Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I3). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación del programa de emisión de bonos para colectivos vulnerables en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, por importe de 10.000.000 de euros y 10.000.000 de euros, respectivamente.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, por importe de 40.000.000 de euros y 20.000.000 de euros, respectivamente.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I2). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023 por importe de 25.000.000 de euros y 50.000.000 de euros, respectivamente.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España a los gastos de gestión de su Oficina de Representación conjunta "Silla" en el Fondo Monetario Internacional, durante el año 2022, por importe de 129.150 dólares estadounidenses.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de los servicios de infraestructura TIC del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por un valor estimado de 25.775.289,60 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se autoriza la renovación de la reserva formulada por España al Convenio penal sobre la corrupción, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Decisiones XXXV-36 a XXXV-37 y XXXV-39 a XXXV-46, adoptadas por la Comisión Internacional Permanente del Convenio para el reconocimiento recíproco de los punzones de prueba de armas de fuego portátiles, durante su XXXV periodo de sesiones en su reunión de 7 de abril de 2021.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la adquisición de diez teléfonos satelitales para emergencias consulares en la representación de España en Vilnius (Lituania) y representaciones aledañas, por un importe de 14.641 euros, IVA incluido.

Justicia

• ACUERDO por el que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de la Orden, de 19 de julio de 1982, por la que se expidió Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Núñez a favor de don Jaime Fernández Moreno; y de la Orden, de 5 de abril de 2011, por la que se expidió Real Carta de Sucesión en el referido título a favor de su hija, doña María José Fernández Rodríguez, y se declara la conformidad a derecho de las mismas.

Defensa

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco de suministro de repuestos para motores fabricados por General Electric Company de aeronaves del Ministerio de Defensa, por un valor estimado de 46.868.000 euros.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 262/2019, de 12 de abril, por el que se establece la estructura de las Consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior y se regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a formalizar operaciones de deuda por un importe máximo de 25.300.000 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C1, I1). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras correspondiente a la ejecución del proyecto constructivo de nueva plataforma RO-RO en el muelle sur del puerto de Huelva por un valor estimado de 21.639.391,52 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de estabilización del talud situado en el punto kilométrico 362+000 de la calzada derecha de la autovía A-8, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Asturias, por importe de 892.878,40 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del hundimiento de la calzada de la carretera N-625, entre los puntos kilométricos 142+500 y 142+700, subsanando la situación de grave peligro existente, en el término municipal de Amieva, en la provincia de Asturias, por importe de 568.223,34 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de diversas actuaciones para garantizar el servicio de navegación aérea como consecuencia del desprendimiento de algunas placas del techo de la sala de control del ACC de Barcelona, por un importe de 20.792 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión al Consorcio Regional de Transportes de Madrid de una subvención nominativa para financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros por importe de 126.894.000 euros para el ejercicio 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de una subvención nominativa para financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros por importe de 109.301.520 euros para el ejercicio 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención nominativa para financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros por importe de 47.500.000 euros para el ejercicio 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia-Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) de una subvención nominativa para financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros por importe de 38.000.000 de euros para el ejercicio 2022.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión de la Petición de España al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue si se han cometido crímenes bajo jurisdicción de la Corte en Ucrania.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación del objeto social de la sociedad "Enajenación de Materiales Ferroviarios, S.A., S.M.E., M.P.".
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2022.

Industria, Comercio y Turismo

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C7; C9; C12, I2; C13; C15; C16; C17 y C20). ACUERDO por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica la modernización y diversificación del ecosistema naval español.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios a favor de las comunidades y ciudades autónomas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe total de 170.000.000 de euros, para el ejercicio 2022, destinados a la financiación de proyectos de eficiencia energética en establecimientos de alojamiento turístico, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Turismo.

Cultura y Deporte

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la prestación del servicio de limpieza en el Archivo General de Indias en Sevilla, por un importe de 82.443,24 euros.

Sanidad

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio para la recepción, almacenaje, acondicionamiento y distribución de las 2.280.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 de la compañía farmacéutica Novavax, por un importe máximo de 50.000 euros, IVA exento.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de juventud del programa «Erasmus+» durante 2022, por importe de 21.045.549 euros.

Consumo

• ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• ACUERDO por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia para la contratación del material de cuidado y protección sanitaria realizadas por Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 1, por un importe total de 301.951,53 euros IVA incluido.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, R4). ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 24 de marzo de 2022, en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Gabonesa a D.RAMÓN MOLINA LLADÓ.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Libanesa a D. JESÚS IGNACIO SANTOS AGUADO.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial para Asuntos Públicos y Globales a D. JUAN JOSÉ HERRERA DE LA MUELA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global a D. BORJA LUIS CABEZÓN ROYO.
  

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 155 millones de euros con carácter finalista a las comunidades autónomas para avanzar en el desarrollo de tres iniciativas del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales (UNICO): ÚNICO-Industria y Empresas, ÚNICO-Bono Social y ÚNICO-Edificios, cuyo objetivo es reforzar el acceso a la conectividad en todo el territorio y mejorar las conexiones de banda ancha ultra rápida (más de 100Mbps) en las áreas de concentración económica y las empresas.

La transferencia aprobada hoy corresponde al periodo 2022-2023 y completa las previstas en el Plan de Recuperación. Estas inversiones se enmarcan en el componente 15 del Plan de Recuperación, que cuenta con una dotación de 4.000 millones de euros para extender la conectividad digital, desarrollar la tecnología 5G e impulsar la ciberseguridad. Su despliegue contribuye a una recuperación sólida y sostenible de la economía española y favorece la modernización del país.

Actuaciones a financiar

El Programa ÚNICO-Industria y Empresas tiene una dotación de 75 millones de euros para el periodo 2022-2023 y su objetivo es reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o zonas grises NGA. El programa incluirá tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.

