Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a 100 obras que formarán parte de la exposición temporal "Picasso & Chanel", que tendrá lugar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desde el 11 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023, por un valor económico de 521.753.945,50 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se aprueban las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático recogidas en el artículo 19.2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Medidas del Tratado Antártico 4 (2004) y 15 (2009) aprobadas en las XXVIII y XXXII Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, respectivamente.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptadas mediante la Resolución MSC.461(101).
• ACUERDO por el que se autoriza con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, la aportación de un importe máximo de 5.000.000 de euros en el ejercicio 2022, para gastos derivados de la gestión, evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica del Fondo.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago al Instituto de Crédito Oficial de 107.085,55 euros, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en concepto de compensación de gastos por la gestión del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento durante el año 2021.

Justicia

• Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 11. PROYECTO DE LEY de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.

Hacienda y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato para la ejecución de las obras de acondicionamiento del edificio administrativo situado en la calle del Padre Damián n.º 19 de Madrid, sede del Tribunal de Cuentas, por un valor estimado de 14.498.162,04 euros.

Interior

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para la segunda fase de las infraestructuras de seguridad en el perímetro fronterizo entre los Reinos de España y Marruecos, en la Ciudad de Ceuta, por un coste total estimado de 4.094.312,73 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños estructurales del acuartelamiento de la Guardia Civil de San Carlos de la Rápita (Tarragona), por importe de 729.739,24 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la prestación de servicios auxiliares a llevar a cabo en los tres buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, por importe de 1.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de diversas prendas de uniformidad reglamentaria para dotar a los alumnos de nuevo ingreso en la Guardia Civil, en el curso académico 2022-2023, por importe de 931.674,78 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la contratación en régimen de arrendamiento de mil vehículos turismo, que actualmente están prestando servicio en unidades no uniformadas de la Guardia Civil, por importe de 383.064,56 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material antidisturbios, para dotar al personal de unidades operativas de la Guardia Civil, por importe de 779.197,65 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos servicios durante la estancia en la Escuela Nacional de Policía de 800 funcionarios de la Policía Nacional, con motivo de la cumbre OTAN 2022, por un importe máximo de 141.500 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del uso de diversas dependencias para establecer el dispositivo de seguridad en los hoteles de alojamiento de las delegaciones asistentes a la cumbre de la OTAN 2022, por un importe total de 100.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la reparación de los sistemas de control de frontera ABC 1.0, de la Dirección General de la Policía, por importe de 415.529,87 euros.
• INFORME sobre situación de la campaña de incendios 2022.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad marítima.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 86/2006, de 27 de enero, por el que se modifican determinados términos de la concesión de la autopista Campomanes-León, cuya titularidad ostenta Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1752/2007, de 21 de diciembre, por el que se modifican determinados términos de la concesión de la autopista Campomanes-León, cuya titularidad ostenta Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: V-03. Valencia. Valor estimado del contrato: 36.992.367,17 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad de la conexión Madrid - País Vasco - Frontera Francesa. Tramo: Burgos - Vitoria. Lote 1: Subtramo: Variante Ferroviaria de Burgos - Piérnigas. Lote 2: Subtramo: Piérnigas - Pancorbo. Lote 3: Subtramo: Pancorbo - Ameyugo y Lote 4: Subtramo: Ameyugo - Manzanos e integración del ferrocarril en Miranda de Ebro. Lote 5: Subtramo: Manzanos - Iruña de Oca. Valor estimado del contrato: 27.394.620,58 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de proyecto y obra de la ampliación en altura del silo de automóviles de la parcela 8.2.3 del Puerto de Santander por un valor estimado de 41.652.234,35 euros.

Educación y Formación Profesional

• REAL DECRETO por el que se establecen las especialidades docentes de los Cuerpos de Profesores y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Arte Dramático.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo de las aplicaciones informáticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., cuyo valor estimado asciende a 13.804.043,76 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se aprueba el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, modificado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022.
• INFORME sobre el Plan estratégico de la Política Agrícola Común en España 2023-2027.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C18, R4). REAL DECRETO por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Irún, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, la dirección de obras y el mantenimiento de la nueva pasarela urbana con acceso al edificio de viajeros de la estación de Irún (Gipuzkoa).

Cultura y Deporte

• ACUERDO por el que se autoriza a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura la celebración del contrato para la ejecución de obras de construcción de Centro Integrado de 6+12+16+6 unidades (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) en la calle Cortadura del Valle (Solar del Brull), en Ceuta, por un valor estimado de 16.582.237,80 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de la cubierta en el Conventual Santiaguista de Calera de León, provincia de Badajoz, por un importe de 764.154 euros (IVA incluido).
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Institute of National Anti-Doping Organisations correspondiente al año 2022, por un importe de 7.071 euros.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el Marco de Cooperación Interadministrativa, y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, por un importe total de 483.197.420 euros.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., la contribución española voluntaria a dos organismos y programas de investigación internacionales correspondientes al año 2022, en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, por importe de 73.911,31 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de las contribuciones a diversos organismos internacionales en el ámbito de la investigación oceanográfica por un importe de 157.050 euros para 2019 y 144.966 euros para 2020.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de la contribución voluntaria a la organización European Astrobiology Institute (EAI), correspondiente a 2022, por importe de 8.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de las contribuciones voluntarias a la organización internacional EERA y sus respectivos programas JP Bioenergy, JP Nuclear Materials y JP Carbon Capture and Storage, correspondientes a 2022, por importe de 11.500 euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

ACUERDOS DE PERSONAL

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• REAL DECRETO por el que se nombra directora Adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno a Dª. ANTONIA GARCÍA VALLS.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República de Nicaragua aDª. PILAR MARÍA TERRÉN LALANA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Unida de Tanzania a D. JORGE MORAGAS SÁNCHEZ.
  

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ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, un documento clave previsto por la Ley de cambio climático para establecer directrices y medidas en planificación y gestión del agua en España que incrementen la resiliencia del país frente al calentamiento global con un horizonte temporal que mira al año 2030.

Según las conclusiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la región mediterránea es especialmente sensible a los impactos del calentamiento global. Existe una probabilidad elevada de descenso de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas que actualmente soportan los principales problemas de gestión del agua en nuestro país. Por ello, la nueva estrategia pone el foco en identificar los retos asociados a la gestión del agua y los instrumentos más adecuados para hacerles frente.

Así, las orientaciones estratégicas servirán para poner en marcha líneas de actuación que implementen adecuadamente las políticas de Agua de la Unión Europea e impulsen una planificación hidrológica resiliente frente al cambio climático.

Entre las medidas planteadas destacan la recuperación, restauración y protección de los ríos, lagos, acuíferos, y zonas húmedas, el incremento de la seguridad hídrica, la mejora del saneamiento y depuración en las aglomeraciones urbanas; la lucha frente a la contaminación difusa o el avance en la gestión del riesgo de inundaciones o sequías. Asimismo, el documento apuesta por reforzar la financiación de las administraciones hidráulicas o por impulsar la agenda internacional del agua.

Estas líneas de acción se completarán con el impulso de las nuevas tecnologías, las actividades económicas sostenibles y la construcción de un modelo de gobernanza del agua transparente, equitativo y participativo.

Los instrumentos que permitirán desarrollar las medidas a implantar serán los Planes Hidrológicos de Cuenca, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación o los Planes de Sequía. Además, también se verán apoyados por las iniciativas previstas en el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, actualmente en redacción, el Plan DSEAR, el PERTE para la Digitalización del Ciclo del Agua o la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

Horizonte temporal 2030

La implantación de estas líneas de actuación tendrá como horizonte temporal el año 2030 y estará marcada por cuatro hitos significativos:

• La aprobación de 2022 de los Planes hidrológicos del tercer ciclo y de los Planes de gestión del riesgo de inundación
• La finalización en 2025 del primer programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
• La finalización en 2027 del tercer ciclo de planificación hidrológica y del segundo ciclo de planificación del riesgo de inundación
• La finalización en 2030 de la Estrategia y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética establece en su artículo 19.2 la necesidad de contar con una estrategia que defina las directrices y medidas que deberá contemplar la planificación y gestión del agua en España para hacer frente a las consecuencias del cambio climático ya que sus impactos sobre los sistemas de gestión del agua son cada vez más evidentes.

