Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1. a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, y la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la mejora del estado de los canales existentes en zonas regables de interés general del Estado en la Confederación Hidrográfica del Tajo, con el fin de impulsar el ahorro, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos, por un valor estimado de 16.761.431,88 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la mejora del estado de los canales existentes en zonas regables de interés general del Estado en la Confederación Hidrográfica del Duero, con el fin de impulsar el ahorro, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos, por un valor estimado de 18.164.765,22 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la mejora del estado de los canales existentes en zonas regables de interés general del Estado en la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de impulsar el ahorro, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos, por un valor estimado de 13.788.224,64 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia y se acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Finlandia y se acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Programa de Formación CEDEAO 2022-2023, correspondiente al año 2022, por importe de 100.000 euros.
• ACUERDO sobre propuestas de concesión de beneplácitos para jefes de misión extranjera.

Justicia

• ACUERDO por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

Defensa

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Ministerio de Defensa y Renfe Mercancías S.M.E., S.A., y Renfe Viajeros S.M.E., S.A., para el transporte de mercancías y personal.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado, O.A.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe total de 230.026.412,73 euros: para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, por un importe de 216.490.678,73 euros; así como para el pago de la compensación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondientes a las importaciones y a los gravámenes complementarios sobre las labores del tabaco y carburantes y combustibles petrolíferos, por un importe de 13.535.734,00 euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I2). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 11.018.331,90 euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Acuerdo interministerial en materia de conectividad, en el marco del Componente 15, Inversión 2, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I2 y C15, I5). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 121.569.668,10 euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Acuerdo interdepartamental en materia de conectividad, en el marco del Componente 15, Inversiones 2 y 5, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I3). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos presupuestarios destinados a la inversión «Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas», del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los años 2022 y 2023, por un importe total de 460.372.255 euros, de los cuales 239.072.255 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000 euros se repartirían en 2023, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la realización de diversos contratos relativos al servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones de la nueva sede, así como de servicios de mantenimiento informático y otros, para los años 2023 y 2024.
• ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la realización por el Consejo Superior de Deportes, O.A., de diversos contratos básicos esenciales para el cumplimiento de sus funciones.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la tramitación de un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la cesión de determinados tramos de carreteras y la realización de actuaciones de mejora y acondicionamiento.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el Ministerio de Sanidad, a fin de posibilitar a la Secretaria General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud la tramitación de un contrato y un convenio, con el Centro de Investigaciones Sociológicas e Instituto Nacional de Estadística respectivamente, para la elaboración de dos encuestas en cumplimiento del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la tramitación de diversos contratos imputables al Capítulo 6 de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos la realización de diversos expedientes de gasto relativos a estudios y trabajos técnicos.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, a fin de posibilitar a la Secretaría de Estado de Seguridad llevar a cabo la realización de diversos expedientes de gasto relativos a gastos corrientes en bienes y servicios como contratos de suministro de energía eléctrica, servicio de transporte aéreo y servicio de limpieza.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de nuevos gastos en la aplicación presupuestaria 21.06.412D.6 "Inversiones reales".
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado cuatro del artículo 10 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el arrendamiento del edificio que alberga la sede de la Agencia Europea de Pesca en Vigo y el del edificio de la sede de la Consejería en Singapur.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación atender los gastos derivados de la tramitación de nuevos contratos centralizados de servicios postales, de servicios de limpieza y de seguridad.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Justicia la tramitación de diversos expedientes de gastos plurianuales y de tramitación anticipada de capítulo 2 y capítulo 6.
• ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación anticipada de un nuevo contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por el COVID-19.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 24 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la contratación de obras en el Centro Base de Ceuta, del mantenimiento del aire acondicionado en la Dirección Territorial de Melilla, del servicio de talleres ocupacionales en el Centro de Mayores de Melilla, la prórroga del convenio con la AEAT para comunicaciones postales, así como la tramitación anticipada del Programa de termalismo, del convenio IMSERSO-Notific@ y de distintos suministros y servicios a contratar por la Dirección Territorial de Ceuta.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación anticipada del Convenio para la encomienda de gestión sobre la aplicación del artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y los dictámenes médicos de incapacidad permanente para los ejercicios 2023 y 2024 con la Generalitat de Cataluña.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la contratación y la tramitación anticipada de distintos expedientes relacionados con los servicios de comedor.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la contratación, la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes para poder desarrollar su normal funcionamiento.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Ibermutua, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, la tramitación de expedientes de gasto de capítulo VI "Inversiones reales".
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 163.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la trasposición de la Directiva (UE) 2020/284 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servicios de pago.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, la contratación y la prórroga de diversos expedientes de capítulo VI "Inversiones reales".

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 2 del contrato de acceso directo al puerto de Santander desde la Autovía A-67. Provincia de Cantabria. Importe: 2.049.456,44 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: CR-02. Ciudad Real. Valor estimado del contrato: 25.424.694,34 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación nº 3 del contrato de obras para la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet - Valencia de la Autovía V-21. Importe: 3.211.569,65 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación del paso superior situado en el punto kilométrico 436+300 de la carretera N-120, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de León, por importe de 318.358,97 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la estructura existente en la A-30, Autovía de Murcia punto kilométrico 0+700 sobre la A-31, Autovía de Alicante punto kilométrico 80+000, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Albacete, por importe de 287.587,77 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños ocasionados en los taludes de la A-8: punto kilométrico 139+340 (ambas márgenes) y entre los puntos kilométricos 164+800 y 163+850 (margen izquierda), subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Cantabria, por importe de 5.392.626,49 euros.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., para el desarrollo de una línea de préstamos participativos (Línea EBT 2022), por un importe de 20.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., para el desarrollo de una línea de préstamos participativos (Línea PYME 2022), por un importe de 57.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., para el desarrollo de una línea de préstamos participativos (Línea Jóvenes Emprendedores 2022), por un importe de 20.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), a Société Anonyme Aéroport International Blaise Diagne / Ministère de l'Economie, du Plan et la Coopération, en Senegal, para financiar el proyecto de digitalización del turismo y las operaciones aeroportuarias de Senegal por importe de hasta 124.731.595 euros, más la prima financiada (hasta 14.019.138 euros), lo que supone un total de hasta 138.750.733 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la modificación de la Línea de financiación PYME para proyectos de exportación e inversión con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J., (Línea FIEM PYME), que pasa a denominarse Línea de Financiación para PYMEs y Pequeños Proyectos de Exportación e Inversión, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.
• ANTEPROYECTO DE LEY de Información Clasificada, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• REAL DECRETO-LEY de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
• REAL DECRETO por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional.
• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada.

Política Territorial

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Cultura y Deporte

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C19, I3). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la ejecución del Programa de formación de los agentes de la cadena del libro para la recuperación y transformación a través de la innovación y la excelencia profesional (Programa Parix).

Sanidad

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial, para el ejercicio presupuestario 2022, de créditos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental, para su sometimiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por importe de 16.000.000 de euros.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• PROYECTO DE LEY de protección, derechos y bienestar de los animales.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, I3). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención nominativa consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 destinada a la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 35.000.000 de euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, I1; C22, I2 y C22, I3). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 "Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 899.988.386,38 euros.

Igualdad

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de prevención integral de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes.
• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes.
• ACUERDO por el que se autoriza a Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, la contratación del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión, gas natural canalizado y gasóleo, para las dependencias y hospitales que la mutua gestiona, por un valor estimado de 16.353.816,60 euros, IVA excluido, mediante un contrato de un año y una prórroga de la misma duración de la inicial.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para transposición de la Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2021, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal General del Estado a D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ.
• REAL DECRETO por el que se nombra secretario General de Planificación Política aD. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ.
• REAL DECRETO por el que se nombra directora del Departamento de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación a Dª. LAURA CALDITO PÉREZ .

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• REAL DECRETO por el que se nombra presidenta del Instituto Nacional de Estadística aDª. ELENA MANZANERA DÍAZ.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República de Lituania a Dª. MARÍA NIEVES BLANCO DÍAZ.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta frente incendios forestales durante todo el año. La nueva norma introduce mejoras en aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego a lo establecido por el real decreto. El Gobierno atiende así a lo dispuesto en las Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales en España, refrendadas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 28 de julio.

La experiencia de los últimos años ha puesto en evidencia que el riesgo de los incendios forestales se extiende a todo el territorio y, cada vez más, de forma desestacionalizada. Atender debidamente a este nuevo escenario requiere disponer de un instrumento nuevo, de mayor alcance que los planes de defensa hasta ahora previstos solo para las zonas y las épocas de alto riesgo.

Homogeneizar la respuesta ante los incendios

Por ello, este real decreto actualiza el contenido básico de los planes autonómicos, refuerza la eficacia de las medidas operativas y aumenta la seguridad de los trabajadores en la lucha contra incendios. Estos planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas -administraciones competentes en política forestal y en gestión antiincendios- antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios.

Además, para hacer más homogénea la respuesta territorial frente a los incendios forestales en todo el país, el real decreto amplía el contenido mínimo de los planes para establecer la dotación, los medios materiales y los equipamientos de los que deberán disponer los trabajadores que participen en labores de prevención y extinción del fuego.

Alerta roja por riesgo de incendios

Por otro lado, en cuanto a la gestión del riesgo, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo. Estas restricciones se aplicarán a las actividades que puedan ser causantes de incendios y se pondrán en marcha cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emita una alerta roja por riesgo de incendios.

Del mismo modo, el Ministerio de Transición Ecológica elaborará una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información existente y facilite la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios.

Reforzar coordinación entre instituciones

En cuanto a la extinción de los incendios, la norma reforzará la coordinación institucional implantando un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, cualquiera que sea la administración a la que pertenezcan. Así, entre otras medidas, prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción según sus capacidades operativas; un protocolo de coordinación común para los medios aéreos; adoptar señales de radio unívocas o usar simbología común para elaborar los mapas operativos.

Por su parte, el Estado asume el compromiso de mantener activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los restantes medios de apoyo, que estarán a disposición de las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

Mantenimiento y restauración tras los incendios

En materia de mantenimiento y restauración de los terrenos afectados por los incendios, se consolida el mecanismo de colaboración entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas para la restauración forestal y medioambiental, siempre que los incendios se hayan producido en zonas donde las medidas de prevención y extinción previstas por la Ley se hayan cumplido y siempre que las superficies afectadas tengan una extensión mínima. En este sentido, las comunidades autónomas participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50% de los costes, salvo que se trate de terrenos de titularidad estatal.

Las actuaciones de restauración en las que la administración general del Estado y la comunidad autónoma colaborarán, previa declaración de zona de actuación especial y de emergencia de las obras a ejecutar, podrán incluir desde medidas de restauración hidrológica forestal hasta la reparación de infraestructuras rurales de usos forestal.

Este real decreto-ley, incluido en la modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, responde a finalidades claras: la protección del conjunto de la ciudadanía y, en particular, de las personas que trabajan en los servicios de prevención, vigilancia y protección; y la protección del monte y, con ello, de los valiosos servicios ambientales que prestan y que benefician al conjunto de la sociedad.

Ayudas a mariscadores de O Burgo durante el dragado y limpieza de la ría

Como disposición adicional dentro del real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, se integra la norma que canaliza las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a los mariscadores afectados por el cese temporal de actividad en la ría de O Burgo, donde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) desarrolla y financia un proyecto de regeneración ambiental de este enclave del litoral gallego.

El acuerdo fija el monto total de las subvenciones en un máximo de 3.659.120,22 euros, a contar desde el 11 de febrero -fecha de inicio de las obras- y hasta que finalice el dragado del estuario o, en su caso, hasta que se complete la ejecución material de la obra.

El texto establece las condiciones para acceder a estas ayudas, que se encargará de distribuir la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Entre otros requisitos, los beneficiarios deberán ser titulares de permisos de explotación para el ejercicio del marisqueo, estar dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de Mar y ser socios de la citada Cofradía, vigente todo ello a fecha de 11 de febrero.

