Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• Fondos Europeos. Actuación vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 7. ACUERDO por el que se aprueba el Plan "Hoja de Ruta Eólica Marina y Energías del Mar en España".

Hacienda y Función Pública

• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C6, R1). ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C22, I3, R1). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C22, I2, R1, R2). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

PROYECTO DE LEY DE STARTUPS

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, con la que España se posiciona a la vanguardia de Europa en apoyo al ecosistema de empresas innovadoras de base tecnológica, atracción de inversión y talento.

Con este Proyecto de Ley el Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups, en el ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil, con el fin de apoyarlas a lo largo de su ciclo de vida, en particular, en sus primeras etapas. Para ello, impulsa la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento y refuerza las medidas para atraer talento e inversores internacionales, respondiendo a la singularidad de este tipo de empresas y a las principales demandas del sector.

La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Proyecto de Ley permite a España alinearse con los países más atractivos del entorno europeo para la atracción de inversión, emprendimiento y talento. Asimismo, responde a los estándares recientemente suscritos de la declaración EU Startups Nations Standard: conjunto de prácticas diseñadas para fomentar el espíritu empresarial en la Unión Europea y fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras generando las condiciones para favorecer su escalabilidad.

Acompañan a este Proyecto de Ley distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la financiación de las startups en España, entre las que destaca el FondoICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión es alcanzar los 4.000 millones de euros, diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento. Y la línea de financiación de ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.

Igualmente, este Proyecto de Ley se enmarca dentro de las reformas estructurales del Plan de Recuperación orientadas a mejorar la demografía empresarial y mejorar el clima de negocios, de forma complementaria con el Proyecto de Ley Crea y Crece recientemente adoptado por el Gobierno y el Proyecto de Ley de Reforma Concursal, actualmente en proceso de finalización.

Identificación de startup, base para el impulso al ecosistema de empresas emergentes

El Proyecto de Ley define el concepto de startup y se dirige las empresas de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.

También se establece una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), que otorgará la declaración del carácter innovador de la empresa para que pueda acogerse a los beneficios que introduce el proyecto de ley.

Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español e inglés.

Agilidad administrativa

El Proyecto de Ley prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación de la empresa por medios telemáticos; y la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).

Cabe recordar que con la aprobación de la Ley Crea y Crece, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, será posible crear una empresa con un solo euro de capital social.

Atractivos fiscales

Este Proyecto de Ley incorpora importantes medidas fiscales para atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España.

De este modo, se reduce el tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.

Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.

Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Otro de los avances incluidos es el relativo a la figura de "nómadas digitales", es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Con el objetivo de repatriar talento se relajan los requisitos generales para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en España).

Como incentivo social, también cabe destacar la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena.

El Proyecto de Ley recoge otras medidas en favor de las empresas emergentes, como el fomento de la compra pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.

Circulación del conocimiento

El Proyecto de Ley fomenta también la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos.

Hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. En ese sentido, se permitirá la prueba de innovaciones de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

Por último, señalar que este Proyecto de Ley aspira a responder a las necesidades presentes y futuras de las empresas emergentes. Para ello, recoge un mecanismo de revisión continua y la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, como espacio de encuentro entre el sector y las Administraciones Públicas.

Trabajo y Economía Social

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL CONTRA EL TRABAJO FORZOSO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas.

El Acuerdo da cumplimiento a la exigencia del Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por España el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de septiembre de 2018 y que exige a los estados que lo suscriban desarrollar un plan de acción nacional para lograr la erradicación del trabajo forzoso. Una exigencia a la que España no había dado cumplimiento hasta el momento.

El Plan de Acción está centrado, ante todo, en la protección de las víctimas por lo que resulta esencial la tipificación del delito de trabajo forzoso y en la adopción de medidas dirigidas a conocer mejor su perfil, con el fin de protegerlas y de mejorar las políticas de prevención y de detección.

