Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se aprueba la "Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las Materias Primas Minerales".
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de criterios objetivos para la distribución de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, para sometimiento a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, destinados al impulso y apoyo a iniciativas y acciones cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, por importe total de 15.709.000 euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C4, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución de los créditos consignados para financiar actuaciones de bioeconomía a desarrollar en municipios con especiales dificultades demográficas y que permitan incentivar su desarrollo económico y social, en el marco del componente 4 "Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, por un importe total de 40.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (Acuamed), la resolución del contrato de "Suministro de energía eléctrica para el año 2022 (y posible 2023) en los puntos de demanda gestionados por Acuamed. Lote 1. Suministro en Alta Tensión. Puntos de suministro con tarifas en seis periodos según RD 1164/2001 (tarifas 6.X). (expediente SUE/01/20 Lote 1)".
• ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (Acuamed), la celebración del contrato de "Suministro de energía eléctrica para el año 2023 en los puntos de demanda con tarifa 6.XTD (antiguas 6.X según RD 1164/2001) de Acuamed", por un valor estimado de 212.047.853,87 euros.
• ACUERDO por el que se autorizan dieciocho contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional, por un importe global de 2.088.147,35 euros‬.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto de construcción de las obras de incorporación de caudales al emisario de la E.D.A.R. de Sinova (Soria)".
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C5, I1 y C5, I2). ACUERDO por el que autoriza la suscripción de la Modificación n.º 3 al Convenio de Gestión Directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas formalizado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., el 30 de junio de 2014.

Justicia

• PROYECTO DE LEY ORGÁNICA del Derecho de Defensa, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 8 de septiembre de 2022, en relación con el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Educación y Formación Profesional

• ACUERDO por el que se autorizan diversas contribuciones voluntarias correspondientes a cuotas del ejercicio 2022, por un importe global de 506.379,13 euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• PROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón para la protección de la especie declarada en situación crítica Margaritifera auricularia.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Política Territorial

• REAL DECRETO de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de la contribución voluntaria al Joint Programme Energy Storage (JP ES) perteneciente a la organización internacional EERA, correspondiente a 2022, por importe de 3.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de las contribuciones voluntarias a diversos organismos y entidades internacionales, correspondientes a 2022, por importe de 54.924,90 euros.

ASUNTOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

• REAL DECRETO por el que se nombra delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja a Dª. BEATRIZ ARRAIZ NALDA.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se nombra director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares a D. XAVIER MARTÍ MARTÍ.
• REAL DECRETO por el que se nombra director General para Iberoamérica y el Caribe aD. ENRIQUE ERIK YTURRIAGA SALDANHA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en los Estados Unidos Mexicanos a D. JUAN DUARTE CUADRADO.

Industria, Comercio y Turismo

• REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Comercio Internacional e Inversiones a Dª. ALICIA ROCÍO VARELA DONOSO.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se nombra presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ MENDOZA.

Sanidad

• REAL DECRETO por el que se nombra director General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a D. CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA.

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ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS MATERIAS PRIMAS MINERALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, que refuerza la autonomía estratégica del país y la seguridad de abastecimiento de suministros clave para la transición energética y el desarrollo digital. La hoja otorga prioridad a la eficiencia y la economía circular, incluye 46 medidas para que España aproveche sus recursos autóctonos de un modo más sostenible y maximice los beneficios económicos y sociales a lo largo de toda la cadena de valor industrial.

Las crisis provocadas por la pandemia de la Covid-19 y la guerra en Ucrania han expuesto vulnerabilidades que afectan a la seguridad nacional y al bienestar de los ciudadanos, como la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad de los flujos comerciales internacionales, que obligan a diseñar un nuevo modelo de crecimiento e inversión en el ámbito de las materias primas fundamentales.

A la par, avanzar hacia una sociedad neutra en emisiones de carbono exige aumentar el consumo de algunas materias primas. Para un sistema energético renovable y una economía electrificada y digital, se estima un aumento excepcional en la demanda de ciertos minerales hasta 2040; por ejemplo, en el caso del litio, se multiplicará por más de 40 y para el caso del grafito, el cobalto o el níquel, en torno a 20 ó 25.