La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo con criterios de extensión de territorio y número de empresas en las comunidades autónomas. El objetivo del programa es que 1.600 pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una velocidad de conectividad de 1-Gigabit.

ÚNICO-Bono Social tiene una dotación de 20 millones de euros para 2022 y 2023, para contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables. Existirá una limitación de un bono social por unidad familiar y persona con cuantía máxima de 240 €/año.

Pueden colaborar con el programa del bono social aquellos operadores que presten servicio en todas o en alguna de las comunidades y ciudades autónomas. La distribución entre las comunidades autónomas se ha realizado de acuerdo al número de familias en riesgo de pobreza. El objetivo es la concesión de al menos 125.000 bonos de conectividad para personas o familias calificadas de vulnerables para la adquisición de un paquete de conexión de banda ancha con la tecnología más adecuada

Por último, ÚNICO-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. La dotación para 2022 y 2023 es de 60 millones de euros y se distribuye en función del número de edificios construidos antes del año 2000. Con estas ayudas se pretende contribuir al objetivo de 13.600 edificios, como mínimo, que hayan mejorado la infraestructura común de redes de conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla contarán con márgenes de flexibilidad para adaptar los programas a las necesidades de cada región, siempre que estén alineadas con el cumplimiento de los hitos y objetivos asignados al componente 15 del Plan de Recuperación. Asimismo, deberán establecer sistemas de gestión independientes que faciliten el control de la ejecución de las ayudas y visibilizar que corresponden a programas financiados con fondos del Plan de Recuperación.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PETICIÓN A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL PARA INVESTIGAR CRÍMENES EN UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión de la Petición de España al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue si se han cometido crímenes bajo jurisdicción de la Corte en Ucrania.

El artículo 14 del Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional prevé que todo Estado Parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

A raíz de la agresión de Rusia en Ucrania, 38 Estados, incluida España, han acordado hacer uso de este artículo enviando una carta consensuada al fiscal.

En este sentido, la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, establece en su artículo 7.1 que corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del ministro de Asuntos Exteriores y del ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13, párrafo a), y 14 del Estatuto.

Por consiguiente, en cumplimiento del artículo 14 del Estatuto de Roma y del mencionado acuerdo de 38 Estados Partes, el Consejo de Ministros acuerda que la Embajada de España en La Haya remita la Petición de España al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue si se han cometido crímenes bajo jurisdicción de la Corte en Ucrania, en los siguientes términos:

"Remisión por Estado Parte en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma.

El Reino de España,

Tomando nota de la aceptación por parte de Ucrania de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma;

Tomando nota de que en la primera declaración presentada por el Gobierno de Ucrania se aceptó la competencia de la Corte con respecto a los presuntos actos cometidos en el territorio de Ucrania en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014; y en la segunda declaración se aceptó la competencia de la Corte con respecto a los presuntos actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 de febrero de 2014;

Observando que la aceptación por un Estado de la competencia de la Corte Penal Internacional mediante una declaración permite a la Corte, de conformidad con el artículo 12.2 del Estatuto de Roma, ejercer su competencia respecto de los presuntos actos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en el territorio de ese Estado o por sus nacionales;

Deseando hacer efectivo el ejercicio de la competencia de la Corte con respecto a la situación en Ucrania;

Actuando de conformidad con el apartado a) del artículo 13 y el párrafo 1 del artículo 14 del Estatuto de Roma;

Decide remitir la situación en Ucrania al Fiscal de la Corte Penal Internacional con el fin de solicitarle que investigue todos los actos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio que presuntamente se hayan producido en el territorio de Ucrania a partir del 21 de noviembre de 2013, incluidas las denuncias de crímenes actuales y en curso que se produzcan en todo el territorio de Ucrania, solicitando así a la Corte que ejerza su jurisdicción con respecto al ámbito jurisdiccional aceptado por Ucrania".

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

RESERVA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la renovación de la reserva formulada por España al Convenio penal sobre la corrupción, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

El Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, que entró en vigor para nuestro país el 1 de agosto de 2010, tiene como objetivo principal que los Estados miembros tipifiquen como delitos una serie de conductas relacionadas con el fenómeno de la corrupción. Entre ellas, el cohecho activo y pasivo en el sector público y en el sector privado, el tráfico de influencias, el blanqueo del producto de delitos de corrupción y los delitos contables. También recoge el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas, la creación de órganos especializados en la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en la lucha de este tipo de delitos.

El convenio autoriza en su artículo 37 la formulación de reservas, que serán válidas durante 3 años, a contar desde la fecha de entrada en vigor del convenio para el Estado que las haya formulado, pudiendo ser renovadas por períodos de igual duración.

España ha formulado una reserva y la ha renovado en tres ocasiones: el 1 de agosto de 2013, el 1 de agosto de 2016 y el 1 de agosto de 2019. En el curso de dichas renovaciones, se han introducido modificaciones en el texto de dicha reserva, cuyo literal actual es el siguiente:

"Conforme a los artículos 17, párrafo 2, y 37, párrafo 2, del Convenio, España se reserva el derecho de no aplicar lo establecido en el artículo 17, párrafo 1 b), y, en consecuencia, exigir el requisito de la doble incriminación para perseguir infracciones cometidas por los propios nacionales en el extranjero; dicha reserva nunca afectaría a la competencia de los Tribunales españoles para el conocimiento, de conformidad con el artículo 17.4 del Convenio, de los delitos de corrupción entre particulares y en las transacciones económicas internacionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4.n) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial".

De acuerdo con el artículo 38 del convenio, el plazo de vigencia de la última renovación de la reserva formulada por España finaliza el 1 de agosto de 2022.