Es la primera vez, por tanto, que se adopta un plan específico para luchar contra el trabajo forzoso que, hasta ahora, sólo se había abordado en conexión, por ejemplo, con actividades como la explotación laboral o la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

El Plan permitirá adoptar medidas adecuadas para proteger a las víctimas de trabajo forzoso y conocer sus necesidades y, también diseñar las políticas adecuadas para luchar contra esta lacra. Tendrá una duración de 3 años y se creará un Grupo de trabajo Interministerial que hará seguimiento de su grado de cumplimiento.

Objetivos del Plan contra el Trabajo Forzoso

El plan responde a la firme determinación de luchar contra el trabajo forzoso en nuestro país en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

El hecho de que el trabajo forzoso no sea un fenómeno extendido en España no quiere decir que no sea necesario luchar contra los casos existentes, aunque sean reducidos en número, con todos los medios a nuestro alcance.

El objetivo debe ser la erradicación del trabajo forzoso dentro y fuera de nuestras fronteras.

El Plan de Acción permite dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, que constituye una prioridad para el Gobierno y el conjunto de nuestro país. Abordar el trabajo forzoso y establecer mecanismos para su erradicación, no sólo supone una meta concreta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo Decente), sino que también contribuye de modo sustancial a otros objetivos, como la construcción de sociedades más justas.

El Plan permite implicar a todos los actores involucrados en la lucha contra el trabajo forzoso para reforzar su eficacia.

Áreas de actuación

El Plan de acción prevé Medidas de análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso: a través de las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial mejorarán el conocimiento existente sobre el trabajo forzoso y compartirán información para prevenir mejor este tipo de conductas.

También recoge medidas de prevención, concienciación y formación; Medidas de detección, investigación y enjuiciamiento, entre las que se prevé la tipificación como delito del trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado. Incluye, además, medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Por último, incluye Medidas de coordinación y cooperación internacional ya que este tipo de prácticas a menudo involucran a personas procedentes de otros países y a organizaciones para delinquir radicadas fuera de nuestras fronteras. Es esencial, por tanto, reforzar la cooperación con los organismos internacionales (EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX o Autoridad Laboral Europea, por ejemplo) con el fin de combatir el trabajo forzoso.

Coordinación interministerial

Hasta nueve ministerios participarán en la ejecución de las medidas orientadas a combatir el trabajo forzoso. Junto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabajarán, conjuntamente, los ministerios del

del Interior; Justicia; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; Educación y Formación Profesional; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Hacienda.

Además, el Plan cuenta con la implicación de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y se ha elaborado con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones especializadas en la lucha contra el trabajo forzoso.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

HOJA DE RUTA DE LA EÓLICA MARINA Y LAS ENERGÍAS DEL MAR PARA ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado la Hoja de ruta para el Desarrollo de la Eólica marina y de las energías del mar en España, una estrategia para potenciar el liderazgo español en el desarrollo tecnológico y de la I+D de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos, con especial atención a la eólica. También garantiza el despliegue ordenado de las instalaciones en las aguas territoriales, de modo que sea respetuoso con el medio ambiente, compatible con otros usos y actividades y se aproveche para mejorar el conocimiento del medio marino.

La Estrategia contiene 20 líneas de actuación con el objetivo de alcanzar entre 1 y 3 GW de potencia de eólica marina flotante en 2030 -hasta el 40% del objetivo de la UE para el final de la década- y hasta 60 MW de otras energías del mar en fase precomercial, como las de las olas o las mareas. Entre otras medidas, se habilitarán al menos 200 millones de euros hasta 2023 y se evaluarán las necesidades de la infraestructura portuaria, donde se deben invertir de 500 a 1.000 millones para cubrir las nuevas necesidades logísticas.

España es una potencia eólica, tanto en fabricación de equipos -dispone del 90% de la cadena de valor- como en producción de electricidad -este año es la primera fuente de generación-, pero la eólica marina apenas se ha desarrollado por la elevada profundidad de las aguas territoriales para proyectos con cimentación fija, inviable a partir de 50 metros de profundidad.

Sin embargo, España es líder en soluciones flotantes para los aerogeneradores: de las 27 identificadas a escala global, siete son españolas. También es el socio europeo con más instalaciones de I+D para eólica flotante y las otras energías del mar, como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y la Plataforma de Energía Marina de Vizcaya (BiMEP) o la Zona experimental de aprovechamiento de energías marinas de Punta Langosteira (La Coruña), el segundo banco de pruebas del mundo para la energía de las olas.

