Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, contra las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y contra la disposición final primera de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Angola, sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia.
• ACUERDO por el que se establece el día 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.
• ACUERDO por el que no se autoriza al Ayuntamiento de Agaete (Las Palmas) a realizar una consulta popular en relación con la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de las Nieves que pretende ejecutar el Gobierno de Canarias.
  

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez.
• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. Andrés Pastrana Arango.

Hacienda y Función Pública

• REAL DECRETO LEY por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la celebración de contratos para el mantenimiento de los sistemas e infraestructuras tecnológicas.
• ACUERDO por el que se modifican las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación atender los gastos derivados del contrato centralizado de servicios consolidados de telecomunicaciones, Fase II.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 118.782.885,57 euros
  

Fomento

• ACUERDO por el que se establecen las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Agricultura y Pesca, Alimentación Y Medio Ambiente

• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

Economía, Industria y Competitividad

• ACUERDO por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial la convocatoria correspondiente al año 2018 de préstamos por importe máximo de 800.000.000 de euros, destinados a la financiación de proyectos empresariales de I+D, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Energía, Turismo y Agenda Digital

• ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital la convocatoria de ayudas en el año 2018, correspondientes al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, por importe máximo de 150.000.000 euros.
  

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

• REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a D. MARIANO MARÍN ALBI.

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

• REAL DECRETO por el que se nombra agente del Reino de España para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a D. ALFONSO MARÍA BREZMES MARTÍNEZ DE VILLARREAL.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Mauricio, con residencia en Pretoria, a D. CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ-ARIAS MINUESA.

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al exembajador del Reino Hachemita de Jordania en España, señor GHASSAN ABDEL RAHIM ODEH MAJALI.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a las siguientes personas:
  • General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, D. ÁNGEL SERRANO BARBERÁN.
  • Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, D. NICOLÁS MONEREO ALONSO.
  • General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, D. MANUEL CESÁREO LÓPEZ PERALE.
  • General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. JUAN ÁNGEL TRECEÑO GARCÍA.
  • General de Brigada Farmacéutico del Cuerpo Militar de Sanidad, D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ RAMOS.
  • General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. JOSÉ ANTONIO EZPELETA PLAZA.
  • General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. JORGE CLAVERO MAÑUECO.
  • General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, D. JUAN ANTONIO POZO VILCHES.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al Teniente General del Ejército alemán señor BENEDIKT ZIMMER.
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al Almirante de la Armada portuguesa señor ANTÓNIO MANUEL FERNANDES DA SILVA RIBEIRO.

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ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Función Pública

LAS ENTIDADES LOCALES PODRÁN DESTINAR MÁS DINERO DE SU SUPERÁVIT A REALIZAR INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES AL INCLUIRSE NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS

• Aprobado un Real Decreto Ley tras el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias para que las Corporaciones Locales puedan seguir invirtiendo el superávit que mantienen desde 2012.
• El retraso en la aprobación de los Presupuestos aconseja impulsar la prórroga en este momento, con el objetivo de que las Entidades Locales tengan tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación.
• Además, se modifica el régimen de autorización administrativa previa para determinadas inversiones, reduciendo el número de casos en los que se hace necesaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se prorroga para 2018 la posibilidad de que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el superávit alcanzado por las distintas administraciones públicas debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Sin embargo, desde el año 2014 las Entidades Locales que están saneadas financieramente y cuyo periodo medio de pago es igual o inferior al plazo máximo establecido en la normativa de morosidad pueden destinar también parte de ese superávit a realizar inversiones que sean financieramente sostenibles a lo largo de la vida de la inversión y en determinados servicios públicos esenciales. El Gobierno decidió establecer esa regla especial para ayuntamientos y diputaciones como reconocimiento al esfuerzo realizado, y desde entonces se ha venido prorrogando anualmente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Hay que recordar que el subsector de Entidades Locales tiene superávit presupuestario desde 2012. En 2016, este superávit alcanzó el 0,6 por 100 del PIB tras un esfuerzo de consolidación fiscal desde 2011 de 11.180 millones de euros, de los que 5.671 han sido por reducción del gasto. Además, ese superávit les ha llevado a disminuir su nivel de deuda a un ritmo muy intenso. Su endeudamiento en 2016, último año con datos oficiales, fue de un 2,9 por 100 del PIB (32.094 millones de euros, por debajo del objetivo fijado para 2020 por la Ley de Estabilidad), tras una reducción de 12.000 millones de euros en cuatro años.

