Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• REAL DECRETO-LEY sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.
• ACUERDO por el que se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Trabajo y Economía Social

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I2; C19, I3; C23, I1; C23, I2; C23, I3; C23, I4 y C23, I5). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de políticas activas de empleo, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, para el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para la financiación de proyectos de inversión en el marco de los componentes 19 "Plan Nacional de Competencias Digitales" y 23 "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo", por un importe de 383.423.450 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de políticas activas de empleo, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, para el ejercicio presupuestario 2022, no financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por un importe de 2.415.153.580 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.

Justicia

• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1, letra b), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I4). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 9.492.000 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 4).
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco para el suministro de vehículos turismos (AM 14/2022) por un valor máximo estimado de 619.680.000 euros.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al objeto de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pueda atender la financiación adicional prevista en el Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución, destinadas al sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar a la Secretaria de Estado de Comercio la contratación del mantenimiento de los equipos de impresión del centro de impresión digital y diseño.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria la tramitación anticipada de una convocatoria para la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
• ACUERDO por el que se autoriza a doña María Cristina Tarrero Martos, Directora General de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la participación en más de dos consejos de administración.

Interior

• ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación del servicio de gestión integral para el desarrollo de las funciones de control y vigilancia del tráfico (3 lotes) de la Dirección General de Tráfico, por un valor estimado de 55.561.245,68 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Seguridad la celebración del contrato del suministro de los equipos y medios técnicos, así como los trabajos asociados, para adecuar las capacidades del sistema de vigilancia exterior (SIVE), en Cádiz, Algeciras y Ceuta, por valor estimado de 25.767.630 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de mejora integral de la línea Huesca - Canfranc. Línea bifurcación Canfranc - Canfranc (L-204). Tramo: Jaca - Canfranc. Valor estimado del contrato 37.722.689,14 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de obras del proyecto constructivo de protección acústica del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: línea de ancho UIC. Nudo de La Encina - Xátiva - Valencia. Valor estimado del contrato 99.391.990,18 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de obras de reparación de los deterioros de la estructura de la autovía A-4 del punto kilométrico 79+500, a su paso sobre el arroyo Cedrón (término municipal La Guardia, Toledo), subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Toledo, por importe de 252.829,50 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación del puente sobre el río Onyar en el punto kilométrico 714+005 (0N-002-0714+005) y del puente sobre el río Terri en el punto kilométrico 724+333 (0N-0002-724+333), ambos en la carretera N-II; variante de Girona, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Girona, por importe de 560.652,60 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación y refuerzo del viaducto de la carretera M-40 sobre la carretera M-605 "El Pardo" y río Manzanares, situado en el punto kilométrico 51+000 de la carretera M-40, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Madrid, por importe de 3.605.253 euros.
• ACUERDO por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

Educación y Formación Profesional

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C21, R2). REAL DECRETO por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria para la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, por importe máximo de 73.603.229,28 euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
• ACUERDO por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I1 y C15, I7). ACUERDO por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciberseguridad.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos con fines de alerta de tsunamis.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajistán.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
• ACUERDO por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector de las agencias de viaje.

Política Territorial

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinado precepto de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19.
• INFORME sobre el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de establecimiento del convenio para la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital.

Cultura y Deporte

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C19, I3). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. para la formación en capacidades digitales en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de la Biblioteca Nacional de España, por un importe de 509.589,09 euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, R4). REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.

ACUERDO DE PERSONAL

Trabajo y Economía Social

• REAL DEDRETO por el que se nombra consejero del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales a D. ALBERTO GONZÁLEZ MENÉNDEZ.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Croacia a D. JUAN GONZÁLEZ-BARBA PERA.

Cultura y Deporte

• REAL DECRETO por el que se nombra director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a D. JOAN FRANCESC MARCO CONCHILLO.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración a Dª. MIRIAM BENTERRAK AYENSA.
• REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Gestión del Sistema de Acogida en Materia de Protección Internacional y Temporal a Dª. AMAPOLA BLASCO MARHUENDA.

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D. SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE.

Sanidad

• REAL DECRETO por el que se conceden la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a :

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Consejo General de Colegios Oficiales de Fermacéuticos.

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería.

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

REAL DECRETO LEY PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que establece los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes y servicios basados en la tecnología 5G.

Se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de estas redes y servicios, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos; así como de establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos las nuevas redes y servicios 5G.

Este real decreto se vincula con el también aprobado Plan Nacional de Ciberseguridad, con cerca de 150 iniciativas y dotado de más de 1.000 millones de euros, para intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio.

Trabajo y Economía Social

MECANISMO RED PARA EL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

El Consejo de Ministros ha aprobado la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Esta herramienta está incluida en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores como mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo, para atender las necesidades excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial que justifiquen la adopción de medidas de ajuste y protección temporal, así como inversiones de carácter público que ha de contar con la activación del Consejo de Ministros.

Para acompañar la situación actual del sector, el Mecanismo RED resulta idóneo para permitir a las agencias de viaje afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sector, ya que permite tanto la vuelta a la actividad completa de las personas trabajadoras como su adaptación a dichos desafíos.

La activación de este mecanismo proporciona a las empresas una extraordinaria flexibilidad para adaptarse al futuro, al tiempo que incentiva las acciones formativas mediante exoneraciones a la Seguridad Social para culminar el proceso de recuperación del sector. De esta forma, las empresas que se adhieran tendrán que presentar un plan de recualificación con acciones de formación para posibilitar la recolocación de los trabajadores en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Las empresas tendrán una exoneración del 40% de las cotizaciones de sus trabajadores a Seguridad Social.

También se constituye el Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo contemplado en el artículo 47 bis.6 del Estatuto de los Trabajadores. Los gastos y beneficios en la cotización que se produzcan con cargo al Mecanismo RED corresponderán presupuestariamente a las entidades competentes en la ejecución del Mecanismo RED.

Activación del Mecanismo RED

La activación del Mecanismo RED para el sector de las agencias de viajes permitirá que se acojan las empresas cuya actividad se clasifique en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) 7911, 7912 y 7990 a fecha 31 de marzo de 2022.

Estas empresas podrán solicitar la aplicación de las medidas de reducción temporal de jornada y suspensión de contratos de trabajo propias del Mecanismo RED sectorial entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022.

El mecanismo permanecerá activado por ese periodo y perderá su vigencia y efectos el 31 de diciembre de 2022, con independencia de la fecha de la solicitud de la empresa.

De esta manera, podrán afrontar los cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Impulso a la recuperación del sector

Las agencias de viaje llegaron a tener el 77% de sus afiliados protegidos en ERTE durante el momento álgido de la pandemia. Aunque este nivel es similar al de otros sectores, no han gozado, sin embargo, del mismo ritmo de reincorporación a la actividad y, de hecho, el 24,3 % del total de afiliados del sector de agencias de viajes se encuentran todavía amparados por este esquema de protección al empleo. El porcentaje en el resto de los sectores se encuentra en niveles mucho más bajos, por debajo del 5% de los afiliados en esa actividad.

El alto porcentaje de personas trabajadoras en ERTE parece responder, por tanto, no ya a la evolución de la pandemia sino a un cambio estructural en el sector. De hecho, el número de afiliados a la Seguridad Social muestran una reducción del 14% respecto al inicio de la pandemia, frente a la del 3% que se registra en las ramas de la hostelería y a la recuperación generalizada mostrada por la gran mayoría de sectores económicos respecto al nivel de empleo previo a la pandemia.

