Madrid
SUMARIO
Asuntos Económicos y Transformación Digital
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Memoria Anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2021 y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15; C16 y C19). ACUERDO por el que se aprueba el Informe España Digital 2026.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- ACUERDO por el que se declara la reserva de 31.705 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la legalización de la construcción y ampliación de la instalación desaladora de agua de mar (IDAM) de Ceuta y la tubería de conexión de la IDAM hasta la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Ceuta, en la playa de Benítez.
- ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras de recuperación medioambiental del río Saja entre los puentes de Santa Lucía y Virgen de la Peña en los términos municipales de Cabezón de la Sal y Mazcuerras (Cantabria).
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- ACUERDO por el que se aprueba la suspensión de la aplicación del Canje de Cartas entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela constitutivo del Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Caracas el 16 de mayo de 2005.
Hacienda y Función Pública
- REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Defensa para atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la guerra de Ucrania.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de desarrollo de aplicaciones de la Oficina de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, cuyo valor estimado asciende a 65.374.057,92 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco para el otorgamiento de garantías por un importe máximo de 137.000.000 de euros.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro correspondiente al "suministro en estado operativo de la nueva posición de control para Madrid, Sevilla y Palma", por un valor estimado de 32.209.679 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la formalización de la Adenda n.º 3 por la que se modifica el Contrato entre la Administración General del Estado y la sociedad mercantil estatal Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de "Cercanías", "Media Distancia Convencional", "Alta Velocidad Media Distancia (AVANT)" y "Ancho Métrico", competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños en la Red de Carreteras del Estado, provocados por las persistentes lluvias caídas en la Comunidad Valenciana durante marzo de 2022, asociadas entre otras a la borrasca Celia, provincias de Castellón, Valencia y Alicante, por importe de 6.985.267,14 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de una obra de fábrica compuesta por tubos tipo ARMCO en la carretera N-Ia, punto kilométrico 94+800, provincia de Madrid, por importe de 284.556,18 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de aseguramiento de talud por desprendimiento en el punto kilométrico 434+310 de la carretera del Cañarete N-340a, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Almería, por importe de 689.773 euros.
- ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio de las obras del proyecto para la mejora de la plataforma y tratamiento ambiental de la carretera N-621 de León a Santander por Potes, tramo: Castro Cillorigo-Panes (Desfiladero de la Hermida). Clave: 20-S-5930.A.
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la realización por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) de la "Campaña de Publicidad del Proyecto iSAR", como campaña sobrevenida de publicidad institucional.
- ACUERDO por el que se autoriza el otorgamiento de compensación económica por las obligaciones de servicio público impuestas en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), Teruel y Valencia.
Agricultura, Pesca y Alimentación
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
- ACUERDO por el que se autoriza la firma del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia.
- ACUERDO por el que se autoriza la firma del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Finlandia.
- ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo Marco sobre la constitución de la Alianza Solar Internacional.
- ACUERDO por el que se autoriza la segunda adenda al convenio suscrito el 18 de octubre de 2019 entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A., la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz para la financiación y ejecución de las obras contenidas en el proyecto de actuación y mejoras de las carreteras de Helechosa de los Montes a Bohonal y Villarta de los Montes (Badajoz), conocidas como "Y" reserva del Cíjara, y posterior cesión de las carreteras a la Diputación Provincial de Badajoz.
Política Territorial
- ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Consell (Mallorca) a realizar una consulta popular sobre el cambio de nombre del campo municipal de deportes.
Cultura y Deporte
- REAL DECRETO por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Real Taller de Aserrío de Valsaín, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
Sanidad
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C18, R4). REAL DECRETO-LEY por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Sanidad la celebración de un contrato de suministro de equipos para tratamiento con Protonterapia y equipamientos electromédicos asociados, para dar respuesta al Plan de Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, por un valor estimado de 223.966.942,15 euros.
Derechos Sociales y Agenda 2030
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C2; C18; C19; C21 y C22). ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil.
ACUERDOS DE PERSONAL
Asuntos Económicos y Transformación Digital
- REAL DECRETO por el que se nombra director de la Oficina del Comisionado especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua a D. MANUEL GONZÁLEZ BEDIA.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Calidad y Evaluación Ambiental a Dª. MARTA GÓMEZ PALENQUE.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República Federativa de Brasil a Dª. MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ-PALACIOS CARMONA.
- REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República de Cabo Verde a Dª. ANA PAREDES PRIETO.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Corea aD. GUILLERMO KIRKPATRICK DE LA VEGA.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Honduras a D. DIEGO NUÑO GARCÍA.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en Malasia a D. JOSÉ LUIS PARDO CUERDO.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Namibia a D. ALBERTO PABLO DE LA CALLE GARCÍA.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Estado de Qatar a D. JAVIER MARÍA CARBAJOSA SÁNCHEZ.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en Ucrania a D. RICARDO LÓPEZ-ARANDA JAGU.
Educación y Formación Profesional
- REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Planificación y Gestión Educativa a Dª. MARÍA DEL ÁNGEL MUÑOZ MUÑOZ.
Ciencia e Innovación
- REAL DECRETO por el que se nombra comisionado para el PERTE Aeroespacial a D. MIGUEL BELLÓ MORA.
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ASUNTOS GENERALES
Asuntos Económicos y Transformación Digital
MEMORIA ANUAL DE ENDEUDAMIENTO DEL TESORO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Memoria Anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2021 y se dispone su remisión a las Cortes Generales. El informe recoge las líneas de actuación y los datos de ejecución del programa de financiación del Tesoro.
El Tesoro Público mantuvo durante el pasado año su buen acceso a los mercados de capitales y su capacidad de financiar en buenas condiciones el gasto adicional derivado de la respuesta a la pandemia y sus efectos, tanto de la administración central como de las comunidades autónomas.
Estas buenas condiciones han permitido que en 2021 el Tesoro se financiara a los menores costes de su historia, con un coste de la deuda emitida durante el año que se situó por primera vez en negativo, -0,04%, y con un coste del conjunto de la deuda que continuó reduciéndose hasta el 1,64%.
Esta reducción es especialmente significativa porque se produjo en un marco de alargamiento de la vida medida de la deuda en circulación, hasta alcanzar los ocho años por primera vez también en la historia.
Este resultado no es solo consecuencia de la política monetaria, sino que es fruto de la estrategia de financiación prudente, flexible y equilibrada llevada a cabo por el Tesoro, que ha ofrecido un marco predecible y estable para los inversores.
El Tesoro Público completó su programa de financiación en 2021 con una financiación neta de 75.000 millones de euros, 35.000 millones por debajo de la emisión en 2020 e inferior en 25.000 millones a lo estimado a principios de año.
En términos brutos, en 2021 se emitieron 264.000 millones de euros, de los que 169.000 millones se obtuvieron mediante financiación a medio y largo plazo y 94.000 millones en letras.
Durante 2021 el Tesoro realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos del Reino de España, por importe de 5.000 millones de euros, que se están destinando a financiar proyectos para impulsar la transición ecológica. La confianza de los inversores permitió que la emisión inaugura registrara una elevada demanda, ampliar la base inversora y reducir el tipo de interés, condiciones que se han mantenido en las dos reaperturas del bono que se han realizado en 2022.
En 2022 las condiciones de financiación están cambiando por la progresiva normalización de la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo.
En este contexto de incremento de las rentabilidades soberanas que se está produciendo en Europa, el Tesoro Público mantiene una estrategia de financiación prudente, flexible y equilibrada que le permite mantener un acceso sólido a los mercados de capitales y una fuerte demanda por parte de los inversores. Como prueba de ello, a 30 de junio ya se ha cubierto un 61% de toda la financiación a medio y largo plazo prevista en 2022 y se ha mantenido la tendencia descendente del coste medio de la cartera, que se sitúa actualmente en el 1,59%, inferior al de cierre de 2021.
Además, el trabajo realizado por el Tesoro en los últimos años ha permitido que la cartera de deuda esté preparada para el nuevo escenario de normalización de la política monetaria. Se han reducido los riesgos de refinanciación, a través del alargamiento de la vida medida de la cartera, que se mantiene por encima de los 8 años, y se ha reducido con ello el porcentaje de deuda que se ve expuesta en los próximos años a las subidas de tipos. Por otro lado, se mantiene un elevado y estable porcentaje de inversores internacionales en el conjunto de la deuda, en el entorno del 42%, y se ha ido ampliando y diversificando la base inversora gracias a la emisión de nuevos instrumentos financieros.
