Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a The International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 1.536.157 yenes japoneses.

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España para la financiación en 2022 del Acuerdo con el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la realización del proyecto "El Mundo del trabajo en tiempos de la pandemia por COVID-19", por un importe de 140.212 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C7, R4). ACUERDO por el que se aprueba la "Hoja de Ruta del Biogás".
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C5, R1; C5, I1; C5, I3 y C17, I7). ACUERDO por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la digitalización del ciclo del agua.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.

Hacienda y Función Pública

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I4). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 97.411.113,41 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Defensa, para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las administraciones públicas, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 4).
• ACUERDO por el que se aprueba una transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda y Función Pública con repercusión en el presupuesto de MUFACE, por importe de 2.665.874,92 euros, para dar cumplimiento al Acuerdo de las Subsecretarías del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de 27 de diciembre de 2020, sobre la redistribución del personal y créditos presupuestarios.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 18.750.047,72 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar daños causados por diversos incendios forestales e inundaciones en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, Madrid, Navarra, La Rioja, Principado de Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Región de Murcia.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género la contratación de servicios de apoyo al diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y para la Inclusión Social de las Personas Trans.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la tramitación de contratos de servicios de asistencia técnica y encargos a medios propios para los ejercicios 2023 a 2025.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al objeto de que el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación O.A., adscrito al Ministerio de Universidades, pueda atender la tramitación de distintos expedientes económicos.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial la convocatoria de subvenciones, por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular, para paliar los daños causados por diversos incendios forestales e inundaciones en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, Madrid, Navarra, La Rioja, Principado de Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Región de Murcia.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 825.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a reavalar las operaciones de préstamo avaladas por ISBA, SGR en 2022 por un importe máximo de 10.000.000 de euros.

Interior

• ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación de servicios, obras y suministros para la conservación, adecuación y explotación de la red troncal de comunicaciones de fibra óptica de los sistemas ITS de la Dirección General de Tráfico, por un valor estimado de 26.854.791,20 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil (SIVE), en los despliegues de Cádiz, Algeciras, Ceuta, Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Baleares, Pontevedra, Tenerife y Unidades Móviles, por importe de 1.497.433,95 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del mantenimiento de los servicios de apoyo a la gestión (lote 15) del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil (SIVE), por importe de 48.293,52 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 20.000 kits de test de prueba rápida COVID-19 Ag, para su uso por el Servicio de Sanidad de la Guardia Civil, por importe de 38.000 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de señalización y telecomunicaciones para la supresión del bloqueo telefónico en la línea Bobadilla - Ronda. Valor estimado del contrato: 25.936.536,18 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia - Almería. Tramo: Totana - Totana. Valor estimado del contrato 178.838.554,74 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la estructura situada en la carretera N-2A, en el punto kilométrico 326,200 sobre el río Gállego, término municipal de Zaragoza, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 1.827.404,79 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de muro y de socavaciones en la margen izquierda de la autovía A-44 en los puntos kilométricos 67+800, 69+750 y 70+600; término municipal de Campillo de Arenas, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Jaén, por importe de 687.322,25 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños extraordinarios producidos con motivo de la tormenta del día 22 de octubre de 2021 en varios tramos de carreteras de la provincia de Almería, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 305.009,79 euros.
• ACUERDO complementario n.º 2 por el que se modifican las obligaciones de servicio público contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2017, por el que se establecen las obligaciones de servicio público correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de viajeros competencia de la Administración General del Estado en la Red Ferroviaria de Interés General.

Educación y Formación Profesional

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C20, R1). REAL DECRETO por el que se establece el Curso de Especialización en Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a internet (IoT) y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de Especialización en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Industria, Comercio y Turismo

• REAL DECRETO por el que se modifican diversas normas reglamentarias para ampliar la designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, depositarios de patrones nacionales de medida.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro Español de Metrología a pagar la aportación a la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET) correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 11.760 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro Español de Metrología a pagar la aportación a la Confederación Internacional de Medida (IMEKO) correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 900 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro Español de Metrología a pagar la aportación a la Organización para la Cooperación Europea en Metrología Legal (WELMEC) correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 5.600 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• ACUERDO por el que se toma razón de la actuación de emergencia para las actuaciones sanitarias necesarias a realizar ante la declaración de focos de Influenza Aviar por un importe máximo de 327.878,42 euros, IVA incluido.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO-LEY por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.
• REAL DECRETO sobre las garantías financieras en materia de residuos.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.
• ACUERDO por el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión al primer conjunto de instalaciones que solicitan asignación como nuevos entrantes del período 2021-2025 y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Política Territorial

• REAL DECRETO por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja de 6 de abril de 2021.

Cultura y Deporte

• REAL DECRETO por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven.

Sanidad

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española para la prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida.

Ciencia e Innovación

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C17, I1; C17, I3; C17, I5 y C17, I9). ACUERDO por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica el Proyecto para el Sector Aeroespacial.

Igualdad

• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Ministerio de Igualdad a la Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET) correspondiente a 2021, por importe de 1.500 euros.
  

ACUERDOS DE PERSONAL

Sanidad

• REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Ordenación Profesional a Dª. CELIA GÓMEZ GONZÁLEZ.
  

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ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR ARTÍSTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

La Comisión Interministerial para el Estatuto del Artista, desde el mes de septiembre de 2021, está desarrollando trabajos que permiten trasladar a la norma las recomendaciones aprobadas por unanimidad en el pleno del Congreso de los Diputados el 6 de septiembre de 2018 y que están recogidas en el informe de la Subcomisión para la elaboración del estatuto del artista.

Las medidas que hoy se han aprobado suponen un primer avance dentro del conjunto de reformas que se integrarán en el conjunto.

El real decreto-ley moderniza y amplía el concepto de actividad artística haciendo referencia a las "actividades culturales en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales", con lo que elimina el concepto desfasado de "artistas en espectáculos públicos".

Redefinición y protección de la actividad profesional artística

Se amplía la definición de espectáculo público que engloba actividades profesionales relacionadas que no implican, necesariamente, actuar encima de un escenario. La norma aprobada se adapta a la nueva realidad productiva al incorporar al personal técnico y auxiliar que no pertenezca a la estructura fija de las empresas del sector.

De esta manera, la nueva definición de la actividad cultural objeto de la relación laboral especial permite adecuarla a las nuevas realidades culturales, los nuevos formatos y canales de difusión y, en general, nuevas formas y manifestaciones culturales.

También se adapta la legislación a la producción de expresiones artísticas en el entorno web y las nuevas fórmulas de difusión más allá del lugar de actuación y del territorio nacional como puede ser, por ejemplo, el streaming, la difusión online o el podcast.

Actividades técnicas y auxiliares

Se incorporan al real decreto-ley aprobado a la relación laboral especial las actividades técnicas y auxiliares, reconociendo los derechos de un colectivo que se ha demostrado particularmente vulnerable durante la pandemia y especialmente afectado por la contratación fraudulenta como falsos autónomos.

Nuevo contrato laboral artístico

Se crea un nuevo régimen de contratación con una modalidad específica, el contrato laboral artístico. Se trata de un contrato que atiende a las necesidades específicas de un sector, el artístico, que se caracteriza por la intermitencia de su actividad.

La nueva norma también combate la precariedad y la concatenación de contratos de temporada e impulsa su transformación en indefinidos o de tipo fijo discontinuo adaptados a la realidad de la actividad profesional que se desempeñe.

En consonancia con la reforma laboral, se impone la exigencia de acreditar la causa que justifica la contratación y de la duración temporal del contrato, cuyo incumplimiento implica la consideración de contrato indefinido.

Como garantía adicional se prevé expresamente la aplicación de las reglas contra el encadenamiento prolongado de contratos previstas en el artículo quince 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Nuevas indemnizaciones

Se mejora el régimen indemnizatorio de estos contratos. La cuantía se unifica a 12 días para todos los colectivos. Esta cuantía se incrementa a 20 días cuando la duración del contrato exceda de 18 meses.

Las nuevas cuantías desincentivan el uso prologado de la contratación temporal.

Seguridad Social

En el ámbito de la Seguridad Social, en el real decreto-ley se establece que los profesionales de la cultura quedarán exentos del desincentivo incluido en la reforma laboral para los contratos que duran menos de 30 días, debido a la especial naturaleza de las actividades artística, técnicas y auxiliares en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la música, cuyo carácter es más intermitente.

Además, dentro de los compromisos que se establecen en el futuro estatuto del artista y en respuesta a las particularidades del sector, cuyos trabajos están caracterizados por una gran imprevisibilidad y por una corta duración en muchos casos, se contempla una cotización reducida para los autónomos con ingresos bajos del sector artístico.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA EN EL HORIZONTE 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026. Especialmente diseñado para desplegar nuevas instalaciones renovables en las zonas con mejores recursos y menor impacto ambiental, su ejecución permitirá que la generación renovable crezca hasta el 67% del total (en 2021 llegó al 46%), reduciendo la generación con gas y rebajando la factura energética del país. Ligada a una inversión de 6.964 millones de euros, creará cerca de 80.000 empleos y permitirá un ahorro en costes energéticos superior a los 1.600 millones anuales.

La planificación eléctrica, de carácter vinculante, se deriva del escenario indicativo definido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Por primera vez no tiene su principal motivación en atender al crecimiento de la demanda, sino en potenciar la producción renovable y en maximizar el uso de la red existente, gracias a nuevas tecnologías como baterías o compensadores síncronos. También por primera vez se ha sometido a un intenso proceso de participación pública, más allá de los requisitos legales preceptivos, en el que se han recibido más de 3.200 alegaciones.

La planificación contempla una inversión de 5.704 millones para actuaciones de refuerzo de la red de transporte nacional, mientras que otros 1.260 millones recalarán en interconexiones internacionales con Francia, Marruecos, Portugal y Andorra. Durante los próximos años se mejorarán 8.000 kilómetros de redes existentes y se construirán 2.700 kilómetros de nuevas líneas y 700 kilómetros de interconexiones submarinas.

La mayor partida inversora, el 27% del total, con casi 1.900 millones, se destinará a la integración de renovables y a mitigar las restricciones técnicas que impedirían el aprovechamiento de renovables. Le siguen los enlaces submarinos para sistemas no peninsulares, con casi 1.500 millones, las interconexiones internacionales, y las actuaciones para garantizar la seguridad, calidad y fiabilidad del suministro.

INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN POR MOTIVACIÓN (MILLONES DE EUROS)

Cada una de las actuaciones planificadas cuenta con indicadores cualitativos y cuantitativos que han permitido identificar prioridades y realizar detallados análisis de coste/beneficio en términos socioeconómicos y ambientales. En conjunto, la planificación permitirá un ahorro de costes al sistema eléctrico superior a los 1.600 millones anuales.

Industria Nacional y más de 78.000 empleos

La inversión, centrada en infraestructuras con una media de 40 años de vida útil, impulsará los sectores asociados a la fabricación, ingeniería, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Se estima que un 80% la recibirán bienes y servicios españoles, de modo que aumentará el PIB en más de 4.600 millones y creará más de 78.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Adicionalmente, permitirá el desarrollo de actividades tan relevantes como el transporte por ferrocarril, los centros de datos o los primeros centros de producción de hidrógeno renovable.

La planificación ha incorporado la dimensión ambiental desde que comenzó a elaborarse hace tres años y su evaluación ambiental estratégica ha avanzado de un modo paralelo durante todo el proceso, contando con una intensa participación pública. Además, se ha aplicado una metodología pionera de catalogación para identificar las zonas con menor impacto ambiental y mayores recursos renovables. Así, tras un exhaustivo análisis de alternativas, se ha logrado una síntesis óptima que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico hasta los 17 millones de toneladas en 2026, un tercio del nivel de 2019.

La normativa prevé la posibilidad de introducir adaptaciones técnicas o modificar la planificación por cuestiones de eficiencia económica, despliegue de instalaciones críticas para la transición energética o garantía de suministro. En todo caso, el año que viene se lanzará un nuevo proceso de planificación 2024-2029, con vistas a incorporar nuevos desarrollos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como los vinculados a la eólica marina o el almacenamiento, así como enlaces adicionales entre islas y dos nuevas interconexiones con Francia por la zona central de los Pirineos.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

HOJA DE RUTA DEL BIOGÁS

El Consejo de Ministros ha aprobado la hoja de ruta del biogás que identifica los retos y oportunidades del desarrollo de este gas de origen renovable y plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh.

Enfocada en la valorización de residuos (agropecuarios, industrias agroalimentarias, municipales y lodos de depuradora), impulsará el aprovechamiento del biogás por dos grandes vías: la producción de electricidad y calor útil,sobre todo para la industria, y su utilización como biocombustible sostenible en movilidad. Se encuentra en tramitación una orden ministerial con las bases reguladoras para repartir ayudas por 150 millones de euros.

Este desarrollo del biogás, particularmente importante en el actual contexto europeo, permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. También servirá para reducir la dependencia energética y reforzar la economía circular y fijará población rural gracias al crecimiento de su amplia cadena de valor empresarial.

El uso en el transporte facilitará cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 de alcanzar una cuota de energía renovable del 28% en 2030, así como los hitos europeos de penetración de biocarburantes avanzados, que deberán llegar al 3,5% del total ese mismo año.

Garantías de origen y objetivos de venta y consumo

Para dinamizar el mercado del biogás, la hoja de ruta contempla 45 medidas concretas en cinco ejes de actuación:

1.Instrumentos regulatorios. Se establece la creación de un sistema de garantías de origen, similar al de la electricidad renovable, para que los consumidores puedan distinguir el biogás del gas fósil convencional, poniendo en valor su origen renovable. Un real decreto en tramitación contempla ese sistema. También incluye la agilización y homogeneización de los procedimientos administrativos y la mejora de la normativa sobre residuos para facilitar la obtención del gas renovable y el uso posterior del digerido resultante tras el proceso anaeróbico, principalmente como fertilizante.

2.Instrumentos sectoriales. Destaca la posibilidad de establecer objetivos anuales de penetración en la venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento. Además, se propone fomentar su producción en zonas con abundante materia prima donde haya explotaciones ganaderas, industria agroalimentaria o plantas de tratamiento de residuos, junto con medidas para promover el consumo in situ, en flotas de vehículos, en usos térmicos, en la producción de hidrógeno, y la sustitución en general del gas de origen fósil, siempre que sea económicamente viable.

3.Instrumentos económicos. Se destinan líneas de ayuda existentes para financiar la innovación y el desarrollo tecnológico del biogás y se aprovecha el impulso que puede proporcionar al sector el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye ayudas al biogás.

4.Instrumentos transversales. Buscan priorizar los proyectos de biogás en zonas de transición justa, introducirlo en pliegos de contratos públicos, divulgar sus ventajas, crear comunidades energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación.

5.Impulso de la I+D+i. Mediante el fomento a la investigación para reducir las emisiones de gases contaminantes, el impulso a proyectos de demostración de la utlización de biogás en la industria y la promoción de la innovación en tecnologías menos maduras, entre otros.

El biogás, una prioridad estratégica

El despliegue del biogás es una de las medidas recogidas en el PNIEC. Además, se incluye en el PRTR, dotado de los fondos europeos Next Generation, y forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).

En concreto, dentro de la componente 7 del PRTR para el 'Despliegue e integración de energías renovables', se van a lanzar próximamente las primeras ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás que contribuyan a descarbonizar distintos sectores de la economía. Estas instalaciones podrán ser de digestión anaerobia, para la producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración, o producción de biometano o instalaciones para tratamiento del digerido. Está previsto destinar un presupuesto de 150 millones para el impulso del biogás. El proyecto de orden por el que se regulan las bases de estas ayudas se encuentra actualmente en fase de tramitación.

Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y contribuyen a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables propuestos para España en el año 2030. Asimismo, el despliegue del biogás presenta numerosos beneficios medioambientales y permite crear sinergias con las industrias locales mediante su uso en localizaciones cercanas a su producción.

Este carácter estratégico se ha visto reforzado por la coyuntura internacional, el conflicto en Ucrania y la escalada de precios del gas de origen fósil, tal y como demuestra la reciente Comunicación de la Comisión «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible», que contempla incrementar la ambición de los objetivos del paquete «Fit for 55» para los gases renovables producidos a partir de fuentes de biomasa sostenibles, en particular los desechos y residuos agrícolas.

Por ello, la hoja de ruta del biogás contribuye a conseguir objetivos planteados en políticas transversales del Gobierno de España, como el desarrollo de la economía circular, el reto demográfico y la transición energética justa e inclusiva.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

MEJORA DE LAS GARANTÍAS FINANCIERAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto sobre garantías financieras en la gestión de residuos. La nueva norma define los criterios exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta aspectos como el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones, su plazo de vigencia y todas las cuestiones necesarias para que los agentes implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir con mayor facilidad sus responsabilidades y obligaciones.

De este modo, el real decreto facilita a los operadores de residuos la constitución de instrumentos financieros, como los seguros de daños a terceros, que ayudarán a las personas o empresas que puedan verse afectadas como consecuencia de la actividad de las instalaciones de tratamiento de residuos, a resarcirse por los daños o pérdidas que puedan sufrir en sus bienes. Ello permitirá reducir la litigiosidad y facilitará la resolución de eventuales conflictos que puedan surgir entre los gestores de residuos y las personas afectadas por daños causados por su actividad.

Al mismo tiempo, posibilita que las autoridades competentes dispongan de mayores facilidades para obtener la compensación económica que corresponda, en el caso de incumplimiento de las responsabilidades exigibles a los gestores y productores de residuos, no teniendo que recurrir al presupuesto público para hacer frente a los mismos.

Criterios comunes en todo el territorio

Hasta ahora, cada comunidad autónoma contaba con criterios diferentes a la hora de determinar cómo se constituían las garantías financieras, qué instrumentos financieros se podían usar y los criterios a tener en cuenta para calcular la cuantía de las garantías financieras a constituir por las partes afectadas. Con este nuevo real decreto se establecen pautas comunes en todo el territorio nacional y se proporciona más seguridad a los operadores de residuos, lo que tendrá un efecto positivo sobre la competitividad del sector.

Este real decreto no viene a crear nuevas obligaciones ni a establecer cargas administrativas suplementarias, sino que facilita que los productores, gestores de residuos y otras figuras como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que ya estuvieran obligados por la ley de residuos y otras normas en vigor, puedan cumplir con sus obligaciones y atender a sus responsabilidades sin poner en riesgo la viabilidad económica de sus empresas.

Este real decreto se corresponde también con lo previsto en la futura ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se encuentra actualmente tramitación parlamentaria, ya que la futura ley prevé para las garantías financieras un régimen análogo al de la normativa vigente.

Adaptación de la clasificación para paneles fotovoltaicos

Por otro lado, esta norma adapta la clasificación de los paneles fotovoltaicos que contienen teluro de cadmio. La clasificación actual según la legislación vigente solo permitía catalogarlos como residuos peligrosos. Sin embargo, y dado que esta sustancia está presente en algunos modelos en poca cantidad, esos paneles pueden ser residuos no peligrosos conforme los resultados de la evaluación de la peligrosidad de acuerdo con lo que establece la normativa de residuos. Por ello se hace necesario adaptar la normativa y contemplar ambas posibilidades, es decir, su clasificación como residuo peligroso y no peligroso para así, en ambos casos, destinarse a los tratamientos adecuados a sus características.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, una herramienta para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en nuestro país, tanto en el ciclo urbano como en el regadío y la industria.

Este proyecto impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que permitirá mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

El PERTE para digitalizar el ciclo del agua, tercero de los impulsados en el área de transición ecológica tras el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) y el PERTE de Economía Circular presentado a comienzos de marzo, movilizará en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas y activará la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua.

El proyecto se aprueba en un momento crucial para el sector, que lleva años trabajando para mejorar la gestión y gobernanza de un recurso cada vez más escaso. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico. El último informe del IPCC señala que, de forma cada vez más evidente, el agua y el cambio climático están intrínsecamente vinculados. En los próximos años se prevén disminuciones de hasta el 25% del recurso en todo el país y del 40% en el sureste peninsular para finales de siglo.

