Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cátedra sobre Inteligencia Artificial y Democracia, a través del Instituto Universitario Europeo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación del programa de emisión de bonos para colectivos vulnerables en el marco del Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el ejercicio presupuestario 2021, por importe de 10.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en centros públicos de referencia en el marco del Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el ejercicio presupuestario 2021, por importe de 150.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en el marco del Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el ejercicio presupuestario 2021, por importe de 20.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos en el marco del Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el ejercicio presupuestario 2021, por importe de 25.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial para el ejercicio presupuestario 2021, de créditos gestionados por comunidades autónomas con cargo al presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en el marco del Componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales (Digital Skills)", del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por importe de 140.000.000 de euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de emergencia para la recuperación medioambiental del área afectada por el incendio forestal de El Tiemblo y Cebreros, en la provincia de Ávila, por un importe máximo de 299.952,19 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se autorizan las Declaraciones relativas al Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, a su Protocolo Adicional y a su Segundo Protocolo Adicional, y se dispone su remisión a las Cortes Generales para su conocimiento.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por el agravamiento de la pandemia de COVID-19 en la República del Ecuador, por un importe máximo de 230.000 euros.
• ACUERDO sobre propuestas de concesión de beneplácitos para jefes de misión extranjera.

Justicia

• ACUERDO por el que se autoriza a la Mutualidad General Judicial O.A. (MUGEJU) la celebración del Concierto de MUGEJU con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
• ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 27.044,91 euros, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional al Ministerio de Universidades, para poner a disposición el importe correspondiente a la gestión de expedientes compartidos.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación atender necesidades derivadas de contratos y encargos relativos al seguimiento económico y científico-técnico de ayudas y al mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión de ayudas a la I+D+i, así como la concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
• ACUERDO por el que se autorizan y modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria la concesión de subvenciones, cofinanciadas con FEADER, para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial la convocatoria de subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular previstos en el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena", afectando a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Islas Canarias, La Rioja y el Principado de Asturias.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la contratación del servicio de tratamiento, conversión a formato electrónico y destrucción de los expedientes constitutivos de los archivos de la TGSS.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la contratación, la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes para poder desarrollar su normal funcionamiento.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar diversos contratos necesarios para la gestión que realiza la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar contratos de limpieza y energía eléctrica de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte y para el contrato de movimiento de fondos documentales y bibliográficos en el Archivo Histórico Nacional.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, O.A., la celebración de conciertos con entidades de seguro para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo de mutualistas y de beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024, así como otros expedientes de asistencia sanitaria.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, O.A., financiar la contratación de las obras de urbanización de la colonia "Julio Ruíz de Alda" (Ciudad del Aire) de Santiago de la Ribera, en San Javier (Murcia), así como otros proyectos de inversión en viviendas militares y otros inmuebles de su patrimonio.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de nuevos gastos en la aplicación presupuestaria 21.04.411M.6 "Inversiones reales".
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) atender las obligaciones derivadas de un encargo a TRAGSATEC S.A., S.M.E., M.P., para el servicio de soporte técnico en el ámbito de sistemas y comunicaciones informáticas.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, con la finalidad de celebrar diversos contratos relativos a estudios y trabajos técnicos en la Dirección General de la Policía.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la prórroga y la tramitación de diversos contratos de servicios de asesoría y asistencia técnica.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaría, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la adquisición de un inmueble destinado a ser sede de la Embajada de España en Londres.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaría, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la convocatoria de becas de la Escuela Diplomática.
• ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la concesión de becas para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de doctorado.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Mutualidad General Judicial, O.A. (MUGEJU), el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional y en el exterior al colectivo de mutualistas y beneficiarios, durante los años 2022, 2023 y 2024.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por el Grupo HOTUSA.

Interior

• Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación para la adquisición y puesta en marcha de equipamiento para control manual en puestos fronterizos en el marco del sistema de entradas y salidas (Entry Exit System/EES), por un valor estimado de 20.661.157,02 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de compra pública de tecnología innovadora para el desarrollo de una solución a los retos del proyecto Isar cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, con un valor estimado de 19.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por daños graves en el puente metálico de La Luisa, en el punto kilométrico 016+909 de la línea 764 Trubia - Collanzo (RAM), por un importe de 2.560.320 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España, como miembro de pleno derecho de la Organización Internacional Corte, correspondiente a 2019, por importe de 2.500 euros.

Educación y Formación Profesional

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Observatorio de la Enseñanza de la Historia en Europa del Consejo de Europa correspondiente al ejercicio 2021, por importe de 130.673,05 euros.

Industria, Comercio y Turismo

• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• ACUERDO por el que se autoriza la financiación, en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España en el Extranjero, de actuaciones de promoción en el ejercicio 2022 con cargo a créditos remanentes del ejercicio 2021, según lo previsto en el artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
• Acuerdo por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), para financiar los servicios de ingeniería, gestión de aprovisionamientos y supervisión de construcción para la primera fase de ejecución de una planta de ácido tereftálico (PTA) en Adana, Turquía, por importe de hasta 36.550.000 dólares estadounidenses, a SASA Polyester Sanayi A.S.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM), para el cumplimiento de la obligación de desembarque, mediante la digitalización de la flota de pequeña escala y de apoyo al sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y transformador en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para el año 2021.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de territorialización de créditos presupuestarios adicionales destinados a atender los Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales en Galicia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, por un importe de 151.659,67 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de un crédito adicional para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020, por un importe de 29.690.000 euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a los afectados para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Estatuto de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Aragón, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación, firmado el 21 de noviembre de 2019.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Castilla y León, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación, firmado el 28 de octubre de 2019.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación, firmado el 14 de octubre de 2019.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Galicia, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación, firmado el 25 de octubre de 2019.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Madrid, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación, firmado el 5 de noviembre de 2019.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación, firmado el 7 de octubre de 2019.

Política Territorial

• ACUERDO por el que se aprueba la disolución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Espacio Portalet".

Cultura y Deporte

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a titulares de salas de exhibición cinematográfica.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo de la primera celebración del Día del Cine Español.

Sanidad

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios para la recepción, almacenaje y acondicionamiento de 3.821.220 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la compañía Pfizer/BioNTech, adquiridas por España, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por un importe máximo de 674.955,90 euros, IVA exento.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a subvencionar programas de interés general considerados de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2021, por importe de 260.819.933 euros.

Universidades

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se nombre Directora General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos a Dª. CECILIA ROBLES CARTES

REAL DECRETO por el que se designa Embajador de España en la República de Indonesia a D. FRANCISCO DE ASÍS AGUILERA ARANDA

Defensa

REAL DECRETO por el que se nombra Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a D. AMADOR FERNANDO ENSEÑAT Y BEREA

REAL DECRETO por el que se nombra Director del Gabinete Técnico de la Ministra de DefensaaD. PABLO GUILLÉN GARCÍA

REAL DECRETO por el que se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierraa D. CARLOS GABRIEL PALACIOS ZAFORTEZA

Cultura y Deporte

REAL DECRETO por el que se nombra Subsecretario de Cultura y Deporte a D. EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES

Universidades

REAL DECRETO por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a D. CARLOS ANDRADAS HERANZ

AMPLIACIÓN DE CONTENIDO

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS ENTRE LAS CC.AA. PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado las propuestas de distribución territorial de 500 millones de euros para el periodo 2021-2023, destinada a varios proyectos de digitalización y conectividad que gestionarán las Comunidades Autónomas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta distribución económica será tratada en la reunión de la Conferencia Sectorial que, con carácter virtual, se celebrará mañana miércoles.

Impulso a la conectividad digital

Con los acuerdos aprobados hoy, las Comunidades Autónomas contarán hasta 2023 con 360 millones de euros para poner en marcha actuaciones que se enmarcan en el Programa UNICO. Este Programa tiene por objetivo lograr la universalización del acceso a la banda ancha ultra rápida (100 Mbps o superior) en todo el territorio, así como la aceleración del despliegue de 5G, incluso en las áreas rurales de carácter remoto.

Esta cuantía que gestionarán las CCAA se articulará en cuatro líneas:

UNICO-Servicios Públicos. Este programa permitirá financiar infraestructura de banda ancha con velocidades de, al menos, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps en centros de referencia tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y otros centros en los que se presten servicios públicos y reforzar su conectividad. El presupuesto del programa es de 150 millones de euros.

El Programa UNICO-Industria y Empresas tiene un presupuesto de 100 millones de euros y su objetivo es reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o zonas grises NGA . El programa incluirá tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.

UNICO-Bono Social tiene un presupuesto de 30 millones de euros y consiste en la creación de un bono social que permita contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables. Existirá una limitación de un bono por unidad familiar y persona con cuantía máxima del bono de 240 €/año. Podrán colaborar con el programa del bono social aquellos operadores que presten servicio, en todas o en alguna de las comunidades y ciudades autónomas.

Por último, UNICO-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. El presupuesto del programa es de 80 millones de euros.

Ampliación de formación y conocimientos digitales entre los ciudadanos

Las CCAA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán 140 millones de euros, igualmente para el periodo 2021-2023, para ejecutar acciones de formación y adquisición de competencias digitales por parte de la ciudadanía, a través de actuaciones como módulos formativos, talleres, seminarios, etc. Actuaciones que, además deberán poner el foco en formación para mujeres y niñas.

Estas inversiones se enmarcan en el componente 19 del Plan de Recuperación, relativo al Plan Nacional de Competencias Digitales, que busca reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, reduciendo el porcentaje de la población española que carece de competencias digitales. Así, uno de los ejes de actuación es el impulso de las competencias digitales transversales del conjunto de la ciudadanía, poniendo énfasis en colectivos en riesgo de exclusión social y luchando contra la brecha digital de género.

Con ellas, se pretende reforzar los programas que vienen ejecutando las CCAA a través de iniciativas como el fortalecimiento de redes de centros de apoyo a la formación digital, acciones de inclusión digital con foco en colectivos vulnerables, programas de información y sensibilización para población senior o programas de innovación para el cierre de la brecha digital.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUBVENCIÓN A LA CÁTEDRA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DEMOCRACIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de concesión directa de una subvención de 1.395.000 € al Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia para financiar hasta 2025 las actividades de la Cátedra sobre Inteligencia Artificial y Democracia. Esta Cátedra ha sido creada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el IUE y el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance de Donostia mediante el correspondiente Convenio de Colaboración.