Debido a que este año aún no ha podido aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos, el Gobierno ha decidido adelantar la prórroga de las Inversiones Financieramente Sostenibles a través de este Real Decreto Ley. Al hacerlo, se facilita que las Entidades Locales dispongan de tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación de las mismas, que podrán extenderse hasta 2019.

Ampliación de las inversiones financieramente sostenibles

La principal novedad de este Real Decreto Ley es que se amplían los servicios públicos en los que podrán realizarse estas Inversiones Financieramente Sostenibles, que no computan en la regla de gasto y con las cuales se trata de evitar la generación de gastos no financieros futuros que puedan ser fuente de déficit. El objetivo es poder mejorar la prestación de estos nuevos servicios públicos esenciales para la comunidad y hacer un mayor uso del superávit, siempre que sea racional y no genere déficit al final del ejercicio.

Esta decisión se ha tomado de común acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, después de que se constatara el desequilibrio entre los datos de inversiones financieramente sostenibles que podrían realizarse y los que realmente se ejecutan (en 2016, un 26 por 100). A la hora de ampliar el ámbito objetivo de las IFS se ha tenido en cuenta las actuaciones que desarrollan las Entidades Locales y las competencias que tienen atribuidas, así como su opinión al respecto.

Con esta modificación será posible que las Corporaciones Locales, que han realizado un esfuerzo importante de consolidación presupuestaria y han contribuido notablemente a la consecución del objetivo de déficit público, tengan mayor capacidad para llevar a cabo inversiones que se traduzcan en la mejora de los servicios esenciales para la comunidad, permitiendo en el medio plazo una mayor capacidad de crecimiento, sin perjudicar la estabilidad de las cuentas públicas.

Los nuevos servicios públicos que recibirán inversiones

Los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

Revisión de la autorización administrativa

Finalmente, se incrementa de 10 a 15 millones de euros el importe a partir del cual se requerirá autorización administrativa previa para proyectos de inversión de determinados grupos de programas, o, alternativamente que éstos supongan más del 40 por 100 de los gastos no financieros de la Entidad Local, siempre que, en cualquiera de esos casos, se incremente el gasto de personal o el de compras de bienes y servicios como consecuencia de la inversión.

En estos casos, se deberá solicitar autorización a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

MODIFICADA LA LEY PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES EN MATERIA DE VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

• El nuevo marco legal contempla la nueva forma de contratación a través de Internet, al tiempo que aumenta la transparencia, introduce nuevos conceptos y colma las lagunas legislativas existentes.
• Como novedad, si el aumento de precio excede del 8 por 100 del precio del viaje combinado por gastos específicos, el viajero podrá poner fin al contrato. Además, los viajeros tendrán derecho al reembolso del dinero en 14 días cuando se ponga fin al contrato.
• Este Proyecto de Ley regula una nueva figura denominada servicios de viaje vinculados, que constituyen un nuevo modelo empresarial alternativo que a menudo compite con los viajes combinados.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.

Esta Directiva incrementa la protección de los viajeros, contempla la nueva forma de contratación a través de Internet, al tiempo que aumenta la transparencia, introduce nuevos conceptos y amplia el ámbito de aplicación a los servicios de viaje vinculados, cubriendo las lagunas legislativas existentes.

