Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia del Gobierno

• REAL DECRETO por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
• REAL DECRETO por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
• REAL DECRETO por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020.
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2020.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato para la puesta en marcha de la instalación de oxígeno y vacío en el Centro de Referencia Estatal para personas con discapacidades neurológicas, CREDINE, en Langreo, Asturias, por importe máximo de 16.286,60 euros, IVA incluido.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de asistencia técnica, asesoramiento y apoyo para desarrollar un punto central de coordinación, evaluación y seguimiento de propuestas tecnológicas relacionadas con el COVID-19, por un importe de 18.029 euros (IVA incluido).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de mantenimiento, soporte y gestión de la aplicación Asistencia COVID-19 durante 5 meses, por un importe de 199.771 euros, IVA incluido.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho convenio.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de transporte aéreo para la repatriación de españoles por un importe estimado de 3.306.459,29 euros.

Defensa

• ACUERDO por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el Ministerio de Defensa, para hacer frente a la situación generada por el COVID-19, por un importe total de 1.163.836,17 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la rehabilitación del baluarte número IX de la muralla de Carlos III (Arsenal de Cartagena), por un importe de 233.841,12 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para dar continuidad a los servicios de comunicaciones y de operación para el Nodo de interconexión del Ministerio de Defensa, por un importe de 482.413,01 euros.

Hacienda

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro para la renovación del sistema de climatización del Centro de Proceso de Datos (CPD) de respaldo de la Agencia Tributaria, situado en la Avda. de América 117 de Madrid, por un importe de 363.802,63 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 433.000.000 de euros.
  
• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la Dirección General de la Guardia Civil, para llevar a cabo contratos relativos al arrendamiento de 1.000 vehículos, al alquiler de un terreno y al pago de un canon por la cesión de unas dependencias municipales.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana atender diversos expedientes de gasto en la aplicación presupuestaria 17.01.451N.6 "Inversiones reales".
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General del Agua la licitación de contratos de inversiones, reajuste de anualidades y revisiones de precios.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar la modificación del marco de prestación del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U.

Interior

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de licencias de acceso remoto Pulse Secure (VPN), para la Dirección General de Tráfico con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 51.564,85 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material para realización de videoconferencias para la Dirección General de Tráfico, con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 33.677,46 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de la cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil de Algorta (Vizcaya), por importe de 693.188,31 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de cubiertas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Burguete (Navarra), por importe de 192.874 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de los balcones y fachadas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Badía del Vallés (Barcelona), así como de su ampliación presupuestaria, por importe total de 1.463.485,32 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, por importe de 199.867,80 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de varios inmuebles ubicados en el complejo del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid), por importe de 621.919,31 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de los acuartelamientos de la Guardia Civil de Calpe, de Denia, de Jávea y de Monóvar (Alicante), por importe de 464.482,70 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de los acuartelamientos de la Guardia Civil de Almoradí y Altea (Alicante), por importe de 295.849,84 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de daños en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Irún (Guipúzcoa), por importe de 250.149,35 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para subsanar los graves daños en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Inchaurrondo-San Sebastián (Guipúzcoa), por importe de 791.853,04 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para realizar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la fabricación de los permisos de conducción, de circulación de vehículos y de la autorización ADR, por importe de 57.950.000 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de los servicios de alquiler de vehículos en la Dirección General de Conservación y Mantenimiento por afección del COVID-19 para personal TES (Trabajadores Especialmente Sensibles), por un importe estimado de 342.900 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de mascarillas sanitarias para protección de trabajadores por COVID-19 en ADIF, por un importe estimado de 63.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de geles antisépticos para la limpieza e higiene de manos como consecuencia de la emergencia declarada por el COVID-19, por un importe estimado de 14.998,40 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de gel hidroalcohólico higienizante para protección de trabajadores por COVID-19, por un importe estimado de 203.200 euros (IVA no incluido).
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de gel hidroalcohólico higienizante como consecuencia de la emergencia declarada por el COVID-19, por un importe estimado de 117.260 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la tercera ampliación o prórroga para la prestación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca - Menorca y Palma de Mallorca - Ibiza durante la tercera prolongación del estado de alarma declarado con motivo del COVID-19, por importe de 149.072 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ampliación o prórroga de actuaciones para la prestación del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del archipiélago canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19, por importe de 500.000 euros.

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato para la adquisición de 100 licencias del paquete informático Microsoft Office 2019 Standard con la finalidad de dotar al personal del Fondo de Garantía Salarial, por importe máximo de 38.090,80 euros, IVA incluido.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), para la ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios del proyecto de modernización de la refinería de Talara (PMRT) en Perú por importe de hasta 285.000.000 de dólares estadounidenses.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.
• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.
• REAL DECRETO por el que se modifican diversos reales decretos en materia de control y certificación de plantas de vivero y otros materiales de reproducción.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del encargo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), para la ejecución de las obras del proyecto actualizado de estación de bombeo y red de riego del Sector XV de la subzona de Payuelos. Zona regable del embalse de Riaño, primera fase (León y Valladolid), por un importe de 12.810.367,13 euros.

Política Territorial y Función Pública

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la financiación de los gastos de funcionamiento de su actividad.

Ciencia e Innovación

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Real Academia Española y a la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española para la financiación de gastos de funcionamiento de su actividad.

Igualdad

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de equipos de comunicaciones para la flota de buques del Instituto Social de la Marina, por importe de 148.215 euros, exento de IVA.
• ACUERDO por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia para la contratación del suministro de material de protección sanitaria por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona, por un importe total de 240.967,77 euros, IVA incluido.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se nombra subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Dª MARÍA CELSA NUÑO GARCIA.

