Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de emergencia para la recuperación medioambiental del área afectada por el incendio forestal de Liétor, en la provincia de Albacete, por un importe máximo de 700.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de emergencia para la recuperación medioambiental del área afectada por el incendio forestal de Navalacruz II, en la provincia de Ávila, por un importe máximo de 299.862,55 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio para establecer las líneas de colaboración para la ejecución y posterior cesión del uso, explotación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de la ciudad de Melilla, y se convalidan las aprobaciones del gasto efectuadas por la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Enmienda al anexo del Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea.

Defensa

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del concierto con entidades de seguro para la asistencia sanitaria de titulares y beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) durante los años 2022, 2023 y 2024, por un valor estimado de 1.620.712.165,64 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a contratar la construcción de un buque de intervención subacuática (BAM-IS), por un valor estimado de 166.460.000 euros.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se modifica la composición del Plenario del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, O.A. por importe de 25.000.000 de euros para atender los gastos relativos a incapacidad temporal hasta la finalización del ejercicio.
• Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C11, I2). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 60.067.000 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Justicia, para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 2).
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 13.997.732,14 euros.
• Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C11, I2 y C19, I3). ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la tramitación anticipada de varios expedientes de contratación de bienes y servicios informáticos para los años 2022-2025 para dar cumplimiento al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia correspondiente al año 2021.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los estatutos sociales de la sociedad mercantil estatal "Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.".
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado cuatro del artículo 10 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el arrendamiento del inmueble que alberga al Laboratorio Central del Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad del Comercio Exterior.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar a la Jefatura Central de Tráfico, O.A., llevar a cabo varios expedientes de gasto de carácter inaplazable.
• ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar la tramitación de dos contratos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, con cargo al capítulo 6 del programa 333A "Museos".
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Organismo Autónomo Instituto de las Mujeres la realización de nuevos gastos destinados a estudios y trabajos técnicos.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la aprobación de una adenda al convenio celebrado con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, de fecha 14 de diciembre de 2007, para la financiación del Consorcio "Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos".
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana financiar los nuevos expedientes de gasto en materia de transporte, logística y movilidad de los ciudadanos.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la prórroga del mantenimiento de una cuenta restringida de ingresos con la entidad bancaria BBVA, para el correcto desempeño de sus funciones, en las anualidades 2022 y 2023.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Transporte Terrestre, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la compensación a Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las obligaciones de servicio público, pendiente de liquidación en el presente ejercicio con cargo a ejercicios futuros.
• ACUERDO por el que se modifican las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo los proyectos de Innovación y Tecnología de la European Defence Agency (EDA) denominado "Código de detonación europeo" (EUDetCode), así como el desarrollo de un receptor marítimo Galileo PRS (GEODE).
• ACUERDO por el que se modifican las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa financiar un contrato de suministro de los servicios energéticos en la base militar del Ejército de Tierra "Conde de Gazola", en San Andrés de Rabanedo (León).
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, O.A., suscribir un convenio con el Real Aeroclub de Lugo para la regulación de las instalaciones aeronáuticas del aeródromo de Rozas.

Interior

• INFORME sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo interministerial para la posible revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, en el marco del "Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Hacia una movilidad sostenible y conectada".

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato ejecución de las obras del proyecto de supresión de bloqueo telefónico Los Rosales - Zafra. Valor estimado del contrato 24.634.395,12 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la primera ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación del terraplén situado en la carretera N-420, puntos kilométricos 648+290 al 649+260 (término municipal de Escucha), deslizamiento del talud del margen derecho de la vía de servicio de la carretera N-420, punto kilométrico 644+450 (término municipal de Utrillas) y la rotura del terraplén en la carretera N-234, punto kilométrico 114+100, en el estribo frontal del puente de Caparrates sobre el ferrocarril (término municipal de Teruel) en la provincia de Teruel, por importe de 2.542.338,92 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos en las carreteras N-232, A-12 y N-120, debidos a la intensidad de las lluvias caídas entre el 14 y el 17 de junio de 2021, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de La Rioja, por importe de 1.196.423,48 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• Se inicia la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• ACUERDO por el que se autorizan contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales y programas y fondos de carácter internacional, por importe de 423.702,68 euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• ACUERDO por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general.

Sanidad

• Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Componente 18. ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario 2021, de créditos gestionados por las comunidades autónomas para el sistema de la Red de Vigilancia en Salud Publica con cargo al presupuesto de Sanidad y en el marco del componente 18 "Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias" (C18.I3), para su sometimiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de la ciudad de Ceuta en otras comunidades autónomas.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución del "Contrato para la organización, gestión y ejecución del Programa de Turismo Social del IMSERSO para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas" (3 lotes).
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2021, a la Red Eurodesk, Eurodesk Brussels Link (EBL), por importe de 1.500 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2021, a la Red Europea de Servicios Sociales (European Social Network - ESN), por importe de 1.170 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2021, a la Plataforma Europea Housing First (Housing First Europe Hub) por importe de 10.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2021, del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de generación de conocimiento, en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 477.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2021, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 110.038.260 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P. (CIEMAT) la contribución al Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales (CERN), correspondiente al año 2021, por un importe de 350.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P. (CIEMAT) el pago de contribuciones a asociaciones, organizaciones y entidades internacionales de investigación, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, por un importe de 2.175.000 coronas noruegas para 2016, 53.092,67 euros para 2017, 73.178,52 euros para 2018 y 36.300 euros para 2019.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la tercera modificación al convenio celebrado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y la atención sociosanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
• ACUERDO por el que se impone una sanción de 213.440,29 euros a la empresa Isla Plana Market, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social nº I282021000009524, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco de la Vicepresidencia española de la Ministerial de Trabajo 2021 de la OCDE, por un importe de 50.000 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Reino de Arabia Saudí a D. JORGE HEVIA SIERRA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la Federación de Rusia aD. MARCOS GÓMEZMARTÍNEZ.