En el supuesto de no contar con una visión estratégica y con medidas que permitan fomentar la autonomía de suministro para estas materias primas clave con criterios de sostenibilidad, podríamos encontrarnos con una importante vulnerabilidad para la economía española, porque su producción actual se concentra en pocos países (China procesa alrededor del 35% del níquel, del 50% al 70% del litio y el cobalto, y casi el 90% de las tierras raras), circunstancia que se acentuaría con el citado incremento de la demanda.

Una estrategia de país alineada con la UE

Para afrontar la nueva geopolítica de materias primas y para garantizar el éxito de la transición ecológica, la hoja de ruta se alinea con las políticas europeas sobre materias primas, como el Plan de Acción de Materias Primas Fundamentales o el reciente REPowerEU, y con herramientas nacionales, como la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada el mes de febrero o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

España cuenta con una industria extractiva y transformadora integrada por unas 3.750 empresas que dan empleo a 320.000 personas en unas 4.650 explotaciones mineras y fábricas, con un volumen de negocio de unos 26.600 millones de euros anuales y unas exportaciones valoradas en 11.800 millones al año. Hay producción de estroncio, espato flúor, tántalo, silicio y wolframio, y depósitos identificados de antimonio, barita, bismuto, cobalto, litio y tierras raras.

Considerando las directrices europeas y nacionales y la base socioeconómica existente, la hoja de ruta establece una estrategia de país que se articula alrededor de tres principios: eficiencia, para reducir el consumo de materias primas; circularidad, para incrementar el aprovechamiento de materias primas secundarias; y sostenibilidad, de modo que la actividad extractiva se desarrolle empleando las mejores técnicas disponibles.

La hoja de ruta ha contado con una relevante participación social, primero con una consulta pública previa, que se celebró entre octubre y noviembre de 2020 y recibió 945 respuestas válidas, y después sometiendo la propuesta original del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a un proceso de información pública, celebrado entre los pasados meses de marzo y abril, que recibió 1.070 respuestas válidas.

Cuatro orientaciones estratégicas

La hoja de ruta contempla cuatro orientaciones estratégicas. En primer lugar, busca la eficiencia y la economía circular en las cadenas de valor del suministro de materias primas minerales, integrando y concretando para la industria extractiva los objetivos y líneas de actuación de la Estrategia España Circular 2030. En segundo lugar, plantea una oportunidad para impulsar y consolidar la gestión sostenible de las materias primas minerales en la industria extractiva española.

En tercer lugar, pone el foco en garantizar la seguridad de suministro y el cumplimiento de los requisitos medioambientales, geoestratégicos y de justicia social en la importación de materias primas minerales.

Y en cuarto y último lugar, la hoja de ruta fomentará la industria de materias primas minerales de carácter estratégico para la transición energética y digital, por su empleo masivo en la implantación de energías renovables, baterías para vehículos eléctricos o almacenamiento a medio y largo plazo de energía, alineándose con las políticas europeas de acceso a los recursos y sostenibilidad.

Un total de 46 acciones a corto y largo plazo

La hoja de ruta incluye 46 líneas de actuación que se clasifican según dos variables, su naturaleza y su adecuación a alguna de las cuatro orientaciones estratégicas. A grandes rasgos, son las siguientes:

1. Instrumentos regulatorios para un nuevo marco normativo del sector. Incluyen la revisión de la normativa minera para su alineamiento con la economía circular, el aseguramiento de la protección ambiental y el impulso a la restauración con las mejores técnicas disponibles, así como la búsqueda de un mecanismo de transparencia y trazabilidad del origen de las materias primas minerales que se importen al territorio español y la revisión de la normativa minero-industrial para el fomento de proyectos integrales de cadenas de valor estratégicas.

2. Instrumentos sectoriales. A través de acciones concretas sobre escombreras, nuevos usos de huecos mineros o restauración de instalaciones de residuos mineros abandonadas, se potenciará la circularidad del sector. En paralelo se desarrollarán herramientas para la gestión de la biodiversidad y se impulsará el desarrollo de políticas de buen gobierno, ética, transparencia y cumplimiento normativo en el sector. Dentro de las acciones sectoriales, destaca el compromiso de elaborar y actualizar periódicamente un listado de materias primas minerales estratégicas para la transición energética y digital.

3. Instrumentos transversales. Se incluyen acciones de apoyo a una industria transformadora más eficiente y sostenible, el análisis de la huella de carbono de la cadena de valor (en especial, en las importaciones), un plan específico para maximizar la contribución sectorial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el fomento de la participación ciudadana y de las entidades locales.