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ASUNTOS GENERALES

Presidencia del Gobierno

LUTO OFICIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado, la declaración de luto oficial en todo el país, desde las 00:00 horas del miércoles, 27 de mayo de 2020, hasta las 00:00 horas del día 6 de junio de 2020.

Durante este periodo de diez días de luto oficial, el más largo de la historia democrática española, la bandera nacional ondeará a media asta en el exterior, y con un crespón en la moharra del mástil en el interior, en todos los edificios públicos y buques de la Armada.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

• Aumenta a cuatro meses el periodo de aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos sin intereses.
• Se aprueba un préstamo de 16.500 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 14.000 millones.
• Se amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el virus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de accidente de trabajo.
• Se prorroga tres meses la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y se facilita un permiso de trabajo de dos años a jóvenes extranjeros empleados en el campo.
• Se levanta la suspensión de la portabilidad telefónica y se facilita un procedimiento para el abono de los impagos a las operadoras.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que reúne medidas urgentes en diversos ámbitos de la lucha de nuestro país contra el COVID-19. Por un lado se extienden algunas de las ya decretadas anteriormente, como las del ámbito agrario, y por otro se añaden nuevas decisiones en el terreno laboral, económico y tributario, con el fin de aliviar el impacto de la crisis en el tejido productivo español y reforzar la protección de los colectivos más expuestos en esta crisis, como lo son los sanitarios.

Aplazamiento de obligaciones tributarias

Para evitar tensiones de tesorería y así dotar de liquidez a pymes y autónomos, se incluyen varias medidas tributarias en el Real Decreto-ley, entre las que destaca el aumento de tres a cuatro meses el periodo en que éstos pueden aplazar el pago de sus obligaciones tributarias sin abonar intereses. En total, el aplazamiento podría alcanzar los seis meses, lo que implica que más de la mitad del periodo de aplazamiento no soportaría ningún recargo para esos contribuyentes.

De esa forma se profundiza en una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el COVID-19 cuando el pasado 12 de marzo -antes de que se aprobara el Estado de Alarma- se estableció la posibilidad de que pymes y autónomos pudieran aplazar estos pagos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.

Por otra parte, el Decreto introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, permitiendo que aquellas sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de este Impuesto, puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese momento. También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido aprobar.

Otra medida recogida en el Decreto permite retrasar excepcionalmente en 2020, hasta septiembre, la publicación de la denominada lista de deudores de la Agencia Tributaria para que puedan resolverse con todas las garantías los procedimientos establecidos teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria.

Recursos para la Seguridad Social

El Decreto aprobado hoy también incluye importantes medidas para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 en las cuentas de la Seguridad Social, dotándola de recursos ante la previsible reducción de los ingresos del sistema respecto a las previsiones iniciales.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social, por un importe de 16.500 millones de euros, con el objetivo de lograr una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social.

También se ha aprobado un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 14.002 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, sobre todo con los ERTEs aprobados y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos para reducir los efectos de la pandemia en el empleo.

También se incluyen dos suplementos de crédito motivados por la doble prórroga presupuestaria de 99 y 272 millones de euros, para completar prestaciones no contributivas y a la prestación por hijo a cargo, respectivamente.

Empleo agrario

En el ámbito agrario, el Real Decreto-ley prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 las medidas extraordinarias para promover el empleo temporal agrario, contempladas en el Real Decreto-ley del pasado 7 de abril, que establecía su vigencia hasta el 30 de junio. Con esta prórroga de tres meses, que cubre hasta el fin de varias campañas de mayor actividad como la fruta de hueso o los cultivos de verano, se garantiza la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos, ante las limitaciones sanitarias a los viajes de trabajadores de otros países que realizan labores agrarias como temporeros, como consecuencia de la COVID-19.

En este mismo ámbito, y en lo relativo a los jóvenes extranjeros en situación regular con autorización de residencia no lucrativa que se acogieron al Real Decreto-ley 13/2020, se incluye una disposición adicional que permitirá que tras la finalización de la vigencia de su permiso de trabajo actual, puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo.

Ésta tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y será válida en todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad, todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con ésta u otras autorizaciones de las que haya sido titular.

Mayor cobertura al personal sanitario

Este Real Decreto-ley amplía la cobertura al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios. Se reconoce así que las prestaciones a este colectivo, cuando haya contraído la COVID-19 se considerarán derivas de accidente de trabajo y, en los casos de fallecimiento, se entenderá también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se produzca en los cinco años siguientes al contagio.

Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas de accidente de trabajo a efectos de incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, lo que supone una mayor cobertura para los casos en que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores.

Telecomunicaciones

En el ámbito de las telecomunicaciones, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la eliminación de las limitaciones a los usuarios para cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como portabilidad, una restricción cuyo objetivo, al inicio de esta pandemia, era contribuir a hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, limitando los desplazamientos físicos, tanto del usuario como de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones.

Una vez que todo el territorio nacional está ya en Fase 1 o Fase 2, la eliminación de las restricciones a la portabilidad permitirá que el mercado de las telecomunicaciones recupere su dinamismo y plena operatividad y, al mismo tiempo, se restablezca la capacidad de la ciudadanía de elegir los servicios que mejor se adapten a sus necesidades.

Una vez entre en vigor el Real Decreto-ley aprobado hoy, quedará derogado el artículo 20 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y solo permanece la obligación extraordinaria para los operadores de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios esenciales, hasta que se dé por finalizado el Estado de Alarma, incluso en el caso de abonados que no hubieran procedido al pago. Por este motivo, las medidas aprobadas hoy incluyen un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un modo flexible.

Defensa

PROVISIÓN DE PLAZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA ESCALA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros ha aprobado la provisión anual de plazas para acceso a los centros de formación de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil conforme a la siguiente distribución:

TOTAL PLAZAS: 1.857 (43 plazas más que en 2019):

- ACCESO DIRECTO: 792 plazas

• 570 son para el acceso a las escalas de oficiales.
• 207 para acceder a las escalas de suboficiales.
• 15 para militar de complemento a las escalas de oficiales.

