Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se aprueba el balance y cuentas del ejercicio 2021 del Banco de España y se dispone la aplicación de los beneficios pendientes de distribución.
• ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 26 de mayo de 2022, en relación con el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de inversión.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C9, R1). REAL DECRETO por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C7, I1 y C8, I1). REAL DECRETO por el que se amplía la tipología de beneficiarios del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras necesarias en la presa de Montijo (T.M. Mérida, Badajoz) para garantizar su seguridad, por un importe máximo de 5.200.000 euros.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de construcción del saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz).
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca alta del río Guadiaro. E.D.A.R. y colectores en Jimera de Líbar (Málaga).
• ACUERDO por el que se liberan 4 millones de barriles de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía como respuesta a la guerra de Ucrania.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado entre el Reino de España representado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la República Checa representada por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte relativo al funcionamiento y actividad de las secciones bilingües checo-españolas en los institutos de la República Checa, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Tratado.
• ACUERDO por el que se autoriza la aceptación de las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos adoptadas mediante Decisión CFC/GC/XXGVI/1.
• ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácitos para jefes de misión extranjera.

Justicia

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I2). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y criterios de reparto, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Justicia, de créditos presupuestarios destinados a la realización de varios proyectos de Justicia 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los años 2022 y 2023.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del acuerdo de cooperación entre la Academia de Derecho Europeo y el Centro de Estudios Jurídicos, O.A., del Ministerio de Justicia, en el marco del proyecto "Mejor aplicación de los procedimientos europeos transfronterizos: formación jurídica y lingüística del personal judicial en Europa", por un importe de 9.417,30 euros.

Hacienda y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por importe de 169.550,85 euros, para dar cumplimiento a la Resolución conjunta adoptada por sus Subsecretarías con fecha 14 de febrero de 2022.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo actuaciones contractuales relativas a estudios y trabajos técnicos del Ejército del Aire.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico la realización de diversos expedientes de contratos de suministros y servicios de carácter estructural y recurrente, así como expedientes relativos a infraestructura y mantenimientos informáticos, entre otros.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Secretaría General de Fondos Europeos la realización de diversos expedientes de gasto relativos al capítulo de inversiones reales.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I2). ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Trabajo y Economía Social en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de dar cobertura a los compromisos derivados de la ejecución relativa al Componente 11, Inversión 2.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la tramitación anticipada de la convocatoria de las becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa correspondientes al curso 2023-2024.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación del contrato de suministro de equipos para tratamiento de protonterapia y equipamiento electromédico.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 650.000.000 euros.
• INFORME sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2021.

Interior

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C11, I4). ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado para la Transición Energética, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se declaran obras de interés general las actuaciones incluidas en el mismo.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de acabado y adquisición de equipamiento para los centros de atención temporal de extranjeros de las islas Canarias, por importe de 300.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de un sistema de ciberseguridad avanzada con proxy inverso, detección temprana de amenazas y balanceo de carga, para la protección de los sistemas de información de la Jefatura de Sistemas Especiales de la Dirección General de la Policía contra ciberataques, por importe de 62.738,50 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la prestación de servicios auxiliares a llevar a cabo en los tres buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, por importe de 1.000.000 de euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I4). ACUERDO por el que se determina que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. (SIEPSE) ejecute determinadas actuaciones previstas en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para la supresión del bloqueo telefónico en el tramo Ortigueira - Ribadeo. Línea 740 Ferrol-Pravia. Valor estimado del contrato: 20.011.590,58 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo (vía y catenaria) para la nueva remodelación integral de la estación de Fuente de San Luis (Valencia) para la implantación del ancho estándar. Valor estimado del contrato 40.077.050,65 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro de gasóleo B exento de impuestos especiales como carburante en el transporte por ferrocarril y gasóleo B a tipo reducido. Valor estimado del contrato: 130.667.794,20 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 1 del contrato de obras Autovía A-68. Tramo: Arrúbal - Navarrete. Provincia de La Rioja. Importe: 21.203.154,69 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras motivadas por los efectos de los temporales ocurridos en las últimas semanas de 2021 y las primeras de enero de 2022 en la línea 780 Bilbao La Concordia - Santander, tramo: Basurto Hospital - Ametzola y en la línea 782, tramo: Basurto Hospital - Ariz, por un importe de 1.408.050 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España, como miembro de pleno derecho de la Organización Internacional Corte, correspondiente a 2022, por importe de 2.500 euros.

Educación y Formación Profesional

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, por importe de 846.429.590,00 euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C20, I1). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas para el Plan de Modernización de la Formación Profesional, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional y en el marco del componente 20 "Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por importe de 392.965.420,00 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C3, R6). ANTEPROYECTO DE LEY de pesca sostenible e investigación pesquera.
• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de un crédito para la financiación de diversas líneas de actuación, por un importe de 48.159.669,96 euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
• ACUERDO por el que se aprueba la Declaración Institucional con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia de Juventud 2022-2030.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., las contribuciones a asociaciones, organizaciones y entidades internacionales de investigación, correspondientes a 2022 por un importe de 87.539,45 euros y 41.994,76 francos suizos.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., el pago de las contribuciones a asociaciones, organizaciones y entidades internacionales de investigación, correspondientes a los años 2020 y 2021, por un importe de 413.555,41 euros, 500 dólares estadounidenses y 45.702,38 francos suizos para 2020 y 10.000 euros para 2021.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación el pago de las contribuciones voluntarias a diversos organismos y entidades internacionales en el ámbito polar, correspondientes a 2022, por importe de 39.953,07 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Ciencia e Innovación a la Secretaría General Iberoamericana, para la Secretaría del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), correspondiente a 2022, por importe de 275.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria española al Instituto Forestal Europeo para gastos de funcionamiento de su Oficina Regional en Barcelona (EFIMED) correspondiente a 2022, por importe de 200.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la contribución voluntaria a la asociación Science Europe, correspondiente a 2022, por importe de 84.551,60 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., la contribución española a la organización internacional Data, AI and Robotics (DAIRO) correspondiente a 2022, por importe de 1.500 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., la contribución española a la organización internacional Committee On Space Research (COSPAR) correspondiente a 2022, por importe de 10.654 euros.

Igualdad

• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23, I7). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que autoriza la celebración del contrato de los servicios de operación, gestión y soporte técnico de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social que soportan las aplicaciones informáticas de las entidades gestoras, servicios comunes e Intervención de la Seguridad Social por un periodo de dos años, con un valor estimado de 123.412.475,88 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Defensa

• REAL DECRETO por el que se nombra director General de Personal aD. JOSÉ RAMÓN VELÓN ORORBIA.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se nombra presidenta de la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, de la Comisión General de Codificación a Dª. CARMENALONSO LEDESMA.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• REAL DECRETO por el que se nombra secretaria General Técnica a Dª. ELISA MARÍA DARIAS VALENCIANO.

Ciencia e Innovación

• REAL DECRETO por el que se nombra directora General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas a Dª. YOLANDA BENITO MORENO.

Universidades

• REAL DECRETO por el que se nombra presidente del Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a Dª. NURIA MARÍA OLIVER RAMÍREZ.

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza la Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim AL THANI.
  

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ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REFUERZO DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA PARA EL AUTOCONSUMO Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El Consejo de Ministros ha aprobado el refuerzo de los programas de incentivos para sistemas de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables, y para sistemas térmicos renovables en hogares y en diferentes sectores de la economía. Entre otras medidas, los autónomos podrán beneficiarse y desplegar autoconsumos en sus lugares de trabajo, y se autoriza un cupo específico para ellos, también se potencian las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) y la penetración de la bomba de calor.

Los programas de incentivos que el Gobierno ha reforzado se encuadran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), están recogidos en el Real Decreto 447/2021 y el Real Decreto 1124/2021, y los gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La modificación del Real Decreto 477/2021 introduce cambios como:

• Los autónomos se incluyen como beneficiarios de los subprogramas de impulso del autoconsumo y podrán desplegar instalaciones de autoconsumo en un lugar de trabajo distinto de su vivienda. Además, se establece la posibilidad de que en las ampliaciones de presupuesto se les reserve un cupo específico.
• Se potencia el modelo de empresa ESE o inversión por terceros para que pueda ser una empresa la que realice las instalaciones a particulares u otras empresas, facilitando así la instalación de autoconsumo cuando el consumidor no tenga capacidad de abordar la inversión.
• La capacidad de almacenamiento que se permite instalar se flexibiliza, pasando a 2 kWh/kW a 5 kWh/kW, en consonancia con la creciente generalización de soluciones de almacenamiento.

Entre las modificaciones del Real Decreto 1124/2021, por su parte, se amplía la gama de bombas de calor que son elegibles en el programa, para facilitar un mayor despliegue de esta tecnología, ampliando así los equipos que se permiten instalar, muchos de ellos fabricados en España. Además, se incorpora una referencia al rendimiento medio estacional mínimo a cumplir en esta tecnología para las aplicaciones de producción de frío en climatización de edificios. Esta incorporación viene motivada por la próxima publicación de la normativa europea que establecerá la metodología de cálculo de la cantidad de energía renovable aportada por estas aplicaciones.

Impulso al autoconsumo

El Real Decreto 477/2021, del 29 de junio, aprobó la concesión de 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, en ayudas para instalaciones de autoconsumo (hasta 900 millones), almacenamiento detrás del contador (hasta 220 millones) y climatización con energías renovables (hasta 200 millones).

Se trata de uno de los primeros programas de ayudas puestos en marcha en el marco del PRTR y es el primero a gran escala dirigido específicamente a autoconsumo y almacenamiento. Actualmente, las comunidades autónomas están agotando los presupuestos inciales y solicitando ampliaciones, con lo que se confirma el interés y el potencial del autoconsumo en nuestro país.

Con estas líneas se espera incorporar 1.850 MW de generación renovable al sistema. Se estima la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO2 de más de un millón de toneladas al año.

Consta de seis subprogramas, según los sectores y la tecnología a desarrollar, en los que se subvencionan equipos y materiales; obra civil; equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; sistemas de gestión y monitorización, la redacción de proyectos, memorias técnicas y dirección facultativa, entre otras actuaciones.

