Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero.
• ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referendum de las Actas del XXVI Congreso de la Unión Postal Universal, se dispone su remisión a las Cortes Generales, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichas Actas.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de mascarillas quirúrgicas para uso del personal y visitantes de los distintos centros del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por un importe de 44.000 euros.
• ACUERDO por el que se modifica el Marco de prestación de servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U. correspondiente al período 2019-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2019 y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la convocatoria de ayudas en el año 2020, correspondientes al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, por importe máximo de 150.000.000 de euros.

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica contra el lavado de activos (GAFILAT ó GAFISUD) durante el año 2020, por importe de 130.000 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de mascarillas higiénicas para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en todas las sedes del territorio nacional (varias provincias), por un importe máximo de 6.388,80 euros, IVA incluido.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.

Justicia

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de 990.000 mascarillas faciales quirúrgicas de protección individual, con un presupuesto de 396.000 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de 14.000 pantallas protectoras faciales de protección individual destinado al personal de los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, con un presupuesto de 32.200 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 3.000 mamparas destinadas a puestos de trabajo con atención al público en los órganos administrativos y judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, con un presupuesto de 205.882,59 euros, IVA incluido.

Defensa

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de raciones de campaña 2021-2022, por un valor estimado de 16.536.600,04 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el servicio de restauración colectiva a las bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra, por un valor estimado de 140.566.800 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco de varadas de buques de la Armada Española, por un valor estimado de 90.000.000 de euros.

Interior

• REAL DECRETO por el que se establecen las distinciones de funcionaria o funcionario honorario y miembro honorario de la Policía Nacional.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada), del CIS "Matilde Cantos Fernández" de Granada y de la UAR Hospital Virgen de las Nieves de Granada, por importe de 532.324,54 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de mantenimiento integral en los centros penitenciarios de Bonxe (Lugo), de Monterroso (Lugo), de Pereriro de Aguiar (Orense) y de la U.A.R. del Hospital Xeral de Calde (Lugo) y del Hospital Santa María Nai (Orense), por importe de 560.784,85 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de mantenimiento integral en los centros penitenciarios de Puerto I (Cádiz), de Puerto II (Cádiz), del C.I.S. Alfredo Jorge Suar Muro (Jerez de la Frontera, Cádiz) y de la U.A.R. del Hospital Universitario Puerto Real, por importe de 716.856,70 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de ampliación de la emergencia para la contratación del suministro de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad y de sus órganos directivos, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 5.040.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos suministros para la protección del personal del ámbito de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 102.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material sanitario para proteger la salud de los empleados públicos de la Dirección General de Tráfico, en el marco de la lucha contra el COVID-19, por importe de 68.800 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material sanitario para proteger la salud de los empleados públicos de la Dirección General de Tráfico, en el marco de la lucha contra el COVID-19, por importe de 207.778 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos suministros para la protección del personal al servicio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de los centros penitenciarios dependientes de ella, así como de las personas privadas de libertad, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 1.500.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de apoyo con señalización y balizamiento de los controles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y otras medidas de ordenación, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 2.599.852,56 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de los equipamientos de telecomunicaciones e informática para la Dirección General de la Policía, con el fin de garantizar las modalidades de trabajo no presenciales, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 300.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de licencias de videoconferencia en la nube para realización de videoconferencias por la Dirección General de Tráfico, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 14.867,03 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de ordenadores portátiles para la ejecución de medidas de teletrabajo por el personal de la Dirección General de la Guardia Civil, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 359.555,13 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza realizar un encargo a la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la gestión parcial de los servicios de cocina de los centros penitenciarios mediante la fórmula de taller productivo, por importe de 198.114.809,28 euros.

Educación y Formación Profesional

• REAL DECRETO por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• REAL DECRETO por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.
• REAL DECRETO por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados para el tramo bifurcación Peñas Blancas - Mérida-Badajoz - Frontera Portuguesa de la línea de alta velocidad Madrid - Extremadura. Valor estimado del contrato: 27.091.387,19 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ampliación o prórroga de las actuaciones para prestación de los servicios para el análisis de la movilidad en España con tecnología Big Data, tras la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por importe de 337.590 euros.

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de servicio de un teléfono gratuito (Línea 900) de atención ciudadana en el Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 1.499.961,95 euros, IVA incluido.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
• ACUERDO por el que se aprueba la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes a los criterios objetivos y acuerdos fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 15 de junio de 2020.
• ACUERDO por el que se aprueba la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes a los criterios objetivos y acuerdos fijados en la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada el 15 de junio de 2020.
• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Política Territorial y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza la compatibilidad para simultanear el cargo de Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el ejercicio de las funciones de Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITT, S.A.).
• ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ortigosa del Monte (Segovia) a realizar una consulta popular relativa a si se realiza o no una reforma del bar de las pistas deportivas.

Sanidad

• ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para el suministro de 4 dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) para COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 29.700 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 260.000 envases de gel desinfectante para hacer frente al COVID-19, en virtud del Real Decreto- ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 843.750 dólares estadounidenses (1.020.885,29 euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica, en virtud del Real Decreto- ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 835.000 dólares estadounidenses (1.010.298,33 euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 500.000 batas de protección desechables, para hacer frente al COVID-19, en virtud del Real Decreto- ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 9.250.000 dólares estadounidenses (11.034.969,49 euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de vuelo chárter Shanghái-Madrid para el transporte de material para atender la situación creada por el COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 1.102.304,82 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 1.000.000 de hisopos para la toma de muestras, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 5.210.300 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la adquisición de 1 dispositivo de ventilación mecánica invasiva (VIM) para el COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe 7.018 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la adquisición de 49 equipos de ventilación mecánica invasiva (VMI) y 49 mascarillas de uso hospitalario para el tratamiento de pacientes del COVID-19, en virtud del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 196.192,88 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 13 millones de mascarillas quirúrgicas, para hacer frente al COVID-19, en virtud del Real Decreto- ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 9.180.500 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la adquisición de 300.000 gafas protectoras frente al COVID-19 en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 1.433.850 euros, IVA incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 17.011.000 guantes de nitrilo para la protección contra el COVID-19 en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 1.047.908,07 euros ( IVA incluido).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de 1575 Kits de reactivos de extracción y detección del SARS-CoV-2, en virtud del Real Decreto - ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 18.185.937 euros, IVA incluido.

Ciencia e Innovación

• INFORME sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19, especialmente en vacunas, e impulsar la ciencia y la innovación en España.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• REAL DECRETO por el que se nombra Consejero del Consejo de Gobierno del Banco de España a D.CARLES MANERA ERBINA.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se nombre Agente del Reino de España para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Dª HEIDE-ELENA NICOLÁS MARTÍNEZ.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se nombra secretaria de Estado de Defensa a Dª ESPERANZA CASTELEIRO LLAMAZARES.
• REAL DECRETO por el que se nombra subsecretaria de Defensa a Dª MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA.
• REAL DECRETO por el que se nombra director del Gabinete de la Ministra de Defensa a D. DIEGO IÑIGUEZ HERNÁNDEZ.
• REAL DE CRETO por el que se nombra director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar a D. PEDRO JOSÉ GARCÍA CIFO.