4. Impulso a la I+D+i. Como elemento de transformación esencial para conseguir el cambio de modelo económico, se incluyen líneas de acción concretas para fomentar la investigación en materia de circularidad, digitalización y eficiencia en el proceso de primera transformación, en sistemas de trazabilidad o sobre proyectos innovadores integrales sobre la cadena de valor.

Gracias a la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, España mejorará su autonomía estratégica con una actividad extractiva de forma circular, segura y eficiente, mejorando la competitividad de sus empresas y colaborando activamente para alcanzar los objetivos de la transición energética, la neutralidad climática y el reto demográfico.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA MUNICIPIOS EN ZONAS DE RETO DEMOGRÁFICO

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la distribución territorial de más de 50 millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico. Así, se consignan 40 millones de euros para iniciativas ligadas a la bioeconomía y 15,7 millones de euros destinados a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. Ambos repartos de fondos deberán someterse a la ratificación de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico.

Los 40 millones de euros para actuaciones en bioeconomía se centrarán en proyectos que incentiven en los municipios el uso sostenible de los recursos forestales, generen empleo y revaloricen el territorio en su área de influencia. Asimismo, también deberán garantizar los beneficios sociales que generará la iniciativa. Las actuaciones de los proyectos seleccionados deberán iniciarse antes del 30 de junio de 2023 y estar ejecutadas el 31 de mayo de 2026.

De este modo, las propuestas financiadas deberán orientarse al aprovechamiento silvícola, la ganadería extensiva, y a producciones forestales sostenibles como las de corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, trufas, apicultura, plantaciones medicinales, apicultura o plantaciones medicinales. También serán financiadas iniciativas de turismo sostenible y compatible con la conservación del medio forestal, promoción de la capacitación en el ámbito forestal o la creación y fortalecimiento de Pymes que desarrollen líneas de trabajo sobre aprovechamiento y protección del medio forestal.

También serán cubiertas por la convocatoria las labores de restauración de zonas que hayan sufrido incendios forestales, siempre que favorezcan la recuperación de la actividad económica, se localicen en zonas vulnerables a la despoblación, respeten la recuperación ecológica del ecosistema e incorporen la dimensión del beneficio de la actuación para la población local.

El reparto de fondos se efectuará según lo consignado en el siguiente cuadro:

Impulsar la lucha contra la despoblación

Por su parte, la distribución de 15,7 millones de euros a comunidades prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se gestionará mediante el Fondo de Cohesión Territorial (FCT), un instrumento clave que permitirá articular un modelo de cooperación interadministrativa y financiar iniciativas que generen oportunidades en el territorio.

Mediante el FCT se impulsarán medidas de ordenación del territorio que favorezcan un desarrollo local sostenible, se abordará el desequilibrio territorial en el acceso a servicios públicos clave y se promoverán actuaciones para incentivar la actividad económica y empresarial en zonas vulnerables al declive demográfico. Del mismo modo, también se llevarán a cabo programas de responsabilidad social para garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes del área de influencia de los municipios.

La realización efectiva de las iniciativas financiadas con cargo a este acuerdo que se somete a autorización deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2023. Para asegurar un correcto seguimiento y control del calendario y de las actuaciones, el acuerdo detalla el sistema de seguimiento y evaluación, que se canalizará través de la Comisión Sectorial de Reto Demográfico e incluye el cumplimiento de las obligaciones de información y justificación previstas en la normativa común a las distribuciones territoriales de fondos.

Reforzar la gobernanza en el territorio

Así, con esta distribución de fondos se avanza en la consolidación de la política pública de reto demográfico reforzando la gobernanza en tanto que se hace partícipes de la misma a las comunidades autónomas. Tras la primera distribución de fondos efectuada en 2021 para proyectos singulares, de carácter lineal, en este ejercicio se aumenta la dotación respecto a la anterior distribución conforme a las disponibilidades existentes, pasando de 11,7 a 15,7 M€.

Los criterios de distribución, acordados con las comunidades y ciudades autónomas tanto en su identificación como en el peso relativo de cada uno, permiten vincular la distribución de fondos con las principales dimensiones de la cohesión social y territorial, abarcando la dimensión demográfica, pero también la socioeconómica.

