Referencia del Consejo de Ministros

23.6.2020

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Madrid

Consejo de Ministros

Referencia

23 de junio de 2020

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO-LEY por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
  • REAL DECRETO relativo a la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica.
  • ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del 28 de junio,Día Nacional del Orgullo LGTBI.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 90 monitores de 27 pulgadas para la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, con el fin de posibilitar a su personal el ejercicio de sus tareas de forma no presencial, por un importe estimado de 21.998,10 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias en materia de seguridad minera.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para paliar los daños ocasionados como consecuencia de la borrasca Gloria en diversas infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Segura, en las provincias de Murcia y Alicante, por un importe máximo de 3.935.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de un contrato de servicios de desarrollo informático para incluir las modificaciones necesarias en el sistema de verificación de cumplimiento de los requisitos de otorgamiento del bono social, por motivos derivados del COVID-19, por un importe de 13.807,53 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E, la convocatoria de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica situadas en Canarias susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de diseño, desarrollo, piloto y evaluación de un sistema que permita el rastreo de contactos en relación a la pandemia ocasionada por la COVID-19, con una duración de 5 meses, por un importe de 330.537,52 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se autoriza la moratoria a países de renta baja relativa al pago de deudas contraídas a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de asistencia técnica para el diseño e implantación de mejoras de control interno, gestión de riesgos, procedimientos y sistemas, así como la formación inherente a dichos servicios, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P., para garantizar el cumplimiento de los requisitos que exige la Comisión Europea en relación a su "Pillar Assessment", por un importe estimado de 544.500 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación mixta de los servicios para la implantación en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. y suministro de la plataforma digital para la formación y la asistencia técnica pública en remoto, por un importe estimado de 50.395 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo al Centre Financier Aux Entrepreneurs Tunisie S.A., de Túnez, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 3.000.000 de euros.
  • ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 3.185.700 euros.

Justicia

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de equipamiento para el servicio integrado de cita previa y gestor de turnos de espera de las gerencias territoriales, al objeto de gestionar la atención presencial del ciudadano y la prevención de riesgos laborales frente al COVID-19, por importe, IVA incluido, de 109.975,93 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la compra y adquisición de los suministros necesarios para la protección de la salud del personal de los Institutos de Medicina Legal (IML) y los departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) dependientes del Ministerio de Justicia, por valor, IVA incluido, de 440.033,24 euros.

Defensa

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para el primer tramo de producción del vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8, por un valor estimado de 2.083.275.262,81 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el apoyo operacional a aeronaves del Ministerio de Defensa, por un valor estimado de 71.800.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el Ministerio de Defensa para hacer frente a la situación generada por el COVID-19, por un importe total de 486.037,56 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para dar continuidad al contrato de los servicios de mantenimiento del equipamiento de electrónica de redes dependientes del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y las comunicaciones del Ministerio de Defensa, por un importe de 104.192 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para dar continuidad al contrato de los servicios de mantenimiento de los servidores y otro equipamiento hardware dependientes del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y las comunicaciones del Ministerio de Defensa, por un importe de 464.022 euros.

Hacienda

  • REAL DECRETO por el que se acuerda transigir con «Groupe Special Mobile Association», respecto de las consecuencias derivadas de la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona previsto entre el 24 y el 27 de febrero de 2020.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.201.844 euros y la concesión de un crédito extraordinario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Memorando de Acuerdo sobre la Aplicación del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo EEE 2009-2014, en relación con el Programa ES05, Conservación y revitalización del patrimonio cultural y natural.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para atender diversos gastos en Capítulo 6 derivados del estado de alarma provocado por el COVID-19 y gastos en Capítulo 1.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito para dar cumplimiento a la Resolución conjunta de las Subsecretarías para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 14 de mayo de 2020.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de cincuenta mil mascarillas FFP2 con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por importe de 144.055,86 euros (IVA excluido).
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, soluciones hidroalcohólicas, soportes de pared y guantes de polietileno para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por importe de 85.502,65 euros (IVA excluido).
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación del suministro de mascarillas quirúrgicas para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia, por un importe de 27.720 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de pantallas de metacrilato para puestos de trabajo de atención al contribuyente, como medida de protección frente al COVID-19, para todos los edificios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Castilla y León, por un importe de 20.249,45 euros (IVA excluido).
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de pantallas protectoras para puestos de atención al público necesarios para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al COVID-19 para la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia, por un importe de 29.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de mascarillas con homologación EN 14683:2019 - AC:2019 tipo IIR, para la protección de las personas frente al COVID-19, en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia, por un importe de 35.750 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, desinfectante kit de limpieza y papeleras con pedal para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbito territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, por importe de 237.611,70 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de mascarillas quirúrgicas, para la protección de las personas frente al COVID-19, en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y sus centros dependientes, por importe de 103.500 euros (IVA excluido).
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.780.562.300 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 1.617.000.000 euros.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la tramitación de expedientes de reparaciones, mantenimiento y conservación.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional al objeto de poder tramitar la prórroga de la contratación del suministro de energía eléctrica.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de guantes desechables de nitrilo de protección frente al coronavirus SARS-CoV-2, como consecuencia de la emergencia declarada por el COVID-19, por un importe estimado de 10.932 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de guantes desechables de nitrilo de protección frente al coronavirus SARS-CoV-2, como consecuencia de la emergencia declarada por el COVID-19, por un importe estimado de 34.375 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de guantes desechables de nitrilo de protección frente al coronavirus SARS-CoV-2, como consecuencia de la emergencia declarada por el COVID-19, por un importe estimado de 92.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de dispensadores de hidrogel en estaciones de viajeros para su entrega e instalación en las estaciones de Barcelona Sants y de Madrid Chamartín, por un importe estimado de 19.699,70 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de gel hidroalcohólico higienizante para protección de trabajadores por COVID-19, por un importe estimado de 498.500 euros.

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia relativa al encargo de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), como medio propio, para realizar tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19, por un importe de 72.972,93 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley relativo al trabajo a distancia.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 13 de enero de 2020.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 13 de enero de 2020.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del encargo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (TRAGSA) para la ejecución de las obras del proyecto actualizado de estación de bombeo y red de riego del sector XX de la subzona de Payuelos. Zona regable del embalse de Riaño, primera fase (León y Valladolid) por un importe de 19.734.265,88 euros.

Política Territorial y Función Pública

  • ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) a realizar una consulta popular relativa a lo que debe hacer el Ayuntamiento con los actuales contenedores soterrados.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Durango (Bizkaia) a realizar una consulta popular relativa a si se está a favor de paralizar el proyecto PERI 1 Ferrocarril y poner en marcha una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) a realizar una consulta popular relativa a si se está de acuerdo con que la celebración de la feria y fiestas de julio se traslade a la zona de las inmediaciones del campo de fútbol.
  • ACUERDO por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
  • ACUERDO por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, prevista en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.
  • ACUERDO por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
  • ACUERDO por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, prevista en el artículo 69 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Cultura y Deporte

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de licencias de libros electrónicos, por un importe de 368.154,14 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la ejecución de obras en el edificio del Antiguo Mercado Central de Abastos de Melilla, así como la redacción del proyecto técnico, la dirección facultativa completa, la coordinación de seguridad y salud de las obras y la diagnosis de la patología, el análisis y las propuestas de actuación, por un importe total de 116.440 euros.

