Líneas básicas de la política de seguridad vial 2011-2020

El Consejo de Ministros ha aprobado las líneas básicas de la política de seguridad vial para 2011-2020 en consonancia con las actuaciones y los objetivos que se contemplan en la Estrategia de Seguridad Vial de ese mismo período. Con ello, se pretende determinar cuáles son las prioridades que deben marcar esa política, así como los objetivos e indicadores de seguimiento y las áreas de actuación, todo ello sin perjuicio de que, en el año 2015, se procederá a revisar los objetivos y actualizar las medidas para el período 2016-2020. El objetivo general que se persigue es contribuir a la recomendación de la Comisión Europea de reducir a la mitad el número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión Europea para 2020.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, en el que se identificaban las acciones a desarrollar por los distintos Ministerios para conseguir el objetivo de reducir en un 40 por 100 el número de fallecidos para el año 2008, supuso un nuevo impulso en la política de seguridad vial que ha permitido reducir a la mitad, en seis años, el número de fallecidos en accidente de tráfico.

Estrategia

Para dar continuidad a esta política, el Consejo Superior de Seguridad Vial, en su sesión plenaria de 23 de noviembre de 2010, a propuesta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, aprobó la Estrategia de Seguridad Vial para el período 2011-2020, que comprende todas aquellas actuaciones que van a seguir impulsando y mejorando la actual política de seguridad vial para lograr que el número de víctimas de tráfico, tanto de fallecidos como de heridos graves, siga disminuyendo, de acuerdo con el criterio de la Comisión Europea.

Entre los indicadores para la consecución de este objetivo, cabe destacar los siguientes: alcanzar la tasa de 37 fallecidos por millón de habitantes (actualmente la tasa es de 59 fallecidos); reducir a cero el número de niños fallecidos sin sistema de retención infantil; reducir en un 30 por 100 los fallecidos por atropello por salida de la vía en carretera convencional o en accidente "in itinere"; y reducir en un 25 por 100 los conductores de dieciocho a veinticuatro años fallecidos y heridos graves en fin de semana, en un 20 por 100 los fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas y en un 10 por 100 los fallecidos mayores de 64 años; bajar del 1 por 100 los positivos de alcoholemia en los controles preventivos aleatorios, reducir un 50 por 100 el porcentaje de vehículos ligeros que superan el límite de velocidad en más de 20 km/h y lograr un millón de ciclistas más en desplazamientos habituales sin que se incremente su tasa de mortalidad.

Todos estos indicadores serán revisados y todas las medidas actualizadas en el año 2015.

Líneas básicas

Las áreas de actuación de las líneas básicas de la política de seguridad vial 2011-2020 serán las siguientes:

• 1 Educación y formación de los usuarios de las vías.
• 2 Comunicación para formar una sociedad concienciada.
• 3 Norma y su cumplimiento.
• 4 Salud y seguridad vial mediante la identificación de situaciones de riesgo como el alcohol y las drogas.
• 5 Seguridad en el vehículo incorporando nuevos sistemas de seguridad activa y pasiva.
• 6 Infraestructura para disponer de carreteras bien diseñadas y conservadas.
• 7 Zona urbana.
• 8 Empresa y transporte profesional.
• 9 Atención a las víctimas, su protección y apoyo, así como a sus familiares.
• 10 Investigación y gestión del conocimiento más preciso de la causalidad de los accidentes y de la efectividad de las medidas adoptadas.
• 11 Coordinación y participación de todas las Administraciones con competencias, consolidando un mecanismo de coordinación dinámico y eficaz basado en el compromiso de los agentes implicados que constituye un reto fundamental en esta nueva Estrategia.

Los Ministerios afectados, entre los que se incluyen además el de Interior, a través de las Direcciones Generales de Tráfico y de Protección Civil y Emergencias, los de Sanidad, Política Social e Igualdad; de Educación; de Justicia; de Trabajo e Inmigración; de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; de Fomento; de Industria, Turismo y Comercio y de la Presidencia, adoptarán las medidas necesarias para su desarrollo y aplicación, ajustando su financiación a las disponibilidades de crédito que anualmente se fijen en los Presupuestos Generales del Estado.