De este modo, se dispone, por primera vez, de una política pública centrada en abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación de forma transversal, con instrumentos específicos de acción y de financiación, abriendo nuevos ámbitos de intervención y de colaboración con las comunidades autónomas.

El reparto de fondos se efectuará según lo consignado en el siguiente cuadro:

Estas ayudas territorializadas se complementarán en los próximos meses con una nueva convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad por importe de 80 millones de euros para proyectos cuyo fin último sea el fomento y promoción de la bioeconomía en entidades locales y privadas. Esta convocatoria, orientada hacia la mejora de los paisajes forestales se resolverá ya en 2023, y podrán optar a ella proyectos en áreas afectadas por incendios forestales.

Justicia

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, un texto legal que consagra el conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos, libertades e intereses legítimos antes los tribunales y las administraciones, así como en los procedimientos de solución de controversias y que permitirá defender sus intereses legítimos y asegurar su tutela judicial efectiva.

Con la aprobación de este proyecto, se pretende conseguir que las personas conozcan el verdadero y completo alcance que tiene el derecho a la defensa, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos.

La mejora de nuestra democracia pasa por garantizar plenamente el disfrute de los derechos personales y, para ello, es necesario, a su vez, garantizar plenamente el derecho de defensa, que cuenta actualmente con una regulación escasa y fragmentada. Con el impulso de este proyecto de ley aunaremos en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las modificaciones más oportunas a la luz de la jurisprudencia y el ejercicio diario de la abogacía.

La norma será pionera en Europa, ya que no existen referentes previos de una ley integral del derecho de defensa, un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución y, en el ámbito internacional, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Contenido de la norma

El contenido del proyecto se divide en dos aspectos fundamentales: por un lado, las implicaciones que el derecho de defensa tiene para toda la ciudadanía; y, por otro, el régimen de garantías y deberes de los profesionales de la abogacía y demás garantías institucionales.

En relación al primer aspecto, el derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho, y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente.

El derecho de defensa incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los Tribunales de Justicia, a que se dicte una resolución congruente y fundada en Derecho por un juez imparcial, así como a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus términos exactos.

Asimismo, incluye también las facultades precisas para conocer y oponerse a las pretensiones que formule la parte contraria, para utilizar los medios de prueba pertinentes en apoyo de las pretensiones propias, y el acceso a un proceso público con todas las garantías, sin que pueda producirse situación alguna de indefensión.

En las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la doble instancia, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y resto de leyes procesales. Estos derechos resultarán de aplicación también al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario de acuerdo con las leyes que los regulen.

Garantías y deberes de la abogacía

En cuanto a las garantías y deberes de la abogacía, el proyecto de ley establece que la asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados y colegiados, garantizándose su actuación libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.

Asimismo, como novedad, se recoge en rango de ley por primera vez que toda persona pueda solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente.

Por su parte, los deberes de la abogacía se centran en los principios constitucionales y legales que deben guiar su actuación, así como en sus deberes deontológicos.

Las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía incluyen la actividad supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, que aseguran el cumplimiento de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de su desempeño profesional.

El proyecto de ley también prevé la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica colegiales, que tendrán como finalidad prestar a las personas toda la información relativa a la asistencia jurídica, sobre todo en cuanto a los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, promoviéndose la atención a los colectivos más vulnerables.

También recoge que el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Autonómico competente, si su normativa lo prevé, publiquen información estadística sobre la aplicación del régimen disciplinario en el ámbito colegial. Esta información estadística será de acceso público en los portales de las instituciones colegiales.

Hacienda y Función Pública

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba el nuevo Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, que permitirá dotar a este tributo de una mayor simplificación, lo cual facilitará su gestión y control. De esta forma se da continuidad a la modificación del impuesto aprobada el pasado mes de julio, que supuso el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Este gravamen fue introducido en el ordenamiento tributario español a través de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Mediante la Ley 14/2022, de 8 de julio, se ha producido la reforma de dicho impuesto, que no supone cambios ni en el ámbito objetivo ni en el tipo impositivo del impuesto, pero sí introduce mayor sencillez en su funcionamiento, lo que redundará en un control más efectivo del mismo y en un mejor cumplimiento de la norma.

