Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por diversas reuniones del presidente; en primer lugar, por la que ya ha mantenido con Luisa Fernanda Rudí. ¿Nos podría contar en qué términos se ha desarrollado y con qué otros "barones" se ha reunido el Presidente o se va a reunir el Presidente?

En segundo lugar, quería preguntarle cuándo se va a reunir el presidente del Gobierno con el líder de Ciudadanos, si esa reunión se produciría en el Palacio de La Moncloa, y, si es así, si también va a recibir al líder de Podemos.

Luego, quería pedirle una explicación o valoración de lo que ha ocurrido con Serafín Castellanos, puesto que ésta sí es una persona que afecta directamente al Gobierno.

Vicepresidenta.- En primer lugar, me pregunta por reuniones que se producen en el seno del Partido Popular, no del Gobierno. Sin perjuicio de que alguna cosa le diga, pero entienda que no forman parte de lo que es la actividad del Gobierno que comentamos sobre esta mesa, porque son reuniones del presidente del Partido Popular, como es lógico, con los distintos presidentes autonómicos del partido después de unas elecciones, en parte autonómicas y, en todo caso, municipales. Como es lógico, es con ellos con los que hay que hacer un análisis y una reflexión en este momento para poner a punto el Partido Popular y preparar los siguientes comicios que se vayan a producir. Y permítame que lo enmarque en ese entorno.

Sobre la siguiente de sus preguntas, que va también en la misma línea, sí le diré que se ha producido una primera toma de contacto, tanto con el líder de Ciudadanos, como el del Partido Socialista Obrero Español, con el señor Pedro Sánchez, pero ha sido eso, una toma de contacto, y se continuarán las conversaciones. Nada más le puedo decir al respecto.

Y a la tercera de sus preguntas, tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial que ha afectado a una persona nombrada por el Consejo de Ministros, se ha procedido a su cese y a su destitución inmediata. Procederemos al nombramiento del nuevo delegado del Gobierno una vez que llevemos a cabo el informe de idoneidad que, como usted sabe, nosotros nos hemos autoexigido a nosotros mismos tras la entrada en vigor del Estatuto del Alto Cargo.

P.- A la Vicepresidenta. Sobre la Ley que permite la publicación de sentencias firmes de defraudadores, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal habían cuestionado su retroactividad, que se aplique a delitos cometidos antes de la entrada en vigor. No sé si esto se ha tenido en cuenta.

No sé si tienen ya resultados de las investigaciones de la Agencia Tributaria sobre filtraciones, por ejemplo la de Esperanza Aguirre, que comentábamos la semana pasada, o el caso de Rodrigo Rato, y si les preocupa la denuncia que ha planteado Rodrigo Rato a la Agencia Tributaria por las filtraciones de sus datos fiscales.

También quería saber si van a fomentar un frente anti-Podemos, como pide Esperanza Aguirre, ante la preocupación de empresarios e inversores.

Y a la ministra Báñez. El ministro Catalá ha dicho que el Gobierno está estudiando ajustes técnicos en la reforma laboral ante la avalancha de sentencias que están cuestionando la reforma, y también hay confusión sobre la ultraactividad de los convenios. No sé de qué manera se articularían estos ajustes, cómo van a ser o si, en el caso de los convenios, se deja a sindicatos y patronal irlo pactando.

Vicepresidenta.- Me pregunta por la retroactividad, en este caso media, de la publicación de las sentencias firmes. Hemos analizado todos los informes que se han producido por la discusión que hay, con diferente planteamiento, entre las distintas instituciones sobre el carácter, que es el primero de los puntos, penal o no de una medida de esta naturaleza. Ésa ha sido la primera discusión técnica-jurídica: si la publicación de una sentencia firme en este ámbito ha de considerarse o no, o ha de tener o no, el tratamiento jurídico de una pena.