Información precontractual normalizada en toda la UE

El principal objetivo de estas modificaciones es elevar el nivel de protección de los derechos de los viajeros, ya que, como novedad, recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato, existiendo unos formularios normalizados a nivel europeo para facilitar dicha información precontractual. Estas son las otras principales ventajas para los viajeros:

• Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el contrato.
• Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto donde puedan contactar con el organizador o en su caso con el minorista.
• Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en su caso, con sujeción al pago de gastos adicionales.
• El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos 20 días anteriores al inicio del viaje combinado.
• Si el aumento de precio excede del 8 por 100 del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
• Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica sustancialmente alguna de las principales características de los servicios del viaje combinado.
• Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una compensación.
• En circunstancias inevitables y extraordinarias, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado sin pagar ninguna penalización.
• Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado mediante el pago de una penalización que será adecuada y justificable.
• Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse una proporción significativa de los servicios de viaje, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional.
• Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, el minorista, no consiga solucionar el problema.
• Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
• El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.
• Si el organizador o el minorista incurre en insolvencia, se procederá al reembolso de los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurra en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros
• Los viajeros contarán con un periodo de desistimiento de 14 días si has comprado el viaje fuera del establecimiento mercantil.
• Los viajeros tendrán derecho al reembolso del dinero en 14 días cuando se ponga fin al contrato.

Nuevo modelo empresarial: servicios de viaje vinculados

Este Proyecto de Ley regula, como novedad contractual, una nueva figura denominada servicios de viaje vinculados, que constituyen un nuevo modelo empresarial alternativo que a menudo compite con los viajes combinados, que hacía necesaria una nueva regulación para que todas las empresas que tienen actividad en la venta de servicios de viaje compitan en las mismas condiciones y con las mismas garantías. Un ejemplo de este último modelo de negocios sería el que con motivo de una compra de un billete de avión a través de internet, nos envían un enlace con una oferta de un hotel y clicleando en dicho enlace contratamos una estancia en el mismo.

La diferencia con los viajes combinados es que estos se contratan habitualmente con el mismo empresario, mientras que los servicios de viaje vinculados se contratan siempre con diferentes empresarios.

En este caso, la principal ventaja para los consumidores es que con este proyecto de ley el primer empresario con el que contratas, que actúa como facilitador de la segunda contratación, está obligado a constituir una garantía para la insolvencia de ambos servicios.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

APROBADO EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2018-2021

El Consejo de Ministros ha aprobado el V Plan Director de la Cooperación Española, que abarca el período 2018-2021 y que contiene los objetivos y prioridades, que orientarán la actuación de la Cooperación Española durante ese período. Se trata del elemento básico de la planificación de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

El Plan Director mantiene la voluntad de España de luchar contra la pobreza, incluyendo en su marco estratégico la lucha contra la desigualdad, la construcción de resiliencia y la contribución a la provisión de bienes públicos globales, al tiempo que integra los principios transversales de la Cooperación Española, que son el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático.

Asimismo, traslada a la política española de cooperación la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Plan establece cuatro Objetivos Generales, estrechamente interdependientes, que se corresponden con las cuatro esferas de la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad y paz. También adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como los Objetivos Estratégicos de la Cooperación Española y prioriza una serie de metas asociadas a los ODS como sus Objetivos Específicos que se articulan a su vez en líneas de acción.

El V Plan Director aplicará estrategias diferenciadas que respondan a las particularidades de cada país. A nivel bilateral se cooperará prioritariamente con Países de Asociación Menos Avanzados (Etiopía, Haití, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger y Senegal) y con Países de Asociación de Renta Media (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y República Dominicana). Se establece además una nueva categoría de Países de Cooperación Avanzada con los que se mantendrá un diálogo avanzado sobre políticas y se apuesta también por las estrategias diferenciadas en los enfoques regionales. En el ámbito aumentará la coordinación, la complementariedad y la participación activa y eficaz en las agendas de desarrollo de los principales organismos y foros de Naciones Unidas y la Unión Europea.

El Plan hace hincapié en la importancia de la construcción de alianzas y contempla la participación y colaboración de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, los agentes sociales, las universidades y centros docentes, las Cortes y los partidos políticos.

Energía, Turismo y Agenda Digital

AYUDAS DE 150 MILLONES DE EUROS DEL PLAN 300X100 PARA EXTENDER LA BANDA ANCHA EN 2018

• La dotación para este año supone un incremento del 50 por 100 respecto a la del año 2017.
• Las ayudas forman parte del Programa para llevar fibra óptica a 300 Mbit/s al 95 por 100 de población de cada provincia antes de 2021.

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de ayudas para la realización de proyectos de extensión de las redes de banda ancha de última generación, con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha 300x100 (PEBA 300x100) por valor de 150 millones de euros. Las ayudas que se autorizan hoy son la primera convocatoria del Plan 300x100 presentado esta semana para llevar fibra óptica a 300 Mbit/s al 100 por 100 de los núcleos de población de España.

El objetivo del PEBA 300x100 es acelerar la extensión de la cobertura de las redes de banda ancha de muy alta velocidad, apoyando su despliegue en las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años, denominadas zonas blancas. El despliegue de este tipo de redes se realiza principalmente en nuestro país con tecnología de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

El presupuesto global del PEBA 300x100 para 2018 es de 150 millones de euros. Las ayudas, que se concederán en régimen de competencia competitiva, combinan 30 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y 120 millones de euros que proceden de fondos comunitarios FEDER.

La dotación presupuestaria del Programa en esta convocatoria supone un notable incremento sobre las anteriores, concretamente, un 50 por 100 más con respecto a la convocatoria de 105 millones de euros de 2017. El aumento se debe al buen funcionamiento del programa y a la decisión de extender la cobertura de banda ancha como un objetivo prioritario dentro de la estrategia del Gobierno para la transformación digital de España.

El Plan 300x100 cuenta con 525 millones de euros para extender la cobertura de banda ancha a las localidades de pequeño tamaño y al ámbito rural en el periodo 2018-2021 y es, por lo tanto, un instrumento clave para cerrar la brecha digital geográfica y hacer frente al reto demográfico.

España dispone en la actualidad de la red de fibra óptica más extensa de Europa con 33,6 millones de accesos instalados. Un 76 por 100 de la población dispone de cobertura de internet con velocidad superior a 100 Mbit/s.

Las claves del éxito en el despliegue de infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad han sido el marco regulatorio, la inversión privada y la inversión pública mediante el PEBA-NGA (Plan de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación). Desde 2013 hasta 2017, el PEBA-NGA ha financiado con 216 millones de euros de ayudas públicas proyectos para llevar la fibra a 3.586.311 viviendas y empresas en 4.064 entidades singulares de población de mediano y pequeño tamaño que antes no tenían cobertura.

Economía, Industria y Competitividad

AUTORIZADA LA CONVOCATORIA 2018 DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE I+D POR IMPORTE DE 800 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) la convocatoria correspondiente a 2018 por un importe máximo de 800 millones de euros para la financiación de proyectos empresariales de I+D, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

El CDTI tiene previsto conceder, a lo largo del año 2018, ayudas a las empresas bajo la forma de préstamos, a través de las siguientes líneas: Proyectos de I+D+i -proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso, producto o servicio-; Líneas de innovación CDTI -destinadas a facilitar la innovación y modernización tecnológica de las empresas españolas e incrementar su competitividad y expansión internacionales-; y Ayudas a consorcios de investigación empresarial nacional (CIEN) -cuyo objetivo es el fomento de la investigación liderada por empresas y realizada en colaboración público-privada-.

Sus destinatarios serán PYMEs y grandes empresas que realicen proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio, en cooperación o individualmente.

Las ayudas podrán financiar hasta el 85 por 100 del presupuesto del proyecto, con un presupuesto financiable mínimo de en torno a 175.000€ por empresa. Incluirán un tramo reembolsable y otro no reembolsable que, en función de las características del proyecto y el tamaño de las empresas, podrá llegar hasta un 33 por 100 de la ayuda aprobada. Su duración oscilará entre 1 y 4 años naturales, dependiendo de la duración del proyecto financiado.