- PROMOCIÓN INTERNA: 1.065 (se incrementa en 45 plazas respecto a 2019).

• El 57% del total de la oferta de plazas de 2020 es para promoción interna de militares de tropa y marinería, suboficiales y militares de complemento.
• El 90,5% de la promoción interna (964 plazas) se reserva para que los militares de Tropa y Marinería puedan acceder a militares de carrera (escala de oficiales y suboficiales).

- Se ofertan 700 plazas (300 plazas más que en 2019) para que militares de tropa y marinería accedan a una relación de servicios de carácter permanente desde el compromiso temporal. Con previsión de aumentarlas en los próximos años.

- También se ofertan 72 plazas para que militares de complemento accedan a una relación de servicios de carácter permanente.

- Se incluyen 200 para acceso a la condición de reservista voluntario (50 más que en 2019).

- En el Cuerpo Militar de Sanidad para acceso directo se ofertan 117 plazas:

• 65 plazas en Medicina (un incremento de 30 plazas respecto a 2019):
  • 25 plazas de Acceso directo sin titulación.
  • 40 plazas de Acceso directo con titulación (30 más que 2019)
• 33 plazas Enfermería (5 más que en 2019):
• 7 plazas para Farmacia
• 5 plazas de Veterinaria.
• 2 plazas Odontología.
• 5 plazas Psicología.

Industria, Comercio y Turismo

MODIFICADAS DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto en el que se derogan y modifican diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial en España. En este sentido, el Real Decreto deroga varias disposiciones que establecían la homologación de determinados productos industriales o que se refieren a materias que han pasado a quedar reguladas por reglamentos europeos, y que requieren una derogación expresa. Asimismo, se procede a modificar otras disposiciones con objeto de adaptar y mejorar el marco normativo actual en materia de seguridad industrial.

Entre las modificaciones destacan la eliminación del contraste de la placa-distintivo de los talleres de reparación de vehículos y la modificación de los reglamentos de seguridad electrotécnicos de baja tensión, alta tensión y líneas de alta tensión. Además, se amplían los esquemas de instalaciones de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.

También se modifica el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, adaptándolos a los nuevos combustibles gaseosos para automoción. Finalmente, se modifican el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas con objeto de adaptarlos al Reglamento del Registro Integrado Industrial.

El Real Decreto carece de cualquier impacto negativo en la competencia y reduce las cargas administrativas por la eliminación de la obligatoriedad de la homologación de determinados productos, si bien es necesario recordar que la mayoría de las disposiciones derogadas en este Real Decreto se encontraban ya tácitamente derogadas, debido principalmente a la entrada en vigor de reglamentación europea.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS PARA LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS AFECTADAS POR LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS EN 2019

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por los que se conceden ayudas a las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y los siniestros de 2019 que ocasionaron daños tanto en producción como en elementos de las explotaciones agrarias.

Subvenciones por daños en la producción

Se ha aprobado así un Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción a consecuencia de la DANA y por el que se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

Esta nueva norma brinda ayudas para paliar los efectos de las lluvias que acumularon, en algunas zonas, la histórica cifra de 486 l/m², y dejaron a su paso daños materiales de gran magnitud en el sector de la agricultura y la ganadería, y los daños materiales en explotaciones agrarias afectadas por otros siniestros que han ocasionado situaciones de emergencia en 2019.

De estas ayudas podrán beneficiarse los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, bien sean personas físicas o jurídicas o unidades económicas o patrimonio separado que no tengan personalidad jurídica, que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 % de su producción, en los siguientes casos:

• Para daños registrados en las explotaciones para las que en las fechas del siniestro no hubiera finalizado el periodo de suscripción del correspondiente seguro, si el titular de la explotación suscribió el seguro el año anterior
• Para daños sobre producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para dichas producciones, no estuvieran garantizados por dicho sistema
• Para daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados

Según el Real Decreto, solo serán subvencionables los daños derivados de la destrucción total o parcial de la producción agraria y los medios de producción asegurables, ocasionados como consecuencia directa de los fenómenos climáticos adversos.

Estas ayudas, cuyo presupuesto máximo estimado es de 4.250.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2020 y se dirigen a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dedicadas a la producción agrícola primaria. Serán compatibles con las ayudas ya establecidas y con las que pudieren fijar las autonomías para los mismos fines en las mismas fechas, siempre que no supere el porcentaje máximo del 80% de los costes subvencionables, recogido en la normativa comunitaria.

También se ha aprobado la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones para el ejercicio 2020, con el fin de agilizar en todo lo posible la percepción de los fondos por los destinatarios de las mismas.

Ayudas para daños en elementos de la explotación

También ha quedado aprobado un Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones por daños en elementos relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas, como consecuencia de la DANA y los siniestros de 2019 que ocasionaron situaciones de emergencia y daños materiales en explotaciones agrarias.

Podrán optar a estas ayudas los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables. Entre ellos, elementos como la limpieza, desescombro, eliminación de grava y otros materiales sobrevenidos, reposición de tierra; pérdidas o daños en bancales, terrazas, muros y otros elementos de formación de las parcelas; conducciones enterradas de tuberías, caminos de acceso a parcelas; redes eléctricas de alta o baja tensión o los depósitos de combustible y acequias, canales y compuertas.

También se otorgarán estas ayudas en el caso en que los daños en las explotaciones se produjeran en parcelas con producciones en período de suscripción del seguro, y no se hubiera aún formalizado la póliza o si el periodo de suscripción no se hubiera iniciado, siempre que se hubiese contratado el seguro para dichas producciones en la campaña anterior.