La Cátedra será hospedada por el IUE de Florencia y tendrá como funciones la realización continua de actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre materias relacionadas con la inteligencia artificial y la democracia. El objetivo final es generar un cuerpo de estudios que sirvan para dotar de criterio a los poderes públicos con el fin de medir el impacto de la adopción de las tecnologías de IA en los procesos democráticos.

Se trata de una acción enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el objeto de analizar si el marco ético y la normativa que regula el campo de la inteligencia artificial está adecuado al proceso de transformación que estamos experimentando en este ámbito. Además, se pretende trasladar las conclusiones que se obtengan de esos estudios a la Administración Pública, para ser los primeros conocedores de la situación y poder llevar a cabo aquellas actualizaciones o progresos que se consideren necesarios para la protección de los derechos, tanto individuales como colectivos, de la ciudadanía en el mundo digital.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INCENDIO FORESTAL DE EL TIEMBLO Y CEBREROS (ÁVILA)

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de recuperación medioambiental en las áreas afectadas por el incendio forestal de El Tiemblo y Cebreros, en la provincia de Ávila, por un importe máximo de 299.952 euros. La intervención comenzará de inmediato ante el riesgo de que las lluvias de otoño agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de una zona incluida parcialmente en la Red Natura 2000.

Estas actuaciones urgentes garantizarán la restauración de la cubierta vegetal que conlleva un aumento de la biodiversidad, una mejor protección del suelo contra la erosión y por lo tanto una mejor regulación del ciclo hidrológico, así como la conservación de zonas de especial protección para la cigüeña negra y el águila imperial ibérica, facilitando la restauración integral de los espacios dañados a más largo plazo por parte de la Comunidad Autónoma.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO ha encargado la ejecución de esta actuación de emergencia a la empresa PINO FORESTAL INGENIERÍA S.L., con un plazo de ejecución de seis meses.

Esta intervención inmediata incluye acciones como la eliminación mecánica con triturado in situ del arbolado quemado de enebro, encina y pino resinero, y la incorporación del astillado al suelo para la defensa contra la erosión de las laderas, la mejorar de los accesos existentes para los vehículos de extinción y la creación de varios pasos de agua. Las actuaciones se limitan a las estrictamente urgentes, entendiendo como tales aquellas en las que técnicamente no es posible aplazar su inicio a meses posteriores, porque perderían su eficacia e, incluso, gran parte de su necesidad para prevenir o remediar daños.

Afecciones en zonas protegidas

El pasado 8 de agosto de 2021 se declaró un incendio en el término municipal de El Tiemblo que, por las adversas condiciones meteorológicas con episodios de altas temperaturas y existencia de fuertes vientos, se comportó con gran virulencia y acabó afectando a un total de 742,49 ha. de los términos municipales de El Tiemblo y Cebreros.

El perímetro del incendio alcanzó a la ZEC Pinares del Bajo Alberche (espacio de la Red Natura 2000), así como a la ZEPA de los pinares del Bajo Alberche, zonas de gran importancia para la recuperación de la cigüeña negra y del águila imperial ibérica.

El incendio quedó extinguido el 19 de agosto y, a partir de esta fecha, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como administración responsable, inició la evaluación de los daños ocasionados por el incendio, así como de los riesgos asociados a la no intervención, determinando las actuaciones inmediatas a realizar y hacer viable una posterior restauración de la zona afectada.

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que a lo largo de este verano han sufrido importantes incendios forestales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DECLARACIONES RELATIVAS AL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

El Consejo de Ministros acordó autorizar las Declaraciones relativas al Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, a su Protocolo Adicional y a su Segundo Protocolo Adicional, y se dispone su remisión a las Cortes Generales para su conocimiento.

El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del Consejo de Europa (ETS 30), hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, y complementado por el Protocolo Adicional de 1978 y el Protocolo Adicional de 2001, tiene como objetivo fomentar y facilitar la asistencia mutua entre autoridades judiciales, policiales y aduaneras en materia penal, así como mejorar la celeridad y la eficiencia de la cooperación judicial.

España ha formulado diversas declaraciones en relación con el Convenio y los dos Protocolos de los que forma parte, bien en el momento de su ratificación o posteriormente.

Con motivo de la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, órgano de la Unión Europea que será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371, el Ministerio de Justicia considera necesario complementar las declaraciones formuladas en su momento por España al Convenio y a sus Protocolos Adicionales, a fin de que la Fiscalía Europea también sea considerada autoridad judicial, de acuerdo con las previsiones del artículo 104.4 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Además de la declaración para que la Fiscalía Europea sea considerada autoridad judicial, se formulan otras tres declaraciones para aclarar algunas cuestiones sobre la aplicación del Convenio en relación con ella, al tratarse de un órgano que no es exclusivo de nuestro país.

La ratificación por España del Convenio y de los Protocolos, así como las declaraciones y reservas, precisaron la autorización previa de las Cortes Generales, al estar incursos en el supuesto del Artículo 94.1.e) de la Constitución. Este hecho daría pie a considerar que las posteriores modificaciones de las declaraciones deberían someterse igualmente a la autorización de las Cortes. No obstante, al no tratarse de una nueva declaración, sino de la actualización de otra previamente formulada por nuestro país en 2011 para que se considere a la Fiscalía Europea como autoridad judicial, y a que el fundamento para dicha actualización es la aplicación del Derecho de la Unión Europea , se considera que el procedimiento más adecuado para a la formulación las Declaraciones es la previa autorización del Consejo de Ministros y su posterior remisión a las Cortes Generales, a efectos únicamente de información a las mismas.

Los siguientes Estados miembros de la Unión Europea, participantes en esta cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea, ya han formulado sus Declaraciones al respecto: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, República Checa, República Eslovaca y Rumania.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para realizar las siguientes Declaraciones:

• Declaración para la notificación de la Fiscalía Europea como autoridad judicial competente en relación con el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, su Protocolo Adicional y su Segundo Protocolo Adicional:

"De conformidad con el Artículo 24 del Convenio modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo Adicional del Convenio, el Reino de España, en su calidad de Estado miembro de la Unión Europea que participe en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, declara que la Fiscalía Europea, en el ejercicio de sus competencias tal como se establecen en los Artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, se considerará autoridad judicial a efectos de emitir solicitudes de asistencia judicial de conformidad con el Convenio y sus Protocolos, así como a efectos de facilitar, a petición de otra Parte Contratante de conformidad con el Convenio y sus Protocolos, la información o las pruebas que haya obtenido ya o pueda obtener a raíz del inicio de una investigación en el ámbito de su competencia. También se considerará que la Fiscalía Europea es una autoridad judicial a los efectos de la recepción de información, de conformidad con el Artículo 21 del Convenio, respecto de los delitos de su competencia previstas en los Artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo. Esta declaración tiene por objeto completar las declaraciones anteriores formuladas por el Reino de España de conformidad con el Artículo 24 del Convenio.

Con referencia a la presente declaración hecha de conformidad con el Artículo 24 del Convenio, España aprovecha la oportunidad para interpretar los efectos jurídicos de dicha declaración de la siguiente manera:

• Cuando el Convenio o sus Protocolos se refieran a la Parte requirente o a la Parte requerida, ello se interpretará, en el caso de las solicitudes emitidas por la Fiscalía Europea o dirigidas a ella, como una referencia al Estado miembro de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente cuyas competencias y funciones se mencionan en el Artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
• Cuando el Convenio o sus Protocolos se refieran a la legislación de la Parte requirente o de la Parte requerida, ello se interpretará, en el caso de solicitudes emitidas por la Fiscalía Europea o dirigidas a ella, como una referencia al Derecho de la Unión, en particular, al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, así como al Derecho nacional del Estado miembro de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente, en la medida en que sea aplicable de conformidad con el Artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento.
• Cuando el Convenio o sus Protocolos prevean la posibilidad de que una Parte formule declaraciones o reservas, todas esas declaraciones y reservas formuladas por el Reino de España se considerará aplicables en caso de que otra Parte presente una solicitud a la Fiscalía Europea siempre que un Fiscal Delegado Europeo con sede en España sea competente de conformidad con el Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
• Como autoridad judicial requirente que actúa de conformidad con el Artículo 24 del Convenio modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo Adicional del Convenio, la Fiscalía Europea cumplirá las condiciones o restricciones sobre el uso de la información y las pruebas obtenidas que pueda imponer la Parte requerida sobre la base del Convenio y sus Protocolos.
• Las obligaciones impuestas a la Parte requirente por el Artículo 12 del Convenio también serán vinculantes para las autoridades judiciales del Estado miembro de la UE del Fiscal Delegado Europeo competente. Lo mismo se aplica en el caso de las obligaciones de la Parte requirente en virtud del Artículo 11 del Convenio modificado por el artículo 3 del Segundo Protocolo Adicional y los Artículos 13, 14 y 23 del Segundo Protocolo Adicional respecto del Estado miembro de la UE del Fiscal Delegado Europeo competente de conformidad con el Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE)2017/1939 del Consejo."

Declaraciones adicionales:

1. "De conformidad con el Artículo 15 del Convenio modificado por el Artículo 4 del Segundo Protocolo Adicional del Convenio, el Reino de España declara que las solicitudes de asistencia judicial a la Fiscalía Europea, así como la información presentada por una Parte contratante de conformidad con el Artículo 21 del Convenio se dirigirán directamente a la Fiscalía Europea y la declaración hecha de conformidad con el Artículo 15 del Convenio modificada por el Artículo 4 del Segundo Protocolo Adicional del Convenio no será aplicable en el caso de la Fiscalía Europea. Las solicitudes de asistencia judicial se enviarán a la oficina central de la Fiscalía Europea o a la oficina de los Fiscales Europeos Delegados de dicho Estado miembro. Cuando proceda, la Fiscalía Europea remitirá dicha solicitud a las autoridades nacionales competentes si la Fiscalía Europea no tiene o no está ejerciendo su competencia en un caso concreto."

2. "De conformidad con el Artículo 15 del Convenio modificado por el Artículo 4 del Segundo Protocolo Adicional del Convenio, el Reino de España declara además que las solicitudes presentadas de conformidad con el Artículo 11 del Convenio modificado por el Artículo 3 del Segundo Protocolo Adicional, y los Artículos 13 y 14 del Segundo Protocolo Adicional en relación con el mencionado Artículo 11 iniciadas por uno de los Fiscales Delegados Europeos en ese Estado miembro de la UE serán transmitidas por el Ministerio de Justicia (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional)."

