Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO por el que se crea la Sección Novena del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento sobre directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo Bilateral de Préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional.
• ACUERDO por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
• ACUERDO por el que se autoriza la aportación de España al Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico correspondiente a 2020, por importe de 12.500 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en el área afectada por el gran incendio forestal 2020 en la provincia de Huelva, por un importe máximo de 1.000.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de "actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en el área afectada por el incendio forestal ocurrido en agosto de 2020 en la provincia de Cáceres II", por un importe máximo de 299.999,99 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de las compuertas del aliviadero en la presa de El Águeda (Salamanca), por un importe máximo de 300.000 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes a los criterios objetivos y acuerdos fijados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 21 de septiembre de 2020.
• ACUERDO por el que se autorizan las contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por importe de 102.680 euros.
• INFORME sobre la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República de Senegal con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 50.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de hasta 700.000 dólares estadounidenses al Banco Mundial, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del "PROMOGED - Proyecto de promoción de la gestión integrada y de la economía de los residuos sólidos en Senegal" cofinanciado con el crédito de hasta 50.000.000 de euros concedido por dicho Fondo a la República de Senegal.

Justicia

• ACUERDO por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 prorrogados para 2020, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

Defensa

• ACUERDO por el que se autoriza que la inversión extranjera de la empresa de Singapur Quest Global Services PTE, L.T.D., en la empresa española Quest Global Engineering España, S.L.U., se pueda destinar a actividades relacionadas con la defensa nacional.

Hacienda

• Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la convocatoria de subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular causados en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y Región de Murcia previstas en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, para la suscripción de un Acuerdo Interdepartamental entre los Ministerios de Interior y Defensa para el uso compartido de instalaciones, así como para el reajuste de anualidades relativo al suministro, en régimen de arrendamiento, de turismos radio-patrulla tipo "Z".
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo varios proyectos del Ejército del Aire.
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación de un Convenio con la Generalidad de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña para la financiación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
• ACUERDO por el que se modifica el número de anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Estadística la tramitación de un contrato para la transformación de los centros de procesos de datos (CPD) del organismo.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Intervención General de la Administración del Estado la celebración de diversos contratos.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la realización de nuevas actuaciones para cumplir con los objetivos del Programa relativo a la ordenación y fomento de la edificación.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana atender los gastos de arbitraje ocasionados por la declaración de concurso de la empresa concesionaria para la construcción y explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, para la tramitación anticipada de un contrato de un servicio de mantenimiento de la Red de Alerta a la Radiactividad (RAR), elemento básico del Sistema Nacional de Protección Civil.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, con la finalidad de llevar a cabo la tramitación de contratos de energía eléctrica, de combustible de vehículos, de suministro de prendas y la prórroga del contrato de limpieza en la Dirección General de la Guardia Civil.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la adecuación a la primavera de 2021 de las licitaciones aprobadas para los estudios pilotos PISA y PIAAC del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y el mantenimiento de las licitaciones vigentes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), así como la tramitación del 70% de los gastos de funcionamiento de los centros educativos de educación especial sitos en las ciudades de Ceuta y Melilla.
• ACUERDO por el que se modifican los límites del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la tramitación del contrato de fabricación de un buque oceanográfico multipropósito, así como la tramitación anticipada de tres contratos de adquisición de equipamiento.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General del Agua la licitación de contratos y encargos de inversión y la tramitación de reajustes de anualidades.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar la prórroga de becas de formación práctica para titulados universitarios en el área de desarrollo rural, innovación y política forestal.

Interior

• ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la contratación del servicio de administración y explotación de los sistemas de información asociados a los Centros de Proceso de Datos de la Gerencia de Informática de la Dirección General de Tráfico, por un valor estimado de 16.886.400 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias.
• REAL DECRETO por el que se amplía el ámbito de actuación de las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, y el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo.
• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención al Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental (CETMO), para el desarrollo de actividades de secretariado del Grupo de Ministros de Transportes del Mediterráneo Occidental (GTMO 5+5) durante el ejercicio presupuestario 2020.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de actuaciones necesarias para la puesta en servicio del acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona. Valor estimado del contrato 73.777.770,06 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad y su mantenimiento para el tramo La Robla - Pola de Lena del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad. Valor estimado del contrato 16.984.276,47 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de los servicios de limpieza extraordinaria de las dependencias en red convencional de ADIF por afección del COVID-19, por un importe de 581.953,35 euros.

Educación y Formación Profesional

• REAL DECRETO por el que se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
• REAL DECRETO por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.
• REAL DECRETO por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.
• REAL DECRETO por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente.
• ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2020 al Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos, por importe de 48.559.610 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• ACUERDO por el que se aprueba la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes a los criterios objetivos y acuerdos fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 13 de octubre de 2020.

Política Territorial y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020.

Cultura y Deporte

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la ejecución de las obras en la antecapilla de Nuestra Señora del Sagrario en la Catedral de Cuenca, así como para la redacción de la memoria valorada y de la dirección facultativa de las mismas, por un importe de 56.055,55 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras para la subsanación de daños en la cornisa y fachada principal del Museo Nacional del Romanticismo, por un importe total de 204.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la Asociación de las Cinematecas Europeas correspondiente al año 2019, por importe de 700 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, para el año 2019, por importe de 3.050 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música al pago de la contribución voluntaria a la European Federation of National Youth Orchestras , en concepto de la cuota anual de miembro de la Joven Orquesta Nacional de España, para el año 2020, por importe de 900 euros.

Sanidad

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la compra de material sanitario: termómetros a distancia por infrarrojos, tensiómetros/monitores de presión arterial digitales detectores de arritmias, pulsioxímetros y fonendoscopios, para las unidades de control sanitario de los servicios periféricos de sanidad exterior pertenecientes al Ministerio de Sanidad, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 94.680 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, a la Alianza Europea de Organizaciones de Transfusión Sanguínea o European Blood Alliance (EBA), por importe de 27.700 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, al Proyecto europeo integrado para la base de datos sobre precios de medicamentos (Proyecto EURIPID), por importe de 6.165,77 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, a la Plataforma Europea para la Salud y la Equidad Social (EUROHEALTHNET), por importe de 10.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, a la Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE), por importe de 29.359,53 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, a la Organización Internacional para el Desarrollo de Estándares de Terminología Sanitaria, por importe de 334.294 dólares estadounidenses.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, al Grupo MEDEV (Evaluación de Medicamentos de la Plataforma Europea de Seguridad Social - ESIP), por importe de 4.537,50 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2020, al Proyecto PaRIS (Encuesta sobre indicadores informados por pacientes) de la OCDE, por importe de 30.000 euros.

Ciencia e Innovación

• REAL DECRETO por el que se regula el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación».
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la segunda Adenda al Convenio para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de siete Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Murcia por un importe de 58.021,19 euros, IVA incluido.

Universidades

• ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas para Formación del Profesorado Universitario correspondiente al año 2020 (FPU2020), integrada en el Subprograma de Formación en I+D+i y en el Subprograma de Movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, por importe de 79.329.825,20 euros.

ASUNTOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

• REAL DECRETO por el que se nombra presidente de Sección del Consejo de Estado a D. MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN.
• REAL DECRETO por el que se nombra consejera Permanente y presidenta de Sección del Consejo de Estado a Dª PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA.
• REAL DECRETO por el que se nombra consejera Permanente y presidenta de Sección del Consejo de Estado a Dª ADELA ASÚA BATARRITA.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario general para el Reto Demográfico a D. FRANCISCO BOYA ALÓS.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de El Salvador a D. CARLOS DE LA MORENA CASADO.

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ASUNTOS GENERALES

Hacienda

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que remitirá a las Cortes Generales. Se trata de unos Presupuestos de país que no tienen precedentes al convertirse en el motor de la reconstrucción social y económica de España tras la pandemia mundial provocada por la COVID-19, la más grave en más de un siglo. Además, los Presupuestos incorporan un primer tramo de los fondos procedentes de la UE, que serán la palanca principal para transformar el modelo productivo y crear el tejido económico que debe marcar las próximas décadas.

Son unas cuentas públicas expansivas que recogen el mayor gasto social de la historia. Su contenido está orientado a combatir los efectos de la crisis derivada de la emergencia sanitaria mediante el blindaje del Estado del Bienestar, que se ha revelado como la mejor red de seguridad de los ciudadanos durante esta pandemia. De hecho, los Presupuestos de 2021 incluyen los mayores recursos que han existido en España para la sanidad pública, la dependencia, las pensiones, las becas al estudio o la lucha contra la pobreza infantil.

Los Presupuestos Generales también tienen como prioridad impulsar la reactivación de la economía para lograr un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible, capaz de generar empleo digno y de calidad y de mejorar la competitividad de las empresas con una apuesta clara y decidida por la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y digitalización.

Las cuentas públicas absorben un primer tramo de 27.436 millones de los Fondos europeos, que permitirán sentar las bases que redefinan el modelo productivo de España.

Para ello se incrementan de forma notable las partidas destinadas a la transición ecológica, las infraestructuras, la digitalización y la igualdad. También aumenta la dotación para otros dos pilares necesarios en la vertebración del país como son la cohesión social y territorial.

Los Presupuestos de 2021 también son compatibles con el inicio de una senda de consolidación fiscal. De hecho, el Gobierno no renuncia al equilibrio presupuestario y el próximo ejercicio se producirá una de las mayores reducciones de déficit público con una caída de 3,6 puntos hasta situarse en el 7,7% del PIB. Este descenso se produce por una mejora de los ingresos públicos del 14,7% gracias, fundamentalmente, a la mayor recaudación por el ciclo económico y, en menor medida, por las nuevas medidas fiscales.

Revalorización de las pensiones

Los Presupuestos de 2021 suponen el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los Fondos europeos, el gasto social también crece un 6,2%.

La principal partida de los Presupuestos es la destinada a las pensiones públicas, que se sitúa en 163.297 millones de euros, un 3,2% más que el Presupuesto homogéneo de 2020. Una parte de este incremento se debe a la revalorización de las pensiones un 0,9% en 2021, en línea con la previsión de IPC real, que permitirá a 9,76 millones de pensionistas no perder poder adquisitivo.

Asimismo, en 2021 las pensiones no contributivas se elevarán un 1,8%, el doble que la previsión de IPC, que beneficiará a alrededor de 450.000 personas con menores recursos. De esta forma, el Gobierno muestra su compromiso con los colectivos más vulnerables.

Las cuentas públicas también recogen una revalorización del 0,9% del sueldo de los empleados públicos en 2021, en línea con la previsión de inflación, que permitirá a estos trabajadores mantener su poder adquisitivo. De esta forma, el Ejecutivo reconoce el esfuerzo de este colectivo durante la pandemia.

Financiación récord para Sanidad

En un contexto de pandemia, los Presupuestos de 2021 fortalecen la sanidad pública con un aumento de recursos sin precedentes. El gasto y la inversión en Sanidad se incrementa en 3.149 millones, un 75,3% más, incluyendo los fondos comunitarios.

En lo que respecta únicamente al Ministerio de Sanidad, su dotación aumenta en un 40%. Si se suma la ayuda europea, el incremento alcanza un 947% hasta llegar a 3.421 millones. Se trata de la financiación más alta en la historia de este ministerio y refleja que el objetivo principal del Gobierno es proteger la salud de todos ciudadanos.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad destinará 2.436 millones del Fondo React EU a la compra de vacunas y reforzar la atención primaria.

2.000 millones en becas y la mayor subida del IPREM

La pandemia también ha puesto a prueba el sistema educativo, un baluarte del Estado de Bienestar que el Gobierno está obligado a defender. En concreto, para seguir garantizando una educación pública y de calidad los Presupuestos refuerzan su financiación con un incremento de la dotación del 70,2%, lo que suponen 2.017 millones más. Si se excluyen los fondos europeos, el incremento sería del 7,5%.

Asimismo, para garantizar la igualdad de oportunidades, las cuentas públicas incluyen los mayores recursos para becas de la historia, con un aumento de 514 millones hasta alcanzar la cifra récord de 2.090 millones. De esta forma el Gobierno mantiene su compromiso para que ningún estudiante se quede atrás por falta de recursos. También se incluyen recursos para ampliar progresivamente la educación infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas.

Además, las cuentas públicas impulsan un Plan de Modernización de la FP para facilitar la incorporación al mercado laboral. Tendrá una dotación de 1.500 millones en cuatro años, la mayor cuantía destinada hasta la fecha a un plan de FP.