Sanidad

  • ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la adquisición de 2.127 kits (de 100 test cada uno) de qPCR para la detección del SARS-CoV2 para el COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 1.142.709,48 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la adquisición de 5.000 equipos de respiración pulmonar portátiles para el tratamiento del COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 36.054.007 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la prestación de los servicios de recepción, almacenaje y distribución de material sanitario y de protección frente al COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe máximo de 500.000 euros, más los impuestos indirectos que correspondan.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la adquisición de 700.000 unidades de hisopos con medio de transporte para el diagnóstico del COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe de 5.124.350 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la prestación de los servicios de transporte aéreo de mercancías relacionadas con el Covid-19 de Shanghai a Madrid, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por un importe máximo de 4.300.000 euros.

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia adoptada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el suministro de equipamiento de esterilización para el laboratorio de nivel 3 de contención biológica (NCB3), con cargo al proyecto "Desarrollo de estrategias de protección frente al SARS-COV2", con destino al Centro Nacional de Biotecnología, por un importe de 76.682,08 euros, IVA no incluido.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica

APROBADO UN REAL DECRETO-LEY CON MEDIDAS PARA IMPULSAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y FAVORECER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con una batería de medidas para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

GARANTÍAS PARA LOS PROYECTOS RENOVABLES FIRMES

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) -320MW en el año 2019 y 108MW en 2020-, y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%.

Esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

Por ello, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos -entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES

Otra de las cuestiones clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.

En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo. De hecho, los sistemas de retribución de los países del entorno de España, similares al diseñado en el Real Decreto-ley, reflejan resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española.

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos adversos.

Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes -electrónica de potencia, estructuras, seguidores, etc.- que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO LIGADOS A RENOVABLES

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías -fotovoltaica y eólica, por ejemplo-, en una misma instalación. Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Ambas figuras permitirán el desarrollo rápido y eficiente de proyectos renovables, aprovechando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, al dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios ("sandboxes") para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Con ello se favorece un desarrollo más ágil de la regulación del sector energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o soluciones.

LOS PUNTOS DE RECARGA DE ALTA CAPACIDAD, UTILIDAD PÚBLICA

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

LIQUIDEZ DEL SISTEMA

Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.

Esto permite que el conjunto de los "sujetos de liquidación", esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.

Además, el Real Decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.

APOYO A COGENERACIÓN, LODOS DE ACEITE Y BIOMASA

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esto incluye a las instalaciones de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas. Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías.

En concreto, para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

TRANSICIÓN JUSTA

Para facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en transición energética, se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En este Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo y nuevos proyectos industriales en las zonas de transición. El Real Decreto-ley 17/2019 posibilitó al Gobierno regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de dicha capacidad que ponderen, además de las cuestiones técnicas y económicas, los potenciales beneficios medioambientales y sociales. Para poder diseñar y convocar estos procedimientos a la mayor brevedad, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO para que solicite al operador del sistema el cálculo de la capacidad máxima disponible en cada uno de estos nudos.

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

HABILITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL

Asimismo, la norma incluye en su artículo 10, la ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de empleo temporal.

Dado que la habilitación temporal para ejecutar las ofertas de empleo público de estabilización, mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de procesos selectivos, se ha visto alterada como consecuencia de la situación de emergencia vivida y en particular por la suspensión de plazos administrativos, se propone prorrogar dicha habilitación durante el ejercicio 2021.

Esta prórroga se aplica también a los procesos de estabilización de empleo temporal comprendidos en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018 y se aplicará a todas las administraciones públicas sin que represente incremento de gasto.

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

La norma fija también la nueva fecha para la finalización del proceso de liberación de la banda de 700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, que será el próximo 31 de octubre de 2020.

Esta nueva fecha es consecuencia de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, ya que las medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad implantadas durante el estado de alarma obligaron a ralentizar la ejecución de las actuaciones para la liberación de estas frecuencias, necesarias para el despliegue de las futuras redes 5G.

El pasado 30 de marzo España comunicó a la Unión Europea que, tal y como establece la norma por causas de fuerza mayor y estaba ocurriendo en otros países, la situación provocada por el COVID-19 impedía completar el proceso para el 30 de junio de 2020, plazo establecido en la Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En consecuencia, se produce también el aplazamiento de la licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 5G, que, tal y como anunció el pasado mayo la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se producirá en el primer trimestre de 2021.

La nueva fecha para completar el proceso del Segundo Dividendo Digital se ha establecido teniendo en cuenta la finalización del estado de alarma, el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y después de analizar la situación de los trabajos realizados hasta la fecha en toda España.

Por otra parte, las emisiones en simulcast (emisión simultánea de un canal de televisión a través de las frecuencias nueva y antigua) se van a mantener hasta el 30 de septiembre, con el fin de facilitar a los usuarios la adaptación de sus instalaciones para recibir las nuevas frecuencias planificadas.

Las tareas de liberación del Segundo Dividendo Digital que han de ejecutar los distintos agentes se deberán seguir realizando, en cualquier caso, siguiendo siempre las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias. En concreto, el personal técnico que realice actuaciones en los edificios y domicilios particulares deberá adoptar las medidas de prevención necesarias, como el distanciamiento social, la utilización de mascarillas y guantes desechables o soluciones desinfectantes.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

OBRAS PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA BORRASCA GLORIA EN DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras para paliar los daños ocasionados como consecuencia de la borrasca Gloria en diversas infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Segura, en las provincias de Murcia y Alicante, por un importe máximo de 3.935.000 euros.

Este temporal produjo daños en las infraestructuras del postrasvase Tajo - Segura que ya se habían visto afectadas también por la DANA de septiembre y cuya reparación no estaba totalmente completada. Estas obras permitirán la explotación normal de las infraestructuras con la suficiente garantía de estabilidad.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

En este día se recuerda en todo el mundo las revueltas de Stonewall que se produjeron en el año 1969 en Nueva York y que son consideradas como el inicio de la lucha moderna contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

Este año celebramos el Orgullo LGTBI en circunstancias muy especiales que sin duda van a transformar su forma pero no su esencia.

Una esencia que impulsó a España a ponerse a la cabeza de los avances internacionales en materia de derechos LGTBI cuando, hace ahora 15 años, se aprobó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un extraordinario logro colectivo cuyo aniversario no puede sino llenarnos de satisfacción.

Quince años de matrimonio igualitario que han sido posibles gracias a esa chispa de Stonewall que en España se reprodujo un año después. Porque en ese año, 1970, nació la primera organización LGTBI de nuestro país: el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), formado por un grupo de valientes que fusionaron la lucha contra la dictadura con la lucha contra la LGTBIfobia. Otro gran aniversario, pues, a celebrar: los 50 años de ese espíritu iniciático de rebeldía. Y es precisamente el espíritu de estas personas luchadoras por la igualdad el que debe impregnar el Orgullo LGTBI de este 2020.