Mediante la convocatoria autorizada está previsto que el CDTI pueda financiar en torno a 1.650 proyectos, parte de los cuales serán cofinanciados por FEDER, a través del "Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020".

El CDTI es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad encargada de gestionar los programas orientados al fomento de la innovación mediante el impulso de la investigación, del desarrollo experimental y de la incorporación de nuevas tecnologías.

Empleo y Seguridad Social

ESTABLECIDO EL DÍA 23 DE MARZO COMO DÍA NACIONAL DE LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establece el día 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.

Este acuerdo da cumplimiento a una propuesta del Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno a través de una Proposición no de Ley adoptada en la Comisión de Igualdad el 29 de octubre de 2016.

Además de fijar el día 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, el acuerdo determina también que el Gobierno promoverá, en las instancias apropiadas del ámbito público y privado, las diversas actividades que hayan de dar contenido a la celebración de este día.

La medida va encaminada a que por parte de toda la sociedad se tome conciencia de la importancia que tiene la conciliación y la corresponsabilidad para la calidad de vida de todas las personas. "Es necesario, relata el texto, implicar en esta tarea a toda la sociedad, familias, personas trabajadoras, Administraciones Públicas, empresas y agentes sociales" para continuar avanzando en la protección y promoción de este derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En los últimos años en Europa, y también en España, ha crecido la preocupación por hacer compatible la vida personal y profesional; acceder al mercado de trabajo y permanecer en él con independencia de las circunstancias personales y en un entorno laboral adecuado.

Modelo de sociedad de roles compartidos

El texto del acuerdo recoge en su preámbulo que "seguir avanzando en un modelo de sociedad de roles compartidos que favorezca la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares es un objetivo compartido. Que los hijos puedan ser cuidados y atendidos por sus padres y madres, que pueda disfrutar de su tiempo libre, y que todo esto sea compatible con el desarrollo y una carrera profesional plena". Al mismo tiempo, recoge que es "prioritario favorecer el reparto equilibrado de responsabilidades".

También se señala que la conciliación, como un derecho de todas las personas y la corresponsabilidad, garantizan que se sigan reduciendo desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Como medidas que favorecerán la cultura de la conciliación de la corresponsabilidad la aplicación de horarios racionales, seguir favoreciendo mecanismos de flexibilización, potenciar la Responsabilidad Social Corporativa, ampliar los permisos laborales para el cuidado de hijos, crear un banco de horas y ampliar los permisos de paternidad y maternidad.

Fomento

CUANTÍAS MÁXIMAS DE LAS AYUDAS FINANCIERAS ESTATALES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establecen las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

El pasado 16 de marzo el Consejo de Ministros autorizó a adquirir compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 para atender las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Paralelamente y para hacer frente a los compromisos de gasto del ejercicio 2018, el Ministerio de Fomento está tramitando una modificación presupuestaria que va destinada a incrementar la partida destinada a subvenciones hasta los 350.000.000 euros.

El artículo 6.1 del Real Decreto 106/2018, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda, establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Fomento, autorizará las cuantías máximas del gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las subvenciones del Plan, en conjunto y por anualidades, constituyendo en todo caso el límite máximo de compromisos a adquirir.

En consecuencia, se ha aprobado en Consejo de Ministros un Acuerdo por el que se establecen las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para la instrumentación del Plan de Vivienda 2018-2021, conforme sigue:

La competencia para la gestión en materia de vivienda es exclusiva de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, estando ello recogido en los correspondientes Estatutos de Autonomía, y actuando el Estado en función de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución Española.

La implantación del Plan necesitará, además de la aprobación de este acuerdo de cuantías máximas, de la firma de los correspondientes convenios de colaboración para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 entre el Ministerio de Fomento y cada una de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (excepto País Vasco y Navarra), suscripciones que requerirán a su vez de aprobaciones/autorizaciones previas del Consejo de Ministros.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADAS LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INNOVACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

Mediante estas bases reguladoras se apoyará la ejecución de proyectos innovadores de interés general para un sector, definidos y diseñados por grupos operativos supra autonómicos. Dichos proyectos, que contarán con un periodo máximo para su realización de 3 años (contabilizados en términos de ejercicios presupuestarios), deberán partir de una idea innovadora para resolver los posibles problemas a los que hacer frente en su ámbito de actuación.