Cuatro grandes objetivos

Partiendo de esta fortaleza industrial y tecnológica, la Hoja de ruta persigue cuatro grandes objetivos con vistas a 2030:

1.- Establecerse como polo de referencia europeo de I+D para el diseño, escalado y demostración de nuevas tecnologías, reforzando las plataformas de ensayo y ofreciendo el mejor entorno y el más rápido para probar nuevos prototipos. A tal fin se activarán al menos 200 millones de fondos públicos hasta 2023 para I+D en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

2.- Ser referente internacional en capacidades industriales, generando cadena de valor y empleo de calidad en todo el ciclo de vida de las tecnologías, optimizando las condiciones logísticas y acompañando a la iniciativa empresarial, siempre con una perspectiva de economía circular. Se incidirá en las sinergias con sectores ya punteros en nuestro país, como el naval, el siderúrgico o la experiencia en la energía eólica terrestre.

3.- Integrar la sostenibilidad como pilar central del desarrollo de las energías renovables en el mar. Además de un despliegue ordenado gracias a los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, ahora en información pública, se aprovechará el despliegue de estas tecnologías para incorporar sistemas de monitorización del medio marino, facilitando su conservación y mejorando el conocimiento de las interacciones y afecciones de las distintas actividades.

4.- Desplegar de un modo ordenado las instalaciones, eólicas en particular, con una regulación clara y previsible, sobre tres elementos clave: ordenación espacial, conexión a red y modelo de negocio, que adquieren especial relevancia por la ubicación de las plantas en dominio público, la gran inversión inicial que precisan y su elevada generación eléctrica.

Otros mecanismos de apoyo

Para facilitar la aplicación de la Hoja de Ruta, además de los citados 200 millones para I+D, hay numerosos programas de financiación, tanto europeos como nacionales. Entre los segundos destacan los instrumentos gestionados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), pudiendo incorporarse otros, como la emisión de bonos verdes.

La Hoja de Ruta aprovecha la Agenda Sectorial de la Industria Eólica, que forma parte de la Estrategia de Política Industrial de España 2030 y se incardina en el Componente 7 del PRTR, dedicado al despliegue e integración de las energías renovables.

Hacienda y Función Pública

SIMPLIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS

El Consejo de Ministros ha autorizado el inicio de la tramitación de la modificación de la regulación relativa al Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que pretende reformar el impuesto que recae sobre este tipo de gases, con el objetivo de dotarlo de una mayor simplificación y así facilitar su gestión y control. El texto legislativo comienza ahora su trámite consultivo antes de ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento.

Además, con dicha modificación se da cumplimiento a uno de los objetivos recogidos en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado 'Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI', concretamente con la medida R4 'Reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica'.

El impuesto que se pretende reformar fue introducido en nuestro ordenamiento tributario interno a través de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Esta nueva norma no supondrá cambios ni en el ámbito objetivo ni en el tipo impositivo del impuesto, pero sí introducirá mayor sencillez en el tributo, que redundará no sólo en un más efectivo control del mismo, sino en un mejor cumplimiento de la norma.

Por ello, el IGFEI deja de gravar la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a configurarse el hecho imponible como la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases fluorados que forman parte del ámbito objetivo del impuesto (sin perjuicio, en este último caso, del procedimiento sancionador que adicionalmente pudiera iniciarse). Este cambio lleva aparejadas modificaciones en la determinación de los contribuyentes y del devengo del impuesto.

La figura del "almacenista de gases fluorados"

No obstante, para evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento en que efectúan el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de la venta, se crea la figura del "almacenista de gases fluorados", que se puede beneficiar de un diferimiento en el devengo del impuesto.

De esta forma, cuando tras la fabricación de los gases objeto del impuesto, estos resulten vendidos o entregados a un almacenista de gases fluorados, o cuando el importador o el adquirente intracomunitario tenga la condición de almacenista, el devengo del impuesto se producirá en el momento en el que este último realice la primera venta o entrega a quien no ostente tal condición o cuando se realice el consumo de los gases por el almacenista de los gases fluorados.