Las mayores variaciones atmosféricas y climatológicas causadas por el cambio climático supondrán una mayor incertidumbre en la disponibilidad del recurso, por lo que conocer con exactitud las reservas, suministros, consumos actuales y demandas futuras resulta necesario para garantizar nuestra seguridad hídrica. En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías para conseguir una información precisa y actualizada en sectores como el ciclo urbano del agua, el regadío y la industria nos permitirán tener una mejor capacidad de control y gestión del recurso.

Impulso en sectores estratégicos

La línea de actuación más potente de este PERTE desarrollará programas de ayudas para el impulso a la digitalización de los distintos usuarios del agua. El principal objetivo de estas subvenciones es avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.

Para ello, a lo largo de 2022 y en 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas para administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. Esta línea de actuación cuenta con una inversión directa de 1.700 millones de euros, que arrastrará una movilización adicional de 1.120 millones de colaboración público-privada.

Nuevas tecnologías en el ciclo urbano e industrial

En España aproximadamente el 80,5% del agua utilizada se destina al regadío y los usos agrarios, seguido del abastecimiento del ciclo urbano, que representa alrededor del 15,5%. El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua presta especial atención al sistema urbano del agua y supone una gran oportunidad para mejorar la integración de nuevas tecnologías a lo largo de todo el ciclo, desde su captación, potabilización, distribución, telelectura, saneamiento, depuración, reutilización y su vuelta a la naturaleza.

El ciclo urbano del agua factura una media de 7.600 millones de euros anuales, aunque aproximadamente el 23% del agua potable ya tratada se pierde a través de redes de distribución. Reducir estas pérdidas en un 10%, como plantea la Agenda 2030, supondrá el ahorro de un volumen de agua significativo y un aumento en la facturación del orden de 700 millones de euros adicionales al año.

Este PERTE plantea dos convocatorias de ayudas, con un total de 1.200 millones de inversión, para que las ciudades o agrupaciones de municipios de más de 20.000 habitantes puedan aumentar la implantación, entre otros, de sistemas de medición como contadores inteligentes, sistemas de comunicación y plataformas de big data para analizar toda la información recogida. Esto permitirá a los ciudadanos y a las administraciones tener un mayor control sobre el agua urbana y facilitará la detección de pérdidas o fugas en las redes de captación y distribución, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos que marca la agenda internacional.

También serán importantes los avances en sensorización, monitorización y telemando de las infraestructuras de saneamiento, que mejorarán la depuración de las aguas y permitirán una mayor reutilización del recurso, cerrando el círculo.

Por su parte, el sector industrial en nuestro país se beneficiará de otra subvención de 100 millones de euros para financiar programas de digitalización con el doble objetivo de reducir insumos y mejorar la gestión de los vertidos.

Digitalización de regadíos

Por su parte, el regadío es uno de los pilares del desarrollo rural, el equilibrio territorial y la seguridad alimentaria en nuestro país. La superficie regada en España supone un 22,6% de la superficie cultivada, pero contribuye en un 65% a la producción final vegetal, además de suponer más del 3% del PIB y emplear al 4% de la población ocupada. Sin embargo, su potencial productivo tiene como contrapartida el uso de un importante volumen de agua.

Por eso, la digitalización en el regadío es esencial para mejorar la eficiencia de este recurso. Entre otras medidas, estas ayudas irán destinadas a aumentar la implantación de contadores en las tomas de agua y en parcelas, mejorar los sitemas de control de la humedad y conductividad del suelo, aumentar la medición de los aportes de fertilizantes y automatizar los sistemas de riego.

Los beneficiarios de las subvenciones, que ascienden en total a 200 millones de euros, deberán suministrar la información que obtengan a través de estas tecnologías y servirán de ejemplo para el resto de los programas de digitalización que se materialicen posteriormente.

De esta forma, este proyecto complementa al PERTE Agroalimentario aprobado en Consejo de Ministros el 8 de febrero de 2022, que tenía como objetivo incrementar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario ante los retos del cambio climático y la conservación ambiental.

Nuevas tecnologías y administración pública

Contar con una administración hídrica robusta y digital es fundamental para abordar los retos que presentan los nuevos escenarios climáticos en materia de agua. Con el fin de fortalecer este sector, el PERTE plantea una inversión de 225 millones de euros para modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica.

Más allá de facilitar la digitalización de los trámites administrativos, el proyecto servirá para reforzar los programas de seguimiento y control de los vertidos mediante sistemas de monitorización en tiempo real. Por otra parte, el PERTE acelerará la implantación de herramientas digitales como el Registro de Aguas electrónico y de la Base Central del Agua, y plantea la elaboración del Libro Digital del Agua y el Registro digital de seguridad de presas, embalses y balsas, todo ello para facilitar el acceso a esta información.

En relación con la gestión de los datos hidrológicos, el control de usos del agua y el cumplimento de los caudales ecológicos, el PERTE potenciará la tecnología de las redes de información hidrológica, fundamentalmente los sistemas automáticos de información hidrológica existentes.

Adaptación del marco normativo

La transición digital del sector del agua debe basarse en un marco normativo que acompañe a todos estos cambios. Para ello, el PERTE contempla, entre otras medidas, una modificación de la Ley de Aguas que incluya los avances en digitalización y una actualización del Reglamento de Dominio Público Hidráulico que apueste por la teledetección en el control de los usos del agua y marque las condiciones tecnológicas para los nuevos aprovechamientos.

Además, se creará el Observatorio de la Gestión del Agua en España, una herramienta de gobernanza que permitirá mantener toda la infraestructura digital que se va a implantar y dará cobijo a la publicación de una plataforma web para aumentar la transparencia en el sector. De esta forma, aquellos concesionarios que remitan información periódica a la plataforma y que realicen una gestión del agua ejemplar serán galardonados con una distinción positiva a través de un nuevo sello para los usuarios del agua, equivalente, por ejemplo, a los actuales sellos de productos ecológicos.

Formación

Esta transformación no puede dejar a nadie atrás. El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua recoge una última línea de actuación que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de capacidades y competencias de todos los sectores y partes interesadas en la gestión del agua en España para asegurar una correcta implantación, uso y mantenimiento de todas estas tecnologías.

En este sentido, el PERTE incluye la elaboración de guías técnicas, recomendaciones y materiales divulgativos sobre el proceso de digitalización, programas de innovación y de formación para el personal implicado la gestión del agua y la puesta en marcha de proyectos concretos de I+D+i.

Clave en la recuperación

La digitalización será clave para hacer frente al futuro hídrico en España, aportando resiliencia al sector y favoreciendo nuevos nichos de empleo. Este proyecto prevé la creación de alrededor de 3.500 nuevos puestos de trabajo, destacando los profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones.

De esta manera, el Gobierno avanza en el cumplimiento de los hitos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en busca de la modernización y transformación verde de nuestra economía, priorizando la transición ecológica y digital del país y la creación de empleo de calidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROTOCOLO DE LUXEMBURGO SOBRE MATERIAL FERROVIARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.

El Convenio de Ciudad del Cabo, relativo a las garantías internacionales sobre elementos del equipo móvil, fue adoptado en 2001 como Convención de Ciudad del Cabo y establece un régimen internacional para la creación, implementación y registro de garantías internacionales en categorías de equipos móviles de alto valor o particular importancia económica. Es uno de los tratados de derecho comercial internacional más importantes desde el punto de vista económico

El objetivo general del convenio es facilitar la financiación y el arrendamiento eficientes de equipos móviles reduciendo los riesgos para los financiadores. Para ello, establece normas internacionales uniformes para la creación, ejecución, registro y prioridad de garantías reales en determinadas categorías de equipos móviles, de alto valor y de identificación única.

El convenio se aplica a categorías específicas de equipos móviles a través de cuatro protocolos: el Protocolo sobre los elementos de equipo aeronáutico, adoptado en 2001, es el más ampliamente ratificado, con gran éxito en la reducción del costo de la financiación de aeronaves en todo el mundo; el Protocolo ferroviario, de 2007; el Protocolo espacial, de 2012, y el Protocolo sobre elementos de equipo para la minería, la agricultura y la construcción (Protocolo MAC) de 2019.

España ya es parte del Convenio de Ciudad del Cabo y del Protocolo aeronáutico, que son aplicables a las ventas y a los derechos de garantía constituidos tanto a nivel nacional como internacional sobre equipos aeronáuticos en los que o el vendedor o el deudor tengan su centro principal de intereses en España o en los que la aeronave se encuentre registrada en España.

En 2007 se adoptó el Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, que crea un marco legal internacional para reconocer y regular las garantías de los prestamistas, arrendadores y vendedores que vendan bajo contratos de venta sujetos a condición, en los que cada uno de ellos se encuentra garantizado por material rodante ferroviario.

Este protocolo se aplica a todo el material rodante (desde trenes de alta velocidad hasta tranvías) y creará para los acreedores un sistema internacional de reconocimiento y de prioridades respecto a las garantías. Dicho sistema se implementará a través de un registro mundial al que se podrá acceder a través de internet las 24 horas diarias. El registro creará, por primera vez, unos identificadores globales únicos para el material rodante, y permitirá a los financiadores inscribir sus intereses, así como facilitar a los posibles acreedores y compradores comprobar cualquier reclamación ajena respecto a los materiales que han sido financiados.

También creará un sistema común para la recuperación de activos en caso de incumplimiento o insolvencia del deudor, sujeto al interés público y será particularmente útil en relación con los materiales que traspasen fronteras, evitando las dificultades actuales de garantías creadas al impugnarse ante los tribunales de una jurisdicción distinta respecto a donde se encuentra el activo. Al mismo tiempo, ayudará en la financiación local.

En diciembre de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, en nombre de la UE, la Decisión relativa a la aprobación del Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil.

El protocolo afecta a competencias exclusivas de la Unión en materia de Política de Transportes. Así, la UE es parte del Convenio de Ciudad del Cabo y firmó y depositó el instrumento de aprobación del referido protocolo, aunque haciendo una declaración relativa a las materias de su competencia, como ocurre en el caso de las reglas sobre competencia judicial internacional y sobre determinación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales y a los procedimientos de insolvencia, al estar ya reguladas tales materias por normativa europea.