Esto ha permitido que la carga financiera de la deuda española sobre el PIB y sobre los ingresos se haya venido reduciendo de forma continuada desde 2013, que alcanzó sus máximos históricos. A cierre de 2021, el coste de los intereses de la deuda española sobre el PIB se redujo al 2,15%, un nivel similar al que estábamos a principios de 2011, siendo el máximo el 3,6%, que se alcanzó en 2013. Asimismo, el coste de los intereses de la deuda sobre los ingresos bajó hasta el 5%, un nivel similar al que estábamos a principios de 2009, con un máximo del 9,2%, alcanzado en 2013. Gracias a la extensión de la vida media de la deuda y la política prudente de financiación del Tesoro, los intereses que paga España por su deuda como porcentaje del PIB se mantendrán en niveles contenidos y que garantizan la sostenibilidad de la deuda.
Asimismo, el firme compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal y la senda ya iniciada en 2021 de reducción del déficit y la deuda pública sobre PIB, que se prolongará en los próximos años, permitirá seguir apuntalando dicha sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL PARA EL HORIZONTE 2026
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Informe España Digital 2026.
Con esta norma se actualiza la Agenda España Digital, la iniciativa lanzada en julio de 2020 para impulsar el proceso de transformación digital del país, con el fin de hacer balance del camino recorrido, adaptarla al horizonte 2026, mejorar su alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) e impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la cogobernanza con las comunidades autónomas.
La actualización de la Agenda España Digital ha sido abordada en el Consejo de Ministros tras incorporarse las prioridades para los próximos meses y dos nuevos ejes transversales referidos a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la iniciativa Retech.
Durante 2021 y el primer semestre de 2022 se ha dado un impulso fundamental a las inversiones del PRTR en el ámbito digital en conectividad, I+D, digitalización de la administración y de las pymes, y se ha llevado a cabo una importante transferencia a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la digitalización del sector público y el impulso de las competencias digitales a la ciudadanía.
La Agenda España Digital constituye un pilar estratégico para la recuperación de la crisis generada por la pandemia y un vector de modernización y prosperidad a medio plazo, actuando en una triple dimensión: infraestructuras y tecnología, economía y personas.
Aceleración del despliegue
A lo largo de 2022 se va a incrementar la velocidad en el despliegue de España digital con el lanzamiento de las principales inversiones en digitalización del tejido económico y de competencias digitales.
La primera fase de inversiones públicas en digitalización ronda los 20.000 millones de euros, con horizonte 2023 o 2025, dependiendo de los proyectos, un importe que supone aproximadamente un 30% de las inversiones previstas con las transferencias en el PRTR. Se trata de un volumen de recursos sin precedentes para invertir en digitalización con un alcance y magnitud que permitirán un impacto verdaderamente transformador.
De hecho, gracias al PRTR y a la Agenda España Digital, la inversión del Estado en el periodo 2021-2022 ha multiplicado por 9 la inversión en digitalización del periodo 2019-2020, impulsando un verdadero salto tecnológico con impacto a medio plazo. El presupuesto para digitalización de las administraciones públicas es 20 veces mayor, el destinado a la digitalización de pymes y al fortalecimiento de las competencias digitales 14 veces mayor y 3 veces mayor en el caso del impulso de la conectividad, la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y los datos.
Para encauzar el proceso de transformación digital, se han puesto en marcha 8 planes digitales específicos a desarrollar en estos años: el Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios (1.960 millones de euros); la Estrategia de impulso a la tecnología 5G (1.514 millones de euros); la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (600 millones de euros); el Plan Nacional de competencias digitales (3.593 millones de euros); el Plan de digitalización de pymes (5.000 millones de euros); el Plan de digitalización de las administraciones públicas (3.165 millones de euros); españa hub audiovisual de Europa (1.600 millones de euros) y el Plan Nacional de ciberseguridad (1.000 millones de euros).
Conectividad digital y tecnologías 5G y 6G
En cuanto a las infraestructuras y la tecnología, España digital contempla diversas acciones para el refuerzo y extensión del eje de la conectividad digital a toda la población, que se seguirán impulsando hasta 2026. Entre las medidas en marcha destaca el programa UNICO Banda Ancha, con el objetivo de dotar de conectividad ultrarrápida a más de 4.500 municipios en 2025, por importe de 250 millones de euros, la mayor dotación de banda ancha de la historia de España.
A ello se suman acciones con las comunidades autónomas de mejora de la infraestructura en red o la Ley General de Telecomunicaciones.
También se continuará impulsando el eje del despliegue de la tecnología 5G, con foco en la I+D+i, la ciberseguridad 5G, y la ejecución de proyectos tractores. Un total de 13 universidades y centros de investigación han recibido ayudas para I+D en 5G avanzado 6G y se ha lanzado el primer ecosistema de supercomputación cuántica del sur de Europa, Quantum Spain.
Ciberseguridad e Inteligencia Artificial
Cobran en importancia, por los crecientes retos geopolíticos, las medidas del Plan Nacional de Ciberseguridad, entre las que destacan el lanzamiento del Plan de choque de ciberseguridad para fortalecer capacidades de ciberseguridad de la ciudadanía, pymes y profesionales y el comienzo de la implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado. Uno de los objetivos en este campo es alcanzar 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, entre otros.
El avance de la Agenda España Digital también se ha dado en economía del dato e inteligencia artificial gracias a los programas de misiones de I+D en Inteligencia Artificial o el proyecto Quantum Spain, a las que se sumarán otras muchas para fomentar la atracción de talento nacional e internacional, apoyar la creación de infraestructuras de datos y tecnológicas e integrar la Inteligencia Artificial en el tejido productivo.
Digitalización de pymes y administraciones
Para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos ya se han adoptado medidas de calado, como el lanzamiento de la primera convocatoria del programa Kit Digital por 500 millones de euros, del que se han recibido más de 65.000 solicitudes y concedido más de 11.000 bonos de digitalización, o el Fondo Next Tech para fomentar el desarrollo de proyectos digitales innovadores de alto impacto.
El proceso de transformación digital también se está impulsando en las administraciones públicas, por ejemplo, con la asignación de fondos para digitalización de entidades locales de más de 50.000 habitantes y la meta de lograr que un 50% de los servicios públicos estén disponibles en app móvil.
Hub audiovisual y competencias digitales
Para alcanzar el objetivo de convertir a España en el hub audiovisual de Europa se han impulsado medidas de apoyo fiscal y facilitación de visados o la Ley de Comunicación Audiovisual, y se seguirá mejorando el atractivo de España como plataforma europea de negocio.
En el curso de 2022 y el resto del período se lanzarán también los programas más innovadores de desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía en el sistema educativo, tras haberse asignado ya 140 millones de euros a las comunidades autónomas en conferencia sectorial.
Nuevos Ejes: los PERTE y Retech
España Digital 2026 incorpora en un nuevo eje transversal, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), el nuevo instrumento de colaboración público-privada puesto en marcha con motivo del PRTR.
Ya se han aprobado y lanzado once PERTEs con un importante componente digital, en áreas clave para el presente y futuro del país como son la automoción, la salud de vanguardia, las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento, el sistema agroalimentario, la economía circular, las industrias naval y aeronáutica, la digitalización del ciclo del agua o la nueva economía de los cuidados, entre otros. La inversión total de los PERTE ronda los 30.000 millones de euros.
El otro eje transversal incorporado es la iniciativa Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), una iniciativa con la que se pondrán en marcha proyectos estratégicos regionales orientados a la transformación y especialización digital.
Refuerzo con la adenda del Plan de Recuperación
Las inversiones previstas en la Agenda España Digital durante la primera fase del PRTR se reforzarán con las transferencias adicionales y los créditos asignados de los fondos europeos Next Generation.
En la adenda al plan que se presentará en el segundo semestre del año se van a reforzar los componentes digitales de los PERTE y en particular aquellos programas con un mayor impacto sobre la transformación de la economía, como el Programa Kit Digital o el Hub Audiovisual, y los PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, de microelectrónica y semiconductores (PERTE Chip), además de nuevos programas que verán la luz en los próximos meses.
Una digitalización humanista
Todo este proceso de transformación digital está guiado por los principios de la Carta de Derechos Digitales, un marco de referencia para la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, adoptada el verano pasado.
Estos principios están marcando la hoja de ruta a nivel europeo en este ámbito, en el que España se sitúa a la vanguardia.
Agenda de reformas
El proceso de transformación digital incluye una ambiciosa agenda de reformas estructurales que impulsan la modernización y digitalización de la administración, mejoran del clima de negocios, con la ley Crea y Crece y la reforma concursal aprobadas la semana pasada en el Congreso, además de la ley de startups (actualmente en tramitación), y refuerzan el marco normativo de telecomunicaciones, con la nueva Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Ciberseguridad 5G.