Así, la estrategia aprobada da cumplimiento a lo recogido en la Ley de cambio climático, al tiempo que se alinea con las políticas ambientales europeas y nacionales como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, la Estrategia Española de Economía Circular, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030, o el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.

Además, el documento incorpora unos índices de seguimiento que permitirán comprobar si, con las medidas adoptadas, España se va acercando o alejando de los objetivos establecidos.

Principales desafíos

Algunos de los principales retos en la gestión del agua que se identifican en estas orientaciones estratégicas son la situación de frágil equilibrio entre los recursos disponibles y las demandas de agua, el saneamiento y depuración, el estado de las aguas subterráneas y las alteraciones de los ríos. Además, la revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, junto la contaminación difusa por nitratos, son otros de los desafíos que habrá que superar.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TOMA DE CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DEL TRATADO ANTÁRTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de las Medidas del Tratado Antártico 4 (2004) y 15 (2009) aprobadas en las XXVIII y XXXII Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, respectivamente.

El Tratado Antártico fue firmado por 12 países el 1 de diciembre de 1959, en Washington, y entró en vigor en 1961. En la actualidad, son 53 las Partes del tratado, de las cuales 29 son Partes Consultivas. España se adhirió al Tratado Antártico el 31 de marzo de 1982 y adquirió la condición de Parte Consultiva de pleno derecho en 1988.

Uno de los tratados que integran el llamado "sistema del Tratado Antártico" es el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que fue firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991 y entró en vigor, tanto con carácter general como para España, el 14 de enero de 1998.

Este instrumento internacional contempla la adopción de medidas para su propia ejecución por parte de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), de conformidad con lo previsto en el artículo IX del Tratado Antártico. En las RCTA participan representantes de los Estados que firmaron originalmente el Tratado Antártico y de aquellos otros que se adhirieron con posterioridad y que realicen en la Antártida investigaciones científicas importantes ("Partes Consultivas").

Las medidas tienen naturaleza de acuerdos internacionales administrativos, de los regulados en los artículos 38 a 41 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Para su entrada en vigor, es necesario que sean aprobadas por todas las Partes Contratantes del Tratado Antártico, tal y como estipula el apartado 4 de su artículo IX.

España tiene pendientes de aprobación las dos medidas siguientes:

• Medida 4 (2004) sobre "Seguros y Planes de contingencia para el turismo y las actividades no gubernamentales en la zona del Tratado Antártico". Esta medida ha sido aprobada por 18 de los 29 Estados que son Partes Consultivas.
• Medida 15 (2009) sobre "El desembarco de personas de buques de pasajeros en el Área del Tratado Antártico". Recomienda disposiciones de carácter organizativo. Esta medida ha sido aprobada por 14 de los 29 Estados que son Partes Consultivas.

Por último, es preciso señalar que la toma de conocimiento de estas medidas no supone ningún compromiso financiero adicional para España ni genera compromisos presupuestarios para el Estado.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TOMA DE CONOCIMIENTO DE ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL SOBRE INSPECCIONES DE GRANELEROS Y PETROLEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptadas mediante la Resolución MSC.461(101).

El Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) se adoptó el 30 de noviembre de 2011 mediante resolución del Comité de Seguridad de la Organización Marítima Internacional (OMI). Este código adquirió carácter obligatorio en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS). La entrada en vigor de este código, tanto con carácter general como para España, se produjo el 1 de enero de 2014.

El Código ESP 2011 regula materias relativas a la seguridad de los buques y suponen una ventaja pues garantizan que se efectúe un examen a nivel adecuado de los planos y documentos de manera uniforme, con miras a reducir al mínimo los riesgos para el buque, la tripulación y el medio ambiente, habida cuenta de la naturaleza de los productos transportados.

El procedimiento de enmienda para modificar el Código ESP 2011 está contemplado en el artículo VIII b) y la regla XI-1/2 del Convenio SOLAS.

El 13 de junio de 2019, durante el transcurso de su 101º período de sesiones, el Comité de Seguridad de la OMI adoptó las enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011, (Código ESP 2011).

Estas enmiendas modifican cuestiones técnicas relativas a los anexos A y B del Código ESP 2011. Se modifican las partes A y B del anexo A del código, en las que se estipulan las prescripciones aplicables a los graneleros de forro sencillo en el costado y de doble forro en el costado, respectivamente. Asimismo, también se modifican las partes A y B del anexo B del código, en las que se estipulan las prescripciones relativas a los petroleros de doble casco y a los petroleros que no son de doble casco, respectivamente.

Estas enmiendas fueron adoptadas el 13 de junio de 2019 y aceptadas el 1 de julio de 2020, habiéndose producido su entrada en vigor el 1 de enero de 2021, de conformidad con el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio SOLAS.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

GASTOS DE GESTIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, la aportación de un importe máximo de 5.000.000 de euros en el ejercicio 2022, para gastos derivados de la gestión, evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica del fondo.

La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), dirigido a financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento

El artículo 55 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, determina que, con cargo al FCAS, el Consejo de Ministros podrá autorizar, entre otras, aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo, esto es, los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el fondo.

En la reunión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el 21 de abril de 2022, se aprobó destinar un importe máximo de 5.000.000 de euros en el ejercicio 2022, para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo. Actualmente el FCAS cuenta con 30 programas activos, a los que se suman distintas cooperaciones técnicas regionales que, en el contexto de la pandemia actual, y teniendo en cuenta la relación intrínseca entre agua y salud son, si cabe, más necesarios que nunca. Su aprobación refuerza también ámbitos como el fortalecimiento institucional y la evaluación de las intervenciones, que reforzarán la sostenibilidad de todas las actuaciones finalizadas y la gestión del conocimiento.

El desglose estimativo de los gastos, derivados de la gestión del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento consiste en las siguientes actuaciones:

• Gastos necesarios para la gestión, seguimiento, evaluación y asistencia técnica de los programas del FCAS actualmente en curso.

Estos gastos se dirigen principalmente a financiar los encargos vigentes con la Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A (TRAGSATEC), por un importe máximo de 4.351.000 euros, y con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por un importe máximo de 295.729 euros, indispensables para asegurar el diseño, la ejecución y seguimiento de los programas del FCAS, ya que ambas entidades aportan una especialización técnica y de ingeniería de la que AECID no dispone.

• Evaluaciones y diagnósticos transversales para el refuerzo de programas del FCAS en ejecución: Comunicación y difusión. El presupuesto estimado es de 150.000 euros.
• Evaluaciones de sostenibilidad en determinados programas ya finalizados y gestión del conocimiento: convenios, encargos de gestión y contratos para reforzar la asistencia técnica de la cartera FCAS. Productos de sistematización de gestión del conocimiento. El presupuesto máximo estimado es de 203.271 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

COMPENSACIÓN AL ICO POR LOS GASTOS DE GESTIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago al Instituto de Crédito Oficial de 107.085,55 euros, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en concepto de compensación de gastos por la gestión del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento durante el año 2021.

La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), y dispone que: "[…] El Instituto de Crédito Oficial, como agente financiero del Fondo, tendrá derecho a ser compensado con cargo al Fondo por los gastos en que incurra en desarrollo y ejecución de las funciones que se le encomienden […]".

El ICO presentó ante el Comité Ejecutivo del FCAS una propuesta de compensación por los gastos incurridos en la administración del Fondo durante el ejercicio 2021 por importe de 107.085,55 euros. El importe se ha determinado teniendo en cuenta los gastos generales y de personal asumidos por el ICO a lo largo del 2021 en concepto de la administración del Fondo. En la reunión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el 21 de abril de 2022, se aprobó elevar al Consejo de Ministros la propuesta de pago al ICO de 107.085,55 euros por la gestión del FCAS durante el año 2021.

El importe de 107.085,55 euros está dentro del límite contemplado en el artículo 55 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que recoge el importe máximo por el que se podrán autorizar operaciones con cargo al fondo.

Justicia

PROYECTO DE LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia.

Este proyecto establece un marco jurídico de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia y orientando al dato los sistemas de Justicia.

Al mismo tiempo, atiende de forma prioritaria a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, junto con las otras dos leyes de eficiencia procesal y organizativa, actualmente ya en trámite parlamentario. La ley complementará las dos anteriores y se apoya con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde marzo de 2020 hasta junio de este año, gracias a la digitalización de la Justicia, impulsada a raíz de la pandemia, se han producido más de 920.000 actuaciones procesales no presenciales, entre juicios telemáticos y otros tipos de actuaciones, lo que ha supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 19 millones de euros y se ha evitado la emisión de 9.124 toneladas de CO2, equivalente a 1.382 vueltas al mundo.