La aplicación de las modificaciones introducidas exige determinadas precisiones reglamentarias, por lo que se ha acometido un nuevo reglamento del Impuesto, que se aprueba en Consejo de Ministros tras ser sometido a información pública. Dicho reglamento se estructura en un artículo único, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Modificaciones en la norma

Con el cambio normativo aprobado en julio, el Impuesto sobre Gases Fluorados deja de gravar la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a configurarse el hecho imponible como la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases fluorados que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Este cambio lleva aparejadas modificaciones en la determinación de los contribuyentes y del devengo del impuesto.

No obstante, para evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento en que efectúan el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de la venta, se crea la figura del "almacenista de gases fluorados", que se puede beneficiar de un diferimiento en el devengo del impuesto.

El reglamento que ahora se aprueba contempla que los operadores dados de alta en el actual registro territorial podrán solicitar a la Agencia Tributaria su inscripción en el nuevo registro territorial como almacenista de gases fluorados.

Cuando tras la fabricación de los gases objeto del impuesto, estos resulten vendidos o entregados a un almacenista de gases fluorados, o cuando el importador o el adquirente intracomunitario tenga la condición de almacenista, el devengo del impuesto se producirá en el momento en el que este último realice la primera venta o entrega a quien no ostente tal condición o cuando se realice el consumo de los gases por el almacenista de los gases fluorados.

Contenido del reglamento

El Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero incluye una serie de artículos, relativos, entre otras cuestiones, a la forma en que se ha de probar la procedencia de los supuestos de no sujeción y exenciones que el contribuyente pretende aplicar; la forma de obtener las devoluciones del impuesto; así como los aspectos procedimentales de la liquidación y pago del impuesto.

También se recoge la obligación, para quienes realicen ventas o entregas de gases fluorados o de productos, equipos o aparatos que los contengan, de consignar en un certificado o en la factura que emitan con ocasión de dichas ventas o entregas, tanto de la clase de gas fluorado y la cantidad del mismo, expresada en kilogramos, que es objeto de venta o entrega, como del importe del impuesto satisfecho por dichos gases.

El reglamento regula, asimismo, el citado registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y recoge la regulación de la autorización de almacenista de gases fluorados, las condiciones a que está sujeta dicha autorización y su inscripción en el registro territorial.

Con la figura del almacenista de gases fluorados se pretende evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento en que debieran efectuar el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de las ventas de los gases, por lo que se les permite un diferimiento en el devengo del impuesto.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PROYECTO DE LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para su remisión a las Cortes Generales.

Ampliación IVE

Este proyecto pretende remover los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a decidir sobre sus propios cuerpos. Así, las mujeres de 16 a 18 años y las mujeres con discapacidad no estarán obligadas a pedir permiso a sus tutores legales para acceder a la IVE. La reforma elimina también el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres.

De esta manera, se blinda el acceso al aborto en la red sanitaria pública, que tiene que ser la que permita la garantía del derecho.

La futura ley regulará también la objeción de conciencia, haciendo que sea compatible con el derecho de las mujeres a la IVE. A la vez, se incorpora una incapacidad temporal para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención. También hay la previsión de que cada centro cuente con ambos métodos para las interrupciones de los embarazos, tanto el quirúrgico como el farmacológico, para que sea la mujer la que libremente decida cuál de ellos quiere.

En este sentido, se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializado en los casos de interrupción del embarazo, incorporando también, una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de embarazo, que no restará tiempo del permiso de maternidad.

El proyecto de ley garantiza un mayor acompañamiento durante el embarazo y en la promoción de las buenas prácticas gineco-obstétricas y del parto respetado. Se prevé la puesta en marcha un protocolo común de actuaciones para que las directrices internacionales y estatales del parto respetado lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país.

Educación sexual y anticoncepción

El proyecto también refuerza la educación sexual en todos los niveles educativos. Se garantiza el derecho a la educación sexual para conocer el propio cuerpo, para tener relaciones sexuales y afectivas basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, para garantizar la libertad sexual, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y fomentar su corresponsabilidad, para combatir las prácticas violentas como la retirada del preservativo sin consentimiento, para prevenir las ITS y para poder hablar de la salud menstrual.

La falta de educación sexual en las escuelas es un factor decisivo para provocar el aumento de las ITS que se está produciendo. Por ello, los centros educativos de secundaria, en el marco de campañas de sensibilización y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, repartirán anticonceptivos de barrera de manera gratuita. También se dispensarán en centros penitenciarios o centros de la red de servicios sociales.