El Gobierno se ha pronunciado sobre la conveniencia de mantener la reserva existente, en virtud de la cual se declara como necesario el requisito de la doble incriminación para infracciones realizadas en el extranjero para poder enjuiciar a nuestros nacionales por hechos punibles tipificados como tales por la legislación del país en el que se hayan cometido, en coherencia con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Si la reserva se mantiene, su nuevo período de vigencia se ampliaría durante tres años, a contar desde el 1 de agosto de 2022, es decir, hasta el 31 de julio de 2025.

Este tipo de reserva ha sido formulada y mantenida en idénticos o similares términos que España por países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Holanda, Dinamarca y Suiza. Otros países signatarios mantienen reservas más amplias que España, que afectan a diversos artículos del convenio, como es el caso de Italia, Bélgica y Reino Unido, entre los más próximos.

Esta reserva no supone una limitación a la normativa española que actualmente permite la persecución de este tipo de delitos en el extranjero mediante criterios de jurisdicción universal.

El Consejo de Estado ha venido dictaminando, tanto en el momento de la prestación del consentimiento al convenio, como en las sucesivas ocasiones en que se ha ido renovando la reserva formulada, la necesidad de recabar la autorización de las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.1 e) de la Constitución Española, dado que el contenido del convenio y de la reserva, que modula su aplicación respecto de España, afecta a materia sujeta a reserva de ley en nuestro ordenamiento jurídico. El alto órgano consultivo reiteró esta misma doctrina en el dictamen emitido el 10 de febrero de 2022.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PUNZONES DE PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Decisiones XXXV-36 a XXXV-37 y XXXV-39 a XXXV-46, adoptadas por la Comisión Internacional Permanente del Convenio para el reconocimiento recíproco de los punzones de prueba de armas de fuego portátiles, durante su XXXV periodo de sesiones en su reunión de 7 de abril de 2021.

Desde el 15 de agosto de 1973, España es Parte del Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles, y del Reglamento de la Comisión Internacional Permanente (C.I.P.) para la prueba de las armas de fuego portátiles y sus municiones.

El Reglamento de la C.I.P, que es un instrumento conexo al citado convenio del cual se considera parte integrante (artículo 11 del reglamento), confiere a dicha comisión la competencia para adoptar decisiones en el ámbito del convenio (artículo 5.1. del reglamento) por acuerdo mayoritario de sus miembros (artículo 7 del reglamento).

La mayor parte de estas decisiones afectan a las características de los calibres de ciertas armas de fuego, tanto nuevos como revisados, por lo que son de carácter técnico y constituyen actualizaciones derivadas del avance del desarrollo tecnológico en este sector industrial.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TELÉFONOS SATELITALES PARA EMERGENCIAS CONSULARES EN VILNIUS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de diez teléfonos satelitales para emergencias consulares en la representación de España en Vilnius (Lituania) y representaciones aledañas, por un importe de 14.641 euros, IVA incluido.

La situación actual en Ucrania ha provocado circunstancias extraordinarias que requieren la adquisición de diez teléfonos satelitales con cobertura global para que determinados empleados públicos, que prestan servicios esenciales en la representación de España en Vilnius y las representaciones españolas del entorno, dispongan de un dispositivo que permita garantizar las comunicaciones seguras.

El objeto del contrato consiste en el suministro de 10 teléfonos satelitales con cobertura global para la representación de España en Vilnius (Lituania) y otras situadas en esa órbita geopolítica.

Defensa

ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTORES DE AERONAVES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la celebración de un acuerdo marco para la adquisición y el suministro de repuestos para motores fabricados por General Electric Company que montan diversas aeronaves en servicio en las Fuerzas Armadas, tanto en los Ejércitos como en la Armada, por un valor estimado de 46.868.000,00 euros.

El acuerdo marco tiene una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más, en periodos de un año.

El acuerdo marco resulta imprescindible para que puedan realizar las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas en el marco de la Defensa Nacional en condiciones de eficacia y seguridad apropiadas para las aeronaves.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A EXTREMADURA PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA

El Consejo de Ministros ha autorizado a Extremadura a formalizar operaciones de endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo, por un importe máximo de 25,3 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En concreto, esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería en 2022 por importe de 25 millones de euros.

Asimismo, ha solicitado autorización para formalizar una operación de endeudamiento financiero a largo plazo por la empresa pública URVIPEXSA, S.A.U., perteneciente al sector administraciones públicas de la comunidad autónoma, por un importe máximo de 300.000 euros, destinada a financiar la construcción de viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha autorizado las subvenciones nominativas a favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de las Autoridades del Transporte Metropolitano de Barcelona y Valencia, y de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a financiar el transporte terrestre público regular de viajeros en sus respectivos ámbitos de actuación.

El importe total de las subvenciones nominativas autorizadas es de 321,7 millones de euros, con el siguiente desglose:

-A favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,89 millones de euros.

-A favor de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona: 109,3 millones de euros.

-A favor de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia: 38 millones de euros.

-A favor de la Comunidad Autónoma de Canarias: 47,5 millones de euros.

Cada año, el Estado colabora en la financiación del transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares que se caracterizan por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que la financiación estatal actúa, además, como un incentivo para el despliegue de este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana gestiona estas subvenciones en su calidad de gestor de la movilidad, entendida como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social y de desarrollo económico, a las que también se suman las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de entidades locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano que hasta 2020 estaban siendo gestionadas por el Ministerio de Hacienda.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVA PLATAFORMA "RO-RO" EN EL PUERTO DE HUELVA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras para la ejecución del proyecto constructivo de "Nueva plataforma Ro-Ro en el muelle sur del puerto de Huelva". El proyecto cuenta con un importe estimado de 21.639.391 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

La nueva rampa podrá embarcar vehículos rodados para que permita la posibilidad de operar un mayor número de buques simultáneamente. El proyecto consistirá, fundamentalmente, en la ejecución de una nueva plataforma fija en el muelle sur con acceso a la plataforma flotante.

Esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno con el desarrollo del puerto de Huelva, que cuenta en los presupuestos para 2022 con una inversión superior a los 62 millones de euros, entre las que también destacan las actuaciones para la integración del puerto en la ciudad, como el lanzamiento de la urbanización del muelle de Levante, que incluirá una marina deportiva con 400 atraques, zona social y comercial.

Además de las actuaciones en el puerto exterior, en el que, tras haber finalizado el pasado mes de febrero la mejora del saneamiento de los muelles de graneles sólidos, está previsto un nuevo acceso único, el edificio multifuncional (que será la nueva terminal de pasajeros) y, en el muelle Sur, la ampliación norte y el desdoble de la carretera de acceso. Además, para el transporte ferroviario de mercancías, está prevista la ampliación de las vías de la terminal intermodal de Majarabique.

Características técnicas de la nueva plataforma "Ro-Ro"

Esta nueva estructura para el puerto de Huelva, que presenta una forma de L en planta, se cimentará sobre 38 pilotes de HA-35 de 1,5 metros de diámetro nominal con camisa de acero. La superestructura se ejecutará in situ y estará integrada por capiteles de hormigón armado.

Asimismo, se realizarán dos estructuras de amarre tipo "duque de alba" situadas entre la línea del cantil del muelle y la nueva plataforma fija de acceso. Además, se incluye en esta actuación la demolición parcial de la actual estructura de atraque tipo "duque de alba".

También se realizarán nuevas obras de atraque y amarre de este mismo tipo que se ubicarán al sur de la nueva plataforma. Estas estructuras estarán formadas por un cajón prefabricado, con dos módulos, a modo de encofrado. Toda la superestructura se cimentará sobre 6 pilotes de HA-35 con 1,5 metros de diámetro a la cota -31.00 metros. Además, se realizarán 4 estructuras específicas de amarre tipo "duque de alba" que se compondrán con un cajón prefabricado a modo de encofrado. Estas estructuras de amarre se cimentarán sobre 4 pilotes de HA-35 a la cota de -37.00 metros.

Esta construcción portuaria se completará con la colocación de las pasarelas de acceso desde la nueva plataforma a las nuevas estructuras de atraque y amarre tipo "duque de alba". Como equipamiento de embarque y desembarque, se instalará una nueva plataforma Ro-Ro flotante, así como una pasarela móvil para las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros. De igual modo, se implantará un corredor peatonal dotado con cerramiento lateral permeable y marquesina de protección, así como como bolardos en las estructuras de atraque y amarre, de diferentes capacidades nominales.

La nueva plataforma Ro-Ro permitirá al puerto de Huelva potenciar la implantación de nuevas líneas regulares, así como diversificar los tráficos.

Imágenes del Puerto de Huelva

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial, proclamado en 1966 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La lucha contra la discriminación racial o étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior como exterior. Por este motivo, se vienen impulsando una serie de acciones que contribuyen a la eliminación de cualquier forma de discriminación racial u otras formas conexas de intolerancia.

La Unión Europea ha aprobado recientemente el Plan de acción de la UE Antirracismo para 2020-2025, en el que da un paso importante al reconocer un racismo estructural que estaría "arraigado en la historia de nuestras sociedades, entrelazado con nuestras raíces y que se refleja en la forma que funciona la sociedad y se distribuye el poder, a veces, de una manera inconsciente".

España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos de odio, pero quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto europeo y nacional donde es preciso tener una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia. Tanto las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia han sido pasos importantes.

El Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, órgano creado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden de lo Social, que transpone la Directiva 2000/43, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, ha visto incrementados considerablemente sus medios humanos y económicos, así como las tareas de asistencia independiente que se proporciona a las víctimas de discriminación racial. También se ha reforzado el compromiso para actuar ante la situación de los asentamientos informales donde viven numerosas personas migrantes, del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes y árabes, entre otros grupos poblacionales y étnicos.

Esta norma se une al impulso de la educación con un enfoque de derechos humanos, como ha quedado reflejado en la reciente reforma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en su desarrollo normativo, y al compromiso de promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Por todo ello, se considera necesaria la aprobación de una ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, que reconozca el racismo estructural presente en la sociedad española; que aborde la posibilidad de activar medidas especiales o de acción positiva de carácter temporal para combatirlo; que refleje la oposición activa del Estado frente al racismo; que mejore la atención a las víctimas de la discriminación racial y la intolerancia asociada para vencer la desconfianza de las víctimas a denunciar y reducir el nivel de infra denuncia de los actos de discriminación racial, del discurso de odio ilegal y de los delitos de odio, como medio para combatir los altos niveles de impunidad; y que perfeccione el marco normativo, concretando las infracciones y sanciones para tener un corpus normativo específico que sancione las conductas de discriminación racial.

En este sentido, el Plan Anual Normativo 2022 incluye la propuesta de ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, cuya consulta pública comenzará este 21 de marzo de 2022, con la finalidad de recabar las opiniones de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones.

Con esta declaración, se pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación de la discriminación racial y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva es una línea prioritaria de actuación, y se condenan todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad.

Industria, Comercio y Turismo

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre comunidades autónomas y ciudades autónomas de 170 millones de euros para la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con estas inversiones el Gobierno pretende incrementar la competitividad de las empresas turísticas mediante el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y economía circular que contribuyen a reducir los costes energéticos y la huella de carbono. El Plan de Recuperación prevé que en 2022 una inversión de 170 millones de euros para financiar proyectos en un total de 2.627 establecimientos en toda España. Las empresas turísticas también podrán financiar proyectos sostenibles a través del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), que cuenta con una dotación de 570M€.

