Intervención de la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría

En primer lugar, se ha acordado que se solicite la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial sobre la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado en la persona de don Eduardo Torres-Dulce Lifante. En segundo lugar, se ha procedido a nombrar jefe del Estado Mayor de la Defensa al almirante don Fernando García Sánchez. Además, se ha procedido al nombramiento de los Delegados del Gobierno en las siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, doña María de los Llanos de Luna Tobarra; Cantabria, don Samuel Ruíz Fuertes; La Rioja, don Alberto Bretón Rodríguez; Murcia, don Joaquín Bascuñana García; Comunidad Valenciana, doña Paula Sánchez de León Guardiola; Canarias, doña María del Carmen Hernández Bento; Islas Baleares, don José María Rodríguez Barberá; delegado del Gobierno en Ceuta, don Francisco Antonio González Pérez, y delegado del Gobierno en Melilla, don Abdelmalik El Barkani.

Por otra parte, se ha procedido al nombramiento de los siguientes Secretarios de Estado, pues sólo voy a hacer referencia a los secretarios de Estado, porque los siguientes nombramientos en escalón, subsecretarios y directores generales, los tendrán ustedes a su disposición en la Referencia del Consejo de Ministros: secretario de Estado de Justicia, don Fernando Román García; secretario de Estado de Hacienda, don Miguel Ferré Navarrete; secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña Marta Fernández Currás, secretario de Estado de Seguridad, don Ignacio Ulloa Rubio; secretaria de Estado de Empleo, doña Engracia Hidalgo Tena; secretario de Estado de la Seguridad Social, don Tomás Burgos Gallego; secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, don Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez Martín; secretaria de Estado de Turismo, doña María Isabel Gallego Cortés; secretario de Estado de Energía, don Fernando Martí Scharffausen; secretario de Estado de Medio Ambiente, don Federico Ramos de Armas; secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, doña Carmen Vela Olmo, y secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Juan Manuel Moreno Bonilla.

Esto en lo que afecta al capítulo de nombramientos; por supuesto, con los correspondientes ceses.

En segundo lugar, les informo de que el Consejo de Ministros, el segundo Consejo de Ministros que se celebra desde la investidura, ha empezado a tomar medidas. Estas medidas son el inicio del inicio; el inicio de un paquete de reformas estructurales que tienen por intención corregir el déficit público y volver a dinamizar nuestra economía.

Entre las reformas estructurales, que, como saben ustedes, tiene el Gobierno previsto realizar con un calendario clave en los primeros seis meses, están la reforma del sistema financiero, la reforma laboral en los tres primeros meses del año y la remisión de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado antes del 31 de marzo de 2012, previa autorización por el Congreso de los Diputados del techo de gasto.

En el Congreso hemos defendido siempre que había que proteger en la crisis a los más débiles. El Consejo de Ministros ha adoptado un conjunto de medidas que tratan de salvaguardar a los más débiles, a los más desprotegidos, frente a la situación de crisis económica. No podemos pedir sacrificios a quienes no pueden dar más y, por eso, en este Consejo de Ministros se ha acordado, en primer lugar, la actualización de las pensiones a lo que suele llamarse el coste de la vida. Se van a actualizar todas las pensiones a la previsión del IPC para el año 2012, que se sitúa en el 1 por 100.

Se mantienen íntegramente las prestaciones por desempleo, como se hizo expresa referencia en campaña electoral como compromiso de un futuro Gobierno del Partido Popular.

Se prorrogan a partir de febrero los cuatrocientos euros a los parados que hayan agotado su prestación. Como saben, son prórrogas de seis meses, termina en febrero y se ha acordado ya la prórroga a partir de esa fecha.

No se recorta el sueldo de los funcionarios públicos, como se hizo en el Real Decreto Ley de mayo de 2010. Se procede a mantener la congelación prevista en los Presupuestos para el año 2011, congelación que también afecta al resto de altos cargos del Estado.

Como decía, en este Consejo de Ministros se ha buscado no exigir esfuerzos, no pedir sacrificios, a quienes no pueden dar más y lograr mantener la protección a los parados y a los pensionistas como sectores más necesitados.