Exenciones

Según recoge la propuesta normativa, no resultará gravada la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de gases fluorados que vayan a resultar utilizados fuera del territorio español, o que se destinen a ser utilizados como materia prima para su transformación química en un proceso en el que estos gases son enteramente alterados en su composición, o que vayan a ser usados en equipos militares o destinados a ser incorporados en los buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida la privada de recreo.

Tampoco se gravará la importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto contenidos en los productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros procedentes de un territorio tercero, siempre que no constituyan una expedición comercial.

Al objeto de que el sector se adapte a las nuevas exigencias en materia de gases fluorados, hasta el 31 de diciembre de 2023 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de hexafluoruro de azufre destinado a la fabricación de productos eléctricos, y hasta el 31 de diciembre de 2024 la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y CONECTADA 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que supone la hoja de ruta que guiará las actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, (Mitma) en materia de transporte, logística y movilidad en los próximos años.

Supone una reforma importante de las políticas que tradicionalmente se venían aplicando en nuestro país, pasando de una visión meramente inversora en nuevas infraestructuras a un enfoque basado en la movilidad cotidiana de sus ciudadanos, la sostenibilidad ambiental del transporte y su digitalización.

La Estrategia está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) como una reforma del Componente 6 y su aprobación supone cumplir uno de los hitos pactados con la Comisión Europea para recibir 69.510 millones de euros en ayudas para impulsar y transformar la economía tras la Covid-19.

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030

La Estrategia analiza la situación que atraviesa el sector del transporte y la movilidad en nuestro país, proyecta la visión a futuro y las prioridades del Ministerio y determina las líneas de actuación que serán necesarias acometer en los próximos años.

Asimismo, refleja el cambio de paradigma asumido por Mitma para constituirse como un proveedor y facilitador de soluciones de transporte y movilidad, desde una perspectiva más amplia, transversal y moderna. El objetivo del Ministerio es, así, liderar una auténtica política nacional de movilidad y transportes, priorizando el beneficio social en sus actuaciones. Una prioridad que implica abordar los retos medioambientales, tecnológicos, sociales y económicos de este sector estratégico, garantizando el derecho a la movilidad de las personas y el impulso al transporte de mercancías, como actividad esencial que contribuye al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.

El texto se estructura en nueve ejes, articulados en 41 líneas de actuación, que a su vez dividen en más de 150 medidas concretas a adoptar en los próximos años. Entre las prioridades de la Estrategia destacan la apuesta por la movilidad cotidiana, la conservación de las infraestructuras, el fomento de la intermodalidad, de las fuentes de energía y modos limpios y saludables y el poner a las personas y, en su caso, a las mercancías, en el centro de la toma de decisiones. En este sentido, se prioriza tener una actitud abierta a la innovación, potenciar la conexión territorial tanto dentro de nuestro país como con Europa y el resto del mundo, y mejorar los aspectos sociales y laborales asociados al transporte.

Los nueve ejes de actuación son:

1. Movilidad para todos. La movilidad es un derecho de todas las personas, que debe ser accesible y universal, e integrarse en el diseño de las políticas públicas de regiones, pueblos y ciudades. A su vez, se promueve la movilidad activa y saludable para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

2. Nuevas políticas inversoras. Este eje pone el foco en basar las inversiones en criterios de valor social y necesidades reales, priorizando la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras. La nueva política busca dar solidez a la toma de decisiones, y favoreciendo que ciudadanos y empresas amplíen su participación en dicho proceso.

3. Movilidad segura. La Estrategia hace hincapié en potenciar infraestructuras más resilientes frente a los efectos del cambio climático y preparadas para afrontar crisis y emergencias. Se recoge la seguridad desde todos sus ámbitos (operacional, infraestructuras, seguridad sanitaria…).

4. Movilidad de bajas emisiones. Este eje recoge medidas encaminadas a promover un transporte limpio y respetuoso con el medio ambiente, que sea más eficiente y consuma menos recursos energéticos.