Hasta la fecha, los Estados que han ratificado o se han adherido al protocolo ferroviario son Gabón, Luxemburgo, Suecia y la Unión Europea. Otros países que han firmado el Protocolo de Luxemburgo son Francia (2017), Alemania (2012), Italia (2007), Mozambique (2016), Suiza (2007) y Reino Unido (2016). Por su parte, han formulado declaraciones al protocolo España, Alemania, Italia, Suecia y la Unión Europea.

Desde el 21 de enero de 2021, el protocolo solo necesita para entrar en vigor una ratificación/adhesión adicional, junto con la emisión de un certificado, por parte de la Autoridad Supervisora, que confirme que el registro internacional está en pleno funcionamiento.

La firma del protocolo tuvo lugar en Roma, el 10 de noviembre de 2021, en la sede del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, por el embajador de España en Italia, en representación del Reino de España, previa autorización del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021.

Por su parte, el Consejo de Estado, en su dictamen de 3 de febrero de 2022, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente acuerdo requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que incide directamente sobre materias reguladas por ley en nuestro ordenamiento jurídico, tales como la contratación y la constitución de garantías que afectan al Código Civil, al Código de Comercio y leyes civiles y mercantiles en materia de garantías.

Contenido

El texto del Protocolo de Luxemburgo consta de un preámbulo y 34 artículos estructurados en 6 capítulos.

El capítulo I se refiere a su ámbito de aplicación y a las disposiciones generales e incluye las definiciones de los términos empleados en el protocolo, la aplicación del convenio respecto al material rodante, la no aplicación de sus disposiciones, los poderes de los representantes, la identificación del material rodante ferroviario en el contrato y la elección de la ley aplicable.

El capítulo II establece las medidas ante el incumplimiento de las obligaciones, prioridades y cesiones. Contiene la modificación de las disposiciones relativas al incumplimiento de las obligaciones, la modificación de las disposiciones relativas a las medidas provisionales pendientes de decisión definitiva, medidas en caso de insolvencia, asistencia en caso de asistencia y disposiciones relativas al deudor.

El capítulo III regula las disposiciones relativas al sistema de inscripción de garantías internacionales sobre material rodante ferroviario. Engloba los artículos referidos a la autoridad supervisora y registrador, puntos de entrada designados, identificación del material rodante ferroviario a efectos de registro, modificaciones adicionales de las disposiciones relativas al registro, tasas de registro internacional, y avisos de venta.

El capítulo IV contiene únicamente un artículo dedicado a la jurisdicción que se refiere a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción.

El capítulo V se ocupa de las relaciones del Convenio de Ciudad del Cabo con otros convenios. Este convenio prevalecerá, en caso de divergencia, sobre la Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1998, y sobre el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980 en la versión del protocolo de modificación de 3 de junio de 1999.

El capítulo VI recoge las disposiciones finales relativas a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; las organizaciones regionales de integración económica que pueden llegar a ser parte del protocolo; las previsiones para su entrada en vigor; su aplicación a las unidades territoriales que forman parte de algunos Estados; las declaraciones referidas al material rodante ferroviario para el servicio público; las disposiciones transitorias; las declaraciones relativas a determinadas disposiciones del protocolo; las reservas y declaraciones en relación al protocolo y la posibilidad de su retirada posterior; las declaraciones en virtud del convenio, que también se han hecho en virtud del presente protocolo, salvo que se manifieste lo contrario; las declaraciones ulteriores que un Estado parte podrá formular; el procedimiento de retiro de declaraciones; el procedimiento para la denuncia, revisión o enmienda del protocolo, y la designación y funciones del depositario, que recaen en UNIDROIT.

La entrada en vigor para España se producirá el primer día del mes siguiente al último día de la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de depósito del instrumento de ratificación, de acuerdo con lo previsto en su artículo XXIII.2, siempre que se haya depositado el certificado que confirme que el Registro internacional está plenamente operativo. Su ratificación no conlleva incremento del gasto público de ningún tipo, ni costes de personal adicionales.

España ha formulado cinco Declaraciones al Protocolo:

•Por parte de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el fin de salvaguardar la prestación de los servicios de transporte de viajeros con obligaciones de servicio público, considera procedente efectuar una declaración conforme a lo dispuesto en el artículo XXV del protocolo.

•Asimismo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia considera que España debe ratificar el protocolo ferroviario, de la misma manera que ratificó el Convenio de Ciudad del Cabo y su protocolo aeronáutico. Según este Ministerio, se deberían formular las declaraciones previstas en los artículos XIII y XIV del protocolo, así como la prevista en el artículo 60 del convenio, en su nueva redacción dada por el artículo XXVI del protocolo.

•Finalmente, la Oficina de Asuntos de Gibraltar del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación considera oportuna la formulación de una declaración sobre el artículo XXIV (relativo a Unidades Territoriales) del protocolo ferroviario, con texto idéntico al de las declaraciones formuladas en sendos instrumentos de adhesión al convenio y al protocolo aeronáutico. Opinión que comparte la Asesoría Jurídica Internacional con objeto se salvaguardar la posición de España sobre Gibraltar, su estatuto internacional como colonia y el carácter local de sus autoridades.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA SERVICIOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para posibilitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la tramitación de contratos de servicios de asistencia técnica y encargos a medios propios para los ejercicios 2023 a 2025.

Los recursos humanos con los que cuenta en la actualidad la AEMPS resultan insuficientes para la ejecución de todas las tareas y competencias que tiene asignadas, por lo que es preciso disponer de un capital humano externo con un elevado nivel de cualificación y competencia profesional, así como experiencia en materias muy específicas. Esta situación deriva en la necesidad de contar con asistencia técnica a través de una serie de contratos de servicios y encargos a medios propios.

El estatuto de la AEMPS, aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, establece en su artículo 6 que "el objeto de la Agencia es el de garantizar que tanto los medicamentos de uso humano como los de uso veterinario y los productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene personal cumplan con estrictos criterios de calidad, seguridad, eficacia y correcta información con arreglo a la normativa vigente sobre dichas materias en el ámbito estatal y de la Unión Europea". Por otra parte, en el artículo 7 se detallan las competencias que le corresponden.

Además, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, según lo dispuesto en su artículo 8, el concepto 'Estudios y Trabajos técnicos' tendrá la consideración de vinculante, lo que supone la necesidad de dotarla de crédito suficiente y de manera específica, ya que el correcto ejercicio de las competencias y funciones de la Agencia precisa del apoyo de técnicos externos y no hace posible realizar compensaciones con otros conceptos del presupuesto de gastos de la entidad.

Por tanto, la situación de los compromisos plurianuales para los años 2023, 2024 y 2025, en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos' es la siguiente:

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN AL PAÍS VASCO A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma del País Vasco a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo, por un importe máximo de 825 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por el citado importe que se destinarán, de acuerdo con la solicitud, a atender necesidades transitorias de tesorería, mediante la renovación de pólizas de crédito con vencimiento en este año.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hacienda y Función Pública

ACUERDOS PARA FINANCIAR LOS DAÑOS POR INCENDIOS E INUNDACIONES EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 18.750.047,72 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar daños causados por diversos incendios forestales e inundaciones en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Madrid, Navarra, La Rioja, Principado de Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Región de Murcia.

Tales subvenciones estaban previstas en los acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, 21 de septiembre de 2021 y 17 de diciembre de 2021, para paliar los daños causados por incendios e inundaciones. El apartado cuarto de esos acuerdos establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada: "a los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere el apartado primero que ejecuten los ayuntamientos, cabildos y consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria de los consejos y cabildos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, se les aplicará la tramitación de urgencia y se les podrá conceder una subvención de hasta el 50% de su coste, excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal".

Para dar cumplimiento a este gasto, el Consejo de Ministros autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario que se imputa a la aplicación presupuestaria de nueva creación 'Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular, ACM de 24.08.2021, ACM de 21.09.2021 y ACM de 17.12.2021', por un importe total de 18.750.047,72 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Para hacer frente a estas mismas emergencias, el Consejo de Ministros también ha aprobado un expediente de elevación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los siguientes términos:

Con esta ampliación se cubre la subvención máxima estimativa de 50.772.960,6 millones de euros en que se calculan las necesidades. Está previsto que la convocatoria de ayudas se produzca en el primer trimestre de 2022, mientras que la resolución de asignación de subvenciones y el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en el segundo semestre del año, prolongándose esta última fase en los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS LGTBI

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género la contratación de servicios de apoyo al diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y para la Inclusión Social de las Personas Trans.

De conformidad con lo indicado en la memoria justificativa, el Consejo de Ministros aprobó el 11 de octubre de 2021 un expediente de elevación de límites de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar la contratación del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, que abarcaba las anualidades 2022, 2023 y 2024, resultando en los siguientes límites de gasto.

Adicionalmente, se está tramitando un expediente de contratación de servicios para apoyo del diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y para la inclusión social de las personas trans, documento estratégico que guiará la actuación del Gobierno de España para avanzar en la igualdad real y efectiva y en la erradicación de la discriminación, el acoso y la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales hasta el año 2026.

Este contrato, con un importe total de gasto de 285.000 euros, supone un importe a imputar en el presente ejercicio de 57.000 euros, e importes correspondientes a ejercicios futuros con el siguiente detalle:

Estos importes, sumados a las necesidades de gasto ya existentes en la citada aplicación presupuestaria, dan lugar a las siguientes necesidades totales para los próximos ejercicios:

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A BALEARES PARA REAVALAR PRÉSTAMOS

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a otorgar reavales de las operaciones de préstamos avaladas a su vez por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ISBA, en 2022, hasta una cuantía máxima global de 10 millones de euros.

Esta autorización cumple con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta comunidad autónoma ha solicitado con fecha 21 de febrero de 2022 que el Ministerio de Hacienda y Función Pública tramite autorización del Estado para el otorgamiento de reavales a ISBA, SGR, en 2022 por un importe máximo de 10 millones de euros.

Los beneficiarios de estas operaciones de garantía son emprendedores y empresas que realicen su actividad principal en el territorio balear, especialmente pequeñas y medianas empresas.

Esta autorización da continuidad a las que se otorgaron por el Consejo de Ministros en los años 2020 y 2021 con la misma finalidad y beneficiarios. El importe autorizado en 2021 fue también de 10 millones de euros.