Además, podrán ser beneficiarios de esta ayuda los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas con daños en los elementos afectos a la explotación que hayan tenido que ser restaurados con carácter urgente antes de la entrada en vigor del Real Decreto, siempre que el titular lo pueda acreditar documentalmente, y que dicha acreditación permita emitir el informe pericial

Las ayudas, que se dirigen a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dedicadas a la producción agrícola primaria, consistirán en una subvención de hasta el 70% de los daños valorados por un perito colegiado, hasta un importe máximo de 8.000 euros. La suma de esta subvención y cualquier otra subvención o ingreso público o privado a que se tenga derecho el solicitante, no podrá superar el valor del daño o perjuicio producido. El presupuesto máximo para estas ayudas es de 5.417.000 euros.

Junto con el Real Decreto, se ha aprobado también la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones para el ejercicio 2020 para agilizar todo lo posible la percepción de los fondos por sus destinatarios, de acuerdo con las condiciones, plazos y demás requisitos recogidos en el Real Decreto.

Agricultura, Pesca y Alimentación

ACTUALIZADA LA NORMATIVA SOBRE PRODUCCIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN OFICIAL DE PLANTAS DE VIVERO Y SEMILLAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza la normativa técnica sobre producción control y certificación oficial de plantas de vivero y semillas de diversas especies vegetales. Esta norma incorpora a la normativa nacional las últimas disposiciones comunitarias en materia de plagas de los vegetales en semillas y otros materiales de reproducción vegetal.

El Real Decreto modifica, por tanto, la normativa española en materia de plantas de vivero de frutales; plantas de vivero de vid; materiales de reproducción de las plantas ornamentales; y patata de siembra, estableciendo las actuaciones necesarias para prevenir la existencia o difusión de dichas enfermedades, que ocasionan un alto coste económico para los viveristas y agricultores.

Para ello se regulan medidas como los exámenes visuales, muestreos o ensayos en los materiales de reproducción vegetal, plantones y semillas, aplicándose los protocolos aprobados por la Organización Europea y Mediterránea para la protección de las plantas, o, en su defecto, otros protocolos internacionales válidos o aprobados en nuestro país, a fin de que las actuaciones tengan un resultado homogéneo en toda la Unión Europea.

Política Territorial y Función Pública

SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA FINANCIACIÓN DE SU ACTIVIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se concede una subvención de 2 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se canalizará mediante un convenio de colaboración, como la asociación de entidades locales con mayor representación en el ámbito nacional, integrándose en ella más del 90% de los gobiernos locales españoles.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública cuenta entre sus objetivos posibilitar que la FEMP pueda desarrollar su labor de cooperación y representación de los intereses de los gobiernos locales.

La subvención tiene como finalidad sufragar gastos de funcionamiento de la FEMP, incluyendo los necesarios para reforzar su organización técnica y de gestión, así como permitir su colaboración en el desarrollo de políticas con incidencia en las entidades locales (nacionales y europeas), cooperación en la organización de actividades de interés general y la realización de estudios de carácter local.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019, por el que se establecen los criterios de aplicación de prórroga presupuestaria, y de conformidad con los criterios del Ministerio de Hacienda, las subvenciones nominativas, como lo ha sido a lo largo de los años la aportación del Estado a la FEMP, han perdido tal carácter y para mantener su concesión directa, es necesario acudir al supuesto previsto en el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones y, en consecuencia, aprobar este Real Decreto.

Ciencia e Innovación

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de una subvención de 1,7 millones de euros a la Real Academia Española (RAE) y a la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la lengua española para gastos de funcionamiento de su actividad.

La subvención, con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Ciencia e Innovación, del que depende la RAE, está destinada a los gastos de funcionamiento de la institución, incluidos los necesarios para reforzar su organización técnica y de gestión, de modo que permita, entre otras tareas, alcanzar el cumplimiento de sus diversos fines de interés público y económico.

Igualdad

SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO).

El servicio de ATENPRO consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de violencia de género contactar en cualquier momento con un Centro atendido con personal especializado, que está preparado para dar una respuesta adecuada en situaciones de emergencia que puedan denunciar las víctimas de violencia de género. Desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las usuarias del servicio con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de su situación y acompañarlas en un proceso de recuperación integral.

En este sentido, este servicio de Teleasistencia para víctimas de Violencia de Género se suma, en este contexto sanitario y social producido por el COVID-19, a los establecidos como esenciales por el Real Decreto Ley 12/20, además de constituir un elemento fundamental para la protección social integral de las víctimas de violencia de género a la que se refiere la LO 1/2004.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

APROBADO EL PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2020 que prevé una inversión de 66,05 millones de euros.

En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 107 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2020 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de los objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.

En relación con la emergencia sanitaria y sus consecuencias, han planificado campañas los Ministerios de Sanidad, prevención frente a la COVID-19; Industria, Comercio y Turismo, fomento del turismo doméstico, Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Bono social y pobreza energética), Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (campaña informativa respecto al Ingreso Mínimo Vital), Igualdad (contra la violencia de género ante la emergencia COVID-19), Ciencia e Innovación (campaña de divulgación científica sobre COVID-19 en el marco de la acción "#coNprueba" de información científica frente a bulos y pseudociencias) y Universidades (respecto del inicio del curso universitario 2020-2021 y la digitalización e innovación en el contexto universitario).