Trabajo y Economía Social

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 por un importe total de 2.415.153.580 euros. A esta cantidad se añaden 383,4 millones de euros que provienen de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Estos fondos dotan el Plan Anual de Políticas de Empleo 2022 (PAPE 2022) dentro del marco plurianual de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, un gran acuerdo de gobernanza de las políticas activas entre el Estado y las comunidades autónomas, con la implicación de los agentes sociales.

El Plan Anual de Políticas de Empleo 2022 simplifica y mejora el proceso de evaluación e introduce la orientación hacia resultados, estableciendo mecanismos que permitan valorar y readecuar las acciones e incorporando la identificación de buenas prácticas y casos de éxito, que ha sido una de las recomendaciones recibidas recurrentemente por el Sistema Nacional de Empleo como resultado de las evaluaciones externas.

PAPE 2022

El Plan Anual de Políticas de Empleo 2022 contiene un total de 729 servicios y programas distintos, de los cuales 59 son comunes y 670 propios, articulados en los ejes de orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del sistema nacional de empleo.

Las políticas activas de empleo plantean cinco objetivos estratégicos con un enfoque centrado en las personas y las empresas con el refuerzo de los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección en los servicios públicos de empleo.

El programa destinado a reforzar los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección de empleo en los servicios públicos de empleo con 3.000 personas con un importe de 83.363.580 euros.

El PAPE 2022 también impulsan el desarrollo de competencias de personas trabajadoras y empresas en coherencia con la transformación y la modernización productivas como demanda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, prevé la creación de un espacio técnico colaborativo de conocimiento, trabajo e innovación de los servicios públicos de empleo, la mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo y la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo (SNE).

El PAPE 2022 simplifica y mejora el proceso de evaluación e introduce la orientación hacia resultados lo que permite readecuar las acciones incorporando la identificación de buenas prácticas y la aplicación de casos de éxito probado, poniendo en práctica una de las recomendaciones que ha recibido recurrentemente el sistema nacional de empleo.

Balance PAE

Entre los años 2020 y 2021, 3.642.836 personas recibieron servicios de diagnóstico personalizado para el empleo.

En 2021, 1.592.805 personas que recibieron atención personalizada se emplearon antes de cumplir un año desde su inscripción en los servicios públicos de empleo. De este total, 1.197.851 son mujeres.

En 2021, 326.487 demandantes jóvenes con un nivel formativo igual o inferior a la ESO se emplearon tras haber recibido alguna atención de formación o de orientación para el empleo, el autoempleo o emprendimiento en los 12 meses anteriores a la obtención del empleo.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REAL DECRETO SOBRE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO MARINO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 79/2019 que regula el informe de compatibilidad y establece los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Una normativa que permitirá asegurar que las actividades que se desarrollen en el medio marino cumplen con los objetivos ambientales.

Las estrategias marinas son la principal herramienta de planificación del medio marino. Su objetivo es proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. Con este real decreto se facilita que aquellas personas que desarrollen cualquier actividad en el medio marino puedan hacerlo sabiendo a qué criterios ambientales deben atenerse para cumplir con ellas.

De este modo, el nuevo real decreto actualiza los objetivos ambientales en concordancia con los dispuestos en el segundo ciclo de las estrategias marinas, aprobadas en 2019. Por otro lado, se actualiza también el anexo III del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, para establecer la aplicación de un criterio de compatibilidad para la minería submarina, y otros criterios de compatibilidad específicos. Entre estos nuevos preceptos se encuentran, por ejemplo, la presentación de una declaración responsable al instalar balizas para servicios de temporada y en pruebas deportivas, o al esparcir cenizas funerarias en el mar. La modificación también incluirá un nuevo anexo IV que contiene el contenido mínimo de las citadas declaraciones responsables.

Por otro lado, para agilizar la tramitación y así ofrecer un servicio efectivo a los ciudadanos, se ha adaptado el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, para agilizar el proceso sin descuidar la correcta evaluación de la compatibilidad con la estrategia marina en cada una de las demarcaciones.

Explotación de minerales en los fondos marinos

La Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad a 2030 establece que no se deben crear explotaciones minerales en los fondos marinos antes de que se hayan investigado suficientemente sus efectos, se conozcan los riesgos y pueda demostrarse que las tecnologías y las prácticas operativas no van a producir daños graves para el medio ambiente.

En consonancia con ello, la modificación aprobada por el Consejo de Ministros recoge como un nuevo criterio de compatibilidad con las estrategias marinas la aplicación de los principios de cautela y precaución citados en la estrategia europea, para las actuaciones de minería submarina en nuestro país.

El nuevo real decreto entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se establece este plazo con la intención de garantizar la seguridad jurídica y que los solicitantes puedan disponer de un periodo para adaptar la documentación técnica a los objetivos ambientales del segundo ciclo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE EL USO DE DATOS SISMOLÓGICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos con fines de alerta de tsunamis.

La firma del presente acuerdo se considera de gran interés para España, porque facilitará el intercambio de información útil para fines de alerta temprana de tsunamis entre la Comisión Preparatoria del tratado y el Reino de España.

El 10 de septiembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el texto del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (en lo sucesivo TPCEN), que fue firmado por España el 24 de septiembre de 1996 y ratificado el 31 de julio de 1998.

Este tratado no se encuentra todavía en vigor por no haber sido ratificado por la totalidad de los 44 países enumerados en su anexo 2. Tampoco está siendo objeto de aplicación provisional.

En 1996, todos los signatarios del TPCEN establecieron la Comisión Preparatoria de la Organización del citado tratado para llevar a cabo todos los preparativos necesarios para su entrada en vigor y el establecimiento de la futura Organización.

Como parte de su labor de preparación de la entrada en vigor del tratado, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ha desarrollado un sistema internacional de vigilancia para detectar posibles explosiones nucleares y obtener pruebas de ellas. Consiste en una red mundial de sensores sismológicos, hidroacústicos e infrasónicos, que permiten detectar la energía liberada por una explosión o por un fenómeno natural en el subsuelo, bajo el agua o en la atmósfera. Dichos datos pueden resultar de gran utilidad a los efectos de una alerta temprana de un posible tsunami.

La comisión decidió sobre la posibilidad de suministrar datos a las organizaciones de alerta de tsunamis aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en determinadas condiciones que se estipularían en acuerdos modelo que la comisión podría celebrar individualmente con cada organización.

El objeto de este acuerdo es regular el uso, por parte del Gobierno de España, a través del Instituto Geográfico Nacional, de los datos sismológicos e hidroacústicos suministrados por la red internacional de vigilancia de la comisión. El Instituto Geográfico Nacional usará esta información para la prevención y alerta de tsunamis en el territorio español.

El Instituto Geográfico Nacional solo podrá utilizar los datos suministrados en virtud del presente acuerdo con fines de alerta de tsunamis y deberá tratar los datos con estricta confidencialidad, sin que ello impida la emisión de alertas de tsunamis basadas en sus propios datos.

El acuerdo se aplicará provisionalmente desde la fecha de la firma y entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior a la fecha en que el Reino de España haya informado a la comisión de que ha concluido los trámites que le corresponden para que entre en vigor.

El acuerdo permanecerá vigente hasta la plena entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, momento en que la Conferencia de los Estados Partes podrá decidir que la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares suceda a la comisión en el acuerdo.

El acuerdo quedará inmediatamente sin efecto si la UNESCO retira su aprobación del Instituto Geográfico Nacional como organización de alerta de tsunamis.

