Referencia del Consejo de Ministros

22.2.2019

Madrid

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

REAL DECRETO-LEY de Régimen Especial de las Illes Balears.
REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y la República del Perú sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y la Entidad Pública Empresarial Red.es para impulsar la continuidad asistencial a través de la transformación digital de los servicios sociales en Andalucía.
ACUERDO por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2019 y se adoptan otras medidas en relación con el proceso electoral.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO por el que se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el Acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual entre el Reino de España y la República Argentina, y se dispone su posterior remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

Hacienda

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 280.600.000 euros.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de régimen especial de las Illes Balears, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Fomento

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramos Torrejón de Velasco-Valencia y bifurcación Albacete - Albacete. 12 meses. Valor estimado del contrato: 12.495.309,12 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sur. Lote 1: Bases de Mora y Calatrava. Lote 2: Bases de Hornachuelos y Antequera. Valor estimado del contrato: 112.620.860 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Noreste. Lote 1: Bases de Brihuega y Calatayud. Lote 2: Bases de Montagut, Vilafranca y San Feliu. Valor estimado del contrato: 139.837.515 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de obras para el suministro e instalación del equipamiento necesario para la emisión de las nuevas frecuencias ASFA digital de los aspectos de preanuncio de parada, anuncio de precaución y control de zona límite de parada (3 lotes). Valor estimado del contrato: 188.450.812,13 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por daños graves en varios terraplenes de la Línea Madrid - Valencia de Alcántara, por un importe de 6.285.867 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de la línea 130, estabilización urgente de trinchera entre los túneles 75 y 76 por desprendimiento de rocas. Trayecto: Puente Los Fierros - Campomanes, por un importe de 765.975 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de las juntas de varios puentes situados entre los puntos kilométricos 533+200 y 603+800 de la autovía A-2, y de un puente situado en el punto kilométrico 2+500 de la autovía B-20, en la provincia de Barcelona, por importe de 1.431.010,42 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de estabilización de taludes, construcción de cerramiento con vallado rígido y reposición de acceso peatonal a la frontera de El Tarajal, en la ciudad de Ceuta, por importe de 569.358,31 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la modificación de determinados términos de la concesión administrativa para la construcción y explotación de la autopista de Málaga AP-46: Alto de las Pedrizas - Málaga, para la ejecución de dos nuevos enlaces.
INFORME sobre la Agenda urbana española.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

Industria, Comercio y Turismo

ACUERDO por el que se aprueba la ampliación de un crédito reembolsable en condiciones OCDE a la sociedad Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, S.A. de C.V., por importe de hasta 5.070.100 dólares estadounidenses, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), para financiar la ampliación del parque eólico situado en Tizimín (México).
ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se regula el estatuto del consumidor electrointrointensivo.
INFORME sobre las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.

Transición Ecológica

REAL DECRETO por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
INFORME sobre la Estrategia de Transición Justa.
INFORME sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Economía y Empresa

ACUERDO por el que se declara de urgencia la tramitación del proyecto de Real Decreto de desarrollo del Real Decreto-ley 19/2017 en lo que se refiere al régimen de condiciones más ventajosas en las comisiones de las cuentas de pago básicas, en función de la situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
ACUERDO por el que se declara de urgencia la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del 1 de marzo de 2019, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y por el que se desarrollan aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales previstas en el Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales.

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

ACUERDO por el que se establece el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Ciencia, Innovación y Universidades

REAL DECRETO por el que se crea la Academia Joven de España y se aprueban sus estatutos.

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica al Excmo. Sr. MARTÍN ALBERTO VIZCARRA, presidente de la República del Perú.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Dª MARIBEL DÍAZ CABELLO, primera dama de la República del Perú.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a:
- D. NÉSTOR POPOLIZIO, ministro de Relaciones Exteriores.
- D. HUGO DE ZELA MARTÍNEZ, viceministro de Relaciones Exteriores.
- D. ROGERS MARTÍN VALENCIA, ministro de Cultura.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a:
- D. CLAUDIO JULIO DE LA PUENTE, embajador del Perú en España.
- Dª CRISTINA RONQUILLO, directora general de Europa.
- Dª EUGENIA CHIOZZA, directora de Europa
- D. JORGE ROMÁN, director general de Protocolo y Ceremonial.
- D. CARLOS MANUEL GIL DE MONTES, asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia.
- D. ARTURO CHIPOCO, director general de la Oficina de la Presidencia.

Justicia

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a D. GIL CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Aprobado el Régimen Especial de Illes Balears

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley y un Anteproyecto de Ley que regulan y desarrollan el régimen especial para Baleares. Ambas normativas establecen medidas de carácter económico y fiscal, con especial atención a ciertos sectores y materias claves en la región, encaminadas a impulsar la actividad y a mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos de ese territorio. Unas iniciativas que pretenden compensar los desequilibrios generados por la insularidad de esta Comunidad Autónoma.

Este Real Decreto-ley cumple con el artículo 138.1 de la Constitución, que reconoce el hecho insular como una circunstancia que debe ser tenida en cuenta para establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español. También responde al Estatuto de Autonomía balear, que alude al hecho diferencial de la insularidad. Canarias también aplica un régimen específico que tiene en cuenta su situación geográfica.

El seguimiento de las medidas contempladas en esta normativa recaerá en la Comisión Mixta de Economía y Hacienda, prevista en el Estatuto balear.

Uno de los elementos destacados que contempla el Real Decreto-ley es el Factor de Insularidad, un instrumento financiero destinado a asegurar la compensación de las consecuencias económicas que implica el hecho insular, especialmente en materia de inversión pública.

El Factor de Insularidad se incluirá cada año en los Presupuestos Generales del Estado. . Ambos gobiernos decidirán en Comisión Mixta y cada ejercicio el uso de estos fondos que podrán ser empleados para infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, becas de investigación y formación y mejora de zonas turísticas, entre otros.

El transporte es uno de los elementos en los que la realidad insular tiene un mayor impacto. Por eso, el Real Decreto-ley contempla una serie de medidas específicas de actuación en este ámbito para compensar esta situación. En el caso del transporte marítimo y aéreo de personas se establece un régimen de bonificaciones que llegan a alcanzar el 75% de las tarifas de los trayectos directos entre Baleares y el resto del territorio nacional.

También se actualizará el sistema de compensaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías, mediante consignaciones anuales en los Presupuestos Generales del Estado, que contará con el seguimiento de una comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma.

Otro de los factores clave afectados por la insularidad es el energético. En este sentido, el Real Decreto-ley incluye una batería de medidas en dicha área con el objetivo de mejorar un servicio esencial para las empresas y los ciudadanos.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Régimen Especial de las Islas Baleares, que incorpora una serie de incentivos fiscales para promover la inversión en las islas. Estas medidas, que afectan a los principales impuestos directos, buscan dinamizar la economía en la región y compensar los inconvenientes que supone la insularidad para el desarrollo de una economía empresarial e industrial diversificada.

Así, se permitirá a las empresas reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones en el territorio. También incluye una bonificación del 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en Islas Baleares. Estas empresas tendrán que mantener el empleo y la bonificación subirá cuando crezca su plantilla media.

Transición Ecológica

APROBADA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN

Forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, configurado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Antreproyecto de Ley de Cambio Climático
Su principal objetivo es maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos de la transición energética
La Estrategia se materializará a través de los Convenios de Transición Justa que recogerán un plan de acción territorial integral para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica.