Se refuerza también la formación de los profesionales en materia de IVE y salud sexual y reproductiva, incluyendo contenidos en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas. Además, se establecen servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, contando estos con equipos interdisciplinares y servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven.

Por último, se apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, impulsando el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y ampliando la financiación pública de los anticonceptivos, garantizando la gratuidad de la píldora del día después a través de su distribución en los centros de salud y en los servicios de salud sexual y reproductiva especializados.

Salud menstrual

Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. El proyecto de ley incluye también el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes.

La norma prevé distribuir de forma gratuita productos menstruales para personas con menos recursos, luchando así contra la pobreza menstrual, y que se dispensen en centros educativos, en organismos públicos, en centros penitenciarios o centros sociales, lo que se espera que sea una medida eficaz para combatir la pobreza menstrual.

Explotación reproductiva

Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas. Responde a la ratificación del Convenio de Estambul, por el que nuestro país se obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado, entre ellas algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres.

Política Territorial

REAL DECRETO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS A CANARIAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto, tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias del 27 de julio de 2022, por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Ordenación y Gestión del Litoral.

De conformidad con el acuerdo adoptado por ambas administraciones, dicho traspaso de funciones y servicios será efectivo el 1 de enero de 2023.

Funciones de la AGE que asume la Comunidad Autónoma de Canarias

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la legislación establecida por el Estado, las siguientes funciones y servicios que viene desempeñando la Administración General del Estado:

a. Autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos); autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad; y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.

b. Autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.

c. Concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, incluidas su gestión, registro, la emisión del informe previo a su rescate y la potestad sancionadora en lo que se refiere al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales.

d. Obras y actuaciones en el litoral canario que no sean de interés general.

e. La participación en la planificación y programación de obras de interés general en el litoral canario, mediante la emisión de informes y su ejecución y gestión en los términos del convenio suscrito con la Administración General del Estado.

Funciones que conserva el Estado

Continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado con respecto a las funciones traspasadas la función de emitir informe preceptivo, especialmente en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre. La Administración General del Estado se reserva asimismo las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes. El Estado finalmente seguirá ejerciendo la función de rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija.

Funciones concurrentes de la AGE y de la Comunidad Autónoma de Canarias

En cuando a las funciones en las que han de concurrir la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, el acuerdo de traspaso prevé medidas de coordinación para el mejor cumplimiento de las funciones de ambas administraciones, particularmente en materia de utilización y gestión del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad; emisión de informes de la Administración General del Estado sobre el cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre en los planes y normas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico; inversiones en obras de interés general; remisión de datos; y sistemas de información.

Valoración y bienes y personal que se traspasan

Se traspasan, como bienes afectos a las funciones y servicios traspasados, siete vehículos, el edificio sede de Arrecife-Lanzarote de la Demarcación de Costas de Canarias, y el 9,31 % y diversas plazas de garaje del inmueble donde se ubica la sede del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife. Igualmente la Comunidad Autónoma de Canarias se subroga en la posición que ostenta la Administración General del Estado en diversos contratos en curso de ejecución.

Se traspasan además a la comunidad autónoma veinte puestos de trabajo ocupados y vacantes, de los cuales diez están adscritos a la Demarcación de Costas de Canarias, y los otros diez al Servicio Provincial de Costas de Tenerife.

Este acuerdo comporta una financiación en 2022, que corresponde al coste efectivo anual, por importe de 805.368,77 euros, teniendo efectividad a partir del día 1 de enero de 2023.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Dª. BEATRIZ ARRAIZ NALDA

Nacida en Logroño el 17 de Marzo de 1974. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Rioja. Cursó el Máster en Formación de Formadores en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005 y el Máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Camilo José Cela en 2013. Ha trabajado desde el 2001 como técnico de prevención de riesgos laborales en la Fundación Laboral de la Construcción. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Logroño entre los años 2002 y 2015, entre los años 2008 y 2011 asumiendo las competencias de Juventud, Empleo y Cooperación. También ha ejercido de portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño entre 2015 y 2019. Desde el 2020, desempeñaba el cargo de directora general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares

D. XAVIER MARTÍ MARTÍ

Nacido en Ulldecona (Tarragona) en 1980. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, ingresó en la Carrera Diplomática en 2006.