Igualdad

• REAL DECRETO por el que se nombra secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a Dª. ÁNGELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

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ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA ZONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES DE LIÉTOR (ALBACETE) Y DE NAVALACRUZ (ÁVILA)

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de recuperación medioambiental de las áreas afectadas por los incendios forestales de Liétor (Albacete) y de Navalacruz II (Ávila), por un importe de 700.000 y 299.862 euros, respectivamente.

La intervención comenzará de inmediato ante el riesgo de que las lluvias de otoño agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de una zona incluida parcialmente en la Red Natura 2000. Estas actuaciones urgentes garantizarán la pervivencia del bosque, los usos ambientales, paisajísticos, sociales y de recreo de los terrenos forestales y facilitarán la restauración integral, por parte de cada Comunidad Autónoma, de los espacios dañados a más largo plazo.

La ejecución de las obras de emergencias ha sido encargada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, al medio propio TRAGSA, en el caso de Liétor y a la empresa Forestación y Repoblación S.A (FORESA), en el de Navalacruz II, con un plazo de ejecución de seis meses, para cada actuación.

Para paliar la situación de emergencia provocada por estos incendios, se han puesto en marcha acciones como trituración de árboles en pie; construcción de fajinas y diques de mampostería hidráulica para evitar la erosión y para retener sedimentos y laminación de cauces y para defensa del suelo mediante la realización de helimulching (arrojar paja desde un helicóptero) y mulching o acolchado de astilla repartida en el terreno. Así mismo se procederá a la mejora de masas forestales y plantación de frondosas para protección del suelo en zonas húmedas, obras de drenaje y retirada y sustitución de cerramientos ganaderos en las zonas próximas a carreteras y vía públicas para evitar el riesgo de accidentes de tráfico por colisión con el ganado.

Liétor, un incendio en la cola del pantano del Talave

El 24 de julio de 2021 se inició un incendio forestal en la cola del pantano del Talave, en la cuenca del Segura, en el término municipal de Liétor (Albacete), de gran magnitud y peligrosidad, debido fundamentalmente a las desfavorables condiciones meteorológicas de viento y calor de esos días. Tras dos días de actividad, el incendio quemó una superficie de 2.178,36 ha, de las cuales 21,21 ha, afectaron al término municipal de Liétor y el resto afectaron al término municipal de Hellín. En las áreas más yesosas se encuentran matorrales típicos de estos suelos, que constituyen formaciones protegidas a nivel comunitario, estatal y regional. En este caso se ha visto afectado el LIC y ZEPA de las Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo, que cuentan con presencia de parejas reproductoras de águila real y halcón peregrino.

Navalacruz, afección de la red natura

El incendio declarado el 14 de agosto, entre los municipios de Sotalbo y Navalacruz, (Ávila) alcanzó una extensión de 22.037,85 hectáreas, convirtiéndose en uno de los peores incendios de la historia de Ávila y de Castilla y León, que afectó en un 30% al espacio natural protegido de las Sierras de la Paramera y Serrota, un enclave incluido dentro de la Red Natura 2000.

El Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre declaró una primera fase de las obras de emergencia para la restauración de esta superficie quemada de Navalacruz, por importe de casi 700.000 euros, que fueron encargadas, por la Dirección General de Biodiversidad del MITECO, al medio propio TRAGSA. El acuerdo aprobado hoy abre la puerta, por tanto a la segunda fase las actuaciones.

Declaración de zonas afectadas

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentran incluidos los incendios de Liétor y Navalacruz.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

EL CONSEJO DE MINISTROS TOMA CONOCIMIENTO DE LA ENMIENDA AL ANEXO DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA EN INTERÉS DE LA UNIÓN EUROPEA

El Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea se firmó en Bruselas el 25 de mayo de 2011. España es parte de este Convenio desde el 18 de abril de 2013, que está en vigor de forma general y para para nuestro país desde el 1 de diciembre de 2015.

El objeto del Acuerdo es establecer el procedimiento y las prácticas de seguridad para el intercambio de información clasificada de interés para la defensa entre todos los Estados miembros de la Unión Europea y la aplicación uniforme de la normativa de la Unión para la protección de su transmisión.

El Acuerdo consta de un preámbulo, catorce artículos y un Anexo:

• En el Preámbulo, las Partes manifiestan su propósito de proteger la información clasificada generada o intercambiada entre ellas o por las personas físicas o jurídicas bajo su jurisdicción.
• En el Articulado, se determina qué información está sujeta a protección; los niveles de clasificación; las equivalencias de clasificación entre la del Consejo de la Unión Europea y la de la normativa nacional de las Partes, y los requisitos para el acceso a la información. Las Partes se comprometen a la protección de toda la información clasificada transmitida, intercambiada o transferida, y a establecer las medidas necesarias para garantizar su confidencialidad durante el proceso, almacenamiento o transmisión.
• En el Anexo se establecen las correspondencias de las clasificaciones de seguridad en la Unión Europea y en los Estados miembros.

El Anexo tiene un procedimiento específico para su modificación, regulado en el Artículo 3.3, donde se establece que las Partes notificarán al depositario del Acuerdo las posibles modificaciones de las clasificaciones de seguridad que se recogen en el Anexo.

El 29 de junio de 2021, una vez publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 25 de ese mes, el secretario general del Consejo de la Unión Europea, como depositario del Acuerdo, notificó la modificación del Anexo, las modificaciones en el Anexo que afectan a las clasificaciones de seguridad de Francia y Suecia, así como a la desaparición de las correspondientes al Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea.

Nos encontramos ante una enmienda a un tratado internacional de las reguladas en el Artículo 36.2.a) de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, cuya tramitación, al estar ya en vigor, solamente exige la toma de conocimiento de la misma por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Defensa

CELEBRACIÓN DEL CONCIERTO CON ENTIDADES DE SEGURO PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL ISFAS (INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS) DURANTE LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa la celebración del Concierto del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) con entidades de seguro para la asistencia sanitaria de titulares y beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024, por un valor estimado de 1.620.712.165,64 euros.