En este período de reconstrucción en el que nos encontramos, este Gobierno es muy consciente de que nadie puede ni debe quedarse atrás, que es preciso que salgamos de esta crisis sin precedentes con un mayor refuerzo de los derechos fundamentales de todas las personas. Necesitamos a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos en plenitud de facultades y derechos para poder remontar, con las manos unidas, como un país más fuerte, justo y solidario.

Por ello, el Gobierno se compromete, de conformidad con el artículo 9.2 de la Constitución Española, a trabajar sin descanso para lograr la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Una igualdad real que engrandecerá nuestra democracia, que nos hará mejores como sociedad y que reforzará nuestro liderazgo internacional en la promoción y protección de los derechos humanos.

En ese compromiso está incluido el impulso legislativo que termine de cerrar las desigualdades legales que todavía perviven. Pero, además, en ese compromiso va también incorporado el desarrollo de medidas que permitan acabar con prejuicios, estereotipos, estigmas y discriminaciones invisibles o sutiles que llevan siglos incardinados en las estructuras institucionales, sociales e incluso en nuestros paradigmas de pensamiento.

Como muestra simbólica de este compromiso manifestamos el apoyo al Orgullo LGTBI 2020. Una celebración de las diferencias personales como riquezas irrenunciables. Una apuesta por el fin de las vergüenzas y oprobios que una parte de nuestra ciudadanía ha venido sufriendo tradicionalmente con base en su forma de ser, de expresarse o de amar.

Una declaración de principios del Gobierno de España que encuentra sus raíces en artículos fundamentales de la Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, además de en otros compromisos internacionales, como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El propio Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que dichos objetivos sólo se alcanzarán si los esfuerzos llegan a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género.

Invitamos, pues, a toda la ciudadanía a incorporar en su agenda personal esta gran celebración de la diversidad y la libertad de ser y vivir con dignidad y sin miedo. Y sirva también esta Declaración como homenaje a todas las personas que luchan en su día a día por conseguir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con los derechos humanos.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CANARIAS

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la convocatoria de ayudas "SolCan" para 2020, que destinará 20 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el archipiélago de las Islas Canarias.

Con "SolCan" se prevé la entrada en funcionamiento de 150 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma. El programa será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones.

Esta es la tercera convocatoria realizada en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, después de la convocatoria para tecnología eólica, también en Canarias (EolCan) y la convocatoria para tecnología solar fotovoltaica en Baleares (SolBaL), que en total suponen la movilización de 115 millones de euros en apoyo público, aproximadamente 620 millones de euros de inversión y la puesta en marcha de aproximadamente 650 MW renovables.

SINGULARIDAD DE LOS TERRITORIOS INSULARES

Debido a la insularidad, los sistemas eléctricos de territorios no peninsulares presentan singularidades que suponen una barrera para la integración de energías renovables, actualmente la fuente más barata de generación. A pesar de ellos, tanto Canarias como Illes Balears han avanzado en el despliegue de energías limpias con ejemplos ya emblemáticos para el sistema eléctrico español como la isla de El Hierro, que ha conseguido autobastecerse con renovables de forma puntual.

En Canarias, el porcentaje de producción renovable en 2019 se situó en torno al 16,4% frente al 38,6% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año. Por ello, y con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, resulta imprescindible la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2.

En concreto, la convocatoria -en la que el Gobierno de España ha contado con la colaboración del Ejecutivo canario y del sector energético presente en el archipiélago-, ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el IDAE podrá anticipar la totalidad de la ayuda concedida a los beneficiarios.

La convocatoria se realiza en línea con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (POCS) del programa FEDER, que establece como prioridad de inversión el fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables y, en particular, su desarrollo en los denominados Sistemas Eléctricos en Territorios No Peninsulares (SETNP).

Asuntos Económicos y Transformación Digital

APROBADO EL DESARROLLO DEL PILOTO PARA UNA APLICACIÓN MÓVIL DE NOTIFICACIÓN DE CONTACTOS DE RIESGO POR COVID-19

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al contrato para diseñar, desarrollar y evaluar una prueba piloto para una aplicación móvil que permita notificar a los contactos de un usuario el posible riesgo de contagio por COVID-19.

El objetivo es que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y en coordinación con el Servicio Canario de la Salud, ponga en marcha la próxima semana una prueba piloto de esta herramienta tecnológica en la isla canaria de La Gomera.

El piloto tiene como objetivo evaluar aspectos técnicos y de experiencia de uso del ciudadano, con el fin de optimizar el diseño de la aplicación y su grado de confianza. También servirá para calibrar el algoritmo de la app con el fin de garantizar la veracidad de las notificaciones.

Una vez concluida y evaluada la prueba piloto en un escenario real, se podrán tomar las decisiones oportunas para la conexión con el sistema de salud de las diferentes comunidades autónomas.

Esta herramienta tecnológica se suma a las medidas ya puestas en marcha por las autoridades sanitarias para seguir los contactos de los contagios de COVID-19 y que, junto a las medidas de prevención adoptadas, están contribuyendo al control de la pandemia.

El contrato aprobado en Consejo Ministros por el procedimiento de emergencia se ha suscrito con la empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L.U. por un importe de 330.537,52 euros, IVA incluido.

Iniciativas en la Unión Europea

Tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud reconocen la utilidad adicional de estas aplicaciones para detectar posibles rebrotes y ayudar así a romper la cadena de transmisión, favoreciendo la reactivación laboral, comercial y educativa de forma segura, siempre salvaguardando los principios de privacidad de la ciudadanía.

En este momento, la mayoría de países europeos se encuentran en fases similares del desarrollo de herramientas de alerta de contagios. Francia, Italia o Alemania las han lanzado en las últimas semanas.

España se sitúa como cuarto país del mundo en lanzar un piloto con la API de Apple/Google. De ellos, este será el primer piloto que se preocupa por la experiencia de usuario y el único que simula contagios, lo que permitirá recabar mejores datos.

En este sentido, los países que participan en los trabajos comunes a nivel europeo, entre los que España es miembro activo, han acordado la interoperabilidad de sus soluciones tecnológicas. Para ello, se ha aprobado una arquitectura de referencia para la interoperabilidad entre aplicaciones descentralizadas -como el piloto español- y se trabaja ya en hacer posible la interoperabilidad también entre los sistemas descentralizados y centralizados.

Cómo funciona esta tecnología

La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante un determinado periodo de tiempo, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, puedan enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se facilitarían instrucciones sobre cómo proceder.

Durante el piloto de esta herramienta se pondrá a prueba su experiencia de uso para validar que es comprensible y manejable para la ciudadanía. Además, se comprobará su funcionamiento a través de identificadores ficticios, con positivos y negativos generados, de forma que se pueda comprobar cómo funciona el sistema de notificaciones ajustando su umbral operativo para evitar que haya distorsiones en un futuro escenario real.