El criterio objetivo de reparto territorial propuesto es la media anual ponderada del número de habitaciones estimadas y de establecimientos abiertos mensualmente en cada comunidad o ciudad autónoma, correspondientes a las cuatro categorías de establecimientos (hoteles, campings, alojamientos turísticos, y alojamientos de turismo rural), que figuran en la Encuesta de Ocupación Hotelera de 2019, última disponible antes de la pandemia.

La distribución por comunidades autónomas quedaría según recoge el siguiente cuadro:

Los beneficiarios de este acuerdo de reparto son todas las comunidades autónomas. Estas deberán asignar, a través de las convocatorias de subvenciones que efectúen en sus respectivos territorios, el presupuesto que les haya correspondido a los destinatarios últimos, es decir, a las empresas de alojamiento turístico definidas en el acuerdo de la Conferencia Sectorial: personas físicas o jurídicas propietarias de edificios existentes destinados a alojamiento turístico, o empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de ese tipo de edificios.

Las actuaciones subvencionables deberán dedicarse a la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, el uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, climatización y agua caliente sanitaria y la mejora de las instalaciones de iluminación.

Las actuaciones tendrán que conseguir y justificar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida.

El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables finaliza el 31 de diciembre de 2024, salvo que con anterioridad se hubiera agotado el presupuesto disponible

Industria, Comercio y Agenda Urbana

PERTE NAVAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la industria naval, un proyecto basado en la colaboración público-privada y centrado en la transformación de su cadena de valor mediante su diversificación hacia las energías renovables marinas y los buques de bajas emisiones, su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados.

El desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de 1.460 millones de euros con una contribución del sector público de 310 millones de euros y una inversión privada de 1.150 millones de euros. El PERTE Naval contribuirá a la modernización del sector en España mediante el incremento de su competitividad en alrededor de un 15% y la consecución de una tasa de crecimiento anual del 9 por ciento para el sector. Se espera que contribuya a la creación de cerca de 3.100 puestos de trabajo de calidad, principalmente en regiones periféricas, con lo que contribuiría así a la política de reto demográfico.

Con el PERTE Naval se busca impulsar la industria naval española, un sector estratégico para contribuir a la autonomía industrial de España y Europa, y potenciar su diversificación y su desarrollo sostenible, tecnológico y digital. El objetivo es generar importantes retornos económicos y sociales, así como reforzar las capacidades industriales de España y contribuir al desarrollo tecnológico y digital del sector naval y a la generación de empleo cualificado y de calidad.

Objetivos del PERTE Naval

El PERTE Naval se concibe como una iniciativa integral sobre la transformación de la cadena de valor de la industria naval que se llevará a cabo mediante su diversificación, digitalización y sostenibilidad, con los siguientes objetivos:

•Mantener la aportación de este sector a la soberanía industrial.

•Diversificar la actividad hacia las energías renovables marinas.

•Digitalizar la cadena de valor.

•Incrementar la sostenibilidad medioambiental.

•Mejorar la formación y capacitación de los empleados.

La consecución de los objetivos del PERTE supondrá:

1.La colaboración de distintos sectores industriales que transformarán la cadena de valor industrial del sector naval, diversificando su producción hacia las energías renovables marinas y los buques de bajas emisiones.

2.La profundización en la digitalización y la sostenibilidad del sector, mejorando también su eficiencia energética.

3.La modernización de su tejido industrial, creando y consolidando empleo de calidad.

4.La mejora de su competitividad en los mercados internacionales.

Desarrollo del PERTE Naval

El PERTE Naval impulsará proyectos transformadores de la cadena de valor del sector naval. Para ello se contará con una línea de ayudas de actuación integral para la modernización y diversificación del sector naval, de carácter plurianual, gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo objeto será la concesión de préstamos con un tramo no reembolsable (ayuda en forma mixta de préstamo y subvención).

Las propuestas que se presenten para el desarrollo del PERTE Naval en el marco de esta línea de actuación integral deberán incluir:

•Al menos una actuación o proyecto primario que acredite el desarrollo de cada uno de los bloques de carácter obligatorio que componen la línea de ayudas: diversificación (innovación en la cadena de valor), digitalización (transformación digital de la cadena) y sostenibilidad (economía circular, eficiencia energética y mejora medioambiental).

•Un plan transversal de formación y reciclaje profesional.

A la vez, en este ámbito también se incluye una medida de apoyo específica a determinados eslabones de la cadena de valor que son especialmente relevantes para su transformación, con especial incidencia en la I+D+i y la digitalización.

En concreto, en el programa Misiones Ciencia e Innovación, desarrollado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se incluirá una misión orientada a las tecnologías de aplicación en el ámbito naval, con el objetivo de fortalecer las capacidades de I+D+I para este sector y a medio plazo mejorar su nivel competitivo.

El segundo ámbito de actuación será el de las medidas facilitadoras, que son aquellas que, sumadas a las medidas del primer ámbito de actuación, pueden apoyar la diversificación del sector naval hacia las energías renovables marinas y los buques de bajas emisiones, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad del mismo.

Gobernanza

La multiplicidad de instrumentos y agentes presentes en este PERTE requieren de un marco de gobernanza para maximizar las oportunidades de colaboración, la identificación de sinergias y el adecuado seguimiento del funcionamiento y el impacto de los instrumentos.

Para ello, se articula un grupo de trabajo interministerial en el que participarán aquellos departamentos ministeriales con competencias relacionadas con las materias desarrolladas en el PERTE Naval, con el objeto de hacer un seguimiento conjunto de los instrumentos previstos.