Las ayudas varían en función del beneficiario y del tipo de instalación:

• En el caso de la energía solar fotovoltaica las ayudas abarcan desde el 15%, para una gran empresa, hasta el 45% para una pyme o un sistema inferior a 10 kW; los particulares pueden beneficiarse del 40%, del 50%, en caso de autoconsumo colectivo, y las administraciones públicas del 70%.
• En eólica, la subvención oscila entre el 20% para la instalación más grande en grandes empresas y el 50% en los sistemas pequeños para pymes; los particulares obtienen un 50% y las administraciones públicas un 70%.
• En almacenamiento detrás del contador, las ayudas para empresas varían entre el 45% y el 65%, dependiendo del tamaño, mientras que los particulares, administraciones y tercer sector se benefician de un 70%.
• En climatización con renovables, las ayudas varían entre el 40% al 70%, dependiendo de la tecnología utilizada. Las administraciones públicas propietarias de edificios residenciales pueden obtener un 70%.

Además, y con el objetivo de afrontar el reto demográfico, todos estos conceptos se incrementan un 5% en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes y en los municipios con menos de 20.000 habitantes en entornos rurales cuyos diferentes núcleos de población tengan menos de 5.000 habitantes.

Fomento de las energías renovables térmicas

Por su parte, el programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, regulado en el RD 1124/2021, cuenta con un presupuesto inicial de 150 millones, ampliable según la demanda y el desarrollo de los proyectos.

Estas subvenciones fomentan las energías renovables térmicas en sectores productivos como el industrial, el agropecuario o el de servicios, pero también en establecimientos e infraestructuras del sector público que contribuyan al proceso de descarbonización de la economía y, en el caso de las empresas, consoliden su competitividad en el mercado.

Permiten la puesta en marcha de instalaciones de energía solar térmica, geotermia, energía ambiente (aerotermia e hidrotermia), biomasa o microrredes de calor y frío, subvencionables hasta 1 MW de potencia solo para estas últimas, con aplicaciones para la producción de frío y/o calor en edificios (agua caliente sanitaria y climatización) o en procesos industriales: limpieza, secado, baños térmicos para tratamiento de superficies, servicios de lavandería, lavado de vehículos, pasteurización y conservación de productos perecederos, climatización de naves de uso industrial, ganadero e invernaderos, etc.

Entre los costes subvencionables se incluyen la inversión en equipos y materiales, los costes de ejecución de las obras o los sistemas de control y monitorización tanto de la producción como de la demanda de energía térmica, así como obras civiles necesarias para la ejecución de los proyectos.

La ayuda otorgada cubre el 70% de estos costes en el sector público y hasta el 45% en el caso de pequeñas empresas, y en ambos ámbitos se incrementa en un 5% en zonas de reto demográfico.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ORIGEN PARA LOS GASES RENOVABLES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que crea el sistema de garantías de origen para los gases renovables, como el hidrógeno renovable, el biogás o el biometano, que permitirá a los comercializadores y consumidores diferenciarlos del gas de origen fósil. La norma también incorpora al ordenamiento jurídico interno los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la normativa comunitaria para la biomasa sólida y el biogás, los biocarburantes y los biolíquidos para transporte, usos eléctricos, calefacción y refrigeración, así como los objetivos de penetración de los biocarburantes a partir del año 2023, que deberán alcanzar el 12% del consumo en 2026.

El real decreto transpone parcialmente la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en lo correspondiente a los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la bioenergía y a las garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables.

Gracias a las nuevas garantías de origen -similares a las ya existentes para la electricidad producida con renovables-, cada MWh de gas 100% renovable dará lugar a la emisión de una garantía de origen con información sobre dónde, cuándo y cómo se produjo el gas. En consecuencia, las garantías le aportarán un valor añadido a la hora de comercializarlo que fomentará su consumo, con el consiguiente beneficio ambiental.

El real decreto creará un Censo de Instalaciones de Producción de gas procedente de fuentes renovables y un Comité de Productores. Los productores y comercializadores podrán intercambiar las garantías de origen de forma transparente y segura dentro del sistema, que documentará la producción, transferencia y cancelación de las garantías de origen.

Las garantías de origen certificarán el volumen de gas y su calidad, puesto que se diferenciará entre hidrógeno obtenido con energía renovable, biometano, biogás u otros gases, y abarcará cualquier gas renovable producido y consumido, ya sea in situ, autoconsumido, e inyectado o no a la red de gasoductos.

La creación de este sistema de garantías de origen estaba prevista en varias herramientas de la planificación indicativa, como el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), la Hoja de Ruta del Hidrógeno y la Hoja de Ruta del Biogás, así como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Criterios de sostenibilidad

La norma revisa y amplía los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero anteriormente aplicables a los biocarburantes y los biolíquidos, ampliando su ámbito a la biomasa sólida y al biogás utilizado para usos eléctricos y de calefacción y refrigeración. La energía procedente de combustibles que incumplan los requisitos no podrá computarse para los objetivos de renovables ni recibir ayuda financiera.

Para que los agentes puedan certificar la sostenibilidad de la biomasa recogida en España, la norma se remite, en la medida de lo posible, a la regulación vigente, tanto estatal como autonómica, y a los permisos y autorizaciones establecidos, al objeto de evitar cargas innecesarias.

Nuevos objetivos de biocarburantes

Igualmente, el real decreto establece los objetivos para la penetración de los biocarburantes y biogás con fines de transporte a partir de 2023, fijándolo este año en el 10,5% en contenido energético y estableciendo una senda creciente, acorde con el PNIEC, hasta alcanzar el 12% en 2026.

También introduce las contribuciones de los biocarburantes avanzados y del biogás en el transporte, que como mínimo serán del 0,3% en 2023, del 1% en 2025 y del 3,5% en 2030.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REFUERZO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

La Comisión Nacional para la conmemoración del V centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, creada y regulada por Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, tiene por función esencial impulsar y coordinar las actividades que se lleven a cabo con la finalidad de celebrar dicho acontecimiento histórico.

Este real decreto tiene por objeto reforzar el papel de la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario como instrumento de diplomacia pública, favorecer la proyección internacional de los actos conmemorativos y garantizar su coordinación con los objetivos de la política exterior de España.

Para ello, se actualiza la composición de la comisión nacional, adaptándola a la nueva estructura departamental, y se adscribe este órgano colegiado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, atribuyendo a este departamento su presidencia y su secretaría.

El conjunto de las modificaciones introducidas por este real decreto son las siguientes:

• Se modifica el departamento de adscripción de la comisión nacional, pasando del Ministerio de Cultura y Deporte al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
• La presidencia deja de corresponder a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática pasando a ser ostentada por la personal titular del departamento de adscripción.
• Se reorganizan las vicepresidencias de la comisión nacional, pasando de tres a dos, que serán ostentadas, la primera y la segunda, respectivamente, por las personas titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Cultura y Deporte.
• Se atribuye la secretaría de la comisión nacional a un funcionario del subgrupo A1 y de nivel 30 del departamento que ejerce la presidencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
• Se adecua la composición del pleno y de la comisión ejecutiva de la comisión nacional a la actual estructura departamental.
• Se sustituyen las menciones a la disposición adicional tercera, cuyo contenido fue suprimido por el Real Decreto 1181/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por las referencias a la disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, norma que regula los beneficios fiscales aplicables al «V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano», como acontecimiento de excepcional interés público.
• Se establece que, como resultado de la modificación del departamento de adscripción de la comisión nacional, el funcionamiento de la comisión nacional será atendido por los medios personales, técnicos y presupuestarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
  

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRATADO SOBRE SECCIONES BILINGÜES CON LA REPÚBLICA CHECA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado entre el Reino de España representado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la República Checa representada por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, relativo al funcionamiento y actividad de las secciones bilingües checo-españolas en los institutos de la República Checa, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Tratado.

La firma del acuerdo tuvo lugar en Praga, el 16 de noviembre de 2021, previa autorización del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021.

Los fines del Programa de Secciones Bilingües del Ministerio de Educación y Formación Profesional coinciden con los objetivos de la acción exterior educativa del Estado, tal y como aparecen recogidos en el artículo 26 de Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en ejecución de las previsiones de la mencionada ley, es competente para favorecer el plurilingüismo y la movilidad del profesorado en el marco de los programas de apoyo a sistemas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y cultura españolas.

Con la firma de este Tratado se viene a dar una cobertura completa al programa de secciones bilingües en la República Checa, que se inició en 1990 al amparo del Tratado de cooperación cultural entre España y la República Socialista de Checoslovaquia.

Desde entonces, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte checo y el Ministerio español de Educación y Formación Profesional han colaborado para la promoción y difusión de la lengua y la cultura españolas en centros públicos de enseñanza secundaria mediante la formación de alumnos bilingües o con un alto grado de conocimiento de la lengua y cultura españolas, a través del citado programa, creando una red de excelencia académica de la que actualmente forman parte 6 centros escolares.

Las autoridades educativas checas han expresado recientemente al Ministerio de Educación y Formación Profesional su intención de aplicar en el próximo curso escolar una mejora en las condiciones del profesorado perteneciente a este programa de secciones bilingües. No obstante, las autoridades checas supeditan tales mejoras a la entrada en vigor en el menor tiempo posible del tratado, por lo que se solicita la tramitación por el procedimiento de urgencia de la autorización del tratado por las Cortes Generales, a efectos de lo previsto en el artículo 94.1 de la Constitución.

Contenido

El tratado tiene por objeto acordar la colaboración entre las partes contratantes en el ámbito de la educación en las secciones bilingües checo-españolas en los institutos checos, con el fin de reforzar la enseñanza del español y de las asignaturas enseñadas en esta lengua.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a garantizar que cada año se realice una convocatoria para cubrir el número necesario de plazas de profesores españoles, y a que a los profesores seleccionados se les otorgue un subsidio anual para el transporte y otro mensual para compensar su remuneración, conforme a las disponibilidades presupuestarias.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte checo se compromete a que los profesores reciban alojamiento durante la duración de su contrato de trabajo y a garantizar las condiciones para que los institutos puedan recibir un apoyo financiero por mes y por cada profesor español empleado.

