Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para habilitar la extensión del vencimiento de los avales liberados al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio.

Trabajo y Economía Social

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C23, R5). PROYECTO DE LEY de Empleo.
• ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, por importe de 300.000.000 de euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para paliar los daños ocasionados por los temporales de lluvia entre los meses de marzo y mayo de 2022, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., por un importe máximo de 2.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se impone a la Comunidad de Regantes Subsector II-16 una sanción de 500.000,01 euros, y la obligación de indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico en la cuantía de 328.387,59 euros, por extracción de aguas excediendo el volumen autorizado en el sitio denominado Subsector II-16, en el término municipal de Almonte (Huelva).
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1, letra b), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
• ESTRATEGIA NACIONAL de Lucha contra la Desertificación.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Tratado.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), por importe de 10.000 dólares estadounidenses.

Hacienda y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Vicinay Marine, S.L.U.
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 7.342.665,25 euros, desde el Ministerio de Política Territorial al Ministerio de Hacienda y Función Pública para dar cumplimiento a los Acuerdos suscritos entre las Subsecretarías de Hacienda y Función Pública y de Política Territorial con fechas de 30 de diciembre de 2021 y de 6 de abril de 2022.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I4). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 4.467.103,06 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 4).
• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito por importe de 16.000.000 de euros en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, O.A., en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de suscribir un convenio para el desarrollo de actividades de normalización, en el ámbito de la documentación, con la Asociación Española de Normalización por la Biblioteca Nacional de España, O.A.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la financiación de gastos correspondientes a contratos y encargos de inversión.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la contratación anticipada de servicios de vigilancia de la salud y análisis COVID, así como el contrato de concesión del servicio de la Escuela de Educación Infantil y otros, para los años 2023 y 2024.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Instituto para la Transición Justa, O.A., la tramitación anticipada de convocatorias de subvenciones para financiar proyectos generadores de empleo en Zonas de Transición Justa.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Universidades atender diversos contratos de servicios de mantenimiento y mejoras informáticas, así como para la atención a usuarios y administración de sistemas.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la financiación del estudio encargado a la AIReF de revisión del gasto de las administraciones públicas, derivado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la financiación de la compensación por los gastos de gestión y administración incurridos por el Instituto de Crédito Oficial en la extensión de la línea de avales prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

Interior

• ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria al Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas (MAOC), por importe de 75.186,32 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de la playa de mercancías del complejo ferroviario y su conexión con la red arterial ferroviaria de Valladolid. Valor estimado del contrato 28.412.933,34 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por daños ocasionados en el cuerpo del terraplén del punto kilométrico 175+500 de la línea TBF (Tarragona - Barcelona - Francia) por la crecida de la Riera de Santa Coloma en su paso por la población de Maçanet de la Selva, por un importe de 262.538,01 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de las estructuras 0N-0230-0143+000, 0N-0230-0143+150, 0N-0230-0144+510, 0N0230-0145+207, 0N-0230-0147+160 y 0N-0230-0157+080, situadas entre los puntos kilométricos 143 y 157 de la carretera N-230, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Lleida, por importe de 2.240.913,95 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación del paso inferior situado en el punto kilométrico 452+720 de la carretera N-634, término municipal de Salas, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Asturias, por importe de 1.377.736,53 euros.

Educación y Formación Profesional

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, por importe de 58.559.610 euros.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza a suscribir una adenda al Convenio de 3 de septiembre de 2009 con el Instituto de Crédito Oficial para instrumentar la línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico (Plan FuturE 2009).
• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE a Tesco Engineers Co. Ltd., en Tailandia, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), para financiar un proyecto de suministro de maquinaria y tecnología para la producción de tuberías de PVC-orientado, por importe de hasta 2.422.575,82 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), a Soapursel, S.A., en Camerún, para financiar el proyecto de suministro de estructuras metálicas para la construcción de dos plantas industriales, por importe de hasta 5.635.200 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE con cargo al fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), a Mainco Health Care, S.A.S., en Colombia, para financiar el proyecto de suministro, instalación y cualificación de una sala limpia con HVAC para una nueva planta de producción y esterilización de ropa y material médico de un solo uso, por importe de hasta 3.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), a Mariscos Canales, S.R.L., en Honduras, para financiar el proyecto de suministro y puesta en marcha de una línea de cocción, enfriado y congelación para cola pelada de camarón, por importe de hasta 453.776 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de la contratación por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. del suministro de alimentos, en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2023 del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas 2014-2020, por un valor estimado de 88.571.420 euros, sin IVA.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, sobre organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
• ACUERDO por el que se aprueban las medidas correspondientes al Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2022 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2021.
• ACUERDO por el que se aprueban las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2022 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2021.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

Política Territorial

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la prestación del servicio de control sanitario en frontera terrestre de Ceuta y Melilla con Cruz Roja Española, por un importe total de 720.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de subvenciones a la Comunidad de Madrid, por importe de 73.747.931,15 euros, y a la Diputación Provincial de Toledo, por importe de 12.017.368,63 euros, para la recuperación de infraestructuras municipales y red viaria provincial, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena".
• ACUERDO por el que no se autoriza al Ayuntamiento de Baztan (Navarra) a realizar una consulta popular sobre si se está a favor de permitir a Magna la ocupación del pastizal comunal de Erdiz.

Cultura y Deporte

• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales el pago de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y a otras entidades de carácter internacional, correspondientes a cuotas del ejercicio 2022, por importe total de 26.400 euros.

Sanidad

• REAL DECRETO por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio para el almacenaje de dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Igualdad

• ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 24 de junio de 2022, en relación con el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• ACUERDO por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de las personas menores y la estancia de los monitores y las monitoras, de origen saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2022".
• ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española, por importe de 63.076.966,16 euros, en el marco del Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas migrantes.

Universidades

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C21, R3). ANTEPROYECTO DE LEY Orgánica del Sistema Universitario.

ACUERDOS DE PERSONAL

Ciencia e Innovación

• REAL DECRETO por el que se nombra presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Dª. ELOÍSA DEL PINO MATUTE.
  

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ASUNTOS GENERALES

TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

ESTRATEGIA NACIONAL DE IMPULSO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027, una iniciativa que engloba las líneas políticas de actuación en materia de trabajo autónomo que se van a desarrollar en los próximos cinco años y que supone un impulso renovador para el sector.

La ENDITA, que parte de la necesidad de coordinar y dar coherencia a los distintos planes y estrategias, cuenta con aportaciones de distintos ministerios, teniendo en cuenta la diversidad de un sector que en España tiene una mayor dimensión en el PIB que en otros países europeos.

Diálogo Social

El conjunto de medidas que contempla se ha confeccionado mediante el Diálogo Social, con propuestas y diagnósticos de expertos y expertas de asociaciones profesionales del sector. Además, se concretará en actuaciones que se irán desplegando en dos fases: 2022 a 2024 y 2025 a 2027 con el objetivo de impulsar a las personas trabajadoras autónomas como motor económico del país.

La estrategia se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el crecimiento económico inclusivo, el trabajo decente o el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas PYMES; y ha sido concebida para dar respuesta a las necesidades de los autónomos y autónomas durante todo el ciclo vital de la actividad, desde la creación del ecosistema emprendedor, pasando por el inicio de la actividad por cuenta propia o el desarrollo de la actividad y las medidas de acompañamiento. Al respecto, la estrategia ha puesto el foco en medidas clave como la digitalización, la formación especializada o la innovación; y tiene como objetivo también el trabajo decente, reforzar la cohesión social, la promoción de la igualdad efectiva o el avance en derechos de conciliación.

Seis ejes de actuación

Para la consecución de todo ello se han definido un total de seis ejes estratégicos en torno a los cuales se han ideado unas líneas prioritarias de actuación, que van acompañadas de medidas que involucran también a otros ministerios.

El primero de los ejes se centra en la inclusión y la cohesión social. Para ello se fomenta el trabajo autónomo de calidad, inclusivo y con derechos mediante medidas de impulso del diálogo social, aplicando medidas contra los abusos de la figura del trabajo autónomo y de mejora de las políticas de empleo del trabajo autónomo.

En ese mismo eje figuran también como líneas de actuación un nuevo sistema de cotización a la seguridad social y la mejora de la protección social de la persona trabajadora por cuenta propia, el apoyo a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo o la mejora de la definición jurídica del trabajador o trabajadora autónomo y la revisión de la normativa que regula su actividad.