Al igual que el concierto cuya vigencia está a punto de finalizar, el nuevo concierto que se aprueba tiene también por objeto asegurar durante estos años el acceso a la prestación de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional y cubrir la asistencia transfronteriza a los titulares y beneficiarios del ISFAS que opten por recibirla a través de una entidad de seguro.

Defensa

CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE INTERVENCIÓN SUBACUÁTICA (BAM-IS)

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa la celebración de un contrato de construcción de un buque de intervención subacuática (BAM-IS) por un valor estimado de 166.460.000,00 euros. El contrato comprende tanto la construcción del buque, como la adquisición e integración de los equipos de intervención subacuática.

Actualmente las operaciones más complejas de intervención subacuática, tanto en el ámbito específico de la Armada (guerra de minas, reparaciones, rescate y salvamento de submarinos, entre otras), como en colaboración de ésta con otros organismos del Estado (operaciones de buceo de cierta entidad o dificultad, conservación del patrimonio arqueológico subacuático, recuperación de pecios, etc.), las realiza principalmente el buque de Salvamento y Rescate de la Armada "Neptuno".

El buque "Neptuno" está llegando al final de su vida operativa por lo que es imprescindible iniciar la construcción de un nuevo buque que lo sustituya para dar respuesta a este tipo de operaciones.

El nuevo buque cubrirá las necesidades futuras que se puedan derivar de nuevos escenarios operativos en los que se requiera el empleo de los sistemas de rescate de submarinos de la OTAN y las nuevas misiones que se le asignen como contribución de la Estrategia de Seguridad Marítima.

Hacienda y Función Pública

CONSORCIO CENTRO DE LÁSERES PROPULSADOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de que el Ministerio de Ciencia e Innovación pueda aprobar una adenda al convenio celebrado con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Universidad de Salamanca el 14 de diciembre de 2007, para la financiación del Consorcio 'Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos' (CLPU).

Dicho centro es una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) de localización única que forma parte del mapa de ICTS vigente. El CLPU es una infraestructura dedicada a la investigación y al desarrollo de tecnología de láseres pulsados ultraintensos. Está situado en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, gestionado por un consorcio público constituido en 2007 y cofinanciado por la Administración General del Estado, la Comunidad de Castilla y León y la citada Universidad.

En el CLPU se aloja VEGA, un sistema de láser de titanio-zafiro con tecnología CPA (Chirped Pulsed Amplification) cuya arquitectura es única a nivel mundial al contar con los dos láseres más potentes de España y uno entre los diez más potentes del mundo, por lo que la lista de potenciales aplicaciones es muy amplia, alcanzando diversas disciplinas situadas en la vanguardia de la ciencia.

Con el objeto de colaborar en la construcción y financiación del CLPU, el 14 de diciembre de 2007, la Administración General del Estado, a través del entonces Ministerio de Educación y Ciencia (actual Ministerio de Ciencia e Innovación), la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Universidad de Salamanca suscribieron un convenio para la creación del consorcio para su diseño, construcción, equipamiento y explotación, estando financiado por dichas entidades al 50%, 45% y 5%, respectivamente.

Con fecha 28 de diciembre de 2012, se suscribió un acuerdo de modificación del convenio suscrito en 2007, estableciéndose un nuevo marco de financiación y modificando las aportaciones inicialmente previstas por las partes, así como la posterior fase de explotación.

Posteriormente, el 7 de mayo de 2016, se suscribió un nuevo acuerdo entre las entidades suscriptoras para modificar de nuevo el referido convenio. En particular, se modificaron los Estatutos de forma que el consorcio CLPU quedó adscrito a la Administración General del Estado.

El plazo de vigencia del convenio finaliza el 31 de diciembre de 2021. Manifestada la voluntad de las partes de continuar con la financiación del consorcio, se desea suscribir una adenda al convenio, para continuar con el equipamiento y explotación del CLPU, que cubra el periodo 2022- 2028.

Según el borrador de la mencionada adenda, las entidades firmantes aportarán un total de 22.400.000 euros para el periodo de 2022 a 2028, manteniéndose la participación de las partes consorciadas en el 50%, 45% y 5%, según la siguiente distribución:

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA VARIOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD DE LOS CIUDADANOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto, con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, con el fin de posibilitar a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana financiar nuevos expedientes de gasto en materia de Transporte, Logística y Movilidad de los ciudadanos.

Dichos gastos corresponden a las siguientes actuaciones:

• La firma de una adenda al Convenio firmado por dicha Secretaría de Estado con ADIF y Puertos del Estado, el 29 de abril de 2019, para el diseño, desarrollo y explotación de la plataforma tecnológica SIMPLE
• El encargo a INECO S.M.E., M.P., de trabajos para la mejora y actualización de contenidos, mantenimiento y difusión del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE), organismo creado como herramienta para aumentar el conocimiento y la transparencia sobre el transporte y, en general, la movilidad en España, facilitando a los agentes información de calidad, veraz, actualizada y accesible, así como un análisis riguroso del funcionamiento del sistema de transportes y de su evolución.
• La tramitación de un contrato del estudio de movilidad de los ciudadanos a nivel nacional, mediante datos de una o más operadoras de telefonía móvil procesados mediante tecnología big data, analizando los viajes de los ciudadanos, debidamente anonimizados y agregados, clasificados por etapas del mismo y modos de transporte en los que se realizarían cada una de estas etapas.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA AL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA ACOMETER INVERSIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS AA PP

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 60.067.000 euros, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Justicia, para llevar a cabo inversiones relativas a la modernización de las Administraciones Públicas, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 2).

Para avanzar en el año 2021 en el objetivo de modernización de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Justicia necesita 60.067.000 euros de financiación adicional para acometer proyectos prioritarios de Justicia 2030, que se enmarcan en el Componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas', Inversión 2 'Proyectos tractores para la digitalización de la Administración General del Estado' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 27 de abril de 2021, y posteriormente remitido a la Comisión Europea y aprobado por el Consejo el 13 de julio de 2021.

