Intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro

Sr. Montoro.- En primer lugar, en relación con la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ésta no es una iniciativa que puede tomar el Gobierno en funciones y, por tanto, lo hace el Grupo Parlamentario Popular.

Es una iniciativa de cambio en la Ley Orgánica, que establece una nueva disposición que viene a modificar el artículo 15 de esta Ley Orgánica. Lo hace para que, en las circunstancias que se están dando actualmente en España, que son dos: las instituciones europeas han aprobado una nueva senda de reducción de déficit público para España y la otra circunstancia de que hay un Gobierno en funciones, lo que significa que no podemos hacer Presupuesto nuevo para el año próximo… En esas circunstancias, y no en cualquier otra, la modificación de la Ley lo que permite es que el Gobierno en funciones pueda llevar a las Cámaras los nuevos objetivos de déficit para todas las Administraciones y, por descontado, para las Comunidades Autónomas, en concreto.

Por tanto, se trataría de una tramitación que necesita los apoyos políticos correspondientes; obviamente, para salir adelante como Ley Orgánica, mayoría absoluta. Y también decía que lo que hace es habilitar para que el Gobierno en funciones lleve adelante su propuesta de fijación de nuevos objetivos de déficit; algo que es urgente hacer de aquí a final de año porque, como avanzaba la vicepresidenta, las Comunidades Autónomas hoy tienen un objetivo fijado para el año 2016 del 0,3 por 100, que es el objetivo y es el objetivo también a través de los mecanismos extraordinarios de financiación FLA o de capacidad de endeudamiento que otorga el Consejo de Ministros a las Comunidades Autónomas que incumplieron el déficit del año pasado.

Lo que hacemos, por tanto, es habilitar, cambiar hacia un nuevo objetivo, que sería del 0,7 por 100 para este ejercicio, que es lo que esperamos que cierren las Comunidades Autónomas, efectivamente, en este ejercicio. Es objetivo coincidente con lo que razonablemente cabe esperar, a partir de los datos que vamos conociendo mensualmente de la evolución del déficit de las Comunidades Autónomas. Por tanto, eso nos habilitaría también como Gobierno para poder financiar la diferencia entre -0,3 y -0,7 por 100 de déficit.

Sin esto, si no somos capaces de financiarnos, si no tenemos nuevo título legal, eso lo que produciría es que aumentaría la cola de proveedores, el aplazamiento de pago de proveedores de Comunidades Autónomas y, por tanto, perjudicaríamos a los servicios públicos y, obviamente, estaríamos obstaculizando el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que es fundamental también. Nosotros, como país miembro de la Unión Europea, tenemos una exigencia en materia de cumplimiento de la Ley de Morosidad, de los plazos de esa Ley, y, por tanto, también es una exigencia que hay que guardar, establecer, seguir, muy puntualmente.

Esto habilitaría también para que propusiéramos nuevos objetivos diferentes del 0,1 por 100 actual para el año 2017, de manera que las Comunidades Autónomas puedan hacer su Presupuesto, no con un objetivo del 0,1 por 100, que hoy realmente queda muy empequeñecido, en razón de lo que la nueva senda. España cuenta con un año más para llegar, el conjunto de las Administraciones, al déficit por debajo del 3 por 100 y, lógicamente, también eso significará que a las Comunidades Autónomas hay que darles también una nueva senda. Por tanto, eso permitirá que las Comunidades Autónomas hagan su nuevo Presupuesto.

Ése es el sentido de esta modificación puntual, concreta, que también podía hacerse en trámite parlamentario con bastante rapidez, en lectura única, y, por tanto, eso permitiría también que el Gobierno cumpliera con lo que son los plazos ya establecidos. Convocaríamos Consejo de Política Fiscal y Financiera; convocaríamos Comisión Nacional de Administración Local; a continuación, llevaría al Consejo de Ministros la propuesta de objetivos y la remitiríamos a las Cámaras; en este caso, a las dos Cámaras, al Congreso y al Senado.

Esto es lo que pretendemos hacer y, por tanto, es el sentido mismo, y lo hace y lo protagoniza el Grupo Parlamentario Popular como propuesta de ley.