Hacienda y Función Pública

INVERSIONES EN DEFENSA PARA LA MODERNIZACIÓN EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 97.411.113,41 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Defensa para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, en concreto del componente 11, inversión 4.

La Secretaría de Estado de Defensa y la Secretaría de Estado de Energía han iniciado expediente de transferencia de crédito. Según se indica en la documentación justificativa que acompaña al expediente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye el Componente 11 'Modernización de las administraciones públicas', en el que se encuadra la Inversión 4, relativa al Plan de transición energética en la Administración General del Estado.

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Secretaría de Estado de Energía) y el Ministerio de Defensa (Secretaría de Estado de Defensa) firmaron un acuerdo interdepartamental a fecha de 16 de septiembre de 2021 en el que se recogen los proyectos aprobados para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del citado plan de transición energética.

La cláusula tercera del mencionado acuerdo establece que para la financiación de las actuaciones conjuntas deberá tramitarse en el ejercicio 2022 una transferencia de crédito por el importe indicado.

El plan de transición energética tiene como objetivo promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.

Hacienda y Función Pública

TRASPASO DE FUNCIONES E INVERSIONES A MUFACE

El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con repercusión en el presupuesto de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE), por importe de 2.665.874,92 euros, tras la redistribución de personal, competencias y funciones que finalmente son adscritas a MUFACE.

Con esta transferencia se da cumplimiento al acuerdo de las subsecretarías del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de 27 de diciembre de 2020, sobre la redistribución del personal y créditos presupuestarios. La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) incoó expediente de transferencia de crédito por el citado importe para dar cumplimiento al citado acuerdo, derivado del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Dicho real decreto procedió a la integración en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la SGAD, hasta entonces localizada en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que, asimismo, le prestaba servicios informáticos a MUFACE y al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Por Acuerdo de 27 de diciembre de 2020 de las subsecretarías de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Política Territorial y Función Pública se asignan al primero los recursos y efectivos procedentes de los servicios comunes del segundo y se adscriben a este y a los Organismos Autónomos antes mencionados los efectivos procedentes de la SGAD para la asunción de las funciones correspondientes.

Con fecha 18 de febrero de 2022 se ha firmado una memoria justificativa del traspaso de créditos del capítulo 2 y 6 del presupuesto de gastos de la SGAD a MUFACE, por importe de 2.665.874,92 euros. El total se distribuirá de la siguiente manera:

-1.701.779,40 euros a la aplicación 15.106.222M.640 'Gastos en inversiones de carácter inmaterial'.

-964.095,52 euros a la aplicación 15.106.222M.227.06 'Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos'.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA FERROVIARIA BOBADILLA-ALGECIRAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para la supresión de bloqueo telefónico en el tramo Bobadilla-Ronda de la línea Bobadilla-Algeciras.

El contrato tiene un valor estimado de 25.936.536,18 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.

El tramo Bobadilla-Ronda, perteneciente a la línea Bobadilla-Algeciras, consta de 70,5 km de vía única sin electrificar y discurre por las provincias de Málaga y Cádiz. El bloqueo telefónico existente en estos momentos en este trayecto será sustituido por un Bloqueo Automática en Vía Única (BAU), que funcionará con Control de Tráfico Centralizado (CTC).

Este sistema está instalado en el resto de la línea ferroviaria que discurre entre Ronda y Algeciras (unos 105,5 km), por lo que estas obras vienen a completar y extender a toda la línea este nuevo sistema, que mejora notablemente la fiabilidad del servicio ferroviario.

Características de la actuación

El resultado de la actuación será la mejora de la fiabilidad de las instalaciones de señalización, mediante la instalación de los nuevos enclavamientos electrónicos de última generación y la sustitución de los actuales bloqueos telefónicos por un Bloqueo Automático en vía Única (BAU) entre las estaciones de Bobadilla y Ronda.

Estas obras implican modificaciones en las instalaciones de señalización, energía y telecomunicaciones de la línea; y suponen un salto cualitativo en la mejora de la fiabilidad de las instalaciones y la calidad del servicio.

Las principales actuaciones a realizar son las siguientes:

Sustitución del enclavamiento eléctrico existente en Bobadilla y de los enclavamientos tipo Bouré existentes en Campillos, Almargen/Cañete La Real y Setenil por nuevos enclavamientos electrónicos.

Dotación de Bloqueo Automático en Vía Única (BAU), en todo el tramo del proyecto, lo que sustituye el actual bloqueo telefónico.

Integración de los nuevos enclavamientos electrónicos en los CTC existentes en Ronda y Córdoba.

Nuevos edificios técnicos para las instalaciones de señalización y telecomunicaciones en las estaciones de Bobadilla, Campillos, Almargen/Cañete La Real, Setenil, así como en los puestos intermedios en Teba, Atalaya y Parchite.

Además, en las estaciones de Bobadilla, Campillos y Almargen/Cañete La Real se construirán gabinetes de circulación.

Estas obras contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Línea Bobadilla-Algeciras

La línea de ancho convencional Bobadilla-Algeciras, de 176,2 km, forma parte de los corredores Atlántico y Mediterráneo definidos en la Red Transeuropea de Transporte. Las actuaciones en marcha en esta infraestructura tienen como fin la mejora y renovación integral de la plataforma y superestructura existentes.

En concreto, persiguen los siguientes objetivos:

-Mayor capacidad y fiabilidad de la infraestructura (de las 28 circulaciones diarias actuales se podría aumentar hasta unas 56).

-Reducción de los tiempos de viaje.

-Posibilidad de circulación durante las 24 horas.

-Incremento en la longitud de las composiciones de mercancías hasta los 750 m.

-Mayor competitividad para los operadores.

-Mayor captación de tráfico ferroviario del puerto de la Bahía de Algeciras, con el consiguiente traspaso modal y una reducción de la congestión de las carreteras.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS DE UNA PLATAFORMA FERROVIARIA EN TOTANA

El Consejo de Ministros ha autorizado a Adif Alta Velocidad (Adif AV) a licitar el contrato para la ejecución de la plataforma ferroviaria del tramo Totana-Totana (Murcia) y de una nueva estación intermodal que sustituirá a la actual.

El contrato de este tramo, correspondiente a la línea Murcia-Almería y que forma parte del Corredor Mediterráneo, cuenta con un valor estimado de 178.838.554,74 euros (sin IVA) y tiene un plazo de ejecución de 30 meses.

Con esta licitación, todos los tramos entre Murcia y Almería se encuentran en obras o en fase de contratación (licitación o adjudicación), a excepción de la integración en el núcleo de Lorca, cuyo proyecto básico se encuentra en fase de redacción.

Esta actuación reafirma el compromiso con la planificación y el desarrollo del Corredor Mediterráneo, con nuevas actuaciones que impulsan y avanzan en la construcción de esta infraestructura estratégica.

Además, contribuye a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como son el número 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, y el 11, que persigue impulsar el transporte accesible y seguro.

Descripción de las obras

Las obras licitadas se realizarán en un tramo de 9,9 km que discurre íntegramente por el término municipal de Totana. En la ejecución de la plataforma está prevista la construcción de una nueva estación intermodal que sustituirá a la actual. El nuevo trazado sitúa la estación de Totana en el punto kilométrico 227/690, a unos 500 m de la estación existente.

La plataforma proyectada corresponde a trazado en vía doble, apta para tráfico mixto (viajeros y mercancías), de acuerdo con el estudio funcional y el diseño previsto y preparada para velocidades máximas de 300 km/h.

El tramo, dada su longitud y su desarrollo por la zona periurbana de la localidad de Totana, conlleva numerosas afecciones a instalaciones de servicios, de abastecimiento, saneamiento y riego.

Entre las actuaciones más destacables figuran las siguientes:

-Construcción de 6 viaductos, que sumarán 3.174 metros de longitud total y entre los que destaca el que salvará la autovía A-7, de 954 metros de largo. Tienen como finalidad permitir la permeabilidad del municipio, salvar infraestructuras existentes y los cruces con diversas ramblas (Rambla de los Arcos, Rambla de Totana, Rambla de La Peras y Rambla de Lébor).

-Además, se incluyen 4 pasos superiores, 2 de ellos para la reposición de sendas vías pecuarias y 2 pasos inferiores.

-Ejecución de los dos andenes laterales de 220 m de longitud, la obra civil de las escaleras y de los huecos para 2 ascensores, así como el paso inferior que comunicará los andenes con el futuro edificio de la estación intermodal.

-Realización de 56 obras de drenaje transversal.

-Reposición de servicios de abastecimiento, conducción y saneamiento, eléctricos y de telefonía, así como viales de servidumbre. El tramo, dada su longitud y su desarrollo por la zona periurbana de la localidad de Totana, conlleva numerosas afecciones a instalaciones de servicios, de abastecimiento, saneamiento y riego.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

BASES PARA EL PRÓXIMO AVANT Y NUEVOS BONOS RECURRENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que modifica las relaciones ferroviarias sometidas a obligación de servicio público, como primer paso para la implementación efectiva de la iniciativa xCuenca, fijando las bases para el próximo AVANT "madrugador" y los nuevos bonos recurrentes.

Supone un importante avance tras la firma, el pasado 9 de marzo, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Adif, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca para el desarrollo de la iniciativa xCuenca,

Esta modificación tiene como objeto establecer la base jurídica necesaria para el próximo establecimiento del nuevo AVANT "madrugador" Albacete-Cuenca-Madrid y la iniciativa pionera que extenderá el uso de los bonos recurrentes a toda la oferta AVE que conecta Cuenca con Madrid y Albacete, lo que se materializará una vez se modifique el contrato entre la Administración General del Estado y Renfe.

Así, la mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete se establecerá mediante diversos instrumentos:

-En primer lugar, un nuevo servicio a primera hora, el llamado "tren madrugador", que llegaría a Madrid en el entorno de las ocho de la mañana, y otro nuevo servicio de vuelta a media tarde. Este nuevo servicio conectaría Cuenca con Albacete y Madrid.

-Además, una nueva iniciativa pionera de mejora de las condiciones para usuarios recurrentes según la cual en todos los servicios AVE que conectan Cuenca capital con Madrid y Albacete se podrán usar todos los títulos de movilidad recurrente existentes actualmente, Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus Estudiantes.