El Gobierno ha dado luz verde a la Estrategia de Transición Justa que, siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las recomendaciones del Acuerdo de París, tratará de maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.

La Estrategia, que será sometida a información pública, forma parte del Marco Estratégico del Gobierno de Energía y Clima, enfocado a facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático. Del mismo marco, forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

El punto de partida de la Estrategia es el reconocimiento de que en España es particularmente importante optimizar los beneficios de la Transición Ecológica para generar más y mejores empleos. La tasa de paro duplica la media EU y es la segunda peor de la zona. Estamos a la cabeza entre los países desarrollados con mayor nivel de contratación temporal (27,5%) y de trabajadores/as.

La Estrategia será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni la despoblación.

Para ello, impulsará el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación profesional con el fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.

La Estrategia identifica y se alinea con las áreas del PNIEC con mayores oportunidades de creación de empleo: rehabilitación de edificios, energías renovables (subastas, repotenciación, promoción del autoconsumo) y el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica o el desarrollo de combustibles alternativos como el biometano y el hidrógeno.

Contempla propuestas para mejorar el acompañamiento a las empresas, adaptando los instrumentos de apoyo de los que ya dispone la Administración General del Estado (AGE), impulsando planes de acompañamiento para la transición en la industria y otros sectores, como el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, para el mantenimiento y refuerzo de la competitividad industrial.

Convenios de transición justa

Para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica y las empresas, el Gobierno propondrá la firma de un Convenio de Transición Justa. Este convenio articulará un plan de acción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.

Estos convenios animarán y canalizarán la participación de los diferentes actores implicados: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental. Este planteamiento permite la combinación de participación social y profesionalización del proceso.

Como apoyo financiero, ofrecerán acceso asistido y ágil a líneas de apoyo de la Administración General del Estado (AGE), asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional -tras la valoración de su idoneidad por parte del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, Migraciones y Seguridad- o herramientas de política energética, como las subastas específicas de energías renovables.

Para el apoyo técnico a la elaboración e implementación de los Convenios de Transición Justa, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) se transformará en el Instituto de Transición Justa que reforzará y ampliará su espectro a más zonas en transición y a más sectores de actividad.

Para la realización de Convenios de Transición urgentes se habilitan 130 millones en líneas de ayuda para el marco 2019-2021.

Los Convenios de Transición Justa son producto de las experiencias previas relacionadas con la reconversión de sectores productivos que han destilado procesos bien diseñados, con amplia participación de actores y con la transparencia como base.

Un marco contra la despoblación

La Estrategia hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación. Algunas de las líneas propuestas en este ámbito son el impulso a las energías renovables como biomasa o biogás, el apoyo a la Estrategia de Bioeconomía, diseñada para generar valor económico, activando mercados locales para productos y subproductos, o la revisión del Plan Forestal Español.

El documento propone la integración de la Transición Ecológica en los Planes Anuales de Política de Empleo, prestando especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o la mejora de los servicios de empleo en territorios vulnerables a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales.

La Estrategia se compromete con un aprovechamiento solidario y de cohesión social de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad que genere la transición ecológica de la economía.

Incluye medidas para revisar los contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, la formación profesional y la enseñanza universitaria para la inclusión de contenidos sobre la transición ecológica y otros vinculados, como la digitalización. También la promoción de una Formación Profesional Dual entre empresas de sectores verdes y jóvenes en formación.

Pioneros en transición justa

El Acuerdo de París reconoce que la implementación de las políticas contra el cambio climático deberán tener en cuenta "los imperativos de una transición justa en el mundo del trabajo y la creación de trabajo decente y de calidad". Esta demanda proviene de las organizaciones sindicales que, a cambio de comprometerse en la defensa de la acción climática, pidieron ciertas garantías socio-laborales para que los cambios no se produjeran a costa de los trabajadores.

La Transición Justa es un eje prioritario de las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica. Así, el Gobierno de España y la OIT firmaron en julio 2018 un acuerdo estratégico para implementar las directrices sobre Transición Justa de esta organización internacional -consensuadas y aprobadas por gobiernos, organizaciones sindicales y patronales empresariales- como marco orientador y herramienta práctica de acción, del que la Estrategia Nacional de Transición Justa es el primer elemento.

En la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia, diciembre de 2018), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ratificó el compromiso de España firmando la Declaración de Silesia sobre Transición Justa. Esto nos convierte en el primer país del mundo en disponer de una Estrategia de Transición Justa.

Oportunidades

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha enviado hoy a la Comisión Europea será un motor de creación de empleo. El Plan estima un incremento del empleo del 1.6% en 2030 sobre el escenario tendencial.

La transición energética es especialmente interesante en España porque en muchos sectores como energías renovables, redes de distribución, eficiencia energética, rehabilitación de edificios o desalación, nuestro país cuenta con tejido empresarial, recursos humanos y centros de investigación especializados y competitivos.

Plan de acción urgente para comarcas mineras y centrales el cierre

Para gestionar los desafíos a corto plazo que el Ministerio asumió tras su creación como son el cierre de minas de carbón, el cese de la actividad de las centrales térmicas de carbón que no han realizado inversiones requeridas por la Unión Europea, o las centrales nucleares sin planes de reconversión (Garoña y Zorita), la Estrategia de Transición Justa incorpora un Plan de Acción Urgente 2019-2021.

El Plan se marca los siguientes objetivos:

Garantizar a los trabajadores que pierdan su empleo en empresas mineras que cierren, compensaciones adecuadas, como prejubilaciones o bajas indemnizadas.

Mantener a corto plazo el empleo en las comarcas mineras a través del Plan de Restauración de Minas y del Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética y otras estrategias a desarrollar con los municipios mineros.

Ofrecer a las comarcas sujetas al cierre de minas, centrales de carbón o centrales nucleares la implementación de Convenios de Transición.

Una parte importante del Plan de Acción Urgente está ya en marcha. En pocos meses se ha salido al rescate de los territorios. El acuerdo minero alcanzado con sindicatos y la patronal en octubre de 2018 fue el primer paso, y un ejemplo de cómo a pesar de la urgencia y los estrechos plazos se puede conseguir el consenso y el acuerdo social. Este acuerdo ha sido convalidado como RDL 15/2018. Por otro lado se ha agilizado la concesión de subvenciones para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón del marco 2013-2018 y extensión de fecha límite para el reconocimiento de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por un total de 134 millones de euros.

La dotación de los Planes de Restauración y Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023 es de 158,4 millones de euros.

Transición Ecológica

ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Asegura un marco regulatorio para adecuar nuestra realidad a las exigencias climáticas y articula una transición justa y equitativa a través de instrumentos de acompañamiento a los colectivos más vulnerables.
Facilita el aprovechamiento de oportunidades económicas y da estabilidad y predictibilidad para promover la acción climática en las administraciones las empresas y los ciudadanos.
Incluye programas de trabajo quinquenales para anticipar y adaptar nuestros sectores y recursos a los efectos del cambio climático.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha tomado nota del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que será el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía española a 2050, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París.

Posteriormente, el Anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación.

Este Anteproyecto de Ley, que la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó elaborar al Gobierno ya en el año 2011, constituye un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social.

Objetivos para dar certidumbre

El anteproyecto cuenta con dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.