Privacidad

El desarrollo utiliza un modelo descentralizado, basado en el protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T), el más respetuoso con la privacidad del usuario. Esto implica que sólo se envían al servidor los identificadores cifrados que cada móvil emite, no los que recibe de otros terminales cercanos. Cada cierto tiempo los móviles descargan los nuevos identificadores de contagios confirmados para comparar con sus registros. Es decir, que el cotejo de datos y análisis de riesgo se lleva a cabo siempre en el móvil del usuario y no en un servidor, lo que garantiza la privacidad.

Esta aplicación cumple, por tanto, con todas las garantías fijadas por la normativa europea para salvaguardar la intimidad de la ciudadanía. Además, garantiza la proporcionalidad y minimiza el uso de datos personales. El uso de la aplicación será voluntario y enmarcado en los límites de la emergencia sanitaria, en estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea al respecto.

La Agencia Española de Protección de Datos ha participado en el proceso previo a la puesta en marcha de este piloto y participará también en la evaluación de los resultados para poder proponer mejoras que garanticen en todo momento la privacidad a los usuarios.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

ACUERDO CON GSMA PARA LA AMPLIACIÓN DEL MOBILE WORLD CONGRESS HASTA 2024

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Entidad Pública Empresarial Red.es a llegar a un acuerdo con GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress, para resolver las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. De esta forma se impulsa la celebración de las próximas ediciones y se amplía la celebración del evento hasta 2024.

La autorización, en forma de Real Decreto, permite resolver de forma transaccional los efectos de la suspensión del MWC. Por un lado, Groupe Special Mobile Association (GSMA) ofrece a la Administración General del Estado una tarifa muy reducida y en condiciones ventajosas para la edición del MWC de 2021 en compensación por los gastos a los que hubo que hacer frente en 2020 y se amplía el período de celebración del congreso en Barcelona un año más hasta 2024.

Por otro lado, la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que integra a las administraciones públicas e instituciones que respaldan la celebración del congreso, hará frente a sus compromisos financieros con GSMA en 2020. Esta aportación será devuelta en caso de que finalmente no pueda celebrarse la próxima edición en Barcelona en 2021.

El MWC tiene un importante impacto económico y social, y supone la mayor referencia a nivel mundial en el sector de la telefonía móvil. La edición de 2019 reunió a más de 109.000 visitantes de 198 países y contó con más de 2.400 compañías participantes, con un impacto económico estimado de unos 470 millones de euros y 13.000 empleos.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

AUTORIZADA LA MORATORIA A PAÍSES DE RENTA BAJA RELATIVA AL PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

El Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo por el que se autoriza la moratoria del pago del deudas contraídas a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y de la actividad del seguro a la exportación gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) por cuenta del Estado a países de renta baja.

Esta medida se enmarca en el acuerdo común alcanzado en abril de 2020 por los miembros del G20 y del Club de París, entre los que se encuentra España, con el fin de paliar las consecuencias económicas y sociales que la pandemia del COVID-19 estaba provocando en estos países.

Pueden acogerse a la moratoria los países que figuren en la lista del Banco Mundial de países con acceso a la financiación de la International Development Association o en la lista de Naciones Unidas sobre Países Menos Avanzados. Asimismo, para evitar situaciones de riesgo moral, deben encontrarse al corriente de pagos con el FMI y con el Banco Mundial y deben contar ya con un programa de apoyo financiero en vigor con el FMI o haber solicitado financiación de emergencia.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRATACIÓN MIXTA DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN EN LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS F.S.P. (FIIAPP)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación mixta de los servicios para la implantación en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP) y suministro de la plataforma digital para la formación y la asistencia técnica pública en remoto, por un importe estimado de 50.395,00 €, IVA incluido.

Mediante estos dos acuerdos, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se da cuenta al Consejo de Ministros de las declaraciones de emergencia acordadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la contratación por parte de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P (FIIAPP), de los servicios que se detallan a continuación:

  1. Servicios de asistencia técnica para el diseño e implantación de mejoras de control interno, gestión de riesgos, procedimientos, sistemas y organización en la FIIAPP, así como la formación específica en dichas materias, para garantizar el cumplimiento de los requisitos que exige la Comisión Europea (CE) en relación a su Pillar Assessment.

•La FIIAPP , como organización de un Estado Miembro, se acreditó en 2011 ante la Comisión Europea tras superar con éxito un proceso de revisión, auditoría y comprobación de sus sistemas de gestión y de control interno (Pillar Assessment). Ello supone que la CE desde entonces delega y confía directamente en FIIAPP la gestión de fondos para implementar proyectos de cooperación delegada.

•La aprobación del último Reglamento Financiero de la UE (2018), ha supuesto la revisión de la estructura de pilares, elevándose los niveles de exigencia requeridos. La FIIAPP debe superar de nuevo el Pillar Assessment y renovar su acreditación para poder seguir gestionando proyectos de cooperación delegada, estableciéndose como fecha límite para contar con el informe favorable del auditor antes de finalizar el año 2020.

•La renovación de la acreditación supone el principal desafío para la FIIAPP en este año 2020. La no renovación tendría consecuencias negativas no solo para la entidad, sino también para la cooperación española y europea: 1) pondría en riesgo la ejecución y los resultados de los programas ya en marcha, 2) impediría la obtención de nuevos fondos para regiones estratégicas como América Latina y el Magreb, 3) debilitaría la presencia española en foros como el Practitioner's Network, entre otros. Además de no ser re-acreditada, FIIAPP no podría ser un actor útil para la lucha global contra el COVID-19 a través del intercambio de experiencias entre países.

•Con objeto de preparar este proceso de acreditación, la FIIAPP ha realizado una evaluación interna que ha mostrado ciertas debilidades frente a los nuevos estándares de la Comisión (especialmente en los ámbitos de auditoria interna, control internos y sistemas IT). Para la subsanación de las mismas, se ha diseñado para los próximos meses, un plan de implantación urgente, que implica la contratación de servicios externos de apoyo.

•La justificación de la utilización del procedimiento de emergencia para contratar los servicios necesarios que permitan realizar los cambios internos requeridos para poder superar el proceso de acreditación ante la UE., se halla en el grave peligro que supondría para esta entidad la pérdida de la mayoría de su financiación, si no se renueva su acreditación, y que la auditoría de la UE sobre esos Pillar Assessment se realizará previsiblemente en el mes de octubre de 2020. Asimismo, cabe añadir los límites a la contratación pública impuestos por el Real Decreto de Estado de Alarma por el COVID-19.

•Como condiciones particulares de esta licitación, se señalan las siguientes:

Importe estimado: 544.500€ IVA incluido.

Duración: 12 meses.

Fecha de adjudicación: 30-04-2020.

Contratista: Deloitte Advisory.

Empresas invitadas: Ernst & Young; Deloitte Advisory; Price Waterhouse Coopers.

  1. Servicios y suministros para la implantación en la FIIAPP de una plataforma digital para la formación y la asistencia técnica pública en remoto.

