Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después del Consejo de Ministros

La Moncloa, Madrid

Méndez de Vigo.- Buenos días a todos. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, que ha presidido en el día de hoy el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy.

Como bien saben ustedes, la Legislatura del diálogo ha empezado a concretarse esta semana con fuerza: el pasado martes, 22 de noviembre, se reunió la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados; ayer, 24 de noviembre, tuvo lugar aquí una reunión presidida por el propio Presidente, con la presencia de la ministra de Empleo y los interlocutores sociales de la patronal y los sindicatos. El objetivo es dar un nuevo impulso al diálogo social, iniciando un camino que busca construir consensos sobre la recuperación económica con crecimiento y creación de empleo.

En este marco de diálogo, el Gobierno ha acordado hoy la remisión a las Cortes del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Sobre la remisión a las Cortes de esta Ley para su tramitación, quiero destacar que no es en sí misma sólo significativa, ya que introduce importantes modificaciones en los procedimientos de contratación con el sector público, y ello afecta de una manera sustancial a nuestro tejido productivo, sino que también forma parte del desarrollo de la agenda reformista que el Gobierno viene desplegando desde el año 2012 y que, en su vertiente de la reforma de la Administración, va a coadyuvar a una utilización más eficaz de los recursos públicos y a un mejor funcionamiento de la Administración al servicio de los intereses generales.

Son reformas estructurales éstas que han coadyuvado al control del gasto público y a la disminución del déficit, y nos han otorgado credibilidad en los mercados, lo que ha contribuido al afianzamiento de la recuperación económica, y todo ello ha contribuido también a afianzar la posición de España en el proyecto europeo.

En cuanto a los aspectos más destacados de estos Proyectos de Ley de contratación en el sector público, en primer lugar, quiero recordar que obedecen a la transposición de un paquete de tres Directivas que vienen de la Unión Europea, transposición de tres Directivas que se realiza a través de dos Proyectos de Ley: uno referido a la contratación del sector público en general y otro relativo a determinadas especialidades en materia de contratación de sectores específicos.

Los Anteproyectos han tenido una muy amplia tramitación, con más de 126 informes solicitados, además del trámite de información pública, y concluyeron también con la emisión de los dictámenes pertinentes del Consejo de Estado en marzo de 2016. Sin embargo, estas dos leyes que el Consejo de Ministros ha adoptado hoy no pudieron ser remitidas a las Cortes por un Gobierno en funciones y han tenido que esperar hasta ahora. Eso ha tenido una consecuencia y es que el plazo de transposición finalizó el pasado 18 de abril, y la Comisión Europea abrió inmediatamente un procedimiento de infracción por retraso en la transposición. Incluso, el Consejo de la Unión, el 2 de agosto del año 2016, donde se formulaban recomendaciones a España dirigidas, orientadas, a reducir el déficit excesivo, hacía referencia, esa decisión del Consejo de la Unión, a la conveniencia de adoptar medidas en materia de contratación. Y estos dos Proyectos de Ley obedecen precisamente al cumplimiento de esas exigencias comunitarias.

Dado el procedimiento de infracción en marcha y dado que hemos finalizado ya el plazo de transposición, es urgente la aprobación de ambos Proyectos y, por tanto, el Gobierno va a solicitar también la tramitación por el procedimiento de urgencia de los mismos.

Los objetivos esenciales y las principales novedades de ambas Leyes son los siguientes:

• En primer lugar, buscan reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos.
• Generalizan el uso de lo que se llama declaraciones responsables. Es decir, cuando alguien quiere contratar, no tiene ya que presentar toda la documentación, sino tendrá que presentarla sólo en el caso en que le haya sido concedida esa contratación. Aún más, si la empresa está inscrita en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas, ni tan siquiera habrá de presentar para los contratos a los que opte documentación adicional a la que aportó en su momento. Por tanto, con esto eliminamos muchas de esas trabas burocráticas o administrativas.
• Apuesta la Ley también por la utilización de medios electrónicos, incorporando la obligatoriedad de realizar comunicaciones y notificaciones a través de la contratación electrónica.
• Se reducen, igualmente, los plazos de adjudicación.
• Aumenta también la competencia, al permitir un mayor acceso de las pequeñas y medianas empresas. Se incentiva el que los contratos se dividan en lotes, para permitir precisamente el acceso de pequeñas y medianas empresas a la contratación pública.
• Se introduce una nueva regulación, que restringe la utilización de los llamados "medios propios de la Administración", es decir, entidades que actúan por encargo directo del órgano de contratación, sin seguir un procedimiento contractual. Eso se va a limitar notablemente.
• También, figura la posibilidad de que se exija como criterio de solvencia del empresario que el período de pago de ese empresario a sus proveedores no supere determinados límites que se establecen; por tanto, que sea solvente.
• Se busca mejorar la publicidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se suprime un procedimiento muy habitual, que era el negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Esta modificación es muy relevante para aumentar la publicidad en toda la contratación pública. Se crea también un nuevo procedimiento abierto simplificado, con una duración de contratación mucho más breve, pero con publicidad y transparencia.
• Hay novedades en la regulación de las prohibiciones de contratar; por ejemplo, no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.
• Se incluyen también en el ámbito subjetivo de la ley a los partidos políticos, fundaciones vinculadas a éstos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando estén financiados mayoritariamente con fondos públicos.
• Se establece, además, una previsión de que los órganos de contratación están obligados a tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción, así como a prevenir, a detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en un contrato público.
• Asimismo, esta Ley acrecienta las políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo. En materia medioambiental, se exigen certificados de calidad a las empresas licitadores para acreditar su buen hacer en el ámbito de la protección del medio ambiente. En temas sociales, se podrá favorecer a las empresas que acrediten que cumplen con determinados estándares de igualdad entre hombres y mujeres, así como que tienen medidas de protección de personas con discapacidad; y en este ámbito, en particular, se prevé que puedan reservarse contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30 por 100 de sus empleados esté en situación de discapacidad. También se establece la prohibición de contratar con la Administración a las empresas con más cincuenta trabajadores que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad.
• En cuanto a innovación y desarrollo, es relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominados de "asociación para la innovación", encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se pueden satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación o desarrollo de obras y servicios.
• Finalmente, dentro de lo que las Directivas europeas denominan "gobernanza" se refuerzan los mecanismos de supervisión y de cooperación con otras Administraciones Públicas, en la contratación pública, y se atribuyen a la Junta Consultiva de Contratación del Estado funciones de supervisión.

Por tanto, esto está en línea con lo que venimos haciendo de reforma de las Administraciones Públicas y también con lo que nos pide Bruselas en sus decisiones.

El Consejo de Ministros también ha tomado otra serie de Acuerdos que tienen que ver con la racionalización del gasto público y de la eficacia administrativa, y la búsqueda constante, en suma, de optimizar los recursos públicos. Se trata de tres contratos de compras centralizadas de las Administraciones Públicas.

Uno es el Acuerdo por el que se autorizan la celebración de un contrato centralizado de servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales, con un valor estimado de 268 millones de euros. Como saben ustedes, los servicios de notificación son fundamentales para garantizar el buen fin de los procedimientos, para eliminar y disminuir los riesgos de impugnación ante los tribunales de justicia; y de lo que se trata es de mejorar la eficacia administrativa de los servicios de notificación para que se puedan realizar en jornadas de mañana y tarde los preceptivos dos intentos de notificación establecidos por la Ley. Por tanto, agilización y eficacia. Este contrato se celebra con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y se han sumado trece ministerios y 61 organismos públicos, a los que hay que añadir ahora la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El segundo Acuerdo es el que autoriza la celebración de un acuerdo para el suministro de material mobiliario de despacho y complementario de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínicas y geriátrico de laboratorio, por una cuantía máxima de 65 millones de euros. Con esta centralización --por tanto, en vez de ser cada ministerio el que hace las compras por su cuenta, se centraliza en una unidad de acción-- estamos estimando un ahorro para las Administraciones Públicas de doce millones de euros.

El tercer Acuerdo --éste es un Acuerdo también muy importante-- es el que autoriza la conclusión de un Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas y otras para determinados órganos de contratación por parte de la Administración General del Estado. Es decir, es la Administración General del Estado la que contrata con las empresas farmacéuticas estas vacunas, vacunas que se centran, fundamentalmente, en vacunas infantiles, en aquellas vacunas que necesitan los viajeros, en personas con riesgo, principalmente hepatitis, y, finalmente, también en vacunas a futuro.