La aplicación del presente acuerdo no lleva aparejado aumento de gasto.

Uno de los 20 sensores y oficina de la estación sísmica primaria de la OTPCE en Sonseca, Toledo (IGN).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS CON KAZAJISTÁN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajistán.

El texto del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajistán se rubricó en Madrid el 29 de marzo de 2019. Este acuerdo establece el marco jurídico aplicable a la explotación de servicios aéreos regulares entre ambos países, adecuándolo a la normativa comunitaria.

El acuerdo recoge la fórmula habitual de este tipo de convenios bilaterales sobre servicios aéreos y contiene en su articulado las cláusulas administrativas que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda incluir en este tipo de acuerdos sobre servicios aéreos a sus Estados miembros.

Al tratarse de un acuerdo de competencia mixta entre España y la Unión Europea (UE), se han cumplido para su conclusión todos los preceptos del Reglamento (CE) Nº 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, al incluir en su articulado los principios y cláusulas estándares establecidos y exigidos por la UE. La Comisión Europea ha dado su conformidad para que España suscriba este acuerdo.

Contenido

En cuanto a la estructura, el texto final consta de un preámbulo, veintidós artículos y un anexo.

En lo que se refiere al régimen de explotación de servicios entre España y Kazajistán, el acuerdo alcanzado establece una capacidad y frecuencias limitadas, pero suficientes para fortalecer las relaciones mutuas entre ambos países en el ámbito del transporte aéreo comercial.

Cada parte podría designar tantas compañías aéreas como desee, tanto para las operaciones de pasajeros como de carga, previa notificación por escrito.

En cuanto a la capacidad, las compañías designadas de cada parte podrán explotar siete frecuencias, para pasajeros y servicios combinados en cada dirección, en sus respectivas rutas, con cualquier aeronave, para el ejercicio de derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad. En cuanto a los servicios exclusivamente cargueros, también se acuerda explotar un total de siete frecuencias en cada dirección, en sus respectivas rutas con cualquier tipo de aeronave, para el ejercicio de derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad.

Con respecto al cuadro de rutas, recogido en el anexo, se establece que las compañías aéreas designadas por cada parte podrán explotar servicios en ejercicio de los derechos de tercera y cuarta libertad. En las rutas de ambas partes, los puntos tanto en España como en Kazajistán se han limitado a un total de tres.

El nuevo marco faculta a las compañías aéreas designadas de una y de otra parte a que los servicios se puedan llevar a cabo bajo la modalidad de código compartido, con compañías aéreas de cualquiera de las dos partes contratantes o de terceros países. Asimismo, se acordó dar un trato flexible y favorable a las solicitudes de autorización de servicios aéreos no regulares entre los dos países, conforme a las leyes y reglamentos en vigor en cada Parte.

El acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de recepción de la última notificación, por vía diplomática, de las partes contratantes relativa al cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales necesarios para su entrada en vigor.

Hacienda y Función Pública

NUEVOS GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN

El Consejo de Ministros ha modificado los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros con el fin de posibilitar la realización de nuevos gastos destinados a reparaciones, mantenimiento y conservación de los equipos de impresión del centro de impresión digital y diseño del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El centro de impresión digital y diseño es el responsable de realizar las labores de diseño e impresión de diversos informes de comercio exterior, así como de las revistas de información comercial española (revistas ICE) y otros trabajos de las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Estado de Comercio cuya impresión, maquetación, edición no está externalizada. Asimismo, dicho centro ha colaborado y está colaborando de manera activa con otros ministerios en la elaboración de diversos informes y planes de actuación.

Para todo ello figuran en su inventario las máquinas necesarias para realizar dichos trabajos, entre las que se encuentran máquinas fotocopiadoras digitales de producción industrial de las que es necesario realizar contratos de mantenimiento para reducir al máximo las posibilidades de averías y alargar su vida útil.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA SUBVENCIONES A LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para atender la financiación adicional prevista en el Real Decreto 113/2022, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución, destinadas al sector agroalimentario.

Esas subvenciones se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cuya convocatoria se aprueba para los ejercicios 2022 y 2023.

El Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, ha establecido las bases reguladoras de las citadas subvenciones, al mismo tiempo que ha aprobado su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023.

Este real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones contempladas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020 (PNDR), conforme a la normativa comunitaria relativa a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para las siguientes medidas:

•Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información.

-Submedida M1.1 Formación no reglada y adquisición de competencias en digitalización.

-Submedida M1.2 Apoyo a actividades demostrativas en materia de digitalización.

•Medida 2: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución.

-Submedida M2.1 Prestación del servicio de asesoramiento en digitalización.

-Submedida M2.2 Establecimiento del servicio de asesoramiento en digitalización.

-Submedida M2.3 Formación de asesores en digitalización.

Los fondos asignados para la puesta en marcha del Paquete de Digitalización del PNDR 2014-2020 están cofinanciados en un 80% con fondos FEADER y en un 20% con presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el caso de la Medida 1 y en un 53% con fondos FEADER, y en un 47% con presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la Medida 2.

El real decreto 113/2022 establece que el importe estimado para 2023 podrá ampliarse en 516.120 euros si se obtiene financiación adicional con carácter previo a la concesión de las subvenciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Incluida la financiación adicional, la cuantía total máxima de subvención a conceder y su distribución en anualidades es la siguiente:

Dentro de las disponibilidades financieras asignadas se tendrán que consignar las dotaciones para atender los compromisos que se asuman dentro de los límites plurianuales acordados por este acuerdo de Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la tramitación anticipada de una convocatoria para la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

Dicho programa contempla diversas medidas enfocadas a la mejora de la competitividad de los productos ofrecidos por las entidades asociativas prioritarias, reguladas por el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, de manera que se beneficien los agricultores en ellas integrados, persiguiendo un aumento del valor añadido del producto objeto de dicha integración a lo largo de la cadena de valor.

Una de estas medidas consiste en fomentar inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.

La gestión de las ayudas corresponde a la Dirección General de la Industria Alimentaria y corresponde al FEGA la función de tramitar y aprobar la convocatoria de estas ayudas, así como la de resolver y realizar los pagos.

El plazo de solicitudes de pago se pretende abrir desde junio de 2023 de forma que los proyectos que ya hayan finalizado puedan recibir la ayuda correspondiente y los proyectos más complejos tengan hasta el día 1 de septiembre de 2023 para terminar sus actuaciones.

El presupuesto total para estas ayudas es de 50.000.000 euros, que se abonarán en 2023. Su financiación se realizará en un 53% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 47% con cargo al presupuesto nacional.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO AL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS AA PP

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 9.492.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular del componente 11 ('Modernización de las administraciones públicas'), inversión 4, relativa al Plan de transición energética en la Administración General del Estado.

Se ha iniciado expediente de transferencia de crédito con alta en las aplicaciones presupuestarias 'Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' e 'Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' por importe total de 9.492.000 euros.

La operación responde al acuerdo entre la Secretaría de Estado de Energía y la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, a fecha 4 de febrero de 2022, en el que se recogen los proyectos aprobados para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del plan de transición energética.

La cláusula tercera del acuerdo establece que para la financiación de las actuaciones conjuntas de ambos organismos se deberá tramitar en el ejercicio 2022 la transferencia de crédito que se ha aprobado en Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS TURISMOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de vehículos turismos, con un valor máximo estimado de 619.680.000 euros.

Este nuevo acuerdo marco sustituirá al anterior de 2017. Su plazo de duración es de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos años.

El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo marco.