Interior

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Ejecución Penal y Reinserción Social a D. MIGUEL ÁNGEL VICENTE CUENCA.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO por el que se nombra director del Gabinete del Ministro a D. RICARDO LORKA MAR RUIPÉREZ.
• REAL DECRETO por el que se nombre secretario general de Infraestructuras a D. SERGIO VÁZQUEZ TORRÓN.

Industria, Comercio y Turismo

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Política Comercial a D. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.

CONDECORACIONES

Interior

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al teniente general LUIS FRANCISCO BOTELHO MIGUEL, comandante general de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

MEMORIA ANUAL SOBRE LA POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO DEL TESORO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la Memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2019 y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

La Memoria recoge la política de endeudamiento del Estado en 2019 e incluye datos referidos a la deuda de los organismos autónomos, en cumplimiento del mandato del artículo 93 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

En 2019 la emisión neta fue de 19.960 millones de euros, inferior en 15.040 millones a la prevista en la Estrategia de Financiación del Tesoro. Por su parte, la emisión bruta se situó en 192.814 millones de euros, de los que 114.000 millones de euros fueron en instrumentos a medio y largo plazo y 78.814 millones de euros en Letras del Tesoro.

El principal procedimiento de emisión por parte del Tesoro Público fue la subasta, que durante 2019 supuso el 88,2% de la emisión bruta. El 10,9% del programa de financiación se cubrió mediante el procedimiento de sindicación bancaria, el 0,5% mediante colocaciones privadas y el 0,4% restante a través de un préstamo otorgado por el Banco Europeo de Inversiones.

Por lo que se refieres a las Letras del Tesoro, se emitieron títulos con vencimiento a 3, 6, 9 y 12 meses, y todas las subastas de Letras del Tesoro celebradas a lo largo del año se adjudicaron a tipos negativos, que en media fueron del -0,42% (frente al - 0,39% de 2018).

En términos nominales, el saldo de Deuda del Estado a 31 de diciembre de 2019 ascendió a 1.023.760 millones de euros.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

AYUDAS PARA LA EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA DE MUY ALTA VELOCIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado la publicación de la convocatoria 2020 perteneciente al Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) 2020-2022. Se proporcionarán hasta 150 millones de euros de ayudas, su objetivo es ampliar el despliegue de redes ultra rápidas en las zonas rurales y con menos población, contribuyendo así a reducir la brecha digital y hacer frente al reto demográfico. Las ayudas están cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La convocatoria otorgará ayudas para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha de al menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en las zonas sin cobertura actual de redes NGA (New Generation Access) y que no tienen previsiones de despliegue a tres años, las conocidas como zonas blancas NGA.

La principal novedad de la convocatoria de este año es la incorporación de las denominadas zonas grises NGA como áreas elegibles para recibir ayudas. Las zonas grises son aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Mbps, pero sin superar los 100 Mbps.

El Gobierno obtuvo la aprobación de la Comisión Europea para incluir las zonas grises en el marco del régimen de ayudas de estado. Su incorporación permitirá mejorar la cobertura en algunas áreas donde, a pesar de existir banda ancha, los servicios que ahora existen son insuficientes y hay capacidad para que sean mejorados.

El mapa final de las zonas blancas y grises NGA elegibles para la convocatoria es el resultado de una consulta pública que finalizó el pasado 9 de junio. Se recibieron 145 aportaciones de administraciones públicas autonómicas y locales, operadores de comunicaciones electrónicas y otros agentes.

Otra novedad de esta convocatoria es que los proyectos tienen que ser de ámbito provincial. Se seleccionará uno por provincia y se valorará el mayor número de entidades de población cubiertas en el proyecto, para reducir todo lo posible la brecha territorial.

Programa PEBA-NGA

El Programa PEBA-NGA ha complementado la acción del sector privado, convirtiendo a España en el país con la red de fibra óptica más extensa de Europa, a pesar de las dificultades que presenta la orografía de nuestro territorio para el despliegue de las redes. Según datos de la Comisión Europea, la cobertura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanza al 80,4% de la población española, frente a la media europea del 34%. En zonas rurales, el diferencial de cobertura a favor de España es igualmente relevante: de media, solamente el 21% de los hogares europeos cuentan con FTTH, frente al 46% en nuestro país.

En el periodo 2013-2019 este Programa ha concedido ayudas a 130 operadores para la realización de 753 proyectos con una inversión asociada de 871,40 millones de euros y unas ayudas de 478,90 millones de euros. Más de la mitad de ese importe fue concedido en 2018 y 2019. En concreto, en la convocatoria de 2019 se otorgaron 140,14 millones de euros que han servido para dar cobertura a 705.974 hogares y empresas en 12.760 Entidades Singulares de Población (ESP).

Cuando el próximo año finalicen los proyectos con ayudas concedidas en las convocatorias anteriores, la cobertura de velocidad ultra rápida habrá alcanzado el 91% de la población española. Con esta convocatoria, se estima que la cobertura puede llegar al 93,1% de la población.

Para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico

RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El Consejo de Ministros ha solicitado la tramitación parlamentaria de urgencia del proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes el pasado día 9 de junio.

Esta propuesta legislativa modifica la norma vigente, para introducir las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la normativa europea y adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en al menos un 40 por ciento en 2030 con respecto a los valores de 1990.

El régimen jurídico para el periodo 2021-2030 debe estar vigente en España, al igual que en el resto de países europeos, antes del 1 de enero de 2021, plazo que no permite una tramitación parlamentaria ordinaria. Es por ello, que es necesario interesar de las Cortes Generales la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

El régimen del comercio de derechos de emisión afecta en España a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos, cuyas emisiones representan en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FIRMA AD REFERENDUM DE LAS ACTAS DEL XXVI CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la firma ad referendum de las Actas del XXVI Congreso de la Unión Postal Universal y se dispone su remisión a las Cortes Generales para la autorización de la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichas Actas. (MPCM).

La Unión Postal General se creó en 1874 mediante la firma del Tratado de Berna, estableciendo su sede en la ciudad de Berna (Suiza). En 1878 cambió su nombre por el actual de Unión Postal Universal (UPU) y en 1948 se convirtió en agencia especializada de las Naciones Unidas, reforzando a partir de ese momento sus vínculos con otros organismos de Naciones Unidas. Su cometido es la regulación de los servicios postales internacionales.

La Constitución de la UPU es el acta fundamental que contiene las reglas de la Unión. La actual Constitución data de 1964, adoptada durante el Congreso de la UPU en Viena y modificada posteriormente con varios protocolos adicionales.

El Congreso, órgano supremo de la UPU, se reúne cada cuatro años. Está integrado por 192 representantes de los países miembros.

