Respuestas a los medios de comunicación

P.- Le quería hacer dos preguntas muy cortas, para dar turno a mis compañeros. La primera es referida a la infracción grave que ustedes catalogan en el temario "ofensas a España y a las Comunidades Autónomas". Me gustaría saber exactamente qué consideran ustedes o qué descripción hacen de lo que es una ofensa a España o a las Comunidades Autónomas.

La segunda es referida a cambios que ha habido en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en las últimas horas; cambios que afectan, por ejemplo, al tratamiento que se da a la Policía. Hay malestar dentro de los sindicatos policiales, principalmente, porque una de las primeras cosas que se han rebajado es las multas que sancionaban los insultos a los antidisturbios en las manifestaciones. No sé qué ministerio ha intercedido o qué tipo de autoridad ha intercedido para aconsejarles a ustedes que rebajen esa infracción.

Sr. Fernández.- En relación con la primera, estamos hablando, efectivamente, de infracciones graves correspondientes a conductas consistentes en ofensas a España, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, o a sus instituciones, símbolos, emblemas, etcétera, cuando no sean constitutivas de delito.

¿Qué puede ser una ofensa a España o a sus instituciones, o a una Comunidad Autónoma? Imagine, por ejemplo, una manifestación en la que se llevaran pancartas o se gritaran consignas que fueran claramente ofensivas o vejatorias en relación con España o una de sus Comunidades Autónomas, o sus símbolos, instituciones… Creo que está claro con lo que he dicho. ¿Símbolos? Los símbolos sabemos lo que son: las banderas, la bandera de España, las banderas de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. ¿Las instituciones? Las instituciones del Estado, en este caso, español, o las instituciones de una Comunidad Autónoma o de una Entidad Local. Cuando no sean constitutivas de delito y se produzcan de forma pública, bien en una manifestación, bien a través de cualquier otro medio, y no sean constitutivas de delito, podrán ser consideradas como una infracción grave en el ámbito de esta Ley.

En relación con lo segundo, yo tengo que decir que sobre este Anteproyecto de Ley, y lo sabe muy bien la señora Vicepresidenta, llevamos trabajando desde el mes de septiembre del pasado año. El 26 de julio del pasado año el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción, subsiguiente a una interpelación de Convergencia i Unió, en la que se instaba al Gobierno a reformar la Ley Orgánica de Prevención de la Seguridad Ciudadana para incorporar nuevas conductas antisociales, violentas, etcétera, y actualizar, a su vez, el catálogo de infracciones y sanciones. Yo sé perfectamente que eso es una manifestación de voluntad política que expresa el Pleno del Congreso de los Diputados, que no tiene vinculación jurídica, pero que ya expresa una voluntad política.

Eso se aprobó el 26 de julio del pasado año. Desde después del verano empezamos a trabajar el Ministerio del Interior, porque además se aprobó porque, lógicamente, el Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, estuvo de acuerdo con esa moción; si no, no se hubiera aprobado, como es evidente. Quiero decir que no fue una iniciativa ni siquiera nuestra, pero estamos plenamente conformes con ella. Nos pusimos a trabajar desde entonces; es decir, llevamos un año y un cuatrimestre trabajando en este texto. Por tanto, ha habido, como se puede imaginar, muchos borradores, como es evidente.

Últimamente, ya en la parte final de su tramitación, ha pasado a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de esta semana y de la semana pasada, como es preceptivo, donde todos los ministerios tienen el absoluto derecho, y para eso entre cosas se hace, de formular cuantas observaciones consideren oportunas en relación con todas las iniciativas legislativas que promueve el Gobierno.

A su vez, una vez que ya se ha ido decantando claramente en el calendario legislativo de reformas del Gobierno que estamos en un momento oportuno para que esta iniciativa, en la que se llevaba trabajando tanto tiempo, entrara en la recta final, en la que nos encontramos ahora, en lo que hace referencia a su tramitación por parte del Consejo de Ministros, esas observaciones han sido más intensas y los borradores se han ido decantando hasta los textos que han ido a la Comisión General. Simplemente fruto de esas observaciones y de las opiniones e informes que hemos ido recabando, finalmente hoy ya el Anteproyecto ha sido sometido a la consideración del Consejo de Ministros, ha recibido luz verde plenamente por parte del Consejo de Ministros y esto es lo que ha sucedido.

Cada uno puede valorar como quiera, como es evidente; pero sí quiero decir una cosa, yendo al fondo de la cuestión: hasta ahora, los miembros que integran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no tenían esta especial protección. En la reforma del Código Penal, que está en tramitación en el Congreso de los Diputados, pueden ser constitutivas de delito determinadas conductas que afecten a derechos de los agentes que integran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; eso ya lo primero. Y lo segundo, cuando no sean constitutivas de delito esas conductas, las traemos a esta Ley y serán consideradas como infracciones administrativas y con sanción administrativa.

Por tanto, la protección, que nos parece justa, legítima y necesaria, que tienen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad da un salto cualitativo muy relevante con esta novación: la que contiene la reforma del Código Penal en su ámbito y en este ámbito administrativo en esta Ley, que van a ser, efectivamente, tipificadas como infracciones leves, pero la sanción es de cien euros a mil euros. Y, si me permite decírselo así, nos parece que en los tiempos actuales es una protección suficiente, insisto, siempre que no sea constitutiva de delito.

P.- Al ministro de Economía. Me gustaría saber qué DTAs no han entrado dentro de ese 60 por 100 avalado. Luego, quería confirmar que esto tendrán un impacto en las cuentas públicas, en caso de liquidación de una entidad, y tengo la duda también si en caso de que una entidad entre en pérdidas y no tenga beneficios con los que compensar los DTAs.

Después, ¿se va a pedir algún tipo de compensación a la Banca por este apoyo? El FMI planteaba, justo hace una semana, limitar los dividendos o impulsarles a que hagan ampliaciones de capital.

Sobre el asunto de Nova Galicia, en las últimas semanas se ha vuelto a abrir la puerta a que reciba ayudas el comprador; lo dijo el secretario de Estado de Economía. Me gustaría saber si la suma de estas ayudas nuevas, más las ya concedidas, no podrá sobrepasar el coste de liquidación que estableció la Comisión.

Sr. De Guindos.- Mejor le digo los DTAs que, de alguna forma, dan derecho, en algún modo, a la modificación. Es importante que tengamos en cuenta una cuestión: en estos momentos la Banca española tiene cincuenta mil millones de DTAs y con esta normativa lo que se hace es permitir que continúen siendo en un capital treinta mil millones. Aquí no hay ningún tipo de transferencia, ningún tipo de inyección de capital, ni ningún tipo de préstamo a la Banca; es decir, es únicamente una consideración estrictamente contable.

Entonces, lo que se hace aquí fundamentalmente es que los DTAs que surgen como consecuencia de provisiones genéricas y de fondos de pensiones son los que se consideran que pueden, de alguna forma, tener derecho a esta garantía adicional. A su vez, y esto ya es más complicado, porque esto ya es la segunda derivada, las bases imponibles negativas a las cuales han dado lugar las aplicaciones de estos activos fiscales diferidos. A veces, si efectivamente los DTAs se aplican a su finalidad, si no existían bases imponibles positivas para compensarlos, entonces surge una base imponible negativa. Pues esta base imponible negativa, que tiene su origen en la aplicación, en la concreción, de estos DTAs, sí de algún modo tiene una garantía adicional.

¿Cuál es la garantía adicional? En los momentos actuales la normativa fiscal lo que dice es que en el Impuesto de Sociedades tienes dieciocho años para compensar. Le puedo dar un ejemplo que creo que es importante: cuando uno ve lo que ocurría, por ejemplo, con la principal fuente de DTAs, que son las provisiones genéricas, y uno ve la cantidad de provisiones genéricas que eran DTAs en esos momentos en el año 2007, la gran mayoría de estos DTAs que después se fueron concretando fue compensada a lo largo de los tres años siguientes. De dieciocho años, la probabilidad de compensación que existía en el régimen anterior es prácticamente la misma que existe en estos momentos. Lo que se hace es que se dice: si pasas los dieciocho años, entonces se da una seguridad de que al final de los dieciocho años, de cualquier modo, los vas a monetizar, los vas a cobrar en cualquier circunstacia. Pero, evidentemente, la experiencia previa nos indicaba que en dieciocho años, e incluso bastante antes, estos DTAs ya se habían compensado.

Por lo tanto, el impacto desde el punto de vista de las cuentas públicas, en el corto plazo, es prácticamente inexistente.

Después, me comentaba usted el tema de NovaCaixaGalicia. Está en el proceso, como sabe usted, de recepción de las ofertas vinculantes. Yo creo que hay bastante interés. Se le va a aplicar, lógicamente, esta normativa, porque hay una parte de la normativa de DTAs, como no puede ser de otra forma, que es especialmente beneficiosa para las entidades nacionalizadas, y eso es algo que se tiene que tener en consideración.

Yo creo que, sin embargo, mucho más importante que todo ello, si me permite usted, es, yo creo, por ejemplo, la noticia que hemos tenido esta mañana. Es decir, que "Standard and Poor's" estabilice la perspectiva de la economía española lo que pone de manifiesto es una modificación del sentimiento que existe, desde el punto de vista no solamente internacional, sino desde el punto de vista de valoración global de la economía española. Creo que es una buena noticia y, más allá de lo que es el mantenimiento o no mantenimiento de este tipo de activos fiscales como capital de la máxima calidad, esto es lo fundamental a la hora de mejorar todo lo que son las perspectivas de la economía española.

P.- Vicepresidenta, yo tenía una pregunta para usted y también para el ministro del Interior.

Me gustaría saber si el Gobierno considera que estamos asistiendo a un rebrote de la "kale borroka" a raíz de las excarcelaciones de etarras; si comparte, además, la propuesta de que en dichas excarcelaciones debería haber antidisturbios de la Ertzaintza para evitar cualquier tipo de problema; si considera que la policía vasca está actuando adecuadamente ante los homenajes que se están produciendo y si existe algún tipo de explicación al hecho de que la Fiscalía diga que no ha recibido todavía esos informes con indicios de criminalidad que el Gobierno dice que ha enviado. Me da igual quien lo responda.

Al ministro del Interior me gustaría preguntarle si en las ofensas a España, a las que se ha referido usted antes, se incluirían, por ejemplo, las pitadas en los estadios de fútbol contra el himno nacional.

Sr. Fernández.- Me parece que la señora Vicepresidenta me traslada… ¿Es así?

Vicepresidenta.- Contesta las que quieras y las que no…

Sr. Fernández.- Entonces, empieza tú que para eso eres la Vicepresidenta.

Vicepresidenta.- Todo tuyo.

Sr. Fernández.- Empiezo por la última, la que específicamente me dirigía a mí. El supuesto que usted contempla no sería objeto de esta Ley, sino de la Ley del año 2007 contra la violencia en el deporte. Por tanto, tendría su encaje más específico en esa Ley que tipifica una serie de infracciones y unas sanciones correspondientes, que pueden llegar, incluso, a 650.000 euros.

Por ejemplo, tengo que decir que esa Ley contra la Violencia, la Xenofobia y el Racismo en el Deporte, y yo comparto esa Ley del año 2007, por ejemplo, tipifica como una infracción muy grave el saltar al terreno de juego y, por tanto, sancionable con hasta 650.000 euros. Me quedó ahí en relación con algunas cosas que yo he tenido que escuchar desde algunos ángulos políticos en los últimos días. Pero, en todo caso, le he contestado: esos cantos, etcétera, entrarían de lleno en el ámbito de aplicación de la Ley que específicamente para erradicar la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte prevé ese tipo de conductas y, por tanto, ya están adecuadamente tipificados.

Como la señora Vicepresidenta me diga que yo diga algo en relación con lo anterior, yo le digo lo siguiente: en primer lugar, puedo garantizarle que, una vez que se recibe de la Audiencia Nacional, para el caso de terroristas, o de las Audiencias Provinciales respectivas para el caso de las otras personas que han sido excarceladas, pero que estaban cumpliendo condena por delitos especialmente abyectos, tienen conocimiento, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil y las respectivas Delegaciones del Gobierno, de cuando salen, porque el centro penitenciario se ve obligado, porque así lo establece la legislación penitenciaria, a facilitarles los recursos económicos necesarios para trasladarse, al salir de la prisión, al lugar donde dicen que se van a trasladar dentro del territorio nacional. Por tanto, sabe el centro penitenciario dónde se van a trasladar y, en consecuencia, se comunica a la Delegación del Gobierno de la localidad de destino o de residencia del excarcelado y al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil a los efectos oportunos.

Quiero decir, ya que me pregunta, y porque acabamos de recibir la noticia de que la Audiencia de Valencia ha dado orden de libertad del asesino de la niñas de Alcáser, y porque sabemos y somos conscientes el Gobierno de la alarma social y rechazo social que estas situaciones están comportando, que las medidas de libertad vigilada sólo son posibles con las medidas de seguridad anexas desde el año 2010; pero que, no obstante eso, estamos coordinados con la Fiscalía a los efectos de establecer las medidas, en el marco de la Ley, como no puede ser de otra manera, necesarias para garantizar la seguridad de la gente.

En el caso de los delitos terroristas y de los terroristas, a los que usted específicamente se refería, pues lo mismo. El delegado del Gobierno en el País Vasco, la delegada del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tienen pleno conocimiento, por la misma razón que antes le he comentado, de los supuestos que nos ocupan.

Ahora bien, es evidente que todo el mundo sabe que en el País Vasco quien tiene la competencia ordenaría en materia de orden público y seguridad ciudadana es la Ertzaintza, no es el Cuerpo Nacional de Policía, ni es la Guardia Civil. Les aseguro que, si fuera el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, eso no se hubiera producido. Y prefiero quedarme ahí y no quiero ir más allá.

Lo que sí hemos hecho, y lo ha hecho el delegado del Gobierno, es poner en conocimiento de la Fiscalía los actos que se han producido en relación con presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, violando la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, en algunos acontecimientos que se han producido en los últimos días, incluida también, y en lo referente a la "kale borroka" a la que usted se refiere, que eso es competencia de la Ertzaintza, de la policía autonómica.

Yo le puedo asegurar que tanto la Policía como la Guardia Civil están poniendo en conocimiento de la Delegación del Gobierno y de la Fiscalía esas actuaciones.

P.- Vicepresidenta, hoy se ha cerrado Canal Nou por orden del Gobierno de la Generalitat Valenciana, aludiendo razones económicas. Me gustaría saber si el Gobierno de España se plantearía esa misma posibilidad: la de cerrar una televisión pública, como Radiotelevisión Española, si hubiera problemas económicos.

Vicepresidenta.- Hoy precisamente se informa de que se ha cerrado el convenio con Radiotelevisión Española y, desde luego, SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, precisamente para lo que trabaja es para mantener, digamos, el nivel de calidad y el nivel de empleo en Radiotelevisión Española.

Sabe que hubo un cambio en el modelo de financiación de la televisión hace unos años, que ahora es, fundamentalmente, una financiación integra a través de los Presupuestos Generales del Estado con distintas variantes por aportaciones de distintos sectores que participan en el ámbito audiovisual. Por lo que hemos trabajado a lo largo de estos años en los Presupuestos Generales del Estado es, con los costes, además, derivados del pasado, de algunas decisiones anteriores, como expedientes de regulación de empleo que se adoptaron en la pasada Legislatura en esa casa, por mantener el nivel de empleo y el nivel de calidad a través de los Presupuestos Generales del Estado.

P.- Al ministro del Interior le quería pedir también más ejemplos para tratar de concretar algunas de las infracciones que se recogen en la futura Ley de Seguridad. Ya ha comentado el caso de las pitadas en los estadios y yo le quería preguntar por otras dos: por ejemplo, si se quema una bandera de España o de una Comunidad Autónoma, ¿eso también se considera un ultraje al país o a esa región? Otro caso: si hubiese una manifestación ciudadana donde se proclaman consignas o hay pancartas contra la unidad del país, por ejemplo, contra la unidad de España, o contra alguna Comunidad Autónoma, sea la propia o sea otra vecina.

Luego, a la Vicepresidenta le quería preguntar por la unificación de la Ley para las personas con discapacidad, que nos ha contado al principio. Acabamos de ver algunas de las infracciones que se endurecen en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, hace unas semanas nos contaron también el endurecimiento del Código Penal y quería saber si en esa unificación de leyes también va a haber un endurecimiento de las infracciones para empresas o personas que comentan discriminaciones contra las personas con discapacidad.

Sr. Fernández.- Sobre la quema de banderas, si no fuera constitutiva de delito, evidentemente nadie duda de que la quema de una bandera es una ofensa, si es la bandera española, a España; si es la de una Comunidad Autónoma, a una Comunidad Autónoma; si es la de una Entidad Local, a esa institución, sin ningún género de duda. Por tanto, si no fuera constitutiva de delito, qué duda cabe que incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave y, por tanto, con la sanción que prevé este Anteproyecto de Ley.

En cuanto a las manifestaciones contra la unidad de España, por ejemplo, lo que ha dicho usted, o de la unidad de una Comunidad Autónoma, en mi opinión, si la manifestación es pacífica y cumple los requisitos establecidos en la Ley, no cabría interpretarla incluida, inmersa, en el ámbito de lo que significan ofensas, injurias o vejaciones. Otra cosa, repito, es que fueran acompañadas --ya sería otra cosa-- de alteraciones de orden público, de la seguridad ciudadana o de otro tipo de requisitos en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.

Pero, simplemente, si es pacífica, cumple los requisitos legales y se manifiesta pacíficamente, como digo, en defensa o en contra de la unidad de España o de una Comunidad Autónoma, me parece a mí que no sería insulto ni vejación, más allá de que los sentimientos o las opiniones de uno sean contrarias a las que se manifestaran de esa forma.

Vicepresidenta .- Sobre su pregunta, esto es un texto refundido y, lógicamente, especialmente en materia de infracciones y sanciones, tenemos que ser muy escrupulosos en el mantenimiento de la legalidad que existía con anterioridad. Pero sí se ha reforzado el ámbito de infracciones y sanciones a través de una serie de definiciones que tratan de extender la prohibición de discriminación con carácter general.

En particular, a lo que se atiende especialmente es a los casos de prohibiciones, de discriminaciones múltiples; es decir, de aquellas personas en las que, por distintas circunstancias, no sólo por su condición de capacidad diferente, son menores o mujeres en especial situación de vulnerabilidad, pueden converger distintos casos de discriminación. A través de esas mejores definiciones y de una extensión más amplia de lo que es la prohibición de la discriminación, determinadas conductas pueden entrar dentro de la tipificación de infracciones que estaba prevista en la normativa.

P.- Yo tenía tres preguntas para el ministro De Guindos. Quería que aclarase un poco qué quiere decir cuando se ha referido a que el impacto en las cuentas públicas va a ser prácticamente inexistente. ¿Puede ser un poquito más concreto?

Luego, también quería saber, cuando ha hablado de bases imponibles negativas referidas a un periodo concreto, qué periodo concreto sería. ¿Dos años, tres años, cuatro?

Una vez aprobada esta nueva normativa de DTAs, ¿se puede descartar que cualquier banco español pueda necesitar ayudas públicas, incluida NovaCaixa?

Sr. De Guindos.- Yo creo que el tema hay que entenderlo estrictamente en función de la comparación de la situación de Basilea II con la de Basilea III. En estos momentos la banca española tiene un conjunto de DTAs que se considera capital de la máxima calidad y eso se hace con base en una normativa del Impuesto de Sociedades que permite una deducibilidad, que, resumiendo, en el caso de bases imponibles negativas, es de dieciocho años.

Entonces, lógicamente, en la medida en la cual al pasar a Basilea III puede haber normas que de alguna forma faciliten esa deducibilidad, sí podía haber, marginalmente, un impacto; impacto que dependerá de lo que es, evidentemente, la comparación del régimen anterior con el régimen actual.

¿Desde el punto de vista del corto plazo? Desde el punto de vista del corto plazo, y a medio plazo, es un impacto que consideramos que es no relevante, en absoluto, ni desde el punto de vista del déficit público, ni desde el punto de vista de la deuda pública VIP. Y aquí hay que ponerlo, vuelvo a decir, en un contexto y es que la deducibilidad de estos DTAs en otros regímenes era mucho más fácil y mucho más simple que en el caso de España. Algo parecido ocurría en el caso de Italia. Italia hizo unas modificaciones que son prácticamente idénticas a las que se hacen con este Real Decreto Ley.

No tiene, por lo tanto, ningún impacto relevante ni en la deuda pública, ni el déficit público.

Yo me refería a las bases imponibles negativas generadas como consecuencia de la aplicación de DTAs; usted se está refiriendo a otro concepto de bases imponibles negativas, que por el momento no está incluido dentro del régimen de DTAs.

Por último, en relación con el tema de Galicia, esto favorece. Ésta es una norma general y favorece a entidades que están nacionalizadas y que van a estar sujetas a procesos de privatización, como es el caso de Galicia, que es la primera que está en el proceso, y, evidentemente, es un marco general en el cual se puedan aprovechar todos los… Igual que el resto de entidades que conocen cuál es el marco de las DTAs y harán su valoración.

NovaCaixaGalicia es una entidad que ha recibido nueve mil millones de euros de ayudas; que ha transferido me parece que cerca de veinte mil millones de activos de exposición crédito/promotor a SAREB; que tiene un ratio de créditos/depósitos muy atractivo; que tiene una buena gestión; que ha llevado a cabo un proceso de reestructuración y, además, coincide, como decía anteriormente, con una mejora de la percepción, que se está viendo.

Por ejemplo, hoy veíamos los datos de balanza de pagos y la inversión directa en España en los primeros nueve meses se ha elevado a veintidós mil millones de euros, más del doble de lo que tuvimos hace un año. Entonces, lógicamente, tienen mucha más influencia esas cuestiones de ámbito general de ambiente, teniendo en cuenta que esta entidad es una entidad saneada, es una entidad con liquidez, es una entidad que ha llevado a cabo una reestructuración importante y que tiene un buen equipo de gestión, que lo que serían específicamente ese tipo de cuestiones. No tenga usted la más mínima duda.

P.- Ministro, ha dicho "si la Guardia Civil estuviera allí, esto no habría pasado". ¿Cómo lo habría impedido? ¿Qué habría hecho la Guardia Civil que no ha ha hecho la Ertzaintza?

Sobre la Ley de Seguridad, se acordará bien de que la Ley anterior, la "Ley de la patada en la puerta", acabó con la carrera política del señor Corcuera. Dada la polémica que está generando esta Ley, le quería preguntar si usted teme que esta Ley acabe con su carrera política.

Y a la Vicepresidenta le quería plantear sobre prioridades del Gobierno. Hoy aprobamos esta Ley, mucha de esa gente que se ha manifestado y a la que se le va a reprimir con esta Ley se manifestaba también contra la corrupción. Sin embargo, las leyes anticorrupción --lo hemos hablado aquí en otros Consejos de Ministros-- se anunciaron hace once meses, pero --parece que hoy el presidente dice que en diciembre-- no acaban de llegar. Han sacado la ley represiva antes que las leyes anticorrupción. ¿Qué mensaje están lanzando?

Y sobre Canal Nou, se han producido incidentes de todo tipo, ha habido mails a las tres de la mañana a los trabajadores, ha entrado la Policía en la sede… ¿Esa es la imagen que al Gobierno le preocupa, que esa imagen se traslade, no sólo en España, sino al exterior? ¿Le preocupa esa imagen?

Sr. Fernández.- Yo lo que he dicho es que, si esos terroristas excarcelados hubieran ido a Navarra o a cualquier otra zona del territorio nacional en donde la competencia en materia de orden público y de la seguridad ciudadana la tuvieran encomendada los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, esto no hubiera ocurrido. Es lo que he dicho y lo reitero, y supongo que me entienden todos. ¿Cómo? Actuando, porque, evidentemente, si se ha producido quema de contenedores y si hoy se han producido actos de presunto enaltecimiento de terroristas y consiguiente humillación de las víctimas, yo le puedo asegurar que eso no se hubiera producido, porque yo hubiera dado las órdenes oportunas para que eso no se produjera. La profesionalidad de la Policía y de la Guardia Civil está plenamente acreditada. Cumplen órdenes, las saben cumplir muy bien y por supuesto que no se hubiera hecho. Y me quedo ahí.