Las subvenciones concedidas por el MITECO con carácter excepcional serán pagaderas de acuerdo con el siguiente calendario:

• 2022: 1.658.988,10 euros
• 2023: 1.869.282,36 euros
• 2024: 130.849,76 euros

El acuerdo refleja la voluntad del ministerio de respaldar económicamente a los mariscadores durante el período de inactividad forzosa con motivo de la intervención en el estuario de la ría de O Burgo. La ejecución de este proyecto requiere suspender la faena de marisqueo, al resultar incompatible con el dragado por razones de ocupación física del espacio y la alteración del sustrato y la calidad de las aguas, entre otras.

Proyecto ambicioso

La intervención del MITECO para recuperar la ría de O Burgo (Coruña) constituye uno de los proyectos más ambiciosos de descontaminación integral de una franja costera acometido hasta la fecha por el ministerio, y un claro ejemplo del empeño del Gobierno en la protección, conservación y gestión sostenible de los ecosistemas del litoral.

Se trata de una actuación de gran relevancia social, reclamada en repetidas ocasiones por el sector marisquero y por la ciudadanía en general, que dará como resultado la recuperación de un espacio de dominio público marítimo terrestre que había sufrido severas alteraciones como consecuencia de décadas de vertido incontrolado. Y que supone su regeneración definitiva una vez que estos vertidos han sido atajados. El fin último de este ambicioso proyecto es devolvérselo al conjunto de la ciudadanía para que lo disfrute en toda su integridad natural.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 32,2 millones de euros, que se sufragarán con fondos propios y europeos. Para ello, el ministerio ha negociado durante meses la asignación al proyecto de fondos FEDER destinados a saneamiento y depuración, dado que este proyecto constituye la culminación de la regeneración de este tramo litoral, largamente demandada por los vecinos de los municipios ribereños de A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros.

Durante décadas, la ría de O Burgo ha recibido vertidos incontrolados procedentes, principalmente, de la desaparecida fábrica de fertilizantes CROSS y de las aguas residuales generadas por los municipios colindantes. La ejecución de la obra permitirá corregir esta situación heredada, retirando el material que contamina la ría, y dará como resultado la plena recuperación de la zona.

Desde el comienzo de las obras, en febrero de este año, el ministerio ha venido definiendo junto con la Cofradía de Pescadores de A Coruña y la Xunta de Galicia -como administración competente en materia de pesca y marisqueo- los detalles del mecanismo administrativo más adecuado para el pago de las ayudas que ahora, una vez aprobado en Consejo de Ministros, se efectuará a la mayor brevedad posible dentro del marco jurídico y competencial correspondiente.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, que contiene diversas medidas dirigidas tanto al sector del transporte como relativas a becas y ayudas al estudio y al fomento de la eficiencia y ahorro energéticos.

El nuevo texto, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aprueba en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Con el objetivo de fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado para contribuir a disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono, se adoptan medidas dirigidas al transporte público, articulando la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

El real decreto-ley recoge la creación de un título multiviaje específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalies válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. El título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono recurrente de Cercanías o Rodalies, que se devolverá al finalizar el periodo de vigencia una vez se verifique la recurrencia por los medios de control previstos.

También se creará un título multiviaje especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. Se venderá un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que de devolverá tras el 31 de diciembre también tras verificar la recurrencia por los medios de control previstos.

Por ejemplo, un viajero que use el abono mensual para la ruta de media distancia convencional Badajoz-Mérida, que cuesta 153,2 euros al mes, se ahorrará 612,8 euros durante los cuatro meses de vigencia de la medida. Si el viajero usa actualmente el bono diez (31,8 euros por abono), el ahorro de cuatro meses en el Badajoz-Mérida es de 127,4 euros y podrá realizar trayectos ilimitados.

Otros ejemplos de trayectos de media distancia también recogen ahorros relevantes para los cuatro meses, como en el Sevilla-Cádiz, que alcanza los 1.300 euros de ahorro para el caso de un usuario de bono mensual, o los 700 euros de un usuario de bono mensual en el A Coruña-Santiago.

Detalles y billetes integrados

Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales durante los cuatro meses. Solo estarán disponibles para la venta los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta con las tarifas habituales. Los nuevos abonos recurrentes se podrán adquirir a partir del 24 de agosto.

El real decreto-ley también recoge la posibilidad de que MITMA asuma el pago de la cantidad que los consorcios de transporte u otras entidades públicas que gestionen el transporte metropolitano abonan a Renfe por los viajes en Cercanías y Rodalies, siempre que los consorcios reduzcan el precio de los títulos multimodales en los que participen servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe durante el mismo periodo.

Descuentos Avant del 50%

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido. Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Tomando como ejemplo una Tarjeta plus 50, que incluye 50 viajes que cubrirían las idas y vueltas en los días laborables de un mes típico, en los 4 meses de aplicación de la medida un usuario que viva en Valladolid y trabaje en Madrid que utilice actualmente un bono de estas características al mes, se verá beneficiado en más de 1.100 euros, al estar bonificado el 50% del coste mensual del abono que alcanza los 570 euros.

Tomando como ejemplo un trayecto Madrid Toledo, el ahorro en los 4 meses alcanzaría los 500 euros, gracias al 50% de bonificación sobre el bono mensual que actualmente alcanza los 250 euros.

El ministerio destinará más de 200 millones de euros para compensar por los descuentos aplicados.

Rebajas del 50% en trayectos no OSP

También se crean descuentos del 50% para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor. Es decir, aquellos corredores en los que está previsto que entren nuevas empresas a operar en el corto plazo o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria.

Así, la medida afecta principalmente a rutas internas de Castilla y León, a las conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, al León-Valladolid, al Ourense-Zamora y al Huesca-Zaragoza.

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023. El descuento se aplicará sobre el precio establecido utilizando como base la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el origen/destino seleccionado y categoría estándar.

Las rutas en las que se aplican los descuentos:

Abonos de transporte público local y autonómico

Además de las medidas específicas asociadas a los servicios ferroviarios competencia de la Administración General del Estado, hay que destacar las medidas adelantadas en otras normativas para fomentar el uso del transporte público colectivo y su uso por parte de viajeros recurrentes, para aquellos servicios urbanos e interurbanos competencia de las entidades locales y las comunidades autónomas.

El pasado 15 de julio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó en la sede electrónica la orden ministerial que recoge el detalle de la financiación para reducir un 30% el precio del transporte público colectivo de competencia autonómica o local.

En este mismo contexto, las concesiones de las líneas de autobús estatales deben aplicar descuentos del 50% en los títulos multiviajes de más de dos trayectos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Para ello se habilita una compensación de 5,5 millones de euros.

En suma, un nuevo esfuerzo del gobierno para garantizar la movilidad cotidiana de nuestros ciudadanos en una situación extraordinaria derivada de la invasión rusa a Ucrania y sus consecuencias en el coste de vida de las personas.

Ayudas al sector transporte

Este real decreto-ley avanza en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación. El objetivo del texto, entre otros, es implantar las medidas acordadas con el sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte. El RDL, que se aprueba en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo, se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos.

El texto, además, recoge medidas de apoyo económico al transporte terrestre y fomento del transporte público y otras de índole técnico y de seguridad en el ámbito marítimo y aéreo, que garanticen una mejor calidad de servicio a los usuarios del transporte, y permitan mejorar la seguridad de tripulaciones y pasajeros.

Transporte de mercancías por carretera

Este nuevo texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.

Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre MITMA y el sector establecido en el Rel Decreto-Ley 3/2022 recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información.

Adicionalmente, se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas las medidas implantadas, presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.

Ayudas directas

Este real decreto-ley recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible de este sector estratégico.

La línea, dotada con más de 450 millones de euros, se distribuirá por número y tipo de vehículo como sigue:

- Vehículos pesados de mercancías: 1.250 euros por vehículo.

- Vehículos ligeros de mercancías: 500 euros por vehículo.

- Autobús: 950 euros por vehículo.

- Ambulancia: 500 euros por vehículo.

- Autobús urbano: 950 euros por vehículo.

- Taxis y VTC: 300 euros por vehículo

- Locomotoras diésel: 15.000 euros.

Las ayudas a los autobuses urbanos es una de las novedades de este real decreto-ley respecto al paquete aprobado en marzo y se dirige a las empresas que presten servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos. De los más de 450 millones de euros, se reservan 12 millones de euros para este tipo de vehículos. Otra de las novedades es que los taxis con licencia para operar en Ceuta y Melilla también podrán optar a los fondos. En cuanto al transporte ferroviario, se destinará un máximo de 1,9 millones de euros a empresas públicas y privadas.

La ayuda acordada se concederá antes del 31 de diciembre de 2022, respetando en todo caso las Decisiones aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y sus sucesivas modificaciones.

Compromiso con el sector

La aprobación de este real decreto-ley confirma el compromiso del Gobierno con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales, que se suman a las ya aprobadas, para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y competitividad de este sector y garantizando las condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores.

La implantación de estas cuestiones se planteaba a través de un proyecto de ley con dos objetivos principales: asegurar una rentabilidad mínima del trabajo en el sector y una utilización justa de la subcontratación.

En este sentido, el acuerdo alcanzado en su momento determinaba presentar el proyecto de ley antes del 31 de julio, pero dada la importancia del mismo, la situación derivada de la guerra de Ucrania y su afectación al sector del transporte, y muy especialmente la propia petición expresa del Comité en este sentido, el gobierno ha decidido tramitarlo de forma urgente en forma de real decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros.

Medidas en el transporte aéreo

Ante la evolución de la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, el real decreto ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones (uso mascarillas, toma de temperatura, distancia en las colas para los controles). Con esta modificación se siguen los pasos de los países de nuestro entorno, equiparando el tratamiento de los pasajeros en nuestros aeropuertos al del resto de la UE, eliminando trabas y potenciando la competitividad de nuestros sectores de transporte y turismo. Las medidas fueron adoptadas por Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Asimismo, se establece la posibilidad de que Aena SME S.A. pueda realizar una revisión de extraordinaria precios en sus contratos de obra, a fin de evitar retrasos en las inversiones. Los mayores costes de las obras se imputarán en el tercer DORA 2027-2031.

El texto también prevé la participación de Aena SME S.A. en la instalación de puestos de control fronterizos automatizados y la contratación de servicio de apoyo para responder con el mejor servicio a la aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226, que fortalecerá el control de nuestras fronteras y permitirá prevenir, detectar e investigar mejor los delitos de terrorismo y otros delitos graves.

Medidas en el transporte marítimo

En materia de transporte marítimo se abordan dos cuestiones que guardan relación con la invasión rusa de Ucrania.

La primera se sitúa en la línea de apoyo a los ciudadanos ucranianos, que consiste en exceptuar para los marinos ucranianos las limitaciones en materia de nacionalidad de las dotaciones. Esta medida proporciona a los ucranianos el mismo tratamiento que a los nacionales españoles o de otro país del Espacio Económico Europeo.

Este reconocimiento tiene un carácter coyuntural y permite dar continuidad a los contratos temporales que habían celebrado estos marinos enrolados en buques mercantes de bandera española, en la línea que ya comenzó con el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo. La nueva medida, además, normaliza la presencia en buques españoles de marinos ucranianos al entender que cumplen con los requisitos de nacionalidad de las dotaciones de los buques exigidos por la normativa española.

La segunda medida permite que las empresas navieras españolas puedan contratar servicios de seguridad privada que aseguren su protección cuando naveguen por aguas con riesgo de cometerse actos de piratería y puedan prevenirlos por efecto de la disuasión o la repulsión.