El XXVI Congreso Ordinario de la UPU, se celebró en Estambul (Turquía), del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2016.

Contenido

Durante el Congreso, se definió la estrategia postal de Estambul, que establece la orientación de las actividades de la organización durante el periodo 2017-2020, para el que se establecen tres metas estratégicas: mejorar la interoperabilidad de la red de infraestructuras postales; promover el mantenimiento de productos modernos y sostenibles, y potenciar el funcionamiento eficaz del sector y del mercado postal. Así mismo, se decidió mantener el techo de gasto que había sido fijado para el anterior ciclo 2014-2017.

También se aprobó la propuesta presentada por el grupo de trabajo (presidido por España) en relación con los gastos terminales, que son aquellos pagos que deben realizarse entre países por el intercambio del correo. Por último, se adoptó una Resolución sobre la Caja de Previsión -el fondo de pensiones de los funcionarios de la UPU-, dado que presenta un importante déficit.

Las decisiones adoptadas en el XXVI Congreso modifican la Constitución de la UPU, su Reglamento General, el Convenio Postal Universal y el Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago.

Las Actas fueron firmadas ad referendum por los representantes de España en el momento de su adopción. Para que esta firma adquiera el carácter de definitiva, se precisa su aprobación por el Consejo de Ministros.

Las modificaciones que aportan no contienen nuevas obligaciones financieras para la Hacienda Pública, más allá de las ya existentes de contribuir al sostenimiento de la UPU.

Las Actas entraron en vigor el 1 de enero de 2018 para todos los Estados Parte.

El dictamen del Consejo de Estado establece que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de este Acuerdo requiere la previa autorización de las Cortes Generales al incidir en el supuesto e) del Artículo 94.1 de la Constitución, ya que afecta a materia reservada a ley.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN DETERMINADAS ELECCIONES DE NACIONALES DE CADA PAÍS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.

Conforme al Artículo 20.2 b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE), los ciudadanos de la Unión ostentan el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado en que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. La convocatoria de elecciones municipales en mayo de 2019, tanto en España como en Reino Unido, suscitó la cuestión del sufragio activo y pasivo recíproco en dichas elecciones tras la salida efectiva del Reino Unido de la UE, en principio prevista para el 29 de marzo de 2019. Este Acuerdo evitará que estos derechos dejen de ser efectivos tanto para los británicos residentes en España como los españoles residentes en el Reino Unido.

Las negociaciones del Acuerdo comenzaron formalmente el día 24 de octubre de 2018 y finalizaron el 18 de diciembre de 2018, cuando se cerró el texto.

Durante el proceso de negociación, se ha contado con la participación de representantes del Ministerio del Interior, la Oficina del Censo Electoral (INE) y los servicios de la Presidencia del Gobierno. Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, han participado representantes de la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), de la Dirección General de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y de la Oficina de Asuntos de Gibraltar.

El Acuerdo tiene como principal objetivo garantizar los derechos de sufragio activo y pasivo de los nacionales tanto del Reino Unido como de España, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros del 18 de enero de 2019 autorizó la firma y la aplicación provisional del Acuerdo, siendo suscrito en Madrid, el 21 de enero de 2019, por el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano Nalda, y por el subsecretario de Estado Parlamentario para la Salida de la Unión Europea, Robin Caspar Walker.

El Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 31 de enero de 2020, fecha en que el Reino Unido abandonó la Unión Europea.

Contenido

El Acuerdo consta de 9 considerandos y un total de 9 Artículos.

Se ha adoptado una fórmula que define a los "nacionales británicos" a los solos efectos del acuerdo, en la que no se incluye a "los ciudadanos británicos que obtienen su nacionalidad en conexión con Gibraltar".

Se ha optado por garantizar el derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, para evitar una reducción de los derechos de que actualmente disfrutan los ciudadanos británicos y españoles y preservar el statu quo. Este es el primer tratado bilateral firmado por España que prevé el derecho al sufragio pasivo, ya que los otros doce acuerdos actualmente suscritos en esta materia sólo contemplan el derecho al sufragio activo.

Se establece un período de residencia legal e ininterrumpida de tres años, lo cual asegura que, en las elecciones municipales de 2023 -ya no cubiertas por la disposición transitoria- puedan participar todos los nacionales británicos que estaban inscritos de cara a las elecciones municipales de 2019.

El Acuerdo no implica alteraciones presupuestarias para llevar a cabo las medidas previstas.

Se ha incluido un considerando en virtud del cual se garantiza la continuidad de los cargos electos locales británicos hasta finalizar su mandato, incluso después de producirse la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Por su parte, el Consejo de Estado, en su dictamen de 28 de febrero de 2019, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos de los apartados a) y c) del Artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el ejercicio del derecho de voto es un derecho de participación política (apartado a) y un derecho fundamental proclamado en el Artículo 23 de la Constitución y, por tanto, regulado en su Título I (apartado c).

Defensa

ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA 2021-2022

El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del Acuerdo Marco sobre el suministro de raciones de campaña para su consumo en maniobras y ejercicios de adiestramiento, cumplimiento de misiones en el exterior y establecimiento de reservas de Ejército necesarias para atender las necesidades no previstas, por un valor estimado de 16.536.600,04 euros.

El objeto del Acuerdo Marco se divide en 3 lotes: raciones individuales de combate, que incluye un módulo desayuno, módulo de comida y módulo de cena. Cada módulo se compone de 5 menús, más dos menús halal, además existen menús aptos para celíacos; raciones colectivas para 10 personas y raciones especiales que contienen suplementos alimenticios y batidos de alto valor energético.

Defensa

SERVICIO DE RESTAURACIÓN COLECTIVA A LAS BASES, ACUARTELAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del Acuerdo Marco para la prestación del servicio de restauración colectiva a las bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra, por un valor estimado de 140.566.800,00 de euros.

Este acuerdo permitirá satisfacer una necesidad pública permanente en las bases del Ejército de Tierra desplegadas por todo el territorio nacional, para lo cual el Acuerdo se estructura en 38 lotes. Este acuerdo permitirá que el servicio de alimentación al personal del Ejército de Tierra se lleve a cabo con arreglo a los criterios de calidad, eficiencia, necesidades dietéticas y seguridad nutricional e higiénica establecidos por la normativa vigente.

Defensa

VARADAS DE BUQUES DE LA ARMADA ESPAÑOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del Acuerdo Marco para las actividades de varada de los buques de la Armada, como parte esencial de su mantenimiento integral, por un valor estimado de 90.000.000 de euros.

A lo largo de su vida operativa, los buques de la Armada deben ser varados para someterse a reconocimientos periódicos, trabajos de ingeniería, mantenimiento de su obra viva y/o a las reparaciones necesarias.

Estas varadas se planifican dentro del programa general de mantenimiento del buque, es decir, de su ciclo de vida (mantenimiento programado), o también pueden ser necesarias por causas no programadas (incidentales).