La transferencia de crédito se orienta a financiar actuaciones en el marco del hito 164 'Procedimiento Judicial Electrónico', según el que al menos el 70% de los 4.056 órganos judiciales existentes dispondrá de la infraestructura necesaria para poder celebrar electrónicamente al menos el 30% de los procedimientos.

La transferencia de crédito tendrá alta en la aplicación presupuestaria de nueva creación 'A Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' en la Secretaría de Estado de Justicia y procede de la aplicación 'Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', del Ministerio de Transición.

Hacienda y Función Pública

SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN MUFACE PARA GASTOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un suplemento de crédito en el presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, O.A., por importe de 25.000.000 euros, para atender los gastos relativos a incapacidad temporal hasta la finalización del ejercicio.

Dichos gastos se han producido, entre otras razones, por las bajas de enfermedades asociadas al COVID-19, las intervenciones que no se realizaron en el año 2020 y se están realizando en el año 2021, el envejecimiento del colectivo protegido, así como por las inspecciones médicas debido al alto volumen de expedientes consecuencia de la pandemia.

Hacienda y Función Pública

REDUCCIÓN DE CAPITAL DE LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S. A

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los estatutos sociales de la sociedad mercantil estatal 'Corporación de Radio y Televisión Española, S. A., S.M.E.', como consecuencia de la reducción de capital por importe de 122.435.000 euros, de forma que el capital social tras la reducción se situará en 1.000.000.000 euros.

La reducción de capital tiene por finalidad restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

El procedimiento por el que se llevará a cabo la reducción será la amortización de 24.487.000 acciones. El nuevo número de acciones será de 200.000.000 con un valor nominal de 5 euros que pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en su totalidad. El plazo máximo de ejecución del acuerdo de reducción es de seis meses.

Para la reducción de capital se tomará como base el balance a 31 de diciembre de 2020 formulado por el órgano de administración de RTVE.

Hacienda y Función Pública

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LA EUROPEAN DEFENCE AGENCY

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de que el Ministerio de Defensa lleve a cabo los proyectos de innovación y tecnología de la European Defence Agency (EDA) denominado 'Código de Detonación Europeo" (EUDetCode), así como el desarrollo de un receptor marítimo Galileo PRS (GEODE).

EUDetCode es un proyecto de colaboración en el marco del Capability Technology (CapTech) de Misiles y Municiones de la EDA y aprobado por la Junta Directiva de la Agencia en julio de 2020 para la participación de Alemania (líder), Suecia, Italia, República Checa y España y la de países no pertenecientes a la EDA (Noruega y Suiza).

En el proyecto participan laboratorios y centros de ensayo gubernamentales, así como entidades industriales con acciones de I+T relacionadas con los ensayos que se van a realizar: diseño y desarrollo de métodos numéricos de detonación de materiales energéticos y una herramienta que preste capacidad de cálculo a los Estados miembros contribuyentes

La participación nacional en el proyecto será a cargo de tres entidades: EXPAL, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyas capacidades parecen coherentes con los objetivos del proyecto.

Se trata de un proyecto cofinanciado. El valor total del mismo asciende a seis millones de euros, siendo la estimación de coste para el Ministerio de Defensa de 375.000 euros. El presupuesto base de licitación para atender esta necesidad es el siguiente:

Por otro lado, Galileo es el Sistema de Navegación por Satélite de la Unión Europea, totalmente independiente del Sistema Global de Posicionamiento norteamericano GPS NAVSTAR. Entre los diversos servicios de Galileo destaca el Servicio Público Regulado (PRS) que provee de posicionamiento, navegación y tiempo (servicios PTN) robustos, seguros y de soberanía europea.

Con fecha 16 de junio de 2019 el Director General de Armamento y Material firmó una Carta de Intenciones junto con los representantes de los ministerios de defensa de Francia, Bélgica, Italia y Alemania, para desarrollar las capacidades PNT, basadas en Galileo PRS.

En el caso de España, el Ministerio de Defensa se comprometía a contratar el desarrollo de un receptor marítimo de Galileo PRS en apoyo al proyecto GEODE (Galileo for EU Defence), cofinanciado por el Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa (EDIDP).

La contribución nacional al proyecto GEODE necesita la realización de un contrato nacional de servicios de I+D durante el periodo 2021 a 2026 conforme al proyecto GEODE. El importe económico máximo estimado para ejecutar el contrato de servicios de I+D alcanza los siete millones de euros (IVA incluido), distribuido en las siguientes anualidades:

Por todo lo anterior, el Ministerio de Defensa expone la necesidad de modificar los compromisos de crédito para los ejercicios 2022 a 2026 para llevar a cabo las actuaciones referidas anteriormente, teniendo en cuenta los compromisos que ya tiene adquiridos, por los siguientes importes:

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA QUE TRANSPORTES REALICE LA COMPENSACIÓN A RENFE VIAJEROS DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Transporte Terrestre, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la compensación a Renfe Viajeros, S. M. E., S. A., de las obligaciones de servicio público, pendiente de liquidación en el presente ejercicio con cargo a ejercicios futuros.

Con fecha 18 de diciembre de 2018 el titular del entonces denominado Ministerio de Fomento firmó con Renfe Viajeros S. M. E., S. A. el contrato para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de 'cercanías', 'media distancia convencional', 'alta velocidad media distancia (Avant)' y 'ancho métrico', competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027, mediante el que se autorizó un gasto para la aplicación 'Renfe Viajeros S. M. E., S. A., para la compensación de las obligaciones de servicio público, pendiente de liquidación' de 9.693.759.000 euros.

En julio de 2021 se firmó una segunda adenda al contrato en la que se modificaba el importe del compromiso de gasto que como máximo asume la Administración en concepto de compensación económica total, de acuerdo con la que se ha aprobado la liquidación definitiva del año 2019, con un importe de 938 millones de euros, superando en 3,9 millones la cantidad prevista en el contrato por los gastos de explotación en 2019. El incremento económico se ha debido fundamentalmente a dos motivos:

-Impacto de las obras de Cercanías del núcleo de Madrid

-Impacto del Canon C1 de estacionamiento de trenes, correspondientes a los años 2018 y 2019, regularizados ambos ejercicios en 2019 por parte de ADIF, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

Los 938 millones es una cifra inferior al importe máximo presupuestado de 940,1 millones. Esta diferencia de 2,1 millones se contempla como saldo sobrante disponible para sufragar los costes de ejercicios posteriores.

