Intervención de la vicepresidenta, ministra de la presidencia y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Me acompaña el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas porque vamos a informarles de los principales acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros y que tienen mucho que ver con un conjunto de medidas que estamos adoptando para evitar que la situación de bloqueo institucional y de falta de gobierno, que va también muy ligada a la falta de Presupuestos, pueda perjudicar al conjunto de los españoles.

Han podido escuchar en numerosas ocasiones al presidente del Gobierno que, a pesar de que estábamos en funciones, estábamos analizando distintas medidas, tanto legislativas como administrativas, que nos permitieran paliar la situación de bloqueo institucional que vivimos y que pueda afectar de manera negativa a los ciudadanos. Después de muchos trabajos, muchos estudios y muchos informes, podemos hoy presentarles un conjunto de medidas que, como Gobierno, vamos a llevar a cabo en algunas ocasiones y, en otras, que estamos negociando con distintos Grupos Parlamentarios para ponerlas en marcha.

Por tanto, son un conjunto de medidas que vienen ligadas, de un lado, a la imposibilidad de presentar Presupuestos Generales del Estado, dada la situación de interinidad; en segundo lugar, a la necesidad de cumplir nuestras obligaciones con la Unión Europea y, en tercer lugar, y la más importante, a evitar perjuicios a los españoles que no tienen por qué asumir el coste de la falta de Gobierno en plazo.

Gobernamos en situaciones difíciles y en la medida que nos permiten las leyes, y lo hacemos con un diálogo, que quiero agradecer, con el resto de los Grupos Parlamentarios para poner adelante un conjunto de medidas que buscan, fundamentalmente, lo que algunos ya han venido a llamar "operación de minimizar daños". Pues de eso se trata, de poner en marcha medidas que eviten perjuicios a los españoles.

Una de ellas, que se está hablando con los Grupos Parlamentarios y en la que tendremos que ser todos protagonistas, es la posibilidad de poder trasladarles o transmitirles a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones los nuevos objetivos de estabilidad presupuestarios, de déficit público y de deuda pública; la nueva senda fiscal que aprobó Bruselas.

Saben ustedes que, a falta de Presupuestos Generales del Estado, en el estado de la legislación era imposible aprobar unos objetivos de estabilidad presupuestaria desligados del techo de gasto y, además, en una situación en funciones. Lo que estamos hablando con los Grupos Parlamentarios, lo que estamos estudiando, es plantear una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que permita a un gobierno en funciones, y siempre que la Unión Europea modifique la senda fiscal, poder llevarla a las Cortes y poder aprobarla.

Saben que el Gobierno no tiene capacidad legislativa, no puede presentar Proyecto de Ley, pero estamos hablando con los Grupos Parlamentarios, tanto para poder hacer esa iniciativa, como para poder secundarla en la Cámara, como explicará después el ministro Montoro.

La segunda de las cuestiones viene referida a la necesidad de adoptar un conjunto de medidas que nos permitan cumplir con esa senda fiscal que nos ha aprobado la Unión Europea y que nos permite un plazo más largo en los objetivos del cumplimiento del déficit público. Por tanto, hoy aprobamos un Real Decreto Ley por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a esa reducción del déficit público para conseguir un incremento de los ingresos correspondientes al Impuesto de Sociedades. No se trata de una subida de impuestos, sino de un cambio en la metodología de los pagos fraccionados, como ahora explicará el Ministro.

Y la tercera de las cuestiones importantes la aprobamos ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Tal y como se les informó desde la Secretaría de Estado de Comunicación, es la aprobación de la distribución del cuarto trimestre del Fondo de Liquidez Autonómico para el pago de vencimiento de deuda en las Comunidades Autónomas y del déficit público de las mismas. Tiene por objeto, fundamentalmente, mejorar los tiempos de cobro de los proveedores de las Administraciones.

Por tanto, presentamos un paquete de medidas, que se está dialogando con los distintos partidos políticos y con los distintos Grupos Parlamentarios, para minimizar los daños de la falta de Presupuestos, para evitar algunos efectos negativos en el incumplimiento del déficit público ante Bruselas y, sobre todo, que tiene un objetivo básico: evitar daños a los españoles, permitir a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones que tengan los nuevos objetivos de déficit para que puedan mantener el nivel de servicios públicos que vienen prestando hasta la fecha. Por tanto, se trata de mantener esos servicios públicos, se trata también de favorecer el pago en plazo a los proveedores y se trata de seguir gobernando en la medida que nos permiten las leyes, o incluso cambiar las leyes para que nos permitan un margen más amplio de gobierno y solventar todas estas cuestiones.

En otro orden de cosas, porque ahora lo explicará el Ministro detalladamente, hay alguna cuestión que me parece importante informarles. Hoy hemos exceptuado la aplicación de orden de cierre para permitir la tramitación de contratos de suministros imprescindibles en el funcionamiento del proyecto de Justicia Digital. De lo que se trata es de seguir avanzando en este proyecto para lograr una mayor informatización de la Justicia y, por tanto, una mayor agilidad y un acortamiento de los plazos, una reducción de los tiempos procesales.

Se trata de una inversión de 1,7 millones de euros para la compra de 1.450 portátiles ultraligeros y equipos complementarios para que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia puedan trabajar en ese entorno digital. Serán medios de última generación imprescindibles para trabajar en el expediente digital, independientemente de que sea en el Juzgado o en la sala de vistas, emitir dictámenes y sentencias, acceder a la jurisprudencia o cualquier otro tipo de información que sea necesaria.

Permítanme que aquí les haga un breve balance de lo que ha supuesto que desde el 1 de enero de este año sean obligatorias para los profesionales de la Justicia las comunicaciones electrónicas con Juzgados y Tribunales. Pues bien, desde 1 de enero a 30 de septiembre, es decir, a día de hoy, ya se han practicado de manera electrónica casi cincuenta millones de comunicaciones y hoy ya son seiscientos los juzgados sin papel; de 2.300, ya hay 600 juzgados en los que ya no se mueve un papel, todo es electrónico.

Todo esto ha permitido la reducción de sesenta a diecinueve los días de presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios; se han logrado ahorros de más de 390 millones de euros y, además, con esta Justicia Digital, que permite aprovechar, aunque no computen, los días festivos, se han aumentado un 472 por 100 los escritos enviados en días festivos a los Juzgados y Tribunales, y un 547 por 100 en horario de tarde y de noche. Es decir, lo que se está permitiendo para los profesionales de la justicia es, digamos, el envío de trámites procesales las veinticuatro horas al día, todos los días de la semana. Eso mejora, agiliza la Justicia y permite que avancemos en una de las reformas que tienen que ser claves, que es la agilización de la Justicia, y, en general la agilización de la Administración.

Como puede explicar el ministro Montoro, con los cambios de leyes administrativas, que muchos de ellos entrarán en vigor el próximo 2 de octubre, la Administración digital dará un salto muy importante, un salto de gigante, a la desaparición paulatina, con sus dificultades pero en un proceso que avanza, del papel y a una mayor informatización. No obstante, quiero decir que España se encuentra, según datos de la OCDE, entre los países europeos, y en el conjunto de los países más avanzados, en los niveles más altos de digitalización de su Administración.

En este orden de cosas y dentro de ese proceso de digitalización, hoy los Ministerios de Hacienda y de Presidencia hemos elevado al Consejo un acuerdo para habilitar instrucciones de participación pública a los distintos Ministerios en el proceso de elaboración normativa a través de los portales webs de los departamentos ministeriales. Saben que hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de transparencia y de participación para acercar las instituciones a los ciudadanos. Entre otras medidas, un elemento importante es la participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías en la elaboración de proyectos normativos de distintas Administraciones.

Lo que hemos hecho con esta instrucción es armonizar en los distintos Ministerios para que los ciudadanos no tengan que cambiar el esquema de participación según se trate de una orden ministerial de un ministerio o de otro; que haya un proceso homogéneo entre las distintas webs. También se establecerá en el punto de acceso general electrónico de la Administración General del Estado un enlace a esos portales, de manera que, a través del enlace general, pueda uno dirigirse a cualquier Ministerio solicitando una modificación normativa o dando su opinión o sus sugerencias a cualquier modificación.

Por último, saben que en estos días les estamos presentando… La semana pasada aprobamos el Real Decreto de prórroga del Real Decreto de Sequía, que afecta a distintas Comunidades Autónomas, y les estamos informando de distintas medidas adoptadas. Hoy se ha tomado razón de obras de emergencia de la conducción de agua desalinizada de la red de distribución de la desalinizadora de Valdelentisco, en el embalse de Algeciras, en los términos municipales de Alhama de Murcia y de Librilla, también en Murcia. Es una inversión importante, de cinco millones de euros, que permitirá garantizar el suministro al Valle del Guadalentín, mediante caudales del trasvase o bien mediante caudales desalados, para poder garantizar, paliar, en la medida la situación de sequía declarada desde el mes de mayo de 2015 en las cuencas del Segura y del Júcar, y que, como les decía, se ha prorrogado la semana pasada hasta septiembre de 2017.