Este nuevo proyecto permitirá aumentar la oferta de conexión de Cuenca y de toda la provincia gracias al nuevo enfoque centrado en el ciudadano que recoge el proyecto xCuenca, de forma exponencial, con un abanico de precios asequibles y dando especial respaldo a los usuarios recurrentes.

El nuevo servicio "madrugador" dispondrá de tarifas en el entorno de los 26 euros por trayecto Cuenca-Madrid, en un ida y vuelta, o de 13 euros en un Cuenca-Albacete, y estará abierto a todo tipo de usuarios, tanto recurrentes como no recurrentes. En el caso de los viajeros recurrentes, estas tarifas se verán mejoradas de forma sensible, llegando a descuentos del 50% para el AbonoPlus, con la circunstancia de que podrían utilizarse en toda la oferta AVE de la Ciudad de Cuenca actual, que dispone en la conexión Madrid-Cuenca-Valencia de 15 servicios diarios, o en los 11 en la conexión Cuenca-Albacete.

Añadido a lo anterior, el acuerdo también permitirá incorporar a este esquema de viajeros recurrentes los itinerarios Cuenca-Toledo y Albacete-Toledo y, en una segunda fase una vez que la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel quede fuera definitivamente de la RFIG, del Cuenca-Valencia.

Iniciativa xCuenca

La iniciativa xCuenca permitirá establecer una nueva oferta de transporte para los ciudadanos de Cuenca, que se extenderá al resto de ciudadanos de la provincia gracias al proyecto integral de movilidad territorial, resultado de la cooperación con el resto de administraciones territoriales implicadas.

El proyecto persigue mejorar la eficiencia del sistema de transportes mediante una reorganización de los servicios del eje Madrid-Cuenca-Valencia. Basándose en la elevada capacidad y en los competitivos tiempos de viaje de la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, se proyecta emplear esta línea como eje troncal de transportes para la conexión de las tres capitales.

Además, se apoya este servicio ferroviario en un sistema de transporte por carretera que daría servicio a las diferentes poblaciones de la línea ferroviaria convencional, utilizando la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel como hub de enlace con los trenes de Alta Velocidad.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif han celebrado con las administraciones territoriales implicadas en este proyecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca, un Protocolo General de Actuación para diseñar una estrategia de movilidad coordinada y cooperativa para la integración del territorio afectado a lo largo del tramo ferroviario de ancho ibérico Aranjuez-Cuenca-Utiel. Asimismo, recoge la voluntad de los firmantes de adecuar la antigua línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel a un uso social distinto.

Mejora en la conectividad de los ciudadanos

Se trata de un proyecto integral que trata de dar la mejor solución de conectividad a los ciudadanos desde un punto de vista intermodal, mejorando sus oportunidades y tiempos de viaje actuales y optimizando tanto el uso de los fondos públicos como de los bienes físicos de la propia línea ferroviaria.

En cuanto a las actuaciones que implican directamente a los ciudadanos de Cuenca, la iniciativa dispone de diversos instrumentos:

La mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete.

La mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, incluyendo su utilización gratuita para los usuarios recurrentes de los servicios AVANT que dispongan del bono correspondiente.

La integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria.

La ejecución de un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, que cuente con un paseo peatonal y un carril para bicicletas.

Todo ello unido a las demás actuaciones previstas que afectan al resto de la provincia, como:

El refuerzo de los servicios regulares y a demanda por carretera en el eje mencionado a través de las medidas de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio.

La implantación de un servicio supramunicipal de transporte por carretera, para la mejora de la conexión entre los pueblos del entorno de Cuenca con la estación de la línea de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel y el centro de la ciudad, actualmente en desarrollo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Mitma.

La adaptación del tramo ferroviario como "vía verde" para su posterior uso por peatones y ciclistas, o cualquier otro uso alternativo que sea decidido en el ámbito territorial, promoviendo la generación de riqueza y la posibilidad de establecer nuevas actividades entorno a la misma.

La puesta en valor, entre otros, de los apeaderos con valores arquitectónicos, culturales y de patrimonio industrial a preservar para favorecer e impulsar la revitalización económica y turística de la zona.

La incorporación de la traza ferroviaria al entramado urbano en los municipios interesados.

La integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria, en los municipios de Cuenca, Tarancón y Carboneras de Guadazaón.

Educación y Formación Profesional

NUEVO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS CONECTADOS A INTERNET

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un nuevo curso de especialización en Instalación y Mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet (IoT). Además, ha dado luz verde a la actualización del curso de especialización en Fabricación Aditiva creado hace un año. Hasta la fecha, el Gobierno ha puesto en marcha 18 cursos de especialización y 10 nuevos títulos dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando.

Este curso de Formación Profesional, de grado medio y 360 horas de duración, prepara para la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de dispositivos y sistemas conectados a internet, asegurando su funcionalidad y conectividad. El despliegue de las tecnologías móviles 5G y el desarrollo del internet de las cosas crecerá en los próximos años y generará una importante demanda de especialistas en este campo, especialmente los vinculados al mantenimiento de edificios y hogares inteligentes, sector del transporte, cuidado de la salud, industria manufacturera y gestión urbanística.

Los cursos de especialización complementan las competencias de quienes ya disponen de un título de FP de grado medio o superior y quieren especializarse en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad. Esta oferta formativa, en permanente actualización, responde de forma rápida a las innovaciones tecnológicas y sostenibles que se producen en el mercado. Para ello, durante el proceso de elaboración, se ha contado con la colaboración de profesionales de empresas punteras de los distintos sectores productivos.

La aprobación de esta titulación responde a una de las actuaciones más importantes del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Se trata de la ampliación y renovación permanente de la oferta formativa atendiendo a los perfiles profesionales de los sectores emergentes y a los que se están viendo más afectados por la sostenibilidad, la digitalización y las nuevas tecnologías.

Industria, Comercio y Turismo

AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LABORATORIOS CIENTÍFICO E INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica diversas normas reglamentarias para ampliar el campo de designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, depositarios de patrones nacionales de medida.

Ambos laboratorios han incrementado sus capacidades de medida y han ampliado los patrones para los que fueron designados. En particular, se ha producido un significativo avance tecnológico en las capacidades de medida de las magnitudes de fluencia neutrónica y de alta corriente eléctrica para valores superiores a 1.000 amperios en corriente alterna de baja frecuencia e impulsional.

Por ello, es necesario que estas capacidades se vean reconocidas y se amplíe la oferta de trazabilidad a los agentes que lo necesitan, tanto dentro del territorio nacional como internacional.

La ampliación de las capacidades de los dos laboratorios permitirá a las industrias y a la comunidad científica disponer de entidades que les puedan realizar la calibración de sus instrumentos y, por tanto, tener la trazabilidad a las medidas que realizan sin necesidad de acudir a laboratorios fuera del territorio nacional.

Industria, Comercio y Turismo

APORTACIONES A CENTROS METROLÓGICOS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha autorizado al Centro Español de Metrología (CEM) a pagar la aportación a la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET) correspondiente al ejercicio 2022 por importe de 11.760 euros.

El Centro español de Metrología es responsable de la organización metrológica en España y se le atribuyen, entre sus funciones, la representación de España en las organizaciones internacionales de metrología.

Una de estas organizaciones es la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET). Se encarga de la cooperación de los Institutos Nacionales (INM) de Europa en campos tales como la investigación en metrología, la trazabilidad de las mediciones al sistema de unidades SI, el reconocimiento internacional de los patrones de medida y de las capacidades de medida y calibración (CMC) de sus miembros.

El Consejo de Ministros también ha autorizado al CEM a pagar la aportación a la Confederación Internacional de Medida (IMEKO) correspondiente a 2022 por importe de 900 euros.

IMEKO es una federación no gubernamental de 42 organizaciones nacionales involucradas en los avances de la instrumentación y las tecnologías de medición, fundada en 1958. Los miembros son representantes de Instituciones Metrológicas, Universidades, representantes de la Industria y usuarios de instrumentación. El Organismo que representa a España es el Centro Español de Metrología.

Sus objetivos fundamentales son la promoción de intercambio internacional de información técnica y científica en los campos de medida e instrumentación y el reforzamiento de la cooperación internacional entre científicos e ingenieros de los campos de la investigación y de la industria.

La pertenencia a IMEKO facilita que los trabajos y proyectos científicos realizados en el CEM puedan ser difundidos internacionalmente y con ello la imagen de la institución se vea reforzada y reconocida.

Por último, el Gobierno ha autorizado al CEM a pagar la contribución correspondiente al ejercicio 2021, por importe de 5.600 euros, para el sostenimiento de la Organización para la Cooperación Europea en Metrología Legal (WELMEC), asociación internacional sin ánimo de lucro que facilita la armonización de la metrología legal en Europa.

WELMEC realiza una importante labor técnica mediante el establecimiento de criterios y la elaboración de guías de interpretación de las directivas europeas para su aplicación en materia de control metrológico de carácter legal, que, aunque son de cumplimiento voluntario, constituyen una orientación para los Estados miembros que tienen que aplicar la legislación.

Política Territorial

DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ESTATUTO DE PERSONAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado el 31 de marzo de 2021 por el Pleno del Parlamento regional.

Apreciadas ciertas controversias constitucionales en citada disposición, se interpuso recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado y con invocación al artículo 161.2 de la Constitución Española para su suspensión.

Fundamentos del recurso

Los motivos del recurso, al considerar el Gobierno invasión de las competencias estatales atribuidas por la Constitución Española, se originan en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal del Parlamento de La Rioja que lleva por título «Consolidación de empleo». Esta disposición regulaba el derecho de los empleados temporales nombrados mediante proceso selectivo a que se reconozca su condición de empleados públicos fijos y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan, siempre que a la entrada en vigor del estatuto hubieran permanecido en ejercicio de sus funciones en la cámara autonómica durante un periodo ininterrumpido de cinco años.

Tal previsión fue considerada por el Gobierno como una infracción de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española.

El Parlamento de la Rioja modifica la Ley

El Pleno del Parlamento de La Rioja modificó hace un mes la disposición transitoria segunda (Boletín Oficial de La Rioja, 4 de marzo de 2022), introduciendo que la Mesa de la Cámara convocará, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.