También se prevé la celebración del examen de bachillerato, que se llevará a cabo conforme a las normas legales de la República Checa. Los estudiantes de secciones bilingües recibirán un certificado de examen de bachillerato, que contendrá un listado de las asignaturas evaluadas en checo y en español. El Ministerio de Educación y Formación Profesional garantizará que los alumnos que reciban dicho certificado obtengan un título de bachiller de carácter general que les dará acceso a las universidades españolas.

Desde el punto de vista de la repercusión económica, los compromisos que se recogen en el tratado vienen determinados por lo dispuesto en la convocatoria oficial anual del programa de profesores en secciones bilingües de Europa oriental y central y China del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Este tratado entrará en vigor un mes después de la fecha de la última nota del Canje de Notas Diplomáticas intercambiadas entre las Partes Contratantes que confirme el cumplimiento de sus respectivas formalidades constitucionales.

El tratado puede ser revocado con un preaviso de seis meses por una notificación escrita enviada a la otra parte contratante por vía diplomática.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la aceptación de las Enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos adoptadas mediante Decisión CFC/GC/XXGVI/1.

El Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos fue hecho en Ginebra el 27 de junio de 1980, ratificado por España el 5 de enero de 1984, y entró en vigor el 19 junio de 1989, tanto con carácter general como para nuestro país.

El Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB), es una institución financiera intergubernamental que cuenta actualmente con 113 miembros, entre países y organizaciones, y fue adoptado en Nueva York el 27 de junio de 1980. Tiene como mandato específico apoyar a los países en desarrollo que dependen de los productos básicos para mejorar y diversificar la producción y el comercio de esos productos. Los proyectos del Fondo suelen estar orientados al desarrollo del mercado y a la reducción de la pobreza. Mediante una serie de iniciativas basadas en proyectos, el Fondo concede una gran importancia al desarrollo de las economías basadas en los productos básicos de las que dependen los productores y exportadores para su subsistencia.

España ratificó el Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos conforme al procedimiento establecido en el artículo 94.1 de la Constitución Española y su aportación financiera consistió en la suscripción de 447 acciones de capital (3.382.213 USD) que se integraron en la Cuenta de Capital del Fondo (artículos 8, 9.1. y 17.1.a) del Convenio).

En 2009, se inició la reforma del FCPB para modernizar su estructura y revisar sus principios rectores. Dicho procedimiento de reforma culminó con la Enmienda a su Convenio Constitutivo mediante Decisión CFC/GC/XXVI/1 del 10 de diciembre de 2014 que debe ser aceptada por todos sus miembros para su entrada en vigor.

En la medida en que España es miembro del Fondo, debe completar el proceso de aceptación de las enmiendas dentro del plazo de prórroga concedido por el Consejo de Gobernadores (hasta enero de 2023) con objeto de que puedan entrar en vigor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del convenio.

Por ello, el Consejo de Ministros debe decidir si acepta o rechaza la enmienda antes de la finalización del plazo dado por el Consejo de Gobernadores del FCPB que, tras haber sido prorrogado en varias ocasiones, finaliza el 10 de enero del año 2023.

Justicia

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS EUROPEOS PARA JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de los fondos europeos asignados para los años 2022 y 2023 por el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia al Ministerio de Justicia.

De esta manera se da cumplimiento a los plazos pactados entre las autonomías y el Ministerio de Justicia en la Conferencia Sectorial y a los objetivos marcados en el plan Justicia 2030.

La distribución será aprobada próximamente por las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial extraordinaria.

En total, se distribuirán 302.899.390 euros, de los cuales, 201.101.807 euros están destinados para el ejercicio 2022 y los 101.797.583 euros restantes, para 2023.

Justicia

PRIMERA VEZ QUE UNA MUJER PRESIDE UNA SECCIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Carmen Alonso como nueva presidenta de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, tras el cese, a petición propia, de Alberto Bercovitz.

Es la primera vez que una mujer ejerce la presidencia de una sección desde la creación de la Comisión General de Codificación. Se persigue el cumplimiento del principio de presencia equilibrada y participación de la mujer en las instituciones.

Carmen Alonso es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En la actualidad, ostenta el título de catedrática honorifica de la UCM y, además, es vocal permanente de la Comisión General de Codificación, Sección Segunda, de Derecho Mercantil desde 2006. Alonso también es consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España desde 2011, miembro de la Comisión de Auditoría, así como presidenta de la misma institución desde 2018.

La nueva presidenta de la Sección Segunda tiene una amplia experiencia tanto en el ámbito científico como académico. Alonso ha impartido cursos y seminarios en distintas universidades de ámbito nacional e internacional.

Asimismo, la ministra de Justicia, tal como prevén los Estatutos de la Comisión General de Codificación, ha aprobado mediante orden la cobertura de las vacantes existentes en las distintas Secciones de la Comisión General de Codificación, velando por el cumplimiento de la exigencia, recogida en la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 en órganos colegiados de la Administración General del Estado, de la presencia equilibrada de hombres y mujeres.

En este sentido, con la nueva cobertura de vacantes se ha pasado de un 36,87% de mujeres, ocupando puestos en la Comisión General de Codificación en diciembre de 2021, a un 43,45% en mayo de 2022, superando el porcentaje de mujeres en órganos colegiados que recoge la ley vigente.

Hacienda y Función Pública

COMPROMISOS DE GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa que lleve a cabo actuaciones contractuales relativas a estudios y trabajos técnicos del Ejército del Aire.

En concreto, el acuerdo posibilita al Ministerio de Defensa que contrate actividades de carácter técnico y consultoría en ingeniería de sistemas y en prevención de riesgos laborales del Ejército del Aire. Ello, mediante la autorización de adquisición de compromisos de gasto para el ejercicio 2023 en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos', con una dotación inicial, a nivel de vinculación, en el presupuesto para el año 2022 de 2.820.030 euros.

El Estado Mayor del Aire lleva a cabo una serie de actuaciones encaminadas al cumplimiento de sus funciones, en materia de dirección y control de los recursos financieros materiales y de personal, planeamiento y gestión técnico-económica de los programas, adaptación al Cielo Único Europeo, apoyo a estudios de carácter técnico y conceptos de empleo, realización de actividades en el área de la transformación digital, así como actuaciones encaminadas al cumplimiento de sus funciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Para hacer frente a estas actuaciones, se realizará un encargo a la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S. A., S. M. E., (ISDEFE). Su duración comprende desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos', por un total de 1.904.000 euros, de los que 801.000 euros corresponden a 2022 y 1.103.000 euros, a 2023.

Asimismo, el Ejército del Aire tiene compromisos para el ejercicio 2023 derivados de varios expedientes por importe total de 1.543.040,42 euros, entre ellos la asistencia técnica para la gestión y administración de software, asistencia técnica para gestión de la calidad y apoyo técnico y asistencia técnica para la creación y sostenimiento de software en entornos combinados por importe de 200.195,37 euros.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Defensa expone la necesidad de disponer de compromisos de crédito para el ejercicio 2023 en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos' del siguiente importe aprobado en Consejo de Ministros:

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS FULBRIGHT

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la tramitación anticipada de la convocatoria de las becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa correspondientes al curso 2023-2024.

El 3 de septiembre de 2019 se firmó un convenio entre la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América relativo al programa de becas de formación en este país, Becas Fulbright.

El programa tiene como finalidad contribuir a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios que prestan servicios en la secretaría de estado, mediante la realización de un proyecto de formación académica y perfeccionamiento técnico-profesional en una universidad estadounidense, especializándose en alguno de los campos de estudio relacionado con las competencias de la secretaría.

Para el curso académico 2023-2024 se pretende convocar tres becas de formación o investigación, en régimen de concurrencia competitiva, concediéndose un máximo de dos becas para realizar estudios de máster y, en su caso, una tercera beca para actividades de investigación que no impliquen el pago de matrícula y tasas universitarias. La dotación máxima anual de cada beca de estudios es de 79.173 euros y de la beca para actividades de investigación es de 41.553 euros, lo que supone un coste máximo de 199.899 para el ejercicio 2023.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pretende publicar la convocatoria de estas becas de manera anticipada en 2022, de modo que se dicte la resolución de adjudicación de las becas antes de 2023, permitiendo que la Comisión Fulbright pueda orientar y apoyar a los becarios en todos los trámites necesarios para el acceso a la universidad seleccionada.

Por tanto, de acuerdo con el importe de la convocatoria puesta de manifiesto y dado que el crédito inicial en la aplicación 'Becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa' es de 200.000 euros, se supera el límite de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros vigente para el ejercicio 2023, establecido en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se solicita el aumento del mismo, según el siguiente detalle:

Hacienda y Función Pública

RECURSOS PARA SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.

En particular, la operación afecta a la aplicación presupuestaria 'Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvenciones a Agencias Estatales', sin crédito inicial a nivel de vinculación.

Mediante Orden PCM/725/2020, de 27 de julio, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, en el marco de lo previsto por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

El importe de las ayudas de la convocatoria que se pretende aprobar para el año 2022 será como máximo de 895.000 euros, del presupuesto de gastos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y se imputará al ejercicio 2022 el 75% del importe máximo de cada una de las partidas y al ejercicio 2023 el 25% restante.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no existe crédito inicial en la aplicación presupuestaria mencionada, que se dota mediante transferencia de crédito en el Ministerio de la Presidencia con el fin de hacer frente a los compromisos del actual ejercicio 2022. Y el Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición de compromisos de gasto para la anualidad de 2023.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para posibilitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social la modernización y digitalización de sus diferentes departamentos, así como de ciertos servicios y trámites administrativos relacionados con el empleo.

Esta autorización se produce con la finalidad de dar cobertura a los compromisos derivados de la ejecución del citado Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del plan de recuperación y, en concreto, supone dar cobertura a los compromisos derivados de la ejecución relativa al Componente 11, Inversión 2.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social solicitó autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para el ejercicio 2023, en las aplicaciones 19.50.24KB 'Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del Empleo' y 19.50.28KB 'Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social', cuyos créditos presupuestarios en 2022 son de 3.291.100 y 5.170.000 euros, respectivamente.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se recoge un conjunto de medidas orientadas a incrementar la productividad, la eficiencia y la eficacia de la Administración General del Estado (AGE). Estas medidas se hallan dentro del Componente 11 'Plan de Modernización de la Administración General del Estado', en la Inversión 2, 'Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado'.