3. "De conformidad con el Artículo 33, apartado 2, del Segundo Protocolo Adicional, el Reino de España declara que la Fiscalía Europea podrá, cuando un equipo conjunto de investigación a que se refiere el Artículo 20 de dicho Protocolo esté destinado a funcionar en el territorio del Reino de España, actuar en calidad de "autoridad competente" de conformidad con el Artículo 20 de dicho Protocolo sólo con el consentimiento previo de las autoridades judiciales del Reino de España y de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo y la legislación nacional aplicable."

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LAS FLOTAS ESPAÑOLA Y PORTUGUESA

El Consejo de Ministros acuerda la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.

La actividad pesquera de las flotas española y portuguesa en aguas de ambos países está regulada por los acuerdos bilaterales suscritos por ambos países desde el año 1985. A lo largo de los años, los sucesivos acuerdos no han sufrido cambios significativos en los principales aspectos en relación con las condiciones fijadas en 1986, coincidiendo con la adhesión de ambos países a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

El último acuerdo, vigente desde el año 2014, tenía una duración de dos años, con la posibilidad de renovarse automáticamente por un año, siempre que las dos partes estuvieran conformes. En 2016, tras la reunión del Comité Luso-Español (COLEP), y visto que los sectores de ambos países querían que el acuerdo continuara, se acordó entre ambas Administraciones la renovación tácita del mismo. Al no poder renovarse tácitamente, se acordó en 20217 -mediante intercambio de cartas- continuar aplicando el Acuerdo de 2014 mientras se negociaba otro. Este nuevo Acuerdo fue firmado en julio de 2018 y fue ratificado por Portugal. Sin embargo, el proceso de ratificación por parte de España se vio interrumpido por la convocatoria anticipada de elecciones y la disolución de las Cortes. Por lo tanto, en este momento sigue aplicándose el Acuerdo de 2014.

A lo largo de este año se ha negociado otro Acuerdo adecuándolo a las circunstancias actuales del sector pesquero español y portugués.

El presente Acuerdo, autorizado por el Consejo de Ministros del 18 de mayo de 2021 y firmado en Luxemburgo el 28 de junio de 2021, surge con el propósito de mejorar la actividad pesquera de las flotas españolas y portuguesas en aguas de ambos países, teniendo en cuenta las ventajas derivadas de los acuerdos que se han celebrado desde 1986, con el fin de crear las condiciones adecuadas para el acceso recíproco de las flotas de cada país a las aguas bajo soberanía o jurisdicción del otro.

Por su parte, el Consejo de Estado en su Dictamen de 15 de julio de 2021, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución , debido a que el contenido del citado Acuerdo es objeto de regulación en normas con rango de ley en el ordenamiento jurídico español.

El nuevo Acuerdo, que consta de 8 artículos y dos anexos, no introduce grandes cambios con respecto al anterior en cuanto a su esquema, arquitectura o en lo referente a las posibilidades de pesca recíprocas para las diferentes modalidades y zonas; pero sí en las condiciones para el desarrollo de la actividad.

Los cambios introducidos en el articulado son los siguientes:

• Artículo 3: Aguas Continentales:

Se han suprimido las posibilidades de pesca para los buques atuneros-cañeros (cebo vivo) para ambos países, ya que no estaban siendo utilizadas por los sectores pesqueros tanto de España como de Portugal. Sin embargo, se ha incluido un punto 3 en el Anexo I sobre condiciones técnicas que deja la puerta abierta a que se puedan decidir condiciones de acceso en un futuro.

• Artículo 7: Intercambio de información, cooperación y control:

Se incluye al final del punto 1 "y seguimiento de la utilización de las cuotas". Se introducen nuevos los puntos 4,5 y 6. Con esta inclusión se mejoran las comunicaciones bilaterales en materia de control y, en particular el punto 4 permite desembarcar en un país y vender en el otro

• Artículo 8: Entrada en vigor y duración:

Se ha acordado que el acuerdo tendrá una duración de cinco años, frente a los dos del anterior, atendiendo tanto a una demanda de los sectores pesqueros de ambos países como de sus Administraciones, dado que genera mayor estabilidad.

• Anexo I: Medidas Técnicas:

Este anexo es el que se aplica a los buques incluidos en el apartado de aguas continentales.

Este acuerdo no supone ninguna repercusión presupuestaria para la Hacienda Pública española, ni para el presente ejercicio ni para los sucesivos.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A ECUADOR POR EL AGRAVAMIENTO DE LA COVID-19

El Consejo de Ministros acuerda por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por el agravamiento de la pandemia de COVID-19 en la República del Ecuador, por un importe máximo de 230.000 euros.

La situación epidemiológica en Ecuador, a causa del COVID-19, ha empeorado durante el 2021, con un aumento paulatino de los contagios, hasta llegar a un pico notable a finales de abril y principios de mayo, con más de 14.000 casos de nuevos contagios semanales en los momentos más álgidos (para un país de unos 17,2 millones de habitantes) y constatándose la presencia de la variante delta (de mayor transmisibilidad).

Según datos del Ministerio de Salud Pública de 25 de julio de 2021, la Red Pública Integrada de Salud tenía una ocupación de enfermos por COVID-19 del 94% en cuidados intermedios; del 56% en hospitalización, y del 85% en Unidades de Cuidados Intensivos, siendo éstas las que han registrado un mayor número de pacientes en lista de espera.

Ante esta situación, las autoridades ecuatorianas hicieron un llamamiento de ayuda, tanto al Mecanismo Europeo de Protección Civil como bilateralmente a España, solicitando con urgencia suministros de material médico, fármacos y equipos de oxigenoterapia, entre otros.

Con objeto de atender las necesidades sanitarias de la población afectada por el agravamiento de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) resolvió otorgar una ayuda humanitaria de emergencia.

Sin embargo, durante el proceso de tramitación de la ayuda con las autoridades ecuatorianas y de la adquisición y entrega del material, el mercado de portes aéreos experimentó una subida de tarifas para los vuelos entre Madrid y Quito, por lo que la Dirección de la AECID, mediante Resolución de 24 de agosto, modificó la resolución de declaración de emergencia del 4 de agosto y el presupuesto inicial de 160.000 euros se incrementó en 70.000 euros, resultando un importe máximo total de 230.000 euros. En consecuencia, se han tramitado dos libramientos de fondos a la Oficina de Acción Humanitaria.

La AECID ha asumido todos los gastos de logística del transporte de la carga humanitaria y para ello se fletó el pasado 26 de agosto un vuelo directo, por vía comercial, con trayecto Madrid-Quito.

Justicia

LICITACIÓN DEL CONCIERTO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA SANITARIA A LOS PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del concierto que, en el trienio 2022-2024, garantizará la asistencia sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, así como a los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional. Estos profesionales de la Administración de Justicia, y sus beneficiarios, podrán optar por recibir la prestación sanitaria a través de alguna de las aseguradoras que suscriban el acuerdo.

Se trata de un concierto a tres años, orientado a la modernización y mejora de los servicios que presta la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), garantizando la asistencia sanitaria con el mismo contenido que el resto del Sistema Nacional de Salud, que, además, afronta otras necesidades provocadas por la pandemia generada por la COVID-19, así como las derivadas del crecimiento de colectivo por la incorporación de las últimas ofertas de empleo público.

A partir del 1 de enero de 2022, fecha de entrada en vigor del nuevo concierto, el colectivo protegido por el mismo ascenderá aproximadamente a 81.000 mutualistas y beneficiarios, y al finalizar el mismo, el 31 de diciembre de 2024, alcanzará un volumen aproximado de 90.000 mutualistas y beneficiarios. La cuantía total de la contratación alcanza los 234.880.371 euros.

El concierto 2022-2024 supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia un incremento del 10% respecto a la del 2021. Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia.

El nuevo concierto apuesta por la incorporación de las nuevas prestaciones que se incluirán en la Cartera Común de servicios del Sistema Nacional de Salud, como son la prestación de reproducción humana asistida a mujeres solas, parejas de mujeres lesbianas y transexuales; necesidades sanitarias del colectivo LTBI y transexuales; prestación de ayuda para morir; así como nuevas prestaciones para las víctimas de violencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN UNA NUEVA OPERACIÓN CON CARGO AL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una ayuda de 241 millones de euros al Grupo Hoteles Turísticos Unidos S.A. (Grupo Hotusa), a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Esta ayuda se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 190 millones de euros y de un préstamo ordinario por un total de 51 millones de euros.

La operación ha sido previamente aprobada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas tras un exhaustivo análisis de la situación económica y jurídica de la empresa hotelera, del impacto que ha sufrido por la COVID-19 y del plan de viabilidad que ha presentado la Sociedad Hoteles Turísticos Unidos S.A. y sociedades dependientes que forman el citado grupo, del plan de viabilidad que ha presentado, así como de las perspectivas de evolución del Grupo Hotusa y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que va a recibir.

En concreto, el apoyo público concedido se materializa, por un lado, en un préstamo participativo por importe de 190 millones de euros, con vencimiento a siete años y amortización del principal en 2028; y, por otro lado, en un préstamo ordinario por 51 millones de euros, con vencimiento a seis años y amortización del principal en 2027. La empresa solicitante ha concretado su intención de efectuar el reembolso anticipado de los préstamos en el caso de producirse una recuperación más rápida de lo previsto en la actividad.

La ayuda procede del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. Este mecanismo fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

Importancia del grupo

El Grupo Hotusa posee un relevante carácter estratégico dentro del sector turístico.

La división hotelera del Grupo está presente en 17 países y se compone de 219 establecimientos, el 67% de los cuales se encuentra situado en España, donde actualmente se posiciona como la primera cadena hotelera en número de alojamientos. Su modelo de negocio se basa en la selección de destinos clave y tipología de alojamiento urbana. En el ranking mundial de hoteleras, ocupa el puesto número 41 debido a su estratégica posición internacional.

Su división de servicios turísticos cuenta con más de 4.300 hoteles asociados en todo el mundo, de los cuales 1.567 están en territorio español.

La cifra de negocio del Grupo se elevó a finales de 2019 a 1.268 millones de euros y crecía a un ritmo superior al 11% desde el año 2016. En diciembre de 2019 contaba con 4.085 empleados, el 72% en España. La crisis ocasionada por la COVID ha impactado en las cuentas del Grupo, que, por primera vez en sus más de 40 años de historia, arrojarían pérdidas.

Esta nueva operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se suma a las ya autorizadas para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos y Rugui Steel, alineadas con el compromiso del Gobierno para proteger el tejido productivo español.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA PRESTACIONES SANITARIAS CONCERTADAS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la celebración de Conciertos con entidades de Seguro, para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo de mutualistas y de beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024, así como otros expedientes de asistencia sanitaria.

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, que gestiona para su colectivo protegido el mecanismo del sistema al que se refiere el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que incluye, entre otros servicios y prestaciones, la asistencia sanitaria.

Los Conciertos contemplan una modalidad de asistencia completa y una modalidad limitada a la Atención Primaria para facilitar la prestación de la asistencia correspondiente a ese nivel exclusivamente a titulares adscritos a la colaboración concertada con la sanidad militar en Madrid y Zaragoza, únicas provincias con Hospitales Militares de la Defensa, conforme a lo previsto en la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LÍMITES DE GASTO PARA POSIBILITAR A LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA A SUS MUTUALISTAS ENTRE 2022 Y 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Mutualidad General Judicial, O. A. (MUGEJU), el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional y en el exterior al colectivo de mutualistas y beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024.

La modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros se efectúa en la aplicación presupuestaria 'Gastos corrientes en bienes y servicios', dotada en el presupuesto para 2021 con un crédito inicial de 65.155.460 euros, y queda, tras su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, como como sigue:

MUGEJU es un organismo público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, que gestiona el mutualismo judicial como mecanismo de cobertura del sistema de seguridad social para su colectivo protegido. MUGEJU carece de medios propios para prestar asistencia sanitaria a su colectivo protegido por lo que, desde su creación, ha proporcionado tal prestación a través de los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y a través de conciertos suscritos al efecto con entidades de seguro de asistencia sanitaria.

El concierto con entidades de seguro vigente en 2021 fue suscrito en 2018 por una duración de un año, prorrogable a tres años más, extendiéndose los efectos de la última prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2021. La duración del nuevo concierto será de tres años, entrando en vigor el 1 de enero de 2022 y estando vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

La metodología seguida para el cálculo del coste del concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios de MUGEJU de 2022 a 2023 se ha definido sobre la base de los siguientes criterios: primero, se ha estimado el incremento del colectivo para dichos ejercicios; y, en segundo lugar, se analizan los elementos que contribuyen al incremento del precio del concierto, en concreto del coste asociado a los gastos comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Hacienda y Función Pública

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LÍMITES PARA ADQUIRIR COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE LA ESCUELA DIPLOMÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la convocatoria de becas de la Escuela Diplomática en la aplicación presupuestaria 'Becas Formativas', según nivel de vinculación, con una dotación inicial en el presupuesto para el año 2021 de 223.750 euros.

Las becas van destinadas a aquellas personas de nacionalidad española que hayan sido admitidas en, o que hayan superado, el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales impartido en la Escuela Diplomática, así como a quienes hayan superado el Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional impartido en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. Así lo establece la Orden AUC/684/2019, de 19 de junio, que establece las bases reguladoras de la concesión de las becas de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como en la Orden AUC/631/2021, de 14 de junio, por la que se convocan pruebas de admisión al Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática para el curso 2021-2022.

El coste del programa de becas correspondiente a la convocatoria 2021-2022 asciende a 288.990 euros.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA ADQUIRIR COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA POSIBILITAR CONTRATOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, con la finalidad de celebrar diversos contratos relativos a estudios y trabajos técnicos en la Dirección General de la Policía.

La aplicación presupuestaria correspondiente, 'Estudios y trabajos técnicos', computada a nivel de vinculación, está dotada en el presupuesto para el año 2021 con un crédito de 13.144.750 euros. La Dirección General de la Policía ha manifestado la necesidad de llevar a cabo nuevos expedientes de gasto por valor de 4.190.000 euros en 2022, por 7.398.453,90 euros en 2023 y por 261.119,90 euros en 2024.

Los nuevos expedientes de gasto incluidos responden a los siguientes conceptos:

• Un nuevo contrato relativo al servicio de traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en idiomas distintos al castellano, en el marco de las actuaciones policiales, en el ámbito nacional.
• La prórroga del servicio de interpretación de declaraciones orales y traducciones escritas en lenguas distintas del castellano, con una previsión de prórroga de hasta 24 meses. El actual contrato finaliza el 31 de enero de 2022.
• Un nuevo expediente de mantenimiento de dosimetría personal y verificación de monitores de radiación de la Dirección General de la Policía (TEDAX). El expediente actual finaliza el 28 de febrero de 2022.
• La prórroga y modificación de servicios de auditoría interna, puesto que el contrato actual finaliza el 16 de octubre de 2021.
• Asistencia técnica en varias tecnologías (Sistemas operativos de código abierto, VERITAS, Microsoft, Hitachi, HP SQA y Hardware, REMEDY, PostGresQL, Blade).
• Asistencia técnica en la realización de los procedimientos y desarrollos de procedimientos electrónicos, incluyendo la inclusión de un nodo federado de @firma.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA MODIFICAR LOS LÍMITES DE GASTO PARA SUSCRIBIR VARIOS CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar diversos contratos necesarios para la gestión que realiza la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.

El Ministerio de Cultura y Deporte quiere asegurar las funciones que tiene encomendada la Dirección General de Bellas Artes a través de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, de gestión de los inventarios de bienes protegidos del patrimonio mueble, inmueble e inmaterial; la creación de inventarios informativos sobre los bienes protegidos por las Comunidades Autónomas, y la coordinación con otros inventarios de patrimonio cultural, con el fin de contribuir al estudio, conocimiento y tutela de los bienes culturales. Asimismo, le corresponde la defensa del patrimonio a través de la gestión de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

Para llevar a cabo estas funciones, el Área de Catálogos e Inventarios dispone de varias aplicaciones informáticas:

• Base de datos "Inventario" que contiene el Registro General de Bienes de Interés Cultural, el Inventario General de Bienes Muebles, así como información relativa a otros inventarios (castillos, iglesias, etc.).
• Sibila: sistema de consulta y pasarela de conexión con las Comunidades Autónomas que permite realizar la gestión administrativa para la obtención de códigos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural e Inventario General de Bienes Muebles.

Estas bases de datos presentan en general deficiencias y un panorama heterogéneo en cuanto al contenido y la calidad de la información de los registros por lo que se plantea la necesidad de abordar la revisión del contenido del Inventario General de Patrimonio Cultural.

La Subdirección General de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico, para desarrollar sus funciones, necesita suscribir los contratos con los objetivos e importes siguientes:

• Para revisión de la información y ampliación de la documentación de los registros incluidos en el Registro General de bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte, por 300.000 euros.

• Para grabación de las fichas que componen el actual inventario de bienes muebles de la iglesia católica del Ministerio de Cultura y Deporte, que actualmente se custodian en papel, y vinculación de imágenes, por 230.000 euros.

En un principio se había previsto que el inicio de la prestación de este servicio fuera en diciembre de 2021 por lo que el Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de 13 de julio de 2021, la elevación de límites de compromisos futuros para la anualidad de 2022, por importe de 530.000 euros.

Sin embargo, debido a la dilatación de los plazos que se están produciendo para iniciar la tramitación de estos procedimientos, así como los tiempos requeridos para este tipo de contratación, finalmente el inicio de este necesariamente se producirá en 2022 previsiblemente para febrero, por lo que la prestación del servicio se realizará entre 2022 y 2023. Por ello se plantea una prórroga de otra anualidad, para 2023, motivo por el que se solicita la autorización de gasto al Consejo de Ministros.

Al no disponer de crédito inicial en esta aplicación presupuestaria, es necesario fijar el límite de compromisos de gasto a adquirir, por importe de 530.000 euros para ambos ejercicios.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA PERMITIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS PROVOCADOS POR LA BORRASCA 'FILOMENA'

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para permitir al Ministerio de Política Territorial la convocatoria de subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular por los daños causados por la borrasca 'Filomena' afectando a las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Navarra, Islas Canarias, La Rioja y Asturias.

La Secretaría General de Coordinación Territorial solicita autorización para fijar los límites de los compromisos máximos a adquirir en ejercicios futuros a fin de posibilitar la convocatoria de subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena", no existiendo crédito inicial en el presupuesto aprobado para el año 2021.

El artículo 8 del citado Real Decreto-ley, establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada, señalando lo siguiente: "A los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere el artículo 1 que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos y cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria de los consejos y cabildos insulares, de las diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales, se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal".

Partiendo de las relaciones estimativas de daños que han aportado las respectivas Delegaciones del Gobierno hasta el día de la fecha y siguiendo los criterios expresados, los daños sobre infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular que podrían llegar a resultar amparados por este real decreto ascenderían a 505.416.236,58 euros, con una subvención máxima estimada de 252.708.118,29 euros, según se desprende del siguiente detalle:

No obstante, la gestión de las subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 10/2021, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña se va a realizar a través de un Convenio específico entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial) y la Administración de la Generalitat de Cataluña, en el que se espera que el convenio tenga lugar en el año 2021, por lo que la convocatoria de las subvenciones del presente expediente de carácter plurianual tendrá un importe total máximo de 251.830.793,90 euros, una vez restada la cuantía correspondiente a Cataluña.

Teniendo en cuenta la previsión de plazos, está previsto que la convocatoria de ayudas se produzca en el último trimestre de 2021, mientras que la resolución de asignación de las subvenciones, así como el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en el ejercicio 2022, prolongándose esta última fase en los ejercicios 2023 y 2024, y con un coste total de 251.830.793,90 euros.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA FINANCIAR OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA COLONIA 'JULIO RUIZ DE ALDA' EN MURCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, O. A., financiar la contratación de las obras de urbanización de la colonia 'Julio Ruiz de Alda' (Ciudad del Aire) de Santiago de la Ribera, en San Javier (Murcia), así como otros proyectos de inversión en viviendas militares y otros inmuebles de su patrimonio.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', cuya dotación inicial en el presupuesto para 2021 es de 26.986.050 euros, con la finalidad de adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para financiar la contratación de las obras de urbanización de la Colonia 'Julio Ruiz de Alda', así como otros proyectos de inversión en viviendas militares y otros inmuebles durante el periodo 2022-2024.

El objeto del proyecto es la adecuación de la urbanización de la Colonia a los estándares exigidos por las normas municipales y sectoriales. Para ello se contempla la renovación y actualización de las redes de servicios y del firme existente.

Una vez unificado el proyecto se obtiene un presupuesto de 23.007.824,64 euros, con un plazo de ejecución de las obras de 24 meses.

El INVIED tiene que también que contratar en este ejercicio distintos proyectos de inversión relacionados con las viviendas militares, pabellones de cargo y demás bienes inmuebles que se integran en su patrimonio, cuya tramitación ya se ha iniciado. Se trata de obras que alcanzan el importe de 10.738.812,84 euros.

También hay que tener en cuenta que las obras ya en ejecución van a tener algunos reajustes de anualidades, cuyos importes se estiman en un total de 4.129.738,14 euros.

En total, las necesidades de compromisos de créditos para los ejercicios 2022 a 2024 en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' que se han aprobado en Consejo de Ministros este martes son las siguientes:

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONCESIÓN POR LA CNMC DE BECAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la concesión de becas para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de doctorado.

La CNMC desea establecer un programa de prácticas académicas externas para que estudiantes de doctorado de distintas universidades puedan realizar prácticas de carácter formativo, con el fin de complementar sus conocimientos teóricos con los de contenido práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su incorporación al mercado laboral.

Se concederán un total de 8 becas por curso, por un importe mensual de 1.100 euros, a lo que habrá que sumar el importe de las cuotas patronales a la Seguridad Social. El periodo de prácticas será de 9 meses, lo que totaliza un importe de 82.685,52 euros para el conjunto de las becas por año académico.

Las ayudas se instrumentarán a través de la firma de convenios con las universidades que tendrán una duración de 2 años. Así, se adjudicarán 8 becas para cada uno de los cursos académicos 2021/2022 y 2022/2023, con inicio el 1 de septiembre y finalización el 31 de mayo del ejercicio siguiente.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE DESTINADO A SEDE DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LONDRES

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la adquisición de un inmueble destinado a sede de la Embajada de España en Londres.

La sede de la Embajada se encuentra en un inmueble que actualmente está sujeto a un contrato de arrendamiento con la empresa británica Grosvenor Estate. El contrato se firmó en junio de 1928 por un periodo de 98 años y 9 meses, con finalización el 25 de marzo de 2027.

Con el objetivo de seguir manteniendo la Embajada en la misma ubicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, (MAUC), ha considerado como alternativa más idónea adquirir la propiedad del inmueble.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADA LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan y modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la concesión de subvenciones, cofinanciadas con FEADER, para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, cuyas bases reguladoras se contemplan en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo.

Estas ayudas estarán cofinanciadas en un 80% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20% con cargo al presupuesto nacional.

La gestión corresponde a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (órgano instructor) y al FEGA, competente para resolver y realizar los pagos y tramitar y aprobar la convocatoria.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA AFRONTAR EL INCREMENTO DE ACTIVIDAD DEL INIA PROVOCADA POR LA COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) atender las obligaciones derivadas de un encargo a TRAGSATEC S.A., para el servicio de soporte técnico en el ámbito de sistemas y comunicaciones informáticas.

La situación de pandemia provocada por la COVID-19 durante el ejercicio 2020 ha motivado que el área informática del INIA experimentara un importante incremento de su actividad. Con la finalidad de que se pudieran prestar todos aquellos servicios de carácter informático necesarios para el correcto funcionamiento del centro, ante la falta de recursos humanos y materiales, se hizo necesaria la suscripción, durante dicho ejercicio, de un encargo al medio propio TRAGSATEC S.A., de forma transitoria y puntual, para cubrir estas necesidades de carácter inaplazable.

El encargo tiene por objeto el soporte técnico en el ámbito de sistemas, comunicaciones y el puesto informático del usuario del INIA, cuyos trabajos comenzaron el 15 de junio de 2020 y terminarán el 14 de junio de 2022.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

REGULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que permiten implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros. La cifra incluye 450 millones de euros destinados a financiar incentivos fiscales a la rehabilitación, que se regulan a través del Real Decreto Ley aprobado también hoy.

En concreto, la normativa regula el desarrollo de las inversiones C02.I01 "Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales", con un presupuesto de 3.420 millones de euros, y C.02.I02 "Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes", que cuenta con 1.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia (MRR) aprobado por la UE. Las inversiones forman parte del Componente 2 del PRTR "Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana", dotado con 6.820 millones de euros.

El nuevo Real Decreto articula los planes en seis programas: del uno al cinco, vinculados a las actuaciones en materia de rehabilitación, y el seis, al impulso de la construcción de vivienda de alquiler social.

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.

Tiene como objeto financiar obras de rehabilitación en edificios y viviendas dentro de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable en tales edificios. Asimismo, podrá destinarse una parte de la ayuda a financiar actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico, así como a la prestación de servicios de oficina de rehabilitación, tipo "ventanilla única", que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas.

La intensidad máxima de la subvención se condiciona al ahorro energético final de la actuación (desde el 40% hasta el 80%). La cuantía máxima de la ayuda podrá alcanzar los 21.400 euros por vivienda. En caso de que los propietarios o usufructuarios cumplan el criterio de vulnerabilidad económica o social, se financiará hasta el 100% del coste de la actuación con cargo a los fondos europeos.

2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.

Su finalidad es financiar el servicio de oficinas de rehabilitación, tipo "ventanilla única", ofreciendo servicios integrales de información, gestión y acompañamiento de la rehabilitación, por parte de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, más allá de las establecidas en el marco de las actuaciones a nivel de barrio.

3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.

Tiene como objeto subvencionar obras de rehabilitación en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente edificatoria, en edificios de tipología residencial colectiva y en viviendas unifamiliares, debiendo tratarse en todo caso de actuaciones en las que se obtenga una reducción de consumo de energía primaria no renovable del edificio igual o superior al 30%.

La intensidad máxima de las ayudas se condiciona al ahorro energético final de la actuación (desde el 40% hasta el 80%). La cuantía máxima de la subvención podrá alcanzar los 18.800 euros por vivienda. Si bien, en caso de que se cumpla el criterio social en propietarios o usufructuarios (identificación de situaciones de vulnerabilidad), podrá llegar al 100% del coste de la actuación. Se aplicará a través de convocatorias públicas de las diferentes Comunidades Autónomas.

4. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Tiene como objeto financiar actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, constituidas como domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios, siendo subvencionables las siguientes actuaciones:

• Actuaciones de reducción de la demanda energética (calefacción y refrigeración) de al menos un 7%.
• Actuaciones de reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%.
• Actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos en la fachada de adecuación al Código Técnico de la Edificación.

El importe de la subvención será del 40% del coste de la actuación con un límite de 3.000 euros por vivienda. Se aplicará a través de convocatorias públicas de las diferentes Comunidades Autónomas. El coste mínimo de cada actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.

5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Su objetivo es subvencionar la implantación y generalización del Libro del Edificio existente, así como el desarrollo de proyectos técnicos de rehabilitación integral en edificios finalizados antes del año 2000 y cuyo uso predominantemente sea vivienda, siendo subvencionable la elaboración del Libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción del proyecto de rehabilitación de edificios que cumplan los requisitos establecidos en el Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.

Las cuantías de las ayudas dependerán del número de viviendas del edificio, y podrán alcanzar hasta 3.500 euros por libro del edificio existente y hasta 30.000 euros por proyecto de rehabilitación. Se aplicará a través de convocatorias públicas de las diferentes Comunidades Autónomas.

El plan de rehabilitación de edificios, barrios y viviendas tiene como objetivo global a alcanzar en el segundo trimestre de 2026 la cifra acumulada de 510.000 actuaciones de renovación en vivienda y ayudar a multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones en España.

6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Financiará el incremento, durante un periodo mínimo de 50 años, del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública o rehabilitación de edificios públicos destinados a otros usos. Las actuaciones deberán garantizar un consumo de energía primaria no renovable, como mínimo, inferior en un 20% a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Próximas actuaciones.

Una vez aprobado el Real Decreto, Mitma procederá a transferir este mismo año a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla un total de 1.151 millones de euros, según el criterio de reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo del pasado 21 de julio, para que puedan aplicar los diferentes programas de rehabilitación residencial, y realizar las convocatorias de ayudas en sus respectivos ámbitos territoriales, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto.

Asimismo, a comienzo de 2022 se transferirán los fondos correspondientes al programa de construcción de vivienda social, según el criterio de reparto acordado en la misma Conferencia Sectorial, y según la dotación establecida en los Presupuestos Generales del Estado.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AVALES ICO Y DEDUCCIONES FISCALES PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que supone la aplicación por parte del Estado de diferentes instrumentos, reformas e inversiones para la consecución de los compromisos de nuestro país para la rehabilitación y mejora del parque de viviendas.

En primer lugar, se introducen nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales. Estas deducciones, que estarán vigentes desde el mismo día de publicación del Real Decreto-Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aplicarán sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

La medida está financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europa y forma parte de la inversión C02.I01del PRTR, "Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales", dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente para financiar los incentivos fiscales.

En particular, se introducen tres deducciones:

• Deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del RDL hasta 31 de diciembre de 2022, debiendo tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual. Podrán acogerse las personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación y mejora en las que se obtenga una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración, según certificado de eficiencia energética de la vivienda. El porcentaje de deducción es de un 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda.
• Deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en vivienda habitual. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del RDL hasta 31 de diciembre de 2022, debiendo tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual. Podrán acogerse las personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación o mejora en las que se reduzca al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. El porcentaje de deducción es de un 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.
• Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios residenciales. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del RDL hasta 31 de diciembre de 2023, debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio. Podrán acogerse las personas físicas en cuyo edificio se hayan realizado obras de mejora o rehabilitación en las que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética del edificio, o mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. El porcentaje de deducción es de un 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

Mejoras normativas

En segundo lugar, se introducen mejoras en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el conjunto del edificio, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para ello.

En tercer lugar, se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para el acceso al crédito para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, a través de una modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), con objeto de que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de los créditos a la rehabilitación o mejora de los edificios, y así favorecer su acceso a la financiación.

En cuarto lugar, se aprueba la creación de una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Con esta nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se desarrollará a través de un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se cubrirán parcialmente los riesgos de los préstamos concedidos por parte de las entidades financieras privadas destinados a actuaciones de rehabilitación de edificios de vivienda que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley aprobado, a través de esta nueva línea se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros, con lo que será un importante apoyo a la financiación de las actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales.

De esta forma, con la nueva normativa se establecen instrumentos clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio en favor de la rehabilitación residencial, al servicio del ejercicio del derecho constitucional, sumándose al conjunto de actuaciones ya en curso, en el contexto de la oportunidad de la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Esto supondrá, entre otras cuestiones, la ampliación del objeto de la entidad pública empresarial, introduciendo un nuevo apartado relativo a la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, o reforma urbana de espacios públicos, así como de rehabilitación o reforma de inmuebles e instalaciones de titularidad pública.

La ampliación de su objeto social permitirá que Sepes pueda recibir encargos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y otras administraciones en todas las materias en que es competente en el ámbito de la vivienda.

Hasta ahora estaba clara la competencia de Sepes en la producción de suelo industrial y residencial, pero con esta modificación de los Estatutos añade la posibilidad de recibir encargos en el ámbito de la rehabilitación urbana en su más amplio sentido. Este aspecto incide todavía más si cabe, en la función social de Sepes como entidad pública empresarial dependiente de Mitma.

La ampliación de su objeto social, y la posibilidad de recibir encargos, bien de Mitma o bien de otras administraciones públicas, es especialmente significativa si tenemos en cuenta la decidida apuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la creación de un parque público de viviendas para el alquiler asequible y por la rehabilitación del parque de viviendas ya existente de nuestro país. Ambos programas recibirán una importante financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El cambio en su Estatuto también supone la necesaria adaptación de Sepes a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), habiendo sido el texto objeto de las oportunas modificaciones, fundamentalmente en lo que al nuevo régimen jurídico se refiere, a las disposiciones vigentes, así como a la actual estructuración de los departamentos ministeriales.

Convenios más flexibles

Asimismo, este cambio reconoce la singularidad de la actividad que Sepes desarrolla, reflejada en el plazo de duración de sus convenios interadministrativos.

Siguiendo la recomendación del Consejo de Estado, se elimina el plazo de vigencia que se había fijado normativamente por la Ley 40/2015 (4 años, prorrogables por 4 años más) para aquellos convenios de preparación, promoción y equipamiento de suelo, con carácter urbanístico o sin él, y se remitirá a la legislación urbanística que sea aplicable en cada caso.

Con esta nueva regulación, Sepes adapta su funcionamiento y normativa a los últimos requerimientos legales y se coloca en condiciones óptimas para abordar procesos internos de modernización de estructuras.

La administración del siglo XXI requiere entes públicos ágiles y eficientes, capaces de abordar procesos como la digitalización de todos sus procedimientos, para facilitar no solo la mejora de la productividad de la empresa sino también, y de manera fundamental, la mejora de sus relaciones con el resto de los operadores jurídicos del sector inmobiliario y su comunicación con la ciudadanía.

El reconocimiento de la singularidad de su actividad en lo relativo a los plazos de vigencia de los convenios urbanísticos que suscribe refuerza su papel como interlocutor en la concertación institucional con ayuntamientos y comunidades autónomas. Porque ése es precisamente el principal elemento de trabajo de Sepes para abordar los procesos de transformación del planeamiento urbano, y contribuir así a la producción de suelo industrial, residencial o de equipamientos

En este marco, una óptima regulación de los convenios urbanísticos suscritos es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de las partes, y para la eficiencia del trabajo que se desarrolla. Esta regulación se convierte así en una apuesta clara por la colaboración interinstitucional.

Educación y Formación Profesional

CONTRIBUCIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EUROPA DEL CONSEJO DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contribución de España al Observatorio de la Enseñanza de la Historia en Europa del Consejo de Estado. El pago de dicha contribución, que se realizará a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional es de un importe de 130.673,05 euros

El 12 de noviembre de 2020, el Comité de Ministros del Consejo de Europa acordó la creación del Observatorio de la Enseñanza de la Historia en Europa, una nueva actividad de cooperación en el campo de la educación en historia con el fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo, así como servir de plataforma para el desarrollo profesional y la creación de redes de asociaciones e institutos profesionales europeos activos en el ámbito de la enseñanza de la historia.

La labor principal del Observatorio es la de recopilar, procesar y proporcionar información objetiva sobre los métodos de enseñanza de la historia en todos los países que forman parte del mismo.

Los miembros del Observatorio, entre ellos España, deben realizar anualmente una contribución para financiar sus actividades de funcionamiento, que está fijado inicialmente por un periodo de tres años.

Educación y Formación Profesional

FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS DOCENTES MILITARES

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la suscripción de adendas a los Convenios entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y diversos gobiernos de Comunidades Autónomas para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación.

El Ministerio de Defensa tiene autorización para impartir el currículo de las enseñanzas de formación profesional de su ámbito de gestión en los centros docentes militares que tienen encomendada la formación de suboficiales.

Debido a la imposibilidad, por parte del Ministerio de Defensa, de aportar directamente el referido profesorado, mediante convenios sucesivos firmados con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y con los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón. Desde el año 2011, estas Comunidades han venido aportando dicho personal docente.

Los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros autorizan la suscripción de Adendas a Convenios realizados entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación.

Los acuerdos estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2022 pudiendo ser prorrogados por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

La financiación de las actuaciones realizadas durante los años 2021 y 2022 se corresponde con los costes derivados de los haberes devengados por el personal que cada Comunidad Autónoma aporte. El coste estimado es de:

• 1.796.539,06 € en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón que serán asumidos por el Ministerio de Defensa con el siguiente desglose:

• 1.838.909,91 € en el caso de la Comunidad de Castilla y León que serán asumidos por el Ministerio de Defensa con el siguiente desglose:

• 730.656,10 € en el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que serán asumidos por el Ministerio de Defensa con el siguiente desglose:

• 2.521.963,92 € en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia que serán asumidos por el Ministerio de Defensa con el siguiente desglose:

• 1.170.995,77 € en el caso de la Comunidad de Madrid que serán asumidos por el Ministerio de Defensa con el siguiente desglose:

• 583.468,87 € en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que serán asumidos por el Ministerio de Defensa con el siguiente desglose:

Industria, Comercio y Turismo

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MARCAS, DE LA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE LA DE PATENTES

El Gobierno ha estudiado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley que introduce modificaciones en la Ley de Marcas, la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley de Patentes, con el triple objetivo de adaptarlas a la realidad actual, agilizar su tramitación parlamentaria y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

En cuanto a la Ley de Marcas, las modificaciones tienen como objetivo dotarla de una mayor coherencia y precisión. En el procedimiento de registro, se elimina la necesidad de publicar su dirección postal, considerando como dato suficiente su dirección electrónica a los efectos de lograr la protección de los datos del interesante y evitar su uso fraudulento.

En el ámbito de la regulación de la nulidad o caducidad, se delimita que en el caso de indemnizaciones por daños y perjuicios cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, éstas deberán sustanciarse en los tribunales, que son los competentes para ello.

En las marcas internacionales, se incluye de manera expresa que les serán de aplicación los artículos referentes a las causas de denegación de las marcas colectivas y de garantía. En la transformación de las marcas de la Unión Europea, se equiparan sus requisitos a los establecidos para las solicitudes de marcas o nombres comerciales nacionales. En los nombres comerciales, se suprime la necesidad de su representación gráfica.

En cuanto a la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, se adecúa tanto a la nueva normativa como al mercado actual, cada vez más dinámico y virtual. Asimismo, se regulan los diseños de manera coordinada con las marcas y los nombres comerciales, todo ello en beneficio de los usuarios.

Se incorpora la práctica de la prueba de uso a los diseños industriales y se introduce un nuevo artículo para que quien ejercite acción de violación no pueda prohibir el uso de un signo posterior si éste no puede ser declarado nulo conforme a la Ley.

Se establece la posibilidad de que el justificante del pago de tasa de renovación se considere como una solicitud de renovación.

Por último, en cuanto a la Ley de Patentes, se ha detectado la necesidad dotarla de mayor claridad y coherencia. En cuanto a las excepciones a la patentabilidad, se introduce una excepción para excluir de la patentabilidad los productos (vegetales o animales y partes de vegetales o animales) obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos. En relación con los requisitos de la solicitud de patente, se propone eliminar la referencia a las secuencias biológicas de varios artículos, para adecuarlo a las normas internacionales.

Se prevé la suspensión de la tramitación, y se regula el caso concreto del solicitante que se encuentre en una situación de insolvencia o un proceso concursal. En las solicitudes provisionales, se propone su uso, en un principio, para Universidades Públicas y Organismos Públicos de investigación, pues permitirá la protección fácil de invenciones aún sin desarrollar o perfeccionar.

Se permite que por orden ministerial se pueda disponer la tramitación preferente y acelerada de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad a pruebas, kits, medicamentos, aparatos o cualquier otro dispositivo para los tratamientos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico aplicados a enfermedades en casos de urgencia sanitaria.

Industria, Comercio y Turismo

FINANCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ESPAÑA EN EL EXTRANJERO

El Consejo de Ministros ha autorizado un anticipo de tres millones de euros para las Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior (OET). La finalidad de dicho anticipo es la de atender los gastos inexcusables de promoción del turismo español que realicen dichas Consejerías en el primer cuatrimestre del ejercicio 2022.

Los objetivos son mejorar la imagen y posicionamiento del destino España, potenciar la captación y fidelización de turistas, apoyar las ventas a España y la mejora de la conectividad, además de adquirir estudios y bases de datos que permitan mantener el conocimiento de la demanda.

Para desarrollar estas funciones TURESPAÑA cuenta con una red de 33 Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior (OET) en 25 países del mundo, que operan en 47 mercados y realizan más de 2.000 actividades de promoción turística exterior.

La labor de promoción internacional de TURESPAÑA se desarrolla anualmente a través de un "Plan operativo" que las Consejerías ejecutan en colaboración con los socios de los mercados en los que operan y el apoyo de los destinos españoles. Las OET tienen un papel fundamental para la coordinación y apoyo de las acciones de promoción.

En pleno proceso de superación de la pandemia, resulta prioritario reforzar las acciones de promoción que permitan reactivar el mercado turístico español y mantener la competitividad internacional frente a los mercados competidores. Para ello resulta necesario poner en marcha acciones de promoción de manera más ágil y activando palancas que permitan reactivar el sector desde el primer cuatrimestre del año 2022.

Cabe destacar la campaña Travel Safe de Turespaña, que busca la promoción de España como destino seguro. Esta campaña ha generado hasta el momento más de 98,3 millones de impresiones y 10,6 millones de visionados que se ha traducido en casi 650.000 búsquedas cualificada de vuelos.

Industria, Comercio y Turismo

CONCESIÓN DE UN CRÉDITO PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA DE POLIÉSTER EN TURQUÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM) para financiar los servicios de ingeniería, gestión de aprovisionamientos y supervisión de construcción para la primera fase de ejecución de una planta de ácido tereftálico (PTA) en Adana, Turquía por importe de hasta 36.550.000 dólares estadounidenses a SASA POLYESTER SANAYI.