El segundo eje de actuación busca fijar la población al territorio mediante el fomento del emprendimiento como herramienta de desarrollo local, con medidas que comprenden desde el diseño de planes de emprendimiento específicos pasando por medidas de orientación y acompañamiento o de formación, así como de fomento del relevo generacional, entre otras.

El tercer eje está orientado a promover la digitalización y la modernización del trabajo autónomo a fin de mejorar la productividad y la competitividad, medidas que fomentarán tanto la digitalización del tejido empresarial como una mayor internacionalización de la actividad; mientras, el cuarto eje aspira a impulsar el trabajo autónomo sostenible con el desarrollo de iniciativas emprendedoras vinculadas a los sectores de la economía verde, así como alentando la economía circular y la modernización de instalaciones e infraestructuras del tejido productivo menos dependientes de combustibles fósiles.

El quinto eje fomenta la formación a lo largo de la vida del trabajador y trabajadora autónomo mediante un nuevo sistema de formación profesional diseñado específicamente para estas personas, que les permita hacer frente a desafíos previstos. También se contempla el impulso de las microcredenciales universitarias para la recualificación profesional.

Por último, el sexto eje gira en torno a garantizar la igualdad de género en el trabajo por cuenta propia fomentando medias que eviten el abandono de la actividad profesional tras la maternidad y que fomenten la conciliación profesional-familiar, así como la protección y fortalecimiento de la economía de los cuidados y el apoyo mediante incentivos al trabajo autónomo de mujeres y el empleo asalariado creado por mujeres autónomas.

Trabajo y Economía Social

FORMACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal la convocatoria de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

El importe de la convocatoria asciende a 300 millones de euros, que se ejecutarán entre los años 2022 y 2024. De este total, 75 millones de euros corresponden al ejercicio 2022, 105 millones de euros al ejercicio 2023 y, finalmente, 120 millones de euros al ejercicio 2024.

El principal objetivo es mejorar las competencias de las personas trabajadoras ocupadas, esencial para impulsar el empleo y la promoción profesional, y necesario para abordar los procesos de internacionalización y adaptación de las empresas.

Colectivos prioritarios

En los programas de formación previstos podrán participar prioritariamente las trabajadoras y los trabajadores ocupados. Las personas en situación de desempleo podrán beneficiarse también, siempre que no superen el 30% del total de participantes.

En este sentido, tendrán prioridad en el acceso a la formación las personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las personas trabajadoras afectadas por la activación del Mecanismo RED, las personas menores de 30 años, las mujeres, las y los mayores de 45 años, las personas con discapacidad, las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación, las personas trabajadoras desempleadas de larga duración, las personas trabajadoras de pymes, las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial y de personas trabajadoras con contrato de duración determinada.

Áreas preferentes

Se consideran áreas prioritarias de esta convocatoria las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con los sectores productivos que tengan regulaciones específicas.

Objetivo de las subvenciones

Estas subvenciones tienen como finalidad financiar programas de formación de ámbito estatal destinados prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales que requieran para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Además, también se destinarán a formación para mejorar las competencias que permitan la adaptación a los cambios necesarios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras. Por tanto, se trata de que las personas trabajadoras gocen de una mejor capacitación y recualificación que les permita mejorar su empleabilidad.

Trabajo y Economía Social

LEY DE EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Empleo, una norma marco de las políticas públicas de empleo que permitirá que las personas trabajadoras puedan disponer de nuevas y más eficaces herramientas para mejorar la orientación y el acompañamiento tanto para la búsqueda de empleo como para mejorar su empleabilidad.

La norma da cumplimiento reforma 5 del componente 23 de modernización de políticas activas de empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y operará bajo los principios rectores de no discriminación en el acceso y consolidación del empleo, transparencia y eficiencia en el diseño y ejecución.

Hay que destacar que la ley dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, estableciendo nuevas fórmulas de colaboración con las administraciones locales. En este sentido, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales podrá formular acuerdos y recomendaciones específicas para atender las necesidades específicas en cada territorio. Igualmente, se aumenta el plazo para que las comunidades autónomas ejecuten el gasto en materia de políticas activas de empleo que dispondrán a partir de ahora hasta el 31 de marzo.

Cabe tener en cuenta también que se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen, ahora, personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas, o pertenecientes a otras minorías étnicas, o personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.

Catálogo de servicios garantizados

El pilar de la nueva norma es el acompañamiento personalizado a las personas que tendrán garantizada una Cartera Común de Servicios. Se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario personalizado. Cada usuario o usuaria tendrá un expediente laboral personalizado único y recibirá formación para el empleo. Estos servicios podrán prestarse presencialmente o de manera telemática.

Las usuarias y usuarios tendrán acceso a trabajos en cualquier territorio del Estado en igualdad de condiciones, y tendrán acceso a la mejora de la empleabilidad y a la protección social durante la búsqueda de una ocupación.

Al respecto, la transformación digital y modernización de los Servicios Públicos de Empleo hará posible diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad continua y personalizada.

Las empresas también tendrán a su disposición un catálogo de servicios garantizados que permitirá la gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo, información y asesoramiento en la contratación, identificación de necesidades de formación y apoyo en los procesos de recolocación. Además, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red EURES.

Agencia Estatal de Empleo

El actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal se transformará en la Agencia Española de Empleo. Este cambio permitirá mejorar su gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico al erario público.

Evaluación de las políticas

La eficacia de las políticas de empleo se someterá a un nuevo procedimiento de evaluación. Tanto la Estrategia como el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno estarán, por tanto, orientados a resultados.

Se incorporan tres tasas para medir la mejora de la empleabilidad: la de empleabilidad, intermediación y cobertura.

Más información

Se habilitará una red de información común para todo el sistema de servicios de empleo, integrada con la red europea. El uso de Inteligencia artificial contribuirá a la tutorización individualizada de cada demandante.

La creación de la Oficina de Análisis de Empleo, vinculada al Observatorio de las Ocupaciones permitirá el estudio y el asesoramiento sobre políticas de empleo y mercado de trabajo.

Por último, las empresas usuarias comunicarán las vacantes para que sea posible cubrir sus necesidades de empleo presentes y futuras; creando, por tanto, un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS DE AVALES ICO PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se permite la extensión del plazo de las garantías concedidas a autónomos y empresas con cargo a las Líneas de avales ICO COVID, después del 30 de junio, una vez expirado el plazo del marco temporal de ayudas de estado aprobado por la Comisión Europea. La aplicación efectiva de la medida está sujeta a la aprobación previa de la Comisión Europea.

La extensión del plazo de los avales permitirá que las empresas y autónomos, previa aprobación por la entidad financiera, puedan ampliar hasta 8 o 10 años el plazo de amortización de sus préstamos. De esta forma, se facilita el mantenimiento de empresas viables que tengan dificultades una vez finalizado el marco temporal, mediante el alargamiento del plazo de su préstamo avalado, concediéndoles un mayor margen para hacer frente a sus obligaciones.

Esta medida se añade a las adoptadas en el Código de Buenas Prácticas, que regula el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con aval público y que estará vigente hasta junio de 2023 para la solicitud de transferencias.

Financiación que llega al tejido productivo

Desde su puesta en marcha por el Gobierno en 2020 hasta el pasado mes de mayo, las Líneas de Avales de Liquidez e Inversión que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han desplegado avales por importe de 107.102 millones de euros que han permitido movilizar 140.627 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.192.252 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES O MATERIALES RADIOACTIVOS

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. El anteproyecto precisa y aclara cuestiones técnicas que facilitarán la interpretación y la aplicación de dicha Ley de una forma más garantista para las potenciales víctimas en caso de accidente.

La Ley 12/2011 incorpora al ordenamiento jurídico español los Protocolos que enmiendan los Convenios de París y de Bruselas, auspiciados por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Estos Protocolos han entrado en vigor una vez que todos los estados europeos firmantes del Convenio de París han cumplido el mandato comunitario de depositar simultáneamente sus instrumentos de ratificación del correspondiente Protocolo, de acuerdo con la Decisión del Consejo 2004/294/CE.

El anteproyecto, por lo tanto, modifica y actualiza la Ley 12/2011, adaptando sus disposiciones a las de los Convenios modificados y revisando medidas cuya aplicación práctica resultaría incompatible con la renovada redacción de los Convenios. El resultado permitirá aplicar el régimen de responsabilidad civil nuclear de una forma más garantista que redundará en una mayor protección de las potenciales víctimas en caso de accidente.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PLAN DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas correspondientes el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para el año 2022, así como el el informe de ejecución de las medidas adoptadas en 2021.