Con objeto de involucrar al sector, en un segundo nivel, se constituirá la Alianza del PERTE Naval, un espacio de participación e interlocución que facilite generar sinergias para profundizar en la consecución de los objetivos de este PERTE.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR AGRARIO FRENTE A LA SEQUÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada de sequía, que compromete las producciones. Las medidas aprobadas, que competen a seis ministerios distintos, se inscriben en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico y tienen como objetivo contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos y materias primas.

Desde el inicio del año hidrológico, en octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones ha sido un 41,1 % inferior al valor normal, y la reserva hidráulica nacional, a 15 de marzo, se situaba en un 40,7 % de la capacidad de embalse total, 12 puntos por debajo de la media de los últimos cinco años. Además a lo largo del año 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los constes de producción, debido al encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía.

Medidas Laborales

En materia laboral y de Seguridad Social, el real decreto-ley recoge medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual. En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.

Asimismo, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Estos dos son los territorios más afectados por la situación de sequía, ya que las reservas almacenadas en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana apenas alcanzan el 30 %.

Se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.

Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o bien cuando, tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.

Medidas Fiscales y Económicas

En relación con medidas de carácter fiscal, se aprueba una reducción del 20 % del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). Se estima que esta medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.

También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.

En lo relativo a las medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, el real decreto-ley recoge dos actuaciones:

•En relación con la financiación de explotaciones agrarias, se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector.

•En relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

En cuanto al seguro agrario, el Gobierno incrementará la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación.

Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

Agua Desalada

Para poder disponer de recursos de agua desalada en este momento crítico y no perder una parte importante de la producción del regadío del sureste español, se establecen unas tarifas asumibles por los usuarios del regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.

Se actúa también sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en toma de riego y con el coste del agua en la conducción Júcar-Vinalopó, fijándose unos precios por m3 de 0,295 € en toma de postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.

Además, se adoptan medidas urgentes para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán de aplicación a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES). Entre estas medidas destaca la reducción de entre el 50 % y el 100 % de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.

Procedimiento para solicitar el Mecanismo RED y constitución del Fondo RED

El Consejo de Ministros también ha aprobado en este real decreto-ley el procedimiento y la constitución del Fondo RED para la solicitud de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) lo que permite el despliegue del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, fruto del acuerdo sobre reforma laboral.

El real decreto-ley responde a la necesidad de que las empresas pertenecientes a sectores que han sufrido cambios estructurales y permanentes puedan adoptar medidas de transición y recualificación profesional. De esta manera se impulsa el objetivo de que recurran a la flexibilidad para superar situaciones de dificultad estructural derivadas de cambios que se califican expresamente de permanentes y no lleguen a tomar medidas basadas en el despido de las personas trabajadoras.

La norma implica la posibilidad de activar el Mecanismo RED asegurando la financiación de las medidas.

Este tipo de ERTE, fruto de la reforma laboral acordada con los agentes sociales, puede tener una dimensión cíclica o sectorial. En esta última se prevén exoneraciones del 40% de las cuotas a la Seguridad Social, condicionadas a formación. La empresa que quiera adherirse está obligada a presentar un plan de recualificación que incluya la realización obligatoria de acciones de formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Tiene una duración máxima de un año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

También ha dado luz verde al Fondo RED que permitirá hacer frente a las necesidades presupuestarias de este mecanismo.

Protección social para las personas trabajadoras

Se reconocerán las prestaciones con efectos del primer día en que se pudieran aplicar las medidas de suspensión o reducción de jornada, o con efectos de la fecha de presentación de la solicitud de adscripción al mecanismo, en caso de haber sido esta presentada fuera del plazo, y se abonarán una vez se reciba la comunicación empresarial.

La empresa deberá remitir una comunicación a mes vencido, indicando la información sobre los periodos de actividad e inactividad de las personas trabajadoras del mes natural inmediato anterior. En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de actividad.

Financiación del Fondo RED

Se constituye el Fondo RED y se establece el mecanismo para su financiación para afrontar las necesidades de personas trabajadoras y empresas que precisen acogerse al Mecanismo RED.

Agilidad en el acceso a los datos

Las autoridades laborales de las comunidades autónomas podrán remitir directamente la información que obre en su poder relativa a los ERTE a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o poner dicha información a disposición del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para su posterior remisión a las citadas entidades.

Sanidad

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio para la recepción, almacenaje, acondicionamiento y distribución de las 2.280.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 de la compañía farmacéutica Novavax, por un importe máximo de 50.000 euros, IVA exento.

La finalidad de los APAs (Acuerdos de Adquisición Anticipada), es compartir el riesgo con los desarrolladores de las vacunas y permitir que estos continúen los ensayos clínicos, inicien la fabricación industrial y procedan al escalado de la producción tras la pertinente autorización. Hasta el momento, la Comisión Europea ha formalizado APAs con ocho compañías farmacéuticas: AstraZeneca, Curevac, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer, Sanofi y Valneva.

Cada APA contempla la obligación de compra de un número de dosis a un determinado precio y con unos plazos de entrega e hitos regulatorios predeterminados. También incluye cláusulas sobre exención de responsabilidades, de extinción del contrato y para la donación y/o reventa de las vacunas a terceros países.

Los Estados miembros de la UE pueden elegir si desean participar en estos APAs. Las dosis adquiridas en cada APA son asignadas a los Estados miembros participantes de forma proporcional a su población, aunque cada Estado puede comunicar su deseo de adquirir menos o más de lo asignado, y el excedente potencial se reparte entre los que han manifestado su deseo de adquirir más dosis.

Para formalizar su adhesión al APA, los Estados miembros participantes deben suscribir una "orden de pedido de vacunas" con la compañía farmacéutica, en la que manifiestan su voluntad de adherirse al mismo, adquieren el compromiso formal de adquisición de las dosis de vacunas que les sean asignadas y concretan aspectos como el número de dosis, el precio que les corresponde satisfacer y el lugar de entrega.