Cogobernanza

La necesidad de adaptarse a la nueva realidad tecnológica del siglo XXI es compartida por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. El proyecto de ley es un medio común para garantizar el derecho fundamental de acceso en igualdad a la Justicia en todo el territorio estatal, poniendo el foco en el impulso de la cogobernanza, así como en la transparencia y el respeto al Estado de derecho.

Se ha nutrido de mejoras aportadas por todas las CCAA, así como por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.

Este modelo de coordinación y decisión basado en la cogobernanza supone también un impulso a las funciones de organismos como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) o la creación de otros como el Consejo Consultivo de la Transformación Digital de la Administración de Justicia, donde se podrán integrar otros colectivos y organizaciones, incluso del sector privado.

Generalización de medios electrónicos

El proyecto de ley generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas. Junto a estos medios de acceso, se incorpora un sistema único y personalizado de identificación segura que permite acceder con garantías a la Carpeta de Justicia, y que posibilitará a cada persona consultar sus asuntos, sus expedientes, sus actos de comunicación y pedir cita previa.

La nueva ley regulará los sistemas de identificación y la firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judicial por videoconferencia; así como la mejora en las prestaciones de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.

Se confiere, también, un marco adecuado para que todos los profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia puedan desempeñar sus funciones mediante teletrabajo y trabajo deslocalizado. Persigue avanzar en la conciliación de la vida profesional y familiar desde la óptica digital, reconociendo además de manera expresa el derecho a la desconexión digital.

Otro de los aspectos esenciales de este proyecto de ley es el de garantizar la plena seguridad jurídica en la inmediación digital. Con ese fin, se regulan los denominados puntos de acceso seguros, así como los lugares seguros. La posibilidad de poder declarar o hacer un trámite judicial por videoconferencia, sin desplazarse, en un lugar seguro y con toda la validez, implica una reducción de los tiempos de la Justicia.

Orientación al dato

La ley fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales. En este sentido, contempla la potenciación del expediente judicial electrónico, introduciendo un cambio de paradigma, por el que se pasa de la orientación al documento a la orientación al dato. Atendiendo a la importancia capital de los datos en nuestra sociedad digital, se apuesta por su empleo racional, incorporando en la Administración de Justicia el concepto de dato abierto.

Esa orientación al dato permitirá actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, aunque siempre con el respeto pleno a las leyes procesales y bajo criterios legales objetivos y públicos, atendiendo a la importancia que tiene para la sociedad obtener resoluciones judiciales en un plazo razonable.

De igual forma, la preferencia por las comunicaciones judiciales telemáticas, siempre en condiciones de plena seguridad jurídica, tendrá similar orientación al dato, previéndose mecanismos para la transmisión de comunicaciones masivas.

En definitiva, se trata de un proyecto de ley basado en la ciudadanía y el diálogo; en la pluralidad, el respeto a cada territorio, mientras hacemos crecer lo común, con una visión transformadora del Servicio Público de Justicia.

Asistencia de calidad para las víctimas

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

El objetivo de esta modificación es garantizar a las víctimas de violencia de género que son asistidas y representadas por letrados de los turnos de oficio, especializados en esta área, un asesoramiento de calidad, sin que sea posible la participación en dicho servicio de abogados que hayan sido condenados por violencia de género.

La motivación de este real decreto tiene su origen en una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia, a raíz de una queja formulada por una federación de asociaciones de mujeres en la que se expone que abogados condenados por violencia de género ejercen como abogados de oficio en asuntos relacionados con estos delitos en turnos especializados.

Asimismo, conscientes de la existencia de otras víctimas especialmente vulnerables, como las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, víctimas menores de edad y víctimas con discapacidad, la norma se hace extensible a otros casos, de forma que abogados y procuradores del turno de oficio no podrán ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que han sido condenados.

El real decreto se ha nutrido de aportaciones de las organizaciones feministas, poniendo el foco en las mujeres y en sus hijos e hijas.

Hacienda y Función Pública

OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN PADRE DAMIÁN

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General del Patrimonio del Estado la celebración de un contrato para la ejecución de las obras de acondicionamiento del edificio de uso administrativo sito en la calle Padre Damián nº 19 de Madrid.

El edificio albergaba a tres departamentos del Tribunal de Cuentas, pero actualmente está desocupado para llevar a cabo precisamente las obras de acondicionamiento necesarias. Está previsto que el edificio siga siendo sede de los servicios centrales del tribunal.

La actuación planteada tiene por objeto, por una parte, resolver determinadas deficiencias detectadas por la Inspección Técnica de Edificios y, por otra, realizar una renovación completa del edificio, actualizándolo según la normativa técnica de accesibilidad, seguridad contra incendios, salubridad y ahorro de energía, entre otras.

En particular, se persigue dotar al edificio de las mayores prestaciones de eficiencia energética, siendo uno de los objetivos la obtención de una Certificación Verde.

En definitiva, se pretende que el edificio tenga una imagen renovada y con una representatividad adecuada a su carácter de sede del tribunal.

El importe del presupuesto base de licitación, IVA incluido, asciende a 14.618.980,06 euros y la adjudicación del contrato se tramitará mediante procedimiento abierto. La autorización es preceptiva conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el valor estimado del contrato superior a los 12 millones de euros.

Interior

MODERNIZACIÓN DE LA FRONTERA DE CEUTA

El Consejo de Ministros ha aprobado la ejecución de las últimas obras de reforma del perímetro fronterizo de Ceuta, en el marco de las actuaciones recogidas en el Plan para el refuerzo y la modernización del sistema de protección fronteriza terrestre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que se lleva ejecutando desde 2019.

Esta última ejecución del plan de mejora en la frontera de Ceuta contempla el refuerzo de algunos puntos del vallado exterior con malla antitrepa, la demolición de tres casetas intermedias de vigilancia ubicadas en la zona de entre vallas, la colocación de esclusas, y la reubicación de báculos de los sistemas de circuito cerrado de TV (CCTV) para mejorar los puntos de visión en el perímetro fronterizo.

El coste estimado para hacer frente a la ejecución de estas obras asciende a un importe de 4.094.312,73 euros.

Los estudios técnicos derivados de las necesidades planteadas por los agentes que protegen el perímetro fronterizo justifican la necesidad de implementar de forma inminente estas medidas complementarias para reforzar la seguridad en la zona, quedando así acreditada la declaración de emergencia para la contratación de los servicios previstos.

Más de 48 millones de euros de inversión

El plan de modernización en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla impulsado por el Gobierno en 2019 ha supuesto la primera actuación integral y de modernización tecnológica acometida en la zona en las últimas décadas, ya que desde 2005 no se había ejecutado ninguna gran obra de mejora en la zona.

Las actuaciones de este plan en su conjunto han supuesto una inversión próxima a los 50 millones de euros, en concreto, 48.761.457,65 euros.

El plan de modernización aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2019 se ha ejecutado prácticamente en su totalidad. Entre las medidas implementadas cabe destacar la sustitución de las concertinas, el refuerzo de la seguridad en todos los tramos de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, la puesta en marcha del nuevo sistema automático de control de entrada y salida de peatones de los puestos de Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta), y las mejoras de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) en ambas fronteras. En concreto, en Ceuta se ha implementado un nuevo sistema CCTV, mientras que en Melilla se ha ampliado el mismo y se ha mejorado la red de fibra óptica.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

INICIO DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA NUEVA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE BURGOS Y VITORIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), el contrato para redactar los proyectos básicos y de construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria por un valor estimado de 27.394.620,6 euros.

La redacción del proyecto constituye el paso previo necesario para licitar las obras de esta nueva conexión, una línea 101,3 kilómetros de longitud cuya construcción se estima que supondrá una inversión de 1.492 millones de euros.

La nueva línea constituye un nuevo avance en el desarrollo del Corredor Atlántico, dado que dará continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y supondrá el primer paso para conectar el País Vasco a la red de alta velocidad.

En concreto, será el enlace entre esta red y la que se construye para comunicar por ferrocarril de alta velocidad las tres capitales vascas, la denominada 'Y vasca', para la que también se contempla un enlace a través de Pamplona.

La construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria se ha estructurado en dos tramos: Burgos-Pancorbo y Pancorbo-Vitoria, ambos en vía doble, que suman 90,1 kilómetros.

Además, incluye la construcción de un baipás de unos 11,2 kilómetros de longitud en vía única Miranda de Ebro (Burgos), que posibilitará tanto la parada de trenes en esta localidad como la circulación de trenes sin parada por el exterior del municipio.

El proyecto para su construcción se redactará a partir de la alternativa de trazado propuesta en el Estudio Informativo de la línea, aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en diciembre de 2021.

De la dimensión y alcance de la actuación constituye una muestra el hecho de que solo la redacción de los proyectos y la realización de los estudios previos necesarios para su construcción supone una inversión de más de 27 millones de euros.

Contrato en cinco lotes

Por ello, el contrato de la definición de los proyectos, que además incluye una fase posterior de asesoramiento y coordinación, se ha dividido en cinco lotes, cada uno de los cuales abarca un subtramo de la futura nueva línea.

Los proyectos de estos cinco subtramos definirán de modo detallado las obras a realizar para construir la plataforma ferroviaria de cada uno de ellos, con el fin de, posteriormente, proceder a licitar y contratar los trabajos para la ejecución de las obras:

• El primer subtramo comprende el trazado entre la Variante ferroviaria de Burgos y Piérnigas;
• El segundo el que discurre entre Piérnigas y Pancorbo,
• El tercero, entre Pancorbo y Ameyugo.
• El cuarto subtramo unirá Ameyugo y Manzanos, y es el que comprende la conexión e integración del ferrocarril en Miranda de Ebro.
• Mientras que el quinto tramo enlazará Manzanos e Iruña de Oca, donde ya se está ejecutando la plataforma que enlazará esta nueva línea con la de llegada de la alta velocidad e integración ferroviaria de Vitoria-Gasteiz

La nueva línea de alta velocidad se sumará y supondrá una alternativa a la línea de ferrocarril convencional Madrid-Irún, que también conecta Burgos y Vitoria-Gasteiz, así como Miranda de Ebro. Esta ciudad actualmente constituye un nudo ferroviario en el que convergen tanto esta línea como la Casetas-Bilbao Abando.

La construcción de esta nueva línea de alta velocidad contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas el fomento de infraestructuras sostenibles, eficientes y de calidad. También contribuye al número 8, por su aportación al crecimiento económico y la generación de empleo.

Llegada de la alta velocidad e integración de la LAV en Vitoria-Gasteiz

La licitación del contrato para redactar el proyecto de la línea que dará continuidad a la alta velocidad desde Burgos hasta Vitoria-Gasteiz se autoriza poco después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Adif Alta Velocidad, adjudicara el contrato para redactar el proyecto básico de la llegada de la alta velocidad e integración ferroviaria en la capital vasca.

Este proyecto desarrollará la solución seleccionada para el acceso a Vitoria-Gasteiz y la remodelación de la estación para que, en un futuro, acoja todos los modos ferroviarios. También definirá la conexión con la red de alta velocidad, tanto en sentido Burgos como en sentido Bilbao/San Sebastián.

Financiación Europea

Estas actuaciones podrán ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN EN ALTURA DE UN SILO PARA AUTOMÓVILES EN EL PUERTO DE SANTANDER

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato y obra de la ampliación en altura del silo de automóviles en el puerto de Santander por un valor estimado de 41.652.234 euros.

La necesidad de esta actuación se debe al incremento del tráfico de automóviles, maquinaria, plataformas y semirremolques que se viene experimentando de manera sostenida en el puerto de Santander durante los últimos veinte años.

Dado que la Autoridad Portuaria de Santander no dispone de superficie suficiente para atender la operativa global de este conjunto de tráficos, se ha adoptado por la solución de proceder a un almacenamiento vertical de automóviles en una estructura sin cerramientos laterales (silo), de tal manera que se evita la realización de rellenos en la bahía por razones de sostenibilidad medioambiental.

Con esta actuación se ampliará la superficie del silo para automóviles en unos 210.000 m2 distribuidos en tres plantas, que se sumarán a los 70.000 m2 de la planta baja que se encuentra en este momento en ejecución.

A lo anterior, hay que añadir que la ampliación se proyectó con base en la planta baja y el primer forjado existente, cuya estructura y cimentación fueron preparadas para esta ampliación de tres forjados. El silo existente cuenta con un único forjado, con la disposición de las rampas de subida y bajada correspondientes. La ampliación se ejecutará en altura de 3 plantas adicionales garantizando un gálibo libre de 3 metros en cada planta.

La estructura del silo es prefabricada, modular y metálica y está constituida por perfiles laminados de calidad S335JR con tratamiento anticorrosivo. El forjado consiste en placas prefabricadas de hormigón armado de 10 cm de espesor y el sellado de las juntas entre las mismas. La actuación incluye la instalación eléctrica, la de alumbrado y la de protección de incendios.

Puerto de Santander

Silo en ejecución en planta baja

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVA PASARELA URBANA EN IRÚN

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del convenio interinstitucional para la construcción de la pasarela que conectará el nuevo edificio de viajeros de la estación ferroviaria de Irún y el espacio urbano de la ciudad. El compromiso implica a Adif, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irún.

Concretamente, la pasarela conectará la plaza de la estación con el entorno de la calle Sebastián Errazu y la zona del desarrollo 'Vía Irún', integrándose su diseño e imagen con el futuro edificio de la estación y facilitando el acceso a los servicios ferroviarios desde el nuevo desarrollo urbano. Precisamente por esta doble función, se hace preciso marcar las obligaciones de cada parte en un acuerdo interinstitucional.

Se establecen, por tanto, los términos de colaboración y condiciones por los que se regirá la redacción del proyecto constructivo de la pasarela, la ejecución de los trabajos, la dirección y las asistencias técnicas de obra, así como la recepción de las obras y su posterior mantenimiento.

La pasarela cruza sobre la línea Madrid-Hendaya, sobre la estación de Irún, en el entorno del punto kilométrico 639 por lo que la actuación deberá tener en cuenta las instalaciones ferroviarias existentes en ese ámbito.

Financiación del proyecto

Dado el carácter urbano y de uso público de la pasarela se acuerda por las partes una financiación según los siguientes porcentajes: el 33,33% por parte de Adif, el 22,22% por parte del Gobierno Vasco, y un 44,45 % por parte del Ayuntamiento de Irún.

Se ha establecido una vigencia máxima de cuatro años, y un coste estimado del conjunto de actuaciones recogidas en el convenio de 8.304.230 euros (IVA incluido).

A los efectos de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una de las partes intervinientes, así como por la correcta ejecución de las actuaciones recogidas en el mismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará formada por dos representantes de cada una de las partes que integran el convenio.

Este acuerdo se suma al convenio interinstitucional para la regeneración urbana de la ciudad y el desarrollo 'Vía Irún', que incluye la liberalización de 33.888 metros2 de espacio ferroviario, así como el proyecto de Adif para la ejecución del nuevo edificio de viajeros y adecuación de los trazados para dar servicio a los distintos tráficos previstos (Cercanías, larga distancia y servicios internacionales) en la nueva estación de Irún.

Infografía de la futura pasarela

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

BONIFICACIONES DE LA AP-66 PARA DESCUENTOS EN LOS PEAJES ENTRE ASTURIAS Y LEÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de bonificaciones de la autopista AP-66 para incrementar los descuentos en los peajes tanto para los vehículos ligeros como pesados hasta el final de la concesión en el año 2050. La medida busca incentivar un mayor uso de la infraestructura que une Campomanes y León para racionalizar el uso de la Red de Carreteras del Estado (RCE) y reforzar la seguridad vial y la funcionalidad del corredor. No hay que olvidar que la AP-66 es la única alternativa a la N-630, con un carril por sentido, a su paso por el Puerto de Pajares.

A partir de la entrada en vigor del nuevo texto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los usuarios de la AP-66 que circulen con vehículo ligero y cumplan una serie de condiciones se beneficiarán de unos descuentos del 60% por trayecto, frente al 50% disponible hasta la fecha. En esta línea, las tarifas para los vehículos pesados se rebajan un 40%, frente al 30% actual. Los camiones, autobuses y demás vehículos pesados podrán disfrutar de los descuentos sin ningún tipo de condiciones, desde el primer trayecto, todos los días de la semana. Así, se aplicará automáticamente tanto si pagan en efectivo, como con tarjeta o telepeaje (OBE) en cualquier recorrido.

