Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Hoy se envía a Cortes el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude tributario. Quiero recordarles que la reforma de la Ley General Tributaria introduce distintas medidas en la lucha contra el fraude, como es la publicación del listado de los deudores de mayor cuantía o de aquellos que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública. Como bien recordarán, parte de esa Ley tenía contenido orgánico; por tanto, se requirieron otra serie de informes y será enviada a las Cortes para su tramitación, en paralelo al resto de la reforma de la Ley General Tributaria.

¿De qué medida estamos hablando? De una medida destinada a incentivar el ingreso y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda pública. Se autoriza la publicación de la lista de contribuyentes con deudas y sanciones tributarias, pendientes de ingreso, superiores a un millón de euros que no hayan sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario. Para evitar perjuicios indebidos como consecuencia de la incorrecta inclusión en el listado de deudores, se concede a los interesados un trámite de alegaciones con carácter previo a la publicación. Aquellos que a 31 de julio de 2015 cumplan con los requisitos que establece la Ley aparecerán en la primera lista de deudores; por tanto, los contribuyentes que quieran evitar aparecer en esa primera lista deberán efectuar el ingreso antes de esa fecha.

Lo que hacemos hoy con este Proyecto de Ley es regular el acceso y publicidad de esa información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal para dar publicidad parcial a los datos identificativos de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda pública. Se introduce, por tanto, un nuevo artículo, el 235 ter, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Qué sentencias, con esta Ley Orgánica, van a ser publicadas? Como decía, delitos contra la Hacienda pública; delitos de insolvencia punible, cuando el acreedor sea el Erario público; y delitos de contrabando. Y se regula el acceso público a estas sentencias con estas características: se da publicidad a las sentencias firmes, solo a aquellas, por tanto, que sean jurídicamente inatacables: lo considerado probado en y por una resolución judicial. Por darles algún dato, en el último año, en 2014, se han resuelto en torno a 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda pública por resolución firme.

Se trata de una publicación parcial, únicamente de aquellos aspectos necesarios para cumplir con la finalidad que se persigue, respetando los derechos fundamentales del honor a la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Además, quedan salvaguardados los derechos de otras personas que hubieran podido tener alguna intervención en el proceso, pero que no estén afectados por el fallo, por la condena.

Se hará mediante certificación del secretario judicial en el Boletín Oficial del Estado. Los datos gozarán, además, de la garantía adicional que supone la aplicación de la normativa específica en el Boletín Oficial del Estado, impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la indexación de datos.

Es una medida de carácter procesal y no sancionador, teniendo en cuenta el informe del Consejo General del Poder Judicial.

Como novedad en este Proyecto, el condenado podrá evitar la publicidad si repara el daño causado. Para lograr un tratamiento tributario de las situaciones previstas en la normativa tributaria, y conforme a las recomendaciones establecidas en el informe del Consejo General del Poder Judicial, en esta última fase de tramitación se ha introducido --ésta es la novedad-- la posibilidad de evitar la publicidad en los casos en que antes de la firmeza de la sentencia se hayan satisfecho o se hayan consignado las correspondientes cuantías defraudadas por todos los conceptos, el perjuicio causado a la Hacienda pública por todos los conceptos.

También hemos aprobado, y por eso me acompaña la ministra de Empleo, medidas en esta materia. Por primera vez en nuestro país asistimos a la creación de empleo por encima, incluso, de la cifra de ritmo de crecimiento y hemos asistido a creación de empleo aunque las ratios de crecimiento no fueran al principio muy elevadas. Se ha hecho en un momento en que había superávit en cuenta corriente gracias a un conjunto de reformas que han sido claves en este punto. Hoy se hace análisis, evaluación y balance, y se completa una reforma esencial, como es la reforma de las políticas activas de empleo.

En primer lugar, se ha autorizado la celebración de un contrato, de casi 42 millones de euros, del Servicio Público de Empleo Estatal con agencias de colocación para que colaboren en la inserción de personas desempleadas. En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto para establecer el régimen de autorización y actividad de las empresas de trabajo temporal. El objetivo es llevar a cabo o completar las medidas que se han adoptado en materia de activación para el empleo y, por eso, la Ministra ha presentado un informe completo en el Consejo sobre la Estrategia en materia de activación para el empleo, que les detallará a continuación.

Otro asunto importante. Hoy se ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la firma del tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América del 1 de diciembre de 1988 y sus enmiendas. ¿Qué supone este acuerdo? Que se hace permanente el despliegue en la base de Morón de una fuerza de 2.200 militares y 500 civiles, más 26 aeronaves. Por tanto, es un incremento respecto a los niveles anteriores. Los niveles temporales para la base aérea de Morón también se incrementan en un máximo de 800 militares y 14 aeronaves adicionales.