Algo más de un 83% por ciento de la inversión institucional se destina a campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno (seguridad vial, seguridad en el trabajo, cuidado del medioambiente, lucha contra el cambio climático, gestión de los residuos, bono social y pobreza energética, eficiencia energética, información alimentaria, sostenibilidad, tenencia de animales de compañía, economía circular, consumo y buen uso del agua, estilos de vida y alimentación saludables, prevención frente a la COVID-19, prevención del VIH, vacunación, uso prudente de antibióticos, prevención del consumo de tabaco y drogas, contra la compra de medicamentos en webs ilegales) y la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos (diplomacia pública y sustracción internacional de menores, actuaciones del Plan Justicia 2030, difusión de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, Juventud 2030, protección de la familia, igualdad en el trabajo, ayudas de la PAC, contra la violencia de género, Ingreso mínimo vital, inicio del próximo curso universitario 2020/2021, plan hidrológico CHMS, dividendo digital).

Las campañas institucionales de los ministerios de Sanidad, Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos Económicos y Transformación Digital e Interior, representan el 64 % del total del presupuesto.

Los Ministerios que planifican mayor número de campañas institucionales son los de Transición Ecológica, con 33; Agricultura, Pesca y Alimentación, con 14 y Cultura y Deporte, con 10 campañas.

Solo seis campañas institucionales superan los cuatro millones de euros, la de Seguridad Vial de la DGT, las dos campañas informativas en relación con la emergencia sanitaria COVID-19 del Ministerio de Sanidad, la del Segundo Dividendo Digital de Red.es; la Campaña para incentivar del Turismo Nacional con motivo del COVID-19 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Un país que siempre se levanta. En el Día Después más Agenda 2030 de difusión de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las campañas se difundirán mayoritariamente en internet, prensa escrita, radio, televisión, soportes exteriores y revistas y por ese orden.

El Plan puede verse en la web de Moncloa www.lamoncloa.gob.es

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO MULTILATERAL PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

Antecedentes

Desde el año 2013 hasta octubre de 2015 se desarrolló en el seno de la OCDE/G20 el proyecto BEPS, de lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales, concluyendo con un informe final que comprendía un amplio paquete de medidas que una vez implementadas tratarían de frenar el fenómeno de la elusión y traslado de beneficios.

Algunas de estas medidas requieren de una modificación de las normativas puramente internas (limitación de gastos financieros o el informe país por país); otras, sin embargo, requieren de la modificación de los convenios para evitar la doble imposición (la adopción de cláusulas anti abuso o la modificación de la definición de establecimiento permanente).

Por lo que respecta a este segundo grupo de medidas, la modificación de los más de 3.500 convenios bilaterales para evitar la doble imposición (CDI) vigentes en el mundo para incorporar esas medidas, puede ser un proceso largo y poco eficiente, si pretende realizarse uno a uno.

Por este motivo, para que este proceso pueda ser mucho más rápido y eficiente, se ha firmado este Convenio Multilateral (en adelante, el Convenio) que va a permitir actualizar la red mundial de CDI con las medidas resultantes del proyecto BEPS de manera sincronizada, evitando las negociaciones bilaterales de cada uno de ellos.

La negociación de este Convenio se inició en septiembre de 2015, en el seno de un grupo ad hoc creado en el marco de la OCDE en el que participaron 98 países. España estuvo representada por la Dirección General de Tributos. Después de varias reuniones, el 24 de noviembre de 2016 se acordó en Paris el texto final del Convenio Multilateral.

El Convenio se firmó ad referéndum por España el 7 de junio de 2017, en la sede de la OCDE en París, representada por el secretario de Estado de Hacienda, tras la autorización concedida por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

España ha notificado al secretariado de la OCDE su posición sobre el Convenio Multilateral, indicando que se ha incluido la mayor parte de nuestros Convenios bilaterales para evitar la doble imposición, a excepción de los que se encontraban en un proceso de renegociación.

El Consejo de Estado, en dictamen de 20 de diciembre de 2017, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo requiere la previa autorización de las Cortes Generales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1 e) de la Constitución Española.

Hasta el momento, el Convenio ha sido firmado por 94 Estados y Jurisdicciones, pero solamente 42 Estados se han hecho parte del mismo. Todos han formulado declaraciones y reservas al Convenio.

Contenido

El texto consta de 39 Artículos, estructurados en 7 Partes: Parte I (Ámbito e Interpretación de términos); Parte II (Mecanismos híbridos); Parte III (Utilización abusiva de los Convenios); Parte IV (Elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente); Parte V (Mejora de los mecanismos de resolución de controversias); Parte VI (Arbitraje), y Parte VII (Disposiciones Finales).

Este Convenio es un instrumento flexible, en el sentido de que los Estados pueden elegir los artículos a adoptar, así como los convenios bilaterales que van a ser modificados. Ello se realiza mediante lo que se denomina reservas y notificaciones.

Se ha notificado al Secretariado de la OCDE la posición de España sobre el Convenio Multilateral, indicando que se han incluido la mayor parte de nuestros convenios bilaterales para evitar la doble imposición, a excepción de los que se encontraban en proceso de renegociación.

En cuanto a las cláusulas, se han adoptado la mayoría de ellas mostrando el compromiso de España con el Proyecto BEPS. La cláusula prevista en el Artículo 4, sobre la que España formulará una reserva se refiere a la resolución del conflicto para la determinación de la residencia de personas jurídicas y propone su resolución a través de un procedimiento amistoso.

En relación con el Artículo 11, España se reservará la aplicación de la denominada "savings clause", que implica reconocer expresamente que, salvo las excepciones previstas en los convenios, un Estado puede gravar a sus residentes sin ninguna restricción.

Se ha formulado reserva a la posibilidad de instar un procedimiento amistoso en cualquiera de los Estados Contratantes supeditado a la necesidad de un procedimiento de notificación de conformidad con el estándar mínimo fijado en la acción 14 del Proyecto BEPS.

