Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• PROYECTO DE LEY de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1, letra b), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital, así como se modifica el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se declara la reserva de 4.161,77 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras de los proyectos de "Bombeo e impulsiones de costa" y "ETBAR de Ensenada Pelada", término municipal de Granadilla de Abona, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo sobre Inmunidades y Prerrogativas entre el Reino de España y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Azerbaiyán para el intercambio y la protección mutua de la información clasificada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Acuerdo.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se dispone el cambio de denominación del Ejército del Aire por la de Ejército del Aire y del Espacio.

Hacienda y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Grupo Celsa España.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Grupo Vivanta.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Hotels & Resorts Blue Sea, S.A.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Meeting Point, Spain S.L., y Meeting Point Hotelmanagement (Canaries), S.L.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Imasa Ingeniería y Proyectos, S.A.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Ingeniería y Suministros Asturias, S.A.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C19, I3). ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Defensa la ampliación y modernización del Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVDEF) existente, hacia lo que será el Proyecto GNOSS (Componente 19, Inversión 3).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de daños por el desprendimiento en el talud situado en el punto kilométrico 435,695 de la carretera N-340a, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Almería, por importe de 1.235.246,73 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños producidos en la Red de Carreteras del Estado en Murcia como consecuencia del episodio provocado por lluvias persistentes en marzo de 2022, provincia de Murcia, por importe de 4.025.559,61 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por graves daños en el puente sobre el antiguo cauce del río Rubagón situado en el punto kilométrico 399+700 de la línea 160 Palencia - Santander, por un importe de 1.739.062,50 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorandum del Sistema de Información EQUASIS, correspondiente a 2022, por importe de 50.000 euros.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción de la Autovía A-49, del V Centenario. Vía de Servicio. Acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento de la Costa Occidental de Huelva. Clave: 17-H-5020.

Industria, Comercio y Turismo

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención al municipio de Tortosa para apoyar la organización del Terres Travel Festival-Films & Creativity, certamen internacional del audiovisual turístico.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C3, R6). REAL DECRETO por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.
• ACUERDO por el que se autorizan contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales y programas y fondos de carácter internacional, por importe de 153.907,17 euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• PROYECTO DE LEY para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI.
• ACUERDO por el que se declara "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil" el territorio afectado como consecuencia de los incendios forestales acaecidos en el mes de junio de 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
• ACUERDO por el que se aprueba el Informe de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado correspondiente al año 2021 y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se aprueban diversas campañas de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado para su inclusión en el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional 2023.

Cultura y Deporte

• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la implementación de un sistema contraincendios en la Biblioteca Nacional de España, por importe de 502.078, 98 euros.

Sanidad

• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a la anualidad de 2022, al Esquema de Cooperación en Inspección Farmacéutica en concepto de cuota de miembro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por importe de 11.040 francos suizos.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la realización, por el Instituto de la Juventud, de la campaña sobrevenida de publicidad institucional "2022 Año Europeo de la Juventud".

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., el pago de las contribuciones a diversos organismos y entidades internacionales correspondientes al año 2022, por importe de 6.700 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de las contribuciones a diversas organizaciones y programas de investigación internacionales, correspondientes al año 2022, por importe de 33.701 euros.

Igualdad

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C30, R3). REAL DECRETO por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios esenciales y la adquisición de suministros básicos imprescindibles para la acogida de personas procedentes de Ucrania en situación de vulnerabilidad y grave peligro, por importe de 73.473.786 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal la concesión de una subvención directa a la Asociación Católica de Cooperación Española de Migraciones (ACCEM) por importe de 15.250.000 euros, prevista nominativamente en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal la concesión de una subvención directa a la entidad Cruz Roja Española, por importe de 57.250.000 euros, prevista nominativamente en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal la concesión de una subvención directa a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) por importe de 23.750.000 euros, prevista nominativamente en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

• REAL DECRETO por el que se nombra delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana a Dª. MARÍA PILAR BERNABÉ GARCÍA.
• REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación a D. ION FERNANDO ANTOLÍN LLORENTE.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones a D. FRANCISCO DE BORJA SUÁREZ CORUJO.
• REAL DECRETO por el que se nombra secretario de Estado de Migraciones a Dª. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ.
• REAL DECRETO por el que se nombra director General de Ordenación de la Seguridad Social a D. JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS.
  

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

REFORMA DE LA LEY DE LOS MERCADOS DE VALORES

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión para su remisión a la Cortes Generales.

La norma tiene como objetivo la modernización de los mercados de valores con el fin de mejorar y potenciar su capacidad de financiación de la economía de forma transparente y eficiente, fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión y mantener un elevado nivel de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores.

Esta nueva norma constituye una ley marco que sustituye a la normativa vigente de 2015 y funde en un solo texto directivas europeas y reglamentos que han venido desarrollando esta materia para proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores.

Con ello, se adapta el marco legal financiero a las nuevas realidades tecnológicas y económicas y, en particular, la digitalización, las directivas comunitarias, los nuevos instrumentos y mercados de financiación de las PYMEs (como el mercado BME Growth) y las nuevas formas de salida a cotización (como las SPAC, empresas que salen a cotizar a bolsa sin actividad y con el único objetivo de captar dinero para comprar una compañía).

Medidas para mejorar la capacidad de los mercados de valores para financiar a las empresas españolas

El proyecto de ley incluye medidas para mejorar la regulación de los mercados de valores, con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación no bancaria de las empresas, y aumentar la protección de los inversores.

Con este objetivo, el proyecto de ley simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones.

Para ello se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, se reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija, y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores. De esta forma, se alinea la regulación nacional con la normativa comunitaria y la de los países de nuestro entorno.

También se establecen mejoras en el ámbito del mercado BME Growth, al aplicarse al segmento de pymes en expansión el régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS), que permitirá a los accionistas recibir proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas.

Asimismo, se amplía la definición de pyme para incluir a empresas cuyas con emisores de deuda en un ejercicio inferior a 50 millones de euros, aumentando las posibilidades de cotizar en este mercado y por lo tanto de mejorar la financiación de las empresas.

Además, se incorporan a la normativa española los cambios aprobados en la Directiva MIFID II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones de información que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

Medidas para mejorar la protección de los inversores

En primer lugar, la norma moderniza la regulación y avanza en la incorporación de normativa europea para hacer frente a los desafíos derivados del proceso de digitalización. En este ámbito, se establecen las previsiones necesarias para aplicar en España la normativa europea sobre criptoactivos de forma inmediata a su aprobación, al dotar a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito.

Así, se incluye en el ámbito de la aplicación de la norma cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo, es decir, que esté representado mediante tecnología de registro distribuido. Además, se incorporan las infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos cuando entre en vigor la normativa europea. De esta forma, la CNMV podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de los criptoactivos que no son instrumentos financieros y que se presenten como objeto de inversión.

Asimismo, se incorporan las previsiones para la aplicación del reglamento del régimen piloto para la utilización de tecnología de registros distribuidos (blockchain) en las infraestructuras de mercados de valores, que permitirá utilizar esta tecnología para operaciones con acciones y bonos tokenizados durante cinco años y sin superar un determinado volumen de subsecretaria@mpr.es

En segundo lugar, el proyecto de ley incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las mencionadas SPAC), garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas.

Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo también su dependencia del crédito bancario.

En tercer lugar, la incorporación de la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión (ESI), mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar impulso a mercados en crecimiento.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON AUSTRALIA PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa.

El acuerdo tiene por finalidad garantizar la protección de la información clasificada generada o intercambiada entre las Partes, o por personas físicas o jurídicas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes. Su firma contribuirá a la preservación de los intereses de España en sus relaciones internacionales, pues estas exigen a veces el intercambio de información que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, debe ostentar un grado de clasificación y estar sometida a procesos especiales de utilización y manejo para preservar esa integridad.

En concreto, en el campo de la industria de la defensa y el armamento, los contratos de fabricación, montaje o suministro implican a menudo el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales. Por ello, se hace necesario establecer normas con arreglo a las cuales los Estados puedan compartir sin riesgo esa información clasificada.

El acuerdo constituye, por tanto, un instrumento jurídico esencial que favorecerá el desarrollo de la industria española de la defensa y los intercambios comerciales bilaterales en este sector.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE INMUNIDADES Y PRERROGATIVAS CON EL BCIE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo sobre Inmunidades y Prerrogativas entre el Reino de España y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución financiera multilateral de desarrollo, con personalidad jurídica y carácter internacional, siendo la principal fuente de financiación de la zona. Su objetivo es promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana y ser el referente en el desarrollo sustentable y en la integración económica de la región, e impactar de manera eficaz en el bienestar de la sociedad.

Cinco países fundaron la institución, en 1960: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente se adhirieron, entre otros, México, Argentina, Colombia, España, República Dominicana, Panamá, Belice, Cuba y Corea del Sur.

El banco tiene su sede y oficina principal en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras. En marzo de 2020, el directorio del banco renovó la política de expansión de la institución, acordando, en concreto, la apertura de oficinas en Europa y Asia.

España es la única economía europea del BCIE, posee el 4% del capital y ostenta un puesto permanente en el directorio, el órgano de gobernanza de la institución. En atención a ello y al ser España, por el momento, el único país europeo miembro del banco, éste ha optado por Madrid como sede de su primera oficina en el continente.

La apertura de la oficina en Madrid no supondrá gasto para el Estado español, dado que tanto los gastos corrientes como la inversión correrán a cargo del presupuesto de la institución.

Mediante este acuerdo se otorgan al BCIE las facilidades, inmunidades y prerrogativas necesarias para el desempeño de sus actividades en España, en desarrollo de lo establecido en el capítulo VI del Convenio Constitutivo del BCIE.

La decisión del BCIE de abrir una oficina en Madrid se considera una oportunidad para consolidar el protagonismo de nuestro país como nexo entre Centroamérica y Europa. La oficina deberá posibilitar, a corto plazo, una mayor relación entre las empresas españolas interesadas en esa zona y el principal financiador multilateral centroamericano.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON AZERBAIYÁN PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Azerbaiyán para el intercambio y la protección mutua de la información clasificada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Acuerdo.

Este acuerdo tiene por finalidad fijar las reglas que han de regir el intercambio de información clasificada que se produzca entre las Partes y los contratistas, así como la regulación de todos los aspectos relativos a los mecanismos de protección, uso y eventual destrucción de tal información.

La ratificación del acuerdo contribuirá a la preservación de los intereses de España en sus relaciones internacionales, pues estas exigen a veces el intercambio de información que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, debe ostentar un grado de clasificación y estar sometida a procesos especiales de utilización y manejo para preservar esa integridad.

En concreto, en el campo de la industria de la defensa y el armamento, los contratos de fabricación, montaje o suministro implican a menudo el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales, por lo que se hace necesario establecer normas con arreglo a las cuales los Estados puedan compartir sin riesgo esas informaciones clasificadas.

Este acuerdo constituye, por tanto, un instrumento jurídico esencial que favorecerá el desarrollo de la industria española de la defensa y los intercambios comerciales bilaterales en este sector.

La firma del presente acuerdo tuvo lugar en Madrid, el 14 de diciembre de 2021, previa autorización del Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2020.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de marzo de 2022, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos de los apartados b) y e) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el Acuerdo versa sobre materias relacionadas con la defensa (apartado b) y toda vez que sus prescripciones inciden directamente sobre materias reguladas por ley en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente sobre la legislación de secretos oficiales (apartado e).

Defensa

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE POR EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se dispone el cambio de denominación del ejército del aire por la de ejército del aire y del espacio.

La importancia creciente del espacio ultraterrestre del ámbito aeroespacial determina que las Fuerzas Armadas, y muy especialmente el Ejército del Aire, deban ser capaces de monitorizar el espacio, garantizando su seguridad y libertad de actuación en pro de los intereses nacionales, lo que exigirá el desarrollo y la potenciación progresiva de los sistemas espaciales.

Como parte más visible y representativa de este esfuerzo de adaptación al nuevo dominio del espacio, ha llegado el momento de completar la actual denominación del Ejército del Aire, en sintonía con los nuevos cometidos ya asumidos de vigilancia y control del espacio ultraterrestre y las capacidades incorporadas, por lo que resulta necesario proceder a un cambio formal de denominación del Ejército del Aire, lo cual se realiza en consonancia con las iniciativas que actualmente están tomando otras fuerzas aéreas aliadas de nuestro entorno.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA AMPLIAR Y MODERNIZAR EL CAMPUS VIRTUAL CORPORATIVO DE LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para posibilitar al Ministerio de Defensa la ampliación y modernización del Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVDEF) existente, hacia lo que será el Proyecto GNOSS, que supondrá una mejora de las competencias digitales.

De esta forma, se autoriza al citado ministerio a adquirir compromisos de gastos para los ejercicios 2023 y 2024 en la aplicación presupuestaria 'Competencias digitales para el empleo. Defensa', con una dotación presupuestaria, a nivel de vinculación, de 3 millones de euros. El montante será de 22 millones de euros, quedando fijados en los siguientes términos:

De esta forma, con esta operación se pretende ampliar y modernizar el Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVDEF) existente, hacia lo que será el Proyecto GNOSS, dotándolo de nuevas capacidades que posibilitarán la ejecución del Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional (PAIDP) y la implementación del Plan Nacional de Competencias Digitales en las Fuerzas Armadas (DIGCOMP 360).

El acuerdo supone el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, en el componente 19, denominado 'Plan Nacional de Competencias Digitales', incluye cuatro inversiones, una de ellas se denomina 'Competencias Digitales para el empleo'.

El componente 19 tiene por objeto entre otros:

• La adquisición de competencias digitales para la educación a docentes y estudiantes en todos los niveles del sistema educativo.
• La adquisición de competencias digitales avanzadas, tanto a los desempleados para mejorar sus condiciones de empleabilidad como a los ocupados, tanto en el sector privado como en el sector público.
• En este contexto el Ministerio de Defensa elaboró el proyecto DIGCOMP 360 de formación en competencias digitales, dirigido a personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y reservistas de especial disponibilidad, personal de apoyo y profesorado de los centros docentes militares, el cual fue aprobado y dotado económicamente por 25 millones de euros procedentes de la asignación a España del programa NextGeneration EU.
• De estos 25 millones de euros, en los presupuestos del Ministerio de Defensa para el ejercicio 2022 se dotaron en la aplicación presupuestaria 'Competencias digitales para el empleo. Defensa' un total de 3 millones de euros.
• Posteriormente, el Consejo de Ministros, con fecha 8 de marzo de 2022, aprobó la elevación de límites por importe de 20 millones de euros en las anualidades 2023 y 2024, por 10 millones de euros en cada año, para financiar el convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, que, junto con el crédito inicial para 2022, supone un total de 23 millones de euros.