La posición entre las distintas instituciones no es la misma. Nosotros hemos considerado, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, que la naturaleza no era la de una pena, del mismo modo que no lo es… Hemos utilizado el precedente que existe en la publicación de algunas sanciones que se imponen en el ámbito económico, donde las sanciones, además, tienen que ser objeto de publicación. En ese caso no tienen la consideración de normas restrictivas, sino que es simplemente para el conocimiento de una determinada situación y con otros efectos diferentes a lo que pueden ser los efectos de una pena en sus distintas vertientes.

Sentada esa consideración sobre su naturaleza jurídica, lógicamente, el tratamiento sobre la retroactividad es diferente. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, en nuestro Derecho existen tres tipos de retroactividades y nosotros hemos optado por una retroactividad media. Esto ¿qué supone? Sería absolutamente retroactivo, una retroactividad máxima, si se empezaran a publicar sentencias que ya han sido dictadas y que han devenido firmes; eso no se va a hacer. Otra posibilidad es publicar, digamos, sólo hechos delictivos que se producen con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, que sería la retroactividad mínima o la no retroactividad. Hemos optado por un concepto que se admite en muchas otras cuestiones, también en el ámbito tributario, que es retroactividad media; es decir, si los hechos se han cometido con anterioridad, pero la sentencia deviene firme con posterioridad, entendemos que puede publicarse.

Hemos asumido el planteamiento, entre otros, del Consejo General del Poder Judicial de permitir al contribuyente que ha sido condenado que antes de que la sentencia devenga firme cumpla completamente, resarza los perjuicios causados al Erario público, a la Hacienda pública, al conjunto de los ciudadanos, y mediante ese pago evitar la publicación.

Pero también, sobre todo, hemos tenido en cuenta un aspecto muy importante: sobre esa base jurídica, que es la que nos ampara y, como digo, viene avalada por el Consejo General del Poder Judicial, yo quiero también que ustedes tengan en cuenta que el tiempo medio de tramitación de las denuncias por delito contra la Hacienda pública, computado desde la fecha de presentación de la denuncia por la Agencia Tributaria --generalmente, ante la Fiscalía--, hasta que la sentencia devenido firme en 2014 y lo que llevamos de 2015; es decir, desde que se registra la denuncia por parte de la Agencia Tributaria hasta que hay una sentencia firme, en el año pasado y lo que va de este año asciende a 2.331 días; es decir, 6,4 años. Si aplicáramos una retroactividad mínima, la norma no entraría en vigor hasta dentro de 6,4 años de media; en algunas Comunidades Autónomas, más tiempo.

Sobre la siguiente de sus preguntas, continúa abierto el expediente y no tengo ninguna información al respecto, ni tampoco puedo aquí, sobre procesos iniciados por particulares, dar más información que la que nos permite la Ley.

En la tercera de las cuestiones, como Gobierno, nosotros consideramos que los ciudadanos han elegido en las urnas y nosotros respetamos esas decisiones. En esta mesa, en otras ocasiones hemos hablado de la posibilidad de llegar a acuerdos, y acuerdos en regulación legal, sobre el apoyo a la lista más votada. Consideramos que eso permite estabilidad y, desde luego, como Gobierno defendemos esa estabilidad. Y, en tercer lugar, como Gobierno, lo que planteamos a todas las formaciones políticas es una cuestión clara: España tiene un objetivo de país, que espero que todos podamos compartir, que es la creación de empleo y la generación de bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Lo que pedimos a todos los partidos es que, en ese objetivo que creo que podemos compartir, se trabaje desde las distintas instancias y desde las distintas Administraciones para que así se produzca.

Sra. Báñez.- Sobre la reforma laboral, tres cuestiones importantes: la reforma laboral está hecha; en segundo lugar, la reforma laboral es plenamente constitucional, como así lo ha señalado el Tribunal Constitucional; y, en tercer lugar, y lo más importante, la reforma laboral funciona, porque está creando empleo en nuestro país con tasas de crecimiento muy moderadas. Además, quiero señalar que esa es la gran revolución, si quieren, de la reforma laboral.