Los Presupuestos son especialmente sensibles con los colectivos más vulnerables para garantizar su protección. Así, la partida para el desempleo se incrementa en 4.191 millones de euros, un 20,1% más. Asimismo, los Presupuestos recogen la primera subida del IPREM desde 2017. En concreto, este indicador se incrementará en 2021 un 5%, lo que supone el mayor aumento desde su creación en 2004. Esta mejora supondrá un beneficio para los colectivos con menos recursos, ya que el IPREM es el indicador de referencia para recibir diversas ayudas, subsidios y subvenciones. Con este incremento estas prestaciones serán accesibles a más personas en un momento de crisis.

Los Presupuestos también se ocupan de uno de los principales problemas de muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, como es el acceso a la vivienda. En este sentido, se destinan más de 2.250 millones para políticas que promueven el alquiler asequible, la construcción y rehabilitación de viviendas, un 25% más.

Más recursos para la dependencia

La financiación de los servicios sociales se incrementa en 2.147 millones, lo que supone un 70,3% más. Sin Fondos comunitarios, la partida crece un 32,1%.

Además, los Presupuestos refuerzan un pilar del Estado del Bienestar como es la dependencia, que recibe la mayor financiación de la historia con un incremento del 34,4% que beneficiará a 1,1 millones de personas.

Las cuentas públicas consolidan el Ingreso Mínimo Vital al destinar 3.017 millones de euros a esta prestación que recibirán 850.000 hogares cuando esté totalmente implementado. Asimismo, los recursos contra la pobreza infantil y la protección de las familias más vulnerables se incrementan en 60 millones, lo que implica un aumento del 59%.

El Ministerio de Igualdad aumenta sus recursos 157,2%. Si se excluyen las ayudas comunitarias, su dotación se incrementaría, igualmente, un sustancial 129,5%. Los recursos para las actuaciones de prevención integral de la violencia de género se incrementan un 44%. Sin los Fondos europeos la financiación también se elevaría un 13%, lo que supone cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y refleja el compromiso del Gobierno para combatir esta lacra. Además, el Ministerio de Igualdad contará con 200 millones de euros adicionales para el Plan Corresponsable sobre conciliación. En este sentido, los Presupuestos de 2021 incrementan los permisos de paternidad de 12 a 16 semanas y los equiparan por primera a los de maternidad, lo que beneficiará a 236.000 familias.

Investigación y digitalización

Uno de los ejes para el cambio del modelo productivo es el impulso de la I+D+i. De esta forma, las partidas destinadas a la investigación civil alcanzan los 11.483 millones, lo que supone un aumento de 5.106 millones de euros, un 80,1% más. En esta estrategia se enmarca el programa de gasto en investigación y desarrollo tecnológico-industrial, con un aumento de 445 millones.

Otro de los pilares que debe sostener la transformación de la economía es la digitalización. Por ese motivo, los Presupuestos incluyen 256 millones para financiar la Estrategia de Impulso al despliegue de 5G.

La defensa del medio ambiente y el impulso a una economía circular tiene su impronta en los Presupuestos con un aumento de 5.690 millones de euros en las políticas de industria y energía, cuyo objetivo es promover un modelo productivo más sostenible y descarbonizado.

Infraestructuras

La cohesión territorial es uno de los ejes del Plan de Recuperación aprobado en la UE y un objetivo estratégico para el Gobierno como elemento vertebrador de España y motor de desarrollo de muchos territorios. Así, la política de infraestructuras aumentará su dotación en 6.161 millones, un 114,8%. Si se excluyen los fondos comunitarios, los recursos crecen un notable 27,3%.

Por otra parte, el turismo, el comercio y las pymes son sectores muy afectados por la pandemia. El Gobierno es muy consciente de ello desde el principio de la emergencia sanitaria y por ello las partidas para estas áreas registrarán un importante aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más para 2021, incluyendo los mecanismos comunitarios.

Otro de los sectores más perjudicados por la crisis de la COVID-19 es la cultura. Para impulsar esta industria clave que ha mostrado su compromiso con la sociedad durante la pandemia, los Presupuestos recogen un incremento de los recursos para la cultura del 25,6%, incluyendo los mecanismos europeos.

Los Presupuestos también reflejan la política del Gobierno con las víctimas del franquismo. Por ese motivo, la dotación para la memoria histórica se incrementa en 11 millones de euros.

Sistema tributario más justo y progresivo

Los Presupuestos de 2021 contemplan una mejora de los ingresos públicos del 14,7%. La principal causa de esta evolución es la mejora de los ingresos tributarios un 13% por el ciclo económico con una previsión de crecimiento del PIB en 2021 que alcanzará el 9,8% con el impulso de los fondos europeos. También influyen algunas medidas fiscales.

En este sentido, el Gobierno defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo en el que cada uno aporte según su capacidad y reciba según su necesidad. La ministra de Hacienda ha insistido en que no puede haber "justicia social sin justicia fiscal" y ha destacado la estrategia de su departamento de avanzar hacia un sistema fiscal moderno y adaptado a las áreas de negocio y a la sensibilidad medioambiental del siglo XXI. Al mismo tiempo, el Gobierno ha tenido en cuenta la crisis actual para acompasar las medidas fiscales al objetivo de reconstrucción económica y social.

Las cuentas públicas de 2021 prevén un impacto por ajustes fiscales que se distribuyen de dos formas. Por un lado, aquellas modificaciones que se recogen en el Proyecto de Presupuestos. Por otro lado, aquellas figuras de nueva creación que se tramitan en otras leyes.

Entre las modificaciones que se realizan en los Presupuestos se encuentran ajustes para que las rentas más altas y las multinacionales aumenten su contribución, siguiendo las recomendaciones realizadas recientemente por el FMI o la OCDE.

En concreto, se recoge en el IRPF un aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Se trata de una medida que beneficia la progresividad del sistema. De hecho, este incremento solo afecta al 0,07% de los contribuyentes. Asimismo, se incrementa en tres puntos las rentas del capital a partir de los 200.000 euros, lo que afectará a solo el 0,08% de los declarantes. Ambas medidas afectan a unos 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total.

En el IRPF también se revisa el límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones. En concreto, se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros.

Esta medida sigue las recomendaciones de la AIREF para aumentar la progresividad. Según la autoridad fiscal la mayor parte de propietarios de planes de pensiones realizan aportaciones muy inferiores a los 8.000 euros actuales de límite de reducción. De hecho, el 58% hace aportaciones inferiores a 1.000 euros. Por tanto, esta medida afectará a un número menor contribuyentes con estos planes.

Por otra parte, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos. Se trata de una medida que pretende ayudar y mostrar sensibilidad con los autónomos en un momento de crisis.

Las cuentas públicas también contemplan que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año mediante una ley. De esta forma, se aporta también seguridad jurídica sobre este tributo. Además, se incrementa un punto el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5% al 3,5%.

Sociedades

Los Presupuestos incorporan en el Impuesto sobre Sociedades reducir la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior. Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años.

La medida, que ya se aplica en otros países de la UE como Francia, Italia o Alemania, pretende acercar el tipo efectivo del impuesto al tipo nominal, sobre todo de las grandes empresas. De hecho, podría afectar a 1.739 sociedades, de las más de millón y medio de declarantes del Impuesto de Sociedades.

En la tributación del IVA, se incrementa el gravamen del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas con el objetivo de fomentar hábitos más saludables de la población y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los resultados de diferentes estudios científicos y médicos, que muestran cómo el consumo excesivo de bebidas edulcoradas contribuye al aumento del sobrepeso y la obesidad.

El incremento del gravamen solo afecta a la venta de estos productos en supermercados, pero la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10% para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual.

También se revisa el Impuesto sobre Primas de Seguros, cuyo tipo impositivo no ha variado desde 1998. El gravamen se incrementa del 6% al 8%, pero sigue siendo un tipo inferior al existente en Alemania (19%), Reino Unido (12,5%) o Italia (entre el 12,5% y el 21,25%).

Fiscalidad verde

La adaptación del sistema tributario al siglo XXI incluye un mayor peso de la fiscalidad verde, como recomienda la Comisión Europea o la OCDE. De hecho, España se encuentra lejos de la media europea en esta materia. Por tanto, en esa estrategia para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente se enmarca la modificación en el Impuesto sobre Hidrocarburos para acercar la tributación del diésel a la gasolina.

En concreto, el tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales (sigue siendo inferior a los 40,07 céntimos por litro de la gasolina). Así, se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros. Se trata de una medida de carácter medioambiental sin afán recaudatorio. En la práctica supondrá 3,45 euros más al mes para los consumidores que tengan un perfil medio y que hagan 15.000 km al año. En cualquier caso, se mantiene sin cambios la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.

El conjunto de estas medidas incluidas en los PGE tendrá un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022.

Medidas fiscales al margen de los PGE

No todas las medidas fiscales se recogen en el Proyecto de Presupuestos, sino que se tramitan en otras leyes al tratarse de figuras fiscales nuevas de carácter medioambiental o que gravan nuevas áreas de negocio.

Así, en el ámbito de la fiscalidad verde se encuadra el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Esta figura ya fue sometida a consulta pública y tiene como objetivo reducir el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado para reducir así su consumo, de forma que se prevenga la generación de residuos plásticos.

Esta medida debe servir también para impulsar nuevos modelos de negocio y alentar una producción y consumo más sostenibles, priorizando los productos reutilizables.

En la misma línea se enmarca el impuesto estatal sobre residuos que penalice las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración. Se trata de una medida que sigue las recomendaciones de varias directivas europeas para reducir el porcentaje de residuos en vertederos.

Por otro lado, en 2021 habrá otras dos nuevas figuras tributarias que ya han sido aprobadas por las Cortes Generales como son el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Además, hay que sumar el impacto de las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y la elusión que se está tramitando en el Congreso.

Precisamente, durante la tramitación de la ley antifraude el Gobierno tiene intención de incluir medidas para reforzar el control de las SICAV. En concreto, se otorgará a la Inspección de la Agencia Tributaria la competencia para comprobar que estos instrumentos cumplen con los requisitos para constituirse en vehículos de inversión colectiva y no en una herramienta de planificación fiscal de grandes patrimonios familiares. Asimismo, se impondrá en las Socimis un gravamen del 15% a sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios.

Todas estas medidas y alguna modificación más al margen de los Presupuestos Generales permitirán incrementar los recursos públicos en 4.223 millones en 2021.

Políticas PGE Consolidados 2021 (capítulo I a VIII)

PGE 2021 Por Secciones

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA SECCIÓN NOVENA DEL CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Sección Novena del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Transcurridos cuarenta años desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se hace necesario actualizar la estructura del Consejo de Estado para adaptarla al volumen y complejidad de las consultas dirigidas a esta institución, derivados de los cambios producidos en nuestro ordenamiento jurídico así como en la propia organización del sector público.

Desde la última actualización que se produjo en 1980 han ocurrido acontecimientos trascendentales como la adhesión a la Unión Europea, con la consiguiente recepción e integración de su Derecho. Por otra parte, la complejidad normativa también resulta de la especificidad de nuevos sectores regulados e interconectados como los de la competencia, de los mercados de la energía eléctrica, audiovisual o protección de datos, cuyo análisis requiere de un elevado grado de conocimiento técnico. En algunos de estos sectores han comenzado a operar las autoridades administrativas independientes con capacidad reglamentaria.

Como consecuencia de todo ello se ha incrementado el volumen de consultas dirigidas al Consejo de Estado, provenientes del Gobierno, pero también de las autoridades administrativas y de las comunidades autónomas que o bien no cuentan con un órgano consultivo, o éste tiene competencias limitadas o usan el mecanismo de la consulta potestativa.

Para responder a esta necesidad de actualizar la estructura del Consejo de Estado, la Comisión Permanente en su sesión de 15 de octubre de 2020 propone al Gobierno, la aprobación de la creación de una nueva Sección, la novena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que dispone que el número de Secciones del Consejo de Estado se puede incrementar reglamentariamente a propuesta de su Comisión Permanente, cuando el volumen de las consultas lo exigiere.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las nuevas normas de funcionamiento de la Caja General de Depósitos, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este nuevo marco tiene como objetivos modernizar y digitalizar el funcionamiento de la Caja General de Depósitos y sustituye a la normativa anterior, aprobada hace más de veinte años.

Esta norma se enmarca en una de las principales líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el impulso de la digitalización en la Administración Pública.

La Caja General de Depósitos se encarga de gestionar de manera centralizada los depósitos y garantías que los particulares tienen que presentar ante la Administración General del Estado como requisito para poder participar en diversos procedimientos como contrataciones públicas, otorgamiento de subvenciones, subastas de bienes, o también para obtener autorizaciones para operar en determinados sectores como, por ejemplo, el sector energético.