Este acuerdo está dividido en siete lotes atendiendo a las características de los vehículos: lotes 1, 2 y 3, de vehículos compactos clasificados según longitud; lote 4, de vehículos berlina; lote 5, de vehículos todocamino 4x4; lote 6, de vehículos todoterreno, y lote 7, de vehículos pick-up.

En los lotes 1 a 5 se establecen tres grupos definidos en función de la motorización empleada y nivel de emisiones máximas de CO2, y dos de estos grupos están reservados para vehículos de nulas y bajas emisiones. En los lotes 6 y 7 se establece un grupo para vehículos de combustión y un segundo grupo para vehículos híbridos enchufables y eléctricos.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, admitiéndose a todos los licitadores que cumplan los criterios de aptitud exigidos cuyas ofertas se ajusten a las condiciones técnicas y económicas requeridas.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN EL TRAMO NUDO DE LA ENCINA - XÀTIVA - VALÈNCIA

El Consejo de Ministros a Adif Alta Velocidad (Adif AV) a licitar el contrato de ejecución del proyecto para la construcción de protecciones acústicas para el futuro acceso ferroviario de alta velocidad en el tramo Nudo de la Encina-Xàtiva-València, que se inscribe en el desarrollo del enlace Madrid-Castilla La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia.

El contrato tiene un valor estimado de 99.391.990,18 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución estimado de 6 años.

La instalación de pantallas acústicas resulta necesaria para dar respuesta a los requerimientos de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad, concretamente en los tramos Albacete-Xàtiva, Xàtiva-Benifaió y Benifaió-València.

También permite adecuarse a las normativas española y europea para reducir el impacto acústico generado por el sistema ferroviario en aquellas zonas de especial sensibilidad, lo que también repercutirá en un beneficio para la salud de los ciudadanos.

Para definir las actuaciones de protección acústica de dicho tramo, se ha seguido una metodología consistente en la identificación de zonas a lo largo de la traza susceptibles de ser protegidas del impacto sonoro que generará la circulación de trenes por el nuevo tramo ferroviario. Además, se ha elaborado un estudio acústico que ha permitido servir de base para definir las pantallas de protección necesarias en cuanto a ubicación, altura, longitud y características materiales.

El resultado de este estudio se materializa en la definición de todas las obras de protección acústica que constituyen el proyecto junto con todos los trabajos accesorios necesarios, tales como ejecución y acondicionamiento de caminos de acceso, reposiciones de servicios afectados o situaciones provisionales ocasionadas.

Los tramos de líneas ferroviarias contemplados en el presente proyecto son:

• Actual Línea 300 Madrid Chamartín - València Nord, en ancho convencional. En el enlace procedente de Albacete hasta el Nudo de la Encina y en el tramo comprendido desde este punto hasta Xàtiva, que pasará a formar parte del futuro corredor LAV Alicante / Albacete - Valencia.
• Tramo comprendido entre el Nudo de La Encina y Valencia Nord.
• Futura línea de Alta Velocidad Alicante / Albacete - Valencia. Ramales de conexión Alicante - Valencia, y tramo comprendido entre Xàtiva y Valencia.
• Línea de Cercanías C-2 Valencia- Moixent. Englobada en el tramo anterior, entre las poblaciones de Moixent y Valencia.

Las pantallas se colocarán a lo largo de 29 km, en un total de 24 municipios y su ejecución se ha concebido bajo las premisas de no interferir con la puesta en servicio de la futura línea, racionalizar el calendario de obras adaptándose al estado de la plataforma, y permitir una mejor programación con los ayuntamientos en relación con la ocupación de terrenos o la reposición de servicios afectados.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ACTUALIZACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

En la normativa reguladora de cada Plan Estatal de Vivienda se establecen los criterios y la metodología a seguir para fijar los tipos de interés efectivos anuales que se aplican a los préstamos convenidos acogidos a cada Plan.

Así mismo, los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos también se fijan en la normativa de cada uno de los planes de vivienda y debe realizarse mediante acuerdo del Consejos de Ministros publicado en el Boletín Oficial del Estado en el primer trimestre de cada año.

Con carácter general, la revisión se realiza en función de la evolución de los tipos de referencia del mercado que son publicados por el Banco de España, tomando como referencia la variación de los últimos meses.

Los nuevos tipos de interés son los siguientes:

Los tipos de interés vigentes, conforma a las anteriores actualizaciones, son:

Por tanto, se constata que bajan los tipos de interés de los planes estatales de vivienda 1996-1999, 2002-2005 y 2005-2008 y se mantiene el del Plan de Vivienda 1998-2001.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

RENOVACIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO JACA-CANFRANC

El Consejo de Ministros ha autorizado a Adif a licitar el contrato para la mejora integral del tramo Jaca-Canfranc, cuyo valor estimado asciende a 37.722.689,14 euros (IVA no incluido).

Este contrato, cuyo plazo de ejecución previsto es de 10 meses, supone un nuevo impulso al Plan de Mejora y Adaptación para el Tráfico Internacional de la línea Huesca-Canfranc.

Tras la adjudicación de las obras de renovación entre Plasencia del Monte y Ayerbe y la publicación oficial del Estudio Informativo para la implantación del ancho estándar entre Huesca y Canfranc, el Gobierno sigue potenciando el conjunto de actuaciones para reabrir la línea Zaragoza-Canfranc-Pau y garantizar su interoperabilidad.

Descripción de las obras

El proyecto contempla la renovación de vía, incluyendo diversas actuaciones en la infraestructura y superestructura ferroviaria, así como en los túneles y estaciones del tramo. Además, se renovarán las vías y se instalarán nuevos desvíos o cambios de aguja, y se mejorará el trazado mediante la introducción de curvas de transición, lo que permitirá elevar la velocidad en el trayecto, considerando el tráfico mixto de la línea. También se modernizarán las instalaciones de drenaje.

Están previstas las siguientes actuaciones:

• Saneo de la plataforma en la estación de Jaca, mediante la colocación de malla geotextil, entre otras operaciones.
• Limpieza de cunetas existentes y revisión y definición del drenaje longitudinal asegurando la pendiente de las cunetas.
• Sustitución de 11 obras de drenaje existentes por otras de nueva construcción.
• -Definición de un sistema de drenaje longitudinal en la estación de Jaca.
• Colocación de barandillas en tramos de muros que actualmente no disponen de las mismas.
• Tratamiento de pintura en los tramos metálicos que lo precisan.
• Medidas de estabilización de desmontes mediante instalación de mallas y pantallas en tramos específicos, así como la construcción de nuevos tramos de muro.
• Tratamiento silvícola entre el apeadero de Castillo-Pueblo y el viaducto de Cenarbe, en prevención de caída de ramas durante episodios de nieve.
• Actuaciones de mantenimiento, consolidación y reparación de los 19 túneles existentes en el tramo, así como la prolongación de emboquilles en cuatro de ellos.
• Ejecución de un tramo de senda al acceso peatonal hacia el despoblado de Bergosa para suprimir un paso vicioso.
• Acondicionamiento del acceso al apeadero de Villanúa-Letranz.
• Desescombrado y tapiado de los edificios de las antiguas estaciones de Castiello y Villanúa.

Beneficios de las obras

Esas actuaciones permitirán suprimir varias limitaciones de velocidad y la mejora en el armamento de vía y trazado, lo que facilitará elevar las velocidades máximas de circulación.

Todo ello mejorará los radios de curva para alcanzar una velocidad sostenible acorde con la orografía y las características y limitaciones del trazado, que está condicionado al discurrir por una zona especialmente montañosa y con una gran cantidad de túneles y puentes metálicos.