La liquidación provisional de 2020, como consecuencia de la pandemia, ha reflejado una importante disminución de la demanda por las medidas puestas en marcha para contener su avance. Ello ha supuesto un importe en la compensación a abonar a Renfe de 1.114 millones de euros, lo que supera en 176,6 millones la cantidad prevista en el contrato por los servicios prestados en 2020.

El Consejo de Ministros de este lunes ha aprobado que se financie con cargo a los ejercicios 2021 a 2025, ambos inclusive, las obligaciones económicas derivadas del pasado año, que ascienden a 174,4 millones, adicionales al gasto ya comprometido.

Teniendo en cuenta el crédito inicial en la aplicación correspondiente, a nivel de vinculación, el crédito retenido y las nuevas necesidades, surge el siguiente cuadro resumen:

Hacienda y Función Pública

CONTRATACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) la tramitación anticipada de varios expedientes de contratación de bienes y servicios informáticos para los años 2022-2025.

Con esta actuación se da cumplimiento al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta autorización afecta al Programa 44.90 "Sistema Integrado de Informática de la Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", en sus Conceptos 290 "Gastos corrientes en bienes y servicios. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" y 666 "Equipos para proceso de la información. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", sin crédito inicial a nivel de vinculación.

El Presupuesto de Gastos de la GISS para el ejercicio 2021, aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, recoge la creación del programa 44.90 "Sistema Integrado de Informática de la Seguridad Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" para dotar a la Gerencia de Informática de presupuesto que le permita afrontar los gastos en inversiones, en aplicación de las medidas adoptadas por el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, con el fin de amortiguar el impacto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.

Por todo lo anterior y al no existir crédito inicial en las citadas rúbricas presupuestarias del programa 44.90 en el presupuesto de 2021, procede tramitar la autorización de modificación de límites a comprometer, con las siguientes anualidades e importes:

Hacienda y Función Pública

SUMINISTRO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LA BASE MILITAR "CONDE DE GAZOLA", LEÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican las anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Defensa la financiación de un contrato de suministro de los servicios energéticos en la base militar del Ejército de Tierra "Conde de Gazola", en San Andrés de Rabanedo (León).

Dicho contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 6.530.175,27 euros, se realizará con una empresa de servicios energéticos, para llevar a cabo la renovación de las instalaciones productoras de energía, utilizando fuentes de energía renovable y la implantación de planes para mejorar su eficiencia energética a largo plazo.

Con ello se alcanzarán las siguientes finalidades:

• Implementar un sistema de producción de energía térmica con cero emisiones de gases de efecto invernadero mediante el empleo de energía renovable, evitando la emisión de más de 1.500 toneladas de CO2 equivalente.
• Potenciar el uso de energías renovables, como recurso local sostenible.
• Modernizar las instalaciones de climatización de toda la Base, mejorando la eficiencia energética.
• Disponer de un sistema de control que permita reducir los consumos innecesarios y mejorar el confort térmico de los usuarios.
• Lograr una importante reducción de costes económicos de, al menos, el 10% durante el periodo de ejecución del contrato, que ascenderá al 55,30% una vez amortizada la inversión y extinguido el contrato.
• Asegurar un ahorro energético anual del 30% respecto a los consumos actuales.
• Lograr que todas las inversiones necesarias sean financiadas inicialmente por el sector privado y sean amortizadas directamente por los ahorros que proporcionen sus actuaciones.

Hacienda y Función Pública

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNED CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que autoriza la oferta de empleo público de personal docente e investigador (PDI) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) correspondiente al año 2021.

Se trata de una Oferta de Empleo Público, por acceso libre, de un total de 65 plazas para personal docente e investigador (PDI) para la UNED.

Esta oferta se corresponde con el 110% de la tasa de reposición del PDI fijo, esto es, la totalidad de las bajas que se produjeron en el ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 19. Uno.1 y 3 letra l), de la LPGE 2021, en particular, para las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y de Profesores Contratados Doctores de Universidad, regulados estos últimos en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

Hacienda y Función Pública

REAL DECRETO PARA MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la composición del Plenario del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

El Real Decreto establece la incorporación de la Generalitat de Cataluña y de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) al Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, donde actualmente coinciden el Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona.

En concreto, se establece la entrada de dos representantes por parte del Gobierno catalán, así como de un representante por parte de la patronal de las pymes catalanas PIMEC. También se establece que uno de los dos representantes del Gobierno de Cataluña ocupará la vicepresidencia segunda del Pleno. El Delegado Especial del Estado ocupará la vicepresidencia primera.

La incorporación de la Generalitat y de PIMEC responde a la voluntad de acercar las instituciones de Cataluña al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el cual cuenta actualmente en su Pleno con una nutrida representación política, económica y social.

Sobre el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

El Consorcio es un ente público estatal en cuyo pleno se integran representantes del Gobierno de la nación, del Ayuntamiento de Barcelona y de las principales entidades económicas de la ciudad. Se financia íntegramente con recursos propios y con los procedentes de su gestión patrimonial.

Su campo principal de actividad es la gestión de la zona franca aduanera y de su polígono industrial, si bien desarrolla una intensa actividad que incluye la promoción de edificios, de suelo urbano e industrial, actuando de dinamizador para la transformación empresarial hacia la economía 4.0.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ELIMINACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE ACCESO A LAS TERMINALES DE LOS AEROPUERTOS SITUADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy y a propuesta de las ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de Sanidad, Carolina Darias, suprimir la limitación de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio nacional.

De esta forma, el Gobierno ha acordado adecuar la normativa vigente a la evolución de la pandemia, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la actividad económica y la paulatina vuelta a la normalidad, en particular de cara a la reactivación del turismo.