Con la aprobación de este Real Decreto, se generaliza la gestión digital de los depósitos y garantías, estableciendo la obligatoriedad de utilizar medios telemáticos, agilizando los plazos, y garantizando la máxima seguridad. Se sustituyen las garantías en papel por garantías en formato electrónico y se favorece que ciudadanos y entidades financieras avalistas puedan conocer por medios electrónicos el estado de los depósitos y garantías y hacer en remoto las gestiones que resulten procedentes.

Asimismo, se simplifican y mejoran los procedimientos de la Caja General de Depósitos para atender las necesidades detectadas a lo largo de los años en los que el anterior reglamento ha estado en vigor y se adaptan a los cambios normativos producidos en este tiempo.

La Caja General de Depósitos gestiona cerca de 60.000 expedientes de constitución de garantías al año, por un volumen de 13.000 millones de euros, y un número equivalente de expedientes de cancelación de garantías. Una tramitación rápida y eficiente de la constitución y cancelación de estas garantías reduce costes de gestión y libera recursos financieros de los particulares que las aportan.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACUERDO DE PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 hasta el día 9 de mayo a las 0.00 para controlar los efectos de la segunda ola de la pandemia .

Asuntos Económicos y Transformación Digital

APORTACIÓN AL FORO GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aportación de España al Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico correspondiente a 2020, por importe de 12.500 euros.

El Foro tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional entre los organismos públicos para promover políticas que mejoren la productividad.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REPARTO TERRITORIAL PARA LA MEJORARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que contempla la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia ambiental, que se celebró el pasado 21 de septiembre. En total, se ha autorizado el reparto de 19,8 millones de euros para actuaciones que contemplen la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, la mejora de la gestión de los residuos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en este sector y la protección del espacio natural y la biodiversidad de nuestro país.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de fondos sobre las ayudas a la implementación de la política de residuos y el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) de Residuos; las actuaciones correspondientes al PIMA Cambio climático, la dotación para las actividades financiadas por el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el reparto de fondos en Áreas de Influencia de los Parques Nacionales.

Ayudas para la adaptación al cambio climático

El principal objetivo del PIMA Cambio Climático es fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, donde reside el 80% de la población española. Para ello, se han distribuido 9 millones de euros dirigidos a proyectos que potencien las sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación en la lucha contra el cambio climático a través de actuaciones piloto de carácter innovador y el desarrollo de proyectos e informes técnicos. Los beneficiarios de estos fondos serán entidades locales y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes.

Este PIMA se ha diseñado para facilitar las actuaciones en las ciudades que se recogen en el marco normativo del gobierno de clima y energía, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además, esta línea de actuación está destinada a aumentar el protagonismo de las soluciones basadas en la naturaleza para todo tipo de urbes.

Algunas de las medidas que se llevarán a cabo con este presupuesto tendrán como objetivo la integración del cambio climático e infraestructura verde en la planificación y gestión urbanística, la adaptación de edificios públicos para prevenir el exceso de calor y mejorar la eficiencia energética o el aumento de la biodiversidad urbana y la mejora de los hábitats dentro de estas zonas.

También, en esta misma línea de actuación se recogen las ayudas al diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, los beneficiarios serán municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes.

La territorialización de los fondos aprobados se ha llevado a cabo en función de proyecciones climáticas -concretamente, de las necesidades de refrigeración en cada territorio-, del número de municipios menores de 100.000 habitantes y de la población en municipios menores de 100.000 habitantes, estableciéndose un máximo de 1 millón de euros y un mínimo de 100.000 para cada administración autonómica.

Ayudas para la gestión de residuos

También el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 5,87 millones de euros procedentes del PIMA Residuos y de las líneas presupuestas asignadas a la política de residuos con el objetivo de promover actuaciones que permitan mejorar la gestión de los residuos para avanzar en la consecución de los objetivos nacionales y comunitarios en esta materia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector.

Entre las actuaciones para implementar la política de residuos que se financian se incluyen proyectos de compostaje doméstico y comunitario y para la utilización eficiente de biogás, y en el marco de la línea del PIMA Residuos se financian actuaciones de recogida separada de biorresiduos, instalaciones de compostaje y de recogida de aceite de cocina usado para producción de biodiesel.

En este sentido, las ayudas a residuos se han desglosado en 5 tipos de actuaciones, cada una de ellas con una dotación económica:

• Proyectos de recogida separada de biorresiduos: 1.850.000 euros.
• Proyectos de compostaje doméstico y comunitario: 1.621.061 euros.
• Proyectos de instalaciones de compostaje: 1.850.000 euros.
• Proyectos de aceite de cocina usado: 300.000 euros.
• Proyectos de biogás: 250.000 euros

La distribución territorial de las ayudas para cada una de las comunidades autónomas ha quedado repartida de la siguiente manera:

Propuesta de distribución de ayudas pima 2020

Propuesta de distribución de ayudas implementación política residuos 2020

Ayudas para la protección del medio natural y biodiversidad

Para las distintas líneas de actuación que contemplan la mejora en la protección del medio natural y de la biodiversidad se han movilizado un total de 5 millones de euros.

Para la conservación de especies en situación crítica se destina un total de 1 millón de euros procedente del Fondo de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que estará dirigido a acciones de conservación de cuatro especies declaradas "En situación crítica": el urogallo cantábrico, la cerceta pardilla, el visón europeo y la jara de Cartagena. Concretamente, 453.852 euros se dedicarán a la conservación del urogallo cantábrico -y en concreto, a su nuevo centro de cría en Castilla y León-; 252.986 euros se centrarán en trabajos de conservación del visón europeo en La Rioja; 95.200 euros irán a tareas de conservación de la cerceta pardilla dentro de la Comunitat Valenciana; y 80.000 euros irán destinados a los trabajos de conservación de la Jara de Cartagena, en Murcia.

Asimismo, a la adaptación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a las aves se destinará también un millón de euros, con el fin de evitar daños a la avifauna en Castilla y León, Galicia y las Islas Canarias. Estas ayudas son fundamentales para garantizar que las líneas eléctricas de alta tensión no supongan riesgo para las aves que se posen en ellas. La electrocución en tendidos eléctricos es una de las causas más frecuentes de mortandad no natural de la avifauna. De hecho, ha llegado a convertirse en uno de los principales problemas de conservación para varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como es el caso del águila imperial o el águila perdicera.

Entorno de los Parques Nacionales

Por último, también se ha aprobado el reparto de otros 3 millones de euros para promocionar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace 20 años y en la que ya se han invertido 150 millones de euros desde 1999, constituye una pieza clave de la economía del medio rural, cumpliendo con uno de los principales objetivos de la Ley de Parques Nacionales: la integración de estos espacios en sus entornos socioeconómicos.

La distribución económica final correspondiente a los créditos y aplicaciones presupuestarias del Organismo Autónomo Parques Nacionales es la que figura en el cuadro siguiente:

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ESTRATEGIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y DE LA CONECTIVIDAD Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, una herramienta de planificación fundamental para identificar, conservar y recuperar los ecosistemas dañados de todo el territorio español y conectarlos entre sí. El plan aprobado hoy por el Consejo de Ministros constituye una hoja de ruta fundamental para la recuperación verde en cuestiones de biodiversidad, así como un instrumento para atraer inversiones en esta materia en las próximas décadas.

La Estrategia aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza en España: el deterioro de los ecosistemas y los servicios que nos prestan, así como su fragmentación. Para abordarlo, se pondrán en marcha una serie de actuaciones de gran calado, en el corto, medio y largo plazo, a ejecutar por las diferentes Administraciones, con el objetivo de consolidar una red coherente de zonas naturales y seminaturales totalmente conectadas en España para el año 2050.

Esta red asegura el buen estado de los ecosistemas y, con ello, el abastecimiento de los servicios que nos prestan, así como la conectividad ecológica necesaria para prevenir el aislamiento genético de las especies de fauna y flora, facilitar las migraciones y, en definitiva, mantener una biodiversidad sana y resiliente a los impactos del cambio climático.

La infraestructura verde es multifuncional porque ofrece múltiples beneficios en un mismo ámbito territorial. Estas funciones pueden ser de tipo ambiental (conservación de la biodiversidad, restauración, o conectividad ecológica); social (mejora del medio rural y fomento de sus oportunidades o espacios verdes para el disfrute de la población); económicas (creación de empleo, minoración de costes por mitigación de los impactos del cambio climático o servicios que aportan los ecosistemas); o políticas (desarrollo regional o local, lucha contra el cambio climático, gestión del riesgo de catástrofes, agua, agricultura o silvicultura), entre otras.

La Estrategia marca las directrices para la identificación y conservación de los elementos que componen la infraestructura verde del territorio español y para que la planificación territorial y sectorial que realicen todas las Administraciones Públicas integre este concepto y lo tenga en cuenta en la planificación a todos los niveles por parte de Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Además, cuenta con fechas hito para hacer seguimiento de su cumplimiento.

Con esta Estrategia se hace una apuesta importante por las soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los impactos del cambio climático, puesto que se han demostrado, por lo general, más rentables que otras soluciones tecnológicas.

Pérdida de biodiversidad en españa

Una manifestación de esta pérdida de biodiversidad es, por ejemplo, el estado de conservación de los tipos de hábitat y las especies: sólo el 9% de los primeros y aproximadamente el 21% de las segundas se encuentran actualmente en estado favorable, según los datos del informe nacional de aplicación de la Directiva Hábitats en España (periodo 2013-2018).

En lo concerniente a los tipos de hábitat, los que presentan un estado más desfavorable son los ecosistemas costeros, los acuáticos epicontinentales, los bosques, los roquedales y pedregales y, sobre todo, las turberas; en cuanto a las especies, son los mamíferos y, sobre todo, los peces, los que se encuentran en una peor situación. Tanto para los tipos de hábitat como para las especies, la situación es especialmente desfavorable en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea.

Servicios de los ecosistemas

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que la sociedad obtiene de los mismos, e incluyen servicios de abastecimiento (agua dulce, alimentos o energía, por ejemplo), servicios de regulación (depuración de agua dulce, la regulación climática o la polinización, entre otros) y servicios culturales (como las actividades recreativas, el turismo o el propio disfrute estético).

La demanda de estos servicios aumenta cada vez más, con una huella ecológica que sobrepasa la capacidad planetaria de sostenernos, al mismo tiempo que aumenta la degradación de los ecosistemas. En España, el 45% de los servicios de los ecosistemas evaluados se han degradado o se están usando de forma poco sostenible, siendo los servicios de regulación los más negativamente afectados.

El problema de la fragmentación de ecosistemas

En la actualidad, el 30% del territorio de la Unión Europea presenta un grado de fragmentación entre moderado y alto. Cada año se ocupan más de 1.000 km² de territorio para la construcción de viviendas, usos industriales, carreteras o fines recreativos, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. España comparte esta tendencia, y sufre un proceso continuado de fragmentación de ecosistemas desde hace décadas.

La fragmentación de los ecosistemas está causada fundamentalmente por cambios en los usos del suelo y por la construcción de barreras locales como urbanización, intensificación agrícola, cambios en la cubierta vegetal, infraestructuras lineales de transporte, presas y azudes, canales, vallados cinegéticos, tendidos eléctricos, alineación de aerogeneradores y barreras marinas como puertos, espigones, tuberías, etc. Todas estas actuaciones conducen a la pérdida de conectividad y permeabilidad ecológicas y, a su vez, a la disminución de la biodiversidad.

En los últimos 50 años, nuestro país ha sufrido un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como consecuencia del incremento de la población -que ha crecido un 67% desde mediados del siglo XX-, y un modelo de desarrollo poco sostenible, que han llevado a drásticos cambios de uso del suelo, que constituyen actualmente el principal impulsor directo que subyace al deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en España.

A pesar de que España es uno de los Estados miembro de la UE en los que es posible encontrar mayores y más numerosas extensiones de territorio en un estado natural o seminatural, la densidad de infraestructuras asciende a 0,61 kilómetros por cada kilómetro cuadrado de superficie, superando el umbral considerado crítico de 0,60, a partir del cual se empieza a perder la funcionalidad natural del paisaje y los ecosistemas dejan de prestar sus servicios.

Actualmente no existe un diagnóstico global y completo de la conectividad del territorio en España, o del grado de fragmentación. Sí se sabe que los valores de fragmentación son más elevados a lo largo de la costa y en el nordeste peninsular, y que la fragmentación de los ecosistemas y, por lo tanto, la pérdida de conectividad y permeabilidad ecológicas, van en menoscabo de la biodiversidad y la salud del territorio.

Una red para restaurar y conservar

La Meta 0 de entre las 8 que configuran la Estrategia, descrita con este número por ser prioritaria y previa al resto, es identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la infraestructura verde en España. La red deberá contar con elementos que destaquen por el valor de su biodiversidad, por su destacada provisión de servicios ecosistémicos, o bien por su carácter como conector ecológico de relevancia. Además, podrán existir no solo elementos a conservar, sino también elementos de la infraestructura verde a restaurar, por tener un potencial valioso para formar parte de esta red aunque actualmente se encuentren degradados.

Por ello, la Estrategia va acompañada de una herramienta técnica: la Guía metodológica para la identificación de la infraestructura verde en España. Esta guía, que se está ultimando, complementa a la Estrategia nacional y ha contado con la colaboración de todos los participantes en el desarrollo de ésta.

Las otras 8 metas de la Estrategia son:

• Reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras.
• Restaurar los hábitats y ecosistemas degradados de áreas clave para favorecer la biodiversidad, la conectividad o la provisión de servicios de los ecosistemas, priorizando soluciones basadas en la naturaleza.
• Mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas de los elementos de la infraestructura verde.
• Mejorar la resiliencia de la infraestructura verde favoreciendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
• Garantizar la coherencia territorial de la infraestructura verde mediante la definición de un modelo de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes Administraciones e instituciones implicadas.
• Incorporar de forma efectiva la infraestructura verde, la mejora de la conectividad ecológica y la restauración ecológica en las políticas sectoriales de todas las Administraciones, especialmente en cuanto a la ordenación territorial y la ordenación del espacio marítimo y la evaluación ambiental.
• Asegurar la adecuada comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde.

Programas de trabajo trienales

Estas metas estratégicas se ejecutarán a través de 50 líneas de actuación que, a su vez, se llevarán a cabo mediante acciones concretas. Por ejemplo, la Administración General del Estado desarrollará sus acciones en el ámbito de sus competencias mediante Programas de Trabajo trienales. Este esquema general deberá ser replicado por las Comunidades Autónomas en el desarrollo de sus respectivas estrategias autonómicas, que deberán estar aprobadas en un plazo máximo de tres años desde la publicación de esta Estrategia en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo además las acciones necesarias en cada línea de actuación.

La Estrategia plantea un calendario con hitos y evaluaciones intermedias con el objetivo último de lograr en 2050 la consolidación de esta infraestructura verde del territorio a escala estatal mediante la restauración de ecosistemas degradados, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, la integración de la infraestructura verde y sus objetivos en las políticas sectoriales estratégicas, la planificación y ordenación territorial de elementos clave para la infraestructura verde a diferentes escalas (local, metropolitana, comarcal, regional y nacional), la puesta en marcha de modelos de gobernanza que garantizan la coordinación interadministrativa e interterritorial, la plena integración de la infraestructura verde en los procesos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos sobre el territorio y la concienciación social, el compromiso y la corresponsabilidad de actores estratégicos.

Control y seguimiento de la estrategia

Además de los Programas de Trabajo, también se llevará a cabo un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional en su conjunto, teniendo en cuenta los resultados de los Programas de Trabajo y los análisis o informes específicos que se hayan realizado, así como una revisión inicial en 2023 e Informes de Evaluación intermedia (2030 y 2040) y final (2050) de la Estrategia nacional.

Red Transeuropea De Espacios Naturales

Entre los compromisos fundamentales de la nueva Estrategia de la UE sobre biodiversidad hasta 2030 está dar protección jurídica al 30% de la superficie terrestre y marina de la UE, como mínimo, e incorporar corredores ecológicos, dentro de una auténtica Red Transeuropea de Espacios Naturales. Los Estados miembros tendrán hasta finales de 2023 para demostrar que han realizado avances significativos en la designación jurídica de nuevos espacios protegidos y en la integración de corredores ecológicos.

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas se enmarca en este contexto y también en el de la adaptación al cambio climático.

Clave en la adaptación al cambio climático

La conectividad ecológica es un aspecto clave para la adaptación al cambio climático dado que numerosas especies de fauna y flora silvestres, tanto terrestres como dulceacuícolas y marinas, habrán de realizar desplazamientos para adaptar sus áreas de distribución en respuesta a los cambios en las condiciones climáticas locales y en la composición de la cubierta vegetal. A nivel ecosistémico, el cambio climático afecta no sólo a la extensión y la condición de los ecosistemas, sino también a los servicios que proveen.

En este sentido, la naturaleza es un aliado crucial en la lucha contra el cambio climático, pues regula el clima, y las soluciones basadas en la naturaleza, como la protección y recuperación de humedales, turberas y ecosistemas costeros, o la gestión sostenible de zonas marinas, pastizales y suelos agrarios y forestales, serán esenciales para la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. El despliegue de la infraestructura verde nos ayudará a enfriar las zonas urbanas y a mitigar el impacto de las catástrofes naturales, entre otros aspectos.

Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación

ACUERDO BILATERAL DE PRÉSTAMO ENTRE ESPAÑA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo Bilateral de Préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional. (MPCM).

Antecedentes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es la institución encargada de velar por la estabilidad del sistema monetario internacional. Para poder llevar a cabo sus funciones -de supervisión, financiación y asistencia técnica, en particular la de financiación-, el FMI requiere contar con recursos suficientes. La principal fuente de recursos del Fondo son sus cuotas. Sin embargo, en situaciones financieras de especial complejidad, el FMI las ha complementado con líneas de crédito de algunos de sus países miembros.

Junto a mecanismos de financiación multilateral como los Acuerdos Generales de Préstamo (GAB, por sus siglas en inglés) y los Nuevos Acuerdos de Préstamo (NAB, por sus siglas en inglés), se acordó, en octubre de 2012, la concesión al Fondo de préstamos bilaterales (Bilateral Borrowing Arrangements o BBA, por sus siglas en inglés) por parte de los países miembros.

En 2016, los acuerdos de préstamo bilaterales integran un total de 40 acuerdos entre el FMI y diversos países miembros (de los cuales 35 ya habían participado en los Acuerdos de 2012), principalmente de la Unión Europea, que dotan al FMI con unos recursos adicionales de 318.000 millones de DEG (unos 400.000 millones de euros).

Estos préstamos tienen un carácter estrictamente bilateral y por tanto se reflejan en contratos de préstamo individualizados. Al igual que el NAB, por su naturaleza financiera, más que préstamos (con desembolso inmediato) son líneas de crédito, que el FMI puede utilizar cuando sea necesario.

En octubre de 2019, el Comité Monetario y Financiero Internacional, en el que están representados directa o indirectamente todos los países miembros del FMI (incluida España), reafirmó su compromiso con un FMI fuerte, basado en cuotas y adecuadamente capacitado para ejercer su papel central en el sistema financiero internacional y llamó a considerar una duplicación de los NAB y una nueva ronda de acuerdos bilaterales más allá de 2020.

En 2020, los miembros del FMI han dado pasos para implementar dicho acuerdo:

• Se decidió mantener intacto el volumen de cuotas y duplicar el volumen puesto a disposición del FMI mediante los NAB (decisión aprobada por el Directorio Ejecutivo el 16 de enero de 2020).
• Además se decidió reducir al 43% los recursos puestos a disposición del FMI mediante los BBA, de forma proporcional en términos generales -incluida España-, si bien existen ciertos ajustes particulares en el caso de algunos países (decisión aprobada por el Directorio Ejecutivo el 30 de marzo de 2020).

Es decir, lo que se ha decidido es llevar a cabo un trasvase de recursos de los BBA a los NAB, manteniendo el volumen general de recursos del Fondo intacto. Dicho trasvase requiere la aprobación, a lo largo del año 2020, de un nuevo Acuerdo de los NAB firmado por, como mínimo, el 85% de los participantes en los mismos, y de nuevos Acuerdos de BBAs firmados entre el Fondo y cada uno de los países prestamistas.

A finales de 2020 expiran los acuerdos bilaterales firmados por el FMI con distintos países miembros. Si no se renovaran estos acuerdos, se produciría un descenso de los recursos del FMI y, por ende, de su capacidad de préstamo. El FMI considera que, ante los actuales riesgos presentes en la economía mundial, se debe mantener la capacidad de préstamo de la institución, por lo que estima deseable mantener los acuerdos de préstamos bilaterales. Aunque en términos financieros puede hablarse de "renovación" (las condiciones financieras y la cantidad de partida se mantienen), en términos jurídicos se trata de un nuevo préstamo, independiente del anterior.

El 30 de marzo de 2020, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó una propuesta en la que plantea unos nuevos acuerdos de préstamos bilaterales, con cláusulas similares a las de los acuerdos de préstamos bilaterales de 2016.

El 24 de enero de 2020, la Directora Gerente del Fondo solicitó formalmente a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno la renovación de la línea multilateral y el 10 de abril la de la línea bilateral. Dada la gravedad de la situación actual, corresponde tramitar ambas propuestas de forma simultánea, con el objetivo fundamental de que pueda entrar en vigor antes de que finalice el año 2020, para garantizar que el FMI cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la crisis económica mundial sin precedentes generada por el impacto del COVID-19.

El Acuerdo de préstamo se considera un tratado internacional, solicitándose la autorización del Consejo de Ministros para la firma del mismo, con el objetivo fundamental de que pueda entrar en vigor antes de que decaiga la actualmente vigente (julio 2017).

Contenido

Las principales características del préstamo son las siguientes:

Importe del préstamo: España se compromete a aportar una línea de crédito por una cantidad en Derechos Especiales de Giro (DEG) de hasta el equivalente a 6.401 millones de euros. En caso de que la reforma de los NAB no se haga efectiva hasta después del 31 de diciembre de 2020, la cantidad comprometida inicialmente por España sería de una cantidad en DEG de hasta el equivalente a 14.860 millones de euros, pero se ajustaría automáticamente a la cantidad anteriormente señalada una vez entrara en vigor la duplicación de los NAB, incluido el NAB de España.

Duración del acuerdo: Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2023, pudiendo extenderse un año más (hasta el 31 de diciembre de 2024) por decisión del Directorio Ejecutivo del Fondo, teniendo en cuenta la situación general de liquidez del Fondo y las necesidades de préstamo actuales y futuras y sujeto al consentimiento de España.

Activación: está sujeta a los siguientes requisitos:

• Que la Directora Gerente notifique al Directorio Ejecutivo que la Capacidad de Compromiso Futura (Forward Commitment Capacity), teniendo en cuenta todos los recursos disponibles bajo los NAB, esté por debajo de 100.000 de DEG;
• Que los NAB estén activados en el momento de la notificación, o no haya recursos disponibles bajo los NAB en ese momento;
• Que los acreedores que representen al menos el 85% de los créditos comprometidos bajo los préstamos bilaterales hayan consentido la activación.

En caso de que entre en vigor la modificación de los NAB actualmente sujeta a aprobación de sus participantes, será posible la activación de los BBA cuando, sin cumplirse (i) y (ii) anteriores, el 85% de los partícipes en los NAB así lo acuerdan (párrafo 21(b) de la Decisión del NAB).

Derecho de reembolso anticipado: En el caso de que España se enfrente a problemas de balanza de pagos podrá solicitar que finalicen los pagos y obtener el reembolso de los créditos pendientes.

Tipo de interés y condiciones financieras: El FMI pagará a España el tipo de interés del DEG por los importes desembolsados, a no ser que se esté pagando un interés superior por un préstamo de similares características en cuyo caso se pagará este interés superior.

Entrada en vigor, en la fecha en que el Fondo acuse recibo de una comunicación escrita de España notificándole el cumplimiento de sus trámites legales internos para su entrada en vigor, o el 1 de enero de 2021, lo que ocurra después.

Texto del tratado: El acuerdo se ejecutará en dos ejemplares, en inglés y en español, cada uno de los cuales se considerará original y ambos conjuntamente deberán constituir uno y un mismo instrumento.

El Banco de España podrá hacer efectivos los pagos bajo el BBA una vez haya sido aprobado el Acuerdo por las Cortes Generales. Estas operaciones se recogerán en el balance del Banco de España, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.

El préstamo no tiene incidencia alguna en el déficit y deuda públicos, dado que se trata de recursos monetarios (reservas del Banco de España). Asimismo, el riesgo financiero para el Banco de España en un escenario de activación es muy limitado, dada la solidez del balance del FMI, y el hecho de que sus préstamos a países están cubiertos de facto por el status de acreedor preferente.

El Acuerdo de préstamo bilateral entre España y el FMI se considera un tratado internacional, solicitándose la autorización del Consejo de Ministros para la firma del mismo, con el objetivo fundamental de que pueda entrar en vigor antes de que decaiga el actualmente vigente (31 de diciembre de 2020).