Añadido a todo lo anterior, el Real Decreto Ley también permite que las bonificaciones al transporte de mercancías destinadas a las empresas industriales de Baleares, en diversos sectores preferentes, gestionadas actualmente entre Mitma y la Delegación del Gobierno en Baleares, se acoja al marco temporal asociado a la crisis en Ucrania, de manera que se permite flexibilizar los límites de subvención durante el presente año por encima de los actuales límites establecidos por la normativa europea denominada "de minimis".

Plan de ahorro energético y climatización

El Consejo de Ministros también ha aprobado en este real decreto-ley un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), así como facilitar el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. El documento impulsa también la electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras y potencia el almacenamiento y el autoconsumo. Del mismo modo, también promueve la sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su inyección en la red de gasoductos.

En un contexto en el que los 27 miembros de la UE han acordado reducir voluntariamente su consumo de gas, esta medida busca minimizar el impacto económico y social de un eventual corte de suministro de gas ruso. Debido a ello, el Gobierno está preparando un Plan de Contingencia, que incluirá medidas de ahorro de energía y actuaciones solidarias con el resto de la UE, que se presentará a finales de septiembre.

En esta línea, las medidas aprobadas se orientan a reducir el consumo rápidamente (los cambios de comportamiento pueden reducir la demanda de gas y petróleo un 5% a corto plazo) y a potenciar la electrificación de la economía y la reducción del consumo de gas de origen fósil.

Obligaciones adicionales al RITE

De este modo, la normativa aprobada complementa el RITE, incrementando temporalmente las obligaciones de gestión y de consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones públicas; los establecimientos comerciales, como grandes almacenes o centros comerciales; los espacios culturales, como cines o centros de congresos; o las infraestructuras destinadas al transporte de personas, como estaciones y aeropuertos. Con más detalle:

• Tendrán las temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 y 27 grados centígrados respectivamente; contarán con siete días desde la publicación de la norma para hacer efectiva la limitación, que estará en vigor hasta el 1 de octubre de 2023.
• Exhibirán en carteles o pantallas las medidas obligatorias de ahorro, entre otras adicionales que reduzcan el consumo. También tendrán siete días para cumplir y su vigencia será efectiva hasta el 1 de octubre de 2023.
• Antes del 30 de septiembre deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.
• El alumbrado de los escaparates tendrá que estar apagado desde las 22.00 horas. Esta disposición también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese momento. Igualmente tendrán siete días para cumplir y lo tendrán que hacer hasta el 1 de octubre de 2023.
• Aquellos inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años.

Para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, éstas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización.

Fomento de electrificación, autoconsumo y gases renovables

Por otro lado, la nueva norma incluye también medidas para sustituir los combustibles fósiles por renovables. Entre ellas destaca la aceleración de las tramitaciones de las redes eléctricas, disminuyendo los requisitos, especialmente en el caso de las infraestructuras de transporte y de las consideradas singulares, como las interconexiones entre las islas, que corresponden a Red Eléctrica de España.

Los sistemas de almacenamiento experimentan un fuerte impulso, al habilitar su incorporación al parque de renovables históricas que perciben una retribución específica (hay 22 GW eólicos y 8 GW fotovoltaicos), y al reducir los permisos para modernizar las centrales hidroeléctricas añadiendo equipos electrónicos a sus grupos electromecánicos, haciéndolos más flexibles y permitiendo que se utilicen como bombeos.

En el caso del autoconsumo, se acepta el cambio de modalidad (sin excedentes, con excedentes) cada cuatro meses, y se establece un nuevo mecanismo en el caso de que una nueva instalación con derecho a compensación de los excedentes tarde más de dos meses en regularizarse.

Finalmente, se habilita un procedimiento administrativo para que las instalaciones de producción de gases renovables, como el biogás, biometano o el hidrógeno, se puedan conectar a la red de gasoductos de transporte y distribución, de modo que vayan desplazando al gas de origen fósil.

Beca complementaria para los beneficiarios de becas y ayudas 2022-23

El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de una beca complementaria de 100 euros para todos los beneficiarios de becas y ayudas de la convocatoria general de 2022-23. Con la aprobación de la medida, los beneficiarios empezarán a cobrar este suplemento mensual en septiembre y lo harán hasta el mes de diciembre. El Gobierno destinará 400 millones de euros a financiar esta ayuda.

La medida responde a la situación económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento de la inflación, que ha provocado un fuerte impacto en las familias. El objetivo es asegurar el menor impacto posible en la garantía de la igualdad de oportunidades e impedir que ningún joven deba abandonar sus estudios por motivos económicos.

Las ayudas se destinarán así a los jóvenes estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios que obtengan una beca o ayuda dentro de la convocatoria general de becas para el curso 2022-23, así como a los beneficiarios de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para 2022-23.

El importe de la ayuda se ha calculado con la previsión de llegar a un millón de beneficiarios el próximo curso. De hecho, esta convocatoria ha batido el récord de solicitudes, con más de 1,36 millones, 136.000 más que en la anterior. Para cubrir estas necesidades, el Gobierno ha destinado este año 2.134 millones de euros a las becas -también cifra récord- a los que habrá que sumar los 400 millones de la medida aprobada hoy.

Este incremento presupuestario de más del 45% en los últimos cuatro años responde a la apuesta del Gobierno por mejorar la equidad del sistema educativo, proteger el derecho a la educación de todos y garantizar que las becas llegan a las familias y los estudiantes que las necesitan.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Una norma proyectada en el Plan Anual Normativo de 2022, cuya presentación fue anunciada por el presidente en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Se trata de una nueva ley avanzada y garantista, que sustituye a una regulación preconstitucional -la Ley de Secretos Oficiales de 1968- y adapta nuestro ordenamiento a los estándares de tratamiento de la información clasificada que tienen las democracias más avanzadas de la Unión Europea y la OTAN, estableciendo un equilibrio entre la transparencia y el derecho a conocer, por un lado, y la seguridad nacional, por otro.

Protección de la seguridad nacional

El propósito de la futura ley es establecer, como hacen todos los ordenamientos jurídicos democráticos, una regulación específica para proteger la información cuya divulgación pueda poner en peligro la defensa y la seguridad nacionales, frente a situaciones en las que pueda conocerse o difundirse indebidamente.

De este modo, la norma identifica cuatro categorías de clasificación -"Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido"- y le asigna a cada una un nivel de protección diferente, en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.

Según el texto, la competencia para clasificar como "Alto Secreto" y "Secreto" corresponderá al Consejo de Ministros, mientras que la clasificación como "Restringido" o "Confidencial" podrán hacerla un elenco tasado de autoridades, entre las que se encuentran los titulares de los Ministerios, Secretarías de Estado y Subsecretarías en sus respectivos Departamentos, y los titulares del CNI, el DSN, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, entre otros.

Además, el antreproyecto de ley desarrolla los procedimientos para clasificar, reclasificar y desclasificar información, dotándolos de plenas garantías. Y prevé, por primera vez en la historia de España, la desclasificación automática una vez transcurrido unos plazos, que oscilan entre los 50 años (prorrogables otros 15) para información clasificada como "Alto Secreto" y 4 años (no prorrogables) para información clasificada como "Restringida". De esta manera, nos situamos en la media de los países de nuestro entorno.

Alternativamente, en algunos supuestos, se podrá vincular la desclasificación a que se produzca un hecho futuro, cierto y previsible, como puede ser, por ejemplo, el fin de un conflicto bélico o el fallecimiento de una persona.

Conviene señalar que el derecho comparado de democracias consolidadas de la UE y de la OTAN muestra que España se situará en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada. Por ejemplo, Francia, Reino Unido, Dinamarca o Bélgica no tienen ningún plazo para desclasificar documentación, mientras que Suecia tiene un plazo máximo de 70 años para la desclasifición.

Por otra parte, para la información que ya ha sido clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, se prevé un procedimiento de desclasificación que podrá ser iniciado de oficio o a petición de personas directamente afectadas, que deberán indicar su interés en la información requerida, las razones que justifican la desclasificación solicitada e identificar pormenorizadamente la información que se solicita desclasificar.

Creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada

El anteproyecto de ley también regula los órganos con competencias en la materia, entre los que se encuentra la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, como sucede en gran parte de los países europeos y de la OTAN que, dada la transversalidad de la información que puede ser clasificada, atribuyen esta facultad al departamento encargado de la coordinación interministerial.

La Autoridad Nacional tendrá a su cargo la protección y el tratamiento de la información clasificada en las categorías de "Alto Secreto", "Secreto" y "Confidencial" que se produzca en España, y de toda aquella información que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su categoría.

Entre sus funciones, se incluye garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y las obligaciones internacionales asumidas por España en tratados internacionales, asesorar técnicamente al Gobierno en esta materia, coordinar la actividad de las nuevas unidades de información clasificada y valorar la idoneidad de las personas que deban tener acceso a información clasificada en la categoría de "Alto Secreto", "Secreto" o "Confidencial", para concederles la habilitación para el tratamiento profesional de dicha información. Asimismo, será el órgano encargado de llevar el Registro de Diligencias de clasificación, el Registro de Directivas de clasificación y el Registro de Seguridad, en el que se inscribirán las Habilitaciones Personales de Seguridad, las Habilitaciones de Seguridad de Empresa y las Habilitaciones de Seguridad los Registros.

Acceso parlamentario y de personas directamente afectadas

Este texto regula, también por primera vez, el derecho de acceso a la información clasificada que incluye: el acceso parlamentario, a través de la Comisión Parlamentaria que controla los créditos destinados a gastos reservados; y las posibilidades de acceso y control de cualquier persona directamente afectada, a través de un recurso que se sustanciará por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Además, establece las garantías para el tratamiento, la protección y custodia de la información clasificada, así como el régimen aplicable cuando se transmite información a otros Estados y organismos internacionales.

Y a modo de cierre, incluye un régimen sancionador en caso de acceso o difusión indebida, con multas que pueden oscilar entre los 50.000 euros y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven y de otras sanciones accesorias, como la prohibición de contratar con administraciones públicas o, en el caso de funcionarios y autoridades, la separación del cargo.

Entre las infracciones muy graves que pueden dar lugar a la máxima sanción se encuentra, por ejemplo, la difusión, por cualquier medio, de información clasificada en las categorías de "Alto Secreto" o "Secreto"; el acceso a información de dichas categorías sin tener la correspondiente habilitación y la entrega a potencias extranjeras de esta información cuando no exista un Tratado internacional para el intercambio, entre otros muchos supuestos.

Por último, la norma prevé su entrada en vigor a los seis meses de la publicación, una vez aprobada por las Cortes Generales, para que todas las autoridades competentes puedan adecuar su funcionamiento a la nueva regulación.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES GENERALES DEL PROTOCOLO SOBRE LA ADHESIÓN DE SUECIA A LA OTAN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia y se acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Antecedentes

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es una organización internacional creada en virtud del Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949 y en vigor desde el 24 de agosto de ese mismo año.

Actualmente, la OTAN cuenta con 30 Estados miembros, habiéndose incorporado España a la misma el 30 de mayo de 1982.

A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero de 2022, el contexto de seguridad europeo se ha modificado sustancialmente. La región nórdica es una de las principales afectadas por la ruptura de los equilibrios geoestratégicos. Tras un breve periodo de reflexión, la República de Finlandia y el Reino de Suecia decidieron reorientar su política de seguridad y defensa solicitando al Secretario General de la OTAN el pasado 17 de mayo su adhesión a la OTAN.

El Reino de Suecia se unió al Partenariado por la Paz en 1994, tiene suscrito un IPCP (Individual Partnership Cooperation Programme) y es uno de los socios más activos a través de sus contribuciones a la misión en Kosovo (KFOR) e Irak. Asimismo, forma parte también del Enhanced Opportunity Programme.

El artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte regula la adhesión de nuevos miembros a la Organización.

El protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia se enmarca en el interés de los Estados miembros de la Alianza en reforzar la seguridad de la región del Atlántico Norte, y la de la OTAN en su conjunto, mediante la incorporación de otros Estados a la Organización Atlántica.

En este sentido, la adhesión del Reino de Suecia a la OTAN satisface el legítimo interés de este país en formar parte como miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica y el de los aliados, al incrementar la seguridad mutua en el espacio euroatlántico.

La firma del protocolo de adhesión del Reino de Suecia tuvo lugar en Bruselas el 5 de julio de 2022. Por parte de España firmó el Embajador Representante Permanente ante la Alianza Atlántica. La firma del Protocolo había sido autorizada por el Consejo de Ministros ese mismo día.

El Consejo de Estado en su dictamen de 21 de julio de 2022, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos de los apartados a) y b) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el Protocolo es un tratado o convenio de carácter militar (apartado a), así como un tratado de carácter político (apartado b).

Además, debe señalarse que la solicitud de ingreso en la OTAN por parte de Suecia ha supuesto el abandono de su tradicional neutralidad, situación que coloca a este país en una situación delicada dada la actitud de Rusia y su beligerancia, demostrada con la invasión de Ucrania. Cuanto antes se produzca la su adhesión a la OTAN, antes quedará Suecia cubierta por la cláusula de seguridad colectiva del artículo 5 del Tratado de Washington. Para ello es necesario que todos los países miembros de la Alianza, entre los que se encuentra España, ratifiquen cuanto antes el Protocolo de adhesión, procedimiento que se quiere agilizar lo máximo posible.

Por ello se solicita que el procedimiento de autorización de las Cortes Generales se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia.

Hasta el momento han culminado el proceso de ratificación de este protocolo: Canadá, Islandia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido.

Contenido

El protocolo se estructura en un preámbulo y tres artículos, con el siguiente contenido:

En el preámbulo, las Partes del Tratado del Atlántico Norte manifiestan su convencimiento de que la adhesión del Reino de Suecia a la Alianza reforzará la seguridad en la región del Atlántico Norte.

El artículo I señala que, en el momento de la entrada en vigor del presente protocolo, el Secretario General de la OTAN remitirá al Gobierno del Reino de Suecia, en nombre de todas las Partes, una invitación para adherirse al Tratado. El país invitado, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Tratado, se convertirá en Estado Parte en la fecha en que deposite su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El artículo II regula la entrada en vigor del protocolo, que tendrá lugar cuando la totalidad de los Estados miembros hayan notificado la aceptación del mismo al Gobierno de los Estados Unidos de América, Depositario del Tratado. Dicho Gobierno comunicará a las Partes la fecha de recepción de cada notificación, así como la fecha de la entrada en vigor.

El artículo III dispone que el protocolo, del que existirán dos versiones auténticas, en inglés y en francés, se depositará en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual, posteriormente, trasladará copias certificadas del protocolo a los Gobiernos de los demás Estados miembros de la Alianza.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES GENERALES DEL PROTOCOLO SOBRE LA ADHESIÓN DE FINLANDIA A LA OTAN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Finlandia y se acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Antecedentes

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es una organización internacional creada en virtud del Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949 y en vigor desde el 24 de agosto de ese mismo año.

Actualmente, la OTAN cuenta con 30 Estados miembros, habiéndose incorporado España a la misma el 30 de mayo de 1982.

A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero de 2022, el contexto de seguridad europeo se ha modificado sustancialmente. La región nórdica es una de las principales afectadas por la ruptura de los equilibrios geoestratégicos. Tras un breve periodo de reflexión, la República de Finlandia y el Reino de Suecia decidieron reorientar su política de seguridad y defensa solicitando al Secretario General de la OTAN el pasado 17 de mayo su adhesión a la OTAN.

La República de Finlandia se unió al Partenariado por la Paz en 1994, tiene suscrito un IPCP (Individual Partnership Cooperation Programme), es uno de los socios más activos de la Alianza habiendo contribuido en los Balcanes, Afganistán e Irak. Desde 2014 forma parte del grupo de socios que pertenecen al Programa de Oportunidades Mejoradas -Enhanced Opportunities Programme (EOP)- creado en la Cumbre de Gales en 2014, donde se reúne a los socios que más cooperan operacionalmente con la Alianza. Desde la incorporación al EOP en 2014 la cooperación entre la OTAN y Finlandia se ha intensificado.

El artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte regula la adhesión de nuevos miembros a la organización.

El protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Finlandia se enmarca en el interés de los Estados miembros de la Alianza en reforzar la seguridad de la región del Atlántico Norte, y la de la OTAN en su conjunto, mediante la incorporación de otros Estados a la Organización Atlántica.

En este sentido, la adhesión de la República de Finlandia a la OTAN satisface el legítimo interés de este país en formar parte como miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica y el de los aliados, al incrementar la seguridad mutua en el espacio euroatlántico.

La firma del protocolo de adhesión de la República de Finlandia tuvo lugar en Bruselas el 5 de julio de 2022. Por parte de España firmó el Embajador Representante Permanente ante la Alianza Atlántica, D. Miguel Fernández- Palacios. La firma del Protocolo había sido autorizada por el Consejo de Ministros ese mismo día.

El Consejo de Estado en su dictamen de 21 de julio de 2022, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos de los apartados a) y b) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el Protocolo es un tratado o convenio de carácter militar (apartado a), así como un tratado de carácter político (apartado b).

Además, debe señalarse que la solicitud de ingreso en la OTAN por parte de Finlandia ha supuesto el abandono de su tradicional neutralidad, situación que coloca a este país en una situación delicada dada la actitud de Rusia y su beligerancia, demostrada con la invasión de Ucrania. Cuanto antes se produzca la su adhesión a la OTAN, antes quedará Finlandia cubierta por la cláusula de seguridad colectiva del artículo 5 del Tratado de Washington. Para ello es necesario que todos los países miembros de la Alianza, entre los que se encuentra España, ratifiquen cuanto antes el protocolo de adhesión, procedimiento que se quiere agilizar lo máximo posible.

Por ello se solicita que el procedimiento de autorización de las Cortes Generales se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia.

Hasta el momento han culminado el proceso de ratificación de este protocolo: Canadá, Islandia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido.

Contenido

El protocolo se estructura en un preámbulo y tres artículos, con el siguiente contenido:

En el preámbulo, las Partes del Tratado del Atlántico Norte manifiestan su convencimiento de que la adhesión de la República de Finlandia a la Alianza reforzará la seguridad en la región del Atlántico Norte.

El artículo I señala que, en el momento de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Secretario General de la OTAN remitirá al Gobierno de la República de Finlandia, en nombre de todas las Partes, una invitación para adherirse al tratado. El país invitado, conforme a lo previsto en el artículo 10 del tratado, se convertirá en Estado Parte en la fecha en que deposite su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El artículo II regula la entrada en vigor del protocolo, que tendrá lugar cuando la totalidad de los Estados miembros hayan notificado la aceptación del mismo al Gobierno de los Estados Unidos de América, Depositario del Tratado. Dicho Gobierno comunicará a las Partes la fecha de recepción de cada notificación, así como la fecha de la entrada en vigor.

El artículo III dispone que el protocolo, del que existirán dos versiones auténticas, en inglés y en francés, se depositará en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual, posteriormente, trasladará copias certificadas del protocolo a los Gobiernos de los demás Estados miembros de la Alianza.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN CEDEAO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Programa de Formación CEDEAO 2022 - 2023, correspondiente al año 2022, por importe de 100.000 euros.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO-ECOWAS) nació en 1975 con el fin de promover la cooperación e integración económica, así como la seguridad en la región. Se compone de 15 Estados miembros y es la organización de ámbito subregional más importante de África.

España es uno de los países de la UE que ha hecho importantes contribuciones financieras bilaterales, impulsando una sólida relación en el marco de la cooperación al desarrollo, trabajando en la identificación de espacios de trabajo conjunto para promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Además, nuestro país mantiene como objetivo estratégico de su política exterior en África el fomento del multilateralismo, siendo la CEDEAO la organización regional con la que ha desarrollado mayor cooperación. A este respecto, cabe señalar la reciente firma de un Memorándum de Entendimiento en el ámbito de Mujeres, Paz y Seguridad.

El objetivo de esta contribución a la CEDEAO es contribuir a la puesta en práctica de acciones en el marco de las líneas marcadas por el III Plan África, que constituye el marco estratégico de las relaciones con el continente y subrayar la prioridad que España da a esta organización en el marco de las iniciativas multilaterales desplegadas en el continente.

La contribución irá destinada a la formación de jóvenes diplomáticos de la CEDEAO. El programa de becas para jóvenes diplomáticos de la CEDEAO persigue intensificar la política de diplomacia pública de España en África mediante la selección de diplomáticos de países africanos miembros de CEDEAO para cursar el máster de Relaciones Diplomáticas de la Escuela Diplomática en Madrid.

Así mismo, estos diplomáticos realizarán un curso de español ofrecido por el Instituto Cervantes, para reforzar su conocimiento de español, y para fomentar el uso y la difusión del español en las instituciones africanas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación realizará una aportación voluntaria de 10.000 euros al Programa de Formación CEDEAO, correspondiente al año 2022.

La Asesoría Jurídica Internacional ha emitido su informe indicando que se trata de una contribución voluntaria que debe seguir los trámites de la disposición adicional cuarta de la Ley 24/2015, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, por lo que debe ser autorizada por el Consejo de Ministros.

La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han informado favorablemente esta propuesta de contribución.

Defensa

CONVENIO ENTRE RENFE Y DEFENSA PARA NECESIDADES ESTRATÉGICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que autoriza la suscripción de un nuevo convenio del Ministerio de Defensa con Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A., y Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A., al vencer a finales del año 2022 el que actualmente se encuentra en vigor.

Este convenio tiene por objeto cubrir varias necesidades estratégicas, como son el movimiento agrupado y con seguridad de vehículos y otros materiales y el transporte del personal militar del Ministerio de Defensa.

El convenio lleva aparejado un gasto máximo para la Administración General del Estado de 102.810.000 €, que se distribuye en cinco anualidades.

Hacienda y Función Pública

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de 460.372.255 euros que conformarán los créditos presupuestarios destinados a la inversión 'Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas', perteneciente al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para los años 2022 y 2023.

Esta propuesta de reparto, tras pasar por la Comisión Delegada la semana previa ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Posteriormente será abordada en Conferencia Sectorial de Administración Pública.

En concreto, se ha propuesto la distribución de 239.072.255 euros para el ejercicio 2022 y de 221.300.000 euros correspondientes a 2023, destinados a la modernización y digitalización de las administraciones públicas en los territorios autonómicos.

El 30 de abril de 2021 España presentó su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la Comisión Europea. El PRTR se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que a su vez orientan 10 políticas palanca y 30 componentes.

La cuarta política palanca hace referencia a una administración para el siglo XXI. Dentro del componente 11, en la Inversión 3 se abordan los proyectos de digitalización en el seno de las administraciones públicas de las comunidades autónomas.

Para desarrollar dichos proyectos de digitalización incluidos en el Plan de Recuperación, el crédito total es de 578.600.000 euros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en su reunión el día 1 de diciembre de 2021, aprobó el acuerdo por el que se distribuyó el crédito destinado la inversión 3 del componente 11 para 2021, destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dentro de las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Una vez aprobado el reparto de 2021, la distribución para las anualidades de 2022 y 2023 se realizará en base a las mismas actuaciones financiables contempladas anteriormente.

En concreto, según el acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, de los 578,6 millones de euros previstos para las anualidades de 2021, 2022 y 2023, se destinarán 348,6 millones de euros para actuaciones de transformación digital para esos tres ejercicios.

Además, se contemplan 230 millones de euros para los proyectos prioritarios acordados en el marco de la Salud Digital para 2022 y 2023.