Así, para 2030 la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990; generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

El esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer España en la próxima década, para situarse en senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida en 2050, es muy importante, ya que en los últimos cuatro años ha sido el país de la UE donde más han aumentado las emisiones. En 2017, por ejemplo, las emisiones fueron un 17,5% superiores a las de 1990. Una reducción del 20% respecto a 1990 en 2030 equivale a eliminar de nuestra cuenta de emisiones una de cada tres toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

Impulso decidido a las energías renovables

El Anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Para ello, se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado, pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año.

Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Los combustibles en la transición

El Anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

En ese sentido, el anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. En base a ese informe, se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización.

En cuanto a la desinversión en productos energéticos de origen fósil, el Anteproyecto establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio del estado de la situación y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.

Asimismo, la propuesta normativa prevé el fomento de combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y, en el caso del transporte aéreo, de biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico, que deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea.

A partir de la entrada en vigor de la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales. Tampoco se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica, "fracking", para la explotación de hidrocarburos. Asimismo, las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 31 de diciembre de 2042.

Apuesta por la movilidad sostenible

En España, el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1% de las de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud.

Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con la salud y el medio ambiente, el anteproyecto establece que se va a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.

En desarrollo de la senda de descarbonización a 2050, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones de 0gCO2/km no más tarde del año 2040, tal y como recoge el borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por la Comisión Europea el pasado diciembre.

A tal efecto y para aprovechar las oportunidades que la nueva movilidad brinda a nuestro sector de la automoción, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector. Se creará también una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados.

Paralelamente, el Gobierno elaborará una "Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada" que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a las desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades, el anteproyecto insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.

Movilización de recursos

Con el fin de incentivar una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático se establece que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono, exceptuando los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025.

Por otro lado, a partir de 2020, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrán destinar hasta el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.

Contratación pública

Los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono se incorporarán a la contratación de la Administración General del Estado (AGE) y del conjunto de organismos y entidades del sector público estatal. Además, la redacción de proyectos, contratos o concesiones de obra que se liciten a partir de la entrada en vigor de esta Ley tendrán que seguir criterios de consumo de energía casi nulo, o uso de materiales de construcción sostenibles, entre otros.

La AGE y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal únicamente podrán arrendar inmuebles que tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación. Los contratos de arrendamiento en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2030.

Sector financiero

Con el fin de llevar a cabo un proceso de aprendizaje que conduzca a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española, las entidades cotizadas, de crédito, aseguradoras y reaseguradoras y sociedades de gran tamaño deben elaborar un informe anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre su entidad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad.

Además, se establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, elaboren conjuntamente, cada dos años, un informe de evaluación de riesgos para el sistema financiero español derivados del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Este informe contendrá sugerencias para mitigar el riesgo del sistema financiero y será remitido al Congreso de los Diputados.

Adaptación al cambio climático

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Como novedades más relevantes se establecen objetivos para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. Asimismo, se señala que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se desarrollará mediante Programas de Trabajo que se aplicarán en periodos de cinco años y cuyos resultados serán revisados periódicamente. Esas revisiones se tomarán como referencia para preparar las propuestas a incluir en el siguiente Programa. El Plan Nacional de Adaptación también se desarrollará mediante planes sectoriales.

El Anteproyecto de Ley da un paso más y recoge, por primera vez, la definición de un sistema de indicadores de impactos del cambio climático en España y medidas de adaptación, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se hacen en esta materia y la necesidad de elaborar informes de riesgos.

Por otro lado, se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica, en la costa, en las infraestructuras del transporte y en la ordenación de los usos del suelo. Asimismo, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y disposiciones relativas a la política forestal y desarrollo rural.

Educación e innovación

El Anteproyecto de Ley pretende promover la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento, la capacitación en los nuevos nichos de trabajo del futuro y la responsabilidad social frente al mismo.

A tal fin el Ministerio de Educación y Formación Profesional revisará los distintos itinerarios formativos y de habilitación profesional. El texto contempla la elaboración de un Plan de Formación para impulsar el empleo en los sectores que serán motores de crecimiento económico en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

La investigación, desarrollo e innovación en materia de lucha contra el cambio climático y transición energética se incluirá entre las prioridades de los sucesivos instrumentos de planificación estatales en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Marco estratégico

El Marco estratégico de Energía y Clima cuenta con otros dos pilares fundamentales para asegurar una transición ordenada y solidaria, que también ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, se trata del primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030 y de la Estrategia de Transición Justa.

El borrador del primer PNIEC (2021-2030), que ha sido remitido hoy a la Comisión Europea, es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la Unión Europea. También recoge los esfuerzos que tienen que hacer todos los sectores a 2030 (energético, industrial, transporte, agricultura, residencial, residuos, así como las aportaciones de los sumideros naturales).

La Estrategia de Transición Justa optimizará las oportunidades de empleo para que ningún territorio ni trabajador se vea afectado por la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

Transición Ecológica

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030

El plan sienta las bases para la modernización de la economía española, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías renovables, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social.
Prevé la creación de entre 250.000 y 364.000 empleos netos anuales a lo largo de la década.
Se alcanza un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 alcanzará el 74%.
La dependencia energética del exterior disminuye 15 puntos porcentuales, pasando del 74% actual al 59% en 2030.
Con el envío del plan a la Comisión Europea, España da cumplimiento a sus obligaciones contraídas de acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la UE.

El Consejo de Ministros ha aprobado, la remisión a la Comisión Europea del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Este texto, que han de entregar todos los Estados miembro para que la UE pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático en coherencia con el Acuerdo de París, define los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la incorporación de energías renovables y medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones.

El PNIEC inicia ahora un periodo de información pública. Asimismo, la Comisión Europea y España, como Estado miembro, arrancan un proceso estructurado de diálogo que culminará con la aprobación definitiva del plan a finales del presente año. Cada dos años, se emitirán informes de progreso.

El PNIEC forma parte del "Marco Estratégico de Energía y Clima: una propuesta para la modernización española y la creación de empleo" aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que incluye, además, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia de Transición Justa.

En la elaboración del PNIEC, realizada en los últimos ochos meses, se han empleado seis modelos matemáticos de referencia internacional y más de 1.000 variables. Sus resultados definen una hoja de ruta para la próxima década, diseñada en coherencia con la neutralidad de emisiones en 2050 -en línea con lo expuesto por la propia Comisión Europea- y basándose en el criterio de neutralidad tecnológica. Se perfila, con ello, una trayectoria coste-eficiente de las diferentes tecnologías capaz de lograr el objetivo de descarbonización.

Los principales resultados que alcanza el PNIEC son:

La reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. Al finalizar el año 2017, España estaba 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia.
Se alcanza un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 será del 74%.
La eficiencia energética del país mejora en un 39,6%.

Efectos macroeconómicos

El PNIEC incorpora un análisis de los efectos sobre la economía y la industria española, el empleo y la salud pública. Concluye que el proceso de modernización hacia una economía descarbonizada movilizará unos 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómicas, locales y comunitaria), que actuarán como palanca de la importante financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas al ahorro y la eficiencia energética -en especial, a la rehabilitación energética de viviendas- y en actuaciones asociadas a la movilidad sostenible.

La menor importación de combustibles fósiles -en especial, petróleo y carbón- y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que además de fortalecer la seguridad energética nacional tendrá un impacto favorable en la balanza comercial de nuestro país. En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros entre 2021 y 2030 respecto al escenario tendencial, esto es, sin el conjunto de medidas que plantea el PNIEC.

Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones año entre 2021 y 2030 (un 1,8% en 2030). Las estimaciones macroeconómicas del PNIEC se realizan en cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado por los países que integran la UE.

Mejora del empleo

Respecto del escenario tendencial, las medidas que se incluyen en el PNIEC generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos, un aumento del 1,7% en 2030. Esta horquilla representa el empleo neto anual, es decir, los puestos de trabajo adicionales y no acumulables que se generan cada año de la década respecto al escenario tendencial.

Las inversiones en energías renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos año. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente la rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos año.

Por sectores, el mayor crecimiento se producirá en el comercio y reparación (52.700 empleos en 2030); seguido de la industria manufacturera (52.000 empleos en 2030) y la construcción (41.700 empleos en 2030).

Consumidores

En términos generales, los efectos del PNIEC son progresivos y, por tanto, favorecen a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. En el caso del precio medio de la luz, la descarbonización generará, en 2030, una rebaja del 12%, antes de impuestos, respecto al precio actual. La previsión es que, a partir de ese año, el precio descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías más baratas y competitivas.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración.

Reducción de emisiones

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos en 2017 a 226 MtCO2-eq en 2030. Por tanto, al término de la década, dejará de emitirse una de cada tres toneladas.

En el caso de los denominados sectores difusos -residencia, transporte, agricultura, residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones-, la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será el que más reduzca su nivel de emisiones, 44 MtCO2-eq entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 MtCO2-eq entre 2021 y 2030.

El descenso de emisiones de GEI vendrá acompañado de una reducción de los contaminantes primarios que afectan a la calidad del aire. En concreto, las emisiones de partículas PM2,5, las más perjudiciales para la salud, se reducen un 31%; y las de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), principales contaminantes para la formación de PM2.5, descienden en un 44% y en un 29%, respectivamente.

Los cobeneficios para la salud del PNIEC han sido estimados en una reducción en el número de muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica de 2.222 muertes menos en el año 2030 respecto al escenario tendencial. Esto implica pasar de 8.951 a 6.729 muertes prematuras, una reducción del 25%.

Impulso a las renovables

El impulso de las energías renovables en la próxima década es uno de los principales vectores para alcanzar los objetivos del PNIEC. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

Movilidad sostenible

El sector de movilidad y transporte reducirá sus emisiones en 28 MtCO2-eq entre 2021 y 2030. La principal fuerza motriz que logra ese resultado será el cambio modal que, según las previsiones del plan, implicará que el 35% de los pasajeros-kilómetro que hoy se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados con otros modos no emisores (transporte público, bicicleta, a pie…).

La penetración de renovables en el sector de la movilidad alcanzará el 22% en 2030 a través de la incorporación de unos cinco millones de vehículos eléctricos (coches, furgonetas, motocicletas…) --aproximadamente, el 16% del parque móvil que se espera en 2030, según los modelos empleados en el PNIEC-- y el uso de biocarburantes avanzados. El Gobierno acompañará al sector de la automoción en el proceso de descarbonización a lo largo de la próxima década. De hecho, trabaja en el Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción, que determinará la colaboración público privada para el impulso del sector y la atracción de nuevas inversión.

En base a este compromiso, ya se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, rejuvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en el sector y formación.

Eficiencia energetica

El resultado de mejora de la eficiencia energética como consecuencia de la aplicación de las medidas del PNIEC es del 39,6% en 2030. De igual modo, la intensidad energética primaria de la economía (la relación entre la demanda o consumo energético y el PIB) mejora en 3,6% anual entre 2021 y 2030.

Entre las medidas planteadas en este sentido, se da prioridad a la rehabilitación energética del parque edificado existente, en línea con los objetivos de la Agenda Urbana Española, que incluyen también la lucha contra pobreza energética y mejorar la accesibilidad.

El PNIEC prevé un ritmo anual medio de rehabilitación energética de 120.000 viviendas en la próxima década. Esta medida, junto con la mejora de las instalaciones energéticas, permitirá un ahorro de energía acumulado de más de 6.700 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) en el periodo 2021-2030. Se impulsa también una renovación de los edificios públicos, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas y locales, de al menos el 3% anual, lo cual permite un ahorro de energía acumulado a lo largo de la década de más de 1.300 ktep así como profundizar en el necesario liderazgo de la administración.

Para llevar a cabo esta renovación se prevé una inversión pública de 11.622 millones de euros así como la movilización de 32.435 millones de euros de inversión privada. La inversión pública se articula, entre otros mecanismos, a través del Plan Estatal de Vivienda así como por líneas específicas gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El Ejecutivo continúa los trabajos de su agenda climática con la preparación de la Estrategia de Bajas Emisiones a Largo Plazo 2050, que ha de ser enviada a la Comisión Europea antes de que acabe 2019.

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

APROBADO EL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SUSCEPTIBLES DE DESVÍO PARA LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se por el que desarrolla la ley sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas.

La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, firmada en París el 13 de enero de 1993, fue ratificada por España el 3 de agosto de 1994 y entró en vigor el 29 de abril de 1997. La complejidad técnica de la mencionada Convención y el hecho de contar con ciertas disposiciones no auto-ejecutables obligaron a la promulgación de la Ley 49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas.

Mediante el actual Real Decreto se procede al desarrollo reglamentario de la citada Ley 49/1999, y al cumplimiento con lo establecido en la Resolución 1450 (2004) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exhorta a los Estados a adoptar medidas apropiadas y eficaces para prevenir e impedir la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los objetivos que se persiguen con este Real Decreto son:

Desarrollo de las medidas de verificación para el ejercicio de las funciones inspectoras y de acompañamiento, así como las condiciones exigibles para el desempeño de éstas por parte de los equipos de inspección nacional y los grupos nacionales de acompañamiento.

Reforzar los aspectos procedimentales del Registro de Actividades y Sujetos Obligados, dependiente de la ANPAQ (Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas); creado por el artículo 9 de la Ley 49/1999; como son plazos, suministro de información y protección de datos. Ese Registro tiene por objeto la inscripción de la información relativa a las actividades industriales, comerciales, investigadoras y de seguridad afectadas por la Convención, así como la referida a los sujetos obligados por la Ley 49/1999, que fuera necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a la ANPAQ y para colaborar con la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Asimismo, se garantiza el principio de seguridad jurídica, puesto que en esta iniciativa normativa se tiene en cuenta tanto el ordenamiento jurídico nacional, como hemos dicho anteriormente, como el ordenamiento de la Unión Europea al tener presente el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

La disposición final segunda del Real Decreto, relativa al desarrollo normativo, dispone en su apartado 1 que "Se faculta a los Ministros de Industria, Comercio y Turismo, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa, del Interior, y Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente real decreto."

Se trata de una propuesta conjunta de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Defensa; Hacienda; Interior, y Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

ESTABLECIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO AL OPERADOR PÚBLICO CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN 2019

El Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal para garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales que está previsto convocar durante 2019: las elecciones a las Cortes Generales del 28 de abril, las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones locales y autonómicas en 13 Comunidades Autónomas que se celebrarán el 26 de mayo.