Los 2 millones restantes que completan el proyecto DIGCOMP 360 corresponden al proyecto GNOSS, el cual será un campus virtual desplegado en forma de nube híbrida.

Será accesible vía web y dispondrá de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) en nube pública y de un repositorio, que tendrá como finalidad:

• Adquirir un software como servicio en la nube pública que permita disponer de una plataforma de herramientas y recursos educativos modernos que redunden en la mejora de la calidad docente del Ministerio de Defensa como elemento central sobre el que pivotarán el resto de componentes de GNOSS.
• Contratar los servicios de consultoría y asistencia técnica que integren el nuevo LMS GNOSS, que desarrollen todas las capacidades solicitadas dentro del Proyecto GNOSS y proporcionen servicios de soporte y mantenimiento durante la duración del contrato.

El importe total del proyecto asciende a 2 millones de euros para los años 2023 y 2024, distribuido un millón de euros en cada uno de esos ejercicios.

Hacienda y Función Pública

NUEVAS OPERACIONES CON CARGO AL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de seis nuevas operaciones de respaldo público temporal, por un valor total de 721 millones de euros, destinados a Celsa, ISASTUR, Vivanta, Imasa, Meeting Point y Blue Sea.

Estas autorizaciones se producen después de que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas haya aprobado dichas operaciones.

Se trata de unas decisiones adoptadas tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las seis empresas, del impacto que han sufrido por la COVID-19, del plan de viabilidad que han presentado cada una de las entidades, así como de las perspectivas de evolución del grupo y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que va a recibir.

Las ayudas proceden del citado Fondo de Apoyo a la Solvencia, una herramienta clave para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha, con una dotación de hasta 10.000 millones de euros.

Celsa

El Consejo de Ministros ha autorizado una ayuda solicitada por Celsa España, cuya cuantía asciende a 550 millones de euros, canalizados a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones de euros y otro ordinario de 269,5 millones.

Dado que el importe del préstamo participativo es superior a 250 millones de euros, ha sido necesaria la autorización por parte de la Comisión Europea antes de su elevación al Consejo de Ministros.

Celsa España, que forma parte de Celsa Group, es un grupo industrial familiar fundado en 1967 que desarrolla su actividad en el sector siderúrgico. El grupo cuenta con una fuerte implantación tanto nacional como internacional, siendo el segundo fabricante europeo de productos largos de acero.

El grupo, con sede en España, tiene 120 centros de trabajo en nueve países de Europa. En el territorio nacional, tiene presencia en siete comunidades autónomas y trece provincias, con especial relevancia en Cantabria, Cataluña y el País Vasco.

Celsa España es un grupo netamente exportador, ya que destina más del 60% de las ventas de sus plantas españolas al exterior. Su producción en España se destina fundamentalmente al mercado de la construcción y al sector de la automoción.

Para Celsa España la crisis ocasionada por la pandemia generó caídas en sus mercados naturales del 25% en 2020, año que arrojó un resultado negativo de 364 millones de euros. En España, la compañía emplea directamente a 4.500 profesionales y genera más de 33.000 puestos de trabajo en total (directos, indirectos e inducidos). Asimismo, cuenta con una extensa red de proveedores en España (más de 7.000) y contribuye a generar una gran actividad logística, ya que trabaja con más de 800 transportistas y 80 armadores.

Vivanta

El Consejo también ha aprobado la concesión de una ayuda de 40 millones de euros al Grupo Vivanta, que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones.

Creada en 2017, Vivanta está especializada en salud bucodental, es la segunda cadena de clínicas dentales del país, con más de 200 clínicas distribuidas en 17 Comunidades Autónomas, dando servicio a más de 100.000 pacientes anualmente. La compañía tiene un impacto significativo en el empleo nacional y la economía española. En 2019 generó casi 2.000 empleos directos y cerca de 1.300 indirectos. El 85% de su plantilla son mujeres y el 60% es menor de 38 años.

En los primeros años desde su creación y hasta la llegada de la pandemia, Vivanta ha presentado ratios de crecimiento de ingresos, pasando de unas ventas de 32 millones de euros en 2017 a 148 millones en 2019. Sin embargo, la crisis sanitaria supuso una drástica caída de la demanda en el sector dental, llegando prácticamente al 100% en el periodo de confinamiento inicial.

ISASTUR

El Consejo de Ministros, por otro lado, también ha aprobado la concesión de una ayuda de 40 millones de euros a ISASTUR. Dicha financiación se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones.

ISASTUR (Ingeniería y Suministros Asturias, S.A) es la sociedad dominante del Grupo ISASTUR, un conjunto de empresas especializadas en el diseño, construcción, puesta en marcha y entrega de proyectos llave en mano, principalmente en el sector de la energía. Cuenta con presencia permanente en Europa, América, África y Oriente Medio, y actualmente en torno al 65% de su producción está ligado a las energías renovables.

ISASTUR tiene un impacto laboral y económico muy elevado en España y especialmente en Asturias. En 2020 contaba con un total de 1.981 empleos, la mayoría de ellos en la región. Además, el grupo es un actor clave en el sector de la ingeniería en Asturias, con un papel destacado en la cadena de valor entre sus clientes, generalmente grandes empresas y sus proveedores, pequeñas y medianas empresas.

El impacto de la COVID-19 en el sector de ingeniería ha sido notable durante 2020. En este contexto, el Grupo ISASTUR ha experimentado un fuerte deterioro de su actividad, provocando más de un 212% de caída en su resultado de explotación en el pasado año, lo que evidencia el fuerte impacto de la crisis sufrida en la actividad del grupo

IMASA

El Gobierno, además, ha autorizado la concesión de una ayuda de 35 millones de euros a IMASA. Dicha financiación se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 17,85 millones de euros y otro ordinario de 17,15 millones.

IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A., empresa de ingeniería y construcción con sede central en el Principado de Asturias, es la sociedad dominante del Grupo IMASA, dedicado a la prestación de servicios de diseño, ingeniería, fabricación, suministro, montaje, mantenimiento y gestión de proyectos para plantas industriales y plantas de generación de energía, operando tanto en el sector público como privado desde hace más de 40 años.

De capital mayoritariamente asturiano, IMASA ejerce un papel importante tanto en el empleo como en la economía de Asturias, integrando actividades de valor añadido en toda la cadena de valor de la ejecución de proyectos y llegando a alcanzar una plantilla de 1.200 empleados propios, siendo así una de las mayores empleadoras del Principado. Además, tiene presencia internacional en Portugal, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Israel, Marruecos y Sudáfrica.

La crisis pandémica ha supuesto una caída generalizada de la demanda durante estos dos últimos años en las industrias en las que opera IMASA, lo que le ha generado un impacto muy significativo en ventas, con una bajada del 56,7% en 2020 y de un 28,6% en 2021.

Meeting Point

El Consejo de Ministros, además, ha aprobado la concesión de una ayuda de 31 millones de euros al Grupo Meeting Poing España. Dicha financiación se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,7 millones de euros y otro ordinario de 10,3 millones.