Finalmente, España ha optado por incluir la Parte VI (Arbitraje), lo cual implicará que existirá una solución arbitral obligatoria a los procedimientos amistosos en los que no se llegue a un acuerdo con los Estados que hayan optado igualmente por aplicar esta cláusula. No obstante, se debe tener en cuenta que España reservará el ámbito de aplicación de esta cláusula para los casos de la aplicación de medidas antiabuso, infracciones, cuando no exista doble imposición en el ámbito de los precios de transferencia y cuando recaiga en el ámbito del Convenio de Arbitraje de la UE. Con ello se pretende que no se solucione obligatoriamente la doble imposición en casos en que lo que la haya producido sea un abuso.

Así mismo, se ha remitido al secretariado de la OCDE la declaración habitual para el supuesto en que este convenio sea extendido a Gibraltar por el Reino Unido, declaración que será confirmada en el instrumento de ratificación de España.

Este Convenio no implica obligaciones financieras, más bien contribuirá a aumentar los ingresos tributarios al propiciar menos situaciones de falta de tributación.

De acuerdo con su Artículo 34.1, el Convenio entró en vigor el 1 de julio de 2018, primer día del mes siguiente a la conclusión de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

La fecha de entrada en vigor para España será el primer día del mes siguiente a la conclusión de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de depósito del instrumento de ratificación, de conformidad con el Artículo 34.2

El dictamen del Consejo de Estado, de 20 de diciembre de 2017, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de este Convenio, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al incidir en el supuesto del Artículo 94.1 e) de la Constitución.

El Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, dispuso la remisión del Convenio a las Cortes Generales, a efectos de obtener dicha autorización.

La disolución de las Cámaras efectuada mediante el Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, motivó que no se produjera la autorización solicitada.

Por ello es necesario remitirlo nuevamente a las Cortes, junto con las declaraciones y reservas relativas al Convenio.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO MARCO DE COFINANCIACIÓN ENTRE ESPAÑA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO Y SE AUTORIZA LA MANIFESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DE ESPAÑA PARA OBLIGARSE POR EL MISMO

Antecedentes

El objetivo perseguido por España con este Acuerdo Marco es dar un impulso a la cooperación financiera reembolsable, ampliándola en volumen de operaciones y diversificando los países y sectores de actuación. Para ello resulta esencial la colaboración con Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, que cuenta con una amplia experiencia en la financiación de proyectos de desarrollo.

El Grupo Banco Mundial cuenta con 189 países miembros, y se integra, entre otros, por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). La AIF se concentra en los países más pobres del mundo, en tanto que el BIRF otorga asistencia a los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia.

La alianza de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el Banco Mundial se ha visto reforzada en los últimos años tras un intenso esfuerzo por parte del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en busca de socios estratégicos para la cofinanciación de proyectos de desarrollo. En este contexto, los representantes del FONPRODE, y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han intensificado sus contactos con representantes del Banco Mundial con el fin de promover la cofinanciación de proyectos de desarrollo entre el FONPRODE y el Banco Mundial.

El Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento fue firmado el 23 de enero de 2019 y se aplica provisionalmente desde la fecha de su firma, previa autorización del Consejo de Ministros de 30 de noviembre.

Contenido

Este Acuerdo Marco, que regula las relaciones entre el Banco Mundial y el FONPRODE en el marco de la cofinanciación de proyectos de desarrollo, se estructura en cinco Considerandos, ocho Artículos y dos Anexos.

En los Considerandos se especifican las funciones y competencias de los Ministerios proponentes del presente Acuerdo, correspondiendo al MAUC la dirección de la política española en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la representación y la cooperación permanente de la relación española con los bancos de desarrollo, entre ellos, el Banco Mundial.

Dentro de su articulado se destacan:

El Artículo 1 -Definiciones, métodos y afectación de la cofinanciación- recoge, entre otras, las definiciones de aplicación en el presente acuerdo y los principios generales y los compromisos de España y el Banco Mundial cuando adopten una decisión de cofinanciación de un proyecto. Se señala en el apartado 1.04 que, en relación con cada Proyecto a cofinanciar, España y el Banco Mundial (las Partes) formalizarán un Acuerdo de Cofinanciación de Proyectos basado en el modelo incluido en el Anexo A del acuerdo.

El Artículo 2 -Selección de Proyectos; colaboración general- establece los mecanismos para seleccionar los proyectos que sean susceptibles de cofinanciación y oportunidades de cooperación. Asimismo, se contemplan los intercambios de información entre las Partes en relación al proyecto cofinanciado, debiendo cada una de las Partes formalizar un Acuerdo de Financiación independiente con el Beneficiario en relación con su parte correspondiente de la financiación del Proyecto.

El Artículo 3 -Oferta de servicios- describe los servicios que España solicitará al Banco Mundial, así como los documentos en relación con cada uno de los casos de cofinanciación. En los apartados 3.02 y 3.03 se determinan respectivamente los servicios técnicos y servicios de adquisición que el Banco Mundial podrá prestar. El apartado 3.04 recoge el compromiso de las Partes de combatir todo acto de fraude y corrupción que pueda producirse en relación con algún Proyecto y de cooperar a tal fin.

El Artículo 4 -Comisión- establece el modo de cálculo de la comisión que el Banco Mundial cobrará a España por los servicios que le preste en relación con cada Proyecto, así como la forma en que se realizarán los pagos correspondientes.

El Artículo 5 -Descargo de responsabilidad y obligaciones- limita las responsabilidades del Banco Mundial ante España y ante otro tercero por las pérdidas, los costes, los daños o las responsabilidades en que España pueda incurrir como resultado del acuerdo.

En el Artículo 6 -Privilegios e inmunidades-, España reconoce la condición jurídica y los privilegios e inmunidades del Banco Mundial y de su personal.

El Artículo 7 recoge la "Entrada en vigor y periodo de vigencia, resolución, expiración y solución de controversias".

El Artículo 8, titulado "Otras disposiciones", contempla cuestiones relativas a la transparencia, confidencialidad y comunicaciones relativas al acuerdo.