Estas ayudas se contemplan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y cuentan presente periodo de programación 2014-2020, con un presupuesto de 45.193.849,79 euros, de los cuales el 80 por 100 corresponde a la contribución del FEADER y el 20 por 100 restante constituye la contrapartida de presupuesto de la Administración General del Estado.

Los grupos operativos constituyen uno de los elementos principales de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. Están constituidos por el conjunto de actores que se asocian para idear, redactar y ejecutar un proyecto innovador en los ámbitos de la agricultura, la ganadería y silvicultura, así como en la transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales.

Su objetivo es construir un sector primario competitivo, que contribuya a la seguridad alimentaria, la diversificación de las producciones y productos, y el suministro de materias primas para usos alimentarios y no alimentarios, aprovechando el conocimiento científico.

GRUPOS OPERATIVOS SUPRA-AUTONÓMICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos supra-autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

Estos grupos están formados por agrupaciones de actores de más de una comunidad autónoma o de ámbito nacional, con distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos, investigadores o centros tecnológicos, que se asocian para poder abordar de una forma conjunta un problema concreto o una oportunidad desde un enfoque multisectorial, partiendo de una idea innovadora.

El objetivo es mejorar la eficiencia en la aplicación de las medidas previstas, lo que aconseja la simplificación y agilización de dichos procedimientos.

Por otro lado, se procede a establecer el modelo de gestión y ejecución conjunta de las ayudas reguladas en el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, efectuada por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que, como Organismo Pagador, es responsable de la gestión y control de los gastos.

Estas ayudas se contemplan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y cuentan presente periodo de programación 2014-2020, con un presupuesto de 11.298.462,45 euros, de los cuales el 80 por 100 corresponde a la contribución del FEADER y el 20 por 100 restante constituye la contrapartida de presupuesto de la Administración General del Estado.

Justicia

CONCEDIDA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA AL EXPRESIDENTE DE COLOMBIA ANDRÉS PASTRANA Y AL MÚSICO VENEZOLANO GUSTAVO DUDAMEL

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al que fuera presidente de Colombia entre los años 1998 y 2002, Andrés Pastrana, y al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

En el caso de Pastrana, tanto como alcalde de Bogotá (1988-1990), como durante su etapa de senador y especialmente como presidente de Colombia, ha favorecido siempre las relaciones bilaterales con España. En el ámbito familiar, su esposa y sus hijos tienen nacionalidad española y Pastrana posee una vivienda en nuestro país, en el que reside durante temporadas y con el que está muy vinculado. Es miembro del Club de Madrid, organización que reúne a más de 100 exjefes de Estado y de Gobierno para debatir asuntos concernientes a la democracia. Además, pertenece a la Fundación Carolina, institución para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

Gustavo Dudamel, nacido en Venezuela, es un prestigioso músico que ostenta entre otros cargos el de director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, de la Sinfónica de Gotemburgo y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Entre otros méritos, en 2012 obtuvo el Premio Grammy a la mejor interpretación orquestal y en enero de 2017 se le encomendó la dirección de la Orquesta Filarmónica de Viena en el tradicional concierto de Año Nuevo, lo que le convirtió en el director más joven al frente de este célebre evento. Dudamel mantiene una especial vinculación con nuestro país por razones familiares y culturales y está casado con una ciudadana española.

La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto hoy el Gobierno.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADA CATALUÑA A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 118,78 millones de euros, con el fin de refinanciar los vencimientos de líneas de crédito a corto plazo durante los meses de abril a junio de 2018, formalizados por la Generalitat y sus entidades SEC.

La autorización es necesaria por aplicación tanto del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, como por la Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publicó el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptaron medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de la resolución del Senado del 27 de octubre de 2017, por el que se aprobaron las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución.