El negocio de Meeting Point en España se divide en la división hotelera, que a octubre de 2019 operaba 26 hoteles en régimen de arrendamiento con una oferta de 4.000 habitaciones en cuatro destinos en las Islas Canarias, y en la división de turoperador, que se encarga de la organización de viajes y venta minorista.

El grupo genera empleo de manera significativa en Canarias, ya sea de forma directa, con 1.680 empleados, o indirecta, con más de 555 empleados. Además, cuentan con más de 1.000 proveedores entre grandes compañías nacionales y proveedores locales de proximidad. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el sector turístico y en particular en el grupo, debido principalmente a las restricciones motivadas por la crisis sanitaria.

Blue Sea

Asimismo, el Consejo también ha aprobado la concesión de una ayuda de 25 millones de euros al Grupo Hotels & Resorts Blue Sea, que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,84 millones de euros y otro ordinario de 4,16 millones.

Blue Sea es una empresa estratégica en el sector turístico a nivel nacional. Su actividad es la explotación de 26 establecimientos hoteleros, gran parte de ellos en propiedad, ubicados principalmente las Islas Canarias y Baleares, además de en Girona, Málaga y Madrid, con una oferta total de unas 4.500 habitaciones en un modelo de negocio de tipo vacacional en el segmento 'midscale'.

La cifra de negocio del grupo se elevó en 2019 a 86 millones de euros, creciendo a un ritmo anual superior al 22% desde el año 2017. A finales de 2019 Blue Sea daba empleo directo a 971 personas e indirecto a otras 680. El 100% de sus proveedores son nacionales, con un alto porcentaje de los mismos en el ámbito local. Sin embargo, la crisis ocasionada por la COVID impactó en las cuentas del grupo hotelero, que supuso obtener pérdidas significativas en los ejercicios 2020 y 2021.

Operaciones del FASEE

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la COVID-19 y consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. El Fondo de Solvencia está encuadrado en el contexto europeo de medidas ante la COVID-19 su Marco Temporal finaliza el próximo 30 de junio.

El fondo se dotó inicialmente con 10.000 millones de euros, una cantidad que ha resultado suficiente para dar respuesta a las necesidades de las empresas a las que va dirigido.

El FASEE ha aprobado un total de 30 operaciones por valor de 3.255,8 millones, el 60,3% del total de los 5.392,7 millones solicitados.

Las ayudas autorizadas, además de las citadas previamente, corresponden a las siguientes empresas: Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A., Grupo Ferroatlántica S.A.U., Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, y Vicinay.

Interior

AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS DE ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Foral de Navarra, Valenciana y de la Región de Murcia por los incendios forestales que tuvieron lugar, en su mayoría provocados por la ola de temperaturas extremadamente altas que afectó a casi todo el territorio peninsular, desde el pasado día 10 de junio.

En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

En concreto, la declaración ZAEPC ha sido aprobada respecto a los siguientes incendios: Sierra Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Riofrío de Aliste (Zamora), Nonaspe (Zaragoza), Castellar de la Ribera (Lleida), Caudiel (Castellón de la Llana), Ayoó de Vidriales (Zamora), Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos (Teruel) y San Martin de Unx (Navarra).

Estos incendios han afectado a una superficie de unas 52.000 hectáreas (de las que 31.000 se concentran en la provincia de Zamora) y han requerido la movilización de más de 1.800 efectivos y 612 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como 24 aviones anfibios y 3 helicópteros de extinción, 14 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales y 4 aviones de coordinación.

Además del daño medioambiental, estos incendios han requerido la evacuación preventiva de casi 4.000 personas y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser plenamente cuantificados.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en su capítulo V del título II, previa declaración de la ZAEPC por acuerdo del Consejo de Ministros.

AYUDAS DIRECTAS

Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las siguientes:

• Ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros.
• Ayudas por destrucción o daños en enseres de primera necesidad: el coste con un límite de 2.580 euros.
• Ayudas por destrucción total de la vivienda habitual: el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros.
• Ayudas por daños a la estructura de la vivienda habitual: el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros.
• Ayudas por otros daños en la vivienda habitual: el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros.
• Ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios: el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros.
• Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos.
• Ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.
• Ayudas a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables: entre el 50% y el 100%, según los casos.
• El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Otras medidas

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas:

• Beneficios fiscales: el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
• Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
• Ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
• Daños en infraestructuras públicas y dominio público: los restantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras, para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

Industria, Comercio y Turismo

SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TERRES TRAVEL FESTIVAL-FILMS & CREATIVITY DE TORTOSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención a favor del municipio de Tortosa (Tarragona) para apoyar la organización del Terres Travel Festival-Films & Creativity, certamen internacional del audiovisual turístico cuya sexta edición se celebrará en dicha ciudad entre los días 2 y 10 de septiembre de 2022. El importe máximo de la subvención es de 80.000€.

Entre las actuaciones a financiar destacan la dirección artística y técnica del festival, la producción de congresos, el montaje técnico de proyecciones y la promoción del festival.

El Terres Travel Festival-Films & Creativity, cuya primera edición tuvo lugar en 2017, es el único festival dedicado al género audiovisual turístico en España. Es el único festival español incluido en el circuito del Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CETT).

El evento se celebra en Tortosa, una ciudad con más de 2.000 años de historia y en un territorio que cuenta con el sello de reserva de la biosfera de la UNESCO, las Tierras del Ebro.

Agricultura, Pesca y Alimentación

FONDOS A ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS INTERNACIONALES DE CARÁCTER AGRÍCOLA Y GANADERO

El Consejo de Ministros ha autorizado a realizar siete contribuciones, por un valor total de 153.907 euros, a distintos organismos y programas internacionales de carácter agroalimentario considerados de interés para España.

De esta cantidad, 69.622 euros irán destinados al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Este tratado, adoptado por Naciones Unidas en 2001 y firmado por España en 2002, tiene entre sus objetivos la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

Asimismo, el ministerio destinará otros 28.750 euros al Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos (ECPGR), establecido para facilitar que los programas nacionales, regionales y subregionales en Europa conserven los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, brinden acceso y aumenten la utilización de manera colaborativa, racional y efectiva.

Otros 20.200 euros financiarán la iniciativa "4 por 1000", establecida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de París (COP 21), con el objetivo de aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos para que estos se conviertan en sumideros de carbono, mitiguen el cambio climático y mejoren su resiliencia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ostenta la representación española en esta iniciativa, cuya participación es asumida voluntariamente por instituciones y países.

También se ha autorizado una aportación de 14.641 euros a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP), organización científica auspiciada por Naciones Unidas que promueve las mejores condiciones económicas y estructurales para la producción animal. España es uno de los miembros fundadores de la EAAP

De igual manera, se van a destinar 10.000 euros al Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS), cuya finalidad principal es aumentar la transparencia de los mercados y, por consiguiente, reducir la volatilidad de los precios, al tiempo que promueve una acción política en favor de la seguridad alimentaria.

El ministerio aportará otros 5.894 euros a la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID). Establecida en 1950, esta organización internacional científico-técnica, sin fines de lucro y no gubernamental, trabaja para conformar una red profesional de expertos de todo el mundo en el campo del riego, el drenaje y la gestión de inundaciones.