En segundo lugar, ha sido un compromiso de este Gobierno decir la verdad, y lo es de su Presidente, y en esa dinámica de decir la verdad y afrontar con realismo la situación económica, por difícil que sea, nos vemos en la obligación de comunicarles que la desviación que se ha producido respecto al déficit presupuestario estimado para final de año es muy sustancialmente superior. Nos encontramos con una cifra de déficit público, estimada para final de año, mucho más elevada de la que había comunicado y comprometido el Gobierno anterior. Estamos hablando de un déficit público estimado para final de año del entorno del 8 por 100.

Ésta es una desviación presupuestaria elevada y que va a obligar a tomar decisiones extraordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista, y va a obligar a adoptar medidas extraordinarias y no previstas. Pero quiero decirles que el Gobierno no va a tener la menor vacilación en afrontar con decisión una situación que debemos afrontar si queremos recuperar la credibilidad y sacar a este país de la crisis. El Gobierno ha tomado decisiones extraordinarias ante una situación extraordinaria. Lo ha hecho en este primer Consejo de Ministros y lo hará en cumplimiento de todos sus compromisos en las siguientes medidas que vayan a adoptarse.

Por eso les digo que la primera de las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros en un Acuerdo de no disponibilidad por valor de 8.900 millones de euros, con un desglose por ministerios y otras entidades que pasará a detallar el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, como primera medida, y en tanto en cuanto no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, se acuerda esta no disponibilidad por un importe, repito, de 8.900 millones de euros.

¿Cómo se va a cumplir este objetivo? Paso a detallarles alguna de las medidas que se han adoptado en el Real Decreto Ley que se ha venido a llamar de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, pero que es un Real Decreto Ley de medidas económicas, financieras y presupuestarias para la contención del déficit público, y otros Reales Decretos que lo apoyan, y que ha venido a determinar medidas como las siguientes:

En primer lugar, una importante reducción de las estructuras administrativas de la Administración General del Estado en un segundo escalón, el que se refiere a órganos directivos --estoy hablando de subsecretarios y Direcciones Generales--, que se concreta en una reducción de casi el 20 por 100, un 18,9 por 100. Por ponerles un ejemplo, se suprimen treinta Direcciones Generales.

En segundo lugar, se reduce un 20 por 100 la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para los partidos políticos. Se remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos, porque esta Ley del año 2007 establecía la cuantía base para el año 2008 y la actualización mínima del IPC año a año. Modificaremos esa norma para aplicar una reducción que ciframos en casi 30 millones de euros, 29,68 millones exactamente. Además, se reduce un 20 por 100 la subvención a sindicatos y organizaciones empresariales, un coste que se reducirá en 55 millones; es decir, se reducirán 55 millones de esa subvención.

En tercer lugar, se adoptan medidas en relación a los empleados públicos. Como decía, no se recorta el sueldo de los empleados públicos, pero se mantiene la congelación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Se amplía la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas y se congela la plantilla de los empleados públicos de todas las Administraciones. La tasa de reposición será cero, con excepción de los siguientes ámbitos en que la tasa de reposición puede alcanzar el 10 por 100: funcionarios docentes, plazas de hospitales y Centros de Salud del Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Como novedad, también les digo que se permitirá una tasa de reposición del 10 por 100 en los principales cuerpos destinados a la inspección tributaria y laboral, es decir, a la lucha contra el fraude. Ésta es la primera de las medidas en un Plan de Lucha contra el fraude fiscal y laboral que este Gobierno quiere poner en marcha.

Se modifica la Renta de Emancipación que reciben, por cuantía de 210 euros, los menores de treinta años en las condiciones que preveía un Real Decreto Ley del año 2007. Les explico: ese Real Decreto Ley preveía que cuatro años después de su entrada en vigor, que fue el 1 de enero de 2008, es decir, el 1 de enero de 2012, antes de esta fecha el Gobierno podía instar su modificación o derogación. Este Gobierno ha decidido no incorporar más beneficiarios a esa Renta de Emancipación, a fin de poder mantener la percepción por parte de los que la venían recibiendo y tenían reconocido este derecho, siempre con el límite de cuatro años y con la edad legal de treinta que establecía el Real Decreto.