Además, estos trabajos permitirán mejorar la regularidad de las circulaciones y dotar de mayor fiabilidad, disponibilidad y eficiencia a la nueva superestructura, reduciendo las necesidades de mantenimiento y la probabilidad de incidencias imputables a la infraestructura e instalaciones ferroviarias.

Esta actuación contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano; y al ODS 11 que, entre otras metas, persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos.

La actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea (CEF).

Educación y Formación Profesional

NUEVO REAL DECRETO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que fija la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, que da especial importancia a la orientación académica y la inclusión educativa para identificar y prevenir el abandono temprano de la educación y facilitar la consecución de los objetivos de la etapa a todo el alumnado.

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; que desarrollen y consoliden los hábitos de estudio y de trabajo, así como unos hábitos de vida saludables; y que estén preparados para su incorporación a unos estudios posteriores o al mercado laboral, con capacidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.

El real decreto desarrolla los principios pedagógicos que deben orientar las propuestas de los centros y que deberán estar presididas por el principio de inclusión educativa y la atención a la diversidad. Entre las medidas recogidas en el texto para lograr este objetivo destaca la recuperación de los programas de diversificación curricular y la reorganización de los ciclos formativos de grado básico, con el fin de identificar y prevenir el abandono temprano de la educación y facilitar la consecución de los objetivos de la etapa a todo el alumnado.

La orientación académica tendrá a partir ahora un peso específico a lo largo de esta etapa ya que los alumnos y alumnas recibirán, al finalizar el segundo curso, un consejo orientador que incluirá un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y de la adquisición de competencias, así como una propuesta para continuar su formación. Al terminar la etapa recibirán un nuevo consejo orientador que les ayudará a tomar decisiones en su itinerario formativo.

El real decreto modifica la ordenación y la organización de esta etapa, que en los tres primeros cursos tendrá como materias Biología y Geología; Educación Física; Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Física y Química; Geografía e Historia; Lengua Castellana y Literatura y, de haberla, Lengua Cooficial y Literatura; Lengua Extranjera; Matemáticas; Música; y Tecnología y Digitalización. A estas se podrá añadir una segunda lengua extranjera.

En el cuarto y último curso de ESO, que tendrá carácter de orientación de cara a los estudios postobligatorios o a la inserción laboral, las materias obligatorias y comunes a todo el alumnado serán Educación Física; Geografía e Historia; Lengua Castellana y Literatura y, de haberla, Lengua Cooficial y Literatura; Lengua Extranjera; y Matemáticas.

Además, deberán elegir tres materias más entre Biología y Geología; Digitalización; Economía y Emprendimiento; Expresión Artística; Física y Química; Formación y Orientación Personal y Profesional; Latín; Música; Tecnología; y una segunda lengua extranjera. Como novedad, existe la posibilidad de ofrecer materias optativas que podrán configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con servicios a la comunidad.

A esto hay que añadir la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que deberá programarse para todo el alumnado en alguno de los cuatro cursos.

A partir de las enseñanzas mínimas establecidas por el Gobierno en este real decreto, serán las comunidades autónomas las responsables de completar el currículo de esta etapa. Los centros educativos y el profesorado adaptarán las enseñanzas a los alumnos y alumnas que conforman sus grupos.

Esta nueva ordenación para la ESO empezará a implantarse en los cursos primero y tercero en 2022-2023, y en segundo y cuarto, el curso siguiente.

Por otro lado, la evaluación será "continua, formativa e integradora" y se basará en el grado de desarrollo de las competencias. Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los objetivos.

Por último, el texto prevé que los centros lleven a cabo en el segundo curso de ESO una evaluación de diagnóstico para valorar las competencias adquiridas por su alumnado. Tendrá carácter informativo, formativo y orientador, y será responsabilidad de las administraciones educativas.

Este real decreto se suma a los de Infantil y Primaria, aprobados ya por el Consejo de Ministros, y responde al nuevo modelo de currículo establecido por la Ley de Educación, basado en competencias y centrado en el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

El paquete de medidas servirá para proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada. El plan movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO, y se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad y en materia de energía.

Ayudas a familias y trabajadores

El real decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros promueve una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, entre ellos, gasóleo, gasolina, gas y adblue.

El impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros. Los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.

Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.

Limitación de alquileres

La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler.

El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial), el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales.

Un incremento del 15% del ingreso mínimo vital

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.

El incremento se efectuará sobre el conjunto de la nómina, es decir, incluyendo el complemento de ayuda a la infancia, vigente desde el 1 de enero y que establece una ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años, 70 euros para menores entre 3 y 6 años y 50 euros por niño menor entre 6 y 18 años, para los hogares que lo perciben.

Además, se incluye un tratamiento especial para las mujeres víctimas de trata, a las que se facilitará el acceso al IMV y la derivación a los recursos asistenciales.

Bono social eléctrico para 1,9 millones de hogares

Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.

Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.

Nueva línea de 10.000 millones en avales ICO

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles.

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros. Los créditos avalados podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022.

Además, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.

Los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.

Ayudas para el sector agrario y pesquero

El Consejo de Ministros también ha aprobado un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero dotado con más de 430 millones de euros, recogidas en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Los apoyos para mitigar el impacto en el sector primario, un sector estratégico para este Gobierno por su importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una actividad agraria y pesquera sostenible, suman 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero, el sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de 68,18 millones de euros.

Un total de 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias, a los que hay que considerar el añadido de la reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio del gasóleo que, de acuerdo a los datos de consumo de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 78 millones para agricultores y ganaderos y de otros 16 millones para pescadores. Además, la exención de la tasa portuaria para la pesca fresca y del canon de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental, durante un periodo de 6 meses, suman otros 3 millones de euros.

La mayor parte de las medidas de apoyo para el sector agrario, ganadero y pesquero quedan recogidas en el capítulo II del real decreto-ley.

El Gobierno pondrá a disposición de los productores de leche 169 millones de euros en ayudas directas, ya que es uno de los más afectados por el incremento de los costes por el precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles provocado por la invasión rusa de Ucrania.

De esta cantidad, 124 millones de euros son para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas), 32,3 millones de euros para los productores de leche de oveja (15 euros por animal) y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).

Estas ayudas se gestionarán de forma urgente e inmediata, una vez entre en vigor el real decreto-ley.

Las ayudas directas del Estado para buques y empresas armadoras pesqueras para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del combustible sumarán 18,18 millones de euros y oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.

España logró 64,5 millones de euros del fondo de gestión de crisis previstos en el artículo 219 de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y, tal y como recoge el reglamento comunitario, se podrán complementar hasta en un 200 % con ayudas de Estado (128,16 millones de euros), por lo que el sector agrario y ganadero contará con un total de 193,47 millones de euros para poder hacer frente al incremento de precios de insumos.

El sector pesquero y acuícola dispondrá, tras la activación del artículo 26 solicitada por España para hacer frente a situaciones de perturbaciones de mercado, como la ocasionada en la actualidad para la guerra, de un total de 50 millones de euros (30 millones para compensar a los pescadores por los costes adicionales ocasionados y otros 20 millones de euros para la acuicultura).

El sector pesquero, al igual que el agrario y tal y como se recoge en el real decreto para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, con medidas valoradas en casi 450 millones de euros y publicado el pasado 16 de marzo, se beneficiará del aplazamiento en el pago de las cuotas de seguridad social por tres meses, periodo que también se amplía al agrario.