En el sector audiovisual destaca la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. A ello se añade la subasta de la banda de 700 MHz ya completada, la reducción temporal de la fiscalidad del espectro para el despliegue de esta tecnología y las partidas destinadas al impulso al 5G y al sector audiovisual.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
COMISIONADO DE ESTRATEGIAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN ÁREAS INSULARES
El Consejo de Ministros ha acordado modificar el Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para habilitar la creación de la figura del Comisionado para el Impulso de la Energía Sostenible en Sistemas Insulares.
Se pretende así garantizar la óptima ejecución de las actuaciones previstas en la gestión de la generación renovable en el marco del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. Debido a las condiciones particulares de los sistemas energéticos de las islas, estas necesitan de esquemas ad hoc para activar la transición energética. Todo ello hace necesario reforzar los mecanismos de gobernanza y los instrumentos organizativos necesarios para alcanzar la sostenibilidad energética en las regiones insulares españolas.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ADHESIÓN A LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo Marco sobre la constitución de la Alianza Solar Internacional.
Antecedentes
La Alianza Solar Internacional (ISA, por su acrónimo en inglés International Solar Alliance), con sede en Nueva Delhi (India), es una iniciativa internacional cuyo objetivo final es promover la utilización de la energía solar en el mix energético de los países participantes, de manera segura, adecuada, asequible y sostenible. En concreto, movilizar 1.000 millones de dólares en inversiones necesarias para conseguir un despliegue masivo de la energía solar.
El Acuerdo Marco sobre el establecimiento de la Alianza Solar se firmó en Marrakech, el 15 de noviembre de 2016. En un principio, la participación en la ISA estaba limitada a aquellos países ricos en recursos solares, con algunos de sus territorios situados total o parcialmente entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio. Con la modificación del Acuerdo Marco en 2020, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas pueden solicitar su ingreso en la ISA. España puede así solicitar el ingreso en la ISA.
Actualmente hay 106 países signatarios del acuerdo. De ellos, 86 lo han firmado y ratificado y 20 tienen pendiente la ratificación. Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Suecia y Grecia son los países europeos presentes en la Organización.
La adhesión de España a la Alianza Solar Internacional abre las puertas a una mayor colaboración internacional de nuestro país en el ámbito de la energía solar, siendo la tecnología solar fotovoltaica española una tecnología competitiva, proporcionando una importante visibilidad internacional a los esfuerzos españoles en el campo de la energía solar, posibilitando el liderazgo de nuestro país a nivel institucional, industrial y tecnológico.
Contenido
El acuerdo se estructura en un preámbulo y catorce artículos, con un epígrafe individual que define el contenido de cada uno de ellos. En el preámbulo se indica que la ISA está orientada a llevar a cabo esfuerzos mancomunados para impulsar la energía solar, reduciendo el costo de la financiación y de la tecnología mediante una actuación coordinada, mayor armonización y agregación de la demanda de financiación para proyectos solares, impulsando de manera conjunta los avances tecnológicos.
El artículo I se refiere el objeto de la ISA. En el artículo II se establecen los principios rectores de la alianza, la cooperación entre los miembros y la designación de un coordinador nacional. El artículo III se refiere a programas y otras actividades que los miembros de la alianza llevarán a cabo de manera coordinada.
En el artículo IV se menciona la constitución de la asamblea, en la que estarán representados todos los miembros, la celebración de sesiones, funciones, toma de decisiones, participación y votaciones.
El artículo V hace referencia a la secretaría de la alianza, su composición, elección del director general y funciones a desempeñar.
El artículo VI es el relativo al presupuesto y recursos financieros, según el cual todos los gastos de funcionamiento de la secretaría y de la asamblea y todos los costos relacionados con las funciones de apoyo y las actividades intersectoriales forman el presupuesto de la ISA, y estarán cubiertos por:
- contribuciones voluntarias de sus miembros, de la ONU y sus organismos, así como de otros países;
- contribuciones voluntarias del sector privado;
- ingresos generados por las actividades específicas aprobadas por la asamblea.
El articulo VII establece la condición de país miembro. Podrán serlo los Estados miembros de las Naciones Unidas siempre que hayan firmado el presente acuerdo y depositado un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
En el artículo VIII se dispone que la asamblea pueda otorgar la condición de organización asociada a aquellas organizaciones que tengan potencial para contribuir al logro de los objetivos de la ISA.
El artículo IX hace referencia a la condición de observadores, pudiendo serlo aquellos solicitantes de adhesión en calidad de miembro cuya solicitud esté pendiente de resolverse, o a cualquier otra organización que pueda promover los intereses y objetivos de la ISA.
El artículo X regula la personalidad jurídica, los privilegios y las inmunidades de la ISA, que se concretarán y desarrollarán mediante un acuerdo de sede.
El artículo XI se refiere a la proposición de enmiendas al acuerdo marco y a la posibilidad de retirada de cualquier miembro previa notificación al depositario.
Los artículos XII, XIII y XIV mencionan la sede de la ISA, firma y entrada en vigor del acuerdo y depositario, registro y autenticación del texto, respectivamente.
Finalmente, cabe indicar que, desde el punto de vista de la repercusión económica, no existen contribuciones obligatorias para los estados miembros de ISA, sino que las contribuciones se realizan ad hoc, tanto por los miembros, países asociados, organismos internacionales y el sector privado, de conformidad con lo estipulado en el artículo VI.1 del acuerdo marco.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
SUSPENSIÓN DEL CANJE DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN CON VENEZUELA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la suspensión de la aplicación del Canje de Cartas entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela constitutivo del Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Caracas el 16 de mayo de 2005.
El Canje de Cartas entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Caracas el 16 de mayo de 2005, es un tratado internacional que entró en vigor para ambas partes el 26 de agosto de 2005.
En agosto de 2017, comenzaron a surgir problemas en la aplicación del Canje de Cartas entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, constitutivo del Acuerdo entre ambos países sobre reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales. Las autoridades competentes venezolanas empezaron a expedir un nuevo modelo de permiso de conducción en formato PDF, en sustitución del tradicional permiso en forma de tarjeta plástica, que podía ser descargado e impreso por su titular cuantas veces lo deseara.
En este sentido, para solventar la situación de inseguridad jurídica producida por las dificultades para determinar la autenticidad de los permisos de conducir venezolanos, se propuso en dicha nota verbal, a instancias de la DGT, proceder a la suspensión de la aplicación del Canje de Cartas, en virtud del artículo 57.b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y, en paralelo, negociar una enmienda para establecer una prueba de control de conocimientos común para los solicitantes de canje de las categorías de los permisos de conducción españoles del grupo 1, realizando las correspondientes modificaciones en el Canje de Cartas.
Asimismo, se consideró conveniente tratar de llegar con las autoridades venezolanas, a través de la vía diplomática, en la que se concentraron los sucesivos esfuerzos mediante el intercambio de sendas notas verbales, a la convicción mutua de la necesidad de suspender la aplicación del acuerdo. Tras la última tentativa, materializada en la citada nota verbal nº 141/15 de 28 de diciembre de 2021, y una vez agotada la vía diplomática al no haber obtenido resultado alguno hasta la fecha, se consultó a los nuevos titulares -que entretanto habían sido renovados- de las unidades de este ministerio competentes en materia de relaciones exteriores con Venezuela, quienes confirmaron la conveniencia de solicitar la aprobación de dicha suspensión.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
PROTOCOLOS DE ADHESIÓN DE FINLANDIA Y SUECIA A LA OTAN
El Consejo de Ministros ha aprobado los acuerdos por los que se autoriza la firma de los Protocolos al Tratado del Atlántico Norte sobre las adhesiones de la República de Finlandia y del Reino de Suecia.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una organización internacional creada en virtud del Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949 y en vigor desde el 24 de agosto de ese mismo año. Actualmente, la OTAN cuenta con 30 Estados miembros. España se incorporó el 30 de mayo de 1982.
A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el pasado 24 de febrero de 2022, el contexto de seguridad europeo se ha modificado sustancialmente. La región nórdica es una de las principales afectadas por la ruptura de los equilibrios geoestratégicos. La República de Finlandia y el Reino de Suecia han decidido reorientar su política de seguridad y defensa solicitando el pasado 17 de mayo su adhesión a la OTAN.
El artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte regula la adhesión de nuevos miembros a la Organización. El citado precepto establece tanto las condiciones que debe reunir el Estado candidato, como el procedimiento a seguir: invitación de los Estados partes aprobada por unanimidad y depósito por parte del Estado invitado de su instrumento de adhesión ante el Gobierno de Estados Unidos, depositario del tratado.
En la práctica, las sucesivas ampliaciones de la OTAN se han llevado a cabo mediante la adopción de un protocolo de adhesión del candidato por los Estados parte en el Tratado del Atlántico Norte, el cual entra en vigor una vez que todas las Partes han notificado al Gobierno de Estados Unidos, que actúa como depositario, su aceptación.
Los protocolos al Tratado del Atlántico Norte sobre las adhesiones de la Republica de Finlandia y del Reino de Suecia se enmarcan en el interés de los Estados miembros de la Alianza en reforzar la seguridad de la región del Atlántico Norte, y la de la OTAN en su conjunto, mediante la incorporación de otros Estados a la organización atlántica.
En este sentido, la adhesión de estos dos países a la OTAN satisface el legítimo interés de ambos en formar parte como miembros de pleno derecho de la alianza atlántica y el de los aliados, al incrementar la seguridad mutua en el espacio euroatlántico.
Cada protocolo se estructura en un preámbulo y tres artículos, con el siguiente contenido:
En el preámbulo, las Partes del Tratado del Atlántico Norte manifiestan su convencimiento de que la adhesión de la Republica de Finlandia y el Reino de Suecia a la alianza reforzará la seguridad en la región del Atlántico Norte.
El artículo I señala que, en el momento de la entrada en vigor del presente protocolo, el secretario general de la OTAN remitirá a los Gobiernos de ambos países, en nombre de todas las Partes, una invitación para adherirse al tratado. El país invitado, conforme a lo previsto en el artículo 10 del tratado, se convertirá en Estado Parte en la fecha en que deposite su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.
El artículo II regula la entrada en vigor del protocolo, que tendrá lugar cuando la totalidad de los Estados miembros hayan notificado la aceptación del mismo al Gobierno de los Estados Unidos de América, depositario del Tratado. Dicho Gobierno comunicará a las Partes la fecha de recepción de cada notificación, así como la fecha de la entrada en vigor.
El artículo III dispone que el protocolo, del que existirán dos versiones auténticas, en inglés y en francés, se depositará en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual, posteriormente, trasladará copias certificadas del protocolo a los Gobiernos de los demás Estados miembros de la alianza.
Por consiguiente y en atención a lo anteriormente expuesto, el ingreso en la OTAN, tanto de la República de Finlandia como del Reino de Suecia, permitirá incrementar la seguridad de ambos Estados y, a su vez, Finlandia y Suecia van a suponer un valor añadido para el resto de aliados.
La firma de ambos protocolos está prevista a las 10 de la mañana del martes 5 de julio de 2022.
Hacienda y Función Pública
FONDO DE CONTINGENCIA Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LOS GASTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS POR LA INVASIÓN DE UCRANIA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 999.793.477 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Defensa, para atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la invasión de Ucrania.
Hacienda y Función Pública
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA DE LA IGAE
El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de servicios de desarrollo de aplicaciones de la Oficina de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
La finalidad del contrato es satisfacer las necesidades de desarrollo evolutivo y correctivo de los sistemas de información de la IGAE necesarios para el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la IGAE, distribuidos en lotes atendiendo al ámbito funcional cubierto.
El objeto del contrato se encuentra dividido en cinco lotes:
- Lote 1: Aplicaciones de contabilidad y control.
- Lote 2: Aplicaciones de presupuestos y gestión presupuestaria.
- Lote 3: Aplicaciones de costes de personal.
- Lote 4: Aplicaciones de explotación.
- Lote 5: Aplicaciones de Fondos Europeso.
El presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, asciende a 26.814.444,10 euros y su valor estimado a un total de 65.374.057,92 euros.
La duración del contrato que conlleve cada lote será de 25 meses, prorrogables por un máximo de otros 35 meses. La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, valorándose varios criterios además del precio.
Hacienda y Función Pública
AUTORIZACIÓN A PAÍS VASCO PARA OTORGAR GARANTÍAS
El Consejo de Ministros ha autorizado a País Vasco poder otorgar garantías por un importe máximo de 137 millones de euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
El pasado 13 de junio, esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para el otorgamiento de garantías durante 2022 por el citado importe máximo global. Una vez analizada la finalidad de las garantías solicitadas y el reducido riesgo de las mismas en ejercicios anteriores, se estima pertinente la concesión de las autorizaciones solicitadas.
Las garantías autorizadas van dirigidas a facilitar a pequeñas y medianas empresas radicadas en el País Vasco el acceso a la financiación para la realización de diversos tipos de actuaciones.
Alguna de las líneas de avales se podría acoger al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayudas estatales a empresas y autónomas destinadas a respaldar la economía ante los efectos de la COVID-19, para lo cual, tendrán que adecuar sus condiciones a los requisitos previstos en el citado Marco Nacional Temporal.
Esta autorización solo podrá amparar la concesión de garantías por parte de la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta el 31 de diciembre de 2022.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
NUEVOS SERVICIOS AVANT ENTRE MADRID, CUENCA Y ALBACETE
El Consejo de Ministros ha autorizado la adenda nº 3 del contrato entre la Administración General del Estado y Renfe para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de competencia estatal sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018 - 2027.
La modificación del contrato incorpora la prestación de nuevos servicios AVANT para viajeros recurrentes incluidos en el proyecto xCuenca, que corresponden a los servicios de la línea Madrid-Cuenca-Albacete.
Así, la adenda recoge:
- La modificación de la relación AVANT recurrente Madrid-Cuenca, que pasa a ser Madrid-Cuenca-Albacete, incorporando un tren físico. Se incrementan los servicios actuales, pasando a ser 16 diarios por sentido entre Madrid y Cuenca y 12 entre Madrid y Albacete.
- La inclusión como obligación de servicio público para viajeros recurrentes de la relación AVANT Cuenca-Valencia, que entrará en funcionamiento cuando se excluya de la REFIG la línea convencional Tarancón-Utiel, previsto a partir del último trimestre de 2022.
Esta reorganización de servicios incluida en la adenda nº3 supone un incremento de las oportunidades de viaje y un mayor aprovechamiento de la oferta de servicios al ciudadano, lo que supone en suma una mejora de la calidad del gasto público.
La fecha prevista de inicio de los nuevos servicios AVANT entre Madrid-Cuenca y Albacete será el 20 de julio de 2022 y los billetes se pondrán a la venta de forma inminente, tras la formalización administrativa necesaria de la modificación del contrato.
El tren AVANT físico Madrid - Cuenca - Albacete tendrá continuidad desde y hacia Toledo, por lo que la comercialización de estos permitirá la venta no solo entre las estaciones de Madrid-Cuenca-Albacete, sino que se podrán adquirir billetes para los trayectos Toledo-Cuenca-Albacete y vuelta.
Este proyecto se verá también beneficiado de la medida recogida en el Real Decreto Ley 11/2022 de medidas extraordinarias sobre la reducción de tarifas del 50% en los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios prestados por Renfe sometidos a obligaciones de servicio público (cercanías, media distancia y AVANT), entre los que se incluyen los servicios previamente descritos, aplicable entre los meses de septiembre y diciembre del presente año.
Proyecto xCuenca
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif han firmado en marzo un Protocolo General de Actuación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca para el desarrollo de un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca, en el marco de una estrategia de movilidad coordinada y cooperativa para la integración del territorio afectado a lo largo del tramo ferroviario de ancho ibérico Aranjuez-Cuenca-Utiel.
El protocolo recoge asimismo la voluntad de los firmantes de adecuar la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel a un uso social distinto.
Se trata de un proyecto integral que trata de dar la mejor solución de conectividad a los ciudadanos desde un punto de vista intermodal, mejorando sus oportunidades y tiempos de viaje actuales, y optimizando tanto el uso de los fondos públicos como de los bienes físicos de la propia línea ferroviaria.
En cuanto a las actuaciones que implican directamente a los ciudadanos de Cuenca, la iniciativa dispone de diversos instrumentos:
- La mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete.
- La mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, incluyendo su utilización gratuita para los usuarios recurrentes de los servicios Avant que dispongan del bono correspondiente.
- La integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria.
- La ejecución de un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, que cuente con un paseo peatonal y un carril para bicicletas.
Todo ello unido a las demás actuaciones previstas que afectan al resto de la provincia, como:
- El refuerzo de los servicios regulares y a demanda por carretera en el eje mencionado a través de las medidas de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- La implantación de un servicio supramunicipal de transporte por carretera, para la mejora de la conexión entre los pueblos del entorno de Cuenca con la estación de la línea de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel y el centro de la ciudad, actualmente en desarrollo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- La adaptación del tramo ferroviario como "vía verde" para su posterior uso por peatones y ciclistas, o cualquier otro uso alternativo que sea decidido en el ámbito territorial, promoviendo la generación de riqueza y la posibilidad de establecer nuevas actividades entorno a la misma.
- La puesta en valor, entre otros, de los apeaderos con valores arquitectónicos, culturales y de patrimonio industrial a preservar para favorecer e impulsar la revitalización económica y turística de la zona.
- La incorporación de la traza ferroviaria al entramado urbano en los municipios interesados.