Interior

DISTINCIONES HONORÍFICAS DE LA POLICÍA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión de las distinciones de funcionario honorario y miembro honorario de la Policía Nacional, previstas en el artículo 86 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que recoge el régimen del personal del cuerpo.

La distinción de funcionario honorario de la Policía Nacional podrá ser otorgada por el director general del cuerpo a aquellos agentes que en el momento de su jubilación así lo soliciten, siempre que se hayan distinguido por una labor meritoria y una trayectoria relevante, y reúnan los siguientes requisitos:

1. Acceder a la jubilación desde la situación de servicio activo, segunda actividad o servicios especiales.
2. Haber prestado, como mínimo, 35 años de servicios efectivos.
3. Presentar un expediente personal sin anotaciones desfavorables pendientes de cancelar.
4. Estar en posesión de todas las condecoraciones a la dedicación al servicio policial y haber ingresado en la Orden al Mérito Policial.

La División de Personal de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía comprobará el cumplimiento de estos requisitos. Los enumerados como b) y d) no serán exigibles cuando la jubilación se deba a una incapacidad permanente derivada de lesiones sufridas en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

La solicitud será después valorada por la Junta de Gobierno, que elevará la propuesta al director general de la Policía para su resolución definitiva. Aquellos policías que sean distinguidos como funcionarios honorarios recibirán un título acreditativo, así como un carné, una placa y un emblema.

Premiar el apoyo a la Policía

Por otra parte, el ministro del Interior podrá distinguir como miembro honorario de la Policía Nacional a aquellas personas que, sin pertenecer al cuerpo, destaquen por una prolongada trayectoria profesional en beneficio de la función policial que les haya hecho merecedoras, al menos en una ocasión, del ingreso en la Orden al Mérito Policial.

Quienes resulten distinguidos como funcionarios o miembros honorarios de la Policía Nacional recibirán un título acreditativo y un carné de identificación, que en ningún caso facultará a los galardonados para el ejercicio de la función policial ni supondrá beneficio económico alguno.

Ambas distinciones podrán perderse cuando los interesados incurran en una conducta contraria a los principios y valores del Código Ético de la Policía Nacional o que sea perjudicial para el prestigio del cuerpo.

Interior

GRAN CRUZ DE LA GUARDIA CIVIL AL COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA PORTUGUESA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al teniente general Luis Francisco Botelho Miguel, comandante general de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

La concesión de la Gran Cruz, máxima distinción de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, reconoce la labor del teniente general Botelho Miguel en aras de la colaboración bilateral entre la Guardia Nacional Republicana y el instituto armado.

Sus esfuerzos son un factor fundamental para entender las buenas relaciones existentes en la actualidad entre ambas cuerpos policiales, elemento que ha permitido mejorar la lucha contra la criminalidad trasnacional y el terrorismo entre Portugal y España, según el real decreto de concesión del galardón aprobado por el Consejo de Ministros.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

ELECTRIFICACIÓN DEL TRAMO BIFURCACIÓN PEÑAS BLANCAS-FRONTERA PORTUGUESA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, el contrato para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sus sistemas asociados del tramo Bifurcación Peñas Blancas-Mérida-Badajoz-Frontera portuguesa, perteneciente a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura.

El proyecto define técnica y económicamente las actuaciones y requisitos, tanto funcionales como operaciones, para la realización de los trabajos relacionados con las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados para el tramo mencionado, al objeto de su electrificación en el sistema 2x25 kV, propio de la alta velocidad.

Este contrato, que cuenta con un valor estimado de 27.091.387,19 euros (IVA no incluido) y un plazo de 18 meses, se ejecutará a lo largo de diferentes tramos de plataforma comprendidos desde la Bifurcación Peñas Blancas (p.k. 125/210 aproximadamente) hasta la frontera con Portugal (p.k. 198/770 aproximadamente).

Localización y ámbito de las actuaciones

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de unos 103,4 km, en su mayoría de vía doble. Están localizados en las siguientes líneas ferroviarias:

• Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, en los siguientes tramos de plataforma: San Rafael-Cuarto de la Jara, Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera, Cortijo de la Araya-Mérida, Estación de Mérida, Cuarto de la Jara-Cortijo de la Araya, Mérida-Montijo, Montijo-Badajoz, Estación de Badajoz, Badajoz-Frontera Portuguesa.
• Línea Aljucén-Cáceres: desde la estación de Aljucén (p.k. 0) hasta el enlace en Peñas Blancas (p.k. 17/400).
• Línea Ciudad Real-Badajoz-Frontera Portuguesa, entre los siguientes pp.kk.: desde la cabecera lado Ciudad Real de la estación de Mérida (p.k. 452) hasta el enlace en la Bifurcación de La Isla (p.k. 464/800), entorno de la estación de Montijo (desde el p.k. 475/500 hasta el p.k. 478/200) y desde la Bifurcación San Nicolás (p.k. 498 aproximadamente) hasta la frontera con Portugal (p.k. 517/600 aproximadamente).

Este proyecto también incluye la electrificación de las siguientes estaciones, Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET), Puesto de Bloqueo (PB) y zonas singulares:

• Estación de Mérida (p.k. 452 de la línea Ciudad Real a Badajoz): vías 1,2,3,4 y 8.
• Estación de Aljucén (p.k. 459/100 de la línea Ciudad Real a Badajoz y p.k. 0 de la línea Aljucén-Cáceres): vías 1 y 2.
• Estación de Montijo (p.k. 478/400 de la línea Ciudad Real a Badajoz): vías 1,3 y 5.
• Estación de Badajoz (p.k. 512/300 de la línea Ciudad Real a Badajoz): vías 1,2,4,6; vías 8 y 10 pertenecientes a las vías de la nave taller.
• Desde Estación de Aljucén, p.k. 0 hasta p.k. 17/400 de la línea Aljucén-Cáceres, y desde p.k. 17/400 al p.k. 125/500 de la LAV Madrid-Extremadura (Bifurcación Peñas Blancas).
• Bifurcación La Granja (p.k. 140/700 de la LAV Madrid-Extremadura).
• Bifurcación La Isla (p.k. 146/300 de la LAV Madrid-Extremadura).
• Bifurcación San Nicolás (p.k. 179/300 de la LAV Madrid-Extremadura).

De igual forma, el proyecto incluye los sistemas de calefacción de agujas, cuya misión es evitar la congelación de los cambios de vía, así como los sistemas de alumbrado de los túneles.

Actuaciones divididas en dos fases

Las actuaciones contempladas en el proyecto se dividen en dos fases:

• Fase 1. Plazo de ejecución 12 meses. Incluye la electrificación desde Bifurcación Peñas Blancas-Badajoz-Frontera portuguesa.
• Fase 2. Plazo de ejecución 6 meses. Incluye la electrificación del By-Pass de Mérida y de la duplicación de vía entre Aljucén y Mérida.