Los pescadores, como ya quedaba reflejado en el decreto por la sequía, también se beneficiarán de la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (ICO-SAECA) con principal bonificado, así como del pago de avales SAECA.

La norma aprobada por el Consejo de Ministros también recoge la modificación normativa por la que se exime a los agricultores de la obligación de dejar en barbecho un 5 % de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito de diversificación. Con ello, se podrán movilizar más de 600.000 hectáreas declaradas como superficies de interés ecológico, así como 2,16 millones de hectáreas declaradas para cumplir el requisito de diversificación de cultivos. De esta forma, el sector agrario contará con más superficie para producir cereales y oleaginosas y mejorar el suministro de estos productos en España.

El sector, además, se beneficiará del conjunto de medidas en el ámbito energético (energía eléctrica, gas y energías renovables) recogidas en el real decreto-ley para ayudar al conjunto de la economía con medidas de impacto positivo para agricultores, ganaderos y pescadores.

Ayudas a la industria electrointensiva y gasintensiva

El Consejo de Ministros también ha aprobado, en el marco de este Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, una serie de actuaciones destinadas a ayudar a la industria gran consumidora de energía que suman 488 millones de euros.

Estas ayudas están dirigidas a los sectores industriales de gran consumo energético en el contexto de la guerra en Ucrania. El paquete de medidas aprobadas son un instrumento dirigido a mejorar su competitividad y reforzar sus capacidades industriales y el empleo.

En primer lugar, se aplicará un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva consistente en una reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables en cada momento. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 y supone un coste de 225 millones de euros.

En segundo lugar, se destinarán 125 millones de euros en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 empresas, de las cuales el 88% son pymes. Los sectores que se van a beneficiar de estas ayudas son el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica.

En tercer lugar, el Gobierno ha autorizado la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. El importe máximo autorizado es de 73,6 millones de euros.

Finalmente, el consejo de ministros ha aprobado un aumento de 65 millones de euros para compensar los costes de emisión de CO2 para este año. Con este incremento se alcanza un total de 244 millones de euros, lo que permite alcanzar el máximo autorizado por la Comisión Europea. Este mecanismo permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono", debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Incentivos a la industria cultural

El real decreto-ley incorpora medidas para paliar las consecuencias desfavorables de la guerra en el ámbito cultural, ya que se considera necesario apoyar a los artistas, empresas e instituciones afectadas por esta situación, para que continúen con su actividad, preservando su libertad de creación.

Así, entre otros asuntos, se prevé ampliar los plazos para las películas beneficiarias de ayudas en el periodo 2020 a 2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por la guerra.

Los plazos establecidos para iniciar el rodaje y comunicarlo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), o al organismo competente, se amplían en seis meses y en ocho meses en el caso de las películas de animación. También se amplían los plazos para comunicar el final de rodaje y solicitar la calificación y el certificado de nacionalidad.

Además, se flexibilizará el procedimiento para la calificación de las películas y otras obras audiovisuales de nacionalidad ucraniana, hasta que puedan obtenerse de manera normalizada los certificados o documentos acreditativos de la nacionalidad expedidos por el organismo oficial competente en Ucrania.

También se modifica el Real Decreto-Ley 17/2020 por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En concreto, se modifica la disposición que se regula la función social de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Así, durante un plazo de cuatro años se mantiene la flexibilidad otorgada a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para establecer los porcentajes de recaudación destinados a actividades asistenciales dirigidas a sus socios, tales como ayudas escolares, becas de comedor, ayudas al alquiler, complementos a pensiones, etc.

Más de 1.000 millones al sector del transporte

El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector.

El plan también despliega una línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los compromisos también adoptados la semana pasada.

Impulso de las energías renovables

El plan, además, incluye una actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos, que permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones.

Por otro lado, la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico se prorroga hasta el 30 de junio y se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo desde la entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 €/MWh.

También se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto ambiental y se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para autoconsumo. Junto a ello, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.

Cuotas a la seguridad social para empresas

Además, el real decreto-ley aprobado incluye medidas para reforzar la liquidez de las empresas y trabajadores, en línea con las aprobadas durante la pandemia mediante aplazamientos a un interés muy reducido. En concreto, se trata de medidas de liquidez para empresas de diversos sectores afectados por la coyuntura actual, como son los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual, en estos sectores:

-Empresas con trabajadores en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que desarrollen su actividad en el sector del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942), cuyo devengo tenga lugar entre los meses de abril a julio de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de mayo a agosto de 2022, en el caso de trabajadores autónomos.

-Las empresas y trabajadores incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a junio de 2022.

Asimismo, se extienden un mes más estos aplazamientos para las empresas Sistema Especial Agrario (de marzo a junio) y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de abril a julio.

Facilidades a los refugiados ucranianos

El real decreto-ley establece, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, que las personas de origen ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentos de aportar los certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen, asimilándose así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas como tales por el Ministerio del Interior.

Estarán igualmente exentas de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros civiles mientras dure el conflicto.

Acogida a refugiados

El real decreto-ley también incluye como medida la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania.Se trata en todo caso de un esquema de financiación puente, dado que el impacto de la crisis será financiado por fondos europeos, a partir del Reglamento CARE (Cohesion´s Action for Refugees in Europe) y la flexibilización del uso de fondos REACT-EU para hacer frente a la emergencia de Ucrania.

El crédito extraordinario aprobado cubrirá todos los gastos para la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), así como el refuerzo de plazas del sistema de acogida y el resto de importes necesarios para la atención de las personas procedentes de Ucrania.

Esta medida refuerza la garantía de una acogida digna al flujo de desplazados ucranianos y es una muestra más del compromiso del Gobierno con los refugiados, como también han sido la ampliación del ámbito subjetivo de la directiva de protección temporal a todas las personas afectadas por el conflicto y la puesta en marcha de un procedimiento simplificado para la obtención de dicha protección temporal en 24 horas.

Para centralizar la atención de los refugiados ucranianos, se han puesto en marcha tres Centros de Recepción, Acogida y Derivación en Madrid, Barcelona y Alicante, las zonas con más llegadas de refugiados, y abrirá en unos días un cuarto en Málaga. En poco más de dos semanas, más de 25.000 personas afectadas por la invasión de Ucrania han obtenido la protección temporal, que habilita a trabajar y residir en España durante un año, y otras casi 35.000 tienen ya cita previa para obtenerla en las próximas semanas.

Además, los tres CREADE ya en funcionamiento han atendido a 8.688 personas, de los que el 37% son menores. Actualmente, se encuentran acogidas dentro de la Red Estatal de Acogida, con presencia en todo el territorio nacional, más de 14.000 personas; la capacidad de acogida es flexible y se va ampliando en función de las necesidades.

Protección a las personas vulnerables

El real decreto-ley contiene, entre otras medidas, el establecimiento de un modelo de acreditación unificado de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual, para que los servicios públicos o entidades sociales puedan acreditarlo. Además, se incluye la trata en la atención al 016, que ya atiende en ucraniano desde el pasado viernes; se establecerá un régimen gratuito de cuentas bancarias para personas vulnerables o con riesgo de exclusión financiera y se articula también la posibilidad de otorgar subvenciones destinadas a la prevención, detección, atención y protección de víctimas de violencia contra las mujeres y de víctimas de trata y explotación sexual, en el marco de la crisis humanitaria.

Medidas en el ámbito educativo

En el ámbito educativo, se pone en marcha, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados.