5. Movilidad inteligente. La movilidad del futuro será conectada e innovadora, aprovechando el potencial de la tecnología para realizar procesos más eficientes, con una mejor experiencia de usuario y con información sólida y en tiempo real.

6. Cadenas logísticas intermodales inteligentes. Articula la apuesta por una cadena digitalizada, intermodal, eficiente y sostenible que integre soluciones inteligentes para mejorar la distribución de mercancías.

7. Conectando Europa y conectados al mundo. Esta palanca prioriza la implantación del Espacio Único Europeo para mejorar la conexión de los mercados y mundiales, y el objetivo de convertir a nuestro país en un hub internacional marítimo y aéreo.

8. Aspectos sociales y laborales. Promover una sociedad con hábitos más sostenibles en sus decisiones de movilidad y con profesionales más y mejor capacitados es uno de los objetivos de la Estrategia.

9. Evolución y transformación del Mitma hacia un ministerio más digital, abierto a la innovación y con una mayor presencia internacional, con más transparencia y participación pública.

Principios de la Estrategia de Movilidad

La Estrategia se basa en tres principios:

• Seguridad: condición indispensable del sistema de transportes. Se garantizará una mayor protección de las personas y los bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad. El principio engloba la seguridad de las infraestructuras y la operacional, la protección en casos de emergencia, crisis y actos ilícitos, la ciberseguridad y la seguridad sanitaria.
• Sostenibilidad, en su triple vertiente: social, medioambiental y económica. Por un lado, se priorizará una movilidad cotidiana, asequible e inclusiva, así como la equidad económico-social. Por el otro se minimizará la contribución del transporte a las emisiones contaminantes, fomentando los modos limpios, la economía circular y la resiliencia climática.
• Conectividad, también desde tres aproximaciones: la primera, la digitalización y el avance tecnológico, gran oportunidad para la trasformación del sector transporte; la segunda, la conectividad modal en el transporte y la logística y la tercera, la conectividad con Europa y el mundo.

Escucha activa y participación pública

Las políticas de movilidad tienen un carácter muy transversal, ya que todas las administraciones territoriales (Estado, Autonomías, y entidades locales), así como la Unión Europea, tienen competencias en la materia.

Asimismo, existe una profunda interconexión entre las políticas de movilidad y el resto de políticas públicas, como la energética, la medioambiental, la financiera, la industrial, las telecomunicaciones, la ordenación del territorio, la innovación, o aspectos sociales, entre otros.

Teniendo en cuenta que tantos retos y tan complejos no pueden solucionarse desde una única perspectiva, desde septiembre de 2020 el Ministerio implantó un proceso participativo muy ambicioso para la redacción de este documento. Dicho proceso, conocido como el Diálogo Abierto de Movilidad, buscaba generar un auténtico debate con todos los actores del ecosistema de la movilidad y la sociedad en su conjunto, basado en un Documento para el Debate en el que se exponían las líneas de acción y medidas propuestas.

Este proceso contó con la organización o participación del Ministerio en multitud de eventos, la publicación de una web específica, el diseño de un portal de participación ciudadana con encuestas y laboratorios de ideas o la publicación de un boletín mensual. También se han realizado seminarios informativos dirigidos al resto de ministerios, a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

A su vez, se han mantenido encuentros con el sector profesional del transporte, desde las empresas directamente relacionadas con él, hasta proveedores de servicios y soluciones complementarias. Igualmente, se han realizado talleres con ciudadanos de distintos municipios y regiones de España, para conocer sus necesidades de movilidad cotidiana, así como encuestas específicamente dirigidas al sector profesional.

Derechos Sociales y Agenda 2030

AYUDAS PARA LA MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LA VIVIENDA

El Consejo de Ministro ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta norma está vinculada al componente 22, denominado "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión" incluye la línea de inversión C22.I3: Plan España País Accesible, que consiste en mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral.