Este tercer Protocolo de Enmienda tiene como objetivo contribuir a la estabilidad regional y a la seguridad común en África, Europa y Oriente Próximo, mediante la autorización del despliegue permanente de una fuerza de respuesta de crisis en la base aérea para proteger a ciudadanos e instalaciones de los Estados Unidos de América y de España, así como de otros Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte.

Este acuerdo será firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que el domingo llegará a España y que el lunes tiene previsto reunirse, entre otros, con el presidente del Gobierno en Moncloa.

Quiero destacar que la soberanía queda garantizada por la vigencia del artículo 2 del Convenio, que exige autorización del Gobierno español para todas las operaciones unilaterales de los Estados Unidos. Para operaciones bilaterales o multilaterales se exigen consultas previas entre los ministros de Defensa.

En la negociación del acuerdo el Gobierno ha insistido, especialmente, en las cuestiones que tienen un impacto local en materia de inversiones y de empleo. Para ello se han negociado entre los Ministerios de Defensa respectivos y se recoge la intención estadounidense de invertir veintinueve millones de dólares en obras de infraestructuras en la base, con el empleo adicional que esto supone.

Por otro lado, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hemos aprobado dos Reales Decretos con los que se completa la reforma del sistema universitario para mejorar la calidad, la internacionalización y la especialización. Se trata del Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de Universidades y Centros Universitarios

Con el primero de ellos se modifica el sistema actual de selección y promoción del profesorado a las Universidades españolas para hacerlo homologable al aplicado en otros Estados, para mejorar los niveles de calidad docente e investigadora. Se sustituye la actual acreditación universal por la acreditación por ramas de conocimiento; se da una mayor relevancia a la calidad de la investigación y de la docencia, a la transferencia de conocimiento y a la experiencia profesional. Se siguen algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria.

El segundo de los Reales Decretos, sobre Universidades y Centros Universitarios, responde a la necesidad de revisión y actualización de su regulación, que data de 1991. Lo que se establece es una revisión completa de las exigencias administrativas y organizativas de creación de Universidades y Centros Universitarios, se flexibiliza el número de títulos que puede tener cada Universidad y se actualiza el porcentaje de doctores para impartir grados. Se permite una mayor especialización de las Universidades y se sustituye la exigencia de ofrecer ocho títulos, al menos tres de los cuales deban ser de segundo ciclo, y al menos uno de ciencias experimentales y estudios técnicos, por otro más flexible de ocho títulos de grado y máster. Se regula la acreditación institucional, de acuerdo con las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, se adaptan requerimientos de las enseñanzas en el ámbito de la salud y se añaden nuevos elementos de supervisión y control.

Por otro lado, y en cumplimiento, por un lado, de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y, por otro, de las reformas de la Administración para mejorar las relaciones con los ciudadanos y las facilidades a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones, hemos aprobado dos Reales Decretos: uno por el que se regulan los estatutos tipo y la estructura pública estándar de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que es un modelo, como bien conocen, muy utilizado en nuestro sistema; se aprueban un modelo de estatutos tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la bolsa de denominaciones sociales con reserva.

¿Qué supone esto? Se regulan aspectos esenciales para la constitución telemática de Sociedades de Responsabilidad Limitadas, dirigidos a agilizar --es un objetivo que ha sido base en toda la Legislatura-- el inicio de la actividad emprendedora y mejorar la competitividad de nuestro modelo económico. Por tanto, desarrollamos lo que establecía la Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización. Se prevé la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada con escritura pública y estatutos tipo mediante un documento electrónico único, y a través de un sistema de tramitación electrónica, del Centro de Información y la red de creación de datos denominada CIRCE. Por tanto, se consiguen plazos brevísimos de otorgamiento de escritura pública (doce horas hábiles) y calificación e inscripción en el Registro Mercantil (seis horas hábiles), asumiendo los estatutos tipo previstos en el Reglamento.

La norma aprobada hoy establece la regulación de las especificaciones y condiciones de la escritura pública de constitución, de manera que puedan utilizar un mismo modelo estandarizado que permita, tanto a notarios como a registradores, cumplir todos los requisitos en ese plazo tan reducido. También contempla la puesta en marcha de la Agenda Electrónica Notarial, que entrará en funcionamiento en un plazo de tres meses y contendrá el calendario de disponibilidad de los notarios para hacer una escritura de constitución de sociedades, con lo que se permite la reserva de citas.

También para facilitarle la vida al ciudadano, se amplía el plazo de vigencia de los certificados electrónicos del Documento Nacional de Identidad. Como saben, los Documentos llevan incluido el certificado electrónico. Pasa de tener una validad máxima a cinco años; actualmente la máxima era de dos años y medio. Cada dos años y medio había que renovar el certificado electrónico, ahora tendrá la vigencia del Documento Nacional de Identidad: cinco años.

Cada año unos 4,5 millones de ciudadanos renuevan su certificado electrónico; por tanto, al