Desde el Ministerio de Universidades, el Plan de Acción Universidad-Refugio tiene como objetivo acoger a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios comprendidos en el ámbito subjetivo de protección temporal contemplado en la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.

Dicho Plan se basará en las necesidades de estos colectivos universitarios y contemplará, entre otras, actuaciones de apoyo lingüístico y cultural, de orientación académica, de alojamiento en residencias universitarias y de facilitación de acceso a las actividades académicas, así como a los servicios sociales ofrecidos por las universidades. En el caso de personal investigador y de administración y servicios comprendido en el ámbito subjetivo de protección temporal señalado se procurará, además, su incorporación a los grupos de investigación, las unidades y los centros universitarios.

Por su parte, el Gobierno participará, en el ámbito de sus competencias, en el diseño y el desarrollo del Plan de Acción Universidad-Refugio.

Finalmente, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación de los procedimientos de homologación y equivalencia de los títulos académicos del colectivo señalado en el párrafo primero, así como para la incorporación a la iniciativa del Consejo de Europa European Qualifications Passport for Refugees.

Eficiencia energética de la Administración

Junto a ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado, con medidas de racionalización del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones, que faciliten la prestación del servicio por las empleadas y empleados públicos mediante la aplicación de diferentes fórmulas organizativas.

Medidas para la garantía de los etiquetados de los alimentos

El real decreto ley también recoge medidas excepcionales sobre el etiquetado de alimentos, como consecuencia de la reducción en el suministro de algunas materias primas provocada por la guerra de Ucrania.

La norma permitirá a las empresas reetiquetar productos cuya composición se haya reformulado mientras la disponibilidad de determinados recursos esté comprometida por razones de aprovisionamiento.

Los operadores podrán, por tanto, utilizar etiquetas o pegatinas adhesivas, impresión por chorro de tinta u otros sistemas equivalentes. El requisito obligatorio es que recojan la información actualizada relativa a los ingredientes que reemplacen a los utilizados anteriormente.

El 17 de marzo se anunciaron medidas excepcionales para facilitar el reetiquetado de los productos afectados por el descenso en las importaciones de aceite de girasol. Se ha reforzado la protección y garantías de seguridad alimentaria de las personas consumidoras en previsión de que, en los siguientes meses, esta circunstancia pueda afectar a otras materias primas.

Así, con la entrada en vigor de esta norma, las empresas alimentarias podrán reetiquetar sus envases previamente fabricados. Además, las compañías tendrán que anular la declaración del ingrediente que haya sido sustituido, tanto en la denominación de venta como en la lista de ingredientes. Asimismo, seguirá siendo obligatorio reportar en todas las etiquetas la presencia de alérgenos.

El objetivo es evitar cualquier información o elemento gráfico que pueda inducir a error a las personas consumidoras sobre la composición real del producto y que los cambios que se produzcan en las etiquetas sean fácilmente visibles y legibles.

Los operadores y minoristas podrán utilizar instrumentos complementarios a la sobreimpresión de las etiquetas (como códigos QR, páginas web o carteles en el establecimiento de venta) para transmitir qué información se ha modificado. Estos medios complementarios en ningún caso sustituirán a la información obligatoria facilitada en el etiquetado.

Los cambios en el etiquetado han sido avalados por la Comisión Europea el pasado 18 de marzo a través de una comunicación a los Estados miembros, en aplicación del Reglamento (UE) 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad, con lo que cumple el mandato emitido por el Consejo de Seguridad Nacional y desarrolla la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. El plan, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, prevé cerca de 150 iniciativas, entre actuaciones y proyectos, para los próximos tres años.

Con este acuerdo y el real decreto-ley de seguridad en las comunicaciones 5G aprobado, el Gobierno refuerza la ciberseguridad, en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, con el fin de intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio.

Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, destacan:

• La creación de la plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes y de amenazas que permita intercambiar información, en tiempo real, entre organismos públicos y privados.
• Impulsar la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
• El desarrollo de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel nacional.
• Incrementar la creación de infraestructuras de ciberseguridad en las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales.
• Impulsar la ciberseguridad de pymes, micropymes y autónomos.
• Promover un mayor nivel de cultura de ciberseguridad.

Además, el plan prevé la creación de un sistema de seguimiento y control, con el fin de poder identificar el grado de ejecución de las medidas y emitir un informe anual de evaluación

Cultura y Deporte

SUBVENCIÓN A RTVE PARA LA FORMACIÓN EN CAPACIDADES DIGITALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (RTVE) para la formación en capacidades digitales de hasta 40.800 personas en todo el territorio nacional. El programa, dotado con 76.879.830 euros en dos años, se enmarca en el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La entidad beneficiaria de la subvención actuará a través del Instituto RTVE, centro de formación de la corporación, para la puesta en marcha del Proyecto Haz, consistente en la creación de un hub de formación del sector audiovisual. El programa tiene en consideración que el organismo cuenta con capacidad para operar a nivel nacional, a través de su red de centros territoriales, que posee carácter de centro certificador de la formación y tiene experiencia de colaboración habitual con universidades españolas y latinoamericanas en másteres especializados.

Colaboración con agentes del sector audiovisual

El programa estará abierto a la colaboración con otros agentes del sector audiovisual, incluyendo a la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas), así como otras asociaciones y televisiones autonómicas y locales. De este modo, se tendrá en cuenta la aportación de profesionales y medios materiales, así como su participación en el diseño de contenidos y en la realización de las prácticas.

Del total de beneficiarios del programa, se estima que 35.300 personas podrán recibir formación de un mínimo de 15 créditos ECTS, equivalentes a 375 horas lectivas. Las acciones formativas se distribuirán entre seis programas de máster, tres líneas de formación profesional y setenta cursos que forman catorce itinerarios. Además, se añadirán cincuenta formaciones cortas de 1 crédito ECTS y cincuenta cursos de autoformación, especialmente dirigidos a personas que han quedado fuera del mercado audiovisual por el impacto de la pandemia o por desactualización de conocimientos.

La subvención se repartirá entre 2022 y 2023, por importe de 38.439.915 euros cada año. El procedimiento de concesión se iniciará con la solicitud y presentación del proyecto y el presupuesto por la entidad beneficiaria, en el plazo máximo de diez días desde su entrada en vigor. El órgano instructor será el Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Cultura y Deporte. El plazo total de ejecución de las actividades subvencionables será el comprendido entre la aprobación de la Orden de concesión y el 15 de octubre de 2025.

Inclusión digital

La acción se integra en la Agenda Digital España 2025, cuyo cometido es garantizar la inclusión digital. Además, contribuye a la consecución del objetivo 292 del PRTR, que establece como meta final que, de cara a 2025, un total de 450.000 personas hayan participado en cursos de formación en competencias digitales. De esa cifra, corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte garantizar la formación de 53.730 personas. El propósito es mejorar el grado de competencia de las empresas e incentivar la aplicación de nuevas tecnologías, con el fin de aprovechar el potencial del sector audiovisual, además de reducir la brecha digital de género.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ACOGIDA EN MATERIA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece el reglamento que regula el sistema de acogida con un triple objetivo: reforzar la eficiencia del sistema, estableciendo un catálogo armonizado de las condiciones de acogida y ajustando la capacidad a las necesidades; introducir un nuevo instrumento de financiación a largo plazo, como es el concierto social; y dotar de mayor seguridad jurídica al sistema con una norma (reglamento) equiparable al de países de nuestro entorno.

