Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a darles cuenta de algunos asuntos que han sido adoptados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se da luz verde a la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013 y a la creación del Consejo de Seguridad Nacional en la condición de Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de esta naturaleza.

Para la constitución de este órgano, que no supone coste alguno para las arcas del Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de modificación del Real Decreto que regula las Comisiones Delegadas del Gobierno para incluir entre las mismas este Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el presidente del Gobierno.

Quiero destacar, en primer lugar, que en, el ámbito de la seguridad nacional, es la primera vez que se produce una combinación de dos elementos de esta naturaleza: de un lado, un documento estratégico del Estado donde se ponen de manifiesto las prioridades que deben seguirse en el ámbito de la Estrategia Nacional y, de otro, un órgano que está formado por los principales actores del Gobierno con responsabilidades en materia de seguridad, para llevar a cabo su ejecución y desarrollarla con éxito.

Esta nueva estructura actualiza, por tanto, el modo de abordar de una manera integral la seguridad en España en línea con lo que están haciendo las naciones más avanzadas de nuestro entorno, como pueden ser Francia, Reino Unido o Estados Unidos, que cuentan con procedimientos e instituciones similares.

Quiero subrayar que esta Estrategia de Seguridad Nacional es una revisión de la Estrategia Española de Seguridad del año 2011, que fue aprobada por el anterior Gobierno, y que cuenta con el respaldo político del principal partido de la oposición. Del mismo modo que en la redacción de la Estrategia de 2011 la oposición participó en la elaboración de la misma, porque ésta es una política de Estado que conviene mantener en el tiempo; del mismo modo, este Gobierno ha mantenido contactos con el principal partido de la oposición para que esta Estrategia, que es una revisión de la anterior, fuera también abordada, dialogada y consensuada en los mismos términos.

La Estrategia de 2013 concibe la seguridad nacional, como decía, de forma amplia y global, con una visión integral que incluye muy diferentes ámbitos de actuación.

Tradicionalmente, como bien saben, el concepto de seguridad nacional estaba ligado a la defensa o a la seguridad públicas; pero hoy hay nuevos actores y nuevas amenazas y se exige una visión completa de la geopolítica y de las debilidades y fortalezas que tienen los Estados para enfrentarse a los nuevos retos de la era global.

Además de la estabilidad del Estado y de la protección de sus ciudadanos, que siempre son los elementos claves de una Estrategia de Seguridad, ésta se preocupa por salvaguardar también nuestra forma de vida democrática y de libertades frente a nuevos riesgos, como son las ciberamenazas. La ciberseguridad se convierte en un elemento clave y esencial en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Esta Estrategia contempla hasta doce riesgos para nuestra seguridad: conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; crimen organizado, inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad energética; flujos migratorios irregulares; armas de destrucción masiva; espionaje; emergencias y catástrofes naturales; vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales. Son, por tanto, escenarios muy diferentes, riesgos muy diversos, que lo que exigen es una actuación muy coordinada y, en segundo lugar, una capacidad operativa bien diseñada.

Esta Estrategia, por lo tanto, lo que hace es adaptar e iniciar un proceso de continua revisión y actualización de Estrategias anteriores, al ritmo, si se puede, incluso más rápido en que esos riesgos y esas amenazas pueden consolidarse. Basta pensar en los profundos cambios geopolíticos, como decía hace un momento, en el desplazamiento de los centros de poder, en la repercusión de las nuevas tecnologías o la mayor interdependencia económica, política y social.

Ya no hay esa diferencia tan clara entre seguridad exterior y seguridad interior. La seguridad y el bienestar de España dependen de responder muy bien a este tipo de amenazas desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo, y no perder de vista que muchas veces ambas vertientes están muy, muy, relacionadas.

En lo relativo a la estructura del documento, muy brevemente les diré que cuenta con cinco capítulos: el primero ofrece un concepto de seguridad nacional integral, una visión de conjunto; el capítulo segundo sitúa la seguridad de España en el mundo y presenta las grandes prioridades estratégicas de España; el capítulo tercer identifica los principales riesgos y amenazas para la seguridad, como hace un momento les he relatado; el cuarto define los ámbitos de actuación prioritarios a la luz de esos riesgos y amenazas; y el último define esta nueva fórmula de sistema de seguridad nacional en la que se buscará la máxima coordinación entre Administraciones y, dentro de la Administración, a través de esa nueva Comisión Delegada del Gobierno, que es el Consejo de Seguridad Nacional.

Es un sistema institucional flexible, que también permitirá dar una respuesta muy adecuada a cada una de las situaciones que puedan generarse y estará liderado por el propio presidente del Gobierno. Será, por tanto, un órgano colegiado, que nace con la voluntad de administrar de una forma mucho más eficaz y eficiente los recursos existentes, y de una manera mucho más coordinada.

Gracias a este sistema lograremos un funcionamiento integrado de todas las Administraciones, pero también una mayor implicación de la sociedad civil, que es tanto receptora muchas veces de esos riesgos en primera persona, como mecanismo también para dar solución a alguno de los problemas que pueden producirse.