Se trata de un conjunto de actuaciones, unificadas y coordinadas con toda la política estatal, destinadas a erradicar en la medida de lo posible la incidencia de estos incendios en nuestro país, así como a paliar sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales. Un total de doce ministerios participan en este plan con el objetivo de reforzar y centralizar una parte de los esfuerzos que cada departamento ministerial realiza en la lucha contra los incendios.

Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y UME

La Guardia Civil realiza cada año un considerable esfuerzo en labores de prevención y lucha contra los incendios forestales. Para ello, realiza funciones de vigilancia y alerta durante el desempeño de todos los servicios que prestan sus unidades. Asimismo, se encarga de la labor de investigación policial de los siniestros acaecidos, con la finalidad de depurar las correspondientes responsabilidades jurídicas y poner a los responsables a disposición de la Autoridad Judicial, una de las principales medidas de prevención ante futuros incidentes.

Para 2022 tiene previsto un refuerzo en materia de recursos humanos con decenas de efectivos más repartidos por varios lugares de nuestro país. Se reforzará también con más efectivos el grupo de investigación medioambiental de la unidad central.

La Policía Nacional desarrolla durante el periodo estival la Operación LUMES, un dispositivo integrado y coordinado con el Plan contra Incendios Forestales de la administración autonómica gallega, así como en el Plan INFOCA en Andalucía, entre otros dispositivos autonómicos.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias continúa con sus actuaciones en los ámbitos de alertas temprana, el seguimiento de incendios y la difusión de la información acerca de su evolución y el perfeccionamiento de los procedimientos de información y solicitud de intervención de recursos de la Administración General del Estado, en particular de la UME. También en el ámbito de la gestión de cooperación internacional a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y los convenios internacionales de carácter bilateral existentes. Unos objetivos, todos ellos, que requieren de la adecuada coordinación dentro de la Administración General del Estado y entre esta y las administraciones de las comunidades autónomas.

Durante la campaña 2022 se reforzará el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como cada año, y se introduce como novedad la participación de la Dirección General de los Derechos de los Animales en el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales.

Respecto a la UME, la campaña 2022 cuenta con una total de 1.400 militares en lucha directa contra incendios forestales y contará, como en campañas anteriores, con los apoyos logísticos y operativos necesarios para las intervenciones, encuadrados tanto en los Batallones de Intervención como en el Regimiento de Apoyo e Intervención de Emergencias, lo que eleva a casi 3.000 el número de efectivos involucrados.

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas continúa operando en esta campaña con la flota de 18 aviones apagafuegos pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Ministerio de Defensa.

Cabe destacar también la labor realizada por la Dirección General de Tráfico en materia de prevención en las áreas en las que existe una mayor posibilidad de incendios y en la gestión, control e información de las zonas afectadas por incendios y de sus accesos.

Apoyo a las CCAA

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pone a disposición de las comunidades autónomas que lo soliciten un total de 57 aeronaves para la campaña 2022, entre aquellas que son propiedad de la Administración General del Estado y los medios aéreos contratados a operadoras privadas.

Seguirá ofreciendo también el servicio de apoyo a las comunidades autónomas con los medios humanos que conforman las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), especializadas en el combate de grandes incendios.

Infraestructuras

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se aprueban medidas urgentes dentro de la Dirección General de Carreteras en materia de prevención de incendios forestales, que contemplan actuaciones de siega, podas y despeje de vegetación, vigilancia de la Red de Carreteras del Estado y de control de vehículos. El presupuesto para estas actuaciones alcanza los 47,5 millones de euros.

En lo concerniente a ADIF y RENFE, existe un acuerdo marco en materia de prevención de incendios de la Red Convencional y así también de la Alta Velocidad y vigilancia en mantenimiento de trenes e inspecciones.

Seguros Agrarios

El plan de actuaciones también prevé intervenciones en materia de seguros agrarios, gestionados por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En concreto, el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados permite cubrir el riesgo de incendio para las producciones asegurables, tanto agrícolas como ganaderas, en la totalidad de líneas de seguros.

La línea de aseguramiento denominada "Seguro de explotaciones forestales" ofrece cobertura de incendios a las masas forestales de titularidad privada, tanto de especies arbóreas sobre terrenos agrícolas y forestales, como de especies arbustivas forestadas sobre tierras agrícolas.

Otras actuaciones

En el ámbito de Justicia y en este año 2022, se mantienen los 182 fiscales adscritos a la especialidad de medioambiente y urbanismo responsables de las actuaciones en torno a prevención y lucha contra los incendios, distribuidos por todo el territorio nacional.

Dentro del plan se recalca la importancia del control de cumplimiento de la obligación de tener planes de prevención de incendios por parte de los Ayuntamientos en cuyo término municipal existe superficie forestal y en los supuestos regulados en las legislaciones autonómicas.

Dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se enmarca el plan específico contra incendios forestales del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, en el que contemplan medidas de prevención, vigilancia y extinción en los espacios naturales gestionados por el mismo.

El Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para el año 2022 recoge también, entre otras medidas, las diferentes líneas de apoyo que se impulsan desde el Ministerio de Ciencia e Innovación para proyectos de investigación relacionados con la prevención y la lucha contra incendios. El CDTI ya ha aprobado en 2022 cinco proyectos de I+D+i relacionados con incendios forestales, con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MEDIDAS Y PLANES DE ACTUACIÓN PARA EL PERIODO ESTIVAL 2022

El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueban las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2022 y se toma conocimiento del informe sobre la ejecución de las medidas adoptadas en el año 2021.

El acuerdo incluye numerosas medidas y planes específicos de actuación de los Ministerios de la Presidencia; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Industria, Comercio y Turismo; Política Territorial; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Cultura y Deporte; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Ciencia e Innovación; Igualdad; Consumo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Universidades, para abordar fenómenos propios del período estival y la activación el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud.

Las medidas se articulan en varios apartados:

• Los cinco primeros se refieren a ámbitos que requieren la actuación de varios ministerios, como son la seguridad ciudadana, los desplazamientos, la Operación paso del Estrecho, la protección de la salud y la inmigración y la economía irregular.
• Los demás apartados describen actuaciones de un solo ministerio. Por ejemplo la campaña "Viaja Seguro", del Ministerio de Asuntos Exteriores; la campaña de viajes, juventud y drogas, del Ministerio de Sanidad; la campaña de banderas azules, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Medidas de control de embarcaciones de recreo y motos acuáticas, del Ministerio del Interior. Medidas de promoción cultural y de práctica segura del ejercicio físico, del Ministerio de Cultura; el programa Campus Inclusivos y Cursos de Verano de la UNED, del Ministerio de Universidades.

Además, el acuerdo incluye el plan de prevención por altas temperaturas, en el que se establecen acciones según el nivel de riesgo; se plantea la recogida de información predictiva sobre temperatura ambiental y su impacto en la mortalidad; y se determina el sistema de información para la vigilancia de los riesgos asociados a las temperaturas excesivas.

En cuanto al informe de las actuaciones realizadas en 2021, cabe destacar algunos datos sobre desplazamientos. En todo el verano de 2021, hubo 90,8 millones de desplazamientos por carretera, 1,4 millones al día. Tan solo un 0,4% menos que en 2019. El mes con mayor número de operaciones en los aeropuertos de Aena fue agosto, con más de 157.000, lo que supuso una recuperación del 76% del tráfico aeroportuario del mes de agosto del año 2019.

Medidas y Planes verano 2022

Entre algunas de las medidas o planes que incluye el acuerdo se incluyen actuaciones en materia de seguridad ciudadana, como la Operación Verano, del Ministerio del Interior, o la campaña contra la violencia de género, del Ministerio de Igualdad.

En lo relativo a desplazamientos, se recogen actuaciones de la DGT, del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana en materia de transporte por ferrocarril y en materia de aeropuertos y navegación aérea, así como la Operación Paso del Estrecho, que implica actuaciones de los Ministerios del Interior, Política Territorial, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sanidad y Transportes.

En cuanto a la protección de la salud, destacan la campaña para la prevención de ahogamientos y otras lesiones en entornos acuáticos, el control de calidad de las aguas de baño o las acciones preventivas frente a las infecciones e intoxicaciones alimentarias.

También destacan en el ámbito de la salud, las campañas de vacunación internacional y las de prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Se refuerzan también en el periodo estival las inspecciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llevará a cabo diversas actuaciones en materia de obras de emergencia y planes para el aprovechamiento del agua.