Desistimiento del recurso

En consecuencia, mediante esta modificación legislativa, adecuada a la normativa básica estatal, se dan los fundamentos necesarios para proponer al presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Política Territorial

REAL DECRETO PARA LA ELECCIÓN DE SEDES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el procedimiento para determinar el término municipal en el que se ubicará la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal. Asimismo, se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, como órgano colegiado de la Administración General del Estado (AGE) que asistirá al Consejo de Ministros en este procedimiento.

La determinación de la sede física de las entidades del sector público institucional estatal tendrá que producirse a través de un proceso objetivo con base en los principios del artículo 103 de la Constitución Española, en los fijados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los de adecuación al sector de actividad, vertebración y equilibrio territorial.

La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, que por vez primera deberá motivar la elección de una localidad para albergar una institución pública. Los criterios que se considerarán en la elección incluirán, entre otros, la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación.

Cabe destacar, como futuros impactos de esta medida, los posibles efectos indirectos beneficiosos sobre la economía, sobre todo en materia de empleo, así como sobre la fijación de la población en las zonas más despobladas del territorio y acercar las instituciones a los ciudadanos y ciudadanas en el territorio.

Comisión consultiva para la determinación de las sedes

Se crea una comisión consultiva para la determinación de las sedes presidida por la ministra de Política Territorial y de la que será vicepresidente el secretario de Estado de Política Territorial.

Vocales permanentes serán los titulares de la Secretaría General de Coordinación Territorial y un representante de cada uno de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Derechos Sociales y Agenda 2030; y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entre los vocales no permanentes habrá representantes de los ministerios a los que se encuentren adscritas las entidades del sector público cuya sede física sea objeto de convocatoria. Ejercerá como secretario la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial.

La comisión, entre otras funciones, elaborará un informe sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de Ministros.

El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas estatales. Además, se permite que dichas administraciones puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, de modo que la AGE no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad.

Se fortalecerá la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.

Los criterios que fije la Comisión consultiva para la determinación de las sedes permitirán reforzar las políticas del Gobierno en distintas áreas.

Se tendrá en cuenta también a los empleados públicos, incorporando la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado sin perjuicio en su carrera profesional. Se reforzará de esta forma el funcionamiento de las entidades afectadas y fomentará el acceso a la función pública estatal de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia.

Principios y criterios aplicables para la determinación de las sedes

La determinación de la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal se realizará atendiendo a los principios del artículo 103.1 de la Constitución Española y a los fijados en el artículo 3 de la Ley Régimen Jurídico del Sector Público, así como a los de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad. Estos principios podrán ser completados con otros criterios por la Comisión consultiva para la determinación de las sedes.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades públicas.

Determinación de la sede física de una entidad de nueva creación

Una vez creada una nueva entidad pública, el Consejo de Ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede física.

En el plazo de un mes, la Comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede. En el plazo de un mes, desde la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento, las comunidades y asambleas autonómicas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar por medios electrónicos la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

Adicionalmente, las administraciones que presentan candidaturas pueden ofrecer todos o alguno de los siguientes compromisos: cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

La Comisión consultiva se constituirá en el plazo de dos meses y no incrementará el gasto público, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.

Cultura y Deporte

REAL DECRETO QUE REGULA EL BONO CULTURAL JOVEN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el Bono Cultural Joven, con el que los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de 2022 dispondrán de 400 euros para la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales.

El Gobierno impulsa este nuevo programa de ayudas con la finalidad de revitalizar y dinamizar el sector cultural en España, garantizando la sostenibilidad de las industrias culturales y creativas tras el negativo impacto causado por la pandemia de COVID-19, y de fomentar la accesibilidad universal y diversificada a la cultura, promoviendo entre los jóvenes la fidelización que genere el hábito de consumo de productos culturales.

El texto aprobado ha tenido en cuenta las aportaciones recibidas durante el trámite de audiencia e información pública, que tuvo lugar del 4 al 15 de febrero de 2022. En total, se recogieron 30 aportaciones, cuatro de ellas procedentes de comunidades autónomas, y las 26 restantes de personas físicas y jurídicas. Entre las aceptadas, se han incorporado en el texto la relativa a la exención del cómputo del importe de esta ayuda a efectos del cálculo de umbrales de renta y patrimonio familiar y la que prevé la posibilidad de que los propios editores o autores puedan realizar ventas en línea de sus productos culturales con envío a domicilio, entre otras.

En paralelo al trámite de audiencia, se han mantenido encuentros con representantes del sector cultural, de asociaciones y organizaciones para abordar directamente el desarrollo del Bono Cultural Joven.

Se calcula que casi 500.000 jóvenes de toda España se pueden beneficiar de estas ayudas, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con una partida de 210 millones de euros. Están destinadas a personas físicas que cumplan 18 años durante el año natural en el que se solicita la ayuda.

En la elaboración del texto se ha seguido la experiencia de otros países como Francia o Italia, que también fijan la edad de sus beneficiarios en los 18 años, al considerar que la mayoría de edad implica, además de la asunción de unos deberes y derechos, la posibilidad de inaugurar una autonomía en lo que respecta a sus decisiones en muchos ámbitos, también en el ámbito cultural.

Oferta cultural variada

El decreto establece que el gasto se distribuya y diversifique entre tres sectores distintos, con importes máximos por cada uno. Se prevé que el bono subvencione artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales hasta un máximo de 200 euros por beneficiario. Se repartirá entre entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales.

Además, se recoge subvencionar productos culturales en soporte físico hasta un máximo de 100 euros: libros; revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras musicales, discos, CD, DVD o Blu-ray.

Por su parte, cada persona beneficiaria podrá destinar hasta 100 euros al consumo digital o en línea: suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales (e-books), suscripción para descarga de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas. Dichas suscripciones estarán limitadas a un máximo de cuatro meses.

No será subvencionable la adquisición de productos de papelería; libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico; instrumentos musicales; espectáculos deportivos y taurinos; moda y gastronomía. El bono tampoco cubrirá la adquisición de productos que hayan sido calificados como X o pornográficos.

Entidades adheridas

El texto recoge que el Bono Cultural Joven será de uso exclusivo en establecimientos o instituciones adheridas al programa, que presten servicios en España y que, de forma profesional y habitual, ejerzan actividades de venta o puesta a disposición de productos, actividades y servicios culturales. Especifica que la gestión del programa se realizará a través de una plataforma tecnológica específica para las entidades colaboradoras. Los interesados en adquirir la condición de entidad adherida al Bono Cultural Joven deberán solicitar su adhesión en los términos y plazos que se establezcan en la correspondiente convocatoria.

Funcionamiento del programa

La gestión del programa se realizará a través de una plataforma tecnológica específica, en la que se presentarán las solicitudes, que se tramitarán por orden de presentación.

Una vez concedida la ayuda al beneficiario, se abonará el importe total concedido, en un único pago, en formato de tarjeta prepago virtual nominal, que estará identificada con un número y la identidad del beneficiario. Estarán vigentes durante los 12 meses siguientes a su concesión. Excepcionalmente, se podrá emitir una tarjeta física en caso de que el beneficiario no disponga de dispositivo móvil compatible para contener la mencionada tarjeta virtual, cuando así se solicite.

La futura norma también prevé que el Bono Cultural Joven sea compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras administraciones públicas.

Sanidad

SUBVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON CONDUCTAS SUICIDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención por importe de 2.049.750,00 euros a Cruz Roja Española con el fin de poner en marcha un sistema de prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida, en línea con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026.

La Cruz Roja Española es una institución de ámbito nacional entre cuyos fines, de carácter altruista, se encuentran el fomento y la participación en programas de salud y la lucha por la no discriminación, que cuenta con una dilatada trayectoria en la prevención y tratamiento de la salud mental.

Una actividad que se ha visto incrementada a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha añadido el desafío de responder con garantía al reto científico y técnico que la sociedad exige, con su compromiso para afianzar la mejora permanente en la prevención de la conducta suicida.

Ciencia e Innovación

PERTE AEROESPACIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica el Proyecto para el Sector Aeroespacial, un instrumento de colaboración público-privada para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital.

Gracias a este proyecto estratégico, administraciones públicas, empresas y centros de I+D+I trabajarán en coordinación para reforzar las capacidades de la industria aeronáutica y la del Espacio, impulsando el desarrollo y la implantación de tecnologías innovadoras, entre las que se incluyen tecnologías que apoyan el desarrollo del avión de cero emisiones. El PERTE Aeroespacial pretende asimismo reforzar la posición de España en el sector del espacio con iniciativas como la creación de la Agencia Espacial Española, que establecerá nuevos mecanismos para coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española en programas internacionales.

Se trata de un PERTE con marcado carácter internacional. En concreto, el PERTE Aeroespacial plantea la colaboración española con Portugal con iniciativas como el desarrollo de la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra con el que España y Portugal monitorizarán fenómenos como el cambio climático. Mediante esa colaboración con Portugal, este será el primer PERTE que incluya financiación del plan de recuperación de otro país. Por otra parte, el PERTE integra también la cuota española en la Agencia Espacial Europea ya que, además de los servicios prestados por dicha agencia a nuestro país, los retornos en territorio nacional asociados a esta contribución son una fuente de ingresos fundamental para la industria espacial española.

El PERTE Aeroespacial prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones.

De esta forma, el PERTE Aeroespacial contribuirá de forma decidida a vencer en los próximos años los principales desafíos a que se enfrenta la industria aeroespacial, por una parte, en lo relativo a las consecuencias de la crisis económica con efectos globales y particulares en el sector y, por otra parte, en relación con los procesos de transformación económica, social, medioambiental y de política internacional que determinan en buena medida el futuro del sector.

Objetivos del PERTE Aeroespacial

Los objetivos específicos del PERTE se articulan en torno a tres pilares: el aeronáutico, el espacial y el transversal. Por un lado, los objetivos del pilar aeronáutico son capacitar a la industria en tecnologías y sistemas cero-emisiones para aeronáutica; desarrollar demostradores en el ámbito de las aeronaves multipropósito y vehículos aéreos no tripulados (UAV); así como avanzar en el desarrollo de infraestructuras aeronáuticas para cumplir los requisitos del reglamento del cielo único europeo.

Por otro lado, los objetivos específicos del pilar espacial son mejorar las capacidades del sector del espacio en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control medioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguridad en cooperación internacional; y posicionar al sector espacial en el mapa europeo del uso comercial del espacio.

