Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos. Voy a darles cuenta de los principales asuntos tratados en el Consejo de Ministros del día de hoy. Me acompaña la ministra de Empleo.

Hoy aprobamos un Real Decretó-ley de medidas de consolidación del sistema de Seguridad Social. Este Real Decreto-ley tiene un contenido doble: por un lado, se modifican las condiciones y el objeto del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a nuevas necesidades y realidades generadas por la situación económica actual. Esta norma contempla un cambio que permitirá a la Seguridad Social disponer de fondos, por un valor de unos cuatro mil millones de euros, hasta final de año para hacer frente al pago de la extra de Navidad de las pensiones.

La pérdida de casi tres millones de afiliados coloca a la Seguridad Social en una situación de problemas de liquidez que requieren una respuesta excepcional tras cinco años de crisis y en un contexto europeo de dificultades. Por tanto, ante la necesidad de tener que disponer de esta cantidad para hacer frente a determinados pagos de este mes de diciembre, por un lado, se cambia esa Ley reguladora.

Conocen todos ustedes las dificultades que atravesamos desde un punto de vista económico y los esfuerzos y sacrificios que están haciendo muchos españoles. En esta situación nacional e internacional el Gobierno ha tomado a lo largo de este año una serie de decisiones. La primera de ellas, el 30 de diciembre de 2011, fue acordar una revalorización de las pensiones del 1 por 100. Hoy se ha conocido el dato avanzado --no es el definitivo, es anticipado-- del IPC, que se sitúa en el 2,9 por 100.

Con esas cifras, y habida cuenta el estado de las cuentas públicas, el Gobierrno no puede hacer frente, por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social, a una actualización del 1,9 por 100. Pero somos muy conscientes de que no se puede pedir a todos los pensionistas el mismo esfuerzo y que hay que tratar el asunto con carácter equitativo; por ello, en enero de 2013 la actualización de las pensiones será, con carácter general, del 1 por 100, pero a los pensionistas que cobren menos de mil euros de pensión se les actualizará el 2 por 100. Es decir, vamos a dar un trato diferente según el montante de la pensión para tratar de que las pensiones más bajas recuperen cierto poder adquisitivo.

Es una medida difícil. Somos muy conscientes del esfuerzo que estamos pidiendo a muchos ciudadanos en un momento de gran dificultad en el que los números y las circunstancias han obligado al Gobierno, por responsabilidad, a tomar esta decisión; pero también consideramos que en un momento de dificultad hay que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ser no tratar a todos por igual, sino mejorar con esa actualización, con esa revalorización, del 2 por 100 las pensiones de cuantía inferior.

En segundo lugar, en el capítulo de modernización y adaptacíon de la normativa, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Metrología. El objeto es sustituir la vigente Ley, que es del año 1985, por una nueva ley que recoja todas las adaptaciones del Derecho Comunitario y, además, las novedades técnicas y tecnológicas en este extremo, así como consolidar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La metrología es la ciencia de medida que se encarga del estudio, mantenimiento y aplicación de los sistemas de pesos y medidas --de eso estamos hablando--, de unidades básicas que son conocidas por todos: el metro, el kilogramo, el segundo, la candela, etc., etc. Con este Anteproyecto lo que se regulan son nombres, escalas y símbolos; se fijan las unidades de medida, los materiales de referencia y se establece la obligación de utilizar el sistema legal de unidades de medidas.

Pero, sobre todo, lo que se trata es de simplificar normativa, de modernizarla, de garantizar la unidad de mercado y de permitir que se produzcan determinadas actuaciones sin necesidad de que haya siempre una intervención pública. Por eso, se recogen instrumentos de testigo, que permiten a los ciudadanos comprobar que los instrumentos de medida son exactos; que puede evitar costes en verificaciones periódicas y, además, se permite en ciertos casos, que, si una persona puede comercializar un equipo libremente, pueda repararlo sin necesidad de que un organismo tenga que volver a verificar que es el sistema exacto.

En segundo lugar, y también en la línea de modernizar normativa y de eliminar burocracia, hoy se ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación en materia tributaria; en concreto, del IVA. Esta norma recoge las últimas modificaciones introducidas por la normativa comunitaria a la hora de facturar el IVA. Es una Directiva que debía trasponerse antes del 1 de enero de 2013 y que, por tanto, trasponemos en plazo.