Entre las actuaciones sobre promoción cultural del Ministerio de Cultura, se regula la apertura extraordinaria y actividades en horario ampliado o de los museos y otras instituciones culturales y las actividades en exteriores, o sobre el fomento de la práctica segura del ejercicio físico o del deporte, entre otras actuaciones. Los Ministerios de Educación y Formación Profesional; Universidades, y Derechos Sociales y Agenda 2030 desarrollarán diversas actividades de promoción educativa y formación del profesorado.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRATADO DE AMISTAD CON MAURITANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Tratado.

El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania se firmó en Madrid el 24 de julio de 2008, previa autorización del Consejo de Ministros de ese mismo día. Los firmantes fueron el presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, por parte española, y el presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, por parte de Mauritania.

El golpe de Estado que tuvo lugar en Mauritania el 6 de agosto de 2008 y que depuso al presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi aconsejó paralizar el procedimiento de ratificación del tratado.

La visita, el 17 de marzo de 2022, del presidente Mohamed Ould Cheik El Ghazouani, elegido democráticamente en 2019, fue la segunda visita a España de un presidente mauritano y ocasión propicia para potenciar al más alto nivel político las relaciones bilaterales y retomar el procedimiento para avanzar en el proceso de ratificación del tratado.

El tratado busca reforzar y potenciar las relaciones bilaterales entre ambos Estados tanto al más alto nivel político, como entre departamentos ministeriales, el sector privado y la sociedad civil. Igualmente, busca mejorar la cooperación en un amplio catálogo de materias: el terreno económico y financiero, cooperación en el ámbito de la seguridad, la defensa, aspectos jurídicos, asuntos consulares y migratorios, lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico ilícito de estupefacientes. Finalmente, se engloban otros aspectos como la Cooperación al Desarrollo y los ámbitos de la cultura y la educación.

El tratado supondrá un salto cualitativo en las relaciones bilaterales y constituirá un paso más en la creciente importancia que las regiones del Magreb y del Sahel tienen para nuestra política exterior. Además, el tratado equiparará a Mauritania con los países vecinos del Magreb: Marruecos, Túnez y Argelia.

Se superaría así el marco de la Declaración Política firmada en 2003 y el Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas firmado en 2015, con un instrumento convencional de mayor rango. Por lo tanto, la ratificación de este tratado representa un compromiso de cooperación a largo plazo entre ambos Estados, además de un importante apoyo al régimen democrático. Con este tratado se sitúan las relaciones bilaterales en un plano más elevado y con proyección de futuro.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 22 de octubre de 2008, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del apartado a) del artículo 94.1 de la Constitución, por tratarse de un Tratado de carácter político.

Contenido

El texto consta de un preámbulo y 11 artículos. El preámbulo recuerda los estrechos lazos históricos culturales entre ambos países, su condición de Estados vecinos que comparten un espacio geográfico estratégico en la región del Atlántico Oriental y la importancia de los vínculos establecidos entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, así como su decisión de impulsar la cooperación internacional en el marco de foros tales como el Proceso de Barcelona y los diversos ámbitos de cooperación euromediterráneos, la Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión del Magreb Árabe y la Iniciativa de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.

El tratado se inicia con unos principios generales previos al articulado y, siguiendo de cerca los de la Carta de las Naciones Unidas, enuncia los siguientes: 1. Respeto a la legalidad internacional; 2. Igualdad soberana; 3. No intervención en asuntos internos; 4. Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza; 5. Arreglo pacífico de controversias; 6. Cooperación para el desarrollo; 7. Respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la persona; 8. Diálogo y comprensión entre culturas y civilizaciones.

El artículo 1 regula las relaciones políticas bilaterales, institucionalizando diversas reuniones y consultas: de alto nivel, de los jefes de Gobierno; a nivel ministerial, de los ministros de Asuntos Exteriores; consultas regulares entre secretarios de Estado, secretarios generales y directores generales de los departamentos de asuntos exteriores de ambos países y consultas entre otros departamentos ministeriales e instituciones del Estado.

El artículo 2 se refiere a los distintos ámbitos de cooperación económica y financiera; el artículo 3 se ocupa de la cooperación en el ámbito de la defensa; el artículo 4 se refiere a la cooperación para el desarrollo; el artículo 5 se ocupa de la cooperación en los ámbitos de la cultura y de la educación; el artículo 6 prevé la cooperación en el ámbito jurídico, en materia civil, mercantil, penal y administrativa, laboral y de seguridad social; el artículo 7 se ocupa de la cooperación en el ámbito consular, migratorio y de la circulación de personas, y el artículo 8 se dedica a la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, cooperación que abarcará los ámbitos de la seguridad, legislativo, judicial y técnico.

Los artículos 9 a 11 prevén las disposiciones finales, en las que se regulan varios aspectos como la entrada en vigor del tratado, la denuncia o suspensión del mismo, así como la solución de discrepancias sobre su interpretación.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LA RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS IBEROAMERICANOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), por importe de 10.000 dólares estadounidenses.

La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI) es un programa de la Cumbre Iberoamericana de presidentes y Jefes de Estado. En 1992, se iniciaron las primeras propuestas para su constitución y se aprobó en la VIII Cumbre celebrada en Oporto en 1998. Se constituyó como programa en el año 2006, adaptándose al Manual Operativo de la Secretaría General Iberoamericana.

La red está integrada por los representantes de los Archivos Diplomáticos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El principal objetivo de la red es promover la cooperación en materia de organización, administración, conservación y utilización de los sistemas de archivos de las cancillerías iberoamericanas con el propósito de modernizar la administración de los acervos documentales bajo su custodia, y mejorar las prácticas de gestión de documentos en beneficio de los países, las propias cancillerías y los usuarios nacionales y extranjeros.

La red participa en los programas de cooperación archivística de la UNESCO, tiene programas de cooperación propios, cursos on-line de formación en gestión de archivos, y página web en la que se recogen los trabajos de la RADI y los de los archivos ministeriales de los países participantes.

Se financia a partir de las contribuciones voluntarias de sus miembros. La cuota mínima establecida para todos los participantes en la Circular RADI Nº 015-2013 es de 7.000 dólares estadounidenses, siendo voluntaria cualquier aportación que exceda dicha cantidad.

España, a través de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ejerce actualmente la presidencia de este programa para el período 2022-2024, tal como se acordó en la XXIII Reunión de la Red de Archivos Diplomáticos iberoamericanos, celebrada el 16 de diciembre de 2021. La XXIV Reunión de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos se celebrará en Madrid en octubre de 2022.

Por ello, al igual que el pasado año, el Gobierno realizará en este año 2022 una aportación voluntaria de 10.000 dólares estadounidenses, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La Asesoría Jurídica Internacional ha emitido su informe indicando que se trata de una contribución voluntaria que debe seguir los trámites de la disposición adicional cuarta de la Ley 24/2015, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, por lo que debe ser autorizada por el Consejo de Ministros.

La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han informado favorablemente esta propuesta de contribución anual.

Hacienda y Función Pública

MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DEL CIS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permitirá modernizar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para ajustar su funcionamiento, competencias y organización y adaptarlo a las nuevas tecnologías y a las necesidades actuales, especialmente en materia de digitalización.

Este real decreto tiene el objetivo principal de que el CIS continúe siendo un instrumento especialmente útil para las administraciones públicas y pueda hacer frente a los retos actuales y los que están por venir.

La organización actual del CIS data de 1997 y desde entonces nunca se había adecuado su funcionamiento, competencias y estructura, por lo que ahora será la primera vez en la que se acometa su modernización en 25 años.

Entre las principales modificaciones destacan algunas de corte jurídico, que pretenden actualizar dicho régimen, como las siguientes:

• Se actualiza su régimen jurídico a la normativa en vigor, para que cumpla con los requisitos establecidos para los organismos autónomos.
• Se introduce su consideración como servicio estadístico oficial de la Administración General del Estado.

Con todo ello, se consigue que la norma responda a las necesidades jurídicas actuales del organismo, dado que se actualiza su normativa para cumplir con los requisitos de régimen jurídico de todo organismo autónomo.

Esta nueva norma además permitirá adecuar los principios de actuación general y para la investigación empírica que posee el CIS a la realidad tanto de lo que se espera del funcionamiento de un organismo autónomo que tiene como fin un servicio público, como de un organismo científico que debe actuar acorde a los principios más actuales y necesarios de toda investigación empírica. Con ello no sólo se consigue aumentar la profesionalidad en la actuación del organismo, sino también su compromiso con el avance investigador.

Departamento de Tecnologías de la Información

El real decreto asimismo persigue la transformación digital del organismo y propiciar el avance hacia una administración basada en el dato de calidad.

En ese sentido, se contempla la creación de un Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cuyas funciones esenciales serán las siguientes:

• Definir y supervisar la estrategia sobre tecnologías de la información y comunicación del centro, de acuerdo con las directrices de Transformación Digital adoptadas por Administración General del Estado.
• Impulsar la transformación digital y la innovación del centro.
• Implementar medidas de ciberseguridad.
• Coordinar y supervisar la aplicación de la política de protección de datos de carácter personal.

De esta forma, el objetivo de su creación es, por tanto, adecuar su estructura organizativa a las necesidades de modernización y transformación digital, considerándose necesario para introducir una cultura administrativa acorde a los tiempos que vivimos y que va necesariamente de la mano del impulso e instauración de las tecnologías de la información y la comunicación, de la digitalización de los procesos y de la apuesta por la innovación.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Instituto para la Transición Justa, O. A., la tramitación anticipada de convocatorias de subvenciones para financiar proyectos generadores de empleo en Zonas de Transición Justa.

En concreto, se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros con la finalidad de posibilitar al Instituto para la Transición Justa, O.A., adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la tramitación anticipada de convocatorias de subvenciones para financiar proyectos generadores de empleo en Zonas de Transición Justa, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 'Proyectos empresariales generadores de empleo (Estrategia de Transición Justa)' y 'Pequeños proyectos empresariales generadores de empleo (Estrategia de Transición Justa)', con un crédito inicial a nivel de vinculación de 5 millones de euros y de 1,75 millones de euros, respectivamente.

El Instituto para la Transición Justa, O. A., adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con base en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ha solicitado autorización para modificar los límites de las aplicaciones anteriormente citadas, al objeto de financiar proyectos generadores de empleo en Zonas de Transición Justa.

Estas líneas de ayudas deben dar respuesta a los compromisos que se recogieron en el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa presentada en Consejo de Ministros en febrero de 2019, y tienen por objeto promover la localización de proyectos de inversión empresarial en los municipios de las denominadas Zonas de Transición Justa, afectadas por el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, a fin de generar actividades económicas alternativas en dichas zonas, y con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya existentes para incentivar su desarrollo económico.

La previsión de gasto correspondiente a las mencionadas ayudas en las aplicaciones 'Proyectos empresariales generadores de empleo (Estrategia de Transición Justa)' y 'Pequeños proyectos empresariales generadores de empleo (Estrategia de Transición Justa)' es la siguiente:

En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, estas aplicaciones figuran dotadas con un crédito inicial de 5 y 1,75 millones de euros, respectivamente, por lo que los compromisos a adquirir el presente ejercicio para los años 2023 a 2026 superan los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. De ahí la aprobación para su ampliación en el Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA FINANCIAR EL ESTUDIO DE LA AIREF SOBRE GASTO PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública la financiación del estudio encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de revisión del gasto de las Administraciones Públicas, derivado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021.

En concreto, se autoriza modificar los límites de la aplicación presupuestaria 'Para AIREF por trabajos de revisión de determinadas áreas de gasto público', según nivel de vinculación, dotadas en el Presupuesto de 2022, con un crédito inicial de 950.000 euros.

El compromiso del Gobierno con la transparencia, la mejora de la calidad del gasto público y el refuerzo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas ha quedado recogido en el componente 29 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinado a la mejora de la eficacia del gasto público.

En este sentido, por acuerdo de Consejo de Ministros celebrado el 28 de diciembre de 2021 se aprobó el nuevo ciclo de revisión del gasto público 2022-2026, que se llevará a cabo por áreas específicas de gasto y por fases.

Además, en dicho acuerdo también se formalizó la primera fase del nuevo proceso de revisión del gasto, que abarcará dos áreas de análisis:

• Instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos.
• Gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

Los trabajos correspondientes a la primera fase del nuevo proceso de revisión del gasto se iniciarán en el ejercicio 2022, siendo necesario que la AIReF elabore un plan de acción que incluya las áreas concretas del gasto público a analizar, la metodología a emplear y un calendario de actuaciones.

El coste del citado plan de acción asciende a 911.423,70 euros. En el año 2022 se abonará el anticipo del 10% a la aprobación del plan de acción, por un importe de 91.142,37 euros. En el año 2023 se abonará el resto, ascendiendo a un total de 820.281,33 euros.

Hacienda y Función Pública

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una nueva operación de respaldo público temporal, por un importe de 32 millones de euros, destinados al Grupo Vicinay Marine, que se canalizará en su totalidad a través de un préstamo participativo.

Esta autorización se produce después de que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas haya aprobado dicha operación.

Se trata de una decisión adoptada tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas, del impacto que han sufrido por la COVID-19, del plan de viabilidad presentado por Sociedad Vicinay Marine, S.L. y sociedades dependientes que forman el citado grupo, así como de las perspectivas de evolución del grupo y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que va a recibir. Vicinay Marine se dedica al diseño y fabricación de elementos para estructuras flotantes (offshore) dedicadas a sectores como eólico marino o naval.

La ayuda procede del citado Fondo de Apoyo a la Solvencia, una herramienta clave para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha, con una dotación de hasta 10.000 millones de euros.

Más de 400 empleados en todo el mundo

Vicinay Marine forma parte de un grupo familiar con más de 250 años de historia. Con Vizcaya como centro de decisión y enclave estratégico del Grupo, Vicinay es líder mundial en diseño, ingeniería y fabricación de cadenas y líneas de fondeo de alta tecnología para estructuras flotantes (offshore) de los sectores Oil&Gas, Eólico Marino Flotante y Naval.

El grupo, que da empleo a más de 400 personas en todo el mundo, dispone de cinco plantas productivas en cuatro países, dos de ellas en España, donde también cuenta con un centro tecnológico (Vicinay Marine Innovación).

Vicinay comercializa sus productos y servicios en más de 30 países. Tiene una cuota de mercado a nivel global superior al 50%, siendo del 100% en cadenas de grandes diámetros.

En el año 2019 el Grupo generó unas ventas de 125 millones a nivel mundial, de los cuales 81 millones correspondieron a las sociedades domiciliadas en España, siendo prácticamente en su totalidad de exportación. Además, en ese mismo ejercicio creó riqueza y empleo por valor de 57 millones de euros de contribución al PIB del País Vasco, con 237 empleos directos y 514 empleos indirectos e inducidos.

Sin embargo, la pandemia ha afectado en las perspectivas de crecimiento en los principales mercados en los que opera el Grupo: Oil&Gas, eólico, naval y piscifactorías. En 2020 se produjo una significativa reducción de las ventas y resultados.

Vicinay Marine es un actor relevante en el emergente sector de la energía eólica marina flotante, uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento futuro en el ámbito de las energías renovables.

Esta nueva operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial se suma así a las ya autorizadas en Consejo de Ministros para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs y Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A, Grupo Ferroatlántica S.A.U, Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum y Volotea.

Hacienda y Función Pública

SUPLEMENTO DE CRÉDITO AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES DE LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, por importe de 16 millones de euros, en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

El Organismo Autónomo Consejo Superior de Deportes (CSD), adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, ha solicitado un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria 'A federaciones deportivas españolas procedente de ingresos obtenidos en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015', por importe de 16 millones, para aplicar los fondos procedentes de la Liga de Fútbol Profesional (LNFP), en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

El artículo 6.1.f) del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, establece que los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga entregarán al CSD una aportación de 1,5% de los ingresos obtenidos por la comercialización de los derechos audiovisuales, cuantía que será destinada a la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como a la internacionalización del deporte español.

El Real Decreto-Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo creó la Fundación España Deporte Global (FSP) como organización sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad. No obstante, hasta la aprobación de los estatutos y la inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal, el CSD gestionará directamente las cantidades previstas.

Por su parte, el Consejo Superior de Deportes es competente para conceder las subvenciones que procedan a las federaciones deportivas españolas (FFDDEE) y demás entidades y asociaciones deportivas. Y además tiene competencia para acordar con las federaciones sus objetivos y programas deportivos, en especial lo relativo al de alto nivel.

Para el Consejo Superior de Deportes es de interés promover que esta representación se mantenga y mejore mediante la dotación adicional de recursos económicos que permitan alcanzar el objetivo propuesto. Para ello se ha concebido una nueva línea de subvenciones en concurrencia competitiva para las federaciones deportivas, que se denominará 'Ayudas a FFDDEE para la financiación de programas TEAM ESPAÑA ÉLITE'.

Beneficiarios de TEAM ESPAÑA

Las federaciones beneficiarias de los Programas Deportivos TEAM ESPAÑA serán aquellas cuyos programas hayan sido objeto de clasificación mediante procedimiento previo de concurrencia competitiva, para financiar de manera complementaria aspectos mejorables de la preparación olímpica y paralímpica de aquellos deportistas que cuenten con más opciones para la obtención de medallas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos en las distintas modalidades deportivas.

La cuantía total de estas ayudas ascendería a 16.000.000 euros. Para la financiación de esta cantidad, este Organismo autónomo dispone de un remanente de tesorería con financiación afectada procedente de la Liga de Fútbol Profesional, por importe de 29.770.299,42 euros, que se deriva de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril. Este importe corresponde a los ingresos realizados por la Liga Nacional de Fútbol Profesional hasta el 31 de diciembre de 2021, y que aún no han sido aplicados al presupuesto del Organismo.

Para esta modificación presupuestaria, se van a aplicar 16.000.000 euros procedentes de dicho remanente. Por tanto, se propone el suplemento de crédito solicitado por el importe citado.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADOS LOS LÍMITES DE LOS COMPROMISOS DE GASTO PARA CONVENIO ENTRE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de suscribir un convenio para el desarrollo de actividades de normalización en el ámbito de la documentación con la Asociación Española de Normalización, por la Biblioteca Nacional de España, O. A. (BNE).

En concreto, el Consejo de Ministros ha modificado los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros con el fin de suscribir un convenio para el desarrollo de actividades de normalización en el ámbito de la documentación con la Asociación Española de Normalización, por la Biblioteca Nacional de España, O.A., en la aplicación presupuestaria 'Otras ayudas y subvenciones', computada a nivel de vinculación.

La Biblioteca Nacional de España, O. A., solicitó autorización para modificar los límites de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación anteriormente mencionada, cuya dotación inicial para el año 2022, a nivel de vinculación, se eleva a 12.000 euros.

La BNE pretende suscribir con la Asociación Española de Normalización (UNE) un convenio para el desarrollo de actividades de normalización en el ámbito de la documentación.

La BNE y la UNE comparten tanto objetivos generales en torno al fomento de la cultura y la investigación, como específicos en el ámbito de la normalización a todos los niveles en el caso de la UNE y a nivel bibliotecario y documental en el caso de la BNE. En este sentido, el Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, se establece en su artículo 15 que, entre otras funciones, corresponde a la Dirección Técnica de la BNE la "participación en proyectos y grupos de trabajo de ámbito nacional e internacional dirigidos a la promoción de la investigación y desarrollo de estándares y normativa en el ámbito de la biblioteconomía y de servicios en línea de valor añadido al usuario".

El convenio a suscribir entre la BNE y UNE tendrá un periodo de vigencia de cuatro años y se extenderá desde el ejercicio 2022 al ejercicio 2026.

El importe total de la aportación de la Biblioteca Nacional de España asciende a la cantidad de 40.000 euros de acuerdo a la distribución de anualidades que se señalan a continuación:

El compromiso de gasto previsto para los años 2023, 2024 y 2025 supera el límite establecido en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la aplicación 'Otras ayudas y subvenciones', computada a nivel de vinculación. El Consejo de Ministros celebrado este martes ha realizado la autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO NACIONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de 4,5 millones de euros, desde el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional, para llevar a cabo inversiones en materia de eficiencia y transición energética en edificios de Patrimonio Nacional.

Esta operación se produce en cumplimiento del Componente 11 'Modernización de las administraciones públicas' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se encuadra la Inversión 4, relativa al Plan de transición energética en la Administración General del Estado.

La Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Organismo Autónomo Patrimonio Nacional han firmado un acuerdo interdepartamental para la ejecución del citado Plan de transición energética. Ese acuerdo establece que para la financiación de las actuaciones conjuntas de la Secretaría de Estado de Energía y de Patrimonio Nacional, deberá tramitarse en 2022 una transferencia de crédito por importe de 4.467.103,06 euros en concreto.

Educación y Formación Profesional

FINANCIACIÓN A LAS CCAA PARA COMPRA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 58.559.610 euros para ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos. El plazo de ejecución abarca hasta el 31 de diciembre de 2023.

El objetivo es ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos en todo tipo de soportes -incluido el digital- , compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades.

Para la distribución de los fondos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se ha tenido en cuenta la tasa de riesgo de pobreza por comunidad autónoma y el número de alumnos y alumnas matriculados en educación primaria y secundaria obligatoria en cada comunidad.

El crédito se destinará a la adquisición de estos materiales de los cursos de educación primaria y educación secundaria obligatoria del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos. Las comunidades autónomas también podrán destinar parte de dichos fondos para conceder ayudas en los cursos de Bachillerato y Formación Profesional.

DISTRIBUCIÓN POR CCAA

Industria, Comercio y Turismo

ADENDA PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FUTURE

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de la undécima adenda al convenio de colaboración de 3 de septiembre de 209, suscrito entre el Ministerio de Industria y el ICO, para instrumentar los préstamos correspondientes a la línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico (Plan FuturE 2009).

Con dicha adenda se dispone la anulación del compromiso entre la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y el ICO en relación con los costes financieros comprometidos en el convenio que han quedado sin ejecutar en la anualidad 2021.

La firma de la adenda propuesta no comportará gasto con cargo al ejercicio presupuestario 2022 sino que, por el contrario, servirá para reducir el nivel de compromiso de gasto en dicho ejercicio. Se trata de un mero ajuste presupuestario.

Industria, Comercio y Turismo

FONDOS PARA PROYECTOS INDUSTRIALES EN TAILANDIA, CAMERÚN, COLOMBIA Y HONDURAS

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de cuatro créditos reembolsables en condiciones comerciales OCDE, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a diferentes países para proyectos industriales.

El primer acuerdo supone financiar un proyecto de suministro de estructuras metálicas para la construcción de dos plantas industriales en Camerún por valor de 5,6 M€.

El segundo acuerdo pretende financiar un proyecto de suministro de maquinaria y tecnología para la producción de tuberías de PVC en Tailandia por valor de 2,4 M€.

El tercer acuerdo financiará un proyecto de suministro y puesta en marcha de una línea de cocción, enfriado y congelación para cola pelada de camarón en Honduras por un importe de 453.776 €.

El último acuerdo aprobado hoy corresponde a un proyecto de suministro, instalación y cualificación de una sala limpia para una planta de producción y esterilización de ropa y material médico de un solo uso por importe de 3 millones de euros en Colombia.

Estas operaciones suponen una oportunidad para las empresas españolas para mostrar su conocimiento y tecnología en sectores pujantes. Asimismo, se trata de una oportunidad en sectores que solían crecer a gran velocidad antes de la crisis del covid-19. El arrastre exportador potencial de estas operaciones es significativo para las empresas españolas exportadoras.

Agricultura, Pesca y Alimentación

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. (FEGA), del suministro de alimentos del "Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2023", por un importe de 97.107.562,00 euros. La compra de los alimentos de este programa está financiada al 100 % por la Unión Europea y beneficiará a 1.400.000 personas.

La reglamentación comunitaria establece que el apoyo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) se podrá incrementar en 2023 con recursos del programa REACT UE (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa), creado para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales.

Los alimentos que se van a adquirir con la licitación que hoy se ha iniciado son de carácter básico y no perecederos, como arroz blanco, garbanzos cocidos, conserva de atún, conserva de carne, pasta alimenticia tipo espagueti y tipo fideo, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva, cacao soluble, tarritos infantiles (fruta y pollo) y aceite de oliva. Con ellos se cubre una parte importante de la cesta de la compra de las familias beneficiarias del programa.

El programa de ayuda alimentaria 2023, con el que se prevé atender aproximadamente a 1.400.000 de beneficiarios en situación desfavorecida, resulta de especial importancia, dado su carácter social y su importancia en la atención de la situación de vulnerabilidad de estas personas. Este programa servirá además como transición entre el FEAD y el nuevo Fondo Social Europeo + que a partir de 2023 continuará abordando esta problemática en el marco del nuevo programa operativo que España ha presentado para ese fondo ante la Comisión Europea.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

NUEVA OFICINA DE LA ONU EN MADRID PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma y aplicación provisional de un convenio con Naciones Unidas que permitirá la apertura en Madrid, el próximo mes de septiembre, de una delegación de su Oficina de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas en inglés). El acuerdo ha sido adoptado a propuesta conjunta de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación.