•La segunda de estas licitaciones tiene por objeto los servicios y suministros para la implantación en la FIIAPP de una plataforma digital para la formación y la asistencia técnica pública en remoto.

•Mediante la contratación de la Plataforma Digital de formación se pretenden cubrir una serie de necesidades inaplazables surgidas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En este contexto, la FIIAPP considera prioritario potenciar su entorno digital integrando en la web una plataforma tecnológica que responda a las necesidades de la plantilla de aprendizaje virtual, y que a su vez responda a las demandas de Asistencia Técnica Pública (ATP) de los países e instituciones en el marco de los diversos programas.

•Se ha optado por la plataforma digital Moodle dado que se trata de un software de código libre y gratuito que se puede instalar en el servidor de FIIAPP y que no genera dependencias de un único proveedor. Si bien Moodle es una plataforma de aprendizaje, también se puede utilizar como un espacio de trabajo con otras instituciones por las diferentes funcionalidades que reúne como pueden ser los foros, los chats o las encuestas de satisfacción, y porque permite integrar otras aplicaciones a través de plugins como puede ser las aplicaciones de Office 365 o el servicio de webinar Zoom, cuyas licencias han de ser suministradas igualmente por el adjudicatario del contrato.

•La no realización de este contrato, implicaría un grave peligro para la entidad, así como para la supervivencia de muchos de los proyectos de cooperación desarrollados por FIIAPP. Por una parte, la mayoría de empleados de FIIAPP vería considerablemente reducida su actividad, por no tener conocimientos de herramientas para desarrollar su trabajo en modalidad no presencial. Por otra, el no tener una herramienta para poder reconvertir todas aquellas tareas que lo permitan a modalidad no presencial, implicaría la paralización de los múltiples proyectos de cooperación gestionados por FIIAPP, lo que significaría dejar a la entidad sin actividad, y a su vez lesionaría la viabilidad de dichos proyectos.

•Así mismo, si los proyectos quedaran paralizados, también se podría generar la necesidad de realizar ajustes de personal en la entidad, para ajustar la fuerza de trabajo a las necesidades existentes.

•Finalmente, si esta situación de pandemia global se prolongara en el tiempo, y los proyectos no pudieran reanudarse en modo presencial, con normalidad, habría un peligro para la continuidad de la entidad, ya que dejaría de ser un actor válido a nivel europeo e internacional para implementar proyectos de cooperación.

•Como condiciones particulares de esta licitación, se señalan las siguientes:

Importe estimado: 50.395 euros, IVA incluido.

Duración: 12 meses.

Fecha de adjudicación: 05-05-2020.

Contratista: Fresno Servicios Sociales S.L.

Empresas invitadas: Fresno Servicios Sociales S.L. Comunicación Online de Temas Sociales, S.L. (no presenta oferta). Neturity SL (no presenta oferta).

Asuntos Exteriores y Transformación Digital

CONCEDIDO DE UN PRÉSTAMO AL CENTRE FINANCIEUR AUX ENTREPRENEURS TUNISIE S.A., DE TÚNEZ

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo al Centre Financieur Aux Entrepreneurs Tunisie S.A., de Túnez, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 3.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este acuerdo se enmarca en lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y en el artículo 2.3.g) de la citada Ley 36/2010.

Esta operación tiene por objeto la concesión de un préstamo al Centre Financier Aux Entrepreneurs Tunisie S.A. (CFE) para financiar la expansión de su cartera, apoyando su proceso de consolidación que le permita ofrecer servicios financieros a la población no bancarizada, especialmente a la micro y pequeña empresa tunecina, con las siguientes condiciones:

-Tipo de operación: préstamo a entidades financieras.

-Entidad prestataria: Centre Financier Aux Entrepreneurs Tunisie S.A., de Túnez.

-Importe máximo: 3.000.000 de euros.

-Moneda de riesgo: euro.

-Plazo de amortización: 5 años.

-Periodo de carencia sobre el principal (comprendido en el plazo de amortización): 4 años.

-Tipo de interés: 3,40 % fijo anual.

El CFE es una sociedad anónima constituida en 2015 que pertenece a la red CFE del grupo canadiense Développement International Desjardins. El propósito del CFE es ampliar y mejorar el acceso a la financiación de las micro y pequeñas empresas tunecinas, con el fin de contribuir a un progreso sostenible y a la mejora de las condiciones de vida de la población tunecina más desfavorecida mediante el desarrollo del sector privado.

El objetivo de esta operación es colaborar a la expansión de la cartera de CFE apoyando su proceso de consolidación que le permita ofrecer servicios financieros a la población no bancarizada, especialmente a la micro y pequeña empresa tunecina.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANIZACIONES, PROGRAMAS Y FONDOS INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de contribuciones voluntarias a 32 organismos internacionales de la familia de las Naciones Unidas, pero también de ámbito regional como el Consejo de Europa, la OSCE o la CEDEAO. En este paquete, con cargo al presupuesto de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, se incluyen:

-850.000 euros a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La OACNUDH es la oficina principal de Naciones Unidas encargada de proteger y promover los derechos humanos en el mundo. Con esta contribución se quiere dar cumplimiento al compromiso de España con el sistema multilateral de promoción y protección de los derechos humanos, apoyando la importante labor que lleva a cabo la Oficina del ACNUDH, y consolidando el perfil de España en este ámbito.

-Otras contribuciones importantes son la destinada a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte puesto que la promoción de la abolición de la pena de muerte es una prioridad de la política exterior de España en materia de derechos humanos o al Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas (DPPA). También se han incluido contribuciones para financiar la formación de estudiantes africanos de países miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), misiones de observación electoral de la OSCE, apoyo a las tareas de desminado de la UNMAS en el Sáhara Occidental o al Fondo Fiduciario de Víctimas de la Corte Penal Internacional.

-Coincidiendo con el XV aniversario de la Conferencia de Barcelona, España realiza una contribución de 500.000 euros a la Unión por el Mediterráneo. Esta contribución responde a la prioridad política de la región del Mediterráneo y la relación de vecindad con los socios mediterráneos.

Este paquete se completa con contribuciones a organizaciones en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y de la seguridad y el desarme. En definitiva, se trata de un paquete con el que España quiere contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, a la cooperación para el desarrollo, el fomento de la no proliferación y el desarme y a la lucha contra el terrorismo.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL APOYO OPERACIONAL A AERONAVES

El Consejo de Ministros ha procedido a autorizar la celebración del acuerdo marco referenciado, por un valor estimado de 71.800.000,00 euros.

Desde el año 2005 el Ejército del Aire viene contando con la ayuda de un Acuerdo Marco de apoyo operacional para sus aeronaves, cuando éstas operan fuera de sus Bases o de Bases militares aliadas.

El objeto del presente acuerdo marco es establecer las condiciones generales por las que se regirán todos los contratos que se deriven del mismo, cuyo objeto sea el servicio necesario para el apoyo operacional a las aeronaves del Ministerio de Defensa, cuando éstas operan fuera de sus Bases o de Bases militares aliadas, es decir, cuando dichas aeronaves necesitan operar en aeropuertos civiles, tanto nacionales como extranjeros.