En tanto que prestador del servicio postal universal, este Acuerdo impone una serie de obligaciones al operador público Correos y Telégrafos S.A. S.M.E., que deberá disponer los medios personales y materiales necesarios para asegurar el voto por correo de electores residentes en España, electores residentes ausentes, electores temporalmente ausentes, el personal embarcado, el personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, y los internos en centros penitenciarios.

Correos también se ocupará de otros envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral (envío a los electores de las tarjetas censales, envío a los Ayuntamientos de las listas electorales del censo de consulta, notificación a los electores de las reclamaciones sobre rectificación del Censo, notificaciones a los electores de cambios de local electoral, y envío de las listas del censo a los locales electorales) y de los envíos dirigidos a las personas designadas como miembros de Mesa.

Igualmente, asumirá la recogida de la documentación electoral en la Mesa y realizará los envíos postales de propaganda electoral de los partidos y federaciones, inscritos en el Registro correspondiente.

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

AUTORIZADA LA FIRMA DEL CONVENIO CON PERÚ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

EL Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y la República del Perú sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.

El Convenio de la Conferencia de La Haya de 18 de marzo de 1970, fue firmado por España el 21 de octubre de 1976 y ratificado el 22 de mayo de 1987, entrando en vigor para nuestro país el 21 de julio de 1987. El propósito esencial que se persigue con el Convenio es facilitar la práctica de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, mediante una ordenación de las comisiones rogatorias y la ejecución de otras actuaciones judiciales, ampliando las facultades de los representantes diplomáticos y consulares.

El Convenio quedó abierto a la firma de los Estados representados en el 11º periodo de sesiones de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. El artículo 39 establece que todo Estado no representado en dicho periodo de sesiones que fuere Miembro de la Conferencia, o de las Naciones Unidas o de un Organismo especializado de las Naciones Unidas, o que fuere Parte en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, puede adherirse al Convenio después de su entrada en vigor general.

Según dicho precepto, el Convenio entrará en vigor, para el Estado adherido, a los sesenta días del depósito de su instrumento de adhesión, pero sólo surtirá efecto en las relaciones entre dicho Estado y los Estados contratantes que hubieren declarado aceptar dicha adhesión.

Costa Rica presentó su adhesión a este Convenio el 16 de marzo de 2016.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL CON ARGENTINA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual entre el Reino de España y la República Argentina.

Este Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual entre el Reino de España y la República Argentina (el Acuerdo) se ha firmado en San Sebastián el 23 de septiembre de 2018. Tanto su firma, como su aplicación provisional desde la fecha de la misma, fueron autorizadas por el Consejo de Ministros con fecha 3 de agosto de 2018.

España ha suscrito convenios bilaterales de relaciones cinematográficas con diversos países y es signataria de convenios multilaterales en esta materia. El principal aspecto que se regula en estos Convenios son las coproducciones cinematográficas que, en los últimos años, se han convertido en un instrumento esencial para la mejora de la financiación de las producciones y para garantizar un ámbito de distribución más amplio. Asimismo, estos Acuerdos inciden favorablemente en el conocimiento mutuo de los países y tienen repercusiones positivas en la industria y la economía respectivas, al favorecer el incremento del número de películas y el intercambio de profesionales de este sector.

El Acuerdo consta de un Preámbulo, 16 artículos y un Anexo denominado "Reglas de procedimiento" que forma parte integrante del mismo y que recoge las disposiciones relativas a la aprobación del régimen de coproducción. A lo largo del articulado se recogen, entre otros aspectos: las normas a las que debe ajustarse la realización de coproducciones, las autoridades competentes en cada uno de los países para autorizarlas -que en el caso de España es el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (I.C.A.A.) y, en su caso, los organismos competentes de las Comunidades Autónomas- así como los requisitos que deben cumplir los productores interesados en acceder a los beneficios de la coproducción, la participación financiera, la proporción de las aportaciones a las que deben ajustarse los coproductores respectivos o las disposiciones que rigen los trabajos de rodaje.

En el Acuerdo se establece la creación de una Comisión Mixta, compuesta por funcionarios de ambas partes, encargada del análisis y seguimiento de las condiciones de aplicación del Acuerdo, con el fin de resolver las posibles dificultades y controversias que la misma pueda suscitar entre las Partes.

En el Anexo, denominado "Reglas de procedimiento" que forma parte integrante del Acuerdo, se detallan de manera pormenorizada los requisitos y documentación que deben contener las solicitudes de aprobación de proyectos de coproducción con arreglo a los términos del Acuerdo, que deberán presentarse a las correspondientes autoridades competentes antes de iniciarse el rodaje de la película.

Dado el interés en que este Acuerdo se aplicara en el plazo de tiempo más breve posible se incluyó, por indicación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, una cláusula de aplicación provisional del mismo desde la fecha de su firma, como queda recogido en su artículo 15.

En cuanto a la entrada en vigor, esta tendrá lugar, según se indica en ese mismo artículo 15, en la fecha en que las Partes se hayan notificado recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales requeridas para su entrada en vigor. Tendrá una vigencia inicial de 5 años, renovándose automáticamente por periodos adicionales de 5 años cada uno, salvo que alguna de las Partes notifique por escrito su deseo de terminarlo con al menos 6 meses de antelación. Podrá ser modificado por acuerdo recíproco de las Partes, mediante un canje de notas a través de las vías diplomáticas.

Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

Costa Rica presentó su adhesión a este Convenio el 16 de marzo de 2016.

Justicia

CONCEDIDA LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT A GIL CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS Y AL CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Ministros, ha aprobado la concesión de dos Grandes Cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, a título póstumo, y al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Se trata de la máxima categoría de esta condecoración creada hace más de 70 años para premiar los méritos de cuantos intervienen en el ámbito del Derecho, la Justicia y la organización del Estado.

Fallecido en Madrid el pasado 17 de enero, Gil Carlos Rodríguez Iglesias era doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ejerció como profesor universitario y catedrático de Derecho Internacional Público y fue titular de la Cátedra Jean Monet de Derecho Comunitario Europeo. En 1986 se convirtió en el primer juez español en ocupar una plaza en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, donde desempeñó gran parte de su vida profesional, presidiendo esta institución desde 1994 hasta 2003.

En 2005 el Comité de Ministros del Consejo de Europa le confió la presidencia del Grupo de Sabios encargado de examinar la eficacia a largo plazo del mecanismo de control del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ejerció como director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Vinculado al consejo asesor de las revistas jurídicas europeas más prestigiosas, fue codirector de la Revista de Derecho Comunitario Europeo, que contribuyó a fundar en 1974.

Le fue concedido el doctorado Honoris Causa por las universidades de Oviedo, Cádiz, Turín (Italia), Babes-Bolyai (Rumanía), El Sarre (Alemania) y San Clemente de Ohrid (Bulgaria).

Entre otras distinciones, a lo largo de su carrera recibió el Premio Walter Hallstein por su contribución al proceso de integración europea, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden del Fénix de la República Helénica, la Gran Cruz de la Orden Nacional Estrella de Rumanía, la Grande Ufficiale de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Gran Cruz de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo, la Grand Officier de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Asimismo, el Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado por su labor de suprema función consultiva al Gobierno, establecida en el artículo 103 de la Constitución Española. Este cuerpo especializado de funcionarios desempeña las funciones de estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo de Estado.

Hacienda

AUTORIZADA NAVARRA A FORMALIZAR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO Y EMITIR DEUDA

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a Navarra a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 280,6 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de Navarra se autoriza por un importe máximo de 280,6 millones de euros para formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública, que se destinan a cubrir las amortizaciones a largo plazo previstas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2019.

