVE", se considera pieza imprescindible del proyecto integral de movilidad de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) diseñado para la provincia de Cuenca.

Tendrá un importe máximo de 3,4 millones de euros, provenientes del presupuesto del Ministerio, para financiar la iniciativa en los ejercicios de los años 2022 al 2027, con una anualidad estimada de 600.000 euros.

En definitiva, se trata de un nuevo paso, tras la firma el 09 de marzo del 2022, del protocolo general de actuación y la entrada en servicio de los servicios AVANT "Madrugador". A lo que hay que sumar la iniciativa pionera para la extensión de los bonos recurrentes a toda la oferta AVE de la ciudad de Cuenca con Madrid y Albacete en los meses de junio y julio de este mismo año.

De esta forma, avanza la iniciativa xCuenca que permitirá utilizar la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Albacete como eje troncal de transportes para la conexión de la ciudad de Cuenca.

La iniciativa xCuenca

Resultado del trabajo conjunto de las administraciones territoriales, la iniciativa xCuenca establece el marco general de actuación para aplicar una estrategia de movilidad coordinada y cooperativa para la integración del territorio a lo largo del tramo ferroviario de ancho ibérico Aranjuez-Cuenca-Utiel. Asimismo, tiene por objeto recoger la voluntad de los firmantes de adecuar la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel a un uso social distinto.

Es un proyecto integral que trata de dar la mejor solución de conectividad a los ciudadanos desde un punto de vista intermodal, mejorando sus oportunidades de viaje y tiempos de viaje actuales, y optimizando tanto el uso de los fondos públicos como de los bienes físicos de la propia línea ferroviaria.

En cuanto a las actuaciones que implican directamente a la ciudad de Cuenca, la iniciativa dispone de diversos instrumentos:

  • La mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete, ya mencionada.
  • La mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación ferroviaria Cuenca-Fernando Zóbel, incluyendo su utilización gratuita para los usuarios recurrentes de los servicios AVANT que dispongan del bono correspondiente.
  • La integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria.
  • La ejecución de un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca Fernando Zóbel, que cuente con un paseo peatonal y un carril para bicicletas.

Todo ello añadido a las actuaciones previstas que afectan al resto de la provincia, como:

  • Refuerzo de los servicios de los servicios regulares y a demanda por carretera en el eje mencionado a través de las medidas de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el MITMA.
  • La implantación de un servicio supramunicipal de transporte por carretera, para la mejora de la conexión entre los pueblos del entorno de Cuenca con la estación de la línea de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel y el centro de la ciudad, actualmente en desarrollo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el MITMA.
  • Adaptación del tramo ferroviario como "vía verde" para su posterior uso tanto por peatones como por ciclistas, o cualquier otro uso alternativo que sea decidido en el ámbito territorial, promoviendo la generación de riqueza y la posibilidad de establecer nuevas actividades entorno a la misma.
  • Puesta en valor, entre otros, de los apeaderos con valores arquitectónicos, culturales y de patrimonio industrial a preservar para favorecer e impulsar la revitalización económica y turística de la zona.
  • Incorporación de la traza ferroviaria al entramado urbano en los municipios interesados.
  • Integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria, en los municipios de Cuenca, Tarancón y Carboneras de Guadazaón.

Industria, Comercio y Turismo

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del contrato de servicios relacionados con la planificación y ejecución de campañas de publicidad internacionales en medios pagados, así como la medición cuantitativa del impacto de las campañas de publicidad en el marco de la estrategia de marketing de Turespaña, por importe de 4 millones de euros.

De ese incremento, dos millones de euros se destinarían a una campaña conmemorativa del 50 aniversario de la muerte de Picasso, y otros dos millones se destinarían a una campaña de publicidad de otoño/invierno 2022/2023, justificando el incremento y modificación del contrato en la disminución del turismo procedente de Rusia (consecuencia de la guerra en Ucrania) y las variaciones producidas en los destinos turísticos como consecuencia del COVID-19.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACUERDO ENTRE ADIF Y CORREOS PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL CENTRO DE NEGOCIOS DE CHAMARTÍN

El Consejo de Ministros ha autorizado a Adif a formalizar un acuerdo con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para delimitar la superficie de titularidad de ambas compañías en el entorno de la estación de Chamartín. De esta forma, se facilita que estas entidades puedan aportar 44.500 m2 de suelo al desarrollo urbanístico del Centro de Negocios de Madrid Nuevo Norte, que equivalen a aproximadamente un 6% del mismo.

El acuerdo delimita la titularidad de una parcela ocupada por el complejo ferroviario postal de Chamartín. Así, corresponde a Adif una superficie de 29.500 m2, mientras que los otros 15.000 m2 son de Correos, coincidiendo con la superficie ocupada por el edificio postal en este ámbito.