El exportador es Técnicas Reunidas, una de las principales empresas españolas de ingeniería, constituida en 1960. Desde entonces, ha diseñado y construido más de 1.000 plantas industriales en más de 50 países. Actualmente cuenta con 3.140 empleados. Su objeto es la provisión de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

El 76% del contrato corresponde a servicios españoles. Además, la ejecución de esta ingeniería optimiza las posibilidades de adjudicación de un nuevo contrato llave en mano de la planta por un importe de 750 M$.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS A LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para distintas líneas de inversión contempladas en el plan de impulso a la digitalización del sector pesquero, que tienen un presupuesto total de 3.900.000 euros en tres anualidades. Estas ayudas serán financiadas con fondos del instrumento europeo de recuperación.

La digitalización del sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y transformador es una de las medidas estratégicas de actuación contempladas en el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el MAPA (transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero), a desarrollar entre los años 2021 y 2023.

El plan tiene como objetivo impulsar la transformación y modernización del sector, con actuaciones que garanticen sus sostenibilidad y rentabilidad. Para ello se plantea un mejor conocimiento y asesoramiento científico para la gestión y control de las pesquerías, incrementar la eficiencia energética y promover la economía circular.

Junto a las bases reguladoras de las subvenciones, el Consejo de Ministros ha aprobado también la convocatoria para este año, dotada con un millón de euros. Los dos ejercicios siguientes tendrán un presupuesto de 1.450.000 euros cada uno.

El decreto establece 3 líneas de ayuda

• Para la adquisición e instalación, por primera vez, de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM) para el cumplimiento de obligación de desembarque.
• Para la adquisición e instalación, por primera vez, de un dispositivo rugerizado para comunicación de capturas, declaración de desembarque y geolocalización.
• Para fomentar la recuperación y modernizar el modelo productivo pesquero, mediante la financiación de proyectos de mejora de comunicaciones, digitalización del sector extractivo, acuícola, comercializador, transformador, minoristas, mayoristas y de proyectos de mejora de servicios de salud a través de comunicaciones para diagnóstico y prevención de enfermedades a bordo.

Podrán ser beneficiarios de la primera línea de subvenciones los armadores de buques de 12 o más metros de eslora, con preferencia para aquellos que lleguen o superen los 24 metros. El objetivo es que estos barcos dispongan de sistemas REM operativos para el control de desembarque. La segunda línea de ayudas tiene como destinatarios a armadores de embarcaciones con eslora inferior a 12 metros que podrán dotarse de dispositivos que permitan ubicar e identificarlos cuando están en el mar.

La tercera línea de subvenciones está destinada a asociaciones del sector extractivo, acuícola, comercializador y transformador y organizaciones de productores, siempre que dichas pongan los proyectos a disposición de todos sus asociados. Asimismo, podrán ser beneficiarios también pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación o comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para apoyar a los afectados por las erupciones volcánicas en La Palma, reparar los daños y reconstruir económica y socialmente la isla. El Gobierno moviliza así más de 213 millones de euros con el fin de dar una respuesta transversal, específica y suficiente que permita lograr una recuperación sólida, rápida e integral.

En el Real Decreto-Ley han participado 17 ministerios, coordinados por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y su contenido se abordó en la primera reunión de la Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma, celebrada el lunes 4 de octubre.

Se contemplan dos categorías de medidas:

• Subvenciones y ayudas directas para paliar los daños en viviendas, locales, entornos productivos y medio ambiente.
• Actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social de la isla.

Las iniciativas adoptadas se encuadran en diez ámbitos:

1.- Viviendas y establecimientos de negocios

Se contemplan ayudas directas a personas físicas para supuestos de destrucción o daños estructurales en viviendas -de hasta 30.240 euros- y en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También para que las corporaciones locales puedan afrontar los gastos derivados de la emergencia -con una cobertura de hasta el 100%-.

2.- Empleo, Seguridad Social y planes de pensiones

Se financiará un Plan extraordinario de Formación y Empleo para la isla por un valor de 63 millones de euros. Asimismo, se va a permitir una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cuotas de la Seguridad Social devengadas entre octubre y enero o el aplazamiento del ingreso con un interés reducido del 0,5% -siete veces menor al habitual-. Además, se prevé el rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, como también se hizo en la pandemia, con el fin de poder atender necesidades de liquidez de las familias.

3.- Sector agrario y pesquero

Se habilitarán distintas medidas, valoradas en 20,8 millones de euros, para paliar los daños ocasionados por la colada y las cenizas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como ayudas para el sector pesquero afectado por la actividad volcánica. Además, habrá beneficios fiscales -mediante la reducción de los índices de rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- y subvenciones para la obtención de avales -a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)-. Los afectados podrán así obtener préstamos que aseguren la viabilidad y normal funcionamiento del sector.

4.- Suministros

Las empresas y autónomos podrán suspender de forma temporal los contratos de suministro de electricidad, el pago de las facturas durante medio año y cambiar las potencias contratadas. De igual manera, se permitirá la resolución de los contratos de instalaciones que hayan resultado destruidas.

5.- Infraestructuras y movilidad

Se contempla la concesión de subvenciones a los ayuntamientos y al Cabildo Insular de La Palma para ejecutar proyectos de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, incluyéndose la red viaria y las conducciones para asegurar el suministro de agua para abastecimiento y regadíos.

Asimismo, se prevé la concesión de una subvención al Cabildo de La Palma, por importe de 500.000 euros, que se hará llegar de forma inmediata para financiar las obras de emergencia en la red viaria insular que permitan garantizar la movilidad en la zona afectada.

En referencia a los contratos de navegación, se incluye como prestación las escalas necesarias para conectar La Palma con la Península y con el resto de islas mayores del archipiélago canario.

6.- Medidas tributarias

Quedan exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al 2021 las viviendas y establecimientos dañados. Se reducen también las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas.

Se aplaza el ingreso de la deuda tributaria correspondiente a aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día siguiente de la entrada en vigor de esta norma hasta el 31 de enero de 2022.

Además, se contempla la exención en el pago de la Tasa de Acreditación Catastral, la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales en la isla y deducciones por declaración de zona de interés para mecenazgo.

7.- Protección de los consumidores

Se suspenden los plazos para ejercer el derecho de desistimiento de adquisiciones de bienes y servicios y se prevé la exoneración del cumplimiento de contratos de compraventa o prestaciones de servicios y suministros. Además, se suspenden las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos -con y sin garantía hipotecaria-, independientemente de si están o no al corriente de pago.

8.- Servicios sociales y violencia de género

Se contempla una ayuda de 500.000 euros para la financiación de medidas preventivas y de atención a víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra las mujeres y para víctimas de delitos de odio afectadas por la catástrofe. Asimismo, se incluye una financiación extraordinaria a la Comunidad Autónoma por importe de 500.000 euros para la prestación básica de servicios sociales.

9.- Recuperación de biodiversidad, espacios naturales e investigación

Se recogen ayudas para recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la Biosfera de La Palma y el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. También se prevén ayudas para la reparación de daños en la biodiversidad y el patrimonio natural y para investigar el volcán y sus erupciones.

Se abre la posibilidad de llevar a cabo las actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente científico. Para ello, se permite conceder ayudas a entidades y organismos, tanto públicos como privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en este ámbito; a suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación con las Administraciones públicas más cercanas geográficamente al lugar de la erupción y a promover cuantas actuaciones sean precisas para garantizar la continuidad de la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones públicas y entidades vinculadas.

10.- Medidas complementarias

Se crean sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido sus casas.

Cultura y Deporte

SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas a las salas de exhibición cinematográfica por un total de 10,2 millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a personas físicas y jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica registradas como empresas privadas o como entidades sin ánimo de lucro establecidas en España.

El objetivo es que puedan mantener abiertas las salas de exhibición cinematográfica y llevar a cabo actividades de exhibición cinematográfica y ejecución de proyectos culturales, así como la promoción y la atracción de público, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Las ayudas tienen carácter excepcional, por la situación provocada por el COVID-19. Las restricciones aplicadas para evitar la propagación del virus afectaron a las salas, que han tenido disminuir y cerrar su actividad.

El Gobierno considera a través de este Real Decreto que es necesario proteger la estabilidad y viabilidad futura de las salas de exhibición cinematográfica, dado su incuestionable y fundamental carácter de vehículo de acceso a la cultura, así como su impacto social y económico en las ciudades y comunidades en las que se encuentran, y en otros servicios vinculados a la actividad de ocio.

Las subvenciones se financiarán con cargo a la partida presupuestaria "Ayudas a las salas cinematográficas", del presupuesto de gastos del ICAA correspondiente al ejercicio 2021.

Cultura y Deporte

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL CINE ESPAÑOL

El cinematógrafo nació a finales del Siglo XIX, no obstante, en España alcanzó la condición de gran espectáculo popular hace cien años, en la década de los años veinte de siglo pasado.

Hace un siglo, se cerraba un círculo virtuoso según el cual una industria cinematográfica local producía unas películas populares, apoyadas principalmente en las formas de literatura y teatro de proximidad, que atraían al público a las salas. Se permitía así, por primera vez, la identificación de un cine español que se integraba en el flujo de ese gran espectáculo cosmopolita que es el cine a lo largo del Siglo XX.

Paralelamente a la aparición de esas películas, entre 1921 y 1923 nacían en España una serie de figuras como Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez, Alberto Closas, Lola Gaos, Juan Antonio Bardem, José Luis López Vázquez, Aurora Bautista, María Casares, Lola Flores, Margarita Alexandre, Ana Mariscal o Jorge Semprún, que, habiendo visto su adolescencia truncada por el horror de una guerra civil, supo llevar a las salas cinematográficas una serie de propuestas que destacaban por su diversidad y capacidad para plasmar los cambios sociales del país, a la par que integraban en sus narrativas, las principales tendencias del cine más internacional.

El cine español, en los nombres de Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Isabel Coixet o Icíar Bollaín, ha sido y sigue siendo motor de proyección internacional de nuestro país, en tanto articulan un relato global de España como un país moderno y democrático.

El arte cinematográfico y audiovisual es un bien patrimonial cuyo soporte, tanto analógico como digital, es frágil, y por lo tanto requiere una protección especial y específica. La inminente modificación de la Ley 23/2011, de Depósito Legal, y la futura reforma de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español incorporarán políticas activas para la protección de dicho patrimonio cultural.

Mediante esta Declaración Institucional el Gobierno de España expresa su compromiso firme para potenciar la industria cinematográfica española como parte de la europea teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad inmersa en una cultura fundamentalmente audiovisual y digital, cada vez más globalizada. Asimismo, ratifica la defensa del patrimonio cinematográfico y audiovisual como patrimonio histórico español para hacerlo accesible a efectos educativos, académicos y culturales.