La deuda formalizada hasta ese importe no supondrá un aumento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio.

Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.

Fomento

ESTRATEGIA DE LA AGENDA URBANA

El Consejo de Ministros ha impulsado la Agenda Urbana. Se trata de un documento estratégico, sin carácter normativo, que se alinea con los compromisos internacionales asumidos por España a través de la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, y la Agenda Urbana para la Unión Europea.

La Agenda Urbana está enmarcada en un proceso internacional cuyo origen se encuentra en la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. Con ella se quiere dar respuesta a los retos y necesidades que el mundo de hoy nos plantea.

De esta forma, los países adheridos, los representados en las Naciones Unidas, se comprometieron a un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los ODS, concretamente el undécimo, exhorta a la comunidad internacional a conseguir unas ciudades más sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

En este contexto, España inicia el proceso para la Implementación de la Agenda 2030, proceso en el cual tiene un lugar destacado la Agenda Urbana Española. Dicha Agenda, liderada por el Ministerio de Fomento, contiene:

Un diagnóstico de la realidad urbana y rural que va del modelo urbano a la población y el territorio, pasando por la economía y la sociedad, el medio ambiente, el cambio climático y la energía, la movilidad, la vivienda y los instrumentos de intervención.
Un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Objetivos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, con sus posibles líneas de actuación.
Un sistema de indicadores que permitirá realizar la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
Unas fichas que ayudan a elaborar los planes de acción para la implementación de la Agenda.
El Plan de Acción de la Administración General del Estado con propuestas concretas desde el ámbito de las competencias estatales.

El Decálogo de Objetivos Estratégicos que propone la Agenda busca:

1.Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

2.Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

3.Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

4.Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

5.Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

6.Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

7.Impulsar y favorecer la economía urbana

8.Garantizar el acceso a la vivienda

9.Liderar y fomentar la innovación digital

10.Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Se trata, en definitiva, de un documento que busca inspirar e informar a los encargados de tomar decisiones desde una amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.

Fomento

AUTORIZADA LA MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AP-46 EN MÁLAGA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento para que dicte orden ministerial por la que se modifican determinados términos de la concesión administrativa para la construcción y explotación de la autopista de Málaga AP-46, tramo: Alto de las Pedrizas-Málaga, adjudicada por Orden del Ministerio de Fomento el 11 de septiembre de 2006.

La citada modificación concesional permitirá a Autopista del Guadalmedina, C.E.S.A. (Guadalcesa), sociedad concesionaria de la autopista AP-46: Málaga-Alto de las Pedrizas, la ampliación de la autopista con la construcción de dos nuevos enlaces en dicha vía, uno de conexión con la carretera MA-3404, en Casabermeja, y otro con la carretera MA-20 en Málaga (este último incluye también la integración en la concesión de la explotación de un tramo de la autovía A-7).

La actuación, que permitirá la conexión directa de la AP-46 con el corredor de la carretera MA-3404, producirá una sustancial mejora de las comunicaciones y una previsible mejora socioeconómica en la zona (poblaciones de Colmenar, Villanueva de la Concepción y Casabermeja).

En cuanto al enlace de la autopista con la carretera MA-20, este vial presenta unas intensidades de tráfico muy elevadas, dado que es el vial por el que la mayoría de los usuarios accede a Málaga capital y a sus polígonos industriales. Por tanto, la conexión directa mejorará los accesos a la ciudad y la fluidez del tráfico de la citada MA-20.

La sociedad concesionaria asume, en virtud de la orden ministerial, las inversiones necesarias para la ejecución de las obras y su posterior explotación.

Ello implicará una alteración del equilibrio económico financiero de la concesión y, con objeto de restablecer dicho equilibrio, se establece, como medida de compensación a la sociedad concesionaria, un aumento extraordinario de tarifas, así como la consideración de la totalidad de los ingresos que se generen con la puesta en servicio del nuevo enlace de Casabermeja (enlace de la autopista AP-46 con la MA-3404).

Debe indicarse que el aumento de tarifas se instrumenta, una parte como resultado de la modificación del número máximo de días al año en los que se podrá aplicar la tarifa de temporada alta, que pasarán de los 139 actuales a un máximo de 250 días al año, y otra parte por un incremento del 1 por 100 anual acumulativo durante un periodo de catorce años.

El expediente de modificación concesional, que cuenta con la conformidad de la sociedad concesionaria, tiene asimismo informes favorables de la Abogacía del Estado del Departamento, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Empresa, del Consejo de Obras Públicas y ha sido sometido a dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

Fomento

AUTORIZADA LA LICITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-NORESTE POR 135,36 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de mantenimiento de los elementos fundamentales que forman la infraestructura (plataforma), vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Noreste (eje Madrid-Barcelona-Frontera francesa). El importe global de la licitación asciende a 135.362.714,52 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 48 meses.

El contrato se divide en dos lotes:

Lote 1, con un presupuesto de 54.343.858,80 euros (IVA incluido), corresponde al ámbito de las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza).
Lote 2, con un presupuesto de 81.018.855,72 euros (IVA incluido), corresponde al ámbito de las bases de Montagut (Lleida), Vilafranca del Penedès (Barcelona) y Sant Feliu de Buixalleu (Girona).

Los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad de las instalaciones y el confort de los usuarios.

Las actividades incluidas en este contrato engloban el mantenimiento de los elementos de infraestructura y superestructura de la traza general, vías de apartado y secundarias, ramales de conexión, bases de mantenimiento, cambiadores de anchos y cualquier otra instalación operativa incluida en los tramos objeto del contrato.

Fomento

AUTORIZADA LA LICITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SUR POR MÁS DE 109 MILLONES DE EUROS

El importe global de la licitación asciende a 109.016.991,48 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 48 meses.

El contrato se divide en dos lotes:

Lote 1, con un presupuesto de 56.004.056,24 euros (IVA incluido), para el ámbito de las bases de mantenimiento Mora (Toledo) y Calatrava (Ciudad Real).
Lote 2, con un presupuesto de 53.012.936,24 euros (IVA incluido), para las bases de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y Antequera (Málaga).

Los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad de las instalaciones y el confort de los usuarios.

Las actividades incluidas en el contrato engloban el mantenimiento de los elementos de infraestructura y superestructura de la traza general, vías de apartado y secundarias, ramales de conexión, bases de mantenimiento, cambiadores de anchos y cualquier otra instalación operativa en los tramos objeto del contrato.

Fomento

AUTORIZADA LA LICITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN EN LA LAV MADRID-LEVANTE

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif y por importe de 13.859.380,37 euros (IVA incluido), los servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios de la LAV Madrid-Levante (tramos Torrejón de Velasco-Valencia y Bifurcación de Albacete-Albacete). El plazo de ejecución previsto para estos servicios es de 12 meses.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar en todo momento el óptimo estado de las instalaciones ferroviarias y su disponibilidad, eficacia, seguridad y funcionalidad, reduciendo al máximo la probabilidad de incidencias.

Entre estas instalaciones figuran enclavamientos electrónicos, circuitos de vía, el mando, control y supervisión de desvíos y sensores de rueda, accionamientos, señalización lateral, ERTMS (sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario) niveles 1 y 2, ASFA (anuncio de señales y frenado automático), sistemas de energía, detectores de caída de objetos y cajas calientes, cables de alimentación y señalización, cajas de conexión y edificios y salas técnicas.