De manera complementaria, se encuentran en ejecución las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto entre Plasencia y la Bifurcación Peñas Blancas, a lo largo de unos 125 km, cuyo contrato fue adjudicado por valor de 30.123.556,77 euros (IVA incluido).

Fondos europeos

Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.

Educación y Formación Profesional

NUEVA CUALIFICACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA A DOMICILIO Y ACTUALIZADAS OTRAS DOS

El Consejo de Ministros ha aprobado tres Reales Decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales con la creación de una nueva cualificación profesional: Servicio de entrega y recogida a domicilio (Nivel 1), y la actualización de otras dos.

La nueva cualificación, perteneciente a la Familia Comercio y Marketing, desarrolla la competencia de distribuir y recoger productos a domicilio, atendiendo al destinatario y ofreciendo un servicio de calidad cumpliendo la normativa aplicable de protección de datos, riesgos laborales, normas internas de las organizaciones, además de las establecidas por los productos a distribuir. Esta cualificación surge gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), perteneciente al MEFP y Correos.

Asimismo, el Ejecutivo ha dado luz verde a la modernización de la cualificación Administración de servicios de internet (Nivel 3), de la Familia Informática y Comunicación, que desarrolla la competencia de instalar, configurar, administrar y mantener servicios de provisión e intercambio de información utilizando los recursos de comunicaciones que ofrecen las tecnologías de Internet, asegurando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información publicada, cumpliendo la normativa específica de publicación de la información y de protección de datos y los estándares de calidad.

Además, el Gobierno ha actualizado la cualificación Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje (Nivel 2), de la Familia Imagen Personal.

En la modernización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones, el MEFP ha contado con la participación de profesionales del sector productivo implicado, una colaboración permanente impulsada por el Ejecutivo tras la puesta en marcha del primer Plan Estratégico de Formación Profesional para modernizar esta modalidad formativa.

Este Catálogo es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que facilita el carácter integrado y la adecuación entre la FP y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas. Con la entrada en vigor de este Real Decreto, el catálogo suma un total de 667 cualificaciones.

Las cualificaciones profesionales constituyen el referente para la elaboración de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y de los certificados de profesionalidad de la FP para el empleo.

Trabajo y Economía Social

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero. Con esta normativa, propuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno culmina la transposición de la Directiva (UE) 2017/159, adoptada el 19 de diciembre de 2016, tras el acuerdo de los interlocutores sociales del sector pesquero. La aprobación de este real decreto es, además, un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca.

El Real Decreto contempla una serie de medidas principales, que elevan la protección laboral de los pescadores en los buques españoles y que regula las condiciones de habitabilidad en el desempeño de su trabajo, así como los protocolos de seguridad y asistencia.

Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes:

• Formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato.
• Se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación.
• Se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente.
• Se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero.
• No se permite el trabajo nocturno a las personas menores de 18 años.

La aprobación de este Real Decreto, junto con la obligación de que el contrato de trabajo de las personas trabajadoras en el sector pesquero se realice siempre por escrito, y la obligación de concretar un seguro de repatriación aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, completan la transposición de la Directiva.

Esta mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores se lleva a cabo de forma armonizada con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, creando unas condiciones equitativas de competencia con otros países de la UE. Con ello se refuerza al mismo tiempo el mercado interior y la dimensión social de la Unión Europea.

De igual manera, se transmite una clara señal a países no comunitarios titulares de grandes flotas pesqueras, en el sentido de que la competitividad de estas flotas no puede hacerse depender de una adecuada protección de los trabajadores del sector, que debe quedar garantizada siempre y en todo caso.

Finalmente, con la adopción de esta norma se equipará la situación de los pescadores con la de otras profesiones del sector marítimo, como las de la marina mercante, que ya disponen de una normativa similar.

Este Real Decreto responde a una de las principales demandas del sector pesquero para mejorar las condiciones de trabajo en un sector clave para la economía española. Esta normativa crea unas condiciones equitativas de competencia con otros países de la Unión Europea, refuerza el mercado interior y la dimensión social a nivel europeo.

Agricultura, Pesca y Alimentación

NORMATIVA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del real decreto para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023 (PASVE) para dar respuesta a las exigencias de la Comisión Europea derivadas de la auditoría realizada con respecto a la medida de reestructuración de viñedo en 2019.

El Gobierno ha procedido a eliminar de dicha norma los importes máximos subvencionables nacionales de las acciones correspondientes a las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos, y replantación de viñedos tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios.

El objetivo es permitir que dichos importes puedan ser adoptados por las comunidades autónomas para su ámbito territorial, adaptándolos a la realidad de cada una de ellas.

Estas modificaciones operarán en la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021, una vez que la Comisión Europea haya aprobado el correspondiente cambio del Programa de Apoyo.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS A LOS SECTORES GANADERO Y PESQUERO

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial definitiva entre las Comunidades Autónomas de 13.387.772 euros correspondientes a diferentes líneas de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme a los criterios objetivos y acuerdos fijados en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Pesca, celebradas el pasado 15 de junio.

De esta cantidad, el Gobierno ha autorizado el reparto entre las autonomías de 10 millones de euros para la concesión de ayudas a las explotaciones ganaderas de cordero y cabrito con dificultades de comercialización como consecuencia de las limitaciones impuestas por la declaración del estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19.

La distribución entre las comunidades autónomas es la siguiente:

Para la distribución se ha tomado como base la información relativa a las hembras reproductoras de las especies ovina y caprina recogida en el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), en explotaciones de producción primaria inscritas con una clasificación zootécnica de «reproducción para la producción de carne», «reproducción para la producción de leche» o «reproducción para producción mixta» con más de 50 hembras reproductoras en el caso de explotaciones de ovino y de más de 30 hembras reproductoras para el caprino.

No obstante, y conforme el Real Decreto, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, cuyo censo de ovino o caprino, en cada caso, sea inferior al 2 % respecto del censo nacional, podrán rebajar los anteriores umbrales para hacer elegibles a explotaciones con menor número de hembras reproductoras.

Estas ayudas se aplicarán a un máximo de 100 hembras subvencionables, tanto para ovino como para caprino.

Por otra parte, se ha autorizado la distribución de 3.387.772 euros para la financiación de paradas temporales en el Mediterráneo y golfo de Cádiz en 2020 entre las siguientes comunidades autónomas:

Agricultura, Pesca y Alimentación

ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA PARA FORTALECER LA POSICIÓN NEGOCIADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS

El Consejo de Ministros ha sometido a informe el anteproyecto de ley que modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que comienza su tramitación.

Se pretende con ello abordar los principales temas de fondo de una cadena alimentaria "moderna y competitiva, que ha tenido un excelente comportamiento durante el estado de alarma, pero que no está desprovista de problemas estructurales.

En este sentido, se señalan tres elementos básicos a los que el Gobierno buscar dar solución: desequilibrio entre los distintos elementos de la cadena, la falta de transparencia en la formación de precios y la debilidad de agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los demás eslabones.

Ante esta situación, la modificación de la ley incorpora medidas más ambiciosas para lograr una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos.

El Gobierno de España se mantiene firme en su compromiso para dar respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos con el objetivo de fortalecer su posición negociadora, dotar de mayor transparencia la formación de precios en el conjunto de la cadena y fomentar un reparto justo del valor añadido.

Los objetivos son:

• Reforzar la posición negociadora de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones.
• Conformar la cadena de valor agroalimentaria de abajo hacia arriba.
• Evitar prácticas desleales en la contratación agroalimentaria.
• Aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica.
• Ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.

Esta propuesta legislativa refuerza el desarrollo normativo iniciado, en una primera fase, en febrero para prohibir la venta a pérdida o destrucción del valor en la cadena e introducir la obligatoriedad de que el precio pactado entre productores y su primer comprador, como mínimo, tiene que cubrir los costes de producción.

Medidas para evitar prácticas comerciales desleales

La revisión de la ley de 2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se completará ahora con la transposición al derecho español de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario.

Introducirá nuevas medidas de mayor calado contra las prácticas comerciales desleales, no recogidas en la legislación española, lo que supone un avance capital para luchar contra prácticas que distorsionan las relaciones en la cadena. De esta forma, se favorecen las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria y se preserva lo ya aprobado mediante el real decreto-ley de febrero.

El anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.

Se protege a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales, por lo que los productos importados tendrán que atenerse a las prácticas comerciales contenidas en el anteproyecto de ley de la cadena.

La norma se aplicará a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando uno de los dos esté establecido en la Unión Europea (UE), por lo que deja de ser necesario que ambos estén radicados en la UE. Este cambio permitirá una mejor protección a los operadores españoles en un sector marcadamente vinculado al comercio internacional. La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español.

Este anteproyecto incorpora nuevas condiciones relativas al contenido de los contratos, como las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.

Nuevas infracciones sancionables

Respecto a las sanciones, se incorporan algunas nuevas infracciones para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la nueva redacción que se propone para la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

Entre las leves destacan:

• La cancelación, por cualquiera de las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor.
• La devolución, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

Como graves se incorporan:

• Incumplir la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección.
• La obstrucción a la inspección.

AICA, como autoridad de ejecución estatal

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. En el ámbito autonómico, en el marco de sus competencias con potestad sancionadora, se designarán autoridades que velarán por el cumplimiento de la ley y que tendrán, al menos, las funciones atribuidas a AICA.

En consonancia con lo dispuesto en la directiva se amplían las facultades de la autoridad encargada de resolver el expediente sancionador. Así, además de la multa podrá acordar que se ponga fin a la práctica comercial prohibida y fijar una indemnización a favor del perjudicado por dicha práctica.

Tras esta primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza los restantes trámites y consultas preceptivas.

El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, después de las preceptivas consultas a las comunidades autónomas, sector, Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia y Mercados y el Consejo de Estado.

El anteproyecto de ley es fruto del dialogo y la puesta en común con todos los operadores de la cadena y el resto de Administraciones autonómicas afectadas. Se mantiene el espíritu de la Ley, pero se actualiza su contenido en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales.

Se trata de un paso adelante muy importante por el propio contenido legal de la norma y porque constituye, junto al decreto ley aprobado en el mes de febrero, "un proceso de transformación estructural de nuestro sector primario y agroalimentario fundamental", desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la planificación empresarial.

Política Territorial y Función Pública

AUTORIZADO EL AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE (SEGOVIA) A REALIZAR UNA CONSULTA POPULAR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ortigosa del Monte (Segovia) una consulta popular relativa a si se realiza o no una reforma del bar de las pistas deportivas.

Las consultas populares tienen su base jurídica en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que reconoce en su artículo 18 el derecho de los vecinos a solicitar la consulta popular y que regula en su artículo 71 las consultas populares.

El asunto que se someterá a consulta cuenta con los informes y comprobaciones requeridas y cumple con los requisitos del artículo 71 de la LBRL, al circunscribirse a un asunto de carácter local y de competencia municipal.

Sanidad

CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO

El Consejo de Ministros ha tomado razón de 12 acuerdos de contratación de emergencia llevados a cabo para reforzar las necesidades de adquisición de material sanitario por parte de las comunidades autónomas para el abordaje de la COVID-19. Los contratos ascienden en total a 49.459.861 euros.

En concreto, se han adquirido 5 dispositivos de ventilación mecánica invasiva por un importe de 36.718 euros. También se han comprado otros 49 equipos de ventilación mecánica invasiva con 49 mascarillas de uso hospitalario, por 196.192 euros. Además, se han adquirido 1.000 dispositivos de ventilación mecánica por 1.010.298 euros.

También se han adquirido 13 millones de mascarillas quirúrgicas, que han costado 9.180.500 euros; 300.000 gafas protectoras por 1.433.850 euros; 17.011.000 guantes de nitrilo, que han costado 1.047.908 euros; 500.000 batas de protección desechables, por un importe de 11.034.969 euros, y 260.000 envases de gel desinfectante, que han costado 1.020.885 euros.

Por otra parte, se ha informado de la compra de 1.000.000 de hisopos para la toma de muestras, que han costado 5.210.300 euros; otro de los contratos se refiere a 1.575 kits de reactivos de extracción y detección del SARS-CoV2, por un importe de 18.185.937 euros. Finalmente, se ha contratado el servicio de vuelo chárter Shangai-Madrid para el transporte de material, por un importe de 1.102.304 euros.

El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, señala que "a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al coronavirus, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia".

La financiación de estos contratos de suministro ha corrido a cargo del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros concedido al Ministerio de Sanidad con cargo al Fondo de Contingencia.

Los acuerdos presentados al Gobierno se han llevado a cabo para proteger la salud pública y seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.

La expansión del COVID-19, que desembocó en la declaración del Estado de Alarma, obligó al Estado a adoptar medidas excepcionales. El incremento de la demanda de material de protección a nivel mundial desbordó la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Para garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hizo necesaria la formalización inmediata de contratos con las empresas comercializadoras.

De esta manera se han podido abordar las necesidades más urgentes y prioritarias de protección de los profesionales sanitarios que trabajan con los pacientes, de otros profesionales que están en contacto con los mismos y de los pacientes. Además, se ha podido disponer de kits de diagnóstico para detectar la infección de forma fiable.

Ciencia e Innovación

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN PARA SUPERAR LA COVID-19, ESPECIALMENTE EN VACUNAS, E IMPULSAR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha conocido el Informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 -especialmente en vacunas- e impulsar y la innovación en España, en el que se recoge la actividad del Gobierno para encontrar soluciones a esta epidemia basadas en el conocimiento científico y se apuesta por incrementar la inversión en ciencia e innovación, como pilares de la reconstrucción tras esta crisis.

En concreto, el informe explica que la actividad del Ministerio de Ciencia e Innovación durante estos meses se ha centrado en tres ejes: apoyo y seguimiento de proyectos de investigación; fomento de la innovación empresarial en COVID-19 y generación de los mejores datos y su análisis para tomar las mejores decisiones en la fase de vuelta a la normalidad.

En primer lugar, el Ministerio ha destinado más de 30 millones de euros a proyectos de investigación biosanitaria frente a la COVID-19. De ellos, 24 millones de euros han constituido el denominado Fondo COVID-19, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y por el que se ha concedido financiación a un total de 127 proyectos, con una aportación pública de 22,4 millones de euros. Este fondo ha financiado ensayos para probar la eficacia de tratamientos ya aprobados frente a la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, nuevas técnicas de diagnóstico y detección del virus, estudios clínicos y epidemiológicos y proyectos de vacunas, entre otros.

Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha constituido la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) denominada Salud Global, en la que se han puesto a trabajar más de 150 grupos de investigación de diferentes especialidades. Por el momento, se han iniciado, con una aportación extraordinaria de recursos de 4,9 millones de euros, 46 proyectos que abarcan un amplio abanico de áreas de conocimiento para atajar las consecuencias de la pandemia.

Por lo que se refiere a la investigación de vacunas, en España hay 12 desarrollos vacunales, algunos de ellos en colaboración entre distintos grupos de investigación, que han recibido una financiación de 7,8 millones de euros. Cinco de los grupos de investigación financiados disponen ya de un prototipo vacunal o candidato a vacuna y han iniciado los ensayos dirigidos a evaluar su capacidad inmunogénica y su posible toxicidad. Uno de estos prototipos ya ha completado con éxito el estudio de respuesta inmune de la vacuna en ratones.

El resto de los grupos esperan completar el desarrollo de sus prototipos vacunales en las próximas semanas y testar sus candidatos a vacunas en animales entre julio y septiembre. Se estima que, de todos estos proyectos, cuatro estarán en disposición de iniciar la fase de ensayos en humanos en diciembre de 2020. Todos estos proyectos no sólo difieren entre sí, sino que cubren los distintos tipos de vacunas que existen en el mercado e incluyen desarrollos exclusivos muy prometedores, tanto en cuanto a su eficiencia, como a su seguridad.

Acceso a la vacuna

A nivel internacional, existe una gran cantidad de proyectos de vacunas en desarrollo. Actualmente hay 176 en fases pre-clínicas y 18 se encuentran en fase clínica en humanos. La Comisión Europea coordina las actuaciones destinadas a garantizar el acceso a vacunas de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello, se ha constituido un Panel con todos los Estados Miembros para determinar qué contratos de compra avanzada han de firmarse, y cómo financiarlos si los fondos comunes de apoyo a emergencias no son suficientes. Además, hay un grupo ejecutivo con representantes de siete Estados Miembros, entre los cuales está España, que está negociando ya con empresas posibles compras anticipadas de las vacunas más avanzadas.

La acción de la Comisión y la solidaridad encontrada entre los Estados Miembros permite anticipar que se garantizará el acceso a vacunas por parte de la población española, y que se realizará una evaluación objetiva que permitirá sustentar de forma rigurosa las decisiones a tomar.

Mientras tanto, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha concedido 1,3 millones de euros en subvenciones a cuatro proyectos de empresas biotecnológicas para llevar a cabo la producción e alguno de los prototipos vacunales en desarrollo. Dos de estas empresas se disponen a adaptar sus instalaciones -preparadas para la producción de vacunas de uso en veterinaria- para permitir la producción de vacunas de uso en humanos.

Gracias a estas ayudas se podrá abordar la producción de algunos de los prototipos vacunales desarrollados en España. No obstante, existe la necesidad de ampliar la capacidad y el número de empresas con producción de vacunas de uso humano en España lo que, sin duda, representa uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos.

El segundo eje es, precisamente, el del fomento de la innovación empresarial, impulsado desde el CDTI. La agencia de innovación ha aprobado un procedimiento rápido de ayudas para proyectos I+D+I en COVID-19, bajo el cual se han otorgado ya 22 ayudas, con una aportación de financiación pública de 11,6 millones de euros. Además, el lunes 11 de mayo se abrió una convocatoria de ayudas extraordinaria de subvenciones a proyectos de I+D en COVID-19 por 12 millones de euros en subvenciones, para la que ya se han concedido diez por un total de 2,9 millones de euros.

Finalmente, el tercer eje de la actividad del Ministerio es fomentar la generación de los mejores datos y su análisis para tomar las mejores decisiones en esta nueva fase de vuelta a la normalidad. Con este objetivo, se creó al inicio de la pandemia un Grupo de Trabajo Multidisciplinar que, junto con otros grupos del CSIC y en coordinación con la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha elaborado varios informes.

Además, el ISCIII, a través del Centro Nacional de Epidemiología, ha puesto en marcha uno de los mayores estudios de seroprevalencia del mundo, realizando pruebas de anticuerpos por dos métodos distintos a una muestra representativa de la población española con más de 60.000 personas. Los resultados de las dos primeras oleadas han arrojado una seroprevalencia del SARS-CoV2 del 5,2% de la población española. Los resultados finales de este estudio se obtendrán en los próximos días y se está trabajando para iniciar otro en el próximo otoño.

En definitiva, el informe destaca el alto nivel de la participación de la Ciencia y la Innovación española en la lucha contra la pandemia, a pesar de que, desde la última crisis económica, tres de sus pilares fundamentales han visto muy cercenadas sus posibilidades, al haberse mermado notablemente sus capacidades debido a la reducción en recursos humanos, en equipamiento e infraestructuras científicas, con herramientas inapropiadas para una gestión eficiente y a la caída de la competitividad y el carácter innovador de las empresas.

El informe concluye subrayando la importancia de la inversión en ciencia. Son los avances en conocimiento, sostiene, los que permiten a un país generar industrias y empresas competitivas de alto valor añadido, así como avanzar hacia sociedades más sostenibles, tecnológicas, justas y seguras. Además, subraya que es crucial que España dedique parte de los fondos europeos a reformas que aumenten la competitividad, y entre ellas destaca la inversión en ciencia e innovación.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Consejero del Consejo de Gobierno del Banco de España.-

D. CARLES MANERA ERBINA

Catedrático de Historia Económica en el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares. Tiene dos doctorados, uno en Economía (2000) por la Universidad de Barcelona, y otro en Historia (1987) por la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado, Premio Catalunya de Economía (2003) y Premio de Investigación Ciudad de Palma (1983).

Tiene 6 sexenios de investigación reconocidos, uno de ellos por transferencia de conocimiento, por la comisión núm. 8 de ANECA. Ha sido Investigador Principal en 7 proyectos competitivos de I+D (1987-2007), Investigador Principal en 11 proyectos de transferencia de conocimiento a instituciones y empresas (1986-2017) e Investigador Senior en 4 proyectos competitivos de I+D (2005-2021).