Por su parte, para beneficiarse de las bonificaciones, los vehículos ligeros deben abonar los peajes con un dispositivo de telepeaje o Via-T. Asimismo, los descuentos del 60% se empiezan a aplicar a partir del tercer desplazamiento al mes por la autopista completa (Campomanes-León y viceversa) o entre Campomanes y La Magdalena e inverso, o del quinto paso de barrera o recorrido parcial al mes. Se consideran recorridos parciales los trayectos entre Campomanes y Villablino, Villablino y La Magdalena, Villablino y León y La Magdalena y León. Igual que en el caso de los vehículos pesados, la bonificación se aplica todos los días de la semana por cada trayecto.

Para articular estas nuevas rebajas, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los Reales Decretos 86/2006, de 27 de enero, y 1752/2007, de 21 de diciembre, por los que se modifican determinados términos de la concesión.

Fuerte impacto

La mejora de las bonificaciones responde al buen resultado obtenido con la aplicación de las anteriores rebajas, que sólo en 2021 permitieron a 72.988 vehículos ligeros circular por la autopista con descuentos. En total, se registraron 321.702 tránsitos con derecho a bonificación, el 11,2% de todos los registrados. La estimación es que el incremento de las bonificaciones y la mejora de la economía se traduzca en un aumento de los tránsitos con derecho a descuento, tanto por la migración de la tarjeta al OBE como medio de pago, como por el alza de la demanda.

En 2019 circularon por la AP-66 una media diaria de 1.273 vehículos pesados y también se esperan crecimientos de tráfico. Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha calculado que deberá abonar más de 600 millones de euros a la concesionaria de la autopista, Aucalsa, para compensar las bonificaciones hasta 2050, cuando concluye la concesión.

Impacto de los descuentos

El aumento de los descuentos tendrá un impacto significativo en los usuarios de la autopista de 77,8 km que une Campomanes y León. El principal uso de la autopista es para acceder desde la meseta a las playas asturianas, por lo que, por ejemplo, un leonés que vaya con su turismo todos los fines de semana a Gijón se ahorrará 49,5 euros en peajes al mes gracias a las nuevas bonificaciones si paga con dispositivo de telepeaje.

Así, el coste del peaje sin bonificaciones es de 110 euros al mes, 13,75 euros por recorrer la autopista entera por sentido. Los dos primeros recorridos (ida el viernes y vuelta el domingo, por ejemplo), se pagan íntegros, pero a partir de la tercera vez que atraviese la infraestructura se beneficiará de un descuento del 60% por recorrido, lo que implica que por usar la AP-66 los cuatro fines de semana al mes entre León y Campomanes y vuelta, pagará 60,5 euros al mes. Respecto a las bonificaciones anteriores, supone un ahorro extra de 8,4 euros al mes.

Si el mismo turismo (vehículo ligero) hiciera el viaje de ida y vuelta los 30 días del mes, el ahorro con las nuevas bonificaciones alcanzaría los 478,5 euros, 81,2 euros más que con las anteriores rebajas.

Por su parte, un camión de cuatro ejes (vehículo pesado de tipo 2) que descarga dos días a la semana en Oviedo mercancía de Madrid se ahorrará 204 euros en peajes al mes con la mejora de las bonificaciones. Realizar 16 tránsitos en la autopista completa al mes cuesta unos 511,2 euros al mes con las tarifas oficiales (19,2 euros por trayecto). Coste que se rebaja a los 307,2 euros al mes con las rebajas del 40% para todos los vehículos pesados sin condiciones. Con el nuevo real decreto, el camión consigue 50,4 euros de ahorro extra al mes.

A continuación, el listado de precios de pesados y cómo queda con el nuevo descuento del 40%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO EN VALENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Valencia, con un valor estimado de 36,9 millones de euros.

La duración del contrato es de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2, y se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector indicado es el nº 3, que incluye las siguientes carreteras:

• A-7 Autovía del Mediterráneo entre p.k. 355+200 al 429+500.
• A-35 entre p.k. 8+500 al 44+900.
• A-33 entre p.k. 78+308 al 89+990.
• N-344 entre p.k. 118+450 al 126+010.
• N-430 entre p.k. 638+700 al 639+700.

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía, en este se incluyen:

• Rehabilitación superficial del firme de la calzada izquierda de la autovía A-7, del p.k. 355+200 al 360+000. Tramo: Silla-Picassent.
• Ejecución de barrera New Jersey in situ en mediana de la autovía A-35, del p.k. 34+000 al 36+780. Tramo: Vallada-Montesa.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Se adjuntan a continuación algunas imágenes del sector:

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN EN EL SECTOR MARÍTIMO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad marítima que afectan, sobre todo, a la seguridad de los buques y sus equipos, a la seguridad marítima en la actividad de la náutica de recreo y a la función inspectora de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), como Administración marítima.

El objetivo de estos cambios normativos, iniciados en algunos casos por directivas europeas y, en otros, por adaptación a nuevas necesidades, es facilitar la actividad marítima en el ámbito de la flota civil española y en la consecución de los objetivos generales de la política de la marina mercante.

Los cambios afectan a la seguridad de los buques y los equipos marinos exigidos durante la navegación, incluidos los buques de pasaje y las embarcaciones destinadas al servicio público de salvamento.

Por otra parte, se modifican el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, para permitir a los ciudadanos del Reino Unido que fueran instructores antes del 1 de enero de 2021, ahora afectados por el Brexit, que puedan seguir impartiendo las prácticas y cursos de formación en escuelas náuticas de recreo.

En relación con los equipos de seguridad de las embarcaciones de recreo, la nueva norma permite la instalación de balsas salvavidas apropiadas a la zona de navegación y homologadas por la DGMM. Asimismo, se racionalizan las instalaciones radioeléctricas a bordo para que se lleven a cabo radiocomunicaciones de forma segura, al tiempo que se facilita su cumplimiento por las embarcaciones de recreo.

Por otro lado, se mejoran las prescripciones de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realizan travesías nacionales y a los elementos de seguridad incluidos en los buques de salvamento marítimo de menos de 24 metros de eslora (salvamares, entre otras).

Finalmente, hay un paquete de modificaciones que dan nueva regulación a la labor de inspección de la DGMM en las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles. Los cambios están relacionados con los certificados del inventario de materias peligrosas y la verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por este tipo de buques, que dispondrán de un documento de conformidad.

Industria, Comercio y Turismo

CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo de las aplicaciones informáticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) cuyo valor estimado asciende a 13,8 millones de euros.

Este organismo dispone en la actualidad de cuatro contratos de mantenimiento cuya vigencia finalizará 26 de febrero de 2023 y, por ello, es preciso proceder a una nueva licitación.

Con esta contratación se pretenden agrupar, en un único contrato, los servicios de mantenimiento integral, para racionalizar y simplificar las contrataciones en esta materia. Además, también busca dimensionarlos adecuadamente, en cuanto a recursos humanos y materiales, con el fin que respondan mejor a las crecientes necesidades que surgen de la evolución e implantación de nuevas aplicaciones y servicios

Los servicios informáticos utilizados por la OEPM abarcan desde las entradas electrónicas y en papel de solicitudes, la tramitación completa de los expedientes, la gestión de los documentos asociados, la gestión económica y administrativa, la explotación de las herramientas de Business Intelligence, hasta las aplicaciones que soportan los procesos de publicación, consulta y servicios informáticos que se integran con Entidades Internacionales de Propiedad Industrial.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AMPLIACIÓN DE LOS FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados para incorporar la dotación presupuestaria en el ejercicio 2022, estimada en 18 millones de euros, necesaria para poder aplicar el aumento en 10 puntos porcentuales de la subvención base en las líneas de seguro que inician su contratación a partir del próximo 1 de septiembre.

La ampliación de esta dotación es una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio dentro del Real Decreto-Ley 11/2022 por el que se prorrogan y aprueban nuevas medidas de apoyo al sector agrario ante el actual contexto de incremento de costes en las explotaciones agrarias derivados de la guerra en Ucrania para las que se destinó un presupuesto de 60 millones de euros.