Esta superficie no está incluida en el contrato que Adif tiene suscrito con Crea Madrid Nuevo Norte, por lo que la comercialización por parte de Adif de estos nuevos suelos generará recursos adicionales para la financiación de las infraestructuras ferroviarias planificadas.

Una vez delimitada la superficie, se aportarán a la Junta de Compensación a constituir y, cuando se apruebe la reparcelación, Adif la subastará públicamente.

Los terrenos, que se integran en el Área de Planeamiento Específico (APE) 05.31 "Centro de Negocios" de Madrid, fueron adscritos al servicio público ferroviario, explotado y administrado por Renfe, hoy Adif, si bien posteriormente se entregó su uso a Correos para el desarrollo de actividades vinculadas al servicio ferroviario de distribución y clasificación postal.

Política Territorial

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA UN PRECEPTO DE LA LEY DE MEDIDAS FISCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con el informe favorable del Consejo de Estado, por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 173 de la Ley de la Comunitat Valenciana 7/2021, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución Española para su suspensión provisional.

El Gobierno considera que la inconstitucionalidad del artículo a impugnar afecta a cuestiones relativas a la distribución competencial y en particular a las competencias exclusivas del Estado en materia de puertos de interés general.

La Ley de la Comunitat Valenciana 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, establece determinados objetivos de política económica cuya consecución exige la aprobación de diversas normas. A tal efecto, la ley contiene medidas referentes a aspectos tributarios, gestión económica y acción administrativa.

Examinada dicha ley, se apreciaron motivos de inconstitucionalidad, por lo que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat acordó iniciar negociaciones el 23 de marzo de 2022, por la vía prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para resolver las discrepancias competenciales existentes en relación con la citada norma autonómica, si bien no fue posible llegar a un acuerdo respecto al artículo 173.

Fundamentos del recurso

Las materias de discrepancia se integran dentro de la normativa portuaria y de la ordenación del territorio. El Estado ostenta competencia exclusiva en materia de marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas y puertos de interés general de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Española.

Por su parte, la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, de conformidad con el artículo 49 de su Estatuto de Autonomía, aunque la exclusividad competencial en esta materia no significa que se trate de una competencia ilimitada.

Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que la ordenación territorial corresponde a las comunidades autónomas; pero sin menoscabar las competencias reservadas al Estado. Así, el precepto reseñado de la ley autonómica supedita el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado a la competencia autonómica de ordenación del territorio, lo que vulnera el orden constitucional, concretamente el artículo 149.1.20ª de la Constitución Española.

El Consejo de Estado asimismo pone de manifiesto en su dictamen que la previsión del artículo 173 de la ley autonómica, en la medida en la que resulte aplicable a los puertos de titularidad estatal, interfiere en el ejercicio por el Estado de sus competencias, máxime cuando la norma no contiene ninguna previsión que circunscriba su aplicabilidad a los puertos de competencia autonómica.

En conclusión, concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional del precepto referido.

Ciencia e Innovación

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se inicia el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española.

Este procedimiento será transparente, abierto y competitivo y responderá al compromiso del Gobierno de España con la desconcentración de las sedes del sector público para favorecer la vertebración territorial.

En el plazo máximo de un mes, la Comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, elaborará un informe con los criterios que se valorarán para determinar la ubicación de la sede.

Tras este paso, las comunidades autónomas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar por medios electrónicos la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la Agencia Espacial Española.

Adicionalmente, las administraciones que presenten candidaturas pueden ofrecer todos o alguno de los siguientes compromisos: cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo.

Agencia Espacial Española

Con la puesta en marcha de la Agencia, España se igualará al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio.

La creación de la Agencia Espacial Española aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. También se incluye en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, coordinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El Consejo del Espacio, un grupo interministerial integrado administrativamente en el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Comisionado para el PERTE Aeroespacial, será el encargado de elaborar el Estatuto y el plan inicial de actuación de este organismo público.

La Agencia, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, permitirá coordinar de forma eficiente las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito.

El sector espacial proporciona servicios imprescindibles para nuestra sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios.

Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la Unión Europea, así como para ayudar a mitigar los problemas derivados de los grandes retos como el cambio climático y a conseguir los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas.

Además, el espacio es una herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración, respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un impulso a la innovación.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

INCENTIVO AL EMPLEO PARA BENEFICIARIOS DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la compatibilidad del ingreso mínimo vital (IMV) con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.

La Ley 19/2021 por la que se establece el IMV dispone que, para impulsar el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad, el IMV contendrá en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión con el fin de evitar la llamada 'trampa de pobreza', es decir, que la existencia de la prestación inhiba a sus beneficiarios de buscar empleo por el temor a perder o ver reducidos sus ingresos.

El incentivo al empleo que hoy se aprueba y entrará en vigor en enero de 2023 se orienta precisamente a que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o incremente el número de horas de empleo en el caso de que ya esté trabajando vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se va atenuando a medida que los rendimientos del trabajo aumentan.