Fomento

AUTORIZADA LA LICITACIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL NUEVO SISTEMA ASFA DIGITAL EN LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif y por importe de 191.725.482,68 (IVA incluido), el contrato para la adquisición e instalación del equipamiento necesario para la emisión de las nuevas frecuencias en ASFA Digital en la red ferroviaria. Supone continuar con la apuesta firme por la seguridad como uno de los ejes prioritarios de la política del actual Departamento.

El nuevo sistema digital de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA Digital), supone una evolución tecnológica respecto al actual sistema ASFA Analógico.

Esta licitación, dividida en tres lotes diferentes, comprende, además de la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras, el suministro e instalación de las balizas, las unidades de conexión y todos los elementos necesarios para poner en servicio las nuevas frecuencias de emisión de los aspectos de preanuncio de parada, anuncio de precaución y control de zona límite de parada en ASFA Digital.

El contrato consiste en adaptar el equipamiento instalado en la vía a las nuevas frecuencias digitales que tienen que emitir para que los equipos embarcados en los trenes puedan ejercer los controles identificados en las nuevas especificaciones técnicas de ASFA Digital.

Se ha optado por la licitación conjunta de la redacción del proyecto, el suministro y la instalación debido a la novedad y especificidad del producto objeto del contrato, que requiere maximizar la implicación directa por parte de uno de los tres fabricantes que lo han desarrollado.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

APROBADA LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se adapta la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a la nueva estructura de los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado.

El Real Decreto aprobado hoy modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). Esta Comisión es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el órgano de participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La CNSST está integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, así como por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

De acuerdo con la nueva estructura de los Departamentos Ministeriales, la Administración General del Estado queda representada por 17 Vocales, con la siguiente distribución: Ministerio de Política Territorial y Función Pública ( 1 Vocal); Ministerio del Interior (2 Vocales); Ministerio de Fomento (1 Vocal); Ministerio de Educación y Formación Profesional (1 Vocal); Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (4 Vocales); Ministerio para la Transición Ecológica (1 Vocal); Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1 Vocal); Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (1 Vocal); Ministerio de Economía y Empresa (1 Vocal); Ministerio de Economía y Empresa (1 Vocal); Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2 Vocales), Ministerio de Hacienda (1 Vocal); Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1 Vocal).

Industria, Comercio y Turismo

DIRECTRICES GENERALES DE LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑOLA 2030

El Consejo de Ministros ha estudiado las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, enmarcadas en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El documento recoge las propuestas del Ejecutivo en materia industrial a partir de cinco vectores prioritarios: la mejora de productividad y competitividad, el incremento del peso de la industria en el PIB nacional, la sostenibilidad y descarbonización de la economía, la digitalización, y el alineamiento de la política industrial española con la impulsada desde la UE.

El Gobierno trabaja en tres grandes iniciativas para dar respuesta a estos desafíos. En primer lugar, un Pacto de Estado por la Industria que dé seguridad a las empresas y que favorezca la atracción de nuevas inversiones industriales.

En segundo lugar, se elaborará una Estrategia de Política Industrial para España 2030 que defina las medidas necesarias para impulsar el crecimiento del sector industrial español, mejorar su competitividad y generar un crecimiento sostenible e inclusivo.

La tercera iniciativa es la aprobación de una nueva Ley de Industria que actualice el marco regulatorio industrial que data de 1992 a los nuevos retos de digitalización y descarbonización.

Esta política industrial se articularía en torno a 10 ejes de acción, entre los que destacan una mayor penetración de la digitalización y de innovación en el tejido industrial nacional; la mejora de la empleabilidad sobre todo entre los jóvenes y mujeres; la elaboración de una nueva Ley de Industria para adaptar la normativa a los nuevos tiempos; el estímulo al aumento de tamaño empresarial; y la mejora de la financiación.

También el documento aborda aspectos tan esenciales en el tejido industrial como los costes energéticos. En este sentido, se está desarrollando el reglamento del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

La logística industrial es otro tema que recoge este informe donde se pone de manifiesto la importancia del ferrocarril frente al transporte por carretera para ahorrar costes.

Por último, la internacionalización también está muy presente con el objetivo de incrementar el número de empresas industriales que exporten de forma regular, reforzando y potenciando los instrumentos públicos de apoyo a la exportación.

En definitiva, estas Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 sientan las bases de futuro que el Gobierno quiere implementar para que la industria nacional se sitúe en el foco del crecimiento económico a partir de la colaboración con las diferentes administraciones públicas y agentes sociales.

Industria, Comercio y Turismo

AMPLIADO EL CRÉDITO PARA CONSTRUIR UN PARQUE EÓLICO EN MÉXICO

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de un crédito reembolsable a la Sociedad Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, S.A. por importe de 5,07 millones de dólares con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), para financiar la ampliación del Parque Eólico situado en Tizimín (México).

La ampliación del Proyecto consiste en un aumento del 10% en la capacidad de generación de energía eléctrica, mediante la instalación de 4 aerogeneradores adicionales a las 36 iniciales, pasando la potencia instalada de 75,6 a 83,16 MW.

El acuerdo supone un impacto positivo para las exportaciones de bienes y servicios españoles a México, con quien se mantiene unas magníficas relaciones comerciales. Además, supone un impulso a las empresas eólicas españolas que trabajan habitualmente en ese país.

Industria, Comercio y Turismo

TRAMITACIÓN POR VÍA DE URGENCIA DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR ELECTROINTENSIVO

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Real Decreto por el que se regula el Estatuto del Consumidor Electro intensivo.

Este Estatuto se conforma como un elemento jurídico que reconozca las particularidades de aquellos consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible.

El Estatuto determinará la caracterización de dichos consumidores atendiendo a variables objetivas vinculadas a las pautas y volumen de potencia y energía demandadas, así como a su contribución potencial a una mejor gestión técnica y económica del sistema eléctrico. Además, desarrollará los mecanismos de aplicación a corto plazo y marcará la senda de otros instrumentos a largo plazo, a los que se podrán acoger estos consumidores para mitigar los efectos de los costes energéticos sobre su competitividad, de acuerdo con la normativa comunitaria.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MODIFICADO EL PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LECHE EN LAS ESCUELAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la normativa vigente sobre la aplicación en España del Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, con el fin de mejorar, flexibilizar y agilizar su aplicación. Este Programa de la Unión Europea contempla un régimen de ayuda para la distribución de determinados productos básicos, destinados a mejorar los hábitos alimentarios de los niños que asisten a guarderías, centros preescolares y de enseñanza primaria y secundaria.

Una de las principales modificaciones se centra en la simplificación del procedimiento para el suministro y distribución de los productos, lo que redundará en una mejora en la gestión de este Programa. Así se incluyen las escuelas como posibles solicitantes ordinarios y no excepcionales de las ayudas.

Además, se prevé que los propios agentes que realizan el suministro y distribución de los productos pueden colaborar en el desarrollo de medidas educativas de acompañamiento. En cuanto a los destinatarios de la financiación, junto a las Comunidades Autónomas y al Ministerio, se incluye también ahora a los proveedores de producto, o cualquier otra empresa o entidad que autoricen las autoridades competentes como posibles perceptores de ayudas.