Por último, el pilar transversal, que afecta a los dos subsectores, se marca como objetivos específicos impulsar actuaciones de innovación, sostenibilidad y digitalización en centros fabriles; fomentar la capacitación y formación orientada al sector aeroespacial; cohesionar y conectar el ecosistema de innovación en el ámbito aeroespacial; y habilitar fondos público-privados para reforzar a las empresas del sector.

Este PERTE contempla la participación no solo de las grandes empresas multinacionales que dominan el sector, sino también de empresas emergentes especializadas en tecnologías aeroespaciales, que están experimentando una evolución muy prometedora en años recientes en España.

Gobernanza del PERTE Aeroespacial

Para la coordinación del PERTE Aeroespacial se establece un grupo de trabajo interministerial, presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, que contará con representación de los Ministerios de Hacienda y Función Pública; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Defensa; Asuntos Económicos y para la Transformación Digital; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Transición Ecológica y para el Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Universidades.

Además, para contar con todos los actores relevantes y garantizar un diálogo permanente, integrando la colaboración público-privada, se crea una Alianza por el PERTE Aeroespacial, que estará presidida por la ministra de Ciencia e Innovación. Esta alianza integrará a los miembros del órgano interministerial, a las comunidades autónomas, a organismos públicos de investigación, así como a asociaciones empresariales, organizaciones sindicales con relevancia en el sector, plataformas tecnológicas y comunidades de usuarios. Asimismo, el modelo de gobernanza del PERTE podría incluir a agentes internacionales con competencias en el ámbito aeroespacial.

La figura del PERTE se crea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.

Igualdad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA NACIONAL DE LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares, que se reproduce a continuación.

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros del año 2018 se estableció la fecha del 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.

El Gobierno de España, consciente de que el trabajo doméstico y de cuidados ha ido emergiendo como una actividad central para la vida y el sistema socioeconómico, y de que las brechas de género se residencian estructuralmente en la diferente carga de cuidados que soportan mujeres y hombres, se reafirma en su compromiso de impulsar el reconocimiento del derecho al cuidado y una reorganización socialmente justa de los cuidados y los tiempos.

Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"La pandemia provocada por la Covid-19 ha hecho emerger la crisis de los cuidados diagnosticada y teorizada por la economía feminista desde, al menos, la crisis de 2008. Los cuidados, tradicionalmente invisibilizados e infravalorados, son una actividad esencial para la vida y para el sistema socioeconómico; y las mujeres son sus grandes sostenedoras, especialmente aquellas que menos posibilidades de elección tienen: mujeres pobres, mujeres migrantes y mujeres racializadas. Ante la expansión generalizada del virus, que reveló la extrema vulnerabilidad de las personas mayores, provocó el cierre de los centros educativos, de todo tipo de servicios, y quebró las redes de apoyo familiar, constatamos cómo las mujeres asumieron una responsabilidad desproporcionada en la primera línea de la crisis de la Covid-19, en cuanto trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias.

No ha habido una constatación en la historia de nuestro país tan incuestionable de que el sistema de cuidados no estaba resuelto y de que las dificultades de conciliación hacen que gran parte de la ciudadanía -particularmente las mujeres- cuando transita al trabajo, la mayoría de las veces, lo hace sobre una cuerda floja, intentando buscar toda una suerte de remedios, muchas veces precarios, no estructurados, que incorporan a sus responsabilidades familiares.

Los derechos de conciliación parten de la necesidad de comprender que la vida es una realidad vulnerable, que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos cuidar y ser cuidadas. Sin embargo, el actual sistema funciona sobre una suerte de ficción de autosuficiencia de las personas: se nos supone libres de cuidados, con todas las necesidades de reproducción resueltas y sin responsabilidades que condicionen nuestra presencia en el mercado laboral y en el ámbito público.

Superar esta situación pasa por visibilizar, reconocer y dar valor a los cuidados como un trabajo indispensable para la sostenibilidad de la vida, y por avanzar en una reorganización socialmente justa de los mismos, priorizando su universalidad, su calidad, y su carácter público, garantizando su dignificación y profesionalización, y promoviendo la corresponsabilidad para evitar que sigan recayendo casi en exclusiva en los hombros de las mujeres, con las innegables consecuencias que esto tiene para su acceso al mercado de trabajo y para el progreso y desarrollo de su carrera profesional y, por tanto, para sus ingresos e independencia económica presente y futura.

Según la información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mujeres invierten 12,5 horas más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado, en detrimento del empleo principal, al que dedican 5,8 horas menos a la semana que los hombres.

De acuerdo con dicha Encuesta, además, una de cada tres mujeres trabajadoras dedica 4 horas al cuidado y educación de hijos y nietos, mientras que los hombres que, trabajando, más invierten en dichas tareas, no superan las dos horas.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, de todos los contratos a tiempo parcial vigentes a día de hoy en España, el 76% corresponden a mujeres, que incluso incrementan el tiempo dedicado al trabajo no remunerado - 30 horas a la semana- cuando tienen jornada a tiempo parcial. Los hombres, en cambio, dedican habitualmente el mismo número de horas al trabajo no remunerado -14 horas a la semana- independientemente de que trabajen a tiempo parcial o a jornada completa.

Como consecuencia de todo ello, en España, según datos de ingresos de 2019 de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta anual media del hogar, cuando la persona de referencia es una mujer es un 14,6% menor que la renta del hogar cuando la persona de referencia es un hombre.

El Informe sobre el trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente de la OIT (2018) resalta el enorme impacto económico que suponen las horas dedicadas cada día en el mundo a los trabajos no remunerados, que representan el equivalente a 2.000 millones de empleos a ocho horas diarias de trabajo. Según las estimaciones de la OIT, el trabajo no remunerado equivaldría al 9 % del PIB mundial. En el caso de España, sólo el trabajo no remunerado que realizan las mujeres supondría el 10,3% del PIB de nuestro país (14,9% teniendo en cuenta el trabajo no remunerado de hombres y mujeres).

Avanzar en un pacto social y político que favorezca la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y la redistribución de tiempos de trabajo, ocio y cuidados, ha sido un compromiso del Gobierno desde el inicio de la legislatura. Un compromiso que se ha materializado durante la pandemia de la Covid-19, con la creación de instrumentos para facilitar el cuidado cuando el confinamiento provocó el colapso del sistema de apoyos al cuidado. El plan MECUIDA, al que ya se han acogido casi 1,13 millones de personas, permite adaptar o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras para atender a los deberes de cuidado.

Previamente, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación equiparó los permisos por nacimiento entre ambos progenitores y reforzó la posibilidad a los progenitores de adaptar la jornada laboral sin reducirla.

Además, en el año 2021 entró en vigor el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Esta norma prevé de manera detallada los aspectos que deben abordarse en el diagnóstico de los planes de igualdad, entre los que se incluyen el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, con el objetivo de hacer efectiva la plena igualdad en el ámbito laboral.

España es el único país de Europa que ha incluido un eje específico en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ya ha destinado una parte importante de la financiación (más de 3.000 millones de euros) a la Economía de los Cuidados, con el objetivo, entre otros, de reforzar la atención a las personas dependientes y el modelo de apoyo a los cuidados de larga duración, así como de aprobar una nueva ley marco de servicios sociales y una nueva ley de diversidad familiar, reforzar los servicios de atención a la infancia e impulsar la educación de 0 a 3 a través de la creación de plazas públicas.

Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha desarrollado el Plan Corresponsables que, entre otras actuaciones, persigue facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos menores de 16 años a través de la creación de bolsas de cuidado profesional mediante contratación pública socialmente responsable, y fomentar la corresponsabilidad estableciendo planes de formación en este ámbito destinados a los hombres. Una senda de políticas públicas que no debe detenerse aquí, sino seguir su curso hacia metas más ambiciosas, que garanticen de manera efectiva el reparto equilibrado de los permisos a la hora de ejercer el derecho universal al cuidado, ampliando los derechos de las nuevas estructuras de familias como las monomarentales y monoparentales, trasponiendo la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y garantizando que el disfrute de estos derechos no penalice ni discrimine en el acceso al mercado laboral ni en la carrera profesional.

Los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pero también el modelo de crecimiento urbano, la precarización laboral, la pérdida de comunidad, los cambios en la estructura de las familias y en las expectativas de vida, obligan a que, en paralelo al desarrollo de estas propuestas, trabajemos para articular un Sistema Integral de Cuidados que aglutine un conjunto coherente de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social y una nueva cultura de los cuidados con el objetivo de avanzar en la materialización de un derecho al cuidado (universal, multidimensional, colectivo y singular), y que consolide el derecho al cuidado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Una sociedad madura debe garantizar la distribución justa del tiempo y de la riqueza, un marco en el que el sistema productivo tenga en cuenta los tiempos de vida".

BIOGRAFÍAS

Sanidad

Directora General de Ordenación Profesional

Dª. CELIA GÓMEZ GONZÁLEZ

Celia Gómez González, Palacios del Sil (1963) es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, Master en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias (Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública) y experta en Salud Pública y Género (Escuela Nacional de Sanidad, Madrid).

Directora gerente del Servicio Cántabro de Salud desde julio de 2019 hasta la fecha y con una dilatada experiencia en gestión sanitaria, ha sido directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud desde febrero de 2014 hasta febrero de 2019, directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (2012-2014), directora general de Planificación e Innovación Sanitaria y directora general de Planificación y Financiación, ambas en la Consejería de Salud la Junta de Andalucía (2008-2012) y delegada de salud de la Junta de Andalucía en Granada (2005-2008).

Previamente ocupó distintas responsabilidades directivas, de gestión y técnicas en centros hospitalarios (Hospital Reina Sofía de Córdoba como técnico de Función Administrativa de 1997 a 1999) y de atención primaria (administradora de los Distritos Loja-Santa Fe, Metropolitano y Granada del 2001 al 2003) del Servicio Andaluz de Salud, así como directora económica y de recursos de la Agencia de Calidad Sanitaria en Sevilla del 2004 al 2005. Comenzó su andadura en la gestión sanitaria como directora de personal del Hospital de Jove, Gijón, del año 1991 hasta 1996.