Con este incremento, el presupuesto para el presente ejercicio se eleva hasta los 275,7 millones de euros, cantidad que alcanza los 317,7 millones si se considera el periodo de un año de aplicación de la medida. Una cifra nunca antes alcanzada en la historia del seguro, y que es más de un 50% superior al presupuesto aprobado para cada uno de los ejercicios del periodo comprendido entre 2013-2020.

Esta medida resulta fundamental para la política de apoyo a los seguros agrarios, un instrumento que permite la estabilización de rentas en el sector, protegiéndole de multitud de fenómenos naturales adversos. En el actual escenario de cambio climático, los seguros agrarios resultan cada vez más necesarios, lo que justifica el incremento del apoyo público con estas subvenciones que se dirigen a abaratar el coste de las primas al agricultor.

Esta actuación de apoyo es la segunda modificación de gran importancia que se lleva a cabo en el año 2022 en la política de seguros agrarios, después del nuevo mecanismo que aportada una mayor protección al sistema por parte del reaseguro público, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, y que se publicó en el BOE el pasado día 30 de junio mediante la Orden ETD/600/2022, de 29 de junio.

Con estas medidas extraordinarias, a las que hay que añadir las subidas del presupuesto ordinario aprobadas para los años 2021 y 2022, el Gobierno reconoce el carácter prioritario de los seguros agrarios, por ser el principal instrumento del que dispone el agricultor para la gestión de los riesgos que pueden afectar a sus explotaciones, y así poder garantizar su viabilidad y apoyo a la renta agraria.

Agricultura, Pesca y Alimentación

INFORME SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha recibido informe sobre el Plan Estratégico de la Política Agraria Común en España 2023-2027, una vez que la Comisión Europea ha autorizado que se le envíe, paso previo a su aprobación formal en las próximas 6 semanas. España es uno de los cinco países que ha conseguido estar en este primer paquete de planes nacionales autorizados, junto a Francia, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Con este Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), España busca avanzar hacia una agricultura que afronta las demandas medioambientales y sociales de la ciudadanía. Esta PAC persigue el impulso de cambios profundos, pero graduales, de la agricultura española y asegurar el futuro del medio rural y de su población, ya que impulsará una agricultura más rentable, más justa y más social.

La PAC supone entre un 20 y un 30 por ciento de las rentas que perciben los agricultores y ganaderos y, con ella, el sector agrario podrá afrontar la próxima campaña con seguridad jurídica y certidumbre. España ya trabaja en los cambios legales que acompañan al plan: 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva Política Agraria Común entre en vigor el 1 de enero de 2023.

La PAC es una red de seguridad para agricultores y ganaderos, pero también para toda la población. Hasta 2027, más de 680.000 agricultores y ganaderos recibirán el apoyo de la PAC, que se traduce en unos 7.200 millones de euros anuales, con la cofinanciación estatal y autonómica. También beneficia al conjunto de la ciudadanía que disfruta de alimentos de calidad, en cantidad suficientes, cuestión especialmente relevante en un momento en el que la provisión de alimentos es más necesaria que nunca, debido a distorsiones ocasionadas por la guerra en Ucrania.

Habrá nuevos criterios redistributivos y se propiciará el relevo generacional y la igualdad entre mujeres y hombres. La modernización y digitalización de la actividad agrícola y ganadera será otro de los ejes fundamentales. Se trata de medidas encaminadas a la competitividad y rentabilidad de una actividad agrícola y ganadera cada vez más social y medioambiental.

Oportunidad para jóvenes y mujeres

La nueva PAC supone una oportunidad para los jóvenes agricultores que deseen iniciar una actividad agraria por primera vez. Para este fin, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales -96 millones de euros al año del al pago complementario de las ayudas directas para jóvenes y 135 millones de euros de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación-, cuyos importes podrán alcanzar hasta 100.000 euros por beneficiario.

España ha logrado un hito histórico en la PAC, la inclusión del enfoque de género. Este objetivo específico en la política agraria se debe al impulso y liderazgo de España, que cree firmemente que hay que afianzar el papel de la mujer para asegurar el futuro de la actividad agraria y el del medio rural. De esta forma, las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15 % adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.

Esta PAC tiene un marcado componente medioambiental. España destinará un 43 % del presupuesto de la PAC -47.724 millones de euros entre 2021-2027- a medidas climáticas y medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo.

Por ello, en esta PAC jugarán un papel determinante los conocidos ecoesquemas, finalmente denominados ecorregímenes, que se aplican por primera vez, y que son ayudas por llevar a cabo de manera voluntaria prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Están diseñadas para que tengan una amplia acogida y para que su efecto ambiental sea mayor. Así se incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad.

Medidas, en definitiva, enfocadas a mejorar la calidad de los suelos, al reducir la erosión, mejorar la captura de carbono y contribuir a preservar la biodiversidad.

En la concesión de las ayudas de directas (unos 4.828 millones de euros al año) se aplicarán criterios redistributivos, que beneficiarán a explotaciones medianas y pequeñas, que afectarán hasta el 10 % del importe de la ayuda a la renta. Se reducirán los pagos de manera progresiva para los que reciban más de 60.000 euros al año y se limitando la ayuda máxima a un tope de 200.000 euros al año por explotación.

Además de las ayudas directas y los programas sectoriales (hortofrutícolas o vitivinícolas), dotados con 582 millones de euros, el plan estratégico recoge las intervenciones de desarrollo rural. Se reúne por tanto en un único plan lo que antes se recogía en 17 Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos y PDR estatal.

El gasto público total anual de las medidas de desarrollo rural suma 1.762 millones de euros (presupuesto comunitario más cofinanciación estatal y autonómica). Las principales medidas que se financian anualmente con cargo a los programas de desarrollo rural autonómicos son:

• 740 millones de euros para inversiones en modernización de explotaciones, industrias, regadíos sostenibles, forestales, etc. Cabe destacar que el 44% de este presupuesto será para inversiones con fines ambientales.

• 370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual, de los que 170 millones de euros se destinarán al apoyo a la agricultura ecológica.
• 160 millones de euros para el fomento de iniciativas de carácter local (denominados programas LEADER), a los que se destina el 10 % del presupuesto del desarrollo rural, el doble del porcentaje mínimo requerido por el reglamento. Con estas ayudas se incentivarán el desarrollo de proyectos impulsados por agentes locales para consolidar el tejido económico y social en el medio rural.
• 140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales, como las zonas de montaña, y cuyo valor paisajístico y medioambiental es fundamental.
• 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores, que ya apunté antes.
• 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación para acompañar al sector en la respuesta a los retos que debe afrontar, especialmente en materia de transición ambiental.

Además, con el plan se aprueban también las medidas supraautonómicas de apoyo al desarrollo rural, cuya competencia corresponde al Estado, impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las que se refuerzan las líneas de innovación, asesoramiento y formación con casi 20 millones de euros anuales.

El Plan Estratégico español busca garantizar el futuro, la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas, así como la viabilidad del medio rural donde se asienta la actividad agraria y de cuyo desarrollo socioeconómico depende el medio rural.

En el siguiente enlace se puede consultar un documento resumen del Plan Estratégico de la PAC:https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/presentacion-pepac-revisado_tcm30-623872.pdf

Sanidad

REGULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y TITULACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en ciencias de la salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en ciencias de la salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en ciencias de la salud.

Este proyecto tiene por objeto:

• Regular la formación transversal que se incorporará a los programas formativos de todas las especialidades en Ciencias de la Salud.
• Establecer el procedimiento y criterios para la creación y revisión de las especialidades en Ciencias de la Salud y de los diplomas de área de capacitación específica, para que los nuevos títulos respondan a las necesidades de salud de la población o a la evolución de los conocimientos tecnológicos o científicos.
• Regular el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica, también en respuesta a la evolución de los conocimientos tecnológicos o científicos que requieren una formación adecuada para adquirir una alta especialización y con ello mejorar la calidad asistencial.
• Establecer las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de especialista en Ciencias de la Salud, actualizando la normativa.

Asimismo, se modifican algunos preceptos de las normas de desarrollo de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias para adaptarlas a lo dispuesto en este real decreto.