Catorce Comunidades participan en este Acuerdo Marco, que ya ha estado vigente desde el año 2011. Desde el año 2011 hasta ahora ha propiciado un ahorro de 159 millones de euros, y contemplamos, en estos dos años de vigencia que va a tener, 2017 a 2019, de 58 millones de euros. Por tanto, también va en esta línea de optimizar recursos.

Eso es algo que el Gobierno lleva haciendo desde octubre del año 2012, en que se constituyó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la llamada CORA, que ha llevado a cabo, como ustedes saben, un profundo análisis de cuáles eran las duplicidades que había en la Administración, en las Administraciones del Estado, y las ineficiencias existentes en los tres niveles: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

A día de hoy, el cumplimiento de este Programa CORA alcanza el 87 por 100, habiéndose ejecutado 193 medidas, con un ahorro estimado de treinta mil millones en la Administración y cinco mil millones en lo que respecta a las relaciones con particulares. Y ha llevado también a un adelgazamiento de las Administraciones, que se sustancia en la supresión de 2.364 entes. Por tanto, un trabajo importante realizado en la pasada Legislatura, que va a continuar en ésta.

Otro Acuerdo que el Gobierno quiere destacar, porque cree que es un ejemplo de cooperación institucional, es el que autoriza a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por importe de doscientos millones de euros. La Comunidad Autónoma de Baleares no cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2015, ha solicitado autorización a la Agencia Tributaria de las Illes Balears para cubrir necesidades transitorias de tesorería y este acuerdo se lo concede, porque la cooperación institucional es fundamental. El diálogo franco y fructífero entre administraciones públicas sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos es el camino adecuado para resolver estos problemas.

También, el Gobierno ha aprobado la Declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy conmemoramos ese día. Ayer mismo tuvimos que lamentar otra víctima: una mujer joven, de 26 años, fue asesinada por su pareja; otra nueva víctima de esta cobarde violencia que constituye una lacra social, que entre todos queremos erradicar. Han estado ustedes hace unos minutos en el acto que ha tenido lugar aquí, en el Palacio de La Moncloa, con el presidente del Gobierno.

Por tanto, esta Declaración, que va en la línea de lo que ha dicho en la intervención el presidente del Gobierno, es un compromiso para fomentar la concienciación ciudadana, para ahondar en el conocimiento y estudio del problema y de que la violencia de género constituye una cuestión de Estado, que reclama la unidad de todas las fuerzas políticas. Hace poco, la ministra de Sanidad tuvo una intervención en el Congreso, se ha constituido una subcomisión para ello en el propio Congreso de los Diputados y yo espero que tengamos también un acuerdo de Estado en esta materia, tal y como preconizó el presidente del Gobierno en su pleno de investidura.

Asimismo, el Gobierno ha procedido a una serie de nombramientos, que tienen ustedes en la Referencia; me voy a referir sólo a algunos de ellos. Tres nombramientos requerían un procedimiento previo, que se ha cumplido. Uno es el del fiscal general del Estado. El Gobierno ha nombrado fiscal general del Estado a don José Manuel Maza Martín, después de haber terminado el procedimiento: Consejo General del Poder Judicial y Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Además, el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Sebastián Albella Amigo y doña Ana María Martínez-Pina.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado, insisto, una serie de nombramientos; voy a mencionar el del abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado, en el Ministerio de Justicia, para el que ha sido nombrado don Eugenio López Álvarez. En el Ministerio de Hacienda, doña María Luisa Lamela Díaz es la nueva interventora general de la Administración del Estado; y don Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública. En un Ministerio que conozco bien, el nuevo director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales es don Óscar Graefenhain de Codes. Y n el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el nuevo secretario general de Ciencia e Innovación es don Juan María Vázquez Rojas, que fue secretario general de Universidades en el Ministerio de Educación.

Finalmente, dos comentarios. El ministro de Economía nos ha informado de las consecuencias del "Brexit" y del compromiso del Gobierno de convertir a nuestro país en una plaza atractiva para la reubicación que puede traer consecuencia de este "Brexit". Y el ministro del Interior ha informado de una demanda del Estado de Israel para prestar ayuda para sofocar unos incendios que se están produciendo en este país; inmediatamente esa demanda ha sido atendida con el envío de cuatro aviones, lo que ha motivado un agradecimiento caluroso por parte del embajador de ese país.

Éstos son, en suma, los acuerdos a los que quería hacerles parte y, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier aclaración que quieran.