- La integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria, en los municipios de Cuenca, Tarancón y Carboneras de Guadazaón.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
El Consejo de Ministros ha autorizado el otorgamiento de una compensación económica por las obligaciones de servicio público impuestas en los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), Teruel y Valencia, así como el resto de municipios incluidos en la concesión, recorriendo un total de 647.460 vehículos-kilómetro anuales.
De este modo la Administración General del Estado garantiza la conectividad de los ciudadanos situados en el trazado de esta concesión, asumiendo el déficit de explotación necesario para ello.
La parte oriental de la provincia de Guadalajara, así como la de Teruel y el interior de Valencia, cuentan con densidades de población que en muchas ocasiones no alcanzan los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de los 93 habitantes por kilómetro cuadrado de la media nacional. Del mismo modo, se observan en la zona unas altas tasas de envejecimiento, bajas tasas de natalidad y mayor velocidad de despoblación que en otros territorios.
Esto justifica un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas, con el objetivo de dotar a la zona de unos mejores equipamientos y servicios públicos que garanticen la conectividad, la cohesión territorial y el desarrollo rural, en el marco del reto demográfico.
Por otro lado, esta concesión también se ha visto afectada, al igual que en general el sector del transporte de viajeros por carretera, por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, lo que ha supuesto una drástica reducción de la demanda, acompañada de cambios estructurales debido a cambios en los patrones de movilidad y una mayor difusión del teletrabajo y la teleformación.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinará en torno a 366.000 euros a financiar estas compensaciones económicas, como muestra de su acción decidida para mantener el nivel de servicios públicos adecuado en un sector gravemente afectado por la pandemia, en un territorio con unas condiciones socioeconómicas y poblacionales particulares, asegurando así la continuidad de estos servicios públicos de transporte por carretera que garantizan la conectividad de las poblaciones afectadas y constituyen un medio esencial para la movilidad de los ciudadanos.
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
NUEVAS POSICIONES DE CONTROL AÉREO
El Consejo de Ministros ha aprobado el suministro en estado operativo de la segunda fase del despliegue de nuevas posiciones de control de ENAIRE, gestor nacional de navegación aérea, abarcando un total de 91 posiciones para el control aéreo.
Las nuevas posiciones de control, denominadas iFOCUCS, que incorporan tecnología de vanguardia, irán sustituyendo a las actuales desde las que los controladores aéreos de ENAIRE gestionan los vuelos del espacio aéreo español.
La inversión estimada es de 32,2 millones de euros (sin IVA) y el plazo de ejecución de 48 meses.
Las nuevas posiciones aprobadas se instalarán progresivamente en todos los centros de control en Madrid (41), Sevilla (24) y Palma (20), así como en los centros de aproximación de Málaga (4) y Zaragoza (2).
En este sentido, el Consejo de Ministros ya aprobó el 5 de abril la primera fase del despliegue de nuevas posiciones de control de ENAIRE por un valor estimado de 43 millones de euros. En ella, el despliegue de iFOCUCS incluyó 132 nuevas posiciones para los centros de Barcelona, Valencia, Canarias y Madrid con una inversión de 43 millones de euros.
Qué aporta la nueva posición iFOCUCS
ENAIRE ha desarrollado la nueva posición iFOCUCS porque las futuras versiones del Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo (SACTA), con el que gestiona los vuelos, requieren de mayor superficie de visualización, así como hacen necesario incorporar información relevante de nuevas funcionalidades para el personal de control, así como información complementaria de apoyo al trabajo del controlador.
La nueva posición iFOCUCS supone, además, un aumento de la superficie de presentación manteniendo la resolución, permitiendo el trabajo con operativa sin fichas de progresión de vuelo en papel, todo ello con un concepto de diseño ergonómico y eficiente.
En su diseño, desarrollo e implantación ha participado activamente el personal de control y explotación técnica/ingeniería de ENAIRE para que su adecuación a las necesidades reales del servicio sea la mejor posible.
El proyecto se enmarca en la iniciativa del Plan Estratégico de ENAIRE, Plan de Vuelo 2025, y contribuye al proyecto común 1 europeo como primer proyecto de despliegue de la nueva posición de control SACTA y COMETA (Sistema de comunicaciones Voz bajo protocolo IP).
La nueva posición iFOCUCS es un elemento clave para habilitar la evolución tecnológica del sistema de control de tráfico aéreo español SACTA en su alianza tecnológica dentro del Consorcio europeo iTEC, que será clave para implantar nuevas herramientas para el control de tráfico aéreo así como la mejora de la eficiencia, seguridad y calidad de servicios en línea con la construcción del Cielo Único Digital Europeo.
Acerca de ENAIRE
ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España y, como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.
Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de comunicación, navegación y vigilancia de ENAIRE y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios de control de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país.
ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo. Desde el 1 de enero de 2022 preside la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y OACI.
Agricultura, Pesca y Alimentación
COMPENSACIONES A LA FLOTA DE ARRASTRE DEL MEDITERRÁNEO POR LA REDUCCIÓN DE DÍAS DE ESFUERZO PESQUERO
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, con objeto de incluir la posibilidad de compensar a los buques de arrastre del Mediterráneo por los días de paralización temporal que tienen que llevar a cabo. Esta reducción de días de esfuerzo es consecuencia de la aplicación del plan plurianual la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.
Con esta modificación normativa, el Gobierno da un paso más en el cumplimiento del compromiso adquirido con la flota del Mediterráneo una vez que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión, acordó en diciembre de 2021 aplicar nuevos días de reducción de esfuerzos. El Gobierno podrá así compensar a la flota por la paralización asociada a dicha reducción de esfuerzo y apoyarla en la aplicación paulatina del plan.
La modificación aprobada recoge específicamente el sistema de cálculo de los días máximos subvencionables y del baremo a aplicar por cada buque. Ambos se fijarán para cada buque en función de los días de esfuerzo asignados en el año anterior y los ingresos medios obtenidos en los años 2017, 2018 y 2019.
El cálculo del baremo supone un nuevo sistema que permitirá adaptar la compensación a la situación de cada buque, y supone un esfuerzo importante por parte de la Administración General del Estado para apoyar al sector en su adaptación al cumplimiento del Plan de gestión del Mediterráneo, al disponer de una financiación para el año 2022 superior a 16 millones de euros, presupuesto que fue aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial.
Política Territorial
AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CONSELL PARA UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Consell (Mallorca) a celebrar una consulta popular sobre el cambio de nombre del campo municipal de deportes.
La pregunta de la consulta es la siguiente: "¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento cambie el nombre del campo municipal de deportes a Camp Municipal d'Esports Miquel Vidal i Perelló?".
La consulta se considera asunto de competencia municipal, cumpliéndose el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo que se refiere a los requisitos legales necesarios: ser un asunto de carácter local, un asunto de especial relevancia para los intereses de los vecinos y un asunto que no es relativo a la hacienda local.
Al reunir la solicitud municipal todos los requisitos legales exigidos, el Consejo de Ministros autoriza la celebración de la consulta popular.
Cultura y Deporte
DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL EL REAL TALLER DE ASERRÍO DE VALSAÍN
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración del Real Taller de Aserrío de Valsaín como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Enclavado en el monte Matas de Valsaín en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), el nuevo monumento constituye una excepcional muestra de la arqueología industrial del siglo XIX en nuestro país. Además, y otro de los factores que han motivado su declaración como BIC, es su buen estado de conservación.
El Real Taller de Aserrío de Valsaín es, a su vez, un elemento integrante del patrimonio histórico español, como inmueble de interés histórico e industrial, según lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. el real decreto aprobado por el Gobierno supone el paso definitivo de protección, después de que el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, incoara el expediente el pasado diciembre de 2021, implicando ya un reconocimiento y salvaguarda de este monumento.
Singularidades del Bien de Interés Cultural (BIC)
Entre las singularidades del bien, considerado una muestra de diseño e instalación industrial ejemplar, destaca el hecho de haber sido construido específicamente para la maquinaria que iba a albergar. En una primera fase se excavó el sótano alrededor del cual se edificarían posteriormente el resto de las instalaciones del taller. El sótano se realizó con el fin de alojar la cimentación de las bancadas sobre las que se asentaba la maquinaria de aserrar en la planta superior, además de dotar del espacio necesario para albergar el eje transversal que transmitiría la fuerza motriz de la máquina a vapor. Finalizada la construcción, el ingenio a vapor dio movimiento a todas las máquinas de aserrío montadas sobre las bancadas.