Teniendo en cuenta además la situación de vulnerabilidad del sistema financiero internacional tras el impacto de la COVID-19, resulta necesaria la firma urgente con vistas a garantizar la contribución de España al mantenimiento en 2021 del nivel actual de recursos del FMI.

Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación

CONCESIÓN DE CRÉDITO A SENEGAL CON CARGO AL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República de Senegal con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), por un importe máximo de 50.000.000 de euros; así como el Acuerdo por el que se autoriza el pago de hasta 700.000 dólares estadounidenses al Banco Mundial, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del "PROMOGED - Proyecto de promoción de la gestión integrada y de la economía de los residuos sólidos en Senegal" cofinanciado con el crédito de hasta 50.000.000 de euros concedido por dicho Fondo a la República de Senegal.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE.

Las operaciones propuestas por estos Acuerdos se enmarcan en lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LPGE) y en los Artículos 2.3.e) y 2.4 de la citada Ley 36/2010 . La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de enero de 2020 ha conllevado, de acuerdo con el apartado 4 del Artículo 134 de la Constitución Española, la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, vigentes en 2019 en virtud del mismo precepto.

1.- En el primero de estos Acuerdo se propone la concesión de un crédito para la financiación del "PROMOGED-Proyecto de promoción de la gestión integrada y de la economía de los residuos sólidos en Senegal", con las siguientes condiciones:

• Tipo de operación: crédito a Estado.
• Importe del crédito del FONPRODE: 50.000.000 euros.
• Garantía: soberana.
• Plazo de amortización: 38 años.
• Periodo de carencia: 6 años (incluido en los 38).
• Tipo de amortización: cuotas iguales semestrales.
• Tipo de interés: 0.75% anual fijo.
• Pago de intereses: semestral.

El objetivo del proyecto es fortalecer la gobernanza del sector de gestión de residuos sólidos en Senegal, así como mejorar los servicios de gestión de los residuos sólidos en los municipios objetivo (Dakar y otras ciudades secundarias). Se espera beneficiar a un total de 6 millones de personas, de los que un 50% son mujeres.

La República de Senegal se enmarca entre los Países de Asociación Menos Avanzados de la política de Cooperación Española, de acuerdo al V Plan Director 2018-2021 y al Marco de Asociación País con Senegal que establece un consenso sobre las prioridades de cooperación para el periodo 2019-2023 y que entró en vigor con la firma de la Comisión mixta España-Senegal en Dakar el 16 de septiembre de 2019.

La operación propuesta es consistente con los objetivos de la Cooperación Española, contribuyendo asimismo a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 "Agua Limpia y Saneamiento" de la Agenda 2030. También se contribuirá al ODS 13 "Acción por el Clima", ODS 5 "Oportunidades de Empleo Femenino", ODS 9 "Desarrollo de nuevas infraestructuras" y ODS 15 "Vida de Ecosistemas Terrestres.

El proyecto, por importe total estimado de 294,7 millones de dólares estadounidenses, se cofinanciará con el BM (Banco Mundial) y AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), que aportarán, respectivamente, 125 millones de dólares estadounidenses y 40 millones de euros, mientras que FONPRODE contribuirá con 50 millones de euros y la cuantía restante será aportada por el gobierno de Senegal y fuentes privadas, estando prevista asimismo financiación del BEI (Banco Europeo de Inversiones).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.3.e) de la citada Ley 36/2010 y en el Artículo 16.5 del citado Reglamento del FONPRODE, esta operación ha requerido el análisis y aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, ya que Senegal se encuentra entre los países beneficiarios de la Iniciativa para la condonación de la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC en sus siglas en inglés).

2.- En el segundo de estos Acuerdos, y con base en el "Acuerdo Marco de Financiamiento Conjunto" para la cofinanciación de operaciones con garantía soberana que España y el BM firmaron en 2019, FONPRODE abonará al BM una tasa por los costes de preparación y supervisión del Programa, cuyo importe máximo será de 700.000 dólares estadounidenses.

En la XLII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 7 de julio de 2020, se acordó, conforme a lo establecido en el Artículo 7.2.c) del Reglamento del FONPRODE, elevar al Consejo de Ministros, la autorización de un crédito a la República de Senegal con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 50.000.000 de dólares estadounidenses y la autorización para el pago de hasta 700.000 dólares estadounidenses al BID, con cargo al FONPRODE, por las labores de preparación y supervisión del "PROMOGED-Proyecto de promoción de la gestión integrada y de la economía de los residuos sólidos en Senegal".

Interior

REORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que recoge el nuevo Reglamento sobre directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales y de cabos y guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

Este nuevo Reglamento configura la enseñanza en la Guardia Civil como un sistema unitario que garantiza la continuidad del proceso formativo y fija las directrices generales de los planes de estudios de las enseñanzas de formación para la incorporación a las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias, a las que otorga una estructura común a la ordenación académica de esta enseñanza.

Esta modificación se inspira e integra enseñanzas del Sistema Educativo Español, lo que permite equiparar, a efectos académicos, el acceso a la Guardia Civil con la obtención del título de Formación Profesional, de grado técnico o medio en el caso de cabos y guardias civiles y de grado superior para los suboficiales.

Con este fin, el Reglamento establece los criterios generales de los planes de estudios, que deberán asegurar la formación humana integral, militar, de cuerpo de seguridad, técnica, lingüística y psicológica de los guardias civiles, sin que puedan existir diferencias por razón de género.

El nuevo texto también recoge el procedimiento de elaboración de los distintos planes de estudios, que deberán incluir una formación deontológica propia, módulos teórico-prácticos y módulos de instrucción y adiestramiento. Asimismo, determina los ámbitos que deberá cubrir cada módulo: formación militar y de cuerpo de seguridad, formación física, inglés e instrucción y adiestramiento.

En resumen, el nuevo Reglamento reordena el sistema formativo de la Guardia Civil para darle un carácter integral que asegura un adecuado proceso de selección de los miembros del cuerpo, les proporciona la necesaria formación tanto inicial como continuada a lo largo de toda su vida profesional y les brinda suficientes oportunidades de promoción.

El Real Decreto que recoge estas directrices generales de los planes de estudio para la Guardia Civil ha sido aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los ministerios de Interior y de Defensa, cuenta con la aprobación previa de los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Educación y Formación Profesional, así como el informe favorable del Consejo de Estado.

Defensa

INVERSIÓN EXTRANJERA DE LA EMPRESA DE SINGAPUR "QUEST GLOBAL SERVICES PTE, L.T.D." EN LA EMPRESA ESPAÑOLA "QUEST GLOBAL ENGINEERING ESPAÑA S.L.U."

El Consejo de Ministros ha autorizado que la inversión extranjera en la empresa QUEST GLOBAL ENGINEERING ESPAÑA S.L.U. se pueda destinar a actividades relacionadas con la Defensa Nacional.

La empresa QUEST GLOBAL ENGINEERING ESPAÑA S.L.U., constituida en 2003, se dedica a prestar servicios de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en el ámbito industrial, aeronáutico, naval, automoción, energía y defensa.

Por su parte, QUEST GLOBAL SERVICES PTE, L.T.D. tiene como principales actividades la prestación de servicios de ingeniería aérea, tecnológica, informática y de telecomunicaciones, industrial, defensa, aeroespacial, transportes y otras soluciones de ingeniería

Hacienda

PROYECTOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo varios proyectos del Ejército del Aire.

En concreto, la autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a los ejercicios presupuestarios 2021, 2022 y 2023 es para los siguientes proyectos: Construcción de edificio de Fuerzas Aéreas y simulador para el ITS/ Base Aérea de San Javier; reforma de cocina en comedor de alumnos / A.M. León; adecuación de la subestación eléctrica / Base Aérea de Albacete; rehabilitación de hangares y talleres de la Maestranza Aérea de Madrid / Base Aérea de Cuatro Vientos.

Hacienda

BUQUE OCEANOGRÁFICO MULTIPROPÓSITO

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la tramitación del contrato de fabricación de un buque oceanográfico multipropósito y de investigación pesquera de ámbito global (BOMAG), así como la tramitación anticipada de tres contratos de adquisición de equipamiento en el marco de los proyectos de investigación "Esmares" y "Molequi".

El Instituto Español de Oceanografía tiene entre sus fines el estudio del mar y sus recursos, siendo pionero en España y uno de los primeros organismos del mundo que comenzó a dedicarse íntegramente a la investigación del mar y sus recursos.

Para que el IEO pueda acometer sus funciones, necesita un nuevo buque oceanográfico multipropósito de ámbito global (BOMAG) con capacidad para realizar investigación pesquera. Con este buque se ampliará su capacidad operativa y le permitirá abordar nuevas responsabilidades y retos en el ámbito de la investigación oceanográfica a nivel global.

El BOMAG tendrá capacidad para trabajar en un contexto multidisciplinar, tanto sobre investigación pesquera, como en distintas disciplinas de oceanografía (física, química, geología marina, estudio de ecosistemas, etc).

El proyecto "Bomag", por un importe de 85.445.058,00 euros, recibirá una financiación del 80% del total por parte de la Comisión Europea, aprobada el 11 de diciembre de 2019, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, por un importe de 68.356.046,40 euros.

Para la adquisición de este nuevo buque se va a realizar un contrato, por procedimiento abierto, del proyecto y suministro con fabricación con sus respectivos equipamientos y pertrechos. Las obligaciones derivadas del contrato y afectarán a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siendo el presupuesto base de licitación de 84.700.000 de euros, IVA incluido, según la siguiente distribución por anualidades:

El resto, 745.058 euros, se destinarán a estudios y trabajos técnicos.

Por otro lado, dentro los proyectos de investigación denominados "Esmares" y "Molequi", el citado Instituto tiene previsto adquirir una embarcación neumática, un lector de microplacas multimodo y un espectrómetro de masas de plasma acoplado de inducción. Para ello, se tiene prevista realizar la contratación de los tres expedientes de suministro, mediante tramitación anticipada, con un gasto total estimado de 344.765,00 euros, que afectará únicamente al ejercicio 2021.

Hacienda

CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar que el Ministerio de Ciencia e Innovación pueda tramitar un convenio con la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, con vistas a la financiación del 'Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)'.

El 9 de marzo de 2015 se suscribió el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, para la creación, construcción, equipamiento y explotación del 'Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)'. Posteriormente, se firmaron adendas a este convenio, con fechas de 6 de noviembre de 2015, 26 de marzo de 2018 y 17 de diciembre de 2019.

El consorcio BSC-CNS está adscrito a la Administración General del Estado, cuya participación es mayoritaria en el mismo, y se constituye como el centro español de supercomputación para uso multidisciplinar, abierto al servicio de la comunidad nacional de científicos y técnicos, de entidades públicas y privadas, orientado para fomentar la colaboración internacional, conectado a través de las redes de comunicaciones a otros centros e instituciones de su ámbito.

El convenio suscrito el 9 de marzo de 2015 ha finalizado su vigencia y, dadas las necesidades de financiación que el funcionamiento y los compromisos del centro requieren, es preciso formalizar las aportaciones que realizarán las entidades consorciadas para poder cumplir con los fines del consorcio en el periodo 2020-2029, mediante la firma de un nuevo convenio.

Los entes consorciados han acordado los términos del nuevo convenio el pasado 22 de junio de 2020. Este tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, pudiendo acordar los suscriptores su prórroga por un periodo máximo de siete años.

Este acuerdo establece la siguiente distribución de las aportaciones entre los firmantes:

• Ministerio de Ciencia e Innovación: 60%.
• Generalitat de Cataluña: 30%.
• Universidad Politécnica de Barcelona: 10%.

Estas aportaciones se realizarán en forma de transferencias corrientes y de capital destinadas a financiar la totalidad de la actividad del consorcio, por un importe total de 115.097.049,30 euros.

Este acuerdo permite la elevación de límites para las anualidades 2021 a 2024 así como del incremento del número de anualidades hasta 2029.

Hacienda

TRANSFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS DEL INE

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del número de anualidades establecido en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) la tramitación de un contrato para la transformación de los Centros de Procesos de Datos (CPD) del organismo

Al Instituto Nacional de Estadística (INE) se le atribuyen, entre otras, las funciones de obtención y gestión de datos estadísticos, relaciones institucionales con entidades nacionales e internacionales y formación del censo electoral, para cuya realización precisa de la utilización de herramientas diversas para el procesamiento de datos que han de operar con un alto nivel de calidad.

Entre estas herramientas se encuentran los centros de procesamiento de datos (CPD). Existen actualmente dos centros, ambos en Madrid y se pretende llevar a cabo su transformación, que supondrá un cambio del modelo tradicional de aprovisionamiento de infraestructuras TIC a un modelo basado en un catálogo de servicios con precios unitarios con una transformación de la infraestructura actual.