Desde julio de 2021 hasta su nombramiento como director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha sido director general para Iberoamérica y el Caribe.

Entre junio de 2020 y julio de 2021 fue director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Entre septiembre de 2018 y junio de 2020 dirigió el Gabinete técnico de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En el exterior, estuvo destinado entre 2010 y 2017 como cónsul adjunto en los Consulados Generales de España en Lima y São Paulo. De 2017 a 2018 fue segunda jefatura de la Embajada de España en Kenia y Representante Permanente Adjunto ante ONU-Hábitat.

También fue subdirector general adjunto de Asuntos de Extranjería y delegado español en el Grupo de Visados del Consejo de la Unión Europea, entre 2008 y 2010, y prestó servicios anteriormente en la División de Emergencia Consular.

Ha publicado varios artículos de temática consular y es coautor, junto al Embajador Jesús Núñez Hernández, de la obra La función consular en el Derecho Español.

Director General para Iberoamérica y el Caribe

D. ENRIQUE ERIK YTURRIAGA SALDANHA

Nacido en Monrovia, Liberia (5/12/1965). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursó un DEA de Derecho Comunitario en el Institut des Hautes Études Européennes (IHEE) de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. Ha desempeñado diversos puestos en diplomacia multilateral, tanto en la Misión Permanente ante la ONU en Ginebra como subdirector general de Organizaciones Internacionales Técnicas y en la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad. En el exterior también fue destinado a las embajadas de Bucarest, Oslo y Buenos Aires

Desde 2013, ha ejercido de subdirector general para los Países del Mercosur y Organismos Multilaterales Iberoamericanos.

Embajador de España en los Estados Unidos Mexicanos

D. JUAN DUARTE CUADRADO

Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo. Ha desempeñado, entre otros, los puestos de cónsul adjunto de España en París, subdirector general de la Oficina de Derechos Humanos, consejero de Asuntos Culturales de la embajada de España en Buenos Aires y consejero en la embajada de España en Londres como responsable de seguimiento del proceso de Brexit. Desde 2018 ejerce de director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.

Industria, Comercio y Turismo

Directora General de Comercio Internacional e Inversiones

Dª. ALICIA ROCÍO VARELA DONOSO

Nacida en Madrid, es licenciada en C.C. Económicos y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992.

Ha sido consejera económica y comercial en las Embajadas de España en Lagos (1999-2004), El Cairo (2008-2013) y Moscú (2016-2022). También ha sido subdirectora general de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior y de Red Territorial de Comercio (2013-2016) y de Instituciones Financieras Europeas -IFEs- (2006-2008).

Asimismo ha sido subdirectora general adjunta de IFEs (2004-2006) y distintos puestos en la Subdirección General de Política Comercial con países de Iberoamérica, África, Caribe y Pacífico (1995-1999). También fue asesora en la División de Promoción de productos Agroalimentarios, ICEX (1992-1995).

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ MENDOZA.

Ingeniera agrónoma. Entre julio 2017 y agosto 2022 ha desempeñado el puesto de consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la embajada de España en Francia y en la Representación Permanente de España ante la OCDE en París. Anteriormente, entre enero 2013 y junio 2017 ha desempeñado el puesto de subdirectora general de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También ha ejercido de experta nacional destacada (END) en la Unidad de Aceite de Oliva y Productos Hortofrutícolas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (2010-2013), y de miembro de la Representación Permanente de España ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en Roma entre Julio y diciembre de 2008

Sanidad

Director General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia

D. CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA

Es médico reumatólogo, doctor en medicina, con amplia experiencia en la práctica clínica, docencia e investigación en un gran hospital universitario, así como en la gestión hospitalaria como subdirector médico.

Los últimos 13 años de su carrera los ha desarrollado en el campo de la regulación de medicamentos como jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Ha coordinado aspectos que van desde la investigación clínica con medicamentos, la asesoría a la innovación, la autorización de medicamentos y su posicionamiento clínico en comparación con sus alternativas.

Miembro de numerosos grupos nacionales y europeos que tienen que ver con la innovación, autorización y acceso a medicamentos como el Management Board de la EMA, el grupo de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA), o diversos subgrupos de la Comisión Europea.

En los últimos dos años ha sido miembro del grupo de negociación para la compra de vacunas dentro de la estrategia europea de vacunas para la COVID.