En el año 2021 se repartieron los 118.227.745 euros correspondientes a la citada anualidad. Por ello, quedan pendientes de distribuir los 460.372.255‬ euros de las anualidades de 2022 y 2023, de los cuales 239.072.255 euros corresponden a 2022 y 221.300.000 euros a 2023.

Esas cantidades son las que se han abordado en el Consejo de Ministros.

Actuaciones de modernización y digitalización financiables

El 21 de mayo de 2021 a través de la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Administración Pública (CSAP), se remitió a los consejeros de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla competentes en materia de administración pública, una manifestación de interés en relación con las actuaciones financiables del programa de inversión con el objetivo de definir las actuaciones financiables a desarrollar con cargo a los fondos de la Inversión 3 del componente 11 del Plan de Recuperación.

A tal efecto, se han identificado las siguientes líneas estratégicas de inversión por los ministerios de Hacienda y Función Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital:

• LE1. Administración orientada a la ciudadanía.
• LE2. Operaciones inteligentes.
• LE3. Gobierno del dato.
• LE4. Infraestructuras digitales.
• LE5. Ciberseguridad.
• LE6. Sanidad.

Criterios para cada línea estratégica

Los criterios utilizados para cada una de las líneas y su ponderación son los siguientes:

• Líneas 1-5: Se aplicará como criterio único el de la población.
• Línea 6. Se distribuirán aplicando tres criterios: población, cantidad fija e igual, y proyectos en colaboración.
• El 84% del importe, se distribuirá proporcionalmente al criterio poblacional entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona las prestaciones sanitarias para Ceuta y Melilla.
• El 10% mediante una cantidad fija igual a cada Comunidad Autónoma e INGESA.
• El 6% restante a repartir entre las comunidades que se postulen para liderar proyectos que se ejecuten de manera colaborativa.

Esta propuesta de criterios fue validada por la Comisión de Salud Digital (CSD) del Consejo Interterritorial del SNS en su reunión del día 11 de febrero de 2022.

Asimismo, el Consejo Interterritorial del SNS, en el pleno celebrado el día 6 de abril de 2022, aprobó el plan de trabajo y los criterios de selección de los proyectos en las tres áreas funcionales establecidas en el PERTE de Salud de Vanguardia y fue informado de la propuesta de criterios de distribución aprobada por la CSD.

La distribución en 2022 y 2023

De la cuantía prevista para 2022, en concreto 169.072.255 euros corresponderían a las líneas 1-5 y 70 millones de euros se destinarían a la línea 6 de sanidad digital.

Por su parte, de la cuantía prevista para 2023, 61.300.000 euros se destinarían a las líneas 1-5 y 160 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital.

De esta forma, teniendo en cuenta los criterios objetivos de asignación, se propone la siguiente distribución territorial de los créditos correspondientes al ejercicio 2022 y se realiza el reparto para el año 2023 condicionada a la disponibilidad de crédito:

Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla deberán proporcionar la información relativa a los diferentes proyectos de inversión que se propongan financiar en cada ejercicio con cargo a los fondos en el sistema integrado para la gestión, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO ENTRE EL INSS Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA SOBRE INCAPACIDADES LABORALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan modificar los límites en 2022 para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, al objeto de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda tramitar de forma anticipada el convenio para la encomienda de gestión sobre la aplicación del artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y los dictámenes médicos de incapacidad permanente para los ejercicios 2023 y 2024 con la Generalitat de Cataluña.

El Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, creó los Equipos de Valoración de Incapacidades.

La disposición transitoria única del citado real decreto establece que hasta que no se constituyan y entren en funcionamiento los correspondientes Equipos de Valoración de Incapacidades, las actuales Unidades de Valoración Médica de Incapacidades, así como, en su caso, los órganos que realicen las mismas funciones en las respectivas comunidades autónomas, continuarán ejerciendo todas sus competencias, conforme a las normas de funcionamiento aplicables con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto.

Por su parte, en la disposición adicional tercera se establece que las competencias que a dicho Instituto atribuyen los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 3 del Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, continuarán siendo desarrolladas por los correspondientes órganos del Instituto Nacional de la Salud o los que realicen iguales funciones en las respectivas comunidades autónomas que hayan asumido transferencias en la materia.

El personal adscrito a las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades que se declaran extinguidas en el apartado anterior se adscribirá a la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En este sentido, en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña, se constituyeron los correspondientes Equipos de Valoración de Incapacidades a través de las correspondientes resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y de esta forma se adscribió el personal que con anterioridad pertenecía a las Unidades de Valoración Médica.

Por lo tanto, debido a la no existencia de médicos inspectores en las direcciones provinciales del INSS de Cataluña, y a que el órgano competente para emitir los dictámenes médicos es la Subdirección General de Evaluaciones Medicas, que utiliza la denominación de Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, adscrita a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud, es necesario tramitar una encomienda de gestión entre el INSS y la Generalitat de Cataluña.

El INSS ha tramitado hasta la fecha distintos expedientes imputados al correspondiente concepto presupuestario que, unido a los nuevos compromisos a contraer, determinan unos compromisos máximos a adquirir que requieren la autorización del Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

FONDO DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL Y PARA CEUTA Y MELILLA POR PÉRDIDAS DE RECAUDACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por un importe total de 230 millones de euros. Esos recursos se utilizarán, en primer lugar, para la ampliación de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades por un importe de 216,5 millones de euros.

En segundo lugar, el Fondo de Contingencia se empleará para el pago de la compensación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondientes a las importaciones y los gravámenes complementarios sobre las labores del tabaco y carburantes y combustibles petrolíferos, por un importe de 13,5 millones de euros.

Hacienda y Función Pública

COMPROMISOS DE GASTO PARA LA MUTUA UMIVALE ACTIVA POR SU FUSIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar a Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 3, la contratación y la prórroga de diversos expedientes de Capítulo VI 'Inversiones reales'.

Umivale Activa es una entidad colaboradora con la Seguridad Social con personalidad jurídica propia que tiene atribuidas, entre otras funciones, la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social previstas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

A raíz de la fusión de las mutuas Umivale y Activa el pasado 1 de enero de 2022, Umivale Activa está afrontando un proceso de integración, así como llevando a cabo un proceso de modernización, consolidación y racionalización de sus infraestructuras necesarios para el desarrollo de su actividad como colaboradora con la Seguridad Social.

Con objeto de mantener la prestación del servicio o suministro para la gestión de las competencias que tiene encomendadas, se plantea la necesidad de acometer la reforma de adecuación/traslado de centros, así como la adquisición del equipamiento y mobiliario para su dotación, que son necesarios tras la fusión para poder reagrupar personal y servicios existentes, así como poder dar mayor cobertura y servicio sanitario a la población protegida que se ha visto aumentada tras la fusión de ambas mutuas.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO A DEFENSA PARA CONECTIVIDAD DIGITAL

El Consejo de Ministros ha aprobado sendos acuerdos por el que se autorizan dos transferencias de crédito por importes de 121.569.668,10 y 11.018.331,90 euros, respectivamente, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al acuerdo interministerial en materia de conectividad, en el marco del Componente 15, Inversiones 2 y 5, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El PRTR incluye el Componente 15 'Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G' y, dentro de éste, la Inversión 2 'Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial' y la Inversión 5 'Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas'.

En el caso del primer asunto, en el marco de dichas inversiones, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETELECO), y el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estado de Defensa, han suscrito un acuerdo interdepartamental para el desarrollo del proyecto de implantación de la red de transporte en uso dedicado de la infraestructura integral de información del Ministerio de Defensa (I3D) en su fase 1.

De acuerdo con la cláusula cuarta del acuerdo, SETELECO se compromete a:

• Tramitar una transferencia de crédito de 104.269.668,10 euros, con el objetivo de transferir al Ministerio de Defensa la financiación necesaria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para los costes de la contratación de las infraestructuras ópticas requeridos para la implantación de la red de transporte en uso dedicado en la Península Ibérica.
• Tramitar una transferencia de 17.300.000 euros, con el objetivo de transferir a Defensa la financiación necesaria de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para los costes de la contratación del despliegue del cableado óptico basado en cable submarino, requerido para la conexión redundada de la Península con Canarias.

En total, la SETELECO contribuirá con una aportación económica de 121.569.668,10 euros, que se financiará con cargo a las aplicaciones 'Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' y 'Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas I+D+i Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', por importes de 104.269.668,10 y 17.300.000 euros, respectivamente

Conectividad en centros docentes militares

Además, el acuerdo interministerial entre SETELECO y la Secretaría de Estado de Defensa, contempla una aportación a dicho departamento para la ejecución del proyecto de adquisición, puesta en marcha y explotación de la conexión de diferentes Centros Docentes Militares mediante la red de fibra óptica Red IRIS.

Con dicha aportación se prevé la realización de un subproyecto denominado 'UNICO BA Interconexión Terrena-Centros de Formación del Ministerio de Defensa', para cuyo fin se tramita la modificación presupuestaria aprobada. Las actuaciones que se financian son dar conectividad de 1 Gigabit al menos a 680 salas de 18 centros de formación, que permitirá el desarrollo de proyectos de digitalización (en este caso relacionados con la formación).

En virtud de este acuerdo, la SETELECO contribuirá con una aportación económica de 11.018.331,90 euros, que transferirá desde la aplicación 'Refuerzo de conectividad en centros de referencia motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial'.

Hacienda y Función Pública

COMPROMISOS PARA CONTRATOS PARA INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la tramitación de diversos contratos imputables al Capítulo 6 de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.

Este organismo pretende poner en marcha diversas actuaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', entre las que se encuentran las siguientes:

• Estudio informativo integración del FC en Hospitalet de Llobregat.
• Estudio previo conexión Pamplona-Y Vasca.
• Estudio conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.
• Estudio previo problemática del FC en Montcada-Mollet.

Los citados expedientes tendrán repercusión en el periodo de 2022 a 2025.

Además del crédito ya retenido, el centro gestor precisa la reprogramación de determinados contratos cuya imputación correspondía al ejercicio 2022 y que se trasladan a 2023 y 2024.

Lo anteriormente expuesto se resume en la siguiente tabla:

Hacienda y Función Pública

AUMENTO DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA FINANCIACIÓN Y CESIÓN DE TRAMOS DE CARRETERAS EN SEVILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que modifica los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la tramitación de un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la cesión de determinados tramos de carreteras y la realización de actuaciones de mejora y acondicionamiento.

La aplicación presupuestaria en la que se amplían los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros es 'CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vías urbanas', cuya dotación inicial en el año 2022 se eleva a 1.200.000 euros.

La Dirección General de Carreteras financia, con cargo a la citada aplicación presupuestaria, los siguientes compromisos:

• Convenio con el Ayuntamiento de Dúrcal suscrito el 27 de diciembre de 2006 para la financiación del proyecto de obras de mejora de los tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado en el término municipal de Dúrcal, y transferencia de titularidad de los mismos. El 10 de septiembre de 2019 se firmó la primera adenda por la que se modifica el convenio, estableciendo como fecha de finalización el 1 de octubre de 2022. Asimismo, se encuentra en tramitación la segunda adenda para adaptar las anualidades al ritmo de las obras.
• Convenio con el Ayuntamiento de Torredembarra, suscrito en 2005, para la finalización del proyecto de obras de mejora de los tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado en el término municipal de Torredembarra y transferencia de titularidad de los mismos. El 30 de julio de 2019 se firmó la primera adenda por la que se modifica el convenio, estableciendo como fecha de finalización el 1 de octubre de 2021.

La distribución de los compromisos asumidos es la siguiente:

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana considera necesario suscribir un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la cesión al mismo de la carretera SE-20 y dos tramos de la N-630, actualmente integrados en la Red de Carreteras del Estado, y para la realización de actuaciones de mejora en la SE-20 y de acondicionamiento de los dos tramos de la N-630.