Por último, se ha autorizado una aportación de 4.800 euros al Punto Focal Europeo para Recursos Genéticos Animales (ERFP). Los Puntos Focales Regionales para los Recursos Genéticos Animales se han establecido en varias regiones para facilitar la cooperación regional, proveer asistencia técnica y liderazgo, coordinar actividades de capacitación, investigación y desarrollo de proyectos en esta materia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros, de la alimentación, que son de interés para España, ya que constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PESCA EN LOS CALADEROS NACIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales peninsulares, con lo que se da cumplimiento a uno de los elementos incluidos como hito en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al unificar la ordenación en la materia, que hasta ahora estaba muy dispersa en diferentes normas.

Hasta el momento existía una acusada fragmentación de la regulación de los caladeros en los que se dividen las aguas del caladero nacional (Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz y Mediterráneo) en siete reales decretos publicados entre 1993 y 2006. El caladero de Canarias continuará rigiéndose por sus normas vigentes, salvo algunas disposiciones de carácter transversal que le serán también de aplicación en lo relativo a cambios temporales de modalidad y los intercambios de censo.

Con la aprobación de este real decreto se lleva a cabo un ejercicio notable de simplificación normativa y también de actualización, y se regulan aspectos transversales de las pesquerías como son un conjunto de definiciones ahora unitarias, la compatibilidad de las artes, los cambios temporales de modalidad o los intercambios de censos. Estos dos últimos mecanismos cobran una importante dimensión a la hora de ordenar y gestionar los diferentes censos por modalidad y caladero en los que se ubican los buques pesqueros de bandera española, bajo el principio de contingentación de los caladeros, vigente desde hace décadas en nuestro país.

Además, se regulan los tiempos de actividad pesquera en las aguas españolas, y en algunos casos de las comunitarias, y se detallan las características técnicas del arte de arrastre de fondo o las condiciones para el ejercicio de la pesca con pincho-caña en el Cantábrico y Noroeste. Igualmente, se lleva a cabo una modificación puntual del reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca en aguas exteriores en relación a las fianzas o garantías financieras.

Con este nuevo real decreto, el Gobierno reafirma su compromiso con una pesca sostenible y contribuye a la gestión y conservación de los recursos pesqueros bajo el marco general de la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea. Esta sostenibilidad tiene una dimensión integral que abarca los pilares medioambiental, social y económico de las actividades pesqueras, en beneficio de las comunidades costeras de dependen de ellas.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI.

El Consejo de Ministros acordó en 2018 declarar el 28 de junio Día Nacional del Orgullo LGTBI. Con este gesto de gran importancia simbólica se decidió que la conmemoración de la revuelta de Stonewall, que se produjo ese mismo día del año 1969, es una cuestión que nos concierne de manera fundamental como sociedad y como país.

Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"El Gobierno de España renueva su compromiso con los principios de libertad, de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad de toda la ciudadanía, incluidas, como no puede ser menos, las personas LGTBI. Porque, como dijo el entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó la modificación del Código Civil que sancionó el derecho al matrimonio para toda la ciudadanía, una sociedad es más decente cuando no humilla a ninguno de sus miembros.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarias, intersexuales, todas aquellas que no se adecúan a los patrones y jerarquías sexuales del patriarcado, reciben hoy el apoyo del Gobierno de España, que comparte su orgullo por una diversidad que nos enriquece, que nos da fuerza y nos define.

Defendemos formalmente que el Orgullo LGTBI es el orgullo de toda España y al mismo tiempo manifestamos nuestro orgullo por ser una sociedad inclusiva, respetuosa y que valora las diferencias como una riqueza que no debe implicar, nunca más, una desigualdad de trato.

El Gobierno sigue comprometido con el desarrollo de estas políticas públicas que nos hacen una sociedad mejor, más justa y equitativa. Recientemente, se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que iguala a todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar en el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Todo ello instrumentos normativos que protegen los derechos de las personas LGTBI, y a los que cabe añadir el ambicioso II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2022-2024, que fue presentado en Consejo de Ministros del día 12 de abril de este año y aprobado mediante Instrucción nº 5/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Pronto dispondremos, además, de otra herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad de trato por orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que fijará derechos inalienables, siguiendo la línea trazada por la Estrategia para la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGTBIQ+) de la Unión Europea y por los más altos estándares internacionales de derechos humanos, y que, además, aportará mecanismos para trasladar esos derechos a una igualdad real y efectiva.

Este 28 de junio, pues, el Gobierno de España se reafirma en la celebración del Orgullo LGTBI como una herramienta imprescindible de la sociedad civil para alcanzar la igualdad real y efectiva e invita a toda la ciudadanía a los actos que en cada rincón de España se van a organizar con motivo de esta celebración de la libertad y la diversidad que no excluye a nadie.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrático

INFORME DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2021, en el que se detalla la inversión en publicidad institucional por la Administración General del Estado. El informe será remitido a las Cortes Generales y se pondrá a disposición de las asociaciones del sector y de los ciudadanos en la página www.lamoncloa.gob.es, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

La Administración General del Estado invirtió 42.567.007,31 euros en publicidad institucional en el año 2021, lo que supone un 11,06% menos que lo realizado en el año 2020.

El informe recoge información de cada una de las 100 campañas y acciones de comunicación de carácter institucional desarrolladas en 2021 por los ministerios, organismos y entidades integrantes del sector público estatal; con especificación de costes, herramientas de comunicación utilizadas y adjudicatarios de los contratos.

Se han ejecutado 31 campañas más que las realizadas en el año 2020, pero 68 menos de las planificadas, ya que todos los ministerios han reducido su presupuesto con respecto a lo previsto en el Plan 2021.

De las 100 campañas de publicidad institucional realizadas, 85 han sido destinadas a la población general y el resto han sido orientadas a sectores concretos como la comunidad científica y docente, sector agrícola, forestal y acuicultor, sector cultural y creativo, usuarios de Internet, etc...

El departamento con mayor peso inversor en publicidad institucional ha sido el de Agricultura, Pesca y Alimentación con un 29,7 % del total, seguido de Interior con un 21,3%, Igualdad con un 15,7% y de Sanidad con un 15,1% de la inversión total en 2021.

Con respecto al número de campañas y acciones de comunicación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido el departamento que ha ejecutado el mayor número de actuaciones hasta un total de 30 campañas; y tras él, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con 12 y el Ministerio de Sanidad con 9 campañas.

La campaña de mayor presupuesto ha sido la denominada "Campaña para la divulgación de la Seguridad Vial" de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, con 9,07 millones de euros. Además, otras 11 campañas superan el millón de euros y suponen el 82% de la inversión total.

Las herramientas de comunicación más usadas en estas iniciativas públicas durante el año 2021 han sido las relativas al medio digital, situándose a continuación la prensa escrita y en un tercer lugar la televisión y la radio. Si se tiene en cuenta el porcentaje de inversión utilizado por medios, la televisión ocupa el primer puesto con un 28,79 % de la inversión, seguida de cerca por Internet con un 26,7%.

El informe también ofrece información sobre las 42 campañas comerciales realizadas en 2021, a pesar de que no entran dentro del ámbito de la Ley 29/2005. La inversión de estas campañas ha supuesto una inversión de 106,45 millones de euros, volviendo a situarse en los niveles de inversión anteriores a la pandemia.