Vinculación con el PRTR

La Reforma 4 del Componente 18, "Refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad", se desplegará en dos ámbitos:

• La reforma de la ley que regula el personal sanitario en España (Estatuto Marco) para reducir la temporalidad, asegurar la cobertura de plazas de personal sanitario y mejorar sus condiciones de trabajo.
• La aprobación de un real decreto (mediante el real decreto presentado) para mejorar el sistema de formación sanitaria especializada, antes del Q1 de 2022, que constituye el proyecto 2 de la citada reforma 4. Su finalidad es mejorar y reforzar la parte formativa durante el periodo de residencia, garantizando que los especialistas en Ciencias de la Salud adquieran un conjunto de competencias transversales (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para el desarrollo de las profesiones sanitarias mediante un programa formativo común obligatorio que se incorporará al itinerario formativo de la especialidad. Por otro lado, se considera necesario completar el sistema de formación sanitaria especializada con medidas adicionales que permitan a los profesionales adquirir competencias de alta especialización en un área determinada. Para ello, se crearán las Áreas de Capacitación Específica (ACE) vinculadas a una o varias especialidades en ciencias de la salud.

Aspectos esenciales de su contenido

I.Formación transversal

• Se establece que la formación transversal formará parte del programa formativo oficial de las especialidades en Ciencias de la Salud, e incluirá, al menos, los siguientes ámbitos de competencias comunes: el compromiso con los principios y valores del Sistema Nacional de Salud (SNS); la bioética; los principios legales del ejercicio de las especialidades en Ciencias de la salud; la equidad y determinantes sociales; la práctica basada en la evidencia; la seguridad de los pacientes y de los profesionales; la comunicación clínica; el trabajo en equipo; la metodología de la investigación; el uso racional de los recursos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados; y la capacitación digital de los especialistas.
• Asimismo, se prevé que las competencias comunes de dicha formación transversal se elaborarán por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
• Se revisará y actualizará periódicamente, y en todo caso, en el plazo máximo de diez años desde la publicación en el BOE del programa oficial de la especialidad que corresponda.

II.Creación de nuevos títulos de especialista en ciencias de la salud y diplomas de ACE, y su revisión.

El procedimiento para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud se iniciará por una o varias sociedades científicas representativas del área de especialización correspondiente (que representen, al menos, al 70% de los profesionales de esa área), o por la Comisión de Recursos Humanos del SNS.

En el caso de la solicitud de un nuevo diploma de área de capacitación específica (ACE), el procedimiento se iniciará por una o varias comisiones nacionales de especialidades en Ciencias de la Salud, en las que se desarrolle el correspondiente diploma, o por la Comisión de RRHH del SNS.

• En ambos casos, se establece que:
  • La Dirección General de Ordenación Profesional recabará los informes de los colegios profesionales que correspondan, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la Comisión de RRHH del SNS, salvo que la iniciativa de creación de la especialidad o ACE haya partido de esta última. El informe del Ministerio de Universidades tendrá carácter vinculante.
  • La Dirección General de Ordenación Profesional dictará resolución en un plazo máximo de seis meses. En el caso de que esta última sea estimatoria, se iniciará la elaboración de la norma para la creación de la especialidad o ACE. Si fuera desfavorable, no podrá presentarse una nueva solicitud para la misma especialidad o ACE hasta transcurridos cinco años desde la fecha en la que se dicte resolución.
  • Los títulos de especialista y los diplomas de ACE se revisarán, al menos, cada diez años. Si como resultado de la citada revisión, se comprobara que no se cumple con los requisitos previstos en los anexos I y II de este real decreto, se procederá a la supresión o cambio de denominación del título de especialista o del diploma de ACE.

III.Sistema formativo de las áreas de capacitación específica

• Se establecen los siguientes requisitos para la obtención del diploma de ACE:

Encontrarse en posesión del título de especialista en algunas de las especialidades en Ciencias de la Salud en cuyo ámbito se constituya el ACE y acreditar un mínimo de dos años de ejercicio profesional efectivo en la especialidad.

• Acceder a la formación en las ACE a través de las convocatorias correspondientes.
• Haber cumplido los objetivos y haber adquirido las competencias previstas en el programa formativo de ACE, habiendo obtenido una evaluación positiva.
• Se prevé la constitución de un Comité de Área de Capacitación Específica, en el plazo máximo de seis meses desde la creación del ACE. Dicho comité estará integrado por seis vocales, que habrán de disponer del correspondiente diploma ACE y estar en activo en dicha área, y que serán propuestos por la comisión o comisiones nacionales de la especialidad o especialidades vinculadas, y nombrados por la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, por un periodo de cuatro años (renovable), previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del SNS.
• El programa formativo oficial de cada ACE será propuesto por el comité de área que corresponda y aprobado por la persona titular del Ministerio de Sanidad, previos informes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, la Comisión de RRHH del SNS y el Ministerio de Universidades. Dicho programa, una vez aprobado, se publicará en el BOE.
• La formación en ACE se llevará a cabo por el sistema de residencia. La oferta de plazas en formación se aprobará a través de la orden de convocatoria correspondiente de la persona titular del Ministerio de Sanidad, previo informe del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, y atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas a través de la Comisión de Recursos Humanos del SNS.
• Para obtener el diploma de ACE, los especialistas en formación deberán obtener una evaluación positiva, acreditativa de que se han alcanzado las competencias del área. La evaluación negativa solo podrá ser recuperable por imposibilidad de prestación de servicios superior a tres meses, debido a la suspensión del contrato o por otras causas legalmente establecidas.
• El diploma de ACE tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado, expidiéndose en formato electrónico por el Ministerio de Sanidad.

IV.Acceso a plazas de formación sanitaria especializada

• Se establece que la convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada y la correspondiente oferta anual de tales plazas será aprobada por la persona titular del Ministerio de Sanidad, previo informe del Ministerio de Universidades y de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, y se publicará en el BOE. Las personas que participen en la convocatoria deberán relacionarse obligatoriamente con la administración por medios electrónicos.
• Asimismo, en cada convocatoria se publicará el catálogo de plazas acreditadas y elegibles, con información sobre los centros y unidades docentes en los que se ubican.
• Nacionalidad de las personas aspirantes: además de los nacionales españoles, podrán concurrir a las pruebas nacionales de otros Estados de conformidad con lo previsto en el TREBEP. Además, cuando así se prevea en la correspondiente convocatoria, podrán concurrir también a las pruebas selectivas de las titulaciones de Medicina, Farmacia y Enfermería los nacionales de terceros países (distintos de los anteriores), siempre que se trate de países que tengan suscrito y en vigor convenio de cooperación con España, y estén en posesión del correspondiente título homologado o reconocido.
• Titulación de las personas aspirantes: se adecuarán a las exigencias de la Ley 44/2003, respecto a las profesiones sanitarias tituladas y reguladas, así como al Espacio Europeo de Educación Superior.
• Conocimiento del idioma: las personas aspirantes nacionales de un Estado cuya lengua oficial no sea el castellano deberán acreditar un conocimiento suficiente de dicha lengua a través de un título oficial (como mínimo el C1 del marco europeo de referencia para las lenguas).
• Personas con discapacidad: en la oferta anual de plazas de formación sanitaria especializada se determinará que, al menos, el siete por ciento del total de las plazas ofertadas puedan ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igualo superior al 33% en cada una de las titulaciones.
• Contenido de la prueba selectiva: la selección de las personas aspirantes incluirá, en todo caso, la realización de una prueba objetiva (cuestionario de preguntas), diferente para cada titulación, que evaluará conocimientos teóricos, prácticos y, en su caso, las habilidades clínicas y comunicativas. El peso específico de dicha prueba objetiva en la puntuación final no podrá ser inferior al noventa por ciento. Además, en la prueba selectiva se podrán valorar, en su caso, los méritos académicos y profesionales de los aspirantes, no pudiendo ser el peso de los mismos superior al diez por ciento.
• Comisiones calificadoras: en cada convocatoria anual se nombrará una comisión calificadora para cada titulación o grupo de estas, integrada por siete miembros, que será la encargada de aprobar el cuestionario propuesto e invalidar las preguntas que se consideren improcedentes, aprobando la plantilla provisional de respuestas correctas. Asimismo, resolverá las reclamaciones que se produzcan contra las mismas y aprobará la plantilla definitiva de respuestas correctas.
• Examen médico previo: Todas las personas adjudicatarias de plaza por el sistema de residencia se someterán, con carácter previo a la formalización del contrato, a un examen médico para comprobar que no padecen enfermedad ni están afectados por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo oficial exija al residente.
• Adjudicación de plazas y toma de posesión: tanto la elección como la adjudicación de plaza se llevará a cabo por medios electrónicos. La fecha de inicio de efectos del contrato de trabajo será la del último día del plazo de toma de posesión que se establezca en cada convocatoria anual.
• Se podrá reconocer, por una sola vez, el periodo de formación sanitaria especializada realizado previamente y evaluado positivamente por el correspondiente comité de evaluación en los últimos cinco años.
• Red Sanitaria Militar: se establece la aplicabilidad del real decreto a la Red Sanitaria Militar y la posibilidad de adaptarlo, previa conformidad de los Ministerios de Sanidad y de Universidades.