Esa modificación del límite de gasto va encaminada a atender una serie de proyectos, relativos a modernizar la aplicación informática empleada en la tramitación electrónica de los expedientes de regulación de empleo, los servicios digitales en materia de empleo, la mejora de las estadísticas, acciones de ciberseguridad, desarrollo de puestos de trabajo digitales, modernización de las aplicaciones para móviles, inteligencia artificial y satisfacción ciudadana, entre otros.

La estimación de las actuaciones a realizar en el marco de la Inversión 2, en el periodo 2021-2025, se muestra en la siguiente tabla:

Los proyectos citados pueden incluir uno o varios contratos y se distribuirán entre dos programas. Para el cálculo de las previsiones anteriores se han tenido en cuenta los importes de licitación, el IVA y un incremento del 10%, sin perjuicio de que posteriormente se ajuste el importe final ejecutado. Además, en 2022 están pendientes de concretar otros proyectos adicionales por un importe cercano al millón de euros.

En resumen, las necesidades presupuestarias del componente 11, inversión 2, para las próximas anualidades de 2023 a 2025 ascienden a un total de 20.505.213,53 euros. Su desglose por anualidades y por programas vinculantes es el siguiente:

En consecuencia, al superarse los límites a que se refiere el Real Decreto-ley 36/2020, se requiere autorización del Consejo de Ministros para elevar los compromisos máximos de gasto con cargo a ejercicios futuros para 2023 en ambas aplicaciones presupuestarias.

Hacienda y Funció Pública

AUTORIZACIÓN A BALEARES A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a Baleares a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 650 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo durante 2022 por el citado importe máximo, que se destinará a cubrir desfases transitorios de tesorería en 2022 de la administración general, por importe de 450 millones de euros, y de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, ente dependiente que forma parte del sector administraciones públicas de la comunidad autónoma, por importe de 200 millones de euros.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y PARA EL TRATAMIENTO DE PROTONTERAPIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación del contrato de suministro de equipos para tratamiento de protonterapia y equipamiento electromédico.

El organismo competente para efectuar dicha tramitación será la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, a través de la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', con una dotación inicial en los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 de 28.006.000 euros, quedando fijados en los términos que se indican a continuación:

Con fecha 19 de octubre de 2021 el Ministerio de Sanidad, las consejerías competentes en materia de salud de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid, y la Fundación Amancio Ortega Gaona suscribieron un Convenio para la colaboración en la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.

Para el desarrollo de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad ha previsto la incorporación de diez equipos de radioterapia de protones ubicados estratégicamente en centros públicos del territorio nacional para dar cobertura a todos los pacientes de la sanidad pública española necesitados de estos tratamientos.

La ubicación de estas unidades de protonterapia se ha determinado tenido en cuenta la distribución geográfica y el tamaño de la población, así como la disponibilidad de vías y medios de transporte adecuados que faciliten el acceso a dichas unidades.

La distribución de las unidades por comunidad autónoma y provincia e isla será:

• Una unidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Bizkaia.
• Dos unidades en la Comunidad Autónoma de Cataluña: Barcelona.
• Una unidad en la Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña.
• Dos unidades en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Sevilla y Málaga.
• Una unidad en la Comunidad Autónoma Valenciana: Valencia.
• Una unidad en la Comunidad Autónoma de Canarias: Gran Canaria.
• Dos unidades en la Comunidad Autónoma de Madrid: Madrid.

El Ministerio de Sanidad, de conformidad con la cláusula tercera del convenio, coordinará el proceso de puesta en marcha y el desarrollo de la implantación de la protonterapia, y adquirirá los equipos de protonterapia y complementarios para el diagnóstico y simulación necesarios para la aplicación del tratamiento con protonterapia en el Sistema Nacional de Salud en colaboración con las comunidades autónomas.

El procedimiento de adquisición de los equipos se realizará con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

De otra parte, según se recoge en la cláusula quinta del convenio, la Fundación Amancio Ortega Gaona se compromete a colaborar en la puesta en marcha y el desarrollo de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud mediante la financiación de los equipos de alta tecnología de mayor coste necesarios para la puesta en marcha del plan elaborado por el Ministerio de Sanidad (diez equipos de protonterapia) a través de una donación realizada a dicho Ministerio bajo la condición de su afectación a la finalidad de adquisición de los citados equipos, por una cantidad máxima de 280 millones de euros, a razón de una cantidad máxima de 28 millones de euros (IVA incluido) por cada uno de los equipos.

Este coste incluye, además del equipo, el software, el equipo de dosimetría, el equipo de cámaras y el servicio de formación del personal clínico.

El plazo de vigencia del convenio será de cuatro años, sin perjuicio de su terminación anticipada y sin perjuicio de su prórroga, por acuerdo de las partes, del tiempo que se estime necesario, hasta el máximo de cuatro años.

El suministro de los equipos mencionados se imputará a la aplicación presupuestaria 'Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios', y se ejecutará a través de la licitación de un contrato plurianual, con un presupuesto base de licitación de 271 millones de euros, cuyo inicio de ejecución se estima en el último trimestre de 2022, con la siguiente distribución por anualidades:

• Año 2022: 28.000.000 euros.
• Año 2023: 24.300.000 euros.
• Año 2024: 121.500.000 euros.
• Año 2025: 97.200.000 euros.

Al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos máximos de gastos.

Interior

NUEVAS OBRAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El Gobierno ha declarado de interés general un total de 240 actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado para la Transición Energética, mediante las cuales promueve el ahorro y la eficiencia energética y fomenta el uso de energías de origen renovable en sus edificios e infraestructuras.

Estas actuaciones consisten en obras de construcción, reforma, mejora, ampliación o rehabilitación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos del Ministerio del Interior, y cuentan con un presupuesto global de 404,1 millones de euros, procedentes del acuerdo interdepartamental suscrito el 16 de diciembre de 2021 con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Gobierno.

La declaración de interés general acredita el especial interés público de estas 240 actuaciones para que su ejecución no se vea dificultada o impedida por el planeamiento urbanístico o por el ejercicio de las competencias municipales en materia de intervención en la edificación y uso del suelo.

El Consejo de Ministros ha aprobado también que las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado para la Transición Energética sean ejecutadas por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) durante los ejercicios 2022 y 2023.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SUMINISTRO DE GASÓLEO B PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para el suministro de gasóleo B exento de impuestos especiales, como combustible en el transporte ferroviario, y gasóleo B a tipo reducido para su utilización en grúas portacontenedores y otros motores y vehículos ferroviarios.

La duración inicial del contrato será de 24 meses (del 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2024) y se contempla una prórroga por otros 12 meses. El valor estimado final de la licitación, incluyendo esta prórroga, supondría 130.667.794,20 euros (IVA no incluido).

El consumo de gasóleo B exento se estima en 143,76 millones de litros, mientras que el consumo de gasóleo B bonificado se sitúa en 1,42 millones de litros para los 24 meses de duración del contrato.

Los puntos de aprovisionamiento de carburante han sido agrupados en cuatro lotes o áreas de gestión. De este modo, el área 1 corresponde a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha; el área 2 a Extremadura y Andalucía; el área 3 a la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, y el área 4 corresponde a Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja, Asturias y Galicia.

El contrato se adjudicará por lotes/áreas de gestión. Los licitadores podrán presentar oferta para uno, varios o todos los lotes.

Para cada uno de los lotes a los que se licite, se presentarán las siguientes ofertas económicas:

• Oferta 1: Se ofertará un diferencial único para los puntos de suministro fijo y móvil del lote.
• Oferta 2: Se ofertarán dos diferenciales, uno para los puntos fijos y otro para los puntos móviles del lote.

Los diferenciales en euros/m3 ofertados por los licitadores, incluirán todos los costes de logística y distribución para situar el producto en los depósitos de Adif y en los vehículos ferroviarios.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS DE REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN VALÈNCIA-FONT DE SANT LLUÍS

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, el contrato para la remodelación integral y la implantación del ancho mixto en la terminal de València-Font de Sant Lluís, situada en el tramo València-Castelló del Corredor Mediterráneo.

El contrato cuenta con un valor estimado de 40.077.050,65 euros, de los que 22.045.008,81 euros corresponden a suministros, y un plazo de ejecución de 30 meses.

El proyecto de construcción comprende actuaciones en vía y de electrificación destinadas a la implantación del ancho mixto en el tramo correspondiente a València-Font de Sant Lluís, tanto en sus vías generales como en las vías de apartado que así lo requieran, adaptando las instalaciones y elementos de la línea que sea preciso para la correcta explotación de la longitud de tren estándar interoperable (750 m) y garantizando la adecuada prestación, capacidad, estabilidad y fiabilidad de los tráficos de viajeros y mercancías.

Esta actuación reafirma el compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Adif AV con la planificación y el desarrollo del Corredor Mediterráneo, mediante nuevas actuaciones que impulsan y avanzan en la construcción de esta infraestructura estratégica para la mejora de las prestaciones a los viajeros en ancho estándar ya que, cuando finalicen, se dispondrá de más vías por las que se podrá circular tanto en ancho convencional (1.668 mm) como en ancho estándar (1.435 mm). Además, en un futuro próximo permitirán los tránsitos de mercancías en ancho estándar desde o hacia Europa.

Está previsto que estos trabajos se desarrollen principalmente en horario nocturno y en fines de semana, con el fin de minimizar las afectaciones al tráfico de trenes.

Estas obras contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Descripción de las obras

Las principales actuaciones que contempla el proyecto son las siguientes:

• Adaptación de la geometría de vía (entrevías, gálibos cinemáticos, etc.) a la implantación del ancho mixto
• Renovación y/o adaptación de superestructura de vía existente al ancho mixto: balastos, traviesas, carril y desvíos
• Revisión y adecuación de la electrificación existente a la implantación de diferentes anchos de vía (UIC y mixto) y de la nueva configuración y topología de vías. Todo ello, manteniendo la tensión actual a 3 kV c.c.
• Reposición de servicios afectados y adecuación del drenaje existente.