Se establece la moratoria de un año en la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios al sistema de dependencia; en concreto, de la dependencia moderada. El Gobierno con anterioridad en nuestro país acordó la reducción de las cantidades destinadas a la dependencia. Este Gobierno, para no reducir las prestaciones por dependencia, establece una suspensión de un año de la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios.

Se congela el Salario Mínimo Interprofesional y se prorroga, por un año más, la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad que ya había sido prorrogada en los anteriores Presupuestos Generales del Estado.

Pero, como les decía, ésta es una situación extraordinaria y no prevista. No se preveía el desfase presupuestario que, sin embargo, está encima de la mesa. Por eso, este Gobierno se ve obligado a adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos de déficit público anunciados por el anterior Gobierno. Este Gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos, subida temporal que se cifra en los principios de justicia y equidad. Pedimos un esfuerzo a aquellos ciudadanos que más ganan o que más tienen, con carácter progresivo y temporal de dos años.

En primer lugar, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se establece un gravamen complementario --podríamos llamarlo un recargo complementario-- temporal de solidaridad en las rentas de trabajo y, muy especialmente, en las rentas de capital, que detallará el ministro de Hacienda.

En segundo lugar, se establece respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles un incremento que afectará a las viviendas que estén por encima del valor medio; también temporal de dos años.

Para dinamizar el mercado de la vivienda se prorroga por un año más el IVA superreducido al 4 por 100 para la adquisición de vivienda y se recupera la deducción por adquisición de vivienda habitual, que se eliminó en el año 2009 con efectos desde el año 2010.

Por su parte, y como conocen, en materia de impuestos especiales, el Gobierno se ve obligado a cumplir con el mandato de Bruselas de eliminar prácticamente la bonificación al gasóleo profesional, por cuanto acaba la prórroga obtenida en el año 2003 para seguir aplicando esa bonificación. Cumplimos, por tanto, un mandato de Bruselas.

Quiero indicarles que, junto a estas medidas, que, como digo son extraordinarias y excepcionales, temporales, porque lo son excepcionales e imprevistas las circunstancias que las han motivado, hay otra serie de acuerdos que se han adoptado hoy en Consejo de Ministros:

En primer lugar, se congela la tarifa eléctrica, lo que se conoce como tarifa de la luz, para el próximo trimestre.

Este Gobierno ha decidido también la ubicación del Almacén Temporal Centralizado, que se llevará al municipio de Villar de Cañas. Ésta es una decisión que se había demorado siete años, con un importante coste, y que este Gobierno ha decidido en la segunda reunión del Consejo de Ministros. Sólo les doy un dato: cada día que no se construía y ponía en funcionamiento desde el 1 de enero de 2011 nos costaba sesenta mil euros ese almacenamiento.

Se suprime en el Real Decreto Ley el Canon Digital y se modifica por un sistema de compensación de copia privada. El Gobierno cumple un compromiso electoral de suprimir este Canon Digital, tal y como habían acordado las Cortes Generales a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y se sustituye por una compensación, cuyos criterios de fijación y determinación fijará el Gobierno por Real Decreto.

Se regula, en cumplimiento de la Ley de Economía Sostenible, la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales. Quiero aclarar que sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros; sólo contra los que indebidamente hacen negocio con esas descargas ilegales. Con esta norma España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería. Cumplimos nuestros compromisos electorales, pero también nuestros compromisos internacionales.

Por último, se autoriza la suscripción de distintos convenios en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias para prestar servicios de teleasistencia en el marco de la dependencia, por un valor de aportación del Estado de treinta millones de euros.

Voy a dar ahora la palabra al ministro de Hacienda que va a explicar, tanto el Acuerdo de no disponibilidad, como las medidas tributarias cuya referencia somera acabo de hacer en esta primera intervención.