La pandemia de la COVID-19 ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad para salir a un centro de día, a dar un paseo o a ir a un hospital. Asimismo, mirando en clave interna, muchas de estas viviendas carecen de una ducha adaptada, que compromete cuestiones básicas como la higiene personal de sus propietarios o inquilinas. Todo estos son factores que les obligan a vivir en una situación de precariedad, inseguridad e insalubridad; obligándolas, en muchos casos a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado, por una situación ajena a ellas mismas y que puede ser evitable.

En este sentido, la accesibilidad universal se erige como un elemento que entraña una enorme profundidad democrática ya que permite a las personas con discapacidad vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Este Real Decreto, conecta igualmente con la consecución de la reforma que pretende impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la Persona.

El objetivo es regular la concesión directa de las aportaciones destinadas a la financiación para 2021 del desarrollo de actuaciones del componente C22.R1 "Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración" y de las inversiones del componente C22.I3 "España País Accesible" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los proyectos serán desarrollados por las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán las siguientes actuaciones:

• Al menos un 50% del presupuesto se destinará a actuaciones de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarias y propietarios, así como en los parques de viviendas de titularidad pública, incluidas los proyectos de obra, que aseguren el acceso, uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, especialmente a las mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
• El presupuesto restante se destinará a actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, referidas especialmente a poblaciones rurales en las que residan personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, mediante ayudas a particulares incluidos los proyectos de obra que aseguren el uso y disfrute de su vivienda.

La dotación financiera de estas subvenciones asciende a un total de 50 millones de euros.

Derechos Sociales y Agenda 2030

AYUDAS AL TERCER SECTOR PARA LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN Y CUIDADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Real Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a las entidades del Tercer Sector que tienen la experiencia, alcance y capacidad de realizar proyectos piloto de innovación e investigación que contribuyan al desarrollo de políticas públicas sobre la modernización y mejora de los servicios sociales y de los modelos de cuidado y apoyo a personas mayores, a la atención a la infancia y a personas en situación de sinhogarismo. La distribución de proyectos y entidades por ejes es la siguiente:

Eje 1: Atención a la infancia en riesgo: Proyectos piloto innovadores y de investigación para la modernización y mejora de los servicios sociales y de los modelos de atención a la infancia y adolescencia, enfocados a personas menores de edad en riesgo, tuteladas o ex tuteladas por la Administración.

Eje 2: Atención a personas en situación de sinhogarismo: Proyectos piloto innovadores y de investigación para la modernización y mejora de los servicios sociales y de los modelos de apoyo y atención a las personas en situación no cronificada de sinhogarismo, enfocados en la atención temprana y/o en las personas jóvenes.

Eje 3: Atención a personas mayores: Proyectos piloto innovadores y de investigación para la modernización y mejora de los servicios sociales y de los modelos de apoyo y cuidado a las personas mayores con necesidades de cuidado de larga duración, que están institucionalizadas o en riesgo de estarlo.

La dotación financiera de estas subvenciones asciende a un total de 49.570.530 euros. Y las actuaciones contempladas deberán estar terminadas a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Este Real Decreto está vinculado con el componente 22, denominado "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión", responde a la necesidad de modernización, reforzamiento y transformación de los servicios sociales en España, de forma que estos sean capaces de responder a los desafíos y retos del momento, poniendo a las personas en la centralidad de las políticas públicas, especialmente aquellas más vulnerables en las situaciones de crisis.

Este componente contempla medidas que buscan transformar los servicios sociales desde una perspectiva innovadora. Se trata del denominado "Plan de Modernización de los Servicios Sociales: transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia".

Entre las actuaciones se encuentra la de "Financiar proyectos piloto que promuevan la innovación en el marco de los servicios sociales, poniendo en práctica iniciativas novedosas cuya evaluación permita extraer implicaciones para el conjunto del sistema, el intercambio del conocimiento y el aprendizaje para orientar mejor los procesos de modernización que se pretenden impulsar." Así mismo, los proyectos que se ejecutan con este real decreto responden a la actuación que responde a la "mejora de las infraestructuras residenciales y otros aspectos de los centros de atención a la infancia y la adolescencia, teniendo más en cuenta las necesidades emocionales, personales, educativas y profesionales".