Todas las actuaciones previstas necesarias y desarrolladas en el proyecto de construcción, se fundamentan en las siguientes premisas:

• Maximización del aprovechamiento de instalaciones existentes con objeto de optimizar la inversión asociada a la actuación.
• Minimización de actuaciones fuera de los límites del actual Dominio Público Ferroviario con objeto de evitar posibles afecciones medioambientales y minimizar los plazos de tramitación asociados.
• Definición de un plan de obra que garantice en todo momento una adecuada prestación del servicio ferroviario en condiciones de plena seguridad, optimice los plazos de ejecución y permita extender lo antes posible las ventajas funcionales y comerciales de la implantación del ancho mixto.

En lo que a mercancías se refiere, uno de los ámbitos con mayor generación de tráficos es el Corredor Mediterráneo, que cuenta, entre otros, con importantes puertos de la Red de Interés General como nodos principales de actividad, entre ellos el Port de València.

Mediante la llegada del ancho estándar a los principales puertos y nodos del Corredor Mediterráneo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trata de impulsar un potente desarrollo del modo ferroviario en el contexto del transporte nacional e internacional de mercancías, a fin de crear un sistema eficiente que permita aumentar su cuota de participación global hasta alcanzar valores similares a los del resto de Europa, con las indudables ventajas sociales, económicas y ambientales que ello conllevará.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

INVERSIÓN PARA COMPLETAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO EN GALICIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras para la supresión del bloqueo telefónico del tramo Ortigueira-Ribadeo, en la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia (Galicia).

Esta actuación tiene un valor estimado de 20.011.590,58 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución previsto de 27 meses.

El tramo Ortigueira-Ribadeo, que forma parte de la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia, tiene una longitud de 101 km entre la estación de Ortigueira y el viaducto de la Ría del Eo (Ribadeo), en vía única no electrificada. Este tramo está dotado de sistema de ayuda a la conducción de Anuncio de Señal y frenado Automático (ASFA) analógico y bloqueos telefónicos entre las estaciones colindantes.

El objeto de esta actuación es el equipamiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones necesarias para sustituir el actual bloqueo telefónico del tramo mencionado, por bloqueo automático tipo BLAU regulados por telemando desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de El Berrón (Asturias).

Asimismo, en este proyecto se recoge el equipamiento necesario para las nuevas configuraciones previstas con la racionalización de las estaciones existentes en el trayecto, incluyendo las nuevas estaciones en O Barqueiro y Barreiros.

Para ello, el proyecto incluye la instalación de sistemas de enclavamientos electrónicos, bloqueos automáticos en vía única, y sistemas de telecomunicaciones en todas las estaciones del tramo.

Además, se procederá a sustituir el equipamiento de vía del sistema ASFA analógico por el sistema ASFA digital, y señales convencionales por señales de focos tipo led.

Toda la red de ancho métrico gallega automatizada

La ejecución del proyecto de supresión de bloqueos telefónicos del tramo Ortigueira-Ribadeo completará la automatización de toda la red de ancho métrico de Galicia.

En este sentido, hay que recordar que Adif tiene en marcha actualmente las obras de supresión de bloqueos telefónicos en el tramo Ferrol-Ortigueira (en la misma línea de ancho métrico Ferrol-Pravia), que han supuesto una inversión de más de 13 millones de euros.

La instalación de bloqueos automáticos en la red de ancho métrico de Galicia y el control de tráfico mediante telemando desde el CRC de El Berrón (Asturias) permitirá mejoras sustanciales en la explotación ferroviaria, fundamentalmente mayor capacidad de la línea y regularidad en las circulaciones de los trenes, así como una mejora notable de la seguridad y fiabilidad de las instalaciones.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Educación y Formación Profesional

FINANCIACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL IMPULSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de más de 1.200 millones de euros destinados al impulso de la Formación Profesional. De ellos, 393 millones se dedicarán acciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional y 846,5 millones a la formación de trabajadores empleados y desempleados.

Los 392.965.420 euros, correspondientes al ejercicio 2022, forman parte de la inversión total de 2.075,4 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España destina a la modernización del sistema de Formación Profesional hasta 2023 (componente 20). La cantidad aprobada hoy, supera en 92 millones la destinada en el ejercicio anterior para estas acciones y servirá para dar continuidad a las ya iniciadas en 2020 con este fin.

Entre las actuaciones más importantes destaca el impulso al nuevo modelo de evaluación y acreditación permanente de competencias profesionales, para el que se destinan 179,6 millones de euros. El MEFP pretende llegar a 750.000 trabajadores y trabajadoras este año y acreditar las competencias de tres millones de personas hasta 2023.

Según la EPA, más de diez millones de personas, el 46% de la población activa, carece de acreditación profesional, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que dificulta su acceso a mejores empleos y condiciones laborales, así como su incorporación a la formación. En diez años, tan solo 300.000 personas han podido acreditar sus competencias siguiendo el procedimiento antiguo.

Más de 88.000 nuevas plazas de Formación Profesional

Los fondos aprobados incluyen una inversión de 103,9 millones de euros para la creación de 55.408 nuevas plazas de FP en el curso 2022-2023, que se sumarán a las que cada comunidad autónoma genere con sus propios fondos.

Además, el acuerdo recoge fondos destinados a la conversión de ciclos de grado medio, grado superior y cursos de especialización en bilingües. Para el presente ejercicio económico, prevé la creación de más de 33.000 plazas bilingües, con una inversión de 89,1 millones de euros.

El Gobierno de España ha financiado en los dos últimos cursos cerca de 130.000 nuevas plazas de Formación Profesional. Con estas plazas, el Ministerio superará antes de lo previsto el objetivo fijado en 2020 de crear 200.000 plazas en cuatro años.

Otro de los ejes de actuación del Plan de Modernización es la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada. Este año, se destinarán 13,7 millones de euros para la creación de hasta 206, que se sumarán a las 433 ya creadas.

El MEFP también asigna otros 6,6 millones de euros a la creación de 1.327 aulas de emprendimiento que se unirán a las 953 ya promovidas en los últimos dos años, potenciando así los recursos para que los estudiantes desarrollen sus propios proyectos empresariales facilitándoles los medios y una orientación profesional que les ayude a alcanzar sus objetivos.

La distribución entre las comunidades autónomas se llevará a cabo a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros. Estos fondos serán sometidos a aprobación definitiva en la próxima Conferencia Sectorial de Educación.

Cerca de 846,5 millones de euros para la formación de trabajadores

Asimismo, el Gobierno ha aprobado la distribución de 846.429.590 euros a las comunidades autónomas para la Formación Profesional dirigida a trabajadores, empleados y desempleados. Esta cifra suma 163 millones más (un 24%) que en el mismo periodo del año anterior.

Estos fondos, procedentes de los presupuestos anuales del MEFP, irán dirigidos a formación en certificados de profesionalidad vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siguiendo las necesidades formativas del mercado laboral.

Propuesta de distribución fondos Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Propuesta de distribución fondos para la formación de trabajadores empleados y desempleados

* No se incluye en esta distribución a la Comunidad Autónoma del País Vasco, al tener régimen fiscal diferenciado

Agricultura, Pesca y Alimentación

PROYECTO DE LEY DE PESCA SOSTENIBLE E INVESTIGACIÓN PESQUERA

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene como objetivos fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia. El proyecto de ley se someterá ahora al procedimiento de tramitación parlamentaria.

La aprobación de esta nueva normativa es un compromiso programático que adquirió el Gobierno y que se sustenta en la necesidad de actualizar la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en 2001, ya que en sus más de 20 de vigencia se ha producido una serie de novedades tanto en la legislación comunitaria como en la gobernanza internacional de los océanos.

El Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto de esta ley el 1 de junio de 2021. En el tiempo transcurrido desde entonces se sometió a información pública y se han incorporado alegaciones recibidas por parte del sector pesquero, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las comunidades autónomas, con las que ha habido un amplio proceso de diálogo. El Gobierno ha perseguido conseguir una ley de todos y para todos, para facilitar así que pueda cumplir su objetivo de que la actividad pesquera resulte cada vez más sostenible y competitiva.

La ley tiene como eje transversal el principio de sostenibilidad, en una triple perspectiva: ambiental, social y económica. Esta reforma se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo, y persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo.

La pesca es la única actividad económica que se desarrolla en el mar que depende del buen estado de conservación de éste, pero los recursos pesqueros son limitados, por lo que son necesarias estrategias para asegurar una gestión eficiente y sostenible de los mismos.

La nueva ley introduce por ello la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.

Así mismo, se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.

Uso más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras

En materia de gestión pesquera, la ley apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo más completo, sencillo y eficaz. Para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques tendrán que estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos.

Igualmente se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo dirigido a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros y garantizar la máxima seguridad jurídica a los operadores. En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta aquellos que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.

La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen e España. Además, establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Cuando éstas no hayan sido utilizadas durante un determinado período de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios.

La ley aborda también la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores. Disponer de un mejor conocimiento del impacto en la economía y los recursos pesqueros de esta actividad, que ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, facilitará la disposición de medidas que se estimen oportunas en cada momento.

Enfoque ecosistémico

Para realizar toda la gestión de la política pesquera, la ley apuesta por el fortalecimiento del nexo entre ésta y la ciencia, con el objetivo de que la toma de decisiones esté sustentada en el mejor conocimiento científico y que se garantice un verdadero enfoque ecosistémico que tenga en cuenta todas las interacciones que se producen en el medio marino. Elementos como el cambio climático, la contaminación por plásticos o las especies invasoras, por citar algunos ejemplos, afectan al estado de los recursos y han de tenerse en cuenta en las campañas de investigación.

Además de cuestiones ecológicas, las campañas de investigación deberán abarcar también aspectos sociales y económicos. La interacción entre ciencia y sector requiere que éste facilite datos de su actividad a los organismos científicos, y que las investigaciones tengan como objeto una mejora constante de los sistemas de explotación más sostenibles.

La ley aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros, que tienen una enorme potencialidad en el ámbito de la seguridad alimentaria y de los nuevos usos derivados del progreso de la ciencia y la tecnología.