El Ejército del Aire es el usuario mayoritario de las prestaciones, no obstante se incorporan al Acuerdo Marco el Ejército de Tierra, la Armada y Guardia Civil, con el fin de facilitarles el apoyo operacional en aeropuertos civiles en el desarrollo de sus misiones.

Defensa

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ELECTRÓNICA DE REDES DEPENDIENTES DEL CENTRO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CESTIC)

El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de la declaración de emergencia para dar continuidad al contrato de "Servicios de mantenimiento del equipamiento de electrónica de redes", dependientes del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa, que abarca la gestión y explotación de la Plataforma informática de las Telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), por un importe de 104.192,00 euros.

Los servicios de mantenimiento afectan a múltiples plataformas informáticas, tanto hardware como software, que a su vez incluyen diversos entornos tecnológicos clasificados, como Sistema de Videoconferencia segura, y redes de comunicaciones de los entornos de la OTAN (NATO SECRET) y la Unión Europea (EU OPS WAN), incluyéndose también los sistemas clasificados de Mando y Control Militar del Estado Mayor de la Defensa.

Defensa

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y OTRO EQUIPAMIENTO HARDWARE DEPENDIENTES DEL CENTRO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CESTIC)

El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de la declaración de emergencia para dar continuidad al contrato de "Servicios de mantenimiento de los servidores y otro equipamiento hardware", dependientes del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa, por un importe de 464.022,00 euros.

Los servicios de mantenimiento objeto del contrato afectan a una multiplicidad de sistemas informáticos básicos de Unidades, Centros, Organismos y emplazamientos dependientes del Ministerio de Defensa, tanto en territorio nacional como en el exterior y en particular, afecta a los sistemas informáticos utilizados por los contingentes desplazados en operaciones en el exterior.

Defensa

AUTORIZADA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PARA EL PRIMER TRAMO DE PRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS (VCR) 8X8.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del "Primer tramo de producción del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8", por un valor estimado de 2.083.275.262,81 euros. Los Vehículos de Combate blindados sobre Ruedas (VCR) pertenecen a una familia de vehículos de peso medio, polivalente, versátil y adaptable, con capacidad de protección, fuego y movilidad, que permite el despliegue rápido en cualquier Zona de Operaciones. Los vehículos incluirán sus respectivos componentes del sistema de misión, armamento, nivel de protección, sensores, comunicaciones y sistemas de mando y control, así como sus productos de apoyo logístico.

El contrato comprende la fabricación de 348 VCR 8x8, que serán entregados progresivamente conforme a un calendario de entregas distribuido en 10 anualidades, hasta el año 2030. Los vehículos serán fabricados en diferentes configuraciones, que permitirán adaptarse a los diferentes entornos operativos. El programa permitirá sustituir a vehículos que tienen su ciclo de vida ampliamente superado y con una menor protección a las tripulaciones, como son los Blindados Medios sobre Ruedas (BMR) y los Vehículos de Exploración de Caballería (VEC), mejorando la capacidad de defensa autónoma.

Asimismo, la incorporación de estos vehículos permitirá avanzar decididamente en la convergencia con los objetivos de defensa establecidos por la OTAN y recomendados por el Parlamento Europeo, como parte de un necesario reparto de responsabilidades, esfuerzos económicos y recursos demandados entre los aliados, asegurando la sostenibilidad de un entorno regional de paz y seguridad cooperativa, ayudando a prevenir conflictos y contener las amenazas emergentes mediante la proyección de estabilidad, particularmente en las áreas de interés para España.

Un aspecto muy relevante del programa 8x8 será su impacto sobre la Industria, ya que en su ejecución se pretende alcanzar, e incluso superar, el 70% de participación de la industria nacional, incrementando con ello el principio de soberanía en la adquisición. Se pretende con ello mantener una base tecnológica e industrial avanzada en el ámbito del equipamiento de Defensa, para lo cual, este programa dará continuidad a las inversiones realizadas en los programas "Leopardo" y "Pizarro", y con ello, desarrollar un producto propio. Asimismo, el programa permitirá evolucionar equipos y sistemas ya operativos en las Fuerzas Armadas, estableciendo una base industrial que de soporte continuado a futuras necesidades operativas.

Defensa

DECLARACIONES DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19

El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de tres declaraciones de emergencia, por un importe total de 486.037,56 euros.

Las dos primeras tienen por objeto la adquisición de material de desinfección y sanitario para la realización de test al personal que va a ser desplegado en diferentes Zonas de Operaciones, así como la adquisición de equipos de electromedicina para ayudar a la detección del personal afectado por Covid-19.

La tercera declaración se refiere a la contratación de un servicio técnico para la adopción de medidas urgentes a aplicar sobre los sistemas de información del ISFAS que permitan, entre otras, las siguientes prestaciones: la prescripción no presencial de los medicamentos, la generación de recetas y la comunicación y gestión de incidencias, basado en servicios web.

Hacienda

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE CULTURA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CON EL MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EEE

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar el uso del Fondo de Contingencia por importe de 1.201.844 euros y la concesión de un crédito extraordinario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Memorando de Acuerdo sobre la Aplicación del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo EEE 2009-2014, en relación con el Programa ES05, Conservación y revitalización del patrimonio cultural y natural.

Se atiende así la solicitud hecha por el Ministerio de Cultura y Deporte que, como operador del Programa ES05, tiene pendiente dicha liquidación y en la presente situación de prórroga presupuestaria no cuenta con ninguna aplicación presupuestaria adecuada para afrontar dicho gasto, por lo que es necesaria la aplicación del Fondo de Contingencia de conformidad con la Ley General Presupuestaria.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A MADRID A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 1.617 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

El Gobierno ha autorizado a la Comunidad de Madrid para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 297 millones de euros. Esta cantidad va destinada a cubrir desviaciones del objetivo de déficit del ejercicio 2019 pendientes de financiar.

Asimismo, esta comunidad ha solicitado autorización para renovar operaciones de financiación a corto plazo de la Administración General, con el objetivo de cubrir sus desfases transitorios de tesorería, por importe de 1.300 millones de euros, y para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender las necesidades de financiación a corto plazo de la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., por importe de 20 millones de euros.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CATALUÑA A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.780.562.300 euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por la Administración de la Generalitat y por las entidades dependientes del sector público de la Comunidad Autónoma, con vencimiento en el periodo de junio a julio del año 2020.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Interior

REAL DECRETO RELATIVO A LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN CASO DE EMERGENCIA NUCLEAR O RADIOLÓGICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica. Establece las normas y procedimientos de información sobre medidas de prevención y protección aplicables, junto con otro tipo de información relevante, que se debe suministrar a la población en caso de una emergencia nuclear o radiológica.

El Real Decreto, aprobado a propuesta de los ministerios de Interior y Sanidad, incorpora parcialmente al ordenamiento interno la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.