Si se consideran conjuntamente las campañas institucionales y comerciales, la inversión total realizada por la Administración General del Estado en publicidad asciende a 149,02 millones de euros, un 11,82% de lo ejecutado en el año 2020.

Sanidad

CONTRIBUCIÓN AL ESQUEMA DE COOPERACIÓN EN INSPECCIÓN FARMACÉUTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2022, al Esquema de Cooperación en Inspección Farmacéutica PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) en concepto de cuota de miembro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Farmacéuticos (AEMPS).

El importe de dicha cuota asciende a 11.040 francos suizos (contravalor aproximado en euros de 10.682,15 euros).

La pertenencia de España en la Pharmaceutical Inspection Cooperation/Scheme (PIC/S) lleva aparejados diversos beneficios tanto en el ámbito de la protección de la salud pública como en el ámbito comercial e industrial. Se destacan como más significativos:

a)Participar en la armonización de las normas técnicas a nivel internacional relacionadas con las normas de correcta fabricación de medicamentos, lo que contribuye a una reducción de las barreras técnicas al comercio entre los países de todas las autoridades participantes.

b)Contribuir a la formación y cualificación de inspectores, lo que, además, es uno de los pilares para la confianza mutua en las inspecciones de terceros países.

c)Participar en las redes de intercambio de información sobre resultados de inspecciones y en la red de alertas internacionales. La AEMPS recibe las alertas farmacéuticas por defectos de calidad emitidas por el resto de autoridades participantes, lo que permite la adopción de medidas en caso de que exista riesgo de que estos medicamentos defectuosos estén presentes el mercado español. Además, el intercambio de información sobre resultados de inspección permite un uso más racional de los recursos de inspección disponibles, ya que evita duplicidad de inspecciones y puede ser una medida de ahorro especialmente en el campo de la inspección de ingredientes activos.

d)Armonizar los sistemas de calidad para la inspección farmacéutica y participar en el programa de auditoría de los servicios de inspección. La aplicación de los criterios de calidad en los servicios de inspección y la evaluación del desempeño por evaluadores independientes es asimismo un elemento esencial en la construcción de la confianza mutua en el trabajo de los servicios de inspección en el ámbito internacional.

e)Facilitar una base para otros acuerdos relevantes desde un punto de vista comercial, a través de los mecanismos de armonización y evaluación expuestos anteriormente, como los acuerdos de reconocimiento mutuo.

f)Facilitar las exportaciones y mejorar el acceso a mercados exteriores comercialmente importantes, aunque la PIC/S no constituya un acuerdo comercial. Así, algunas autoridades no-PIC/S (por ejemplo Colombia) aceptan los certificados de normas de correcta fabricación de los países PIC/S. En otros casos, las autoridades de los terceros países solicitan una certificación de nuestra pertenencia a la PIC/S como parte de la evaluación de nuestros laboratorios fabricantes. En definitiva, las autoridades de esos países tienen mayor confianza en los medicamentos fabricados en países cuyas autoridades participan en la PIC/S y la industria farmacéutica nacional se ve, indirectamente, beneficiada.

Por todo ello, se considera de gran importancia mantener la pertenencia de España a esta organización y proceder al pago de la cuota anual dadas las implicaciones negativas que derivarían de nuestra no pertenencia a esta convención que, además, situaría a la AEMPS en una situación de difícil competencia con el resto de agencias europeas y a nuestra industria en una situación desfavorable de cara sus exportaciones a terceros países.

Las cuotas de los años 1998 y 1999 fueron abonadas con cargo al presupuesto del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo. A partir de la entrada en funcionamiento de la AEMPS y de su asunción de las funciones de inspección, desde el año 2000 hasta la actualidad se imputan con cargo al presupuesto de esta última.

España y el Esquema de Cooperación en Inspección Farmacéutica PIC/S

La Pharmaceutical Inspection Cooperation/Scheme (PIC/S) es una organización internacional no vinculante, informal y establecida en 1995 como una extensión de la Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) de 1970, como parte de la European Free Trade Association, con el objetivo de incrementar la confianza mutua entre las autoridades regulatorias competentes en inspecciones a fabricantes e importadores de medicamentos y sustancias activas, lo que suponía una disminución de las barreras técnicas al comercio internacional de este tipo de productos entre las autoridades participantes.

Forman parte de la PIC/S, a fecha de hoy, organismos de inspección de 54 países (la práctica totalidad de las autoridades competentes de la UE pertenecen a PICS). Las últimas incorporaciones se han producido en enero del 2018 con la admisión de Irán, Méjico y Turquía; y más recientemente en el 2021 la admisión de Brasil. En calidad de observadores figuran: la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la OMS, el European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM) y UNICEF.

España pertenece a la PIC/S desde enero de 1998, tras haber superado una auditoria internacional para determinar la adecuación del funcionamiento de nuestros servicios de inspección. Las evaluaciones y reevaluaciones se realizan dentro de un programa periódico en el que participan auditores cualificados. España ha participado en las últimas evaluaciones de México y Argentina.

La PIC/S facilita la coordinación entre los servicios entre los servicios de inspección nacionales, unificando procedimientos, criterios y formación de los expertos, incluidos los inspectores. Los objetivos son los siguientes:

• Establecer y estrechar la cooperación entre los Servicios de Inspección Farmacéutica de los estados miembros de la organización, en el campo de la inspección y las áreas relacionadas, con el fin de mantener la confianza mutua y favorecer la seguridad y homogeneidad en la calidad de las inspecciones.
• Proporcionar el marco de trabajo para el intercambio de información y de experiencia necesarios.
• Coordinar la formación mutua de inspectores y de expertos en campos relacionados con la fabricación de medicamentos.
• Promover acciones conjuntas dirigidas a la mejora y la armonización de los estándares técnicos, de procedimientos sobre inspección en la fabricación de medicamentos y del análisis de los mismos por los Laboratorios Oficiales de Control.
• Continuar los esfuerzos comunes para el desarrollo, armonización y mantenimientos de las Normas sobre Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución (GMDP) y Buenas Prácticas Clínicas (GCP). La competencia para inspecciones dentro del campo de las GMP/GDP en España es compartida entre la Administración Central, la AEMPS y las comunidades autónomas. Todas ellas son consideradas como autoridades participantes en la PIC/S y son representadas en la misma por la AEMPS.
• Extender la cooperación a otras autoridades competentes mediante los acuerdos nacionales necesarios para aplicar estándares y procedimientos equivalentes en orden a contribuir a una armonización global.

La participación de España en los distintos organismos y programas internacionales lleva implícita la aceptación de determinadas obligaciones financieras, cuyo importe obedece a unos baremos establecidos en el ámbito de los órganos de gobierno de los citados organismos.

De acuerdo con la normativa vigente sobre pago de contribuciones económicas a organismos y programas internacionales (disposición adicional cuarta de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales) su abono debe ser autorizado por el Consejo de Ministros.

Igualdad

PROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS LGTBI

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

El desarrollo de esta ley es una reparación histórica para un colectivo históricamente discriminado, como es el LGTBI, y específicamente para el colectivo trans, uno de los más vulnerados y estigmatizados. Se trata de un compromiso plasmado en el pacto de coalición de gobierno y defendido públicamente por el propio Presidente del Gobierno.