Entre las novedades introducidas en la nueva normativa figura la creación de un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán las autoridades pesqueras, los agentes representativos del sector y de la sociedad civil, y que la Secretaría General de Pesca convocara de forma periódica como órgano de consulta, elaboración, seguimiento y asesoramiento para que la política pesquera sea participativa. Su composición y funciones serán reguladas en un real decreto.

La futura ley también incluye medidas que otorgan mayor protección de cara a la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son especialmente penosas y suponen un gran desgaste. Las rederas, neskatillas y empacadoras, que hasta ahora no contaban con este trato favorable, tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15. Estas ocupaciones son en su mayoría desarrolladas por mujeres. También tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote, y los buceadores profesionales. En un sector fuertemente masculinizado, eran los únicos colectivos, junto con los buzos profesionales, que no contaban con este tipo de coeficientes.

Importancia de la actividad pesquera

La actividad pesquera tiene una larga tradición en España y desempeña un importante papel como fuente de alimentos de alta calidad y de primera necesidad y como dinamizadora de la economía en las zonas costeras.

Este papel dinamizador no se limita únicamente a la actividad de la flota costera y artesanal. La flota española opera en todos los mares del mundo y posee una industria transformadora puntera. De hecho, varios caladeros internacionales fueron descubiertos por la flota de bandera española y muchos de los acuerdos pesqueros que mantiene la Unión Europea (UE) con países terceros se deben a la presencia de barcos españoles en sus aguas antes del ingreso en ésta.

La flota española está formada por un total de 8.839 buques, que suponen un arqueo de 329.572 toneladas brutas y una potencia de 772.538 Kilovatios. Estas cifras la sitúan en primer lugar de la Unión Europea en lo que se refiere a tonelaje, en segundo lugar en potencia (por detrás de Francia) y en tercer lugar en número de buques (por detrás de Italia y Grecia).

El conjunto de la flota española capturó en el año 2020 cerca de 790.000 toneladas de pescado, de las que 456.232 toneladas (57,8 %) fueron en aguas internacionales, 270.394 (34 %) en el caladero nacional y 60.243 (7,6 %) en aguas comunitarias. Esta cifra sitúa a la flota española a la cabeza dentro de la Unión Europea y dentro de las 20 primeras a nivel mundial.

El 95,3 % de la flota faena en el caladero nacional, en el que el segmento de las artes menores concentra el mayor número de barcos (6.895). Esta flota se caracteriza por su marcado carácter artesanal, que faena cerca de sus puertos base, aportando al mercado productos en fresco para consumo en los hogares y hostelería, que son subastados en lonja

Agricultura, Pesca y Alimentación

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA LÍNEAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial, entre las comunidades autónomas, de 48.159.669,96 euros para la financiación de diversas líneas agrícolas y ganaderas. La distribución final entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto se fijarán en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Líneas de actuación

De esta cantidad, se ha autorizado destinar 18 millones de euros a Canarias en apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI). Los principales objetivos de esta línea son contribuir a facilitar el acceso de la producción agraria de las Islas Canarias a otros mercados, mantener las actividades agrarias tradicionales, fomentar la integración de los productores en organizaciones de productores e impulsar la elaboración de alimentos de calidad.

Asimismo, se ha autorizado un crédito de 1 millón de euros para el programa de conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales de las Islas Canarias.

De igual forma, 10.573.190 euros irán destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas. Se trata de un programa que permite el control y posterior erradicación de determinadas plagas y enfermedades de los vegetales, de gran importancia por las posibles repercusiones que las enfermedades pueden tener tanto en la economía del sector agrario como en las exportaciones de productos agrícolas españoles.

Para los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales se ha autorizado la territorialización de 9.311.214,41 euros. Esta línea permite el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades para los animales, que pueden tener importantes repercusiones en la salud pública y en las exportaciones.

De igual forma, se van a territorializar 4.623.267,55 euros para financiar el Programa Nacional de Ayudas a la Apicultura (PNA). Esta partida va a contribuir a la vigilancia de agresiones y enfermedades de las abejas y, particularmente, de varroosis, enfermedad que más daños ocasiona a la apicultura.

También se ha autorizado la transferencia de 1.752.000 euros para línea destinada a fomentar la calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción, cuyo principal objetivo es dar apoyo a la ejecución de los ensayos que permitan la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales, así como el mantenimiento del sistema de certificación mediante el control de la calidad y la sanidad de semillas y plantas de vivero.

Asimismo, se ha autorizado la distribución de 1.450.000 euros para la línea de actuación para dar apoyo a la ejecución del control oficial del rendimiento lechero, para la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina, con lo que se contribuye a la mejora de la competitividad de las explotaciones de estas especies.

También se ha autorizado la distribución de 1.450.000 euros para la línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera, conservación de la biodiversidad, razas autóctonas, con la que se da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y los bancos de germoplasma.

Los siguientes cuadros recogen la distribución de las distintas líneas y el reparto por comunidades autónomas.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, en el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para que en cada operación de compra y venta entre los distintos eslabones se repercutan los costes de producción.

El sector lácteo es un sector estratégico en nuestro país, fuertemente sometido a las volatilidades de los mercados y con dificultades manifiestas para trasladar los incrementos de costes a lo largo de la cadena.

En los últimos meses, el incremento sostenido de los costes de producción compromete la viabilidad de la producción láctea, situación que se ha agravado tras la invasión rusa de Ucrania y que ha llevado al Gobierno a adoptar medidas de apoyo urgentes mediante el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo que establece una ayuda nacional directa a los productores de leche por un montante global de 169 millones de euros.

Por otro lado, la reciente modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre, busca lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. Para ello introduce, entre otros aspectos, la prohibición de la destrucción de valor a lo largo de la cadena, por lo que cada operador debe pagar al eslabón anterior un precio igual o superior al coste asumido.

Con esta reforma legal, y teniendo en cuenta las dificultades particulares del sector lácteo, resulta necesario introducir cambios en la normativa que actualmente regula la contratación láctea para garantizar que esta premisa se cumpla en todas las circunstancias de las relaciones contractuales.

Por ello, entre las principales novedades que se recogen en el real decreto aprobado se incluye la posibilidad de que los productores con contratos suscritos a precio fijo que tengan una duración superior a seis meses soliciten una nueva oferta de contrato. Esta revisión podrá solicitarse en los casos en los que se demuestre que durante al menos tres meses durante el periodo de vigencia del contrato se haya producido un incremento sostenido y continuado de los costes de producción que provoque que los productores acaben percibiendo un precio por la leche entregada inferior a éstos.

Además, se introducen otra serie de modificaciones que pretenden mejorar tanto el poder negociador del productor como las relaciones contractuales establecidas. Así, se disminuyen los umbrales productivos necesarios para constituir una organización de productores, tanto en la leche de vacuno como de caprino, ya que la experiencia adquirida desde la publicación de la norma ha demostrado que un tamaño excesivo para constituir estas organizaciones puede generar dificultades en la gestión y en la eficacia de las mismas.

La publicación de este real decreto mejorará, por tanto, las relaciones contractuales en el sector lácteo y el equilibrio de la cadena de valor evitando la destrucción de valor a lo largo de la misma.

Derechos Sociales y Agenda 2030

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE JUVENTUD 2021-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Juventud 2022-2030. La Estrategia de Juventud 2030 de la Administración General del Estado (EJ2030) constituye un documento de política de Estado cuya intención es integrar, proporcionar coherencia, orientar y brindar sentido conjunto a la totalidad de las políticas sectoriales de juventud de todos los ministerios.

La EJ2030 se enmarca en la agenda global de juventud para garantizar el abordaje integral de los problemas que afectan a la adolescencia y la juventud, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ), los derechos de las mujeres y la violencia de género, la discriminación por motivos raciales o étnicos, el reto demográfico y el cambio climático, entre otros.

Desde el punto de vista programático, la EJ2030 nace de un proceso de reflexión sobre qué sociedad queremos para las generaciones más jóvenes y pretende ofrecer las bases para un nuevo contrato social con la juventud.

La estrategia es un documento de objetivos, participativo y de consenso, fruto de un intenso año (de abril de 2021 a abril de 2022) de colaboración entre la AGE, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la sociedad civil y las comunidades autónomas, que pone en común el análisis, los retos y las iniciativas compartidas por estos actores en materia de juventud. A lo largo de este decenio la estrategia continuará construyéndose de forma colaborativa, incorporando y acordando perspectivas, demandas y propuestas de acción.

Tras finalizar el marco temporal de la 'Estrategia Juventud 2020' que se aprobó en 2016, en 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del INJUVE, puso en marcha un proceso de elaboración de una nueva Estrategia de Juventud en el ámbito de la AGE, para el periodo 2021-2030.

De acuerdo con lo dispuesto en lo dispuesto en el Real Decreto 1923/2008, de 21 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la Juventud, la EJ2030 constituye el principal instrumento de orientación, propuesta, programación y evaluación de las políticas públicas de juventud, en el ámbito de la AGE y con el horizonte del año 2030.

La estrategia se articula en 12 Ejes temáticos; 10 estratégicos y 2 transversales:

1. Educación y formación inclusivas, equitativas y de calidad, y aprendizaje durante toda la vida.

2. Autonomía, empleo digno y emprendimiento joven.

3. Emancipación, vivienda, natalidad y proyecto vital.

4. Salud integral y calidad de vida.

5. Economía de los cuidados y políticas de inclusión: colectivos jóvenes en grave riesgo de exclusión social o sujetos a doble discriminación.

6. Juventud y transformación global: participación y voluntariado.

7. Movilidad Juvenil: emigración y Retorno.

8. Juventud y mundo rural.

9. Gestión del conocimiento sobre la realidad juvenil y servicios a la juventud.

10. Gobernanza joven y cooperación Institucional.

Además, se incorporan dos ejes transversales:

11. Mujeres jóvenes e igualdad.

12. Medio ambiente y sostenibilidad.

Cada uno de los ejes de la EJ2030 se estructura en distintos objetivos estratégicos, que a la vez incorporarán varias líneas de actuación. La EJ2030 se implementará a través de tres planes de acción trienales, 2022-2023-2024, 2025-2026-2027 y 2028-2029-2030. Cada uno de estos planes desarrollará, actualizará y verificará el grado de cumplimiento de las líneas y objetivos estratégicos marcados por la estrategia 2030 para este periodo, a través de la recopilación y evaluación de las actuaciones vinculadas a adolescencia y juventud de los distintos Ministerios.