El Anexo A recoge el modelo del Acuerdo de Cofinanciación de Proyectos que habrá de formalizarse para cada una de las operaciones que se cofinancien entre el FONPRODE y el Banco Mundial.

El Anexo B recoge el modelo de carta del Banco Mundial a España para las comunicaciones relativas a los honorarios que el Banco cobrará al FONPRODE por los servicios prestados en el marco de cada operación cofinanciada.

Desde el punto de vista de la repercusión económica, la aplicación del acuerdo no genera directamente incremento del gasto público. No obstante, la posterior formalización de Acuerdos de Cofinanciación de Proyectos contemplados en el Anexo A del presente acuerdo generará efectos económicos al contemplar el pago de honorarios al Banco Mundial en contraprestación a los servicios prestados en el marco de proyectos concretos, que se abonarán con cargo a la cuenta del FONPRODE en el Banco de España.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 9 de mayo de 2019, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del apartado d) del Artículo 94.1 de la Constitución, debido a que aun cuando el Acuerdo no comporta per se obligaciones financieras con carácter inmediato, sí constituye soporte para la asunción futura de compromisos que conllevarán obligaciones financieras a cargo de la Hacienda Pública.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA REPATRIACIÓN DE ESPAÑOLES

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

En el ejercicio de las facultades que le atribuye el Artículo 116.2 de la Constitución, el Gobierno de España, conforme al Artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma, en todo el territorio nacional, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Debiendo subrayar que el Artículo 2.2.j) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece entre los objetivos de la Política Exterior de España "la asistencia y protección a sus ciudadanos". Asimismo, de acuerdo con el Artículo 1 del Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, "corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de conformidad con las directrices del Gobierno […] proteger a los españoles en el exterior".

Esta situación de emergencia sanitaria mundial ha provocado que un gran número de turistas españoles que se encuentran en el extranjero no puedan regresar a España como consecuencia de la cancelación por parte de las compañías aéreas que operaban regularmente esas rutas aéreas y/o del cierre de fronteras decretado por las autoridades de dichos países. Ante esta imposibilidad de alternativas comerciales para el regreso de los turistas españoles se hace necesario habilitar los medios necesarios para la repatriación, con la mayor premura posible, de los turistas españoles que se encuentra en el extranjero. Con en este objeto se ha procedido a la tramitación de emergencia de la contratación de servicios de transporte aéreo para la repatriación de españoles por un importe estimado de 3.306.459,29 euros.

Defensa

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA REHABILTACIÓN DEL BALUARTE NÚMERO IX DE LA MURALLA DE CARLOS III (ARSENAL DE CARTAGENA).

El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del Baluarte número IX de la Muralla de Carlos III en Cartagena, asignado al Ministerio de Defensa y catalogado como bien de interés cultural, por un importe de 233.841,12 euros.

El estado precario de esta construcción, hace considerar como necesario el inicio de la ejecución de obras a la mayor brevedad para su reparación y estabilización, habida cuenta que las últimas lluvias han causado desprendimientos en el baluarte.

Defensa

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA DAR CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACIÓN PARA EL NODO DE INTERCONEXIÓN

El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de la declaración de emergencia de estos servicios que son fundamentales para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y para el correcto funcionamiento de otros sistemas y servicios TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) del Ministerio de Defensa, por un importe de 482.413,01 euros.

La carencia de estos servicios supondría asumir un alto riesgo que amenazaría no sólo a la seguridad de la información del Ministerio de Defensa sino también a la operatividad de su infraestructura en Tecnologías de la Información y Comunicación y, por tanto, a la propia operatividad de las FAS.

Hacienda

AUTORIZADA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES A FORMALIZAR NUEVAS OPERACIONES DE DEUDA A CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Comunidad de Baleares a formalizar nuevas operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 433 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta solicitud es adicional a las operaciones de endeudamiento a corto plazo por importe de 452 millones de euros y 200 millones de euros, autorizadas por respectivos acuerdos del Consejo de Ministros de 31 de marzo y de 21 de abril de 2020, dado el contexto actual de estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con estas operaciones se pretende financiar las necesidades transitorias de tesorería de la Administración balear y las de algunos entes de su sector público.

De los 433 millones de euros autorizados en este acuerdo, 200 millones de euros serán concertados por la Agencia Tributaria de las Islas Baleares y el resto por la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Hacienda

CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la contratación mediante procedimiento de emergencia por el Ministerio de Hacienda, del suministro para renovar el sistema de climatización del Centro de Proceso de Datos (CPD), que da respaldo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El importe de este contrato es de 363.802,63 euros, IVA excluido. Esta actuación se hace en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, y se justifica y enmarca en los supuestos contenidos en las normas por las que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

La firma del contrato se realiza al amparo del acuerdo del director general de la AEAT de 16 de marzo de 2020, por el que declara la emergencia para la tramitación de los expedientes de contratación necesarios para el correcto funcionamiento y ejercicio de competencias de la Agencia Tributaria.

Inicialmente, el anuncio de licitación de este contrato se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de febrero, estableciéndose como fecha límite para presentar ofertas el 6 de marzo de 2020. La formalización del contrato de referencia estaba prevista para la semana del 6 al 10 de abril, lo que habría permitido disponer de la instalación en pleno funcionamiento en los meses de más calor del año.

La suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos, establecida en el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha impedido tener el contrato formalizado en los plazos inicialmente previstos para asegurar el buen funcionamiento del CPD, siendo necesario adjudicar este contrato por el procedimiento de emergencia, para garantizar la adecuada continuidad del servicio.