La Oficina de la UNOCT en Madrid, según se detalla en el convenio, se encargará de la gestión y ejecución de programas y proyectos relacionados con la prevención y lucha contra el extremismo violento, la protección de objetivos vulnerables, la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, el apoyo a las víctimas del terrorismo y la cooperación bilateral y multilateral, entre otras materias.

El convenio establece además que España prestará una serie de servicios de apoyo administrativo y operativo a la oficina de la ONU, pondrá a su disposición las instalaciones adecuadas y le brindará los servicios públicos necesarios para el desempeño de sus labores.

La UNOCT se puso en marcha en 2017 con el objetivo de mejorar la coordinación antiterrorista entre los países miembros de Naciones Unidas y dar mayor visibilidad a la lucha contra esta amenaza. Desde su nacimiento está encabezada por Vladimir Voronkov, secretario general adjunto de la organización internacional.

La idea de establecer una oficina de programas de la UNOCT en España surgió durante el Comité de Coordinación del Foro Global de Contraterrorismo celebrado en Málaga en marzo de 2019.

Política Territorial

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL SANITARIO EN CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo de toma de razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Ministerio de Política Territorial de servicios de control sanitario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, con Cruz Roja Española, por importe total de 720.000 euros.

La Orden del Ministerio de Sanidad 425/2022, de 13 de mayo, estableció las medidas de control sanitario a las personas que llegan a España a través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. En este contexto, habida cuenta de la inmediatez de la apertura de los controles fronterizos y del necesario refuerzo para la prestación de servicios de control sanitario en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, con esa misma fecha la resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial declaró como situación de emergencia la necesidad de tramitar el expediente de contratación de dichos servicios, por concurrir la situación de grave peligro del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De este modo, se ha contratado, mediante el procedimiento de emergencia, el servicio de control sanitario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con la entidad Cruz Roja Española, por un importe máximo total de 720.000 euros, para reforzar al personal del área funcional de sanidad de las delegaciones del gobierno, englobando dicho importe una duración inicial de tres meses a contar desde el día 15 de mayo de 2022. Cada equipo de control sanitario estará formado por un médico, un enfermero/a o auxiliar de enfermería y, al menos, dos personas de apoyo.

Su actividad será coordinada y supervisada por los servicios de sanidad exterior que, como autoridad sanitaria en los puntos de entrada, tendrá la responsabilidad de decidir qué medidas se aplican a las personas en caso de ser necesarias.

Política Territorial

SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS POR LA BORRASCA FILOMENA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvenciones a la Comunidad de Madrid, por importe de 73.747.931,15 euros, y a la Diputación Provincial de Toledo, por importe de 12.017.368,63 euros, para la recuperación de infraestructuras municipales y red viaria provincial para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena".

El Gobierno concede más de 142 millones de subvenciones a las entidades locales de distintas comunidades autónomas, que corresponden al 50% del importe de los proyectos presentados, y es el Consejo de Ministros quien autoriza las ayudas que superan los 12 millones de euros, de acuerdo con la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Es el caso de las subvenciones a entidades locales de la Comunidad de Madrid, que suman 73.747.931,15 euros, y a la Diputación Provincial de Toledo, que suman 12.017.368,63 euros. En las demás comunidades (cuadro final) las subvenciones no suman 12 millones y las otorga directamente el Ministerio de Política Territorial.

Antecedentes

El Consejo de Ministros, de 19 de enero de 2021, declaró zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra, como consecuencia del episodio «Filomena» en enero de 2021.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, adoptó medidas urgentes para paliar los daños causados por "Filomena", estableció medidas complementarias, y amplió la declaración y aplicación de medidas a las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.

Entre estas medidas, se faculta a la ministra de Política Territorial para establecer el procedimiento para la concesión, seguimiento y control de una subvención hasta el 50% del coste de los proyectos relacionados con los siniestros que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos y cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales.

La Resolución de 16 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, convocó las subvenciones, según las bases establecidas en la Orden HAP/196/2015, que regula las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno han procedido a su comprobación y han remitido a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local los proyectos a subvencionar. Culminada la tramitación del procedimiento, se adopta la asignación de subvenciones, por un importe total de 142.479.562,15 euros.

La distribución de las subvenciones para las entidades locales, por territorios, es la siguiente:

Relación de entidades locales ejecutoras de proyectos e importe de la subvención

Sanidad

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Esta norma actualiza la normativa existente en materia de prevención y control de la legionelosis en España.

El real decreto sustituye al anterior del año 2003, contempla los avances y mejoras técnicas, nuevas medidas de gestión del riesgo e innovaciones necesarias para un mayor control de las instalaciones o equipos susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria.

Gracias a este real decreto se regula el régimen de responsabilidades de los titulares de las instalaciones, tanto de las personas titulares de torres de refrigeración y condensadores evaporativos, como de las empresas de servicios externos y de las empresas de servicios que realicen operaciones de prevención y control de legionella en las instalaciones a su cargo.

Por otro lado, se establecen los distintos requisitos de las instalaciones y de la calidad del agua, los planes de control frente a la legionella y las actuaciones de la autoridad sanitaria.

Así, se determina la realización obligatoria, por parte de las personas titulares, de un Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL), en el que se incluirán, entre otros, un diagnóstico inicial y descripción detallada de la instalación, así como de los programas de mantenimiento y revisión de instalaciones y equipos, además de documentación y registros que reflejen las actividades y controles establecidos en los programas.

El PPCL podrá ser completado con un Plan Sanitario frente a la Legionella (PSL) de carácter opcional y basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Brotes y casos de legionelosis

Tal y como queda establecido en el real decreto, la autoridad sanitaria coordinará las actuaciones de todos los profesionales que intervengan en la investigación de casos o brotes de legionelosis, teniendo en cuenta lo establecido por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La autoridad sanitaria decidirá las actuaciones que deberá realizar la persona titular de la instalación, que podrán ser, entre otras, la limpieza y desinfección de choque con remuestreo a los 15-30 días; la posible paralización total o parcial de la instalación; la realización de reformas estructurales.

También se establece que se podrá utilizar cualquiera de los biocidas autorizados y registrados para el tratamiento de las instalaciones.

En cualquier caso, los sistemas físicos frente a la legionella no deberán suponer riesgos para la instalación ni para la salud y seguridad de los operarios ni otras personas que puedan estar expuestas, debiéndose verificar su correcto funcionamiento periódicamente.

El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros también establece los procedimientos para la toma de muestras, su transporte y posterior análisis, así como los requisitos de deberán tener los laboratorios. En este sentido, se concede un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta norma, para que los laboratorios acrediten sus métodos de análisis para la determinación de legionella mediante cultivo.

Por último, se establecen las condiciones de formación del personal propio y externo y un régimen sancionador con la graduación de posibles infracciones relacionadas con el propio real decreto.

La norma será de aplicación a las instalaciones susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento, quedando excluidas las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de estos edificios.

Legionelosis y legionella

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o Enfermedad del Legionario, que se caracteriza por neumonía con fiebre alta; y la forma no neumónica, conocida como Fiebre de Pontiac, que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve. En ambas situaciones puede presentarse en forma de brotes o de casos aislados.

La legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose a temperaturas entre 20ºC y 50ºC y cuyo crecimiento se da entre los 35ºC y 37ºC.

Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana sin descartar el agua de mar. Desde estos reservorios naturales, la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento y, a través de la red de distribución de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento, como las torres de refrigeración.

La infección por legionella generalmente se adquiere en los ámbitos comunitario y nosocomial, siendo necesario distinguir en su vigilancia epidemiológica entre estos casos y los asociados a viajes o producidos en otros ámbitos.

En ambos supuestos, la enfermedad puede estar asociada a dispositivos y sistemas que utilizan agua a temperaturas que permiten la proliferación de la bacteria y producen aerosoles durante su funcionamiento.

Las variaciones de la temperatura del agua a lo largo del circuito hidráulico de la instalación, junto con el estancamiento y la presencia de biofilms o biocapa, las incrustaciones calcáreas, la corrosión o los precipitados minerales son factores que propician la proliferación de legionella.

Sanidad

CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA DEL ALMACENAJE DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio para el almacenaje de dosis de la vacuna contra la COVID-19.

OIARSO, Sociedad Cooperativa, será la entidad encargada de la gestión de los servicios de este acuerdo.

La prestación de servicios concertada se halla incluida en el régimen de exención aprobado por el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, en su disposición final séptima párrafo 1, apartado c).

En el contexto de la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, el 12 de junio de 2020, los ministros de la Unión Europea acordaron iniciar la actividad necesaria para concluir Acuerdos de Adquisición Anticipada (APAs) de vacunas contra la COVID-19.