Esta semana he tenido la oportunidad de estar en la OCDE con el Consejo de Embajadores y ha sido muy alabada por todos los países que forman parte de la OCDE. Como dijo el propio secretario general de la OCDE el martes, la reforma laboral española está funcionando y está creando empleo con tasas muy moderadas de crecimiento, algo que era impensable en nuestro país en el pasado.

Por lo siguiente que usted me pregunta es por la ultraactividad. Yo quiero decir que el Gobierno ha sido, es y será siempre muy respetuoso con la negociación colectiva. Es capital para las relaciones laborales en nuestro país. La reforma laboral es respetuosa también con esa negociación colectiva; de hecho, la ultraactividad, tal como se recoge en el texto de la reforma laboral, es de un año en caso de que no haya acuerdo entre las partes, con lo cual la autonomía de las partes, la autonomía colectiva, va por delante y lo que recoge la reforma es, si quiere usted, el último extremo, en caso de que no exista pacto.

Quiero decir que este instrumento de flexibilidad que está a disposición de los interlocutores sociales ha sido utilizado de la siguiente manera desde la reforma laboral: en el 43 por 100 de todos los nuevos convenios sigue pactándose ultraactividad indefinida, el 43 por 100 de todos los nuevos convenios o de los convenios renovados; y en el 62 por 100 de los nuevos o renovados convenios desde la reforma laboral se siguen pactando ultraactividades superiores al año.

Por tanto, es un instrumento, como decía, que no es el importante; el importante es lo que las partes en cada caso sigan adoptando como acuerdo.

¿Qué ha pasado en el caso concreto al que usted se refiere? Ha habido una sentencia del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad; por cierto, sentencia que no crea doctrina. Y sobre esta circunstancia los interlocutores sociales, en el marco de la negociación colectiva, han dicho que iban a pensar qué hacer en el caso de que el convenio colectivo ya haya caducado --permítanme la expresión coloquial-- para mantener la normalidad y la paz social hasta la renovación del convenio. Están en su derecho, es su responsabilidad y el Gobierno espera esa solución con ilusión. Vamos, nos parece bien, porque ellos son los que tienen el protagonismo de la negociación colectiva.

Sí quiero aprovechar para decir que en los próximos días se va a firmar el acuerdo de negociación colectiva por parte de los interlocutores sociales. Es una buena noticia para los españoles; es bueno para los trabajadores, porque van a subir sus salarios en función del proceso de creación de empleo, como se comprometieron con el presidente Rajoy en Moncloa en julio del año pasado; es bueno para las empresas, pero también es bueno para los trabajadores que hoy están desempleados, porque queda margen para que vuelvan al mercado de trabajo.

Por tanto, esa firma que se va a producir de ese nuevo acuerdo de negociación colectiva es buena para toda la sociedad española y también, si me lo permiten, lo quería resaltar.

P.- Quería volver a la situación del señor Castellanos para saber si, después de lo que ha ocurrido con el delegado del Gobierno, se plantea el Gobierno alguna otra medida a ese paquete de regeneración democrática que ya se había planteado; si cree que es cuestión, no tanto de medidas, sino de otro tipo de acciones e, incluso, si se plantean --ha dicho usted ahora que el nombramiento del nuevo está pendiente del informe de idoneidad-- cambiar ese informe de idoneidad que no detectó, por ejemplo, en el caso del señor Castellano, que desde octubre pasado llevaba ya una investigación.

Me gustaría saber si el Gobierno, como Gobierno, ha hecho algún análisis de los resultados electorales y, si es así, si considera que el Gobierno tiene alguna parte de responsabilidad en esos resultados y si considera que tendrá que cambiar alguna de sus políticas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el Gobierno a lo que ha procedido, una vez que se ha conocido esa investigación judicial, esa detención, es a cesar inmediatamente al delegado del Gobierno.

Los informes de idoneidad forman parte… El Gobierno lo que se planteó en todo el paquete de regeneración democrática es un Estatuto del Alto Cargo, donde se establecía una serie de nuevas exigencias a la hora de tomar posesión del cargo, durante el desarrollo del mismo y al final, sobre todo para detectar los cambios en la situación patrimonial de los altos cargos. Esa medida acaba de entrar en vigor; se aprobó en el paquete de regeneración democrática y acaba de entrar en vigor. Por tanto, consideramos que es una medida oportuna que permitirá detectar cuestiones de idoneidad; pero usted comprenderá que las cuestiones las investigan los jueces, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con la Fiscalía, y es cuando se tiene conocimiento. No es posible sustituir esa labor de investigación judicial en estos casos.

¿Qué ha hecho el Gobierno? Conocido que se ha producido esa detención, se ha producido el cese inmediato. Nosotros pensamos que es cómo se debe actuar y así lo hemos hecho.

Sobre la segunda de sus cuestiones, indudablemente, el Gobierno analiza los resultados de todas las elecciones en el ámbito general y en el ámbito particular. Desde luego, hay que hacer un análisis y una reflexión por parte de todos, como ha de hacerse siempre. Yo creo que en las organizaciones y en cualquier organización humana uno debe estar continuamente evaluando y analizando las políticas que ha llevado a cabo, los resultados que ha llevado a cabo, siempre teniendo en cuenta que el objetivo del Gobierno es uno principal, que es la recuperación económica y la creación de empleo.

Hemos hecho otras muchas reformas --acabamos de hablar de una de ellas--porque eran muy necesarias. Hemos aprobado un paquete de regeneración democrática, que nos ha permitido, tanto en el ámbito de los altos cargos, pero también en el funcionamiento de los partidos y en la financiación de partidos políticos, de la que ahora se vuelve a hablar bastante, medidas que están ya en vigor. Se siguen pidiendo, pero ya están en vigor, entre otras cuestiones de reformas. A eso es a lo que el Gobierno se va a seguir dedicando con medidas como las que hoy hemos planteado en el ámbito de la activación en el empleo.

Indudablemente, uno tiene que ser consciente de los resultados, analizarlos, evaluarlos, reflexionar y adoptar las medidas que se considere oportunas, algunas de las cuales, como decíamos ayer, son de la competencia exclusiva del presidente del Gobierno, y ahí no entramos. Pero, por la parte del Consejo de Ministros y del conjunto de los Ministerios, nuestra tarea es, sobre todo, reforzar todo ese tipo de políticas --y hoy se hablaba en esta mesa-- que nos permitan acelerar esa recuperación y que llegue cada vez a más ciudadanos. Yo creo que eso es un elemento también muy importante a la hora de afrontar lo que queda de tarea de Gobierno hasta el final de la Legislatura y también cómo nos presentamos a los ciudadanos de cara a esas elecciones.

P.- Vicepresidenta, a mí me gustaría añadir a la pregunta que se acaba de hacer, y a la reflexión que ha hecho usted, qué conclusiones ha sacado el Gobierno de las críticas que se están vertiendo desde su propio partido hacia algunos ministros, hacia la gestión del propio Ejecutivo. ¿El Gobierno admite que ha cometido algún error a la hora de relacionarse con su propio partido y qué se puede hacer para evitar esa brecha que ahora se percibe bastante grande, por lo menos desde fuera?

Vicepresidenta.- Ayer hablábamos de esa cuestión y desde el Gobierno consideramos que nos toca a todos hacer un análisis y una reflexión serena, muy consciente de la situación que se ha producido y viendo qué medidas hay que adoptar para reforzar las actuaciones del Gobierno, y por supuesto las actuaciones del partido, en todos los ámbitos. Yo creo que eso es previo a cualquier otro tipo de declaración o a cualquier otro tipo de decisión. Ésa es nuestra opinión.