Ha sido vicerrector de Planificación Económica y Administrativa de la Universidad de las Islas Baleares (1996-2003); Consejero de Economía, Hacienda e Innovación del gobierno de las Islas Baleares (2007-2011); y Presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares (2017, en activo).

Justicia

Agente del Reino de España para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.-

Dª HEIDE-ELENA NICOLÁS MARTÍNEZ

Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde 2004.

Como Abogada del Estado, ha ocupado distintos puestos desde su ingreso, en diferentes unidades (Abogacía del Estado en Girona, AE en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Departamento Social de la Abogacía del Estado, AE en el Ministerio de Hacienda, AE en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública). Actualmente, desde febrero de 2020, ocupa el puesto de Abogada del Estado-Adjunta en la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogacía General del Estado.

Ha participado como ponente en numerosos cursos y colaborado en publicaciones especializadas, en materia de empleo público y de contratación del sector público.

En el seno del Consejo de Europa, ha participado, colaborando con la Subdirección General de Constitucional y DDHH, en grupos de trabajo del CDDH sobre derechos fundamentales (concretamente "CDDH-EXP"), en representación del Reino de España (2017-2019).

Defensa

Secretaria de Estado de Defensa.-

Dª ESPERANZA CASTELEIRO LLAMAZARES

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid.

Ingresó en el Centro Nacional de Inteligencia en 1983, ocupando diversos puestos tanto en unidades centrales, como en despliegue exterior.

Entre 2004 y 2008, ejerció el cargo de secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia. Posteriormente, ocupó nuevos destinos en el exterior y entre 2014 y 2018, ocupó la jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Desde 2018 hasta la actualidad, ocupaba el cargo de directora de Gabinete de la ministra de Defensa.

Se encuentra en posesión de la Cruz de plata de la Guardia Civil y de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

Subsecretaria de Defensa.-

Dª MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA

Licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo. Catedrática de Geografía e Historia. Pertenece al cuerpo de Inspectores de Educación.

Ha sido concejala del Ayuntamiento de Fabero (León), consejera comarcal de El Bierzo y diputada en el Congreso de los Diputados por la provincia de León en la VI y VII legislatura.

Asimismo, ha ejercido los cargos de secretaria de Estado de Política Social (2004-2009), delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid (2009-2011) y diputada en la IX legislatura de la Asamblea de Madrid (2011-2015) donde ejerció la vicepresidencia 2º.

Director del Gabinete de la Ministra.-

D. DIEGO IÑIGUEZ HERNÁNDEZ

Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y magistrado.

Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá y es autor de publicaciones académicas sobre el Poder Judicial, Derecho elector y sociedad y política alemanas.

Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar.-

D. PEDRO JOSÉ GARCÍA CIFO

Es General de División pertenece a la 37ª promoción de la Academia General del Aire y es diplomado en el Mando de Unidades de Operaciones Especiales.

Sus primeros destinos fueron el Regimiento de la Guardia Real, la Escuela Militar de Paracaidismo y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo como Jefe del mismo. Tras realizar el Curso de Estado Mayor en Francia fue destinado al CESEDEN como profesor. Ejerció como Oficial Ejecutivo del Jefe de Estado Mayor del Joint Force Command Naples. Posteriormente fue Consejero Técnico en el Gabinete del Secretario de Estado de Defensa y ha ejercido el Mando del Grupo de Seguridad del Cuartel General del Aire.

En operaciones en el exterior, ha estado desplegado en Bosnia, Italia y Afganistán.

Ascendió al empleo de General de Brigada en 2017 y fue nombrado Subdirector General de Enseñanza Militar. En julio de 2019 asciende a General de División continuando en su destino. Es licenciado en Derecho y tiene 3 idiomas reconocidos.

Interior

Director general de Ejecución Penal y Reinserción Social.-

D. MIGUEL ÁNGEL VICENTE CUENCA

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

Sociólogo del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Inició su actividad profesional como funcionario de Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, así como en el Cuerpo Especial en el Centro Penitenciario Alicante en el año 1988.

En 1990, accedió a Cuerpo Superior, siendo destinado al Centro Penitenciario de Alicante. Ha desempeñado diferentes responsabilidades penitenciarias como funcionario de vigilancia, Subdirector de Tratamiento del centro penitenciario Madrid V, sociólogo en los centros penitenciarios de Ocaña II y Madrid V, así como en la Central Penitenciaria de Observación, Jefe de Sección de Formación del Centro de Estudios Penitenciarios del 2002 al 2004. En el año 2008, es nombrado de nuevo Subdirector General Adjunto de Coordinación Territorial en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior), pasando a Subdirector General Adjunto de Penas y Medidas Alternativas en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en 2012.

En la actualidad, ejercía el cargo de vocal asesor de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Ostenta la Medalla de Plata al mérito penitenciario, 2010. Medalla Concepción Arenal, 2010, a las actividades de prevención del delito y reinserción social..

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Director del Gabinete del Ministro.-

D. RICARDO LORKA MAR RUIPÉREZ

Licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas, ICADE E-3.

Comenzó su carrera profesional en el sector privado como consultor financiero hasta que en 2004 entra a formar parte del gabinete de la ministra de Fomento como asesor. Entre 2009 y 2011, fue director adjunto del Gabinete del Ministro de Fomento y portavoz del Gobierno. De 2012 a 2018 trabajó como jefe de Relaciones Institucionales en la Dirección de Internacional de Adif. Desde 2018, desempeña el puesto de asesor de relaciones institucionales e internacionales en el gabinete del ministro de Fomento, actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Secretario general de Infraestructuras.-

D. SERGIO VÁZQUEZ TORRÓN

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de A Coruña, máster en Producción y Gestión Audiovisual por esa misma Universidad.

Comenzó su carrera profesional como consultor especialista en el sector audiovisual Ha sido coordinador de la Secretaría de Economía y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal desde 2004 a 2008. En la IX Legislatura fue Asesor Parlamentario de la Ministra de Vivienda y Director Adjunto del Gabinete del Ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno. De 2012 a 2016 volvió a coordinar el área de Economía del PSOE y en mayo de 2017 fue nombrado asesor del Secretario General. En la XII Legislatura, desde junio 2018, ha sido director de Gabinete del ministro de Fomento y posteriormente en enero de 2020 director de Gabinete del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Industria, Comercio y Turismo

Director general de Política Comercial.-

D. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Antes de ser nombrado director general de Política Comercial ha trabajado como Jefe de la Oficina Económica y Comercial en la Representación Permanente del Reino de España ante la Unión Europea, Subdirector General de Instituciones Financieras Multilaterales en el Ministerio de Economía y Competitividad, consejero económico y comercial en la Embajada de España ante los Estados Unidos de América y subdirector general de Hidrocarburos, entre otros puestos en diversos Ministerios, desde su ingreso en la Administración General del Estado.