La finalización de las actuaciones será realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con cargo a la aplicación presupuestaria mencionada. La financiación incluye todos los contratos de servicios y gastos en asistencias técnicas precisas para la redacción y aprobación de los proyectos y para la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento.

El importe estimado de las actuaciones previstas asciende a 3,78 millones de euros con la siguiente distribución de anualidades:

Por ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para elevar el compromiso de gasto en la aplicación presupuestaria mencionada para las anualidades 2023 y 2024.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A NAVARRA PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a Navarra a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 163 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta comunidad foral ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo destinadas a financiar la referencia de déficit para este año del 0,9% del PIB regional estimado, acordada en septiembre de 2021 y ratificada en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de 20 de diciembre de 2021.

Mediante este acuerdo se le autoriza a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 163 millones de euros con tal finalidad.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hacienda y Función Pública

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE UN CONTRATO DE RESERVA ESTRATÉGICA DE MATERIAL SANITARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se fijan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación anticipada de un nuevo contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por la COVID-19 en el ejercicio 2023 y 2024.

La Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia solicitó, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la COVID-19 en España'.

La finalidad es tramitar anticipadamente un nuevo contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por la pandemia.

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó en julio de 2020 el Plan de Respuesta Temprana ante el coronavirus. Un elemento clave es la disposición de una reserva estratégica a nivel nacional de productos críticos que pueda cubrir las necesidades de España durante un periodo determinado y que corresponda a una cobertura concreta de las necesidades.

El plan establece que el almacenaje y la logística de la reserva estratégica nacional serán asumidos por la Administración General del Estado.

Por ello, se hace preciso iniciar la tramitación de un nuevo expediente de contratación cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de enero de 2023. El objeto de este contrato es el servicio integral de logística de una reserva estratégica de material sanitario de protección y farmacéutico, que incluye todos los servicios necesarios en ciclo completo desde la recepción de productos, almacenamiento, gestión del stock, preparación de envíos, transporte y demás acciones complementarias, con un plazo de duración de un año, prorrogable por otro más.

Este contrato se imputará a la aplicación presupuestaria anteriormente mencionada con un coste de 3.847.800 (IVA incluido) imputándose once mensualidades al ejercicio 2023 y una a 2024.

Dado que no existe crédito inicial en el ejercicio 2022, a nivel de vinculación en esa aplicación presupuestaria, es necesaria la autorización que se produce en Consejo de Ministros para la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual con el siguiente detalle:

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOS ENCUESTAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el Ministerio de Sanidad, a fin de posibilitar a la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud la tramitación de un contrato y un convenio con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) e Instituto Nacional de Estadística (INE), respectivamente, para la elaboración de dos encuestas en cumplimiento del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.

La Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud ha solicitado la autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del citado artículo para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en las aplicaciones presupuestarias 'Material, suministros y otros' con un crédito inicial a nivel de vinculación, dotado en el presupuesto para el año 2022, de 315.000 euros y 'Estudios y trabajos técnicos' con un crédito inicial vinculante en 2022 de 1,5 millones de euros.

De manera anual, la Secretaría General de Salud Digital, Información e innovación del Sistema Nacional de Salud realiza un convenio con el CIS para la elaboración del barómetro sanitario, conforme al Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021-2024.

Según la información aportada por el CIS, la elaboración del barómetro sanitario para 2023 supondrá un gasto para el Ministerio de Sanidad de 270.000 euros que se imputa a la aplicación presupuestaria 'Actividades realizadas mediante convenio'. Si bien se trata de un gasto correspondiente al ejercicio 2023, es conveniente su tramitación anticipada con la finalidad de mejorar el proceso puesto que esta operación estadística se desarrolla en tres oleadas sucesivas de entrevistas telefónicas a lo largo del ejercicio, permitiendo realizar la primera de ellas en el primer cuatrimestre de 2023.

Por otra parte, España realiza periódicamente desde 1987 una Encuesta Nacional de Salud, dentro del marco establecido por el Plan Estadístico Nacional, y una Encuesta de Salud Europea que desde 2009 se intercala temporalmente con la anterior.

Atendiendo a las recomendaciones y propuestas del Consejo Superior de Estadística para el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 ambas encuestas se han integrado en un único estudio, la Encuesta de Salud de España (ESdE), que permitirá disponer de la mayor información posible sobre la salud de la población española de manera normalizada y evolutiva. La corresponsabilidad en la realización de la nueva ESdE se establece entre el INE y el Ministerio de Sanidad.

La estimación de la distribución de costes de elaboración de la ESdE, proporcionada por el INE sobre datos históricos de los que dispone, son los siguientes:

Año 20231.580.000 €

Año 2024 380.000 €

Estos costes incluyen tanto la recogida de datos como el control de calidad de los mismos y se imputarán a la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos', procediendo a la tramitación anticipada del expediente de contratación, a los efectos de que la recogida de datos pueda iniciarse lo antes posible.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO EN CIUDAD REAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Ciudad Real, con un valor estimado de 25,4 millones de euros.

La duración del contrato es de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2, y se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector indicado es el nº 2, que incluye las siguientes carreteras:

• A-41: Tramo: Ciudad Real y Argamasilla de Calatrava, más de 28 km entre el 160,150 y el 198,6.
• PT-10: Penetración a Puertollano, hasta el kilómetro 2,850.
• N-420A: Conexión PT-10 (A-41) con N-420 en Puertollano; algo más de kilómetro y medio, entre el 161 y el 162,600.
• A-43: Tramo: Ciudad Real - Daimiel, desde su inicio hasta el kilómetro 33,600.
• N-420: Tramo: límite provincial Córdoba - Valle de Alcudia, más de 33 km entre los puntos kilómetros 93 y 126,8.
• N-420: Tramo: Valle de Alcudia - Puertollano, más de 31 km, entre los puntos 126,800 y 158,150.
• N-420: Tramo: Puertollano (zona urbana/periurbana), el tramo de más de 2,5 km entre los puntos 158,150 y 160,720.
• N-420: Tramo: Puertollano - Poblete, entre los puntos kilométricos 160,720 y 187,900.
• N-420A: Tramo: Poblete - Ciudad Real, algo más de 2 km entre el 190,350 y 192,600.
• N-420A: Tramo: Acceso Sur Ciudad Real (N-420), en una longitud de 3 km, entre el 192,600 y el 195,600.
• N-420: Tramo: Conexión A-43 con CM-420 en Daimiel, entre los puntos kilométricos 229,090 y 231,240.
• N-430C: Tramo: Ronda Norte de Ciudad Real (CR-752), desde su inicio hasta el km 2,800.
• N-430: Tramo: Ronda Sur de Ciudad Real, entre los puntos kilométricos 306,100 y 308,600.
• N-430: Tramo: Acceso Este de Ciudad Real, entre los puntos kilométricos 308,600 y 310,800.
• N-430 en el término municipal de Miguelturra, desde el km 311,850 hasta el 314,300.
• N-430 en el término municipal de Daimiel, entre el km 328,855 y el 334,800.

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Proyectos específicos

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este contrato se incluyen los siguientes:

• Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-420 entre el kilómetro 133,400 y el 135,200. Tramo: Valle de Alcudia-Puertollano.
• Actuaciones preventivas en obras de drenaje transversal (ODTs) en la carretera N-420 en los siguientes puntos kilómetros: 96,850, 96,960, 98,100 y 99,150.
• Mejora local y actuaciones preventivas en ODTs, en la carretera N-420, en los siguientes puntos kilómetros: 98+700,100+000 y 101+450.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Gobierno.

Se adjuntan a continuación algunas imágenes del sector:

Industria, Comercio y Turismo

AYUDAS A LAS PYMES PARA SU INTERNACIONALIZACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Línea de Financiación PYME para proyectos de exportación e inversión con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) para apoyar proyectos de exportación e inversión ofreciendo financiación de hasta 10M€ en operaciones con beneficiarios que sean tanto pymes como empresas de mayor tamaño.

Con la modificación de esta línea de financiación se pretende facilitar el acceso a la financiación para las operaciones de exportación e inversión de las pymes españolas, al mismo tiempo que se la dota de mayor flexibilidad en las condiciones y agilidad en la tramitación.

Los referidos cambios se justifican en la necesidad de poder atender las demandas de financiación de las pymes para sus operaciones de exportación e inversión, en un contexto de restricción del crédito, especialmente para este tipo de empresas. Actualmente, el 19% de las propuestas FIEM registradas en la plataforma electrónica son por un importe inferior a los 10 millones de euros lo que revela la existencia de una demanda potencial efectiva.

La nueva línea permitirá reforzar el apoyo a las empresas, dado que el FIEM, en estos segmentos de crédito, es la única alternativa posible de financiación directa en operaciones de pequeño importe ante la ausencia de interés del sector bancario para crédito comprador.

El acuerdo también recoge la ampliación de los países elegibles, incluyendo la posibilidad de realizar operaciones en países Heavily indebted poor countries (HIPC), siempre que sea con deudores no soberanos y privados.

Como resultado de estos cambios, la denominación de la línea se actualiza y pasa a denominarse Línea de Financiación para pymes y pequeños proyectos de exportación e inversión, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

Industria, Comercio y Turismo

FONDO DE PROYECTOS INDUSTRIALES PARA SENEGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a Senegal.

El acuerdo supone financiar un proyecto de digitalización del turismo y las operaciones aeroportuarias de la Société Anonyme Aéroport International Blaise Diagne / Ministère de l'Economie, du Plan et la Coopération.

El importe del crédito concedido es de 124,7 millones de euros más la prima financiada (hasta 14 millones), lo que supone un total de hasta 138,7 millones de euros.

Industria, Comercio y Turismo

FONDOS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado tres líneas de financiación para apoyar a pymes y al emprendimiento innovador que gestiona ENISA, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En total serán 98,5 millones de euros que se distribuyen en tres líneas: Línea ENISA Jóvenes Emprendedores, Línea ENISA Emprendedores y Línea ENISA Crecimiento.

Esta partida permitirá la financiación de más de 600 proyectos empresariales con una inversión inducida estimada entorno a los 218 millones de euros.

Sobre las líneas ENISA

En 2021 las operaciones aprobadas a través de estas líneas fueron 560 (10,6% más que en 2020) y una inversión de más de 93,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2020.

Asimismo, las solicitudes recibidas durante 2021 confirman la necesidad y relevancia que los préstamos participativos tienen entre las pequeñas y medianas empresas que quieren iniciar sus proyectos o hacerlos crecer.

La cartera histórica de la entidad pública asciende a más de 7.700 préstamos desembolsados, superando los 1.165 millones de euros invertidos y más de 6.700 empresas financiadas.

Este impulso financiero se materializa en préstamos participativos de entre 25.000 € y 1,5 M€. Se trata de una alternativa de financiación que se ajusta de manera especialmente adecuada a las necesidades de la pyme y no exige más aval ni garantía que un sólido proyecto empresarial y la solvencia profesional de su equipo gestor.

Para acceder a la financiación de ENISA, toda la tramitación se realiza a través de su web: www.enisa.es. Los proyectos han de estar ubicados en el territorio nacional, pudiendo pertenecer a cualquier sector, a excepción de inmobiliario o financiero.

Algunos de los proyectos empresariales financiados por ENISA en sus etapas iniciales o en sucesivas fases de expansión han experimentado una excelente trayectoria, tales como PLD Space, MásMóvil, Jobandtalent, Filmin, Genially, Alvalle, Silbon, Bound4Blue, Habitissimo, Komvida Kombucha, Izertis, Cooltra, Agrenvec e Idoven entre otras muchas.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA POLICÍA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional, una celebración prevista para el 23 de enero de 2024 que ha sido declarada acontecimiento de excepcional interés público por la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

El real decreto aprobado confiere a Sus Majestades los Reyes la presidencia de honor de la comisión nacional, que estará integrada por el ministro del Interior en calidad de presidente del pleno; el secretario de Estado de Seguridad como vicepresidente primero, y el director general de la Policía en calidad de vicepresidente segundo.