Hacienda

MODIFICADO EL LÍMITE DE GASTO PARA PERMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL REALIZAR DIVERSOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y CÁNONES

El Consejo de Ministros ha autorizado modificar los límites establecidos y el número de anualidades recogidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios para que la Dirección General de la Guardia Civil formalice contratos relativos al arrendamiento de 1.000 vehículos, al alquiler de un terreno y al pago de un canon por la cesión de unas dependencias municipales, por un importe total de 18.278.736,00 euros

En concreto, los expedientes de contratación que la Dirección General de la Guardia Civil necesita llevar a cabo son los siguientes:

• Contrato de arrendamiento de 1.000 vehículos turismo, con dotación específica policial camuflada, para unidades no uniformadas de la Guardia Civil, como consecuencia de la finalización el próximo año de la prórroga del actual contrato plurianual, con un coste total de 18.248.736,00 euros, con un plazo de duración de cuatro años.
• Contrato para el alquiler de un terreno para prácticas en Xunqueira (Orense) con un coste total de 5.000 euros
• Contrato para el pago de un canon por la cesión de unas dependencias municipales en Villalba del Rey (Cuenca), con un coste total de 25.000 euros

Con fecha 20 de septiembre de 2019 se autorizó por Acuerdo de Consejo de Ministros modificar los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para llevar a cabo dichos contratos mediante tramitación anticipada.

No obstante, el gasto no pudo ser aprobado antes de la finalización del ejercicio 2019 por lo que, al haberse prorrogado el contrato de arrendamiento de vehículos hasta el 31 de julio de 2021, es necesario tramitar dichos expedientes.

Hacienda

AUTORIZADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA AGENCIA EFE

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios, en aplicación del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la modificación del marco de prestación del servicio público de noticias encomendado a la Agencia EFE.

En concreto, el artículo 4 del Real Decreto 1463/2018 establece que la compensación anual por servicio público tiene un límite máximo de 53.900.000 euros, tanto para el primero como para el segundo año de vigencia.

El pasado 29 de abril se propuso una modificación del marco, de forma que se contempla que, para el primer ejercicio 2019, las entregas a cuenta no pueden superar la cantidad de 51.000.000 euros, y de 48.100.000 euros en el segundo ejercicio de 2020.

Como consecuencia de lo anterior se precisa autorizar compromisos de gasto para 2021 por importe de 5.800.000 euros.

Industria, Comercio y Turismo

CRÉDITO PARA LA MODERNIZACIÓN DE UNA REFINERÍA EN PERÚ

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales OCDE, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), para la ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios del proyecto de modernización de la refinería de Talara (PMRT) en Perú por importe de hasta 285 millones de dólares.

La modernización de la planta tiene como objetivos la producción de diésel y gasolinas con menor contenido de azufre, el procesamiento de crudos más pesados mediante tecnologías más avanzadas y el aumento de la capacidad de refino.

El proyecto que se financia incluye las plantas de hidrógeno, de ácido sulfúrico, de agua (desmineralizada y de mar), así como las de tratamiento y suministro eléctrico, necesarios para el funcionamiento de las unidades principales de la refinería.

El proyecto de modernización de la refinería de Talara ha sido considerado de especial importancia por las autoridades peruanas debido a las ventajas que ofrece tanto en materia de refuerzo de la autonomía energética del país, reducción de la dependencia de importaciones de crudo del exterior, así como en mejora de la calidad medioambiental derivada de la obtención de combustibles menos contaminantes.

La realización de este proyecto permitirá contribuir al afianzamiento de la presencia de empresas españolas en un sector de gran potencial en un país estratégico.

Agricultura, Pesca y Alimentación

ENCARGO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REGADÍOS EL SECTOR XV DE LA SUBZONA DE PAYUELOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para el encargo de ejecución de las obras de regadío, en el sector XV de la subzona de Payuelos en León, dentro de la zona regable del embalse de Riaño, primera fase.

Este proyecto, que afectará una superficie total de 2.347 hectáreas, de las que 1.672,81 hectáreas se consideran regables, contará con un presupuesto de 12.810.367,13 euros.

Los trabajos previstos incluyen obras para la toma de agua en la tubería de alimentación desde la balsa B1 a los sectores XV y XVI, así como la instalación de la red de distribución en tuberías y la estación de bombeo.

También se llevara a cabo la instalación eléctrica en alta y baja tensión, las obras para la instalación del sistema de control automatizado, medidas protectoras y obras de corrección del impacto ambiental.

Este proyecto beneficiará a 393 regantes en los términos municipales de Santas Martas, Santa Cristina de Valmadrigal y Villamoratiel de las Matas en la provincia de León. Unas zonas donde se cultiva principalmente maíz, cebada, avena, trigo, forrajeras, leguminosas y alfalfa.

La ejecución de estas obras, que realizará la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), se llevará a cabo en base a las directrices y características técnicas que figuran en el Plan Coordinado y en la declaración de impacto ambiental de la zona, así como de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Duero.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.-

Dª MARÍA CELSA NUÑO GARCIA

Nacida en 1964 en Madrid, es Licenciada en Derecho e ingresó en 1989 en la Carrera Diplomática.

Hasta ahora era cónsul general de España en Rabat. Previamente fue cónsul general de España en Caracas y en Río de Janeiro. Ha sido embajadora de España en Jamaica, Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Dominica y Antigua y Barbuda. También desempeñó el cargo de representante permanente de España ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos en las representaciones diplomáticas españolas en Costa de Marfil, Ghana, Sudáfrica, República Dominicana y Argentina. Fue jefa del Área de Asuntos Jurídicos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares. Ha sido vocal asesora en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría, y en la Dirección General de Españoles en el Exterior, y de Asuntos Consulares y Migratorios.

Fue asesora en el Gabinete de la vicepresidenta Primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno.

Ha formado parte del Tribunal encargado del proceso selectivo para el ingreso a la Carrera diplomática.