Hasta la fecha, España se ha adherido a 7 APAs, con las compañías: AstraZeneca, Curevac, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer y Sanofi, respectivamente.

Apa Novavax

El 16 de agosto de 2021 se formalizó el APA entre la Comisión Europea y Novavax, que supone la obligación de compra de 20 millones de dosis de la vacuna eficaz contra la COVID-19 por parte de los Estados miembros participantes, de los cuales se asignaron a España 2.280.000 dosis.

La adquisición de esta vacuna, basada en proteínas, es importante para la estrategia vacunal, dado que se trata de una tecnología segura y bien probada con vacunas de calendario, que constituye una opción útil para su empleo en los casos concretos en que las de ARN mensajero no puedan utilizarse.

España confirmó la adquisición de estas dosis de vacuna mediante la Orden de Pedido firmada por la Ministra de Sanidad el 15 de octubre de 2021 y por parte de la empresa el día 20 del mismo mes.

Justificación de la declaración de Emergencia

Para poder recibir adecuadamente las dosis adquiridas y permitir un adecuado desarrollo de la estrategia de vacunación, es necesario que el Ministerio de Sanidad tenga a su disposición instalaciones que permitan la correcta recepción y almacenamiento de las vacunas, así como su acondicionamiento para el transporte y distribución a los diferentes puntos del territorio nacional, garantizando que el producto se mantiene en condiciones óptimas a lo largo de todo el proceso. Dado que no cuenta con instalaciones propias, debe recurrir a la contratación externa de dichos servicios.

El almacenamiento y la manipulación de un medicamento son actividades críticas para el mantenimiento de su calidad, por lo que se encuentran reguladas en toda la UE y requieren, entre otros requisitos, el cumplimiento de las prácticas correctas de distribución de medicamentos de uso humano. En consecuencia, este servicio debe prestarse por una entidad que cuente con la preceptiva autorización para llevar a cabo esta actividad, concedida conforme al Real Decreto 782/2013, sobre distribución de medicamentos de uso humano.

Sin embargo, no ha sido posible la contratación de estos servicios con la suficiente antelación respecto a la fecha de comienzo del suministro, debido a:

1.- Los APAs se suscriben cuando las vacunas están aún en proceso de desarrollo. Esto determina que, tanto en el momento de la firma del APA por parte de la Comisión como en el momento de la formalización de la orden de pedido por parte de España, la vacuna de Novavax no había sido autorizada, y tampoco existía ninguna garantía sobre si finalmente sería autorizada.

2.- Tras el desarrollo de los ensayos clínicos y obtener la valoración favorable por parte de la Agencia Europea de medicamentos (EMA), la comercialización de la vacuna de Novavax fue autorizada finalmente por la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2021. En dicha fecha, la empresa desarrolladora de la vacuna no estaba en condiciones de confirmar la fecha de inicio del suministro, dado que aún debía poner en marcha su producción industrial a gran escala.

Sin embargo, a principios del mes de febrero la empresa Novavax confirmó que el suministro de la vacuna comenzaría durante la última semana de dicho mes.

En consecuencia, con el objeto de garantizar la correcta recepción y almacenamiento de la vacuna de Novavax y permitir su incorporación en la estrategia de vacunación, asegurando su calidad en todo momento, el 17 de febrero de 2021, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) declaró la emergencia de la contratación del servicio con la entidad UPS SCS Spain, S.L. por un importe máximo de 50.000,00 euros, IVA exento.

Características del Contrato

• OBJETO: contrato de servicios para la recepción, almacenaje, acondicionamiento y distribución de 2.280.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 de la compañía farmacéutica Novavax.
• ADJUDICATARIO: UPS SCS Spain, S.L.

Solicitados presupuestos a tres empresas de almacenamiento y distribución de medicamentos de uso humano, es UPS SCS Spain, S.L. la entidad que aparece como candidata idónea para la prestación del servicio de distribución requerido.

Esta entidad posee la preceptiva autorización para llevar a cabo la actividad de distribución objeto del contrato, concedida conforme al real decreto 782/2013, así como instalaciones que reúnen las condiciones especiales requeridas por esta vacuna en distintos puntos del territorio nacional. Acredita, asimismo, que cuenta con capacidad para distribuir este medicamento a los puntos de entrega que establezcan las CCAA, con la flexibilidad interna necesaria para adecuar su servicio a las necesidades de la administración, y es poseedora, en fin, de una organización sólida y de una disponibilidad de medios suficiente para responder a las diversas eventualidades que pudieran presentarse durante la ejecución del contrato.

• PRESUPUESTO. El importe máximo es de 50.000,00 euros (IVA exento). La prestación de servicios concertada se halla incluida en el régimen de exención aprobado por el real decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre en su disposición final séptima párrafo 1, apartado c).
• PLAZO. El órgano de contratación certifica que se ha cumplido con el plazo previsto en el artículo 120.1.c) de la LCSP.

Consumo

REFUERZO DEL CONTROL SOBRE LA MANIPULACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS Y FRAUDE EN LAS APUESTAS

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de regulación del juego y que, entre otras medidas, refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas, un fenómeno que atenta contra los valores esenciales del deporte y que aleja de su entorno a aficionados y seguidores.

Para ello, se ha incluido una disposición adicional al texto original relativa al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA). En ella, se establece que, para impedir que se obstaculicen las investigaciones de este servicio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) "restringirá los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad respecto al tratamiento de datos en el Servicio".

Con esta formalización del SIGMA, se pretende dar una respuesta técnica, coordinada e integral frente a este tipo de prácticas fraudulentas, las cuales, pueden derivar en procedimientos administrativos o penales.

SIGMA es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la DGOJ y accesible por vía telemática para las entidades participantes que se hayan adherido a dicho servicio. Entre ellas, destacan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.