El pleno contará además con veinte vocalías, de las cuales diez serán ocupadas por representantes de la Administración General del Estado y otras diez corresponderán a personas o representantes de instituciones y empresas de reconocido prestigio.

La comisión nacional tiene como finalidad impulsar y coordinar todas las actividades dirigidas a organizar la celebración del bicentenario de la Policía Nacional y supervisar su ejecución, así como certificar la adecuación de los gastos e inversiones realizadas en el marco de esa conmemoración.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ESTATUTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado los estatutos del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, creado en diciembre de 2021 mediante una disposición adicional de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, lo que permitirá la próxima puesta en marcha del mismo para dar inicio a una nueva etapa en el sistema educativo del cuerpo que proporcionará a sus miembros una formación especializada adaptada a las actuales necesidades en materia de seguridad pública.

La aprobación de los estatutos del centro universitario era imprescindible para suscribir el correspondiente convenio de adscripción con la Universidad de Salamanca para el inicio de los estudios de Grado en Estudios Policiales durante el próximo curso académico.

El Centro Universitario fue creado como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia, autonomía económica, financiera y de gestión. Según sus estatutos aprobados este lunes, sus órganos de gobierno serán el Consejo Rector y la Presidencia, y contará además con una Dirección como órgano ejecutivo.

Al Consejo Rector le corresponden, entre otras, funciones superiores de seguimiento, supervisión y control de la actuación y funcionamiento del centro universitario, así como la aprobación de los objetivos estratégicos; de los planes de acción anual y plurianual; del anteproyecto de presupuestos; de las reglas de funcionamiento interno del centro; y de las cuentas.

Por su parte, la presidencia del centro universitario, que ejercerá la persona titular de la Dirección General de la Policía Nacional, asume la representación institucional y legal del centro; su dirección y gobierno, y la convocatoria de las sesiones del Consejo Rector.

Por último, la dirección corresponderá a la persona que designe el Consejo Rector, que gestionará la dirección y orientación estratégica de la actuación del centro universitario; la programación integral de la formación impartida; la elaboración, modificación y revisión de los planes de estudios de las titulaciones que se imparten; la coordinación de la gestión académica con el delegado de la universidad de adscripción, y todas aquellas funciones de dirección en el ámbito presupuestario y de los recursos humanos.

Además, el centro universitario contará con un Consejo Académico, como órgano consultivo, y una Secretaría General que dependerá de la dirección.

Política Territorial

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PRECEPTOS DE UNA LEY NAVARRA DE CONTRATOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra preceptos de la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

El 27 de enero de 2022, la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra acordó iniciar negociaciones, por la vía del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para resolver las discrepancias competenciales de la citada norma autonómica y, si bien se alcanzaron acuerdos en muchos artículos, no fue posible en los preceptos que se impugnan.

Preceptos que se impugnan

Se impugnan el apartado dos del artículo único, que añade las letras l) y m) al artículo 7.1 de la Ley Foral 2/2018, dedicado a la exclusión de negocios jurídicos de la contratación pública. Las nuevas exclusiones se refieren a determinados "servicios jurídicos" y a los "acuerdos de adquisición pública de medicamentos".

El Estado ostenta competencia exclusiva en relación con "la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas", de modo que la mayor parte de las previsiones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, tienen carácter básico y de aplicación a todas las administraciones públicas. Además, la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con el artículo 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), dispone que "en virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva sobre Contratos y concesiones administrativas, respetando los principios esenciales de la legislación básica del Estado en la materia".

Por tanto, la introducción por la Ley Foral de Navarra de estas dos nuevas excepciones a la aplicación de la normativa de contratación pública, vulnera los "principios esenciales de la legislación básica del Estado", toda vez que tales negocios jurídicos no se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, que tiene un carácter básico.

Por otro lado, el apartado sesenta y cinco del citado artículo único incorpora una nueva disposición adicional vigesimoprimera a la Ley Foral 2/2018 sobre el régimen especial relativo a la adquisición de medicamentos, determinando que los acuerdos de adquisición pública de medicamentos "tendrán naturaleza privada".

El Estado ostenta la competencia exclusiva en relación con la "Legislación sobre productos farmacéuticos" y el Estado ostenta la competencia exclusiva en relación con "la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas".

La regulación de un régimen especial en materia de adquisición de medicamentos por parte de la norma foral resulta incompatible con los principios básicos de la contratación pública como la libertad de acceso, la transparencia, la publicidad, la igualdad, la integridad, la eficiente utilización de los fondos, la estricta vinculación de los criterios de adjudicación al objeto del contrato o la no discriminación de ningún operador económico, en la medida en que dota al órgano de contratación de total discrecionalidad, obviando las garantías que recogen tanto la legislación básica estatal como la normativa comunitaria.

Concurren, por tanto, los requisitos formales y materiales para la impugnación de los mencionados preceptos ante el Tribunal Constitucional.

Política Territorial

NUEVA REGULACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), a fin de adecuar su composición a la actual estructura orgánica del Ministerio de Política Territorial y establecer la coordinación con los órganos colegiados de asistencia a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas.

La CICAPE se creó mediante el Real Decreto 119/2003, con la finalidad de coordinar la actuación de los delegados del Gobierno en sus relaciones con los distintos departamentos ministeriales. Su rango y reconocimiento legal se consolidó en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al establecer que dicha Comisión se trata de un órgano colegiado adscrito al actual Ministerio de Política Territorial que se encarga de coordinar la actuación de la Administración Periférica del Estado con los distintos departamentos ministeriales y establece que sus atribuciones, composición y funcionamiento se regularán mediante Real Decreto.

En cumplimiento con lo expuesto, el Real Decreto 1162/2018, regulaba la CICAPE y derogaba el Real Decreto 119/2003. No obstante, debido a las reestructuraciones ministeriales, resulta necesario introducir modificaciones en la organización actual de la CICAPE, a través del presente Real Decreto, con los siguientes objetivos:

Establece la coordinación entre CICAPE y órganos colegiados de asistencia a los delegados del Gobierno en las CCAA, con la finalidad de facilitar la ejecución homogénea de los objetivos generales fijados por el Gobierno para los servicios de la AGE en el territorio

• Actualiza la denominación del Ministerio al que se adscribe la CICAPE (Ministerio de Política Territorial)
• Se adecúa su composición a la nueva estructura orgánica del MPT, desarrollada por Real Decreto 683/2021: se actualiza la denominación de los órganos administrativos a cuyos titulares corresponde la Presidencia, Vicepresidencia, Vocalías y la Secretaría del Pleno de la CICAPE.
• Además, incorpora la representación de la Dirección General de la AGE en el Territorio a la CICAPE, a través de una vocalía, en sustitución del titular de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.

Cultura

SUBVENCIÓN PARA UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS AGENTES DE LA CADENA DEL LIBRO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión de una subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para la ejecución del 'Programa de formación de los agentes de la cadena del libro para la recuperación y transformación a través de la innovación y la excelencia profesional' (Programa Parix). Enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el importe total de la subvención asciende a 3.383.123 euros, distribuidos en dos anualidades, 1.691.562 euros en 2022 y 1.691.561 euros en 2023.

La subvención a la entidad sin ánimo de lucro Fundación Germán Sánchez Ruipérez está destinada al diseño, desarrollo y ejecución de un plan de formación en capacidades y competencias digitales para la mejora y la capacitación de al menos 4.000 profesionales del sector del libro, especialmente de los colectivos editorial, librero y distribuidor.

El plan de formación se articulará a través de la generación de un esquema formativo en torno a la transformación digital de la industria del libro en la que cada pieza formativa será, como mínimo, de 375 horas o 15 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos). La fundación velará por reforzar en sus acciones formativas la presencia de mujeres en la selección de las personas participantes, así como en la selección del personal docente con el objetivo de reducir la brecha digital y tecnológica de género en el sector del libro.

Sanidad

FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD MENTAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario 2022, de créditos gestionados por comunidades autónomas y el INGESA para el equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental, para su sometimiento a la CISNS, por importe de 16.000.000 euros.

Antecedentes

El Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 tiene por objeto contribuir a la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022- 2026 en todos los ámbitos del SNS, de forma que permita afrontar los efectos en la salud mental de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia de COVID-19.

Las acciones a desarrollar por el plan de acción se presentan a través de sus 6 líneas estratégicas y han sido consensuadas con las comunidades autónomas y sometidas al CISNS para la aprobación de su financiación. En concreto, las acciones cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas son las siguientes:

• Línea 2: Optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS.

2.7. En el marco de ejecución de la Estrategia de Salud Digital, impulsar la transformación digital de los servicios de salud mental, tanto para la atención a los pacientes como para apoyo a profesionales.

2.10. Implementación de las recomendaciones de "no hacer" en salud mental, en el marco del proyecto "Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España" según la actual metodología establecida entre Guía Salud y el Ministerio de Sanidad.

• Línea 3. Sensibilización y lucha contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental.

3.3. Desarrollo de mecanismos de coordinación para trabajar en salud comunitaria, promoción de la salud y prevención entre Salud Mental y Atención Primaria, en las diferentes comunidades autónomas.

3.5. Establecimiento de mecanismos para prevenir las restricciones involuntarias en pacientes con problemas de salud mental.

• Línea 4. Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida.

4.2. Desarrollo del código de riesgo de suicidio en las comunidades autónomas.

4.3. Establecimiento de mecanismos y circuitos ágiles para la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida.

4.7. Desarrollo de iniciativa para la prevención de la conducta suicida en personas en situación de vulnerabilidad como: personas mayores, población infanto-juvenil, entre otros.

• Línea 5. Abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad.

5.8. Desarrollo de programas específicos para la ayuda y apoyo a los profesionales sanitarios y socio sanitarios con problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial: cuidar al cuidador.

• Línea 6. Prevención de conductas adictivas con y sin sustancia.

6.1. Desarrollo de acciones con las comunidades autónomas para priorizar la implantación de programas de prevención de adicciones con y sin sustancias que hayan demostrado efectividad y para evaluar la efectividad de los ya existentes.

6.2. Dotación de nuevos recursos a las comisiones de drogas y adicciones de las comunidades autónomas para que puedan adaptar los programas evaluados existentes y reconocidos (en portales de buenas prácticas o publicaciones científicas) a las circunstancias locales y su aplicación piloto por corporaciones locales u ONG.

6.3. Desarrollo de acciones con las entidades sin ánimo de lucro para favorecer la adaptación de programas de prevención de adicciones, ya existentes y reconocidos (en portales de buenas prácticas o publicaciones científicas) a su ámbito de actuación y su aplicación piloto, así como evaluar la efectividad de los ya existentes.

El presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio 2022 tiene habilitado crédito en la aplicación presupuestaria 26.07.313B.452, "Transferencia a comunidades autónomas para el equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19", destinado a financiar los gastos corrientes generados por las citadas actuaciones.

Marco normativo

Mediante este acuerdo de Consejo de Ministros, se autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, la propuesta de distribución, según criterios objetivos aprobados por el pleno del CISNS en su reunión del día 20 de julio de 2022, de los créditos correspondientes al ejercicio económico 2022, por importe de 16.000.000 euros, destinados a financiar el equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental. Con posterioridad a la presente autorización, en el seno del CISNS, se aprobará la distribución resultante entre las comunidades autónomas.