La contratación para acometer esta transformación se realizará mediante procedimiento restringido, regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, y su duración será de cuatro años, prorrogable hasta un año más.

El presupuesto base de licitación es de 26.355.043,88 euros, IVA incluido, a distribuir entre los años 2021 y 2026. El INE solicitó autorización para modificar el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto para los ejercicios 2025 y 2026, dentro del apartado de 'Inversiones reales'.

Hacienda

SUBVENCIONES A VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para permitir al Ministerio de Política Territorial la convocatoria de subvenciones para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular causados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Cataluña.

En concreto, se adopta este acuerdo conforme al Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

El importe total máximo de las subvenciones articuladas por el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, asciende a una cuantía de 113.420.318,01 euros.

Hacienda

CONTRATOS Y ENCARGOS DE INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a la Dirección General del Agua la licitación de contratos y encargos de inversión, así como la tramitación de reajustes de anualidades.

Las Directivas Europeas, entre ellas la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, así como el cumplimiento de las grandes líneas prioritarias en materia de agua para los próximos cuatro años, suponen la necesidad de licitar contratos de inversiones.

Entre las líneas de actuación prioritarias en esta materia para los próximos años se incluyen las orientadas a la priorización de las actuaciones e inversiones en materia de agua, con especial atención al saneamiento y depuración, para dar cumplimiento a la normativa europea y garantizar la conservación de un medio ambiente hídrico más sostenible.

Por otro lado, es necesaria la licitación o encargo de actuaciones cuyo compromiso de ejecución proviene de la aprobación de Planes Hidrológicos.

Finalmente, es preciso considerar las bajas de licitación que se han venido produciendo en el último periodo, así como la necesidad de ajustar los créditos comprometidos de los contratos en vigor a la realidad de la ejecución de las actuaciones y a la anualidad que se va a ejecutar realmente.

Hacienda

PROGRAMA RELATIVO A LA ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el fin de cumplir con los objetivos del Programa relativo a la ordenación y fomento de la edificación.

La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura plantea la solicitud con el fin de cumplir con los objetivos del Programa 261O "Ordenación y fomento de la edificación", ya que además de las actuaciones ya iniciadas, se requiere acometer nuevas actuaciones orientadas a la rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico y entornos urbanos y rurales, así como la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés y uso público.

Hacienda

BECAS EN DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la prórroga de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el área de desarrollo rural, innovación y política forestal.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación establece en la orden APA/511/2019 las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en distintas materias del ámbito de este Ministerio y sus organismos autónomos.

Las becas se concederán tras la oportuna convocatoria, estableciéndose el número de becas con sujeción a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. La duración de las becas no será superior a un año natural, a contar desde la fecha de la resolución de concesión de las mismas, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos años adicionales a aquél en que se concedió y concluyendo como máximo el 31 de diciembre del último año de prórroga.

Por orden de 27 de agosto de 2019 se convocaron diez becas de formación práctica para titulados universitarios en el área de desarrollo rural, innovación y política forestal para 2020. Diez beneficiarios han presentado en plazo la solicitud de prórroga de la beca para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La Dirección General de Desarrollo Rural Innovación y Formación Agroalimentaria ha cuantificado para el año 2021 el gasto en 138.000 euros que corresponde a 10 becas, con una dotación mensual de 1.150 euros cada una y con una duración de 12 meses. La prórroga de becas supone la necesidad de adquirir compromisos de gasto para 2021 por importe de 158.809,20 euros.

Asimismo, existen compromisos ya adquiridos en el ejercicio 2021 de 20.027,50 euros, lo que supone un compromiso total en 2021 de 178.836,70 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SEGURIDAD OPERACIONAL E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, cuyo principal objetivo es transponer la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 sobre la seguridad ferroviaria y la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea.

También desarrolla todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad operacional que la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, remitía a desarrollo reglamentario posterior y unifica la normativa relativa a seguridad operacional e interoperabilidad, reuniéndola en un único real decreto, para dotar de la coherencia global que requieren estos elementos.

En concreto, el real decreto regula los siguientes aspectos:

• Responsabilidades de los diferentes actores en materia de seguridad.
• Procedimiento para establecer la planificación estratégica sobre seguridad operacional.
• Información sobre accidentes, incidentes y eventos sobre seguridad operacional que las entidades deben recoger e informar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
• Requisitos y procedimiento de emisión de los certificados de seguridad de las empresas ferroviarias y de las autorizaciones de seguridad de los administradores de infraestructuras.
• Requisitos esenciales que deben cumplir los diferentes elementos del sistema ferroviario (vehículos, infraestructura, energía, instalaciones de seguridad, etc.)
• Normas nacionales de seguridad e interoperabilidad.
• Procedimiento para la autorización de vehículos ferroviarios.
• Procedimiento para la puesta en servicio de líneas, tramos y estaciones.
• Requisitos de los organismos de certificación de la conformidad, que deben verificar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable a vehículos y a los diferentes elementos de las líneas.
• Regulación sobre tiempos de trabajo y sobre controles de consumo de alcohol y drogas del personal ferroviario.
• Regulación de los pasos a nivel y de los cruces entre andenes, fijando los requisitos para su catalogación, supresión o protección.
• Régimen de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, aspecto al que la nueva Directiva 2016/798 da una importancia fundamental.
• Regímenes específicos de seguridad, como la circulación ferroviaria en los puertos de interés general o las secciones fronterizas.

De entre todos ellos, cabe destacar que el Real Decreto tiene especial incidencia en la seguridad de algunos de los elementos de la red que más afección tienen a la siniestralidad sobre personas, como son los pasos a nivel, cruces entre andenes y cerramientos.

En el caso concreto de los pasos a nivel, se ha actualizado la regulación existente, que databa del año 2001 y que requería ser revisada para dar un nuevo avance en la supresión y protección de los mismos.

Por otro lado, en el caso de pasos entre andenes, los cuales carecían de una regulación específica hasta la fecha, este nuevo real decreto introduce unos requisitos específicos para su tratamiento, imponiendo la obligación a los administradores de infraestructura de presentar unos planes de actuación para su adecuación a las nuevas exigencias.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

COOPERACIÓN REGIONAL EN MATERIA DE TRANSPORTES EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención al Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental (CETMO) para apoyar los trabajos de secretariado del Grupo de Ministros de Transportes del Mediterráneo Occidental (GTMO 5+5), durante el ejercicio presupuestario 2020.

De esta forma, se reafirma el compromiso de España contraído en el Protocolo internacional de cooperación firmado en 2007 y garantizando el mantenimiento de la cooperación internacional en materia de transporte con los países del Mediterráneo Occidental.

El GTMO 5+5 tiene el objetivo de avanzar en la cooperación regional en materia de transportes en el Mediterráneo Occidental y contribuir al proceso de Asociación Euromediterránea. Se engloba en un instrumento de cooperación mucho más amplio entre los países del Diálogo 5+5, principal foro de interlocución en la zona que forman Portugal, España, Francia, Italia y Malta, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y que tiene un valor estratégico para España.

Las actividades de secretariado del GTMO 5+5 se han venido financiando anualmente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en virtud del compromiso recogido en el Protocolo internacional de cooperación del GTMO 5+5 firmado en 2007 por los ministros de Transporte de los respectivos países, en el que asimismo se estableció que dichas funciones fueran llevadas a cabo por el Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental (CETMO).

CETMO

El CETMO es una fundación privada sin ánimo de lucro, cuyo origen se remonta al año 1985, y que fue reconocida en el año 1988 como centro vinculado a Naciones Unidas.

Tiene como misión fundamental la cooperación para la mejora de las condiciones del transporte en la región mediterránea, mediante el estudio de las infraestructuras, de los flujos y de la legislación del transporte, así como el desarrollo de iniciativas para facilitar los intercambios comerciales y los movimientos de personas de una forma segura, eficiente y sostenible, en particular medioambientalmente, que propicien el desarrollo socioeconómico de la región y de sus pueblos.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODIFICADO EL SISTEMA DE INSPECCIONES DE BUQUES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se mejora la normativa relativa a las inspecciones y controles a los que se deben someter nuestros buques, en cumplimiento de los compromisos internacionales.

La normativa regula la actividad supervisora que lleva a cabo la Administración marítima para asegurar que nuestros buques se diseñan, construyen y mantienen cumpliendo las prescripciones de seguridad aprobadas en el seno de la Organización Marítima Internacional.

Con la modificación aprobada, se introducen medidas en aras de mejorar la eficiencia de nuestra Administración marítima y agilizar las inspecciones y controles a los que se deben someter nuestros buques para garantizar los máximos niveles de seguridad en su funcionamiento.

Los cambios propuestos permitirán a las organizaciones autorizadas realizar las inspecciones de control a los buques y a las compañías, de modo que se reducirán los tiempos de espera, lo que redundará en la mejora de la competitividad de los buques de bandera española.

Asimismo, se permite a las organizaciones autorizadas la expedición y renovación de los certificados de trabajo marítimo, facilitando así la agilización de los trámites.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ADAPTACIÓN AL TERCER CARRIL Y SISTEMA ERTMS DE LAS INSTALACIONES DE LA VARIANTE DE PAJARES

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado (CTC), sistemas auxiliares y de protección y seguridad, así como su mantenimiento, del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares), en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad (LAV León-Asturias).

El valor estimado del contrato asciende a 16.984.276,47 euros (sin IVA) y su finalidad es adaptar las instalaciones de control de tráfico, seguridad y telecomunicaciones a la definitiva configuración de vías de la Variante: ancho ibérico en vía Oeste, ancho mixto (triple hilo) en vía Este, con cambiador de ancho y Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en la dependencia Campomanes AV.

Para poder explotar esta definitiva configuración de vías es necesario adaptar los sistemas diseñados originalmente, y ejecutados parcialmente, para ancho ibérico en ambas vías de la Variante.

Principales actuaciones

El contrato comprende las siguientes actuaciones:

• Adaptación y ampliación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas a consecuencia de la instalación del tercer carril en el tramo Bifurcación Pajares-La Robla AV y en la vía Este del tramo La Robla AV-Campomanes AV.
• Adaptación y ampliación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas a consecuencia de la construcción del PAET y cambiador de ancho de Campomanes AV.
• Adaptación y ampliación del sistema de protección de tren ERTMS nivel 2 para adecuarlo al definitivo esquema de vías de la línea.
• Implantación del sistema de ayuda a la conducción ASFA Digital en el tramo Bifurcación Pajares-Pola de Lena.
• Adaptación y ampliación de las instalaciones de telecomunicaciones fijas a consecuencia de las nuevas necesidades planteadas de Protección Civil, con nuevas galerías de evacuación en túneles monotubo como los de Vega de Ciego y Pico de Siero.
• Pre-mantenimiento de la línea por periodos y tramos.
• Mantenimiento de las nuevas instalaciones por un periodo de vigencia similar al existente para el resto de los sistemas del tramo.

La presente actuación permitirá, entre otros beneficios:

• La circulación de trenes en ancho estándar (1.435 mm) en el trayecto León-Campomanes AV.
• El aumento de la capacidad y regularidad de la línea, al quedar configurada la dependencia Campomanes AV como un PAET, con dos vías de apartado, cambiador de ancho y doble vía general desde León.

Inversiones de Adif en Asturias

Desde 2018, las inversiones directas de Adif y Adif AV en el Principado han ascendido a más de 128 millones de euros, de las que la inversión principal se ha destinado a la Variante de Pajares (95,3 M€) y los 33,1 M€ restantes corresponden a inversiones de Adif.

Financiación europea

La Línea de Alta Velocidad León-Asturias ha sido cofinanciada:

Dentro del periodo 2000-2006 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Integrado de Castilla y León y del Programa Operativo Integrado de Asturias, las obras de plataforma de los túneles de Pajares, con una ayuda que asciende a 284 y 107,9 millones de euros, respectivamente y por las Ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte), los estudios y proyectos, con una ayuda que asciende a 3,2 millones de euros.

Dentro del periodo 2007-2013 por el Fondo de Cohesión, dentro del P.O. Fondo de Cohesión-FEDER, las obras de plataforma de los subtramos La Robla-Túneles de Pajares y Túneles de Pajares-Pola de Lena, con una ayuda de 126,4 millones de euros.

Ámbito de la actuación

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS DE LA FASE 2 DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO A LA T1 DEL AEROPUERTO DE JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL PRAT

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de la fase 2 de construcción del nuevo acceso ferroviario a la terminal T1 del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Con esta actuación, que cuenta con un valor estimado de 73.777.770,06 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses, se da un impulso definitivo para la puesta en servicio de una infraestructura que será estratégica en el futuro esquema de explotación de la red de cercanías de Barcelona.