También se amplía el ámbito de las posibilidades de ayuda previstas contemplando, por una parte, ayudas para el transporte marítimo entre las islas, y reforzando por otra las ayudas en el caso de las Islas Canarias como región ultraperiférica, pudiendo incrementarse hasta en un 25% el valor máximo aplicable a los productos.

La nueva norma incluye, además, la posibilidad de incrementar del 20% al 30% el valor máximo de la ayuda, cuando se distribuyan productos sujetos a regímenes de calidad reconocidos por la Unión Europea o productos ecológicos, lo que refuerza la coherencia de la norma con los objetivos de la PAC.

Para asegurar los objetivos del programa se garantiza el suministro prioritario de frutas y hortalizas frescas y leche, planteando el reparto de productos transformados como un acompañamiento de los principales.

También se garantiza el cumplimiento de los objetivos, estableciendo la obligación de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas de elaborar un informe de evaluación sobre la aplicación en su territorio de este programa, pudiendo hacerse también una evaluación en cómputo nacional por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche

Este programa tiene como objetivos promover el consumo de frutas y hortalizas en la población infantil, contribuir al fomento de hábitos saludables y a la disminución de la obesidad y otras enfermedades relacionadas.

El programa consiste en el reparto de productos del sector de frutas y hortalizas en centros escolares cofinanciado por la Unión Europea y los Estados miembros, así como en la aplicación de una serie de medidas de acompañamiento cofinanciadas por los Estados miembros para reforzar el conocimiento de estos productos en la población escolar.

Transición Ecológica

SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD CON LAS ESTRATEGIAS MARINAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, configura un marco normativo completo dirigido a garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino.

Para ello, las estrategias marinas, se configuran como instrumentos de planificación de cada una de las cinco demarcaciones en que la Ley subdivide el medio marino español, constituyendo un marco normativo uniforme y completo para garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar de manera que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, de acuerdo con un enfoque ecosistémico.

Además, introduce la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas, para lo cual se definieron los objetivos ambientales con la finalidad de orientar la consecución del buen estado ambiental. Estos objetivos fueron aprobados en España a través del Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2012.

En este sentido, y con la finalidad de contribuir a la consecución del buen estado ambiental de las aguas marinas, el artículo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre se establece que "la autorización de cualquier actividad que requiera, bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos regulados en el título IV de la ley, deberá contar con el informe favorable del entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica), respecto de la compatibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente".

De acuerdo con ello, el presente real decreto tiene por objeto establecer los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de aplicación, así como el procedimiento de emisión del informe de compatibilidad con las estrategias marinas.

Igualmente, la Ley de protección del medio marino establece respecto a las Estrategias marinas que el Ministerio para la Transición Ecológica, elaborará un programa de medidas para cada demarcación marina, que incluirá las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado ambiental.

Los programas de medidas entre otras cuestiones definirán las actuaciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos ambientales, que podrán ser normas aplicables a las actividades con incidencia sobre el medio marino, directrices sobre los usos del medio marino, proyectos de actuación, restricciones geográficas o temporales de usos, medidas de control y reducción de la contaminación, entre otras.

Las estrategias marinas, incluyendo sus programas de medidas, fueron finalmente aprobadas por el Real Decreto 365/2018, de 2 de noviembre. La regulación a través de este reglamento de los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas es una medida horizontal del programa de medidas.

En consecuencia, este Real Decreto establece las disposiciones generales relativas a los criterios para evaluar la compatibilidad de las actuaciones con las estrategias marinas y el procedimiento de tramitación de los informes de compatibilidad.

Economía y Empresa

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA FINANCIERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa. Este proyecto propone una respuesta integral a las implicaciones de la transformación digital en el sistema financiero. Es necesario disponer de una regulación adecuada que permita que el proceso innovador se desarrolle de forma eficaz y segura para los usuarios y beneficia al conjunto de la sociedad.

Para ello se articulan un conjunto de medidas dirigidas a cumplir dos objetivos:

Garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo óptimamente con sus funciones de supervisión y regulación en el nuevo contexto digital.
Facilitar el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo.

Entre las medidas incluidas en el Anteproyecto de Ley destaca la creación de un "Sandbox" o espacio controlado de pruebas que permitirá crear condiciones seguras para que puedan probarse innovaciones financieras de base tecnológica bajo vigilancia de los supervisores (Banco de España, CNMV y D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones) y con máximas garantías para los participantes, especialmente cuando la realización de las pruebas requiera la participación de clientes.

Asimismo, el "Sandbox" se articula mediante un esquema jurídico ley-protocolo, lo que quiere decir que, mientras que la ley garantiza la seguridad, el protocolo proporciona flexibilidad.

Este Anteproyecto de Ley responde a la convicción de que la transformación digital de la economía es un fenómeno de cambio estructural que exige una implicación activa de los poderes públicos, garantizando que los cambios se producen de manera ordenada y coherente con los principios y valores que definen el interés general. La iniciativa encaja además con las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

Con esta medida, España se suma a los países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero.

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

SE ESTABLECE EL DÍA 3 DE MAYO COMO DÍA NACIONAL DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS

El Consejo de Ministros ha acordado, establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad.

La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos de este colectivo. Se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo.

Todo ello ha supuesto importantes cambios, entre los que destacan la visibilidad de este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas. La legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE en esta materia.

Ciencia, Innovación y Universidades

CREADA LA ACADEMIA JOVEN DE ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Academia Joven de España, que nace como corporación científica de derecho público de ámbito nacional.

Esta actuación dota de personalidad jurídica propia a la nueva academia para otorgar visibilidad y representar a los científicos jóvenes, preferentemente en el ámbito de las ciencias experimentales. Los miembros de la Academia Joven de España lo serán durante cinco años para, por una parte, asegurar la juventud de sus académicos y, por otra, dar las mismas oportunidades a los científicos de generaciones sucesivas. El perfil de los miembros de esta Academia será coincidente con el promedio de 40 años de edad y de 12 años a partir de la consecución del título de doctor, pues se entiende por científico joven aquel que ha alcanzado la madurez y que está al inicio de su carrera investigadora independiente.

La Academia actuará, además, como nexo con los jóvenes científicos que realizan su trabajo en el extranjero, ya que parte de sus miembros podrán ser jóvenes nacionales que investigan fuera de nuestro país. Los fines de la Academia Joven de España son los siguientes:

Dar voz y representar a los científicos jóvenes, participar en el desarrollo de políticas científicas, fomentar interacciones con los medios de comunicación y posicionarse, emitiendo dictámenes e informes, en temas de importancia nacional e internacional relacionados con la ciencia.
Promover la ciencia como opción profesional entre la juventud mediante la promoción de jóvenes excepcionales de cualquier país, y en particular de España, como modelos a seguir, proponer políticas encaminadas a eliminar obstáculos en la participación de mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas y otros grupos escasamente representados en las distintas ramas del saber y, asimismo, impulsar la cooperación intergeneracional con las Reales Academias del Instituto de España.
Promocionar la capacitación científica a través del fomento del saber, la investigación y la innovación como motores del desarrollo económico, y apoyar el intercambio entre jóvenes investigadores de diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, como modo de enriquecimiento intelectual y científico.
Fomentar el desarrollo de nuevos enfoques con el fin de resolver problemas de importancia nacional e internacional.

La Academia Joven de España dispondrá de los símbolos siguientes: un emblema, que figurará en todas sus comunicaciones y escritos oficiales y una insignia o medalla que usarán los Académicos de Número.

Más información

Referencia en PDF