Contenido

• Criterios de distribución:

Los fondos se distribuirán a todas las comunidades autónomas (excepto el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra) y el INGESA, siguiendo los siguientes criterios, aprobados en el pleno del CISNS del pasado 20 de julio de 2022:

• 5% de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada comunidad autónoma y a Ceuta y Melilla (a través del INGESA).
• 95% distribuido por criterios poblacionales. El criterio de distribución es el poblacional según las cifras del padrón publicadas en el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021.
• Al aplicar estos criterios de reparto, la distribución de créditos resultante a las comunidades autónomas y al INGESA para el ejercicio 2022 es la siguiente:

Tramitación

El expediente se presenta en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, acompañado de la siguiente documentación preceptiva, que ha sido distribuida por comisión virtual:

• Propuesta de acuerdo de criterios de distribución.
• Informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
• Certificación del CISNS relativo a la aprobación de los criterios de distribución, en el pleno celebrado el 20 de julio de 2022.
• Certificado de existencia de crédito.

Derechos Sociales y Agenda 2030

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales.

Las circunstancias actuales de integración de los animales en la sociedad y la heterogénea normativa autonómica sobre protección y bienestar de los animales de compañía silvestres en cautividad establecen la necesidad de una normativa básica para todo el territorio nacional en materia de protección y bienestar animal.

Este proyecto pretende integrar, coordinar y clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, lucha contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano, impulsar la actuación coordinada de los poderes públicos en favor del fomento de la protección y bienestar animal y establecer un sistema de información centralizado en materia de protección animal como instrumento de colaboración con todas las entidades y administraciones públicas en el desempeño de sus competencias de protección y bienestar animal.

El proyecto articula mediante distintos instrumentos de coordinación el ejercicio de las respectivas competencias de las comunidades autónomas y entes locales en materia de protección y bienestar animal.

Pretende implementar mecanismos legales con el fin de prevenir el alto grado de maltrato y abandono de animales en nuestro país, estableciendo un marco general de protección y bienestar animal para todo el territorio nacional.

Uno de los objetivos fundamentales es racionalizar, simplificar y dotar de coherencia al régimen jurídico de la protección animal estableciendo unas obligaciones comunes para todos los ciudadanos que sean titulares o responsables de animales de compañía o silvestres en cautividad, con independencia de su lugar de residencia, así como criterios homogéneos respecto al trato con animales abandonados, extraviados, desamparados o urbanos.

La tenencia responsable de animales de compañía es uno de los puntos fundamentales del proyecto, que se vuelca en introducir un nuevo concepto de integración de los animales en la sociedad y tenencia responsable en los ámbitos de convivencia, sanidad y respeto por los derechos de los animales.

La demanda social de establecer con carácter general la política de sacrificio cero para todo tipo de animales incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, contemplándose excepciones a dicha política, exclusivamente por criterios veterinarios, de seguridad o de salud pública, viene acompañada de una serie de medidas para conseguir el abandono cero, fundamental para el éxito de los objetivos que se pretenden alcanzar.

Para conseguir el abandono cero y el éxito de los objetivos planteados en el proyecto, se establecen algunas medidas fundamentales, como el control y registro de la cría y venta de animales de compañía mediante criterios orientados a evitar la sobreexplotación, la cría y venta incontrolada, y fomentar la educación y formación de la sociedad para evitar la proliferación de abandonos.

El proyecto, además, establecerá mecanismos orientados a reducir el maltrato y mejorar el funcionamiento de profesionales y colectivos relacionados con los animales de compañía, como la limitación de la utilización de animales en eventos públicos, la regulación de las entidades de protección animal o de los profesionales del comportamiento o el establecimiento de algunas formaciones mínimas para ejercer las distintas actividades.

Uno de los puntos más significativos del proyecto es el establecimiento de un listado positivo de animales de compañía, que regulará qué animales pueden ser objeto de esta definición y, por tanto, de la convivencia en los hogares.

Por último, el proyecto establecerá las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección animal, teniendo como objetivo, además, facilitar la función inspectora y de vigilancia para prevenir las situaciones de maltrato animal y racionalizar, homogeneizar y dotar de proporcionalidad al régimen de infracciones y sanciones en materia de protección animal.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

AYUDA PARA FAMILIAS VULNERABLES DE UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa para las personas beneficiarias del régimen de Protección Temporal, afectadas por el conflicto de Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes.

Gracias a esta subvención, cuyo importe asciende a 52,8 millones, se financiará el pago de una ayuda de cuantía de 400 euros al mes por persona adulta que tenga la condición de destinataria final de la prestación, más 100 euros al mes por menor de edad a cargo, así como los gastos de gestión en los que incurran las autonomías. Las personas que sean beneficiarias deberán acreditar el vínculo con la persona menor de edad a cargo, mediante resolución por la que se concede el régimen de protección temporal de manera conjunta y empadronamiento conjunto con la persona menor de edad. En el caso de que haya más de una persona responsable de la menor, únicamente una de ellas podrá percibir la cuantía adicional por menores de edad a cargo.

La ayuda se abonará mensualmente, previa justificación de los requisitos y tendrá una duración de un máximo de seis meses. El periodo de ejecución de las actuaciones a financiar será desde la entrada en vigor de este real decreto hasta el 31 de diciembre de 2023.

En la actualidad se estima que existen en España unas 130.000 personas desplazadas de Ucrania, atendidos en los dispositivos de emergencia o en el sistema de acogida de protección internacional. Una gran mayoría está empleando sus propios recursos o está recurriendo a redes de contactos (familia, amistades) que haya podido encontrar en España. Muchas de estas personas pueden encontrarse en situación de carencia de recursos materiales y, en consecuencia, son usuarias potenciales de los recursos del sistema de acogida en el futuro.

Ante esta situación, el Gobierno considera necesario que exista un instrumento que permita, por un lado, prestar asistencia a las personas desplazadas de acuerdo con las obligaciones legales de acogida y de los compromisos políticos asumidos por España, y por otro, no ejercer una presión que pueda resultar excesiva sobre el sistema de acogida. Este sistema debe seguir acogiendo a las personas destinatarias del mismo, fundamentalmente solicitantes de protección internacional, cuyo número no se ha visto reducido por la llegada de personas desplazadas de Ucrania.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

SUBVENCIONES PARA COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE UCRANIA

El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania.

El importe total de las subvenciones será de 30 millones de euros. Esta cuantía se distribuirá entre las entidades beneficiarias de acuerdo con un criterio de reparto, objetivo y proporcional, basado en el porcentaje que representen las nuevas altas de personas de nacionalidad ucraniana registradas en el Padrón Municipal publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el periodo del 1 de marzo al 31 de mayo de 2022 respecto del total de nuevas altas de personas de nacionalidad ucraniana registradas en el Padrón en toda España, siempre y cuando dichos porcentajes superen el 0,5% del total. La subvención se abonará en dos pagos.

Con esta medida, el Gobierno financia los incrementos de gastos corrientes y de personal derivados del desarrollo de las siguientes prestaciones y actividades en que incurran las administraciones regionales y locales: el reforzamiento de los servicios de información y orientación que facilite el acceso equitativo a los recursos sociales y a servicios públicos; la prestación directa o indirecta de servicios de alojamiento o manutención a las personas beneficiarias de protección temporal; la prestación de servicios de conciliación, ocio y tiempo libre; los servicios de aprendizaje del castellano u otra lenguas oficiales. Serán financiables las actuaciones realizadas entre el 24 de febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Las entidades beneficiarias justificarán la subvención mediante la aportación de un certificado emitido por la persona titular del órgano competente, en el que se acredite la realización de la actividad y el importe de los gastos financiables.

*Incluye las ayudas para las familias vulnerables del anterior real decreto.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Fiscal General del Estado

D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y Fiscal de Carrera desde 1999. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, nombrado jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en virtud de Real Decreto 434/2020, de 3 de marzo. Es miembro del Consejo Fiscal desde 2018.

Inició su carrera profesional en Baleares (Mahón) y en el TSJ de esta comunidad autónoma. Su último destino, antes de la Fiscalía General, fue la Fiscalía de Santiago de Compostela y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (2002/2020). En su estancia en Galicia también ostentó el cargo de fiscal de Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico e Incendios Forestales (2007/09).

De su trayectoria como fiscal destaca su implicación y defensa en el medio ambiente donde ha trabajado en distintas publicaciones, ponencias, trabajos de investigación, destacando por ser uno de los mayores expertos en investigación en incendios forestales, ostentó el cargo de Fiscal Especial de Incendios de la Comunidad Autónoma de Galicia (desde 2004). Es gran conocedor de los delitos relacionados con los animales: envenenamiento, cebos, etc. Ha trabajado en distintas ponencias sobre el cambio climático, como demuestra su participación en la COP-25 de Chile-Madrid.

También trabajó desde el 2005 en el caso PRESTIGE (noviembre 2002) en todas sus fases: instrucción, recursos y ejecución.

Entre otros aspectos ha destacado en una activa labor docente en el ámbito jurídico; publicaciones de distinta índole; y participación internacional. Entre otros méritos, está en posesión de una Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil (2008), Medalla al Mérito del Cuerpo Nacional de Policía (2007) y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Pañafort (2013).

Secretario General de Planificación Política

D. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ingeniero técnico Agrícola. Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales y Máster en Gestión Medioambiental.

En julio de 2021 fue nombrado presidente del Hipódromo de la Zarzuela. Previamente, fue director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Fue elegido diputado por Sevilla en el Congreso durante la XIII y XIV Legislaturas. Con anterioridad ocupó el cargo de director de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Desde 2012 técnico en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Fue comisario para la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía en los años 2008 y 2009 y Alcalde de Montellano entre los años 2003-2008. Ejerció de director de la Fundación Vía Verde de la Sierra (2000-2003) y gerente del Consorcio Vía Verde de la Sierra (1998-2000).

Directora del Departamento de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación

Dª. LAURA CALDITO PÉREZ

Nació en Salamanca en 1982. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y especialista universitaria en Información Internacional y Países del Sur por la misma universidad. Ha realizado el Curso de Defensa Nacional y un Curso Monográfico en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Se incorporó al equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación el pasado mes de marzo como asesora en la coordinación de la comunicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Previamente, fue jefa de prensa y después directora de comunicación en el Ministerio de Ciencia e Innovación y jefa de prensa en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Inició su carrera como periodista en la agencia de noticias Europa Press, donde fue redactora durante trece años, en distintas áreas como política, defensa y tribunales.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Presidenta del Instituto Nacional de Estadística

Dª. ELENA MANZANERA DÍAZ.

Nacida en Sevilla, en 1967, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Ha cursado el programa de doctorado "Metodología y Análisis de la Economía Andaluza" en el Departamento de Economía Aplicada II de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

En 1990 se incorporó al Instituto de Estadística de Andalucía, desempeñando hasta 1997 los puestos de asesor técnico en Análisis de Coyuntura y jefa de gabinete Contabilidad Regional. Ha sido jefa del Servicio de Planificación y Análisis del Turismo en la Dirección General de Planificación Turística (1997-2001) y jefa del Servicio de Estudios de la Dirección General de Estudios Andaluces (2001-2004). Desde 2004 hasta 2019 ocupó el puesto de Subdirectora del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En febrero de 2019 fue nombrada directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.

Ha colaborado como profesora asociada en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla en las áreas de estadística y econometría y ha impartido docencia en el Máster de Estadística Pública de la Universidad de Sevilla, en todas sus ediciones.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajadora de España en la República de Lituania

Dª. MARÍA NIEVES BLANCO DÍAZ

Nieves Blanco Díaz, nacida en Gijón el 5 de mayo de 1970. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ingresó en la carrera diplomática en 2005.

Cuenta con una larga experiencia en cuestiones de seguridad, habiendo estado destinada durante ocho años en la Representación Permanente de España en la OTAN (2015-2018 y anteriormente 2007-2012).

Ha trabajado, igualmente, como vocal asesora de Asuntos Migratorios en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre 2012 y 2015.

Ha servido, asimismo, en el Consulado General de España en La Habana (2005-2007) y dirigido el equipo de programación cultural de la Casa de América, principal institución española de diplomacia pública con el continente americano, entre 2018 y 2020.

Hasta la actualidad, y desde 2020, ha sido consejera cultural en la Embajada de España en Hungría.