Se trata de la superestructura de la nueva doble vía entre la línea de ancho convencional Barcelona-Tarragona y las estaciones de las terminales 1 y 2, con conexión a la L9 de metro.

El nuevo acceso ferroviario, que generará significativos beneficios para la movilidad en transporte público de los ciudadanos en el área metropolitana de Barcelona, permitirá establecer servicios directos de cercanías a las dos terminales aeroportuarias desde Manresa y Maçanet, vía Barcelona, mediante las actuales líneas R4 y R2, respectivamente, permitiendo, a través de ellas, acceder a las restantes líneas de cercanías y a la red de metro de Barcelona. Además, podrá albergar servicios lanzadera entre las terminales del aeropuerto con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.

Todo ello permitirá conectar ambas terminales con Barcelona, estableciendo un tiempo de viaje entre la estación de Sants y la terminal T1 de aproximadamente 19 minutos. Las previsiones estiman que entre 7 y 9 millones de viajeros anuales se beneficiarán de la nueva infraestructura ferroviaria.

La primera fase de este proyecto, con una inversión estimada de 305 millones de euros, consistió en la perforación con tuneladora del tramo principal del nuevo acceso.

El nuevo trazado, de vía doble, se inicia en la línea de ancho convencional Barcelona-Vilanova, y discurre hasta la terminal T1, con una parada intermedia en la terminal T2, donde se conectará con la línea 9 de Metro. Tiene una longitud total de 4.510 m, incluyendo un túnel de 3.400 m, de los que 3.048 m (incluido el paso por la estación multimodal de la T2), se han excavado con tuneladora.

Descripción de los trabajos de la segunda fase

El contrato licitado por Adif comprende la ejecución de las actuaciones necesarias para la puesta en servicio del nuevo acceso.

De este modo, entre las principales operaciones se incluyen la conexión con la línea Barcelona-Vilanova, la adaptación de las vías de acceso, las estructuras y movimientos de tierra para el correspondiente enlace de la nueva vía, el drenaje de la plataforma y reposiciones de servidumbres y servicios afectados, así como el montaje de vía, sistema de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones del nuevo ramal y otros equipamientos como obra civil, canaletas, arquetas y cruces.

Por otro lado, en el túnel se ejecutarán rellenos bajo vía, estructuras y losas de apoyo para la superestructura, obras de drenaje, montaje de vía, sistemas de electrificación e instalaciones de seguridad ferroviaria, la conexión del nuevo ramal a la nueva subestación eléctrica de tracción de El Prat del Llobregat, y otras instalaciones.

Por su parte, en las estaciones de las terminales T2 y T1, el proyecto contempla trabajos de arquitectura en andenes y estructuras (tabiquerías, solados, revestimientos, cerrajería y mobiliario), e instalaciones como saneamiento, agua, electricidad, iluminación, climatización, ventilación o protección contra incendias, entre otras.

Inversiones de Adif en Barcelona

Las inversiones de Adif y Adif Alta Velocidad en la provincia de Barcelona desde 2018 han ascendido a un total de más de 327 M€, de los que a Adif le han correspondido más de 192'5 M€, y a Adif Alta Velocidad más de 134'5 M€.

Esta circunstancia ha favorecido el desarrollo y mejora de la red convencional barcelonesa, cuyas Cercanías se han visto beneficiadas con una inversión de más de 118,6 millones de euros a lo largo de este período, así como las actuaciones relativas al Corredor Mediterráneo, que han supuesto una inversión de más de 65,5 millones de euros, lo que pone de manifiesto una vez más el compromiso del MITTMA y Adif con el impulso de nuevas y mejores infraestructuras en la red ferroviaria de Catalunya. Por su parte, las inversiones de Adif AV se concentraron fundamentalmente en actuaciones en la línea de alta velocidad en servicio, Madrid-Barcelona-Frontera francesa.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" (CEF).

Educación y Formación Profesional

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 19 CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA DE IDIOMAS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AL MARCO EUROPEO

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro Reales Decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Tres de ellos permiten la creación de otras tantas cualificaciones, la actualización de 16 y la supresión de tres que se integran en las Familias Profesionales de Agraria, Seguridad y Medio Ambiente y Marítimo-Pesquera.

El cuarto Real Decreto aprobado hoy, adapta las unidades de competencia de idiomas, que componen las cualificaciones profesionales, así como sus módulos formativos, elaborados a partir de estas unidades, a los niveles comunes establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estos niveles, denominados A, B y C, se corresponden respectivamente con el nivel de usuario básico, usuario independiente y usuario competente y se subdividen, a su vez, en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Con esta medida, el Gobierno simplifica el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales ya que una misma unidad de competencia de idiomas sirve para dar cuenta de competencias profesionales de distintos ámbitos sectoriales.

Nuevas cualificaciones

Entre las cualificaciones profesionales de nueva creación se encuentra Producción de ovinos y caprinos y Producción intensiva de bovinos, ambas de la Familia Profesional Agraria. La primera recoge la realización de operaciones de producción y manejo de ganado ovino y caprino, reproductores y de obtención de leche, lana y pieles, entre otras actividades. La segunda contempla la competencia profesional de ejecutar el proceso de producción y manejo de ganado bovino de forma intensiva.

Además, se actualizan Tratamientos agroquímicos y biológicos y Fruticultura, se modifica parcialmente Cuidados y manejo del caballo, y se suprime Producción intensiva de rumiantes. Todas ellas de la misma Familia Profesional Agraria.

También se establece la nueva cualificación Prevención, extinción de incendios y salvamento, que viene a sustituir a las actuales Extinción de incendios y salvamento y Prevención de incendios y mantenimiento. Por otro lado, se actualizan Gestión de residuos urbanos e industriales, Vigilancia y seguridad privada, Guarderío rural y marítimo, Gestión de servicios para el control de organismos nocivos e Interpretación y educación ambiental de la Familia Seguridad y Medio Ambiente,

Asimismo, se modernizan otras cuatro cualificaciones profesionales, Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas, Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento, Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura, y Actividades subacuáticas para instalaciones acuícolas y recolección de recursos. También se modifican parcialmente Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate, Intervenciones subacuáticas en el patrimonio natural y cultural sumergido, Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e hiperbárico y Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de víctimas y objetos siniestrados. Todas ellas pertenecen a la Familia Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional continúa así con la actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, contando para ello con la participación de profesionales del sector productivo implicado, dentro del Plan Estratégico puesto en marcha por el Gobierno en 2019 para la modernización de estas enseñanzas. Para la elaboración y modernización de las cualificaciones profesionales se han tenido en cuenta las técnicas más actualizadas del mercado utilizadas en el desarrollo de la actividad laboral que reconocen.

El CNCP es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que facilita el carácter integrado y la adecuación entre la FP y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas. Con la entrada en vigor de este Real Decreto, el catálogo suma un total de 669 cualificaciones.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS EXCEPCIONALES PARA EL SECTOR DEL PORCINO IBÉRICO

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de 1,46 millones de euros en ayudas excepcionales para el sector del porcino ibérico, de acuerdo con la decisión adoptada el pasado 13 de octubre por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

La decisión se apoya en el Real Decreto 687/2020 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020, cuyo contenido fue elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector.

El reparto se ha llevado a cabo en consonancia con las comunicaciones efectuadas por las autoridades competentes de las comunidades autónomas con respecto a sus previsiones sobre las peticiones realizadas por los beneficiarios. La dotación presupuestaria prevista para la línea en este ejercicio es de 10 millones de euros.

El pasado 30 de septiembre se publicó una modificación del real decreto mencionado mediante la cual se ampliaba hasta el 15 de noviembre, entre otros cambios, el plazo del periodo subvencionable.

Política Territorial y Función Pública

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que sumará un total de 28.055 plazas.

La OEP 2020 es similar a la de 2019, que llegó a alcanzar 33.793, pero si excluimos de esta cifra las plazas de los procesos extraordinarios (5.254 para estabilización del empleo público, que este año ya no hay que convocar, y 383 para cubrir los efectos del Brexit), sumaba 28.156, cifra aproximada a la de este año.

18.323 plazas son para la Administración del Estado, de las que 9.327 serán de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna, esta última, la mayor convocatoria de promoción interna de la historia de la AGE.

La Oferta de Empleo Público 2020 se completa con otras plazas: 1.452 en Administración de Justicia, 549 de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 256 plazas para entes públicos, entre otras, además de 5.540 ya aprobadas para las FCSE y 1.857 para las FFAA.

Todas las convocatorias que se publiquen derivadas de la OEP 2020 aplicaran en su totalidad el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, eliminando como causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, celiaquía, psoriasis, diabetes y VIH.

Planificación de la OEP

Se ha analizado el comportamiento de cada cuerpo o escala en cuanto a plazas convocadas desde el año 2016, analizándose el grado de ejecución de cada oferta, las solicitudes presentadas en cada proceso selectivo, la tasa de cobertura de las plazas convocadas o la ratio de número de opositores y opositoras por plaza.

Se han mantenido conversaciones con todos los departamentos ministeriales, que han dado el visto bueno a los datos que se presentan.

Captación del talento

La AGE tiene que hacer frente a los retos del envejecimiento y la digitalización, por lo que se hace preciso implantar las medidas necesarias para incorporar a las nuevas generaciones al empleo público y conseguir unas administraciones públicas más modernas, digitalizadas, flexibles, diversas y abiertas.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública trabaja en un plan de captación del talento, concebido como una acción estratégica y permanente en el tiempo, en la que gran parte de sus medidas constituyen orientaciones y principios a seguir con el objetivo de incorporar nuevo talento a la AGE.

Cultura y Deporte

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) el pago de las contribuciones voluntarias a la Asociación de las Cinematecas Europeas (ACE), por importe de 700 €; y a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), por importe de 3.050 euros.

Ambas contribuciones son correspondientes al año 2019 y se realizan con cargo a los presupuestos del propio Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

La Filmoteca Española es miembro de la Federación Internacional de Archivos fílmicos (F.I.A.F) desde 1.957. Se trata de la asociación de archivos de cine más importantes del mundo, cuyo objetivo principal es conservar y exhibir las películas. La FIAF, con sede en Bruselas, reúne a instituciones empeñadas en la preservación de películas consideradas tanto obras de arte como documentos históricos.

Del mismo modo, la Filmoteca Española es miembro de la Asociación de las Cinematecas Europeas (ACE) desde su fundación en 1991. Entre los fines de la ACE destaca el establecimiento de unas políticas comunes dirigidas a la mejor conservación y documentación del patrimonio cinematográfico europeo. Hoy en día puede ofrecer casi un millón de títulos de películas de todas las nacionalidades europeas preservadas y restauradas con los más altos estándares profesionales, así como fácil acceso a las bases de datos de la producción cinematográfica y archivos de sus miembros.

Cultura y Deporte

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL YOUTH ORCHESTRAS

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) al pago de una contribución voluntaria a la European Federation of National Orchestras (EFNYO), en concepto de la cuota anual de miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). La aportación para el año 2020 es de 900 euros.

La European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO) es la organización europea que reúne a las jóvenes orquestas formadas por músicos de entre 18 y 26 años que están iniciando su carrera profesional. Fundada en 1994, ha desarrollado fuertes vínculos con los sectores educativos y profesionales del mundo musical, desarrollando proyectos de cooperación entre jóvenes orquestas y apoyando la movilidad de sus músicos.

La organización está formada por 17 jóvenes orquestas nacionales y 8 jóvenes orquestas internacionales, además de otros miembros colaboradores. La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidad dependiente del INAEM, es miembro fundador de la Federación y en este momento forma parte de la Junta directiva.

Cultura y Deporte

OBRAS DE EMERGENCIA EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO

El Consejo de Ministros ha acordado tomar razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras para la subsanación de daños en la cornisa y fachada principal del Museo Nacional del Romanticismo, por un importe total de 204.000 euros.

Tras unas fuertes lluvias el pasado mes de abril y estando cerrada la institución a causa del Estado de Alarma, se detectaron graves patologías en la cornisa, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos eliminando las zonas de la cornisa que presentaban deterioro.

La actuación diseñada permitirá subsanar los problemas de seguridad que suponen los desprendimientos de fragmentos a la vía pública que ponen en peligro tanto la integridad del bien, como la seguridad de las posibles personas que transiten por la acera de la fachada del edificio del Museo Nacional del Romanticismo.

Las obras de emergencia comenzaron el 22 de junio de 2020, y actualmente se sigue desarrollando su ejecución, no habiendo sido objeto de suspensión en ningún momento las tareas.

Sanidad

CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS Y ORGANISMOS SANITARIOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar el abono de 372.071 euros destinados a seis programas y organismos sanitarios de ámbito internacional.

En concreto, se ha autorizado el pago de 6.165 euros al Proyecto Europeo Integrado para la base de datos sobre precios de medicamentos (proyecto Euripid). Se trata de una referencia internacional que sirve de apoyo a la fijación de precios de medicamentos innovadores, así como a la revisión de precios de medicamentos. Por su parte, el Grupo Medev (Evaluación de medicamentos de la Plataforma Europea de Seguridad Social-Esip) recibirá 4.537 euros.

También se ha autorizado el abono de 30.000 euros al proyecto PaRIS (Encuesta sobre indicadores informados por pacientes), que desarrolla los puntos de referencia internacionales del desempeño de los sistemas de salud, según la información que ofrecen los propios pacientes.

Además, el Gobierno ha autorizado el pago de 10.000 euros a la Plataforma Europea para la salud y la equidad social (Eurohealthnet), que está en estrecho contacto con la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otros 29.359 euros se destinarán a la Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (Hope), que promueve la mejora de la salud de los ciudadanos de los países de la UE. Por su parte, la Organización Internacional para el desarrollo de Estándares de Terminología Sanitaria recibirá 292.010 euros.

La participación de España en los distintos organismos y programas internacionales implica la aceptación de determinadas obligaciones financieras, cuyo importe obedece a unos baremos establecidos en el ámbito de los órganos de gobierno de los mismos.

Contratación de emergencia de material

Finalmente, el Consejo de Ministros ha acordado la contratación de emergencia para la compra de material sanitario para el abordaje de la COVID-19, por valor de 94.680 euros.

Se trata de termómetros clínicos a distancia por infrarrojos, pulsioxímetros, tensiómetros, monitores de presión arterial digitales, fonendoscopios y estetoscopios.

La adquisición se produjo el pasado mes de junio y consta de 300 unidades de cada uno de estos productos, destinados a las áreas y dependencias de Sanidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Para garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hizo necesaria la formalización inmediata de contratos con las empresas comercializadoras.

Ciencia e Innovación

OBSERVATORIO «MUJERES, CIENCIA E INNOVACIÓN»

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que regula las nuevas composición, funciones y funcionamiento del Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación", que pasa a estar presidido por el titular del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este órgano colegiado interministerial es el responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de los impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación; fomentar la realización de políticas públicas y de actuaciones de igualdad de género, y promover la mejora de la situación de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación" se constituyó en enero de 2019, pero dados los diversos cambios en distintos ámbitos, se ha procedido a la aprobación de una nueva norma reguladora de este órgano colegiado. En su nueva organización, además de estar presidido por el ministro de Ciencia e Innovación, cuenta entre sus miembros con diez vocalías en representación de los Ministerios de Defensa; Educación y Formación Profesional; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Política Territorial y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Sanidad; Igualdad y Universidades.

Su labor tiene como objeto hacer un seguimiento periódico y sistemático de la situación de las mujeres investigadoras, tecnólogas e innovadoras y de la desigualdad entre mujeres y hombres en este ámbito, lo que le permitirá proponer, asesorar e impulsar y valorar la eficacia de las medidas y actuaciones para erradicar las brechas de género persistentes, para avanzar en la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles y para integrar de forma transversal la perspectiva de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La disposición de indicadores en este ámbito permitirá, a su vez, hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres en nuestro país en relación con los países de nuestro entorno geopolítico, en el marco de la UE y de organismos internacionales en los que participa España.

La labor del Observatorio ayudará a conocer si las medidas y actuaciones emprendidas por los diferentes departamentos ministeriales y demás organismos relevantes producen los efectos deseados, para así diseñar futuras políticas tanto para avanzar en una igualdad real y efectiva entre el personal investigador e innovador como para integrar la dimensión de género en las políticas, estrategias, planes y programas de investigación, desarrollo e innovación.

El Pleno del Observatorio se reunirá, al menos, dos veces al año y acordará la creación de cuantas comisiones de trabajo estime oportunas, a las que se podrán incorporar representantes de grupos de interés, expertos y profesionales, para las tareas de apoyo que resulten necesarias.

Este órgano es una muestra del impulso que el Gobierno está dando a la igualdad de género en el sistema de ciencia e innovación, convencido de que, además de ser un principio básico del derecho, es garantía de excelencia en la I+D+I. El objetivo es contribuir a lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles de la ciencia, la tecnología y la innovación, aprovechando y reteniendo todo el talento, sin dejar a nadie atrás, e integrar la perspectiva de género de forma transversal a las políticas, programas y proyectos de I+D+I.

Ciencia e Innovación

CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ILLES BALEARS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la segunda Adenda al Convenio para la creación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB), por la que se modifica el convenio para establecer una nueva colaboración entre la Administración General del Estado (AGE) y la CAIB a través de la incorporación del CSIC al Consorcio SOCIB; así como para ampliar las aportaciones de las entidades consorciadas hasta 2023. Por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación supone una aportación adicional que asciende a un total de 2,45 millones de euros en los años 2022 y 2023.

Esta segunda adenda será suscrita entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), el Gobierno de Illes Balears y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En concreto, de esta modificación del convenio que data de 2007 se deriva un gasto adicional por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación por un importe de 1,16 millones de euros en el año 2022 y 1,29 millones en el año 2023.

El Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB) es una de las infraestructuras incluidas en la actualización del mapa de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CPTI) el 6 de noviembre de 2018, y que se encuentra ubicada en la Comunidad Autónoma de las IIles Balears.

La infraestructura SOCIB está constituida por una red de instalaciones y equipos dedicados a la observación marina, adquisición, procesamiento, análisis, modelado numérico operacional y diseminación de información multidisciplinar del medio marino de forma sistemática y regular. Proporciona en régimen abierto datos oceanográficos en tiempo real y servicios de predicción en apoyo a la oceanografía operacional, contribuyendo así a dar respuesta a las necesidades de un amplio abanico de prioridades científicas, tecnológicas y estratégicas de la sociedad, en un contexto de cambio climático y de cambio global.

Con el objeto de colaborar en la construcción y explotación de SOCIB, el 17 de diciembre de 2007 la Administración General del Estado, a través del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, y el Gobierno balear suscribieron un convenio para su diseño, construcción, equipamiento y explotación. Su financiación es del 50% por parte de ambas administraciones.

Universidades

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas para Formación del Profesorado Universitario correspondiente al año 2020 (FPU2020), integrada en el Subprograma de Formación en I+D+i y en el Subprograma de Movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, por importe de 79.329.825,20 euros.

Esta actuación de la Secretaría General de Universidades permitirá la contratación de 850 investigadores e investigadoras durante cuatro años. Estas ayudas pueden ser complementadas con financiación adicional con cargo a los presupuestos de los centros de adscripción contratantes. La convocatoria de ayudas de la Secretaria General de Universidades se encuadra en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad y tiene por objetivo la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor o Doctora y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico, facilitando así la futura incorporación de las personas beneficiarias al sistema español de educación superior y de investigación científica.

Las ayudas, que se convocarán en régimen de concurrencia competitiva, tendrán una duración de 4 años, salvo en el caso de discapacidad del beneficiario, en cuyo caso tendrán una duración máxima de 6 años. Existe una reserva de plazas para personas con una discapacidad igual o superior al 33% (17 plazas del total, equivalente a un 2%).

Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda, se autorizará la continuidad de la ayuda FPU para la contratación, durante el período de orientación posdoctoral de un año de duración, de los investigadores recién doctorados.

Ampliación de plazos

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también la ampliación de los plazos de las actuaciones recogidas en la subvención a la línea de "Diálogo Asociación de Amistad Hispano-Francesa", que se han visto afectados por la COVID-19. Se trata de actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Presidente de Sección del Consejo de Estado.-

D. MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid y doctor en derecho por la Universidad Complutense. Desde 1966 es letrado mayor del Consejo de Estado.

Entre 1976 y 1977 ha sido secretario general técnico del Ministerio de Justicia con especial dedicación a la instrumentación jurídica de la Transición; diputado por Madrid entre 1977 y 1993; miembro de la Ponencia redactora del Texto Constitucional entre 1977 y 1978 y miembro de la Comisión Trilateral entre 1982 y 2004. En este periodo fue presidente de las Comisiones de Justicia y Educación y portavoz tanto del partido del Gobierno, (UCD), como de la oposición, Coalición Popular.

Desde 1980, hasta 1981 fue presidente-portavoz de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados de UCD. A partir del 82 y hasta 1987 de Alianza Popular. Entre los años 2001 y 2009 fue magistrado del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra. Actualmente es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Es doctor Honoris Causa por la UNED, por la Universidad de León, la Universidad de Cádiz y por la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Consejera Permanente y presidenta de Sección del Consejo de Estado.-

Dª PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA

Paz Andrés Sáenz de Santa María es catedrática de Derecho internacional público en la Universidad de Oviedo desde 1988. Sus líneas de investigación se ocupan tanto del Derecho internacional público como del Derecho de la Unión Europea. Ha sido juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (propuesta por el Gobierno de España, acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2010- hasta junio de 2012) y consejera del Reino de España ante la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la Conformidad con el Derecho internacional de la Declaración unilateral de independencia de Kosovo (Opinión Consultiva de 22 de julio de 2010). Ha dirigido la Revista Española de Derecho Internacional (desde octubre de 2001 hasta octubre 2009). También ha ocupado varios cargos académicos y formado parte de órganos estatales de evaluación de la investigación y acreditación del profesorado. En la actualidad, es defensora universitaria de la Universidad de Oviedo desde marzo de 2017 y consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España desde octubre de 2018.

Consejera Permanente y presidenta de Sección del Consejo de Estado.-

Dª ADELA ASÚA BATARRITA

Adela Asua Batarrita. Licenciada en derecho por la Universidad de Bilbao. Entre 1972 y 1976 ejerció de abogada. Desde 1981 es doctora en Derecho por la Universidad de Deusto en Bilbao. Es Catedrática emérita de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. Desde enero de 2011 hasta marzo de 2017 magistrada del Tribunal Constitucional. Desde junio de 2013 hasta marzo de 2017 vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Actualmente es magistrada emérita del Tribunal Constitucional.

Ha obtenido el reconocimiento oficial por el Ministerio de Educación de cuatro sexenios de investigación hasta el año 2006.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Secretario general para el Reto Demográfico.-

D.FRANCISCO BOYA ALÓS

Fue concejal del Ayuntamiento de Les entre 1981 y 1999 y posteriormente se incorporó como diputado al Parlamento de Catalunya en el periodo entre 1999 y 2010, donde desarrolló funciones como presidente de la Comisión de la Unión Europea y ejerció las portavocías de Cultura y de Política Territorial.

En este periodo desarrolló y participó en diversos proyectos legislativos, entre otros, la Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, la Ley de creación del Instituto para el Desarrollo del Alto Pirineo y Aran o la Ley del Cable, entre otras. Participó también en los debates y comisiones relacionados con la redacción del Estatut de Catalunya del 2006.

Senador en las Cortes Españolas en la X legislatura. Ha participado como ponente en la Ley de mejora de la cadena alimentaria, Ley de fomento de la integración de cooperativas, de evaluación ambiental, de regulación de las organizaciones agrarias, de Parques Nacionales, de Denominaciones Geográficas y del cuidado, transporte y sacrificio de animales, entre otras. Entre los años 2011 y 2015 ejerció las funciones de diputado provincial en la Diputación de Lleida.

En la última legislatura ha ejercido las funciones de presidente de la Comisión de la FEMP para el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de El Salvador.-

D. CARLOS DE LA MORENA CASADO

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la carrera diplomática en 1994. Su último puesto ha sido subdirector general de Política Exterior y de Seguridad Común en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre el año 2016 y el 2020.

Asimismo, ha ejercido los cargos de jefe servicio Asuntos Políticos en el Gabinete Técnico; ha sido subsecretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 1994; así como encargado de los Asuntos de Cooperación en 1998 y encargado de asuntos consulares en la Embajada España en Pekín entre 2001 y 2005. También ha ejercido las funciones de jefe adjunto de Protocolo de la Casa su Majestad el Rey entre 1998 y 2001. Ha sido cónsul general de España en Colombia entre 2005 y 2008; subdirector general adjunto de Asuntos Generales de la Unión Europea en 2008; vocal asesor en el Gabinete de la ministra de Fomento entre 2008 y 2009 y consejero en la Representación Permanente de España ante la U.E entre 2011 y 2016.