Otras previsiones

Asimismo, mediante este real decreto, se modifican las siguientes normas reglamentarias:

• Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
• En relación a la duración de los contratos, se incorpora que en el caso de los especialistas en formación en ACE el contrato tendrá la duración del programa formativo del área correspondiente. Así mismo, se especifica que en caso de evaluación anual negativa, el contrato se prorrogará por un periodo máximo de tres meses.
• Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada:
  • Se atribuye la competencia en la expedición del título de especialista al Ministerio de Sanidad y se incorpora la acreditación periódica de las competencias de los especialistas cada 10 años.
  • Se incluye la revocación de la acreditación de las unidades docentes que no hayan ofertado plaza en tres convocatorias sucesivas, previos informes de la Comisión de Docencia, la gerencia del centro y la comunidad autónoma.
  • Se aclaran algunos aspectos sobre estancias formativas de profesionales sanitarios que ejerzan fuera de España y sobre cambios excepcionales de especialidad, permitiendo el cambio de especialidad más allá del segundo año de formación por incapacidad laboral sobrevenida durante la formación.
• Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea:
• Se señala que no podrán ser objeto de reconocimiento los títulos extranjeros de especialista en los que para su obtención se hayan tenido en cuenta periodos formativos cursados en un tercer país en el que esta formación no sea válida para la obtención del título de especialista.
• Real Decreto 640/2014, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
  • Se incluye la información sobre la revalidación de los títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión sanitaria o de los títulos de especialista en Ciencias de la Salud, mediante la acreditación del mantenimiento de la competencia profesional.
• Real Decreto 704/2020, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia.
• Se adapta el artículo 3.3 a los criterios de especialidad que limitan las rotaciones/estancias formativas en otras unidades o servicios con una duración igual o superior al 30% de la duración de la especialidad. Con anterioridad, se establecía un periodo de rotaciones en dispositivos fuera de la unidad docente acreditada del 50% de la duración de la formación.

Derechos Sociales y Agenda 2030

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA EL SISTEMA DE DEPENDENCIA

El Consejo de Ministros ha alcanzado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial del nivel acordado en materia de dependencia entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto de créditos por un importe de más de 483 millones de euros para la financiación de la atención a las personas en situación de dependencia.

El Gobierno, tanto en los PGE de 2021 y de 2022, ha incrementado de manera notable las cuantías que aporta a las comunidades autónomas para la atención de personas en situación de dependencia. Así, se han revertido los recortes de las legislaturas previas y se ha duplicado prácticamente la inversión estatal en dependencia en apenas dos años, alcanzando su mayor cifra histórica.

Con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros, además de aumentar la inversión, se amplían y mejoran los criterios de reparto con un triple objetivo: reducción de las listas de espera, mejora de la calidad del empleo en el sector y mejora de la calidad de las prestaciones y servicios.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA ACOGIDA DE REFUGIADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 20 entidades y organizaciones que realizan actuaciones en el sistema de acogida de personas refugiadas. El importe de la subvención asciende a casi 392 millones de euros. Esta financiación está prevista para reforzar la capacidad del sistema de acogida y para dar respuesta al incremento del número de personas que solicitan protección internacional, o protección temporal con motivo de la guerra en Ucrania.

Estas subvenciones, que tienen un carácter excepcional por razones de interés público y humanitario, se regulan mediante real decreto y se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los proyectos de creación o mantenimiento de dispositivos de acogida y desarrollo de itinerarios de integración dirigidos a grupos específicos podrán ser cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

La medida se encuadra en la obligación legal de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional y temporal (en el caso de las personas desplazadas de Ucrania por la guerra) los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad cuando carezcan de recursos económicos, es decir, la situación de vulnerabilidad como criterio prioritario. El desarrollo de este sistema corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

La finalidad de estas subvenciones es la financiación complementaria para este año 2022 de los dispositivos de acogida de titularidad privada subvencionados a organizaciones no gubernamentales, complementarios a los centros de titularidad pública estatal, así como del conjunto de actuaciones para favorecer medidas de integración que faciliten a las personas destinatarias desenvolverse en el nuevo entorno.

Actuaciones subvencionables

Las actuaciones que serán subvencionadas son aquellos que integran el itinerario del sistema de acogida de protección internacional en sus tres fases: valoración inicial y derivación, acogida y autonomía. Estas actuaciones conforman los distintos programas y proyectos, y se pueden agrupar en prioridades como primera acogida, entendida como la valoración y derivación de las personas destinatarias; creación o mantenimiento de dispositivos de acogida y desarrollo de itinerarios de integración; equipamiento y adaptación de inmuebles y desarrollo de itinerarios de inserción laboral individualizados.

Las entidades del tercer sector beneficiarias serán las siguientes:

a.Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

b.Asociación Columbares.

c.ACCEM.

d.Asociación para la Promoción y Gestión de Servicios Sociales Generales y Especializados (Progestión).

e.Asociación San Juan de Dios España (SJD).

f.Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

g.CESAL.

h.Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS).

i.Cruz Roja Española.

j.Diaconía.

k.Federación Andalucía Acoge.

l.Federación Red Acoge.

m.Fundación APIP-ACAM.

n.Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes.

o.Fundación La Merced Migraciones (LMM).

p.Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL).

q.Provivienda.

r.Obra Social Santa Luisa de Marillac Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Provincia de Barcelona (Marillac).

s.ONG Rescate Internacional.

t.YMCA.

BIOGRAFÍAS

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Directora Adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno

Dª. ANTONIA GARCÍA VALLS

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia (promoción 84-89). Ha realizado un curso de "Liderazgo en la Gestión Pública" organizado por el IESE, Bussines School.

Ha sido profesora de Enseñanza Secundaria desde 1990, con la doble especialidad: Administración de Empresas y Organización y Gestión Comercial. Desde 1999 hasta 2015 fue concejala del ayuntamiento de La Vall d'Uixó. Desde el año 2004 hasta noviembre de 2011, diputada por la provincia de Castellón en las Cortes Generales. Desde agosto de 2015 hasta junio de 2018 fue directora de Gestión Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, coordinando la actividad parlamentaria y la Unidad de Igualdad de la Conselleria. Desde junio de 2018 hasta enero de 2020, asesora parlamentaria en el gabinete de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Desde enero de 2020 hasta la actualidad, asesora parlamentaria en el gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajadora de España en la República de Nicaragua

Dª. PILAR MARÍA TERRÉN LALANA

Funcionaria de Carrera. Ingresó en la Carrera Diplomática en 2003. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en el programa de Liderazgo en la Administración Pública por el IESE.

Desde el año 2016 hasta la actualidad se desempeñaba como subdirectora general de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En el Ministerio, ha ejercido asimismo como vocal asesora del Gabinete del subsecretario de Asuntos Exteriores, inspectora general de Servicios, jefe de Servicio y de Área de la Subdirección General de África del Norte. En la Presidencia del Gobierno se desempeñó como jefa adjunta del Departamento de Protocolo.

En el exterior, ha estado destinada en dos ocasiones en México como cónsul adjunta en el Consulado General y primera secretaria de la Embajada, y en El Salvador como segunda jefatura de la Embajada.

Embajador de España en la República Unida de Tanzania

D. JORGE MORAGAS SÁNCHEZ

Nacido en Barcelona el 21-06-1965. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Tras realizar estudios sobre Naciones Unidas en la Universidad de Drew, USA y realizar el Curso de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, ingresó en la carrera diplomática el 12 de junio de 1995.

Ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha sido asesor del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, director del Gabinete del secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Ha sido Diputado Nacional por Barcelona (Legislatura VIII, IX, X, XI y XII). Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Asimismo, ha desempeñado los cargos de embajador representante permanente de España ante la ONU en Nueva York, embajador de España en la República de Filipinas, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos.