Intervención del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

Sr. Fernández.- Como ha señalado la señora vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo mediante el que se aprueba el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta.

Como sabemos todos, España conoce, por desgracia, demasiado bien el terrorismo: durante décadas, el terrorismo de ETA y después quiero recordar que el mayor atentado terrorista de signo yihadista que ha sufrido Europa se produjo en España, el 11 de marzo de 2004. Por esa razón, hace ya mucho tiempo que España trabaja para disponer de las herramientas adecuadas para hacer frente a dicha amenaza, muy especialmente a lo que pudiéramos calificar como terrorismo del siglo XXI, es decir, el de signo yihadista. De hecho, sin perjuicio de que este plan está orientado hacia todo tipo de radicalización violenta, no cabe duda de que en la actualidad el principal riesgo procede precisamente del terrorismo yihadista.

Nuestro país ha desplegado este esfuerzo en el ámbito internacional: por referirme a los encuentros más recientes, ayer mismo, en el Consejo Europeo JAI de Riga -estamos en la Presidencia semestral de Letonia-, o en la Cumbre de París del pasado 11 de enero, cuando el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, nos convocó, además de a Estados Unidos y Canadá, al llamado G-10, a los diez países de la Unión Europea que más amenaza tienen de signo yihadista, tras los atentados que se produjeron en Francia y que todos conocemos.

Además de esos esfuerzos realizados en el ámbito internacional y, sobre todo, como digo, en el ámbito de la Unión Europea, también hemos venido trabajando en el ámbito nacional, como no podía ser de otra manera. Ahí está de especial actualidad el acuerdo al que se ha llegado con el Partido Socialista --que tiene que ser formalizado, pero al que se ha llegado, que es público y notorio-- para dotar al Estado democrático y de derecho español de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a este terrorismo.

El Código Penal actual nos permitió dotar a jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad de los instrumentos jurídicos necesarios para derrotar a un terrorismo como el de ETA o el del Grapo; ahora necesitamos dotarlo de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a otro terrorismo, como es el yihadista, que tiene otra naturaleza y otras características distintas, que es lo que se está haciendo, como saben ustedes, en esas conversaciones, esas negociaciones políticas, que son públicas y notorias.

Por otra parte, creo que es importante destacar que este Plan que ha aprobado, mediante Acuerdo, el Consejo de Ministros se inscribe en un marco definido previamente, por una parte, por la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea. Ésa es una Estrategia que aprobó la Unión Europea en el año 2005 tras los atentados de Madrid de 2004 y los de Londres de 2005, y que ha sido sucesivamente, a lo largo del tiempo, actualizada. Ése es uno de los ejes en los que se encuadra este Plan y también, en el ámbito nacional, por la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por el Gobierno en el año 2013, y la Estrategia contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, una estrategia del año 2012.

Esas son las coordenadas, los ejes, que determinan el marco en el que se encuadra este Plan Nacional que acabamos de aprobar.

Es un plan global, ya que ha sido elaborado por un grupo de trabajo interministerial, con participación muy importante de la sociedad civil y de los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización. Y es integral, porque implica a los diferentes poderes públicos y entidades sociales, coordinados por un grupo especial del Ministerio del Interior.

El objetivo principal del Plan aprobado hoy es que se caracteriza por ser un instrumento esencial en el campo de la prevención, pretendiendo evitar el surgimiento y, en su caso, desarrollo de procesos de radicalización violenta y extrema y su posible salida hacia el terrorismo, mediante la detección temprana y su eventual neutralización.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a una necesidad nacional de tratamiento del fenómeno de la radicalización violenta. A esos efectos, les daré un dato: entre 1996 y 2012 siete de cada diez condenados por yihadismo en nuestro país se habían radicalizado total o parcialmente en España. Aprovecho para decir también que desde el año 2012 el 80 por 100 de los procesos de radicalización se producen en Internet, en redes sociales, foros, etcétera. Eso también lo contempla, como es lógico, este Plan que les estamos presentando.

Una de las características esenciales de este Plan, además de las que ya les he comentado, es que es estratégico. Es un Plan Estratégico, pues establece el marco general de funcionamiento, que se irá concretando en sucesivos planes anuales. Ya les anticipo que el Plan de este año, lógicamente, como les he comentado, se centra en la radicalización violenta de carácter yihadista.

Es nacional porque abarca a todos los ámbitos de interés para España. El Plan distingue tres ámbitos de actuación: el interno, o sea, en el territorio nacional, todo el territorio nacional de España; el externo, fuera de España, pero que afecta a intereses nacionales; y el ciberespacio, fundamentalmente en Internet, a través de las fuentes abiertas, que a su vez establecen dónde deben desarrollarse las acciones del Estado. Cabe destacar que en el denominado ámbito interno, es decir, en territorio nacional, el espacio primordial de actuación será el municipio.

A su vez, el Plan incluye tres momentos de actuación definidos por el Antes, que es el área de prevenir; el Durante, área de vigilar; y el Después, área de actuar, que son los momentos correspondientes a todo proceso de radicalización y que indican, a su vez, cuándo y cómo tienen que llevarse a cabo las acciones correspondientes.

Por ejemplo, en el marco de este Plan está previsto el generar mensajes alternativos, esto es, la llamada contra-narrativa, que contrarresten --señala el objetivo-- los mensajes radicales que se difunden por varias vías y singularmente, como decíamos, por Internet.

El Plan, a su vez, incluye quiénes son los responsables de ejecutar las acciones correspondientes, distinguiendo entre los poderes públicos, los colectivos en riesgo o vulnerables y los diferentes representantes de la sociedad civil. Se establece una única estructura nacional, coordinada por un grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta, ubicada, incardinada, en el Ministerio del Interior, y que integra a diferentes Ministerios, al Centro Nacional de Inteligencia de manera muy especial, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, y a universidades, instituciones y organismos, asociaciones y ONG, etcétera.

En el ámbito interno -recuerden los tres ámbitos: el interno, el externo y el ciberespacio--, dicho grupo se coordina con los llamados grupos locales, que estarán ubicados en cada término municipal y que estarán formados por representantes de la Policía Local, Policía autonómica, en su caso, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados, Ayuntamiento, Juzgados, centros escolares, asuntos sociales, entidades sociales y colectivos de riesgo del correspondiente municipio.

Antes de concluir me gustaría destacar que este Plan contiene un apartado específico para combatir la radicalización en los centros penitenciarios.

En definitiva, crea las estructuras y el plan de trabajo necesarias para detectar focos de potencial radicalización e intervenir en ellos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la radicalización que hace que individuos tomen la decisión de convertirse en violentos y, en el peor de los casos, en terroristas. El Plan busca, como no puede ser de otra manera, a esos efectos, igualmente conseguir la concienciación y la sensibilización de la sociedad española sobre la trascendencia que significa la amenaza del extremismo violento.

Por tanto, España, y en eso confiamos y para eso hemos estado trabajando durante dos largos años, contará con este Plan con una herramienta de enorme utilidad que, a su vez, complementará otras iniciativas que tienen en común el objetivo de dotar a España de un marco para el respeto y el entendimiento común.