El inmueble fue construido bajo el patrocinio de la Casa Real en 1884, pasando posteriormente su titularidad a Patrimonio Nacional. En 1983 la titularidad de todas las instalaciones del aserradero, así como de los Montes de Valsaín en los que se ubican, fue transferida al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Finalmente se integró en el actual Organismo Autónomo Parques Nacionales, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC)
La delimitación del BIC coincide con el área delimitada por el inmueble principal, la chimenea y el depósito de agua situado entre ambos. El entorno de protección por su parte viene delimitado por la tapia del jardín situado frente a la fachada este del inmueble principal, por un lado, y por el camino para tránsito de vehículos que separa las instalaciones del aserrío moderno del tradicional Real Aserrío Mecánico de Valsaín por el otro.
Ninguna de las actividades derivadas de la producción llevada a cabo en el aserrío moderno que colinda con las instalaciones del inmueble a proteger trascenderá los límites establecidos por esta declaración. Del mismo modo, dichos límites han sido establecidos buscando compaginar la protección efectiva del inmueble del antiguo Real Aserrío de Valsaín con el no entorpecimiento de las labores que posibilitan el correcto funcionamiento de las instalaciones modernas.
Sanidad
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL SANITARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. El proyecto ha sido informado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 28 de junio de 2022.
Marco normativo vigente
Los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social han tenido históricamente en España una regulación específica. Esa regulación propia se ha identificado con la expresión "personal estatutario" que deriva directamente de la denominación de los tres estatutos de personal: el estatuto de personal médico, el estatuto de personal sanitario no facultativo y el estatuto de personal no sanitario de tales centros e instituciones.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció en su artículo 84 que un estatuto marco regularía la normativa básica aplicable al personal estatutario en todos los servicios de salud, normas básicas específicas y diferenciadas de las generales de los funcionarios públicos.
Así, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.16ª y 18ª CE, se adoptó, entre otras medidas, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que constituye la base del régimen estatutario de este personal de los servicios de salud.
Reforma del estatuto marco: c18.r4. PRTR
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) contempla en su componente 11, relativo a la modernización de las administraciones públicas, la reforma referida a la reducción de la temporalidad en el empleo público. El objetivo de dicha reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las administraciones públicas españolas, actuando la reforma en tres dimensiones: adopción de medidas inmediatas para remediar la elevada tasa de temporalidad existente; articulación de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro; y, por último, potenciación de la adopción de herramientas y una cultura de la planificación para una mejor gestión de los recursos humanos.
Además, en el componente 18, renovación y ampliación de las capacidades del SNS, la reforma 4 se refiere al refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad, y se prevé expresamente que se reformará la ley que regula el personal sanitario en España (estatuto marco), que corresponde al hito 276.
En concreto, en la presente reforma del estatuto marco se aborda exclusivamente la reducción del empleo temporal, dejando para una posterior revisión del texto, de acuerdo con la disposición adicional decimoctava, incluir las modificaciones necesarias para alcanzar el resto de objetivos del citado hito como son: garantizar la cobertura de plazas en determinadas zonas geográficas no suficientemente atendidas a través de medidas incentivadoras, mejorar el entorno y las condiciones laborales a través de medidas que contribuyan al desarrollo profesional y retengan el talento en el sistema español, con la introducción de mejoras no solo en las condiciones económicas, sino también mediante la apertura de posibilidades en la docencia y la investigación. El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece en su disposición final segunda el plazo de un año desde su entrada en vigor para que se proceda a la adaptación de la normativa del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y en la disposición adicional decimoséptima del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), modificado, tras la adecuación de su contenido a los dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Mediante este real decreto-ley se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, para dar cumplimiento a lo previsto en la citada disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, en lo que afecta a la temporalidad del empleo público en el marco del personal estatutario del SNS.
Contenido del real decreto-ley
Se modifica la Ley 55/2003, en el sentido siguiente:
- Desaparecen los nombramientos eventuales.
- Se define el personal estatutario temporal interino y el personal estatutario sustituto (Europa ha entendido que los sustitutos son en este sector imprescindibles y que no puede limitarse la duración de su nombramiento por su propia naturaleza).
- El nombramiento de personal estatutario temporal interino puede estar motivado por tres causas:
- Existencia de vacante, que no sea posible cubrir por personal fijo, hasta 3 años, pasados los cuales ha de estar cubierto con personal fijo.
- Ejecución de programas de carácter temporal, por un periodo máximo de 3 años.
- Acumulación de tareas (por un máximo de 9 meses en un periodo de 18).
En los dos últimos casos, pasado el periodo señalado, si la necesidad se mantiene, ha de tramitase la dotación de plaza para ser cubierta de forma estructural
- El nombramiento de personal estatutario sustituto puede tener como causa:
- Ausencias del personal por vacaciones, permisos, dispensas, u otras ausencias con reserva de plaza, etc.
En el caso concreto del personal del Cuerpo Militar de Sanidad con destino en la Red Sanitaria y Hospitalaria de la Defensa que se encuentre cursando estudios para la obtención de especialidades complementarias de dicho cuerpo, se establece la posibilidad de que el personal estatutario nombrado en su sustitución pueda permanecer en la plaza durante todo el periodo de la enseñanza de perfeccionamiento de dicha especialidad (cuatro o cinco años).
- Cobertura de la atención continuada (guardias) de hasta dos profesionales que ejerzan el derecho de exención de su realización por edad (más de 55 años), enfermedad, embarazo de riesgo, lactancia.
- Cobertura de reducciones de jornada.
- Se añade un artículo recogiendo las medidas de control de la temporalidad para reforzar el propósito de esta modificación, situándolo justo después de los artículos que definen la temporalidad.
- Se adapta el artículo dedicado a la selección de personal temporal a estas modificaciones.
- Se recoge en dos disposiciones adicionales del real decreto-ley: por un lado, el compromiso de continuar la negociación en el ámbito de otros contenidos del estatuto marco (promoción interna temporal, jubilación parcial y prolongación en el servicio activo, entre otras); y, por otro, un plazo de 4 meses para adaptar los sistemas de información de recursos humanos a la nueva nomenclatura de los nombramientos (no al contenido del real decreto-ley, solo al cambio del nombre).
- Una disposición transitoria prevé la posibilidad de establecer tribunales por subgrupos de categorías para facilitar los procesos de estabilización (sobre todo en las comunidades autónomas de menos tamaño, ya que hacerlo por cada categoría y especialidad, como es habitual, podría hacer imposible el ya complejo proceso).
Tramitación
En el marco de la cogobernanza institucional (artículo 11 de la Ley 55/2003), durante la elaboración del texto se ha mantenido una interlocución fluida con el conjunto de las administraciones sanitarias, así como con las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito sanitario (FSES/CCOO/UGT/CSIF/CIG-SAUDE), con el fin de dar a conocer el alcance de la reforma proyectada, además de recibir y valorar sus aportaciones.
Así, a propuesta del Ministerio de Sanidad, se han realizado reuniones tanto de forma virtual los días 8, 9, 17 y 21 de febrero de 2022, como presenciales los días 30 de mayo, 9 y 16 de junio de 2022, todas ellas en el marco de la Comisión de Recursos Humanos del SNS.
Sanidad
EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO CON PROTONTERAPIA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Sanidad la celebración de un contrato de suministro de equipos para el tratamiento con protonterapia y equipamientos electromédicos asociados.
Con este acuerdo se da respuesta al Plan de Implantación de Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, por un valor estimado de 271 millones de euros (IVA incluido).
El contrato se tramita por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con los artículos 17, 22 y 156 a 158 de la Ley de Contratos del Sector Público, y por tramitación de urgencia, de acuerdo a lo establecido en su artículo 119.1.
Se trata de un contrato de suministro, distribuido en 4 anualidades: 28 millones de euros en 2022; 24,3 millones de euros en 2023; 121,5 millones de euros en 2024; y 97,2 millones de euros en 2025.
El Gobierno ha previsto, para el desarrollo de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, la incorporación de un total de 10 equipos de radioterapia de protones ubicados estratégicamente en centros públicos de todo el territorio nacional para dar cobertura a todos los pacientes de la sanidad pública española necesitados de estos tratamientos.
Estos 10 equipos se distribuirán de la siguiente manera por el territorio:
- Una unidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Gipuzkoa.
- Dos unidades en la Comunidad Autónoma de Cataluña: Barcelona.
- Una unidad en la Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña.
- Dos unidades en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Sevilla y Málaga.
- Una unidad en la Comunidad Autónoma Valenciana: Valencia.
- Una unidad en la Comunidad Autónoma de Canarias: Gran Canaria.
- Dos unidades en la Comunidad Autónoma de Madrid: Madrid.
La incorporación de estos 10 equipos permitirá dar una cobertura amplia tanto a las indicaciones estrictas actuales como a las nuevas indicaciones y usos de esta técnica que se vayan consensuando en el tiempo bajo el prisma de la evidencia científica. Al mismo tiempo, facilitará la investigación clínica y de desarrollo tecnológico relacionada con este tipo de tratamiento, y mejorará la accesibilidad de los pacientes al tratamiento, tanto a corto como a medio plazo.