Como Gobierno, lógicamente, se han tomado muchas decisiones, y en un momento no fácil. Éste no ha sido un Gobierno de llegar al poder en la bonanza económica, sino precisamente en la situación contraria, y son medidas complicadas. Indudablemente, en toda organización humana las cosas se pueden hacer siempre de otra manera; pero yo creo que siempre la serenidad a la hora de abordar análisis y reflexiones es buena consejera, también la prudencia.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber si, ante el escenario de inestabilidad de cara a los pactos al que nos enfrentamos, se arrepiente o no el Gobierno de no haber sacado adelante la reforma electoral que permitiría que la lista más votado gobierne y que el Partido Popular llevaba en su programa.

Vicepresidenta.- Yo creo que es una pregunta que podríamos hacernos todos. Siempre hemos defendido, y lo ha dicho el presidente del Gobierno, y no hace muchos días, que nosotros somos partidarios de que las reformas electorales vengan con una base de acuerdo. Dicho lo cual, yo creo que ahora todos los partidos tienen una responsabilidad a la hora de esos pactos y a la hora de esas decisiones, que es valorar cuál ha sido la opción mayoritaria de los ciudadanos y tener muy presente una cuestión que me parece fundamental: a los Gobiernos nos eligen para solucionar los problemas de todos los ciudadanos y para gobernar para todos los ciudadanos, nos hayan votado o no nos hayan votado.

Yo creo que ése es un elemento muy importante y yo también hago ese llamamiento de no exclusión ni de separación. ¿Por qué? Porque todas las opciones de los ciudadanos dentro de la democracia son legítimas, lícitas y merecen el mismo respeto, porque estamos hablando de españoles que tienen su voto, que es exactamente igual al de otro, que tienen derecho a ser respetados a la hora de hacer los pactos.

Yo pido a todo el mundo que gobierne para la totalidad de los vecinos, de los habitantes de esa Comunidad Autónoma o del conjunto de los españoles, como hace el Gobierno de la nación. Creo que es un elemento también a tener en cuenta.

P.- Vicepresidenta, quería hacerle tres preguntas relacionadas entre sí.

Vicepresidenta.- Encadenadas, que se llama ¿no? Preguntas encadenadas.

P.- Eso es, encadenadas.

La Junta de Castilla y León responsabiliza directamente al ministro Soria de haber perdido la mayoría absoluta en esa Comunidad. De hecho, el portavoz y consejero de Presidencia ha pedido directamente la dimisión o el cese del ministro de Industria. En primer lugar, me gustaría saber una valoración. ¿Qué le parece esto?

En segundo lugar, ¿este hecho de que se pida la dimisión de un ministro, sumado a algunas declaraciones que ha hecho el presidente de la Junta Juan Vicente Herrera, puede dañar las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico?

Por último, ¿cómo valora la posibilidad de que Juan Vicente Herrera no llegue ni siquiera a presentarse a la investidura, como ha sugerido que podría hacer que está pensando?

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas dimos ayer cumplida respuesta. Yo creo que, como decía hace un momento, éstos son tiempos para la serenidad y para la prudencia, y yo creo que no son declaraciones ni oportunas ni justificadas. Ese Departamento, además, a lo largo de toda esta Legislatura ha tenido que enfrentarse a algunas de las cuestiones más difíciles que tenía o que nos dejaron al Gobierno de la nación encima de la mesa: no me quiero remontar a más, pero un déficit eléctrico que pesaba sobre los ciudadanos de veintitrés mil millones de euros.

Por tanto, yo hago un llamamiento a la prudencia. En estos momentos cada uno tiene que analizar su propia situación y, si quiere que le diga, el Gobierno procura trabajar, y siempre lo hemos hecho, con cualquier Gobierno desde la máxima lealtad institucional. Así es como lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos temas en los que hemos trabajado, y muy bien, con la Junta de Castilla y León, y yo espero que así siga siendo.

Muchísimas gracias.