Con base en aquel consenso, la Comisión Europea adoptó la Decisión de 18 de junio de 2020, por la que se aprueba el acuerdo con los Estados miembros para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por cuenta de aquéllos y otros procedimientos conexos. Al amparo de dicha decisión, la Comisión Europea ha suscrito una serie de APAs con diferentes compañías farmacéuticas, y los Estados miembros se han adherido a ellos mediante la firma de las correspondientes órdenes de pedido de vacunas, en las que adquieren el compromiso formal de compra de las dosis que les han sido asignadas.

En la actualidad, los dos principales proveedores de vacunas son Pfizer/BioNTech y Moderna. España se ha adherido a los tres acuerdos suscritos con Pfizer/BioNTech para la adquisición de la vacuna denominada comercialmente "Comirnaty", y con la suscripción de las correspondientes órdenes de pedido de vacunas, nuestro país ha logrado el compromiso de adquirir, en total, más de 177 millones de dosis de vacunas, a lo largo del periodo comprendido entre los años 2021 y 2024. De estas, se han entregado ya casi 90 millones de dosis, y en lo que queda del año 2022 se deberán recibir unos 24 millones de dosis adicionales.

El suministro de vacunas es estable y previsible, a consecuencia de los compromisos adquiridos por nuestro país, si bien, desde principios de 2022, la demanda de vacunas en nuestro país se encuentra en niveles mínimos, mismo caso que en el contexto de la donación internacional.

Teniendo en cuenta la situación descrita, es necesario actuar para que las dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la compañía Pfizer/BioNTech, sean almacenados de acuerdo con sus condiciones especiales de conservación (entre -90ºC y -60ºC), dado que no es posible retrasar las entregas programadas en virtud de los compromisos adquiridos por España en el contexto de los APAs, y si no se cuenta con las instalaciones precisas para dicho almacenamiento, no se podría garantizar la correcta conservación de las vacunas adquiridas.

Universidades

PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley orgánica del sistema universitario.

A propuesta del Ministro de Universidades y del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se acuerda interesar de las Cortes Generales la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, previsto en los artículos 93.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 133.1 del Reglamento del Senado, del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Universidades

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica del sistema universitario que busca modernizar e introducir una serie de mejoras en el funcionamiento de las universidades españolas.

Los objetivos que se pretende con esta ley son la consecución de una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada. Además, se busca conseguir una Universidad capaz de generar, desarrollar, difundir, transferir e intercambiar conocimiento al servicio de la sociedad y que contribuya al desarrollo económico sostenible.

Por otra parte, también se pretende garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario sean adecuados y suficientes para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la Universidad.

Por último, la norma busca ahondar y asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa que constituya un espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal al mismo tiempo que sea eficaz y eficiente en la toma de decisiones y su gestión.

A modo de resumen, las principales modificaciones serán:

Eliminación de la precariedad:

• Dignifica las condiciones laborales del profesorado asociado convirtiendo sus plazas temporales en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesoras y profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%.
• Esta estabilización conlleva la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros.
• Se incorporan otra serie de medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica, mediante el reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a ayudante doctor o el fomento contratos predoctorales para quienes quieran incorporarse a la carrera académica.
• Se recupera el valor original de la figura de profesor/a asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 h lectivas.
• Se incorpora la figura del profesorado sustituto cuya finalidad exclusiva es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. De esta manera, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del asociado.

Financiación:

• La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea el compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB. Esto supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes y políticas de austeridad producidas por la anterior crisis económica de 2008. Este aumento va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un 5% del PIB de gasto en educación o el 1,25% que plantea la nueva Ley de Ciencia que está tramitándose en el Congreso de los Diputados.

Formación a lo largo de la vida:

• La nueva ley hace que las universidades estén dirigidas a todas las edades, para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años. De esa necesidad de flexibilidad nace este paquete de medidas enfocadas a dotar a las universidades de las herramientas necesarias para los cambios sociales y económicos que se están produciendo.
• Así, se determina que la formación a lo largo de la vida sea una función básica de la universidad. Se establecerán títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico. Las administraciones públicas fomentarán programas de becas y ayudas a la formación a lo largo de la vida en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional.

Carrera académica:

• La carrera académica es con la LOSU más predecible y clara, con tres etapas en vez de las cuatro de la Ley Orgánica de Universidades (LOU): acceso, estabilización y promoción.
• Desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasarán diez años, consiguiendo así un rejuvenecimiento de la plantilla universitaria. El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU), eliminando la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público. Con ello se avanza la edad de entrada y se permite también atraer talento internacional.
• Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público. La figura de promoción será la de Catedrático/a.
• Se ha querido poner énfasis en los aspectos relativos a los retornos a la sociedad incorporando nuevos principios para las evaluaciones al profesorado; éstas serán cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el acceso abierto de las publicaciones, el impacto territorial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica. Además, y de cara a evitar dinámicas endogámicas, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

Internacionalización:

• La LOSU se articula en el Espacio Europeo de Educación Superior y este marco está presente a lo largo de todo su articulado. La LOSU incorpora, por primera vez, un título dedicado a la internacionalización. Gobierno, CCAA y universidades elaborarán estrategias para internacionalizar el sistema universitario. Las alianzas universitarias europeas, euro regionales e internacionales se refuerzan, con el impulso de títulos compartidos.
• En esta ley la movilidad internacional del estudiantado, del PDI y del PAS se convierte en una prioridad. Además, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al finalizar los estudios universitarios de grado, máster o posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o trabajar.
• La LOSU ha creado una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función es atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.

Gobernanza y estructuras:

• El nuevo texto plantea un modelo democrático en el que la elección de los y las representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio, y contará con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social.
• El Claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria, garantizando siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado, así como una representación del 51% para el personal docente e investigador funcionario y de la figura de permanente laboral. Además, se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad.
• El mandato de los titulares de órganos unipersonales será, en todos los casos, de seis años improrrogables y no renovables.
• Las universidades tendrán autonomía para definir sus centros y estructuras, según lo determinen sus estatutos.

Más derechos para la comunidad universitaria:

• En materia de género, para crear una universidad pública o privada, se deberán contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Por otra parte, las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado.
• En lo relativo a las cuestiones de discapacidad, las unidades de diversidad deberán contar con un servicio de atención a la discapacidad y disponer de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra condición social o personal. Se establece también un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, las universidades deberán facilitar la lengua de signos, así como fomentar estudios propios adaptados a personas con discapacidad intelectual o de otra índole.

Estudiantado:

• Es una ley pensada para los y las estudiantes, tengan la edad que tengan. La vida universitaria y la calidad de la docencia han sido dos elementos clave de los derechos del estudiantado, y así se ve reflejado en este nuevo documento de la LOSU.
• Su participación en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento alcanza en la LOSU un mínimo del 25% cuando en la LOU no se asegura ningún porcentaje. También se fomenta su participación en la gestión de servicios universitarios, en el desarrollo de mentorías y tutorías, y en el conjunto de la vida universitaria. La lista de derechos al estudiantado que establece esta ley es extensa, destacando el derecho al paro académico entre ellos.

BIOGRAFÍAS

Ciencia e Innovación

Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Dª. ELOÍSA DEL PINO MATUTE

Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid, 1992) y en Derecho (UNED, 1993) y doctora en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid, 2003).

Pertenece al Cuerpo de Científicos Titulares del CSIC (2007), donde ha trabajado en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC). Hasta la fecha de su nombramiento, desempeñaba el puesto de subdirectora de Análisis Institucional en la División de Evaluación de Gasto Público de AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Con anterioridad, fue profesora de Ciencia Política y de la Administración en la URJC (1995-2007) y en la Universidad Autónoma de Madrid (2007-2008), dirigió el Observatorio de Calidad de los Servicios en la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios (AEVAL, Ministerio de Política Territorial, 2009-11); y fue directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018-20). Por otro lado, también es directora de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (INAP).

Ha sido investigadora visitante en varios centros, entre ellos la Universidad de Oxford en el curso 2016-17, la Universidad de Kent, la Universidad de Ottawa y el IEP/CNRS de Burdeos. Su investigación ha girado alrededor de la reforma comparada de la administración y la gestión pública, la reforma de las políticas sociales y el Estado de Bienestar, y los determinantes de las actitudes de la ciudadanía hacia las políticas públicas y el Estado, temas sobre los que ha dirigido o participado en numerosos proyectos y contratos de investigación.