Sanidad

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y ACONDICIONAMIENTO DE DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que se declara la emergencia para la contratación de los servicios de recepción, almacenaje y acondicionamiento de 3.821.220 de dosis la vacuna contra la covid-19 de la compañía pfizer/biontech, adquiridas por España.

El desarrollo de la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19 ha permitido que el 31 de agosto de 2021 se alcanzara el objetivo de vacunación con pauta completa del 70% de la población española.

Desde entonces, la estrategia de vacunación ha entrado en una segunda fase, cuyo objetivo es completar la de los segmentos de población que aún están pendientes de vacunar, que incluyen al grupo etario entre 12 y 29 años y los mayores de 30 años que aún no se han vacunado, así como la administración de las segundas dosis a la población con pauta de vacunación incompleta. Las vacunaciones de esta nueva fase se realizarán empleando las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna.

En este contexto, durante el mes de septiembre la campaña de vacunación ha experimentado un descenso en su ritmo. En el caso de las vacunas de Pfizer/BioNTech, la propia compañía las entregaba de forma descentralizada, en los puntos designados por las Comunidades y Ciudades autónomas, y hasta ahora no ha sido necesario mantener un stock centralizado de vacunas, dado que los programas de vacunación se desarrollaban a buen ritmo, lo que permitía dar salida rápidamente a todas las dosis suministradas en un periodo breve.

Además, deben tenerse en cuenta las especiales necesidades de conservación de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que requiere almacenamiento en ultracongelación, a temperaturas de -70ºC.

Asimismo, y de cara al futuro, conviene alertar sobre la necesidad de poner en marcha dos nuevas fases de la estrategia de vacunación: una primera fase, más previsible, de "estabilización" o incorporación de población a los grupos ya establecidos, donde destaca la población que progresivamente va alcanzando los 12 años de edad; y otra fase, en la que se tendrían que considerar las siguientes posibilidades: la vacunación de la población infantil (menores de 12 años); la administración de dosis adicionales o dosis de recuerdo en grupos poblacionales concretos, incluyendo los vacunados con vacunas en plataforma de adenovirus (pautas heterólogas); la administración de nuevas vacunas o la necesidad de vacunar frente a nuevas variantes del SARS-CoV-2.

Para permitir un adecuado desarrollo de estas nuevas fases de la estrategia de vacunación, es necesario, en primer lugar, disponer de un suministro suficiente de dosis de vacunas, para lo que España ha suscrito varias órdenes de pedido de vacunas, al amparo de los acuerdos de adquisición firmados por la Comisión Europea, con las compañías Pfizer y Moderna.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que, en estas nuevas fases, las necesidades de vacunas no serán iguales de constantes en el tiempo que los suministros, ni se pueden prever con la misma exactitud, dado que el desarrollo de la estrategia de vacunación dependerá de la situación epidemiológica y de los datos científicos que determinarán qué grupos poblacionales será necesario vacunar en cada momento.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad debe disponer de instalaciones de ultracongelación con capacidad para almacenar más de cuatro millones de dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech, dado que, por un lado, hay programadas entregas puntuales de esta cantidad de dosis de vacuna que actualmente no pueden ser recibidas por las autoridades sanitarias autonómicas, al tener saturada su capacidad de almacenamiento y, por otro, se necesita mantener este volumen de vacunas en un stock centralizado, a fin de garantizar el adecuado desarrollo (como se ha señalado) de la estrategia nacional de vacunación.

Actualmente, el Ministerio de Sanidad tiene a su disposición las instalaciones del Ministerio de Defensa, que permiten el almacenamiento en ultracongelación de 449.280 dosis de vacunas Pfizer/BioNTech.

Universidades

APROBACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS DE GRADOS UNIVERSITARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional de un total de sesenta títulos de Grado.

Universidades

APROBACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS DE DOCTORADO

El Consejo de Ministros ha aprobado tres nuevos títulos de Doctor o Doctora, detallados a continuación:

Universidades

APROBACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS DE MÁSTER OFICIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional de un total de 99 títulos de Máster.

BIOGRAFIAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Directora General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos HumanosDª. CECILIA ROBLES CARTES

Nacida en Madrid en 1969, es licenciada en Filología Clásica e ingresó en la Carrera Diplomática en 1997. Ha estado destinada en las embajadas de España en Luanda y en Nuakchott y ha sido cónsul adjunta en Bruselas. En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha trabajado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares y en las Direcciones Generales para Asia y Pacífico y para Iberoamérica. En el ámbito multilateral ha sido directora adjunta de la Oficina de Derechos Humanos; consejera en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York y vocal asesora en la Dirección General de Naciones Unidas, Derechos Humanos y Organismos Internacionales.

Embajador de España en la República de Indonesia

D. FRANCISCO DE ASÍS AGUILERA ARANDA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, ingresó en la Carrera Diplomática en 1992. Jefe de protocolo en instalación olímpica durante los XXV Juegos Olímpicos, Barcelona '92. En servicios centrales del Ministerio, jefe de área de Relaciones Económicas Bilaterales con África y Oriente Medio; vocal asesor en el Gabinete Técnico de Subsecretaría; jefe de área y, luego, subdirector general de Relaciones Económicas Multilaterales y Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre, en la Dirección General de Diplomacia Económica. En el exterior, ministro consejero en las Embajadas de España en Arabia Saudí, Jordania, Malasia e Indonesia. Cónsul General de España en Monterrey (México) y Düsseldorf (Alemania).

Defensa

Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra

D. AMADOR FERNANDO ENSEÑAT Y BEREA

Nació en La Coruña el 25 de octubre de 1960. Fue promovido al empleo de Teniente de Artillería como número 1 de la XXXVIII de la Academia General Militar. Es diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra y ha realizado, entre otros, el Curso Avanzado de Mando y Estado Mayor en el Reino Unido. Ha sido director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra y secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina del dicho Ejército. A lo largo de su carrera, ha alternado el mando de Unidades operativas y destinos en el Estado Mayor del Ejército de Tierra, Estado Mayor de la Defensa y Secretaría General de Política de Defensa. Ha servido en operaciones de la OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Relaciones Internacionales y en Seguridad y Defensa y diplomado en Altos Estudios Internacionales. Habla inglés, francés y portugués.

Director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa

D. PABLO GUILLÉN GARCÍA

El General de División Pablo Guillén García nació en Cartagena el 12 de abril de 1961. Obtuvo el empleo de Teniente en julio de 1985. Es Diplomado de Estado Mayor, piloto de Caza y Ataque y ha realizado numerosos cursos nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha sido piloto de EF-18 en el Ala 15, instructor de vuelo, jefe de la Patrulla "Águila" y jefe de estudios en la Academia General del Aire y recientemente Coronel Jefe del Ala 12 de Torrejón de Ardoz. Ha realizado misiones internacionales de paz en Bosnia Herzegovina y Afganistán, y desempeñado el cargo de jefe de planes en el CAOC de Lisboa y, posteriormente, en el Mando Aéreo de Combate (MACOM). Antes de mandar la Base de Torrejón, desempeñó el cargo de representante español en el Cuartel General de la Coalición en Tampa, Florida.

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

D. CARLOS GABRIEL PALACIOS ZAFORTEZA

Nació en Palma de Mallorca el 24 de marzo de 1959. En julio de 1982 obtuvo el empleo de Teniente de Infantería. Es Diplomado de Estado Mayor y especialista en unidades acorazadas y mecanizadas, habiendo realizado numerosos cursos nacionales e internacionales. Ha ejercido el mando de unidades de carros de combate en el empleo de teniente y capitán. Con el empleo de Coronel ostentó el mando del Regimiento Asturias 31. Ha realizado funciones de Estado Mayor en la Brigada Acorazada, siendo Jefe de Estado Mayor de esta Unidad y en el Estado Mayor del Ejército. Ha estado destinado en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles y en el Cuartel General del Mando Componente Terrestre en Retamares. Ha sido Jefe de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre y Teniente General Jefe del Mando de Canarias. Ha participado en Misiones Internacionales en Centroamérica, en la Antigua Yugoslavia y dirigió los efectivos del Ejército de tierra en la Operación Balmis.

Cultura y Deporte

Subsecretario de Cultura y Deporte

D. EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES

Nacido en 1975. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomado en Marketing y Técnicas Comerciales por ESTECO. Graduado en el Programa de Liderazgo en la Gestión Pública por IESE Business School, Curso Monográfico de la Defensa Nacional del CESEDEN y en Comunicación Pública por el INAP. Ha desempeñado funciones como director financiero y de recursos de Acción Cultural Española (2018-2020), subdirector general de Música y Danza y subdirector general de personal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (2015-2018), subdirector general adjunto de personal y coordinador de proyectos del Gabinete Técnico del Director General de la Policía y la Guardia Civil, en el Ministerio del Interior (2008-2015). Ha sido vocal de la Comisión Ejecutiva del Gran Teatre del Liceu y del Consorci del Palau de Música Catalana. Vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva y del Patronato del Teatro Real y del Consejo de Administración de SEGITTUR. Al tiempo de su nombramiento desempeñaba funciones como subdirector general de cooperación y competitividad turística en la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Está en posesión de la Cruz de Plata y de la Cruz Blanca de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Universidades

Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

D. CARLOS ANDRADAS HERANZ

Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctor en Matemáticas por la UCM en 1982 y por la University of New Mexico (Albuquerque, USA) en 1983. Catedrático de Álgebra de la UCM desde 1997. Profesor visitante en las Universidades de Berkeley, Stanford y Harvard. Autor de varias decenas de artículos en revistas científicas de alto impacto así como de dos monografías en editoriales internacionales. Vicepresidente del Comité Organizador del International Congress of Mathematicians ICM 2006 y presidente del Jurado Internacional de la Olimpiada Matemática Internacional IMO 2008. Presidente de la Real Sociedad Matemática Española del 2000 al 2006 y presidente de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) desde 2011 hasta 2015. Decano de la Facultad de Matemáticas de la UCM (1992-1995), vicerrector de investigación (2003-2005), vicerrector de ordenación académica (2005-2007) y vicerrector de política académica y profesorado (2007-2011). Rector de la Universidad Complutense de Madrid, desde junio de 2015 a junio de 2019. Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, desde Noviembre de 2012 hasta 2016. Asesor científico en el Gabinete de la Vicepresidenta Tercera de Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde marzo de 2021 hasta Octubre de 2021.