Como ya digo, será presidido por el presidente del Gobierno, salvo cuando S.M. el Rey asista a las reuniones; tendrá reuniones periódicas, además de las necesarias cuando lo demuestren las circunstancias, y estará integrado por, como digo, el presidente del Gobierno, que lo presidirá; el vicepresidente del Gobierno; los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior, Fomento, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad; los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Seguridad; el responsable del Centro Nacional de Inteligencia y, como secretario, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, además de la presencia de responsables del Departamento de Seguridad.

Como ya he dicho, se trata, por tanto, de un Consejo que viene a situarse en línea de lo que se hace en los países de nuestro entorno para discutir colectivamente y coordinar los objetivos del Gobierno en esta materia, y para gestionar aquellas crisis que requieren una participación multisectorial, porque este Consejo asume también las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que se integrará en su seno. El primero de los mandatos que tendrá este Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con la propia Estrategia, es elaborar una propuesta de Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes.

Por tanto, lo que estamos haciendo hoy es aprobar un proyecto compartido de una sociedad responsable y concienciada con su propia seguridad, porque de la seguridad depende la garantía de la libertad y de los derechos; un proyecto impulsado por un Gobierno que tiene asumido firmemente el compromiso de proteger a los ciudadanos en cualquier circunstancia, de aglutinar esfuerzos políticos, y la voluntad y el trabajo de todas las Administraciones Públicas en una nueva cultura de seguridad.

En segundo lugar, quiero dar cuenta de que hoy ha visto la luz el Acuerdo por el que se autorizan la firma y la aplicación provisional del Tratado sobre Comercio de Armas. Ésta es una propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este Tratado se firmará el próximo día 3 de junio de 2013 en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El texto es el resultado de seis años de negociaciones multilaterales que concluyeron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio de Armas, que se celebró en marzo, y que fue aprobado en la Asamblea General de abril. España siempre ha tenido una posición muy activa y muy favorable a este Tratado. Con él se llena un vacío existente de normativa internacional reguladora de la transferencia de armas convencionales. Se incluyen, además de la lista de registro de armas convencionales de Naciones Unidas, las armas pequeñas y ligeras, municiones, explosivos, así como las partes, componentes y tecnología.

El objetivo esencial de este Tratado, cuya firma se ha acordado, es conseguir un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas internacionales comunes que permitan regular el comercio de armas, y España no se queda fuera; será de los primeros en firmarla.

Quiero destacar ya, desde el preámbulo, que este Acuerdo tiene continuas referencias a la Carta de Naciones Unidas y a la necesidad de una normativa que regule el tráfico de armas, que resuelva los problemas que el tráfico ilícito de las mismas provoca en la población civil, con mención expresa a las mujeres y a los niños, así como las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de dicho tráfico. Además, reconoce el papel activo en su desarrollo llevado a cabo por la sociedad civil en las Organizaciones no Gubernamentales.

Tiene como principios básicos la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos; el reconocimiento vinculado al convenio de la legítima defensa en este ámbito; la renuncia al recurso de la amenaza y al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado; la no injerencia en asuntos internos; el respeto a los derechos humanos y la obligación -y esto es lo más importante y novedoso del Tratado- de regular el comercio internacional de armas convencionales y evitar su desvío a otros agentes. Al respecto, además, se reconoce la capacidad que tienen los Estados legítimamente de adquirir armas sólo para ejercer su derecho a la legítima defensa y para operaciones de mantenimiento de la paz, y se establecen reglas muy tasadas para la fabricación, exportación, importación y transferencia de armas convencionales.

Siguiente asunto. Quiero darles cuenta de la aprobación del Real Decreto por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales, como las grandes inundaciones que han tenido lugar en varias Comunidades Autónomas. Como saben, el año pasado se aprobó un Real Decreto Ley, que después se transformó en una Ley de 26 de diciembre de 2012, que establecía un régimen normativo para situaciones de esta naturaleza extraordinaria y permitía, para evitar las demoras que genera la aprobación de normas de esta naturaleza, si son de rango legal, que mediante Real Decreto fuéramos adaptando el ámbito de aplicación y los requisitos previstos en esa Ley a cada una de las catástrofes que se vayan produciendo.

Pues bien, una vez que se han podido valorar todos los daños que se han producido por los fenómenos meteorológicos de gravedad acaecidas entre el 8 de septiembre y el 27 de diciembre de 2012, una vez que ya tenemos toda la relación de los Ministerios afectados, todo el relato de todos los daños, se aprueba este Real Decreto y se habilitan los fondos para que comience la tramitación de las ayudas del Ministerio de Hacienda, y se atiendan los gastos ocasionados en el Ministerio de Defensa.

Quiero señalar que el Ministerio del Interior, hasta la fecha, ha concedido 16 ayudas por fallecimientos, 283 ayudas por daños materiales y 97 por gastos de emergencia, hasta un total, hasta la fecha, de 2.778.000 euros. Pero, además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se gestionarán las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales. Para ello, el Real Decreto se acompaña de un Acuerdo que aprueba un crédito extraordinario de 71 millones de euros para paliar estos daños, una vez que ya se ha producido su valoración.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto u otro.