Mediante este instrumento, se recopilará la información que cualquier entidad participante pueda transmitir sobre posibles fraudes o amaños relacionados con las apuestas deportivas que sean de su conocimiento. El objetivo es que el resto de miembros del sistema tenga constancia de esa información, mediante un acceso limitado a la misma, y pueda utilizarla para comprobar las implicaciones del posible fraude cometido en su específico ámbito de actuación.

Con esta modificación, el Ministerio de Consumo dota con rango de Ley a este instrumento y fortalece los instrumentos de la DGOJ a favor del juego seguro y en contra de los amaños y fraudes en las apuestas.

De hecho, según reza en el anteproyecto de Ley, si como consecuencia del tratamiento de los datos personales en el SIGMA se incoara un procedimiento administrativo o penal, deberá cumplirse con el deber de información en los términos previstos tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, en su caso, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Gabonesa

D.RAMÓN MOLINA LLADÓ

Nació en Barcelona el 18 de marzo de 1964. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1993.

Licenciado en Filosofía y en Derecho por la Universidad de Barcelona y Máster en Relaciones Internacionales por la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (The Johns Hopkins University, Washington D.C.). Ha desempeñado la segunda Jefatura en las Embajadas de España en la República Gabonesa, Mauritania y Vietnam. Ha sido cónsul en el Consulado General en Jerusalén y consejero Cultural en Cuba. En los servicios centrales, fue designado jefe de Servicio de Informes y Legislación del Ministerio de Asuntos Exteriores y, en servicios especiales, vocal Asesor en el Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno. Entre 2005 y 2008, dirigió el Departamento de Intercambios en la Fundación Asia Europa de Singapur y ejerció la Jefatura del Componente Civil en el Equipo de Reconstrucción Provincial de Badghis en el marco de la Fuerza Internacional para la Seguridad en Afganistán de 2008 a 2009.

Antes de ser nombrado Embajador de España en la República Gabonesa, su último destino diplomático fue la Segunda Jefatura de la Embajada en Irak.

Embajador de España en la República Libanesa

D. JESÚS IGNACIO SANTOS AGUADO

Nacido el 17 de enero de 1956 en León, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática. Comenzó su trayectoria profesional como médico de atención primaria en España y, en Guinea Ecuatorial como miembro de la Cruz Roja española. Como investigador ha trabajado en EE.UU. (University of Pennsylvania School of Medicine y Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School) y en España (Fundación Jiménez Díaz). Tras su ingreso en la Carrera Diplomática, ha desempeñado puestos de Segunda Jefatura en las Embajadas de España en Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Australia, República Libanesa y República Helénica. En servicios centrales ha ocupado, en diversos períodos, los puestos de consejero técnico en el Gabinete del SECIPI, subdirector general de Cooperación Multilateral y Horizontal de la AECID, subdirector general de Países Candidatos, Países del Espacio Económico Europeo y otros Países Europeos; y vocal asesor en el Gabinete Técnico del subsecretario de Asuntos Exteriores y en la DG para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo. En octubre de 2007 fue designado embajador de España en la República de Guinea y, posteriormente, en junio de 2017, embajador de España en la República Islámica de Mauritania. En la actualidad, era Embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional COVID-19 y la Salud Global.

Embajador en Misión Especial para Asuntos Públicos y Globales

D. JUAN JOSÉ HERRERA DE LA MUELA

Diplomático desde 1989, está especializado en diplomacia pública y cultural. Ha estado destinado en Bolivia, Rusia (consejero Cultural, 1995-99) y Nueva York (cónsul General Adjunto para Asuntos Culturales, 2014-2019). En 2009 fue nombrado embajador en Misión Especial para el Año Dual España-Rusia, y vicepresidente de la Fundación Consejo España-Rusia. Posteriormente fue director General del consorcio Casa Asia en Barcelona (2011).

Ha desempeñado también funciones en el Ministerio de Cultura (subdirector General de Música y Danza, Inaem, 1999) y en el Ayuntamiento de Madrid (director General de Museos y Música, y del Centro Cultural Conde Duque, 2012).

Asimismo ha sido presidente de la Sociedad Geográfica Española (2012-2015), editor (Siglo XXI Editores) y gestor de numerosos proyectos con diversas instituciones culturales, fundaciones y universidades, nacionales e internacionales. Es licenciado en Derecho y Asesoría Jurídica empresarial (Icade, 1983), experto Cultural (Universidad Carlos III, 2018) y máster en Historia del Arte por el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York.

En la actualidad era asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales.

Embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global

D.BORJA LUIS CABEZÓN ROYO

Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por Universidad Complutense de Madrid y cursó PMD (Program for Management Development), Executive Education en ESADE BUSINESS & LAW SCHOOL con Strategic Innovation and Cross Cultural Management, Executive Education por la HEC PARIS. También el PLGP (Programa para el Liderazgo de la Gestión Pública), Executive Education en IESE BUSINESS SCHOOL.

Actualmente era director General adjunto y de desarrollo de negocio de una empresa solar fotovoltaica con presencia en España y América Latina. Anteriormente fue diputado en la Asamblea de Madrid y también director General de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España.

Durante diez años fue consultor externo en una empresa multinacional española como miembro del Consejo Asesor, enfocándose en proyectos en América Latina.

A lo largo de su vida ha sido elegido en diferentes programas de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Embajada de Estados Unidos en España, entre otros.

De joven fundó su propia empresa de energías renovables que se dedicaba a la promoción de proyectos solares y búsqueda de los recursos energéticos de los diferentes ayuntamientos de España. También fundó y presidió la asociación Inquietud Europea, a través de la que se promovía el europeísmo con actividades de ocio, cultura y política.

Asimismo fue director técnico del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina en varias ocasiones, y también fue impulsor de la Cumbre de Jóvenes Iberoamericanos.