En segundo lugar, en relación con el Real Decreto Ley del Impuesto sobre Sociedades, es establecer un nuevo régimen de pago fraccionado, que afecta a los contribuyentes, personas jurídicas, empresas, cuya facturación supera los diez millones de euros, lo que en la terminología de la Agencia Tributaria denominan "grandes contribuyentes". Por tanto, no afecta para nada a empresas por debajo de ese umbral de facturación. Entonces, afectaría a un colectivo de en torno a unas nueve mil empresas en nuestro país.

Lo que trata es de restablecer el sistema de pago fraccionado anterior. En realidad, aunque pueda parecer novedoso, en su conjunto, la propuesta, lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros, es recuperar el sistema de pago fraccionados que ya estábamos viviendo, estableciendo, desde el año 2012 y que también permite que desde el año 2012… En el año 2012 superamos la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, en lo que es la liquidación del año, los veintiún mil millones de euros. A partir de ahí, cada año hemos mantenido una recaudación en el Impuesto sobre Sociedades en el entorno de veinte mil millones de euros.

Tomamos esta decisión, que consiste, fundamentalmente, en establecer la obligatoriedad de un pago fraccionado del 23 por 100 sobre resultado contable. Esa es la obligación que establecemos, que subsume las anteriores condiciones de los pagos fraccionados y que lo que haría es que nos permitiera ingresar en la Hacienda Pública este año una cifra muy parecida, en el mismo rango que les he dado, que ya veníamos obteniendo cada año veinte mil y veintiún millones.

Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque, al haber cambiado el sistema de pago fraccionado consecuencia de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades, advertimos que, si no lo hacemos, vamos a reducir los ingresos del Impuesto sobre Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir si queremos, efectivamente, como estamos obligados, cumplir con el objetivo de déficit de este año.

Por lo tanto, no se trata de recaudar muy distinto de lo que ya estábamos haciendo; se trata de que el Impuesto sobre Sociedades mantenga el mismo ritmo de ingreso que ya venía teniendo y, obviamente, hay que utilizar el último tramo del año para que en los dos pagos fraccionados que quedan, octubre y diciembre, las empresas afectadas ingresen ese pago fraccionado, que no supone mayor subida del Impuesto sobre Sociedad para ellas. Es como un anticipo a cuenta, como hacemos para las personas físicas a las que resulta devolver en IRPF. Como recuerdan, de cada cuatro contribuyentes, a tres les resulta a devolver cuando hacen la liquidación. Pues este sistema, igual.

Pero lo que ocurre es que el sistema, digamos, no caduca. El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad; no es una medida sólo para 2016, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3 por 100. Tampoco se trata de que permanezca mucho más, pero hay que cumplir y hay que mirar al horizonte 2018.

En relación con el FLA, como avanzaba también y nos ha contado la Vicepresidenta, lo que hemos hecho es aprobar en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día de ayer una cuantía, que es la que se corresponde con la financiación del 0,3 por 100 de déficit público --eso es lo que se corresponde--, que vienen a ser 10.489 millones de euros, que es lo que va a las Comunidades FLA.

Obviamente, en ese sentido, no estamos haciendo uso de ninguna capacidad diferente o especial; pero, como ven, necesitamos cambiar el objetivo de déficit cuanto antes para poder financiar el exceso de déficit sobre el 0,3 por 100 hasta el 0,7 por 100. Estamos hablando, por tanto, de más de cuatro mil millones de euros que necesitaríamos utilizar de los que disponemos, porque los diez mil millones habilitados en el día de ayer, todavía quedan por debajo, claramente por debajo, del umbral del total de FLA previsto para este ejercicio.

Por tanto, ahora lo que tenemos es, en suma, que utilizar el otro margen; pero hasta que no tengamos habilitación legal en la modificación de la Ley de Estabilidad no podemos hacerlo. Eso también es urgente hacerlo, porque todo ello es para los proveedores de nuestras Comunidades Autónomas. Hablamos de los proveedores de la sanidad pública, de la educación, de los servicios sociales, de residencias…, de todo ello. Por tanto, no pueden ni deben sufrir demora en esta política, que es la que estamos desarrollando como Gobierno, de minimizar los costes de la situación, también demasiado ya prolongada, que tenemos en nuestro país.