Así, en línea con las decisiones que están adoptando gran parte de los aeropuertos europeos, se permitirá el acceso de acompañantes a las terminales aeroportuarias, si bien su entrada se podrá ver limitada en momentos de gran afluencia para evitar que se produzcan aglomeraciones.

Dentro de las instalaciones aeroportuarias, seguirá siendo de obligado cumplimiento las medidas higiénico sanitarias establecidas por las autoridades.

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros, será publicada este próximo jueves en el BOE y entrará en vigor al día siguiente, viernes 15 de octubre. Esta nueva norma modifica el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que sólo permitía el acceso al aeropuerto a los pasajeros provistos de un billete o tarjeta de embarque válidos, en las 6 horas anteriores a la salida prevista del vuelo, así como a los acompañantes estrictamente necesarios de menores, personas con movilidad reducida u otra causa debidamente justificada.

Aeropuertos seguros de Aena

Durante todo este tiempo, como desde el inicio de la situación de crisis sanitaria, Aena ha implantado procedimientos y medidas sanitarias en los 46 aeropuertos de su red situados en territorio nacional, que han sido reconocidos con la Acreditación de Salud Aeroportuaria (AHA) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

De hecho, es de remarcar que Aena es el gestor aeroportuario que cuenta con más "aeropuertos seguros" en el mundo acreditados según las directrices de las autoridades aeronáuticas internacionales y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS PARA LA SUPRESIÓN DEL BLOQUEO TELEFÓNICO ENTRE ZAFRA Y LOS ROSALES POR 24,6 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato para la supresión del bloqueo telefónico en el tramo entre Zafra y Los Rosales, en las provincias de Badajoz y Sevilla. El contrato tiene un valor estimado de 24.634.395,12 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 22 meses.

El tramo Zafra-Los Rosales consta de 139,1 km de vía única sin electrificar y pertenece a la línea de ancho ibérico Mérida-Los Rosales, de 204,3 km.

El bloqueo telefónico existente en estos momentos en el trayecto entre Zafra y Los Rosales será sustituido por un Bloqueo Automático en Vía Única (BAU) entre Cazalla y Los Rosales y un Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU) entre Cazalla y Zafra, ambos sistemas funcionarán con Control de Tráfico Centralizado (CTC).

Los trabajos se desarrollarán en los términos municipales de Zafra, Usagre y Llerena en la provincia de Badajoz; y dentro de la provincia de Sevilla en Los Rosales, Tocina, Alcolea del Río, Villanueva del Río y Minas, El Pedroso, Cazalla de la Sierra, Constantina, Alanís y Guadalcanal.

Estas obras, que implican modificaciones en las instalaciones de señalización, energía y telecomunicaciones de la línea, suponen un salto cualitativo en la mejora de la fiabilidad de las instalaciones y la calidad del servicio.

Las principales actuaciones que realizar son las siguientes:

• Sustitución de los actuales enclavamientos eléctricos y mecánicos por nuevos de tipo electrónico, renovando todo el cableado de campo entre las salas técnicas y los equipos de señalización.
• Instalación de enclavamientos electrónicos en aquellas estaciones de la línea en las que actualmente no existan enclavamientos.
• Instalación de nuevas señales tipo LED con sus respectivas balizas ASFA Digital.
• Instalación de nuevos equipos de detección de tren (contadores de ejes).
• Equipamiento de motores en los desvíos que permitan ser telemandados desde el enclavamiento, integrándose las nuevas funcionalidades de los enclavamientos en el CTC de Sevilla.
• Actualización del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).
• Nuevo tendido de fibra óptica troncal para las telecomunicaciones fijas.
• Creación de las zanjas y canaletas necesarias para la ejecución de todas estas instalaciones.
• Construcción de cabinas o edificios técnicos para los equipos de interior de los enclavamientos y bloqueos.

La implantación de estos nuevos sistemas de señalización y seguridad vienen a completar la inversión ya realizada en los 65,2 km que unen las estaciones de Mérida y Zafra, trayecto donde ya fue suprimido con anterioridad el bloqueo telefónico.

Estas obras contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

"Una manera de hacer Europa"

Agricultura, Pesca y Alimentación

LEY PARA COMBATIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, normativa concebida para producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

Al impulsar esta ley, primera sobre la materia que se promulga en España y que ya existe en algunos países europeos, el Gobierno ratifica su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente (objetivo número 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

En la exposición de motivos de la ley, se justifica la necesidad de establecer una norma ante los pocos avances producidos en los últimos años para frenar este problema. Combatir el despilfarro es un imperativo ético -en consonancia con las grandes líneas del Gobierno de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico- que debe implicar al conjunto de la sociedad en el que se enmarca esta normativa.

El desperdicio de alimentos perjudica al conjunto de la sociedad al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos aumentando los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Esta ley trata de orientar hacia un sistema de producción más eficiente, que enfoque al desarrollo de la economía circular.

La ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

Normalmente, las causas del despilfarro alimentario están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.

JERARQUÍA DE PRIODIDADES DE USO

La Ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento (artículo 5), la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Para la donación de alimentos, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos.

Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos (artículo 7).

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.). Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

Además de la obligación de cumplir esta jerarquía de usos que impida el desecho de alimentos en la basura, los agentes que operan en la cadena alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío.

Los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Pare ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables.

Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor, sea con medios propios o ajenos, deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley.

Todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención

La norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.

Así mismo deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.

La ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada (artículo 9), para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia

PLAN ESTRATÉGICO INTERMINISTERIAL

Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico (artículo 11) a propuesta de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Derechos Sociales y Agenda 2030; de Consumo; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Industria, Comercio y Turismo; de Inclusión Social y Migraciones y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Este plan definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito. El pan será revisable cada cuatro años. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa consulta con los demás ministerios mencionados, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá realizar un informa anual sobre los resultados de la aplicación del plan nacional del que tendrá que informar a las Cortes.

La ley impone además a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.

RÉGIMEN SANCIONADOR

El régimen sancionador establece cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros. Las cusas de esta infracción son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos; no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social; o que las entidades sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.

También es causa de infracción grave la discriminación en el reparto de alimentos por alguno de los motivos mencionados más arriba. Se considerarán faltas muy graves, que pueden ser sancionadas con hasta un millón de euros, la segunda o posterior infracción grave reincidente.

Se considerarán motivo de infracción leve no aplicar la jerarquía de prioridades para el uso de alimentos, no contar con un plan de prevención de las pérdidas, no cuantificar éstas y no informar de las mismas o no disponer de los medios para asegurar que los alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano se donen a través de un pacto o convenio que regule la donación a organizaciones.

En el caso de las entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro receptoras de las donaciones, se considerará falta leve no distribuirlas a personas desfavorecidas o no garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un registro de entrada y salida. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONTRIBUCIONES A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a realizar dos contribuciones que suman 423.702,68 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para participar en sendos programas internacionales relacionados con la agroalimentación que se consideran de interés para España.

El ministerio realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la alimentación. Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones que son de interés para España porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior y de su posición en las mismas.

Según la Ley de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales, las contribuciones o aportaciones voluntarias que realice la Administración General del Estado que no estén previstas en éstos, como sucede con estas aportaciones voluntarias, deberán ser autorizadas por el Consejo de Ministros.

La contribución a la FAO, que asciende a 323.702,68 euros, se corresponde con la participación en el programa de profesionales asociados, uno de los más antiguos e importantes de este organismo internacional. Los países participantes en él pueden cubrir temporalmente puestos vacantes en la FAO, lo que ofrece la oportunidad a jóvenes titulados de tener una interesante experiencia de aprendizaje y participar en actividades de cooperación internacional en un entorno altamente especializado. Normalmente los contratos se realizan por un año y pueden ser prorrogables.

La segunda contribución autorizada por el Consejo de Ministros es de 100.000 euros a la OCDE para el programa de seguimiento y evaluación de las políticas agrarias. El programa de trabajo para el bienio 2021-22 acordado por el Comité de Agricultura de este organismo prevé mantener la elaboración de los country review (revisión de país) con el objetivo de analizar que las políticas nacionales en la materia estén enfocadas hacia una agricultura productiva, sostenible y resiliente.

La Comisión Europea ha considerado oportuno llevar a cabo una revisión de la política agroalimentaria de la Unión a través de estos instrumentos para identificar que políticas son más adecuadas para conseguir los objetivos de Biodiversidad y de la Política Agraria Común (PAC). Para que el estudio tenga más valor y permita una evaluación más completa, cada país miembro puede pedir que se amplíe en su territorio.

En el caso de España, el estudio se enfocará de manera horizontal y abarcará los aspectos de sostenibilidad y digitalización del sector agrario. El estudio permitirá al MAPA detectar puntos débiles y fortalezas de la actividad agroalimentaria e identificar aquello que deba mejorarse y reforzarse para conseguir los objetivos de sostenibilidad.

Ciencia e Innovación

AYUDAS PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria del año 2021 del procedimiento de concesión de ayudas a «proyectos de generación de conocimiento», en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 477.000.000 euros.

La convocatoria 2021 de proyectos de generación de conocimiento es el conjunto de ayudas más importante para el fomento de la investigación científica y técnica en nuestro país. Estas ayudas están destinada a los grupos de investigación de las universidades, centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro. Con estos recursos se promueve que la comunidad científica española pueda abordar proyectos de investigación científica y técnica de alta calidad, novedad y relevancia que contribuyan al progreso del conocimiento, así como a la resolución de problemas de la sociedad y al crecimiento de la economía. Asimismo, permiten la incorporación de contratados predoctorales en formación para la realización de su tesis doctoral en los grupos y centros de investigación más reconocidos.

Las ayudas de esta convocatoria financiarán, por un lado, proyectos de investigación no orientada, que están motivados por la curiosidad científica y tienen como objetivo primordial avanzar en el conocimiento, independientemente del horizonte temporal y su ámbito de aplicación, y por otro, proyectos de investigación orientada, que tienen como finalidad la resolución de problemas concretos y vinculados a las prioridades temáticas asociadas a los desafíos mundiales y competitividad industrial de la sociedad.

Los proyectos tendrán una duración de tres o cuatro años, y excepcionalmente de dos, y se podrán realizar de forma individual o coordinada a fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido. Los proyectos serán desarrollados por equipos de investigación, bajo la dirección de uno o varios investigadores principales. El presupuesto se destinará a gastos de personal, equipamiento y fungible, gastos de viajes, publicaciones científicas, patentes y otros gastos directamente relacionados con el proyecto.

Esta convocatoria se enmarca en el Programa Estatal para impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

Ciencia e Innovación

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2021, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 110.038.260 euros.

La Agencia Estatal de Investigación -organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación- presenta una convocatoria de hasta 1.091 ayudas para contratos predoctorales, por un importe de 110 millones de euros. Estas ayudas, que constituyen la principal convocatoria para investigadores predoctorales, están asociadas a un proyecto de investigación y se enmarcan en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. El objetivo de esta convocatoria es financiar e incentivar la formación y especialización de las personas que están preparando la tesis doctoral y quieren dedicarse a la investigación, impulsando su inserción laboral, tanto en el sector público como en el privado, así como facilitando la movilidad internacional y la movilidad dentro del sector público -universidades y organismos de investigación- y entre éste y las empresas.

Las ayudas para contratos predoctorales son por cuatro años y están destinadas a que los investigadores predoctorales realicen sus tesis doctorales en proyectos de investigación de grupos con solvencia científica y académica pertenecientes a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de investigación y, con carácter singular, en centros de excelencia Severo Ochoa y unidades María de Maeztu, y en centros públicos de I+D+I de investigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, participantes en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA.

La ayuda anual para cada uno de los contratos predoctorales será de 21.100 euros para cada una de las dos primeras anualidades, 22.300 para la tercera anualidad y 27.900 para la cuarta anualidad. Estas ayudas financian los salarios y los gastos de seguridad social de las contrataciones, así como los gastos de estancias en otros centros de I+D y la matrícula en las enseñanzas de doctorado.

Por tercer año, se ajustan al Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), aprobado por el Gobierno en marzo de 2019, que incrementó el salario mínimo de estos contratos y mejoró las condiciones laborales de estos jóvenes investigadores. De esta manera, desde la convocatoria de 2018 la retribución salarial mínima de los predoctorales ha aumentado un 11,7%.

Esta convocatoria también contempla ayudas adicionales de 6.860 euros por cada investigador contratado, que se podrá destinar a financiar estancias que realicen en centros de I+D diferentes a los que estén adscritos con el fin de que puedan realizar actividades para mejorar su formación e impulsar el desarrollo de su tesis, así como completar y afianzar la formación investigadora adquirida. También se pueden financiar los gastos de matrícula derivados de las enseñanzas de doctorado -tutela académica y créditos formativos-, en una universidad española, pública o privada, del investigador contratado correspondientes a los cursos en los que esté matriculado durante la vigencia de la ayuda para la contratación en la etapa predoctoral.

Ciencia e Innovación

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y CASTILLA LA-MANCHA SOBRE EL CENTRO NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE (CNH2)

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de la tercera modificación al convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Castilla-La Mancha para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2), en virtud de la cual el Gobierno compromete 14 millones de euros para el periodo 2021-2031.

Este acuerdo, que contempla que la Junta de Castilla-La Mancha aporte otros 14 millones de euros durante el mismo periodo, supone un incremento de las anualidades que recibe el centro. En concreto, se prevé que, a partir del próximo año, reciba 2,8 millones de euros en total, un millón de euros más de lo que venía recibiendo.

La modificación autorizada también contempla que el convenio pase a tener una duración indefinida, lo que permitirá dar continuidad a la colaboración iniciada en 2007 entre las dos administraciones, que finalizaba el próximo 31 de diciembre, y contribuirá a la consolidación del centro como un centro de excelencia en la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías energéticas verdes.

El incremento presupuestario del CNH2 permitirá mejorar el funcionamiento del centro a través de acciones como el aumento en casi un 50% de la plantilla de personal fijo a medio plazo o el incremento del personal temporal hasta un 50% durante el transcurso de los próximos diez años.

El consorcio para el diseño, construcción equipamiento y explotación del Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible es una entidad de derecho público integrada por la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ubicado en Puertollano (Ciudad Real), el CNH2 tiene como objetivo la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos al Hidrógeno y las Pilas de Combustible y centra su actividad en la producción, almacenamiento, transformación, integración, distribución, aplicaciones de las tecnologías del Hidrógeno, normativa, certificación, seguridad e Implantación tecnológica y aspectos sociales y económicos de estas tecnologías, estando al servicio de toda la comunidad científica y tecnológica nacional y abierto a la colaboración internacional. Es el centro de referencia en todas las tecnologías ligadas al hidrógeno verde, tal y como ha establecido la "Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en el Reino de Arabia Saudí

D. JORGE HEVIA SIERRA.

Nacido en Colunga (Asturias, 1959). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Ingresó en la Carrera diplomática en 1986.

Ha sido embajador de España en El Salvador, y embajador de España ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Ha estado destinado en las Embajadas de España en Santo Domingo, Santa Sede y República Italiana. Fue asesor diplomático de la Presidencia del Congreso de los Diputados, Director General del Gabinete del Ministro de Defensa, Director General de Relaciones Institucionales en el Ministerio de Defensa, Subdirector General de Países del Mercosur y Chile, y Consejero Técnico en el Gabinete del ministro. Actualmente era director político adjunto en la Dirección General de Política Exterior y de Seguridad, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Embajador de España en la Federación de Rusia

D. MARCOS GÓMEZ MARTÍNEZ.

Nacido en Artà (Illes Balears, 1965), es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho Francés por la Universidad de Paris XI y traductor-intérprete jurado de ruso e inglés.

Ingresó en la Carrera Diplomática en 1990 con el número uno de su promoción. Inició su trayectoria profesional en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha desempeñado puestos en las Direcciones Generales de Europa y Asuntos Consulares, así como en el Gabinete del Ministro. Fue también asesor en el Departamento Internacional de la Presidencia del Gobierno. Entre 2018 y 2020 fue Director General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos.

En el exterior, ha servido en las embajadas de España en Rusia y Argentina, y en la Misión ante las Naciones Unidas en Ginebra. Ha sido también cónsul adjunto en Londres y Cónsul General en Cantón (China). Fue asimismo embajador de España en Nueva Zelanda, Fiyi, Tonga, Samoa y las Islas Cook (2007-2011). Desde 2020 era embajador de España en Colombia.

Igualdad

Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género

Dª. ÁNGELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

Ángela Rodríguez Martínez (Pontevedra, 1989) es licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó un máster de Creación e Investigación en Arte Contemporáneo en la Universidad de Vigo y un máster en malos tratos y Violencia de género en la UNED.

Tras haber recibido una beca de investigación en la Universidad de Vigo, Ángela Rodríguez fue diputada entre 2016 y 2019, durante la XI y XII legislaturas, en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. En esta etapa asumió una de las vocalías de la subcomisión que llevó a cabo los trabajos para la aprobación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. En el Congreso también desempeñó la vicepresidencia segunda de la Comisión de Igualdad y la portavocía adjunta de dicha comisión. Como portavoz adjunta formó parte del equipo que elaboró la Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, así como de la Proposición de Ley de Tiempo de trabajo Corresponsable.

Al finalizar la legislatura pasó a formar parte, como asesora política, del gobierno municipal de la localidad madrileña de Parla hasta su incorporación, en enero de 2020 al gabinete de la Ministra de Igualdad, como asesora parlamentaria. En esta etapa, ha participado de manera activa en la negociación de leyes como el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y las medidas relativas a la violencia vicaria y la suspensión del régimen de visitas ante indicios claros de violencia de género en la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.