La autorización de dichos créditos tiene por finalidad preservar la estabilidad financiera y el normal funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Cataluña y sus entidades dependientes.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.

La Comunidad Autónoma de Cataluña deberá supeditar las operaciones de endeudamiento que formalice en ejecución de esta autorización al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2018, fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO CON ANGOLA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un Acuerdo entre España y Angola sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia.

Dicho Acuerdo establece un marco genérico de cooperación entre ambos países en la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente en sus formas organizadas (tráfico de personas, terrorismo, narcotráfico…), el orden público, la protección del Estado de Derecho así como el respeto de las libertades y los derechos humanos. Tiene como finalidad fortalecer y profundizar la cooperación policial entre ambos países así como prevenir y poner freno al terrorismo mediante la colaboración mutua.

España ha firmado acuerdos de esta naturaleza con otros países del continente africano (Mauritania, Senegal, Marruecos o Túnez), para mejorar la seguridad y en la prevención de acciones terroristas.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CENTRALIZADOS Y DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, lo que permitirá al Ministerio de Hacienda y Función pública llevar a cabo las siguientes actuaciones:

• Por una parte, llevar a cabo la contratación, por un importe de 1,2 millones de euros en el año 2019, de los servicios necesarios para el mantenimiento de los sistemas e infraestructuras tecnológicas, correspondientes a servicios compartidos para uso de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
• Se autoriza, asimismo, a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación la tramitación de la Fase II del contrato centralizado de "Servicios consolidados de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras Entidades Públicas". El importe autorizado es de 387,7 millones de euros y abarca las anualidades de 2019 a 2023.

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

NO AUTORIZADA UNA CONSULTA POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE AGAETE

El alcalde del Ayuntamiento de Agaete (Las Palmas) solicita, previo acuerdo del Pleno adoptado por mayoría absoluta, autorización del Gobierno para celebrar consulta popular sobre si los vecinos están de acuerdo con la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de las Nieves que pretende ejecutar el Gobierno de Canarias.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se exige al respecto en su artículo 71:

• Que la consulta verse sobre asuntos de la competencia municipal.
• Que sea un asunto de carácter local.
• Que sean asuntos de especial relevancia para los vecinos.
• Que no afecte a aspectos de la Hacienda Local.
• Que la decisión sea tomada por mayoría absoluta del Pleno.
• Que el Gobierno de la Nación autorice la consulta.

Se estima que la solicitud no cumple los siguientes requisitos de la Ley de Bases de Régimen Local por:

• No es un asunto de competencia municipal, ya que la titularidad de la competencia es estrictamente autonómica según la Ley 14/2003 de Puertos de Canaria.
• Tampoco es un asunto de carácter local, por cuanto se trata de un puerto con repercusión a nivel autonómico, y supera funcionalmente los límites geográficos del término municipal del Agaete.

Por ello se deniega la autorización para celebrar la consulta popular.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.-

D. MARIANO MARÍN ALBI.

Nacido en Gijón el 28 de mayo de 1962, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y diplomado en Comercio Exterior por el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) y en Técnica Fiscal por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Asturias. Es también miembro de la Corte de Arbitraje de Gijón. Abogado de profesión, es desde 2015 concejal en el Ayuntamiento de Gijón por el Grupo Popular.

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Agente del Reino de España para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.-

D. ALFONSO MARÍA BREZMES MARTÍNEZ DE VILLARREAL.

Nacido en Madrid en 1966, es abogado del Estado desde 1994.

Ha desempeñado toda su trayectoria profesional al servicio de la Administración del Estado, desde su primer puesto como abogado del Estado-jefe en Guipúzcoa, pasando a ocupar distintos puestos como abogado del Estado en distintos departamentos ministeriales y en distintas unidades de la Abogacía del Estado. Fue subdirector general del I.C.A.C y jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda. En la actualidad es abogado del Estado en la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogacía General del Estado, donde ha llevado distintos asuntos ante el Tribunal Constitucional y ahora mismo desempeña funciones relacionadas con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante Naciones Unidas.