Simplemente, digo que no es mi responsabilidad, que lamento que se hayan producido esos actos; pero se ha hecho desde el Gobierno todo lo que se podía hacer en un Estado de Derecho y que respeta, como no puede ser de otra manera, la distribución competencial. Y hemos puesto, como le he dicho anteriormente, en conocimiento de la Fiscalía los actos de los que se tiene conocimiento a efectos de que, en su caso, se instruyan las correspondientes diligencias.

En cuanto a lo segundo, permítame que le diga que este Anteproyecto de Ley, como ya he dicho, tiene por objetivo prioritario y absoluto garantizar más y mejor la seguridad de los ciudadanos y la convivencia libre, pacífica, democrática, de nuestros conciudadanos, desde el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Tan es así que hemos recogido, como he dicho, toda la prolija jurisprudencia constitucional, incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la hora de delimitar, como le he dicho, claramente las potestades que tiene la Administración Pública para incidir en un ámbito tan sensible como el que nos ocupa, en donde hay que conseguir el equilibrio adecuado entre la seguridad y la libertad. Porque la seguridad sólo se entiende si es al servicio de la libertad y, por otra parte, no se puede hablar de libertad si no hay seguridad.

Todo eso ha sido tan tenido en cuenta que está, a mi juicio, perfectamente recogido en la Ley. Y, por si fuera poco, ya le he dicho que, con el visto bueno del Consejo de Ministros, va a pasar por el filtro del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos.

A partir de ahí, tengo que decir que mi puesto está a disposición permanente de quien me nombro y que me puede cesar cuando lo considere oportuno y conveniente, que es el señor presidente del Gobierno.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta en relación con las prioridades del Gobierno, precisamente ayer el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Documentación Pública y Buen Gobierno, que es la primera de las medidas que forman parte de un paquete mucho más amplio de regeneración democrática; en este caso, que vincula especialmente la Administración Pública, pero también, tras su paso por el Parlamento español, a otras instituciones, como pueden ser los partidos políticos o los sindicatos, y, en general, a aquellas que reciben una financiación de naturaleza pública.

Fíjese en que ésa fue una de las primeras leyes que salió del Consejo de Ministros y que ha tenido una amplia tramitación parlamentaria, entre otras cuestiones, porque los distintos partidos políticos representados en las Cortes nos pidieron un trámite amplio de comparecencias para poder mejorar y ampliar esa Ley, cosa que ha sucedido.

Sobre el paquete de regeneración democrática, en el mes de septiembre se aprobó por parte del Consejo de Ministros un informe sobre el contenido que hemos abordado con los Grupos. A los Grupos se les ha remitido una documentación para que pudieran hacer sus aportaciones desde ese momento. Ahora nos toca, en este mes de diciembre, como ha anunciado el presidente del Gobierno, la aprobación de los correspondientes anteproyectos de leyes y su remisión a los órganos consultivos pertinentes; proceso durante el cual seguiremos trabajando con todas las Administraciones Públicas y también con los grupos políticos para que, a lo largo de todo el proceso, puedan incorporarse cuantas medidas puedan acordarse entre todos, porque el asunto, por desgracia, de la corrupción y, en general, de la mejora de la regeneración democrática no es algo que sólo compete al Gobierno, sino que compete a todos los que tenemos tareas públicas.

Sobre la cuarta de sus preguntas, ha podido oír la presidente del Gobierno, y la preocupación máxima del Gobierno en este momento es precisamente dar las bases necesarias para que en este país pueda volver a crearse empleo, se dejen de cerrar empresas --han sido muchas las que han caído a lo largo de esta crisis-- y podamos entre todos construir un nuevo marco que dé futuro a nuestras empresas, especialmente a sus trabajadores. Ésa es la principal prioridad y preocupación del Gobierno, y, aunque queda mucho por hacer, algunos de los datos que hoy ha expuesto el ministro de Economía lo que nos invitan es a seguir trabajando en ese esfuerzo.

Muchísimas gracias.