Además, da cumplimiento al artículo 6 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé que todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, de las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y de las conductas que deban seguir para prevenirlos.

El Real Decreto establece la información que se debe suministrar a:

- la población que pueda resultar afectada.

- la población que resulte efectivamente afectada.

- el personal de intervención de los planes de Protección Civil ante este tipo de riesgos.

- y la Unión Europea, sus Estados miembros, terceros países, y otras organizaciones internacionales que pudieran resultar afectadas.

También destaca que esta información se comunicará sin necesidad de que sea solicitada.

El Real Decreto indica expresamente que todos los planes deberán contener programas de información y comunicación preventiva y de alerta a la población, así como garantizar su difusión a los colectivos más vulnerables y la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AUTORIZADAS LAS OBRAS DE LA RED DE RIEGO EN EL SECTOR XX DE LA SUBZONA DE PAYUELOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para encargar a Tragsa la ejecución de las obras de regadío en el sector XX de la subzona de Payuelos (León y Valladolid)

El Consejo de Ministros ha aprobado encargar a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) la ejecución de las obras del "Proyecto actualizado de estación de bombeo y red de riego del sector XX de la subzona de Payuelos, en la zona regable del embalse de Riaño, primera fase (León y Valladolid)".

Las obras, que afectarán a una superficie total de 5.203 hectáreas, de las que 1.830 hectáreas se consideran regables, contarán con un presupuesto de 19.734.265 euros.

Este proyecto beneficiará a 504 regantes en los términos municipales de Izagre y Joarilla de las Matas en la provincia de León y Monasterio de Vega, Saelices de Mayorga y Mayorga en la provincia de Valladolid. Unas zonas donde se cultiva principalmente maíz, cebada, avena, trigo, forrajeras, leguminosas y alfalfa.

El sector XX se alimenta del Canal Bajo de Los Payuelos, concretamente desde la Balsa B2. La estación de bombeo de este sector toma el agua desde una tubería que arranca en dicha balsa y alimenta con agua filtrada a los sectores XVII y XX. El proyecto incluye la ejecución de la obra de toma en la tubería de alimentación desde la Balsa B2 a los sectores XVII y XX, la red de distribución de riego, con aproximadamente 50.400 m de longitud total, la estación de bombeo, instalación eléctrica en alta y baja tensión, sistema de control automatizado, medidas protectoras y obras de corrección del impacto ambiental.

La ejecución de estas obras se llevará a cabo en base a las directrices y características técnicas que figuran en el Plan Coordinado y en la declaración de impacto ambiental de la zona, así como de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Duero.

Política Territorial y Función Pública

DESIGNADOS LOS REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN LAS COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN CON CANARIAS, ILLES BALEARS, NAVARRA Y EXTREMADURA

El Consejo de Ministros ha aprobado la designación de los representantes de la Administración General del Estado en las comisiones bilaterales de cooperación con las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears, Navarra y Extremadura.

Estas comisiones bilaterales están reguladas actualmente en el artículo 153 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y previstas en los respectivos estatutos de autonomía de esas comunidades.

Se ha consensuado con estas cuatro comunidades autónomas que el número de miembros de cada una de las representaciones sea de siete, de manera que se fije un régimen homogéneo de representación en todas ellas.

Los representantes por parte del Estado son las personas titulares de los siguientes órganos:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ejerce la Presidencia de la representación de la Administración General del Estado

Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública

Secretaría de Estado de Hacienda

Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales

Secretaría General de Coordinación Territorial

Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente

Un miembro más, titular de un órgano con rango de Secretaría de Estado o de Subsecretaría, en función de los temas a tratar.

La Secretaría de la Comisión por parte de la representación de la Administración General del Estado se ejercerá por la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Política Territorial y Función Pública

AUTORIZADAS CONSULTAS POPULARES EN TRES MUNICIPIOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de tres consultas populares en tres municipios, que cuentan con los informes y comprobaciones requeridas y cumplen con los requisitos recogidos en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Consultas populares autorizadas:

-Autorización al Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) a realizar una consulta popular relativa a si se está de acuerdo con que la celebración de la feria y fiestas de julio se traslade a la zona de las inmediaciones del campo de fútbol.

-Autorización al Ayuntamiento de Durango (Bizkaia) a realizar una consulta popular relativa a si se está a favor de paralizar el PROYECTO PERI 1 FERROCARRIL y poner en marcha una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana.

-Autorización al Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) a realizar una consulta popular relativa a las actuaciones que debe realizar el Ayuntamiento en relación a los actuales contenedores soterrados.

Sanidad

CONTRATOS DE EMERGENCIA PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO

El Consejo de Ministros ha tomado de razón de cinco acuerdos de tramitación de emergencia llevados a cabo para reforzar las necesidades de adquisición de material sanitario por parte de las comunidades autónomas para el abordaje del COVID-19.

En concreto, se han adquirido 2.127 kits de PCR (de 100 test cada kit), por un importe de 1.142.709,48 euros. También se han comprado 5.000 equipos de respiración pulmonar portátiles, con una cuantía de 36.054.007 euros. Además, se han adquirido 700.000 unidades de hisopos con medio de transporte, por 5.124.350 euros.

Un cuarto acuerdo se ha destinado a la contratación de los servicios de recepción, almacenaje y distribución de material sanitario y de protección, por un importe máximo de 500.000 euros. Finalmente, se ha contratado la prestación de los servicios de transporte aéreo de mercancías de Shangai a Madrid, por una cuantía máxima de 4.300.000 euros.

El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, señala que "a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al coronavirus, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia".

La financiación de estos contratos de suministro ha corrido a cargo del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros concedido al Ministerio de Sanidad con cargo al Fondo de Contingencia.

Los cinco acuerdos presentados al Gobierno se han llevado a cabo para proteger la salud pública y seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.

La expansión del COVID-19, que desembocó en la declaración del Estado de Alarma, obligó al Estado a adoptar medidas excepcionales. El incremento de la demanda de material de protección a nivel mundial desbordó la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Para garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hizo necesaria la formalización inmediata de contratos con las empresas comercializadoras.

De esta manera se han podido abordar las necesidades más urgentes y prioritarias de protección de los profesionales sanitarios que trabajan con los pacientes, de otros profesionales que están en contacto con los mismos y de los pacientes. Además, se ha podido disponer de kits de diagnóstico para detectar la infección de forma fiable.

Ciencia e Innovación

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA EL LABORATORIO DE NIVEL 3 DE CONTENCIÓN BIOLÓGICA (NCB3), CON CARGO AL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL SARS-COV2"

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la adquisición de un equipo de esterilización para el laboratorio de nivel 3 de contención biológica (NCB3) al Centro Nacional de Biotecnología (CNB), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La esterilización es clave desde el punto de vista de Bioseguridad y el laboratorio NCB3 del CNB trabaja de forma intensiva con el virus SARS-CoV- 2, productor de la enfermedad COVID-19. Debido a las características de riesgo de dicho virus, a su transmisibilidad y a su persistencia en el medio ambiente y en la superficie de diferentes materiales, es necesaria la esterilización periódica de área, la esterilización de todos los materiales que salgan del laboratorio, siendo necesario que estos procesos sean fiables y validables. Para una adecuada esterilización es preciso, además de adquirir el equipo esterilizador, efectuar la compra del material fungible adaptado al equipo y contratar los servicios técnicos necesarios para que se pueda implantar en el laboratorio NCB3 del CNB la nueva tecnología de esterilización que es muy fiable y reproducible, pero cuya ejecución es compleja.

Son varios los grupos de investigación del CNB que están desarrollando actualmente actividades de investigación relacionadas directamente con SARS-CoV-2 en el laboratorio de alta seguridad biológica NCB3 del CNB: vacunas (L. Enjuanes, M. Esteban), antivirales (Pablo Gastaminza, UrtziGaraigorta y Cristina Risco), caracterización de sueros de casos positivos (Fernando Corrales) y procesos de desinfección y de esterilización (Fernando Usera). Así mismo, se utilizará para la esterilización de diferentes áreas del Animalario del CNB, involucrado en la investigación.

Por todo lo expuesto, se considera urgente la adquisición de un generador de ozono en fase gaseosa por importe aproximado de 77.000 euros.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Islámica de Irán

D. LUIS FELIPE FERNÁNDEZ DE LA PEÑA

Licenciado en Ciencias Políticas, ingresó en la Carrera Diplomática en 1979. Entre 2012 y 2016 trabajó como Director General para Europa y Asia Central del Servicio Europeo de Acción Exterior. Con anterioridad había sido Embajador de España en la Federación de Rusia, con acreditación en Belarús, Armenia, Turkmenistán y Uzbekistán, Embajador en Turquía y Azerbaiyán, Embajador en Eslovenia y Embajador en Croacia.

Entre 2008 y 2011 fue Director General para Europa y América del Norte, y Director General para América del Norte, Asia y Pacífico. Previamente había estado destinado en la República Federal de Alemania, siendo después Jefe de Gabinete del Secretario General de Política Exterior, y Director General Adjunto de Política.

En la actualidad estaba destinado como Cónsul General en Lisboa.

Embajador de España en la República de Guatemala

D. JOSÉ MARÍA LAVIÑA RODRÍGUEZ

Licenciado en Derecho por ICADE, en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia (Sección Historia) por la UNED. Se incorporó a la Carrera Diplomática de España en 1990.

En los servicios centrales del Ministerio, ha sido Consejero Técnico de asuntos de la UE, Vocal asesor en el gabinete del Ministro, Asesor en la Unidad de Coordinación del Consejo de Seguridad de la ONU y subdirector general de Europa Oriental y Asia Central.

Ha trabajado en las embajadas de España en Lagos, El Cairo y México; en el Consulado General de España en Caracas, y en la Representación Permanente ante la Unión Europea.

Actualmente era subdirector general de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Embajador de España en el Estado de Kuwait

D. MIGUEL JOSÉ MORO AGUILAR

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Derecho Francés por la Universidad de París XI. Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha realizado el Curso de Defensa Nacional en CESEDEN

En su experiencia profesional ha ejercido de Jefe del Servicio de Asuntos Parlamentarios en el Gabinete del Ministro (2000-2001). Ha estado destinado en el Consulado General de España en Moscú (2000). En la Embajada de España en Bagdad ha ejercido la Segunda Jefatura (2001-2003). Ha sido Consejero en la Embajada de España en Lisboa (2003-2006). Ha ejercido la Segunda Jefatura, en la Embajada de España en Panamá (2006-2010).

Asimismo, ha sido Subdirector General de Oriente Próximo (2010-2014) y ejercido Segunda Jefatura, Embajada de España en Tel Aviv, (2014-2017)

Actualmente, desde 2017, ejercía laSegunda Jefatura en Embajada de España en Hanoi.

Embajador de España en la República del Perú

D.ALEJANDRO ENRIQUE ALVARGONZÁLEZ SAN MARTÍN.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1987.

En España, ha ejercido los siguientes puestos: jefe del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad, subdirector general de Asia para Asuntos Políticos, subdirector general de Relaciones Económicas con Países en Vías de Desarrollo. Asimismo, ha sido secretario general de Política de Defensa.

Por su parte, en el exterior, ha estado destinado en las Embajadas de España en Honduras, Egipto y Cuba. Asimismo ha sido cónsul en Ginebra y cónsul General en Nápoles y Shanghai y Embajador de España en Bosnia Herzegovina y secretario general adjunto de la OTAN para Asuntos Políticos y Política de Seguridad.

Embajadora de España en la República de Senegal

Dª OLGA CABARGA GÓMEZ

Ingresó en la Carrera Diplomática en 1992. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática (1989). Ha realizado el XI Programa de Liderazgo y Gestión Pública en el IESE, Madrid, en 2014-15.

Se desempeñó como Secretaria de Embajada en la Embajada de España en El Salvador (1996-1999) y como Consejera Cultural en la Embajada de España en Lima, en los periodos 1999-2002, 2006-2010 y 2015-2018.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación ha sido Jefe de servicio de Centroamérica y Caribe, Jefe de área de México, Centroamérica y Países del Caribe y Jefe de área de Rusia y Oriente Europeo. Asimismo ha sido Subdirectora General Adjunta de Cooperación Multilateral y Horizontal en la AECID.

Ha sido Embajadora de España en la República de Ghana y en la República de Togo, en el periodo 2010-2013. Posteriormente, ocupó el cargo de Embajadora en Misión Especial para la Alianza del Pacífico.

Actualmente, es la Segunda Jefatura en la Embajada de España en Dinamarca.

Embajador de España en la República de Turquía

D. FRANCISCO JAVIER HERGUETA GARNICA.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1986

Ha estado destinado como Segunda Jefatura en las Embajadas de España en Malta, Hungría (Secretario), Croacia, Yugoeslavia, Cuba, Serbia y Montenegro.

Fue Observador Diplomático en la Misión CE de Observación del Alto el Fuego en Yugoeslavia (1992). Y jefe de la Delegación española en la citada Misión.

Consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas (1997) y Director del Instituto Cervantes de Belgrado (2003). Ha sido subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales con Europa y países OCDE (2004).

Asimismo, ha sido Embajador de España en la República de Yemen (2010) y en la República Democrática del Congo (2014).

En la actualidad, desde 2017 era el director general de Casa Mediterráneo.

Defensa

La Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco

D. ÁNGEL OLIVARES RAMÍREZ

Ha sido concejal en Burgos (1987), gobernador civil de Ávila (1988-1990). Desempeñó el cargo de Delegado del Gobierno en Extremadura y Gobernador Civil de Badajoz entre 1990 y 1993.

En 1994 fue nombrado Director General de la Policía y en 1999 fue elegido alcalde de Burgos, cargo que desempeñó hasta 2003. Tras la finalización de su mandato, continuó siendo concejal hasta 2001.

Desde 2018, venía desempeñando el cargo de Secretario de Estado de Defensa.

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