Se trata de una ley muy demandada por el conjunto del movimiento LGTBI que desde 2014 ha conseguido que numerosas comunidades autónomas legislen a este respecto en el ámbito de sus competencias (13 de ellas tienen ley LGTBI y/o trans, alguna más la están tramitando). Tanto el movimiento como muchas de estas comunidades autónomas demandan desde hace años el desarrollo de una ley estatal que establezca un suelo de derechos uniforme para todo el territorio y que clarifique algunas cuestiones, además de que regule las cuestiones que son competencia del estado.

El proyecto de ley persigue garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI), así como de sus familias.

Para ello, establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en los ámbitos público y privado, de toda forma de discriminación; así como al fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social, y la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas.

Entre los aspectos más relevantes que introduce este proyecto de ley sobre los derechos de las personas LGTBI y las políticas públicas cabe destacar los siguientes:

• Se reconoce expresamente el derecho de las personas a no ser discriminada por motivos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
• Se estable una definición legal de los siguientes términos relacionados con las personas LGTBI: discriminación directa e indirecta, discriminación múltiple e interseccional, acoso discriminatorio, medidas de acción positiva, intersexualidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, persona trans, familia LGTBI, LGTBIfobia, homofobia, bifobia, transfobia y violencia intragénero.
• Se encomienda a los poderes públicos fomentar el reconocimiento institucional de las personas LGTBI, la puesta en marcha de campañas de sensibilización, divulgación y promoción del respeto a la diversidad y la realización de estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI.
• Se prevé la elaboración de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, que constituirá el principal instrumento de colaboración territorial para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Al ser una norma de carácter transversal, el proyecto de ley incide en distintas áreas de las políticas públicas:

• En el ámbito administrativo, concretamente en materia de contratación administrativa, empleo público y formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, es especialmente relevante el mandato a las Administraciones Públicas para que adopten las medidas necesarias para procurar que la documentación y formularios administrativos sean adecuados a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar.
• En el ámbito laboral, se prevé el impulso de la elaboración de códigos éticos y protocolos en las Administraciones Públicas, y se introduce la posibilidad de establecer, mediante la negociación colectiva, la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de promoción, prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las personas LGTBI, así como de procedimientos para dar cauce a las denuncias.
• En el ámbito de la salud, se determina que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI. Además, se prohíbe cualquier método, programa o terapia de aversión, conversión o contracondicionamiento destinados a modificar la orientación o identidad sexual, o la expresión de género de las personas, aun contando con el consentimiento de las mismas o de sus representantes legales.

Y se garantiza que todas las mujeres, con o sin pareja, heterosexuales, bisexuales o lesbianas, e igualmente las personas trans con capacidad de gestar, podrán acceder a las prestaciones relativas a técnicas de reproducción asistida en condiciones de igualdad. De esta manera, se imposibilita discriminaciones que se han producido en el pasado.

• En materia de educación sexual y reproductiva, se establece que las campañas de educación sexual y reproductiva, y de prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual tendrán en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI, evitando cualquier tipo de estigmatización o discriminación.
• En el ámbito de la educación, se prevé la inclusión entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas, del principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación e identidad sexual y el conocimiento y el respeto a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar, así como la inclusión en los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de contenidos relativos al tratamiento de la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar. Entre otras medidas, destacan los mandatos dirigidos a las administraciones educativas para fomentar la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares, de manera natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades. Asimismo, destaca la promoción por las universidades de la formación, docencia e investigación en diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de grupos de investigación especializados en la realidad del colectivo LGTBI y sobre las necesidades específicas de las personas con VIH.
• En el ámbito de la cultura y el ocio, se dispone que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación, a fomentar el respeto de la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar, a impulsar los fondos documentales de temática LGTBI y a fomentar el conocimiento y la correcta aplicación del derecho de admisión.
• En el ámbito de deporte y la actividad física, se dispone que las Administraciones Públicas fomentarán una regulación de las de competiciones deportivas respetuosa con la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar de las personas LGTBI, entre otras acciones.
• En el ámbito de os medios de comunicación social e internet, se prevé que los poderes públicos promoverán, en los medios de comunicación de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas, la sensibilización y el respeto a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar y la eliminación los contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la violencia por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Igualmente, se mandata la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sensibilizar y erradicar el ciberacoso, especialmente en relación con el ciberacoso en redes sociales a personas menores de edad LGTBI.
• En el ámbito de la familia, infancia y juventud, se promueve la sensibilización sobre la diversidad familiar, el respeto y la protección de menores LGTBI y de menores en familias LGTBI y la no discriminación en los procesos de adopción y acogimiento.
• En el ámbito de la acción exterior y la protección internacional, se mandata al Gobierno para el mantenimiento de la defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en los organismos e instituciones internacionales en el marco de la Estrategia de Acción Exterior. Se recoge también el matrimonio consular entre parejas del mismo sexo, salvo oposición expresa del país en el que se halle la demarcación consular.
• Asimismo, se incluyen una serie de medidas para garantizar el derecho de asilo a las personas perseguidas en sus países de origen por su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
• Se regulan los mecanismos para la protección efectiva y la reparación frente a la discriminación y la violencia por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Asimismo, se incluyen medidas específicas de asistencia y protección frente a la violencia basada en LGTBIfobia y se introduce un régimen de infracciones y sanciones básico en materia de igualdad de trato y no discriminación.

En relación específicamente con las personas trans el anteproyecto de ley contempla las siguientes medidas:

• Se regula el procedimiento de rectificación registral de la mención relativa al sexo, estableciéndose la posibilidad de que toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años pueda solicitarla ante el Registro Civil. En el caso de las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce se reconoce la posibilidad de presentar la solicitud por sí mismas, pero asistidas en el procedimiento por sus representantes legales, y en el supuesto de las personas menores de doce a catorce años se requiere previa aprobación judicial en procedimiento de jurisdicción voluntaria. Asimismo, se prevé la adecuación de la documentación a la mención registral relativa al sexo de las personas trans.
• En todo caso, el hecho de transicionar de hombre a mujer no da lugar a poder acogerse a medidas de acción positivas respecto a situaciones anteriores a la transición; y, a la inversa, una mujer que transiciona a hombre, no por ello pierde los derechos que previamente hubiera consolidado como mujer. Los efectos de la rectificación registral son por tanto ex nunc, esto es, desde el momento en que se practica la rectificación.
• La posible reversión de una rectificación registral para volver al sexo inicial se regula en forma de dos modalidades: la primera vez que se solicita la rectificación se sigue el mismo procedimiento ante el Registro Civil que para la rectificación inicial; la segunda o sucesivas que se soliciten tendrán que realizarse por procedimiento de jurisdicción voluntaria, a efectos de recabar aprobación judicial.

Por cuanto concierne a las políticas públicas para personas trans se incluyen las siguientes previsiones:

• Se dispone la elaboración de una estrategia estatal para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales en materia de inclusión social de las personas trans.
• En el ámbito laboral, se incluye un mandato para el diseño de medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo, y se incluye a las personas trans en la elaboración de los planes de igualdad y no discriminación.
• En el ámbito de la salud, se mandata a las Administraciones Públicas a adoptar protocolos para la atención de las personas trans y garantizarán la formación del personal sanitario.
• En el ámbito educativo, se prevé el derecho del alumnado menor de edad que haya obtenido el cambio de nombre en el registro a ser tratado conforme a su nombre registral y la obligación de las Administraciones Públicas de desarrollar protocolos para su protección contra el acoso transfóbico.

Por cuanto concierne a las personas intersexuales el anteproyecto recoge las siguientes medidas novedosas:

• En relación con la atención sanitaria integral a personas intersexuales, se prevé que esta se realice de acuerdo con los principios de autonomía, decisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación, desde un enfoque despatologizador. Asimismo, se prohíben las prácticas de modificación genital en personas menores de doce años intersexuales, pudiendo llevarlas a cabo cuando por su edad y madurez, puedan prestar su consentimiento informado.
• Se establece la posibilidad de que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año en su inscripción de nacimiento.
  

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA RESPECTO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

La norma implementa el sistema de cotización por sus rendimientos netos para los trabajadores autónomos y recoge lo dispuesto en las recomendaciones 4 y 5 del Pacto de Toledo y el acuerdo con los agentes sociales para modernizar el sistema de pensiones firmado el pasado 1 de julio de 2021 y da cumplimiento al hito previsto para finales de junio de 2022 en el Acuerdo Operativo con la Comisión Europea, ya que se realizan los cambios normativos necesarios para implementar el nuevo sistema de cotización.

El real decreto introduce distintas modificaciones reglamentarias para incorporar la mejora de información que han de aportar los trabajadores por cuenta propia respecto a su actividad, en particular, la relativa a los rendimientos que prevean obtener en el año natural en el que se produzca el alta. El futuro sistema será más flexible que el actual, ya que permitirá a los trabajadores modificar hasta 6 veces, en lugar de las 4 actuales, sus cotizaciones para adaptarlas rápidamente a sus rendimientos.

La entrada en vigor del nuevo sistema se producirá en enero de 2023 y los tipos y bases de cotización se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está en fase de diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de trabajadores autónomos de cara a fijar los tipos y bases de cotización a partir de 2023.

La puesta en marcha del nuevo sistema supone un gran esfuerzo técnico para la administración y es abordable gracias al avance de la digitalización de las administraciones públicas y la mayor disponibilidad de aplicaciones que facilitan la interacción electrónica de los usuarios y la Seguridad Social. Para su puesta en marcha ha sido necesario también incrementar los mecanismos de transferencia de datos y coordinación entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN A MIGRANTES

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de subvenciones directas a varias entidades del Tercer Sector por un importe total de 96,25 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de protección internacional y atención a inmigrantes.

El fin de las subvenciones es atender el estado de necesidad de las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, y favorecer la autonomía de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, del estatuto del apátrida y de las personas acogidas al régimen de protección temporal en España.

Los recursos se destinarán a financiar la prestación de servicios del sistema de acogida en su conjunto, es decir, las prestaciones que se ofrecen en las tres fases de las que consiste el itinerario de acogida (fase de valoración y derivación; acogida y autonomía). Esto incluye actuaciones de primera acogida, la creación y mantenimiento de dispositivos de atención, el desarrollo de itinerarios de inclusión sociolaborales o la atención sociosanitaria.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones son Cruz Roja Española (57,25 millones de euros), CEAR (23,75 millones de euros) y ACCEM (15,250 millones de euros). Las cuantías de las subvenciones y las entidades beneficiarias estaban recogidas en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado de 2022.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Dª. MARÍA PILAR BERNABÉ GARCÍA

Nacida en Valencia en 1979, es técnica de formación CEXV, 2000-2004.

Hasta la fecha ha sido asesora del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas (2005-2011), del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valencia (2011--2019) y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia (2019-2022).

Vinculada activamente a las actividades del barrio de l´hort del Senabre y Patraix y en el ámbito de las Fallas, especialmente en el área de cultura.

Director del Departamento de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación

D. ION FERNANDO ANTOLÍN LLORENTE

Nació en Valladolid en 1977. Estudió Comunicación Audiovisual (COAR Palencia), ha sido director del módulo digital del Máster en Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela y director académico del postgrado en Contenidos Digitales y Gestión de Comunidades de la misma universidad. Ha realizado un MBA con orientación para emprendedores en The Power Business School.

Antes de incorporarse como asesor en la Secretaría de Estado de Comunicación en septiembre de 2021, trabajaba como gerente de Comunicación Externa en CaixaBank. También ha sido director de Comunicación de Banca Cívica, jefe de Prensa de la Universidad Camilo José Cela y reportero gráfico en Antena 3 Noticias. Columnista en Estrella Digital, Madridiario, El Plural y Diario Palentino, también ha colaborado con artículos históricos en El Norte de Castilla. Es vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Palencia y pertenece al Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones

D. FRANCISCO DE BORJA SUÁREZ CORUJO

Ha sido desde junio de 2018 director General de Ordenación de la Seguridad Social, primero en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, y luego en el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Nacido en 1973, es doctor en Derecho y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid en la que ha desarrollado su actividad docente e investigadora como Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Es autor de más de un centenar de publicaciones en materia laboral y de Seguridad Social, con particular atención al sistema público de pensiones y a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de protección social, como principales líneas de investigación. Destacan en este sentido las monografías "El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad", "El derecho a la revalorización de las pensiones", "La reforma de los sistemas de pensiones en Europa", y "La protección social en el Estado de las Autonomías".

Es miembro del European Institute of Social Security, y ha sido profesor visitante en la Universidad de Lovaina (KU Leuven).

Secretario de Estado de Migraciones

Dª. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ

Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo en el 2008, ejerciendo durante 6 años, y llevando a cabo en otras funciones la relaciones con la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en materia laboral, de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y extranjería.

Posteriormente, del 2015 al 2019, ha sido directora General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral del Govern de las Islas Baleares, llevando a cabo funciones de planificación y seguimiento de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollo de diversas convocatorias de subvenciones, mediación en conflictos laborales y negociación colectiva, puesta en marcha del Instituto Balear de Seguridad Social, entre otras.

A continuación, del 2019 a 2021, ejerció como consellera de Administraciones Públicas y Modernización del Govern de las Islas Baleares, con competencias en materia de función pública, emergencias, modernización de la administración, memoria democrática, transparencia, buen gobierno, participación y voluntariado.

Actualmente se encuentraba ejerciendo como directora General de Coordinación, Relaciones con el Parlament, Derechos y Diversidad, también del Govern de las Islas Baleares, llevando a cabo fundamentalmente labores de coordinación e impulso de las políticas de las 11 Consellerias del Govern, las relaciones entre el Govern y el Gobierno central en materia de traspasos y de posibles recursos de inconstitucionalidad, así como las relaciones con el Parlament y los distintos grupos políticos.

Director General de Ordenación de la Seguridad Social

D. JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS

Científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde septiembre de 2009. En 2020 se incorporó como vocal Asesor al Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Es licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard.

Antes de incorporarse al CSIC, fue profesor en Institut Barcelona d'Estudis Internacionals de 2007 a 2009, y ha impartido docencia de manera esporádica sobre Política Comparada, Economía Política y Métodos de Investigación en varias universidades españolas y extranjeras.

Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la relación entre instituciones políticas domésticas, integración supranacional y políticas económicas y relacionadas con el estado del bienestar. Como resultado de estas investigaciones ha publicado varios monográficos y decenas de artículos en revistas académicas internacionales de ciencia política, economía y sociología.