En definitiva, se trata de una apuesta de futuro, que posicionará a España en el uso de la protonterapia al mismo nivel que Alemania, referente europeo en el uso de esta tecnología.
Para el desarrollo de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad contará con el apoyo financiero de la Fundación Amancio Ortega Gaona. Para ello, el pasado 19 de octubre de 2021, se suscribió un Convenio (modificado mediante adenda de 26 de mayo de 2022, publicada en el BOE núm. 136, de 8 de junio), entre, por una parte, el Ministerio de Sanidad y las consejerías competentes en materia de salud de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid, y, por otra parte, dicha fundación.
La protonterapia es una modalidad especial de radioterapia que utiliza protones en vez de rayos X o electrones, que permite una liberación más localizada de la radiación, lo que comporta una mejor distribución de la dosis y una menor irradiación del tejido sano circundante, disminuyendo los efectos adversos tardíos en los órganos y tejidos que rodean al tumor y reduciendo el riesgo de desarrollar segundos tumores, lo que es especialmente relevante en pacientes con alta supervivencia (pediátricos).
Derechos Sociales y Agenda 2030
PLAN DE ACCIÓN ESTATAL DE LA GARANTÍA INFANTIL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil.
La Garantía Infantil Europea es una recomendación del Consejo Europeo, aprobada por los Estados miembros el pasado 14 de junio, y cuyo objetivo es prevenir y combatir la exclusión social de niños y niñas mediante el acceso efectivo, independientemente del nivel de renta, a seis servicios esenciales para el desarrollo de la infancia.
Distingue 3 servicios que han de ser gratuitos: educación y cuidados en la primera infancia; educación y actividades extraescolares; y al menos una comida saludable gratuita en la escuela.
Además, otros 3 servicios han de ser asequibles: nutrición saludable, servicios sanitarios y vivienda adecuada.
España es uno de los países de la UE con una mayor tasa de pobreza infantil. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión para menores de 18 años se encontraba en el 27,4%, frente a un 21% para el conjunto de la población, antes del estallido de la pandemia. Éramos el tercer país de la UE donde mayor era esta tasa, tras Rumanía y Bulgaria. Una realidad fruto de la combinación de tres factores: unas relaciones laborales que generan exclusión; un mal reparto de la riqueza generada en el país; y un sistema de protección social a la infancia y familia poco desarrollado. Las consecuencias en la infancia son una limitación en el disfrute de derechos y oportunidades en el presente, y un desprecio de su talento ocasionado por la falta de igualdad de oportunidades en el futuro.
Cumplir con las recomendaciones del Consejo incluidas en la Garantía Infantil permitiría reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Para ello, la Comisión Europea otorga a los Estados miembros una herramienta financiera (el 5% del Fondo Social Europeo +) y otra programática, ya que todos han de presentar a la Comisión un Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea (PAEGIE) que es el documento aprobado por el Consejo de Ministros.
El Plan de Acción Estatal de la Garantía infantil es la hoja de ruta hasta 2030 donde se establecen objetivos y metas, medidas a implementar para lograrlos, e indicadores para valorar el avance hacia esos objetivos. Se trata de un documento con compromisos concretos que España adquiere como país con su infancia y adolescencia más vulnerable, involucrando al conjunto de las administraciones.
El plan se estructura en tres ejes estratégicos, dos temáticos y uno transversal.
Eje temático 1. Lucha contra la pobreza y refuerzo de la protección social de la infancia y la adolescencia, en el que hemos incluidos los objetivos nacionales de reducción de pobreza infantil del Pilar Social Europeo.
Eje temático 2. Universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos.
Eje transversal. Promoción de la equidad territorial, entornos protectores, igualitarios, inclusivos y participativos.
Cuentan con 20 objetivos, con indicadores y metas a 2025 y 2030, y para alcanzarlos se plantean un conjunto de 90 medidas que se concretarán en los planes operativos bienales.
Este plan ha sido elaborado con la participación de los ministerios competentes en la materia, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, las entidades locales y un extenso número de asociaciones del tercer sector, universidades, expertos y niños, niñas y adolescentes.
El Plan de la Garantía Infantil se ha presentado a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y a la Comisión Europea, habiéndose actualizado dicho texto tras las aportaciones recibidas. Una vez aprobado el plan por el Consejo de Ministros, se remitirá de manera definitiva a la Comisión Europea, siendo España uno de los primeros países en hacerlo.
El Plan de Acción Estatal de la GIE no pretende ser una memoria de las acciones de hoy sino una planificación al 2030 con una visión muy clara: que ningún niño o niña quede atrás y rompa con el ciclo intergeneracional de la pobreza.
BIOGRAFÍAS
Asuntos Económicos y Transformación Digital
Director de la Oficina del Comisionado especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua
D. MANUEL GONZÁLEZ BEDIA
Manuel González Bedia es licenciado en Ciencias Físicas, Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, y doctor en Ingeniería Informática con mención honorífica (Premio Extraordinario) por la Universidad de Salamanca.
En el ámbito privado, trabajó en I+D+i en los campos de ingeniería de materiales y de precisión como beneficiario del Programa Europeo Leonardo EURES (EURopean Employment Services) y del Programa ADE de Inversiones y Desarrollo en Castilla y León. Se incorporó, posteriormente, como consultor tecnológico y de innovación a la Fundación COTEC.
En su trayectoria académica ha ocupado una Acción MIT (Movilidad de Investigadores y Tecnólogos) en la Universidad de Salamanca, y ha sido profesor e investigador en las Universidades Complutense de Madrid (Instituto de investigación Pluridisciplinar) y Carlos III de Madrid. Igualmente, ha ocupado el puesto de investigador visitante en las Universidades de Edimburgo (Institute of Perception, Action and Behavior), Sussex (Centre for Cognitive Science) y País Vasco (Centre for Life, Mind & Society).
Actualmente es miembro del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad (en excedencia) de la Universidad de Zaragoza, donde también ejerció los cargos de director de Transparencia y Participación, y de secretario técnico de la Comisión de Rankings, dentro del Vicerrectorado de Prospectiva.
En los últimos años ha ocupado varios puestos en la Administración General del Estado, trabajando como vocal asesor en el Gabinete del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, subdirector general de Actividad Universitaria Investigadora en el Ministerio de Universidades, y vocal de la Comisión de Coordinación Interministerial en Investigación de los Ministerios de Ciencia, Sanidad y Universidades. Durante este período, ha desempeñado distintas responsabilidades en el diseño de actuaciones de política científica y universitaria, y en la elaboración y seguimiento de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Alfonso X el Sabio, e ingeniera técnica de Obras Públicas, por la Universidad Politécnica de Madrid, dispone también de un Máster en Comercio Exterior y Negociación Internacional así como de un Executive Máster in Business Administration por ICADE.
De su experiencia profesional, cabe destacar su desempeño como directora general de Economía Circular de Castilla-La Mancha, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, de 2019 a 2022. También ha sido jefa de sección en la Oficina Española para el Cambio Climático de 2018 a 2019.
Igualmente, ha ocupado los puestos de responsable técnico-comercial en CONSULNIMA SL, en HIDRALIA GRUPO INCLAM S.A. y en CERTUM, S.A..
Por su parte, en PROINTEC S.A., ha sido jefa de la Unidad de Control y Vigilancia de Infraestructuras. Ha trabajado, asimismo, en CYES S.A. y OFITECO, en el control técnico y económico de obra civil, y como ingeniera de proyectos.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Embajadora de España en la República Federativa de Brasil
Dª. MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ-PALACIOS CARMONA
Licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia de América, por la Universidad de Sevilla, ingresó en la Carrera Diplomática en octubre de 1991.
Ha sido jefa del Servicio de Política Consular, Conferencias y Organismos internacionales; jefa de Servicio de Acción Consular y consejera técnica de la Dirección General de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores; vocal asesora en el Departamento de Internacional del Gabinete del presidente del Gobierno y subdirectora general de México, Centroamérica y Caribe en la Dirección General para Iberoamérica en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ha estado destinada en las embajadas de España en Ucrania, China, Cuba y Marruecos y en la Representación Permanente de España ante la OTAN, en Bruselas.
Fue consejera cultural y de cooperación en la Embajada de España en Brasil, entre 1998 y 2002.
Desde julio de 2018, ha sido embajadora de España en Managua.
Embajadora de España en la República de Cabo Verde
Nacida en Oviedo el 22 de febrero de 1963, es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y con estudios de postgrado en el Colegio de Europa en Brujas en la rama de Derecho Comunitario. Ingresó en la Carrera Diplomática en octubre de 1991, asumiendo los puestos de jefa de Servicio de Pesca en la Subdirección General de Coordinación Comunitaria para Asuntos Agrícolas y de Pesca y consejera técnica en la Agencia Española de Cooperación Internacional.