Si bien la EJ2030 constituye el marco de actuación de la AGE en materia de adolescencia y juventud, las comunidades autónomas, que tienen transferida la competencia exclusiva por lo que se refiere a los servicios directos a las personas jóvenes, encontrarán en ella un análisis y un marco referencial y de objetivos general al que poder ajustar sus respectivos planes en este ámbito, en la medida de sus intereses y voluntad política.

Los objetivos generales de la Estrategia de Juventud 2030 son:

• Garantizar la educación y formación inclusivas, equitativas y de calidad, y el acceso a la cultura y al aprendizaje durante toda la vida, actualizar la Formación Profesional y abrirla a la educación permanente e Impulsar vocaciones científicas que promuevan la creación de nuevas generaciones de personal científico e innovador.
• Garantizar la plena autonomía de las personas jóvenes, mediante acceso al empleo digno, estable y bien remunerado, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida laboral y la personal.
• Posibilitar la emancipación residencial efectiva de las personas jóvenes, el desarrollo de su proyecto vital y la maternidad/paternidad libremente elegida, mediante el acceso a la vivienda de alquiler y la promoción de la vivienda social.
• Garantizar la salud integral y la calidad de vida para todas las personas adolescentes y jóvenes, incorporando a los servicios de salud la atención integrada a los problemas de salud mental, violencia y prevención del suicidio, la prevención de las adicciones y el fomento de estilos de vida saludables y ecológicos, y fomentando la salud afectivo-sexual integral y los derechos digitales.
• Garantizar la plena inclusión de los colectivos jóvenes y adolescentes en grave riesgo de exclusión social o sujetos a doble discriminación, mediante un sistema de servicios sociales eficaz, universal y de calidad que facilite su plena inclusión. De especial relevancia será el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y su adaptación a las necesidades de los jóvenes extutelados.
• Impulsar a la juventud como agente de transformación social, apoyando decididamente el voluntariado y el asociacionismo, abriendo nuevos cauces de participación política efectiva on y offline y apoyando la apertura del debate sobre el voto a los 16 años.
• Facilitar la movilidad y los derechos de la juventud en los procesos de emigración y retorno, promoviendo programas de formación, voluntariado y empleo en el exterior, velando por las condiciones dignas de las personas jóvenes que viven en el exterior y ofreciendo facilidades y ayudas para el proceso de vuelta y el retorno del talento, especialmente en el ámbito científico.
• Convertir el medio rural en un espacio de oportunidades para la juventud y promover la transición verde.
• Profundizar nuestro conocimiento sobre la realidad juvenil y darlo a conocer, mediante la alianza de equipos y organismos de investigación y potenciando la investigación multidisciplinar sobre juventud y el enfoque de juventud transversal en las investigaciones sectoriales.
• Incorporar a los jóvenes y a la juventud asociada como actores con derecho propio en la cogobernanza de las políticas de juventud.
• Incorporar una perspectiva feminista a todas las políticas de adolescencia y juventud, garantizando la plena igualdad efectiva de todas las mujeres, el desarrollo y respeto de sus derechos en todos los ámbitos, la atención a sus necesidades específicas y la erradicación de la violencia machista en todas sus formas y contextos.
• Dar protagonismo a la adolescencia y juventud en el desarrollo e implantación de la Agenda Verde, ofreciéndoles formación, fomentando su participación activa en todos los ámbitos y reconociendo su autoridad en todos los procesos de definición de estrategias y normativas relacionadas con la sostenibilidad, el cambio climático y el medio ambiente.

Igualdad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia, fecha que coincide con la de la decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud en 1990 de eliminar la homosexualidad del listado de trastornos mentales. Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"La sociedad española ha experimentado muchos avances en las últimas décadas en lo referente al respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como uno de los valores positivos de una sociedad democrática. Con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor el 3 de julio de ese mismo año, nuestro país se convirtió en el tercer país del mundo en legalizarlo y en un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional. Desde entonces, ya son 14 las Comunidades Autónomas que han aprobado leyes protectoras de los derechos de las personas LGTBI y/o específicas de las personas trans.

Sin embargo, diversas fuentes siguen alertando de los elevados índices de discriminación y de violencia que viven numerosas personas por el simple hecho de ser -o ser percibidas como- lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersexuales. Según la macroencuesta realizada en 2019 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 48% de las personas LGTBI no se atreve a coger de la mano en público a su pareja, y un tercio no se atreve a ir a determinados lugares por miedo.

El Informe sobre delitos de odio, confeccionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, y que anualmente presenta el Ministerio del Interior, alerta año tras año sobre el elevado índice de delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género, reales o percibidas, de las víctimas, siendo este motivo, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país.

La crisis provocada por la guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa la urgencia de ofrecer protección y recursos a las personas LGTBI que llegan a nuestro país huyendo de los conflictos y que también, en ocasiones, huyen de sus países por su condición de LGTBI. Por ello, el Ministerio de Igualdad ha propuesto medidas urgentes para la atención, asistencia y protección a personas LGTBI en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Medidas que incluyen la formación especializada en diversidad sexual, de género y familiar del personal profesional que participe en la recepción y acogida de las personas ucranianas beneficiarias de protección temporal y la elaboración de material didáctico y de divulgación culturalmente adaptado para facilitar la información sobre derechos y recursos a las personas LGTBI refugiadas.

El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este compromiso se ha visto materializado durante esta legislatura con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Por su particular relevancia, cabe destacar la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; y el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI, que se encuentra en la fase final de su tramitación antes de ser remitida a las Cortes Generales. Con este texto, el Gobierno se alinea con los países que promueven la despatologización de las identidades trans, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el Gobierno ha iniciado los trabajos para la elaboración de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans.

Este año, además, el Gobierno de España se compromete a la creación de un servicio de atención gratuita específicamente destinado a atender a las víctimas de delitos de odio o de discriminación por LGTBIfobia, así como para informar y atender cualquier necesidad de las personas LGTBI o allegadas. Un servicio que complementa la atención prestada por las Comunidades Autónomas y las entidades sociales y que comenzará a funcionar en breve.

El Gobierno de España parte del convencimiento de que los poderes públicos deben implementar políticas decididas que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, promuevan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la lucha contra toda forma de discriminación. Es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual, de género y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes. Por ello, se ha puesto en marcha la primera campaña a nivel estatal que presenta la diversidad sexual y de género como un valor que nos enriquece como sociedad y como país.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025". Esta agenda debe partir de un enfoque interseccional y transversal, que permita la inclusión de las políticas LGTBI en todos los ámbitos de la acción gubernamental, como la política de migración y asilo, sanitaria, educativa o laboral, entre otras; la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el avance en la recogida de datos estadísticos; la adopción de protocolos y medidas para la prevención y abordaje frente al acoso por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales; la dotación económica de los planes de igualdad; o la intensificación de la lucha contra los delitos de odio, así como de la atención a las víctimas de los mismos.

A este compromiso firme del Gobierno de España con los derechos de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no es ajeno el enfoque internacional, con la conciencia de que los derechos de las personas LGTBI son vulnerados en la práctica totalidad de los países del mundo, en algunos de los cuales se mantienen legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las líneas prioritarias que rigen la cooperación internacional y nuestra política exterior, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI.

El Gobierno de España, pues, muestra este año una vez más su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, tanto a nivel nacional como internacional, y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI."

Igualdad

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El derecho a la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho de todas las personas al más alto nivel posible de salud física y mental y un reclamo histórico y continuo del movimiento feminista mundial. Más concretamente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (LO 2/2010), supuso un auténtico paso hacia adelante al abordar la protección y la garantía de los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de manera integral y modificar el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de una ley de supuestos a una de plazos, en consonancia con lo establecido por los mandatos internacionales.

Al respecto, la nueva norma se trata de una modificación de la mencionada LO 2/2010. La ley consta de un artículo único y de una parte final compuesta por diez disposiciones finales, que modifican otras normas, como las normas laborales y de la Seguridad Social y la Ley General de Publicidad.

Como principales novedades de la norma, cabe destacar la ampliación del objeto de la ley para incluir las violencias en el ámbito reproductivo, y cumplir así con el mandato del Convenio de Estambul, adaptando nuestra legislación a este marco normativo. Igualmente, se devuelve a las mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con discapacidad la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos, en coherencia con lo establecido en los estándares internacionales. Con esta reforma no tendrán que pedir el permiso de sus tutores legales para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, se elimina el período de reflexión de 3 días y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres. Esa información será de carácter optativo, a petición de la mujer que acude a abortar.

Se blinda el acceso al aborto en los centros públicos, haciendo que el recurso de acudir a las clínicas privadas sea la excepción. Con este mismo objetivo, se regula la objeción de conciencia, un derecho fundamental e individual de cada profesional, sin que ello impida el efectivo derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Por ello se crea también un registro de objetores, donde se deberá manifestar la voluntad de objetar con carácter previo y por escrito.

De la misma forma, se garantiza el acceso al aborto incorporando la previsión de la proximidad del domicilio. Esto permitirá también que las mujeres de una comunidad autónoma fronteriza con otra puedan acudir al hospital del otro territorio si es más cercano. Además, el Estado ejercerá las competencias de Alta Inspección, que constitucionalmente le corresponden, para reducir las brechas existentes en el acceso al aborto y así garantizarlo en todas las provincias del territorio.

Se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializado en los casos de interrupción del embarazo y se incorpora una incapacidad temporal para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención.

Las interrupciones voluntarias del embarazo serán tratadas, en todo caso, como un procedimiento de urgencia.

Por otro lado, se incorpora la previsión de que cada centro cuente con ambos métodos para las interrupciones de los embarazos, tanto el quirúrgico como el farmacológico para que sea la mujer la que libremente decida cuál de ellos quiere. También se incorpora una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 de embarazo, que no consumirá ningún día del permiso posterior.