Así, cuando el perceptor del IMV registre un incremento de sus ingresos del trabajo por cuenta ajena o propia que alcance hasta el 60% de la Renta Garantizada para su tipo de hogar, el incentivo le proporcionará un aumento de su renta disponible de la misma cuantía.

La renta disponible del beneficiario del IMV también aumentará cuando las subidas de sus ingresos procedentes del trabajo se sitúen entre el 60% y el 100% de su renta garantizada. En este caso el incentivo variará en función de tres parámetros: la presencia o no de menores (con un incentivo más alto para los hogares con niños), la composición del hogar (con un incentivo más alto para las familias monoparentales y para las personas con discapacidad) y la relación previa con el mercado de trabajo (se incentiva más a las personas que se incorporan a él que a las que ya estaban trabajando). El incentivo se mantendrá, aunque de forma más atenuada, incluso para los aumentos salariales que superen el umbral de la Renta Garantizada para el tipo de hogar al que pertenezca el titular.

(ingreso)

Este mecanismo especial y estratégico de la política de Inclusión que desarrolla este ministerio no es una prestación nueva e independiente del IMV; por tanto, los preceptores no tienen que solicitarla aparte, sino que se calcula de oficio. Se activa cuando se revisa el IMV, y sólo en el caso de que haya cambios en los ingresos del trabajo porque se haya encontrado un empleo o hayan mejorado las condiciones del mismo.

Aunque el incentivo al empleo no se solicita, el potencial beneficiario podrá conocer las cuantías del mismo a través de un simulador desarrollado específicamente para este mecanismo, que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Con la aprobación de este innovador mecanismo, el primer instrumento de estas características que se implementa en la Administración General del Estado, se cumple además con uno de los objetivos para apoyar la participación en el mercado laboral del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), previsto para el último trimestre del año 2022.

Ejemplo del incentivo en familia monoparental

Familia monoparental con un menor que no ha tenido ingresos el año anterior

Su Renta Garantizada es de 10.737 euros al año, que en este caso coincide con el IMV al no tener otros ingresos.

Al año siguiente, la familia consigue ingresos del trabajo por valor de 1.000 euros.

Al realizar la revisión del IMV, si no existiera incentivo al empleo, su IMV sería de 9.737 euros (Renta Garantizada de 10.737 - 1.000 euros de ingresos del trabajo).

Pero el incentivo al empleo aporta en este caso 1.000 euros, así que el IMV+incentivo permitirá que la familia perciba 10.737 euros

Así, su renta disponible sería de 11.737 euros, resultado de:

(IMV+incentivo = 10.737 euros) + (Salario = 1.000 euros)

Número de beneficiarios del IMV

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas u hogares que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. En los 28 meses desde su aprobación, el IMV ha alcanzado a más de 500.000 hogares en los que viven 1,4 millones de personas de los que el 43% son menores.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

SUBVENCIÓN A CANARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Atención Humanitaria de Inclusión Social de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la concesión de una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 50 millones de euros para garantizar la acogida integral e inclusiva y de calidad de las personas migrantes.

Esta subvención, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se canalizará a través de la firma de un convenio donde se establecerán las condiciones y compromisos. De este modo, y según lo previsto en el texto del convenio, se podrán financiar con cargo a este presupuesto las siguientes actuaciones:

  • Atención a personas migrantes nacionales de terceros países acogidas en centros gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias. También podrán incluirse gastos de funcionamiento y mantenimiento de los centros.
  • Actuaciones sanitarias destinadas a personas migrantes nacionales de terceros países, desarrolladas en los Centros de Gestión Compartida del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluyendo aquellas actividades destinadas a atender a personas afectadas por protocolos de cuarentena COVID.
  • Actuaciones destinadas a mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de jóvenes extutelados. En este sentido, también podrán financiarse actuaciones en los países de origen para prevenir la inmigración irregular.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en el Reino de Bélgica

D. ALBERTO ANTÓN CORTÉS.

Nacido en Martos (Jaén) en 1958, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.

Ingresó en la Carrera Diplomática en enero de 1985 y actualmente es ministro plenipotenciario de Primera Clase.

Ha estado destinado en las Embajadas de España en Tanzania, México, Marruecos y Túnez y en las Representaciones Permanentes de España ante la Unión Europea y ante el Consejo de Europa.

Además, ha sido cónsul general de España en Lyon, embajador de España en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán y Embajador en Misión Especial para la Diplomacia Digital.

Entre otros destinos, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha desempeñado los puestos de subdirector general de Asuntos Jurídicos y Consulares, vocal asesor para el Plan de Comunicación de las Representaciones de España en el Exterior, vocal asesor para las Relaciones Económicas con América Latina, vocal asesor en la Asesoría Jurídica Internacional y director de la Unidad de Funcionarios Internacionales.

Hasta la fecha era embajador-director de la Escuela Diplomática.

Entre otras condecoraciones, posee la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y la de la Orden del Mérito Civil.

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