En los servicios centrales desempeñó, asimismo, los puestos de subdirectora de Organismos Internacionales Técnicos, vocal asesora en la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, jefa de área de la Subdirección General de Seguridad y Operaciones de Mantenimiento de la Paz y subdirectora adjunta para Oriente Próximo.
Ha estado destinada en las Embajadas de España en Seúl, Moscú y Pekín y en las Representaciones Permanentes de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York. En 2017 fue nombrada en el puesto que desempeñaba hasta la fecha de delegada permanente adjunta ante la OCDE en París.
Embajador de España en la República de Corea
D. GUILLERMO KIRKPATRICK DE LA VEGA
Nacido el 8 de junio de 1967, en Madrid, es licenciado en Derecho e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Bulgaria (secretario), República Popular China (secretario), Corea (segunda jefatura) y Venezuela (segunda jefatura). Ha sido consejero cultural en las Embajadas de España en Uruguay y Japón. Fue subdirector general de Desarme y subdirector general de Países Andinos en la Dirección General para Iberoamérica y el Caribe. Actualmente era embajador de España en Honduras.
Embajador de España en la República de Honduras
D. DIEGO NUÑO GARCÍA
Nacido en Madrid, el 3 de enero de 1968, es licenciado en Derecho. Ingresó en la Carrera Diplomática en el año 2000.
Ha sido subdirector general de Asuntos Migratorios en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, subdirector general de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería en el Ministerio del Interior, así como subdirector general de Asuntos Multilaterales y Horizontales de África Subsahariana.
Igualmente, ha ocupado los puestos de vocal asesor en el Ministerio del Interior y en Exteriores, y de asesor internacional del ministro de Justicia en 2012.
En el exterior, ha estado en las representaciones de Argelia (cónsul general de 2001 a 2003), ante la OTAN en Bélgica, y en la Representación Permanente de la Unión Europea.
Por último, ha ocupado también los destinos de secretario encargado de Asuntos Consulares en la Embajada de España en Guatemala y consejero cultural en la Embajada de España en Bogotá.
Embajador de España en Malasia
Diplomático de carrera, ingresó en el Servicio Diplomático español en 1993. Fue consejero en la OSCE y en el Consejo de Europa en el 1994 y 1995, posteriormente fue destinado a las Embajadas de España en Libia (segunda jefatura 1996-1999), Jordania (segunda jefatura 1999-2002) y Alemania (consejero de Asuntos UE 2002-2005). De vuelta a los servicios centrales fue consejero de Asuntos Euro-mediterráneos (2005-2007) y subdirector general de Acción Exterior y Asuntos Comerciales de la UE (2007-2014).
También ha sido embajador de España en la República de Níger (2014-2017) y desde 2017, embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y dispone de un Máster de Altos Estudios Jurídicos Comunitarios por el Colegio de Europa. Igualmente es graduado en Historia del Arte y habla español, inglés, francés, alemán e italiano.
Embajador de España en la República de Namibia
D. ALBERTO PABLO DE LA CALLE GARCÍA
Nacido en Veracruz, México, en 1969, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1998. Ha ocupado la segunda jefatura en las Embajadas de España en Kenia (donde fue además representante permanente adjunto ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ONU-Hábitat), Emiratos Árabes Unidos y Ecuador.
Ha sido también consejero político y enlace de la Presidencia Española de la UE de 2010 en la Oficina del Representante Especial de la UE en Kosovo, y consejero en la Misión Permanente de España ante la ONU en Nueva York, donde ejerció como coordinador político adjunto de la Delegación española en el Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido jefe de Servicio de Asuntos de Defensa en la Dirección General para las Naciones Unidas, la Seguridad y el Desarme, jefe de área y subdirector adjunto en la Subdirección General de Política Exterior, vocal asesor y director adjunto en el Gabinete del ministro, y asesor en la Subdirección General de Cooperación Internacional contra el Terrorismo, las Drogas y el Crimen Organizado, como coordinador general de la Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo.
Embajador de España en el Estado de Qatar
D. JAVIER MARÍA CARBAJOSA SÁNCHEZ
Nacido en Madrid en 1960, es licenciado en Derecho por la Universidad CEU SAN PABLO. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1985.
A lo largo de sus 37 años de servicio ha ocupado puestos en las Embajadas de España en Mauritania, Bélgica, Ecuador y Estados Unidos de América, así como las segundas jefaturas en las Embajadas de España en el Reino Unido y en Argelia.
Ha desempeñado igualmente el cargo de embajador en Pakistán, el de embajador en Misión Especial para Cuestiones Migratorias, y de embajador en Trinidad y Tobago (acreditado en siete países y tres organizaciones regionales).
Ha sido igualmente asesor del secretario del estado para Asuntos Exteriores, y subdirector general para Oriente Medio y el Golfo.
Actualmente prestaba sus servicios como cónsul general de España en Sidney, Australia.
Embajador de España en Ucrania
Nacido en Santander, en 1964, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, DEA en Derecho Comunitario por la Universidad Panthéon-Assas, diplomado en Seguridad Europea por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y en el programa de Gestión de Políticas Públicas del IESE Business School. Ingresó en la Carrera diplomática en 1997.
Ha sido director de la Oficina de Análisis y Previsión y subdirector general de Política Exterior y de Seguridad Común en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, y asesor en el Departamento internacional y de seguridad en la Presidencia del Gobierno.
Igualmente, ha estado destinado en las Embajadas de España en Managua y Pretoria, y ha sido representante adjunto en el Comité Político y de Seguridad de la UE, y ante la Unión Europea Occidental.
Por último, ha sido embajador de España en Costa de Marfil y Liberia y Resident Disntiguished Fellow en el German Marshall Fund of the United States en Washington DC.
Educación y Formación Profesional
Directora General de Planificación y Gestión Educativa
Dª. MARÍA DEL ÁNGEL MUÑOZ MUÑOZ
Nacida en Madrid, en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación. Desempeñaba hasta ahora el puesto de subdirectora general de Centros, Inspección y Programas, dependiente de la propia Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
Ingresó en la docencia en 1996 como profesora de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Administración de Empresas, ejerciendo sus funciones en institutos de la Comunidad de Madrid. Trabajó durante tres años como asesora en asuntos jurídicos relacionados con el ámbito educativo, adscrita a Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Desde 2006, ha desempeñado el puesto de inspectora de Educación. Entre 2013 y 2015, fue jefa de Área de Gestión Administrativa de la Subdirección General de Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid.
Entre 2015 y 2016, fue vocal asesora en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Durante los años 2016 a 2020 desempeñó el puesto de jefa del Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial de Madrid Oeste, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Ciencia e Innovación
Comisionado para el PERTE Aeroespacial
D. MIGUEL BELLÓ MORA
Doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Braunschweig (Alemania) e ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde el año 2000, hasta la fecha, ha sido CEO del Atlantic International Research Centre (AIR Centre) organización internacional para aplicaciones científicas y tecnológicas en las regiones atlánticas, con especial atención a la tecnología aeroespacial para sostenibilidad, cambio climático y preservación de los océanos. Asimismo, durante 2021 y 2022 fue presidente de Eureka, la mayor red mundial para la innovación en cooperación internacional con 50 países miembros.
Anteriormente, entre 2001y 2019, fue CEO y fundador de las empresas del grupo aeroespacial DEIMOS con filiales en España (DEIMOS Space, DEIMOS Apllicaciones Tecnológicas, DEIMOS Imaging), en Portugal (DEIMOS Engenharia), en Reino Unido (DEIMOS UK), en Rumania (DEIMOS Romania) y en Italia (DEIMOS Italy). Y promotor y responsable del lanzamiento de los dos primeros satélites españoles de observación de la Tierra: DEIMOS 1 y DEIMOS 2.
Entre 1985 y 2001 trabajó en la empresa espacial GMV, llegando a ser director del equipo de la empresa destacado en la Agencia Espacial Europea (ESA) en su centro de operaciones en Darmstadt (Alemania), director de Análisis de Misión e Ingeniería y finalmente director de Programas Espaciales Institucionales.
Asimismo, destaca su condición de miembro del Patronato y miembro titular de la Sección 2 (Ciencias de la Ingeniería) de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA); del Comité de Astrodinámica de la Federación Astronáutica Internacional (IAF); presidente de la Sesión de Diseño de Constelaciones y Misiones del Simposio de Astrodinámica del IAC y miembro del Comité de Gestión del Tráfico Espacial del IAA; del Grupo Asesor de Desechos Espaciales de la Agencia Espacial Europea (SDAG) y profesor invitado de Mecánica Celeste en la Universidad La Sapienza de Roma.