Se establecen servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, contando estos con equipos interdisciplinares y contando además, con servicios adaptados a las necesidades y demandas de la población joven. Además, se creará una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, que prestará información sobre el derecho a la IVE y el itinerario de prestación en los servicios públicos.

Se apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, impulsando el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y ampliando la financiación pública de los anticonceptivos. Entre los financiables están los métodos reversibles de larga duración. Se garantiza la gratuidad de la píldora del día después a través de su distribución en los centros de salud y en los servicios de salud sexual y reproductiva especializados.

Los centros educativos de Secundaria, en el marco de campañas de sensibilización y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, repartirán anticonceptivos de barrera de manera gratuita. También se dispensarán en centros penitenciarios o centros de la red de servicios sociales.

Se refuerza especialmente la educación sexual, en todos los niveles educativos: una educación que reconozca la diversidad sexual, la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual y el abordaje de la salud menstrual con perspectiva de género. Se incluye la educación sexual en el ámbito no formal, con especial atención a la etapa de climaterio y menopausia y a las personas con discapacidad.

Se refuerza también la formación de los profesionales en materia de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva, incluyendo contenidos en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas.

Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. Esto implica reconocer y actuar contra el conjunto de estereotipos y prejuicios que rodean esta dimensión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que hasta ahora permanecía oculto. Porque el cuidado del ciclo menstrual es un indicador de salud, la ley establece la obligación de incluir la educación menstrual en nuestro país.

Unido a lo cual, se establece la distribución gratuita de productos menstruales para personas con menos recursos, luchando así contra la pobreza menstrual, y que se dispensen en centros educativos, en organismos públicos, en centros penitenciarios, centros sociales, etc.

Derivado del reconocimiento de la salud menstrual como estándar de salud, y la visibilización de los impactos de la menstruación en las diferentes esferas de la vida, la ley incluye el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes (menstruaciones incapacitantes secundarias). Por ejemplo, vinculado a enfermedades como la endometriosis o los ovarios poliquísticos, que padecen numerosas mujeres y que les impide trabajar con normalidad. Esta incapacidad operará, previo informe médico, y permitirá que una mujer pueda quedarse en casa unas horas de su jornada laboral o unos días si el dolor de la regla le impide trabajar. Se trata de regular por ley lo que ya está sucediendo en algunos casos de facto, puesto que los datos del Ministerio de Inclusión nos dicen que ha habido alrededor de 6.000 incapacidades temporales al año por dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación. Se trata de una incapacidad temporal (IT) que pagará desde el primer día el INSS, que no requiere periodo mínimo de cotización, al contrario que el resto de IT y que será los días que cada mujer, conforme a su cuadro médico, necesite.

Cabe tener en cuenta que la ratificación del Convenio de Estambul nos obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado, entre ellas, algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres.

Así, esta ley pretende articular la responsabilidad del Estado frente a diferentes formas de violencia en el ámbito gineco-obstétrico. Se refuerza la obligación del personal sanitario de actuar con base en los principios del parto respetado, lo que incluye el consentimiento informado de las mujeres ante intervenciones invasivas, como las episiotomías, tratamientos sin analgesia, eliminación de separaciones innecesarias de los recién nacidos con su madres, etc. Como medida concreta, además de la formación profesional según los principios del parto respetado, la ley obliga a elaborar un Protocolo Común de Actuaciones que sirva de referencia a las comunidades autónomas, que ponga en el centro el derecho de las mujeres al consentimiento informado en todos los procesos gineco-obstétricos.

Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

SUBVENCIONES PARA ITINERARIOS DE INCLUSIÓN VINCULADOS AL INGRESO MÍNIMO VITAL

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto para impulsar el segundo paquete de proyectos piloto para el despliegue de itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital. En concreto, esta norma permitirá la firma de 18 nuevos convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector, en los que participarán 130.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas en todo el territorio nacional.

En concreto, los proyectos piloto se desarrollarán junto a siete comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana) por un importe conjunto de 42,5 millones de euros; dos ayuntamientos (Santander y Sevilla) por un importe de 6,5 millones; y nueve entidades del tercer sector (Cáritas, CEPAIM, Cruz Roja, EAPN, EAPN Canarias, Fundación La Caixa, Ayuda en Acción, Fundación Bofill y Fundación Esplai) por un total de 53 millones de euros.

Los 18 proyectos se focalizarán en la reducción de las vulnerabilidades de los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital y otras rentas sociales incidiendo en diversos aspectos como la educación, la digitalización, el empleo, el acompañamiento social o la salud. Los 18 convenios permitirán llegar a beneficiarios de todo el territorio nacional y cubrir todos los ámbitos de inclusión.

Los proyectos piloto se desarrollarán con la metodología de ensayos de control aleatorizado (RCT-randomized control trials, por sus siglas en inglés), muy habitual en las ciencias aplicadas (por ejemplo, suelen utilizarse para los ensayos clínicos, como las vacunas). Esta metodología innovadora permitirá evaluar los resultados de cada uno de los proyectos en la reducción de la vulnerabilidad de los beneficiarios para escalar aquellos que obtengan mejores resultados.

En el desarrollo y evaluación de estos proyectos piloto, el ministerio colaborará con dos de las entidades más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo: J-PAL y CEMFI.

Despliegue de 18 convenios

Para el despliegue de estos 18 convenios, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social lanzó el pasado 20 de diciembre una manifestación de interés a través de la que llegaron 149 propuestas de proyectos por importe de 748 millones de euros. Estas propuestas fueron analizadas desde múltiples criterios y las mejores han sido objeto de un proceso de rediseño y mejora con sus autores y con la colaboración de CEMFI y J-PAL, para conseguir los proyectos más relevantes y con las entidades más preparadas para ponerlos en práctica.

Los 18 convenios que se firmarán bajo este nuevo real decreto se suman a los 16 ya desplegados desde finales de 2021. En total, los 34 proyectos piloto permitirán llegar a casi uno de cada cuatro beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, abarcando todo el territorio nacional.

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS Y PROYECTOS POR TERRITORIO

(suma de los dos decretos)

Actualmente, el Ingreso Mínimo Vital llega a casi 450.000 hogares en los que viven más de 1,1 millones de personas. La prestación está teniendo especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil ya que el 43% de los beneficiarios son menores. Además, 200.000 hogares están ya percibiendo el complemento de ayuda a la infancia puesto en marcha desde el pasado 1 de enero de 2022.

BIOGRAFÍAS

Defensa

Director General de Personal

D. JOSÉ RAMÓN VELÓN ORORBIA.

General de brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1981 y recibió su despacho de teniente en 1986. Ha realizado, entre otros, el curso de Alta Gestión del Recurso Financiero y el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Ha estado al frente de la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos y, además, ha ocupado múltiples destinos en tierra, como la Intendencia de Ferrol; el Órgano de Apoyo a la Jefatura Personal; el Gabinete de la Secretaría de Estado de Defensa; la Subdirección General de Gestión Económica; el Estado Mayor de la Armada o la Escuela Naval militar. Igualmente, estuvo destinado embarcado en el "Juan Sebastián de Elcano" y en la Fragata "Victoria"; y en el extranjero estuvo en la Agregaduría de Defensa en Washington.

Está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco, la encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y siete Cruces al Mérito Naval con distintivo blanco.

Derechos Sociales y Agenda 2030

Secretaria General Técnica

Dª. ELISA MARÍA DARIAS VALENCIANO.

Nacida en Madrid en 1977, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además, posee un diploma en Unión Europea por la Escuela Diplomática, y ha realizado el Programa Ejecutivo en Gobernanza del Sector Público de ESADE.

Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha desempeñado, entre otros, los siguientes puestos: técnico en la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, jefa de área de Coordinación en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, directora de la División de Recursos y Relaciones con los Tribunales en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, subdirectora general de Coordinación de la Administración General del Estado en el Territorio en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Hasta su nombramiento como secretaria general técnica desempeñaba el puesto de inspectora de Servicios en la Subdirección General de Transformación de la Gestión e Inspección de Servicios del Ayuntamiento de Madrid.

Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (cruz blanca) a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en 2013.

Ciencia e Innovación

Directora General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

Dª. YOLANDA BENITO MORENO.

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y master en Liderazgo y Gestión Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, actualmente es directora del Departamento de Medio Ambiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), donde fue nombrada en septiembre de 2010. Allí ha trabajado en el estudio de las consecuencias ambientales asociadas a los sectores de generación de energía, industria y transporte; y en el desarrollo de tecnologías para la mitigación de estos efectos.

De 2008 a 2010, y en el ámbito de la gestión de I + D, trabajó en la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación, como responsable del Área de Sostenibilidad.

Ha publicado numerosos trabajos de investigación y divulgación en revistas internacionales y ha participado en charlas y cursos de ámbito científico.

Universidades

Presidente del Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dª. NURIA MARÍA OLIVER RAMÍREZ

Cofundadora y directora de la Fundación unidad ELLIS Alicante, llamada el Instituto de Inteligencia Artificial centrada en la Humanidad, es ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (MIT), donde fue primera de su promoción y Premio Nacional, y doctorada en Inteligencia Artificial por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tiene más de 20 años de experiencia investigadora en el MIT, en Microsoft Research ha sido la primera directora científica mujer en Telefónica I + D (2007-2016) y la primera directora de investigación en Ciencias de Datos en Vodafone a nivel mundial (2017-2019).

Su trabajo en el modelado computacional del comportamiento humano usando técnicas de Inteligencia Artificial, la interacción persona-maquina, la informática móvil y la Inteligencia Artificial para el Bien Social es conocido internacionalmente con más de 180 publicaciones científicas.

Inventora de 40 patentes y miembro del comité científico asesor de universidades europeas, fundaciones, gobiernos e instituciones, ha recibido una treintena de premios y ha sido nombrada una de las 11 personas más influyentes en Inteligencia Artificial en el mundo por Pioneering Minds (2017).

Ha sido ponente invitada en numerosos congresos científicos y tecnológicos y dedica parte de su tiempo a la divulgación científico-tecnológica y a inspirar a los jóvenes y especialmente a las chicas a estudiar carreras tecnológicas. Asimismo, es autora de libro "Inteligencia Artificial, naturalmente".