Durante la fase de audiencia pública, este texto ha recibido aportaciones de 21 organizaciones y entidades. Una de las principales mejoras que introduce esta nueva normativa para incrementar la eficiencia del sistema de acogida es la adaptación de las prestaciones e itinerarios de acompañamiento a cada persona, mediante el establecimiento de tres fases diferenciadas.

En la fase de valoración y derivación, que dura un máximo de 30 días, se valoran las necesidades específicas de cada persona y, en función de ellas, se establece el recurso al que será derivada. Durante esta fase, el Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, proveerá de alojamiento y cubrirá todas las necesidades básicas en recursos de alojamiento colectivos. Para la entrada en el sistema, se establece un indicador objetivo de ausencia de medios económicos, equivalente al Ingreso Mínimo Vital para una unidad familiar compuesta por un adulto que en 2022 está situado en 5.899,6 euros anuales.

En la fase de acogida se proporcionará a los beneficiarios un itinerario de acogida e inclusión con la vista puesta en la adquisición gradual de la autonomía. Esta fase tiene una duración máxima prevista de 6 meses, aunque puede prorrogarse atendiendo a circunstancias específicas de cada persona. Durante la etapa de acogida, se proveerá de alojamiento en el recurso que se haya determinado durante la fase anterior.

Finalmente, la fase de autonomía consiste en la continuación del itinerario individualizado en la fase previa fuera del centro de acogida, de forma que la persona reciba el apoyo necesario para su plena inclusión en la sociedad. En este caso, la duración máxima es de 6 meses, prorrogables otros 6 para las personas reasentadas y se proveen ayudas económicas para alquiler.

Nuevo sistema de financiación más estable

En segundo lugar, el real decreto establece la acción concertada como vía para mejorar la financiación del sistema de acogida con una visión a largo plazo. El nuevo modelo de acción concertada sustituye al modelo único de subvenciones anuales en el sistema de acogida de Protección Internacional, y se extiende a la atención humanitaria.

Además, dota de mayor estabilidad a las entidades que colaboran con el Gobierno en la gestión de la acogida, al establecer un plazo de financiación 2 a 4 años, ampliable por el mismo periodo. Con ello, se afianza el vínculo con las entidades, consolidando un sistema mixto de gestión que favorecerá el intercambio de información y permitirá a las entidades colaboradoras mejorar su planificación de recursos, incluidos los recursos humanos, dotando a su personal de mayor estabilidad.

Este nuevo sistema prevé un anticipo del 50% de la entidad concertada al inicio del acuerdo y la liquidación periódica del resto del importe en función de los costes incurridos. De esta forma, el nuevo sistema de financiación promoverá la eficiencia, el intercambio de información y la evaluación del cumplimiento de objetivos.

Finalmente, el reglamento incrementará la seguridad jurídica del sistema, ya que actualiza y centraliza distintas normas de diferente rango dispersas en nuestro ordenamiento jurídico.

El sistema de acogida del Gobierno español será reforzado con todas estas medidas al reto que supone la llegada de familias procedentes de Ucrania tras la activación de la directiva de protección temporal.

BIOGRAFÍAS

Trabajo y Economía Social

Consejero del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales

D. ALBERTO GONZÁLEZ MENÉNDEZ

Nacido en 1965, en Mieres (Asturias). Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.

Fue becario de la Cátedra Jean Monet de las Comunidades Europeas y cursó el Máster en Alta Dirección de Empresas del Instituto de Dirección y Administración de Empresas (INDAE).

Ha sido técnico economista de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) y asesor económico del Gobierno del Principado de Asturias, adscrito a la Secretaría General de la Presidencia.

Desde febrero de 1997 trabaja como técnico en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). En julio de 1999 fue nombrado secretario general de FADE. Desde 2014 hasta la actualidad es director general.

Ha sido miembro del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, y en la actualidad es vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, del Consejo de Relaciones Laborales del Principado de Asturias, del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, de la Asamblea General de CEOE y del comité ejecutivo y Junta Directiva de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Croacia

D. JUAN GONZÁLEZ-BARBA PERA.

Ingresó en la Carrera Diplomática en 1991. Ha estado destinado en las embajadas en Sudáfrica, Grecia e Israel, donde ocupó la segunda Jefatura, y en la Representación Permanente ante la UE en Bruselas. Fue embajador en Sudán, Sudán del Sur y Eritrea, con sede en Jartum. En la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos: subdirector general de Acción Cultural Exterior; vocal asesor en el Gabinete del secretario general para la UE; director general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo; representante de España en el Grupo Internacional de Apoyo a Siria; y vocal asesor en la Oficina de Análisis y Previsión. Ha sido embajador de España en la República de Turquía y embajador no residente en Georgia y Azerbaiyán. Entre el 4 de febrero de 2020 y el 21 de diciembre de 2021 ha sido secretario de estado para la Unión Europea.

Cultura y Deporte

Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

D. JOAN FRANCESC MARCO CONCHILLO.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la gestión cultural pública, así como la organización de diversos departamentos de cultura en administración.

Ha sido concejal del Ayuntamiento de l´Hospitalet y diputado provincial y pasó a formar parte del gobierno de la Diputación de Barcelona como diputado del Área de Cultura y presidente delegado del Institut del Teatre de Barcelona.

Entre los años 2004 y 2007 fue consejero delegado del Teatre Nacional de Catalunya. En 2008 fue nombrado director general de la Fundación y del Consorcio del Gran Teatre del Liceu.

Desde julio de 2021 ha sido asesor en el gabinete del ministro de Cultura y Deporte. Con anterioridad ya hubo ejercido diversos cargos dentro del INAEM.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Directora General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración

Dª. MIRIAM BENTERRAK AYENSA

Es funcionaria de carrera. Licenciada en Derecho y Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Alcalá.

Desde 2021, viene ejerciendo la Jefatura del Departamento de ONGD en la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ha sido subdirectora general de Programas de Acogida y Atención Humanitaria en 2020 y directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria en 2022, en el MISSM.

Asimismo, ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Igualdad y las distintas Secretarías de Estado de Igualdad. En concreto, ha sido subdirectora General Adjunta de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género.

Entre 1998 y 2009, adscrita a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, desarrollando su actividad laboral en el ámbito de las Iniciativas Comunitarias, siendo responsable del área de lucha contra el racismo y la xenofobia y el Eje de Asilo durante el periodo de programación 2000-2007.

Ha colaborado como docente con diferentes universidades como la Universidad Complutense, la Rey Juan Carlos, la Internacional Menéndez Pelayo, la de Granada o la de Almería; y es autora de varias publicaciones en materia de trata de seres humanos, inmigración y derecho a la libertad religiosa.

En 2020 recibió la Cruz con distintivo blanco de la Guardia Civil por su trabajo en trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Directora General de Gestión del Sistema de Acogida en Materia de Protección Internacional y Temporal

Dª. AMAPOLA BLASCO MARHUENDA

Funcionaria de Carrera. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y con la especialidad de jurídico empresarial y jurídico comunitario.

Ha trabajado en el ámbito de las migraciones y la protección internacional durante más de 15 años.

En el año 2005 puso en marcha el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia y fue su directora hasta el año 2009. Posteriormente ha ocupado puestos de subdirectora general de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria y de Inclusión Social de Personas Inmigrantes.

Ha gestionado fondos europeos en materia de inmigración y asilo y ha coordinado misiones de reasentamiento en refugiados en el Líbano y Turquía. También fue secretaria general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Cantabria.

Ha colaborado como docente con diferentes universidades como la Autónoma de Madrid y la Rey Juan Carlos, así como con el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP).

Ha sido condecorada con la Cruz del Mérito policial y la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.