Este Real Decreto es, por tanto, una trasposición y una adaptación también a tiempos y tecnologías. Se da un impulso a la facturación electrónica, con el mismo trato, el mismo efecto, que la factura en papel; se reconoce que las tecnologías de intercambio electrónico y de firma electrónica avanzada garantizan la autenticidad de los datos, del origen y del contenido de las facturas; y se amplía la posibilidad de que la Administración Tributaria acceda a documentos que tienen que ser conservados.

Lo más importante es que se diferencian dos tipos de facturas para facilitar el trabajo de la Agencia Tributaria, pero también de los que tienen que emitirla y tienen que recibirla: la completa u ordinaria y una simplificada, que viene a sustituir a los llamados tickets y que es la que se expedirá, entre otros ejemplos, que tendrán ustedes en la Referencia en nota de prensa, cuando no exceda el importe de la factura de cuatrocientos euros.

Se trata, por tanto, de hacer las cosas más fáciles al vendedor, al comprador y, en todo caso, a la Agencia Triburaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos.

En el capítulo de acuerdos, el Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se instruye al ministro de Economía para que requiera al Banco de España un informe sobre la política retributiva llevada a cabo por las entidades que reciben ayuda pública antes de esa recepción. Una vez que se han conocido y fijado las necesidades de capitalización de las entidades que precisan ayuda pública, entendemos que es necesario determinar la política retributiva que se vino llevando a cabo a favor de esos gestores, incluidas las indemnizaciones en los supuestos de cese.

Como saben, para las entidades que reciben algún tipo de ayuda pública, este Gobierno, en una de sus primeras medidas, decidió topar las retribuciones e indemnizaciones que podían recibir e, incluso, establecer que las variables a esas retribuciones se diferirían en el tiempo para poder determinar, una vez pasado un plazo razonable, que la gestión era la adecuada y que había llevado a una mejora en la situación de la entidad.

Pues bien, nos encontramos en la situación de que, como conocen, hay una serie de entidades que van a recibir ayuda pública. Después de la entrada en vigor de esa norma que establecimos, no obstante, hay que analizar si esas entidades, que se encuentran en una situación patrimonial tan complicada, de qué modo han llevado a cabo esas políticas retributivas y han pagado esas indemnizaciones, porque no se nos olvide que son entidades que se encuentran en unas circunstancias de pérdidas o de dificultades financieras que han llevado a inyectar capital de naturaleza pública.

Por último, quiero destacar la aprobación de un Real Decreto por el que se declara Zona de Especial Conservación el Lugar de Especial Importancia Comunitaria del Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000, y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación.

Como saben, el Estado es quien tiene competencia exclusiva para dictar la legislación básica en materia de protección del medio ambiente. La Comisión Europea declaró como Lugar de Importancia Comunitaria el Estrecho Oriental, el área del Estrecho de Gibraltar. Se ha declarado un Lugar de Importancia Comunitaria y ayer mismo se inadmitió el último de los recursos planteados sobre esa declaración de Lugar de Importancia Comunitaria. Corresponde ahora al Estado, como siguiente paso, declararlo Zona de Especial Conservación y adoptar las medidas necesarias para que esa conservación sea una realidad. Es decir, declarado Lugar de Importancia Comunitaria, hoy hay que declararlo Zona de Especial Conservación y adoptar las medidas necesarias para que así sea.

Lo que se pretende es tener un instrumento mejor para evitar actuaciones y prácticas dañinas en la zona contra el medio ambiente. Estoy hablando de vertidos, de efectos del "bunkering" o de los rellenos. De este modo, en materia de rellenos se prohíbe ganar terrenos al mar mediante rellenos con materiales extraídos del fondo marino del espacio protegido o de cualquier otra procedencia. Quedan prohibido cualquier tipo de vertido, de cualquier tipo de objeto, para desprenderse de él. Y, en cuanto al "bunkering", se prohíbe el fonde permanente de buques-tanque dedicados al suministro de combustible en estas aguas del espacio protegido.

Se trata de garantizar los usos que se realizan en esta zona, que es de una gran riqueza biológica --es una zona de hábitat de gran valor ecológico, entre ellas las chimeneas submarinas-- y por constituir, además, el Estrecho un paso estratégico de primera magnitud para especies de cetáceos y aves marinas.

Es, por tanto, una medida que adopta el Gobierno de acuerdo con el Derecho Comunitario y en el ejercicio de sus competencias sobre unas aguas que forman parte de nuestro territorio.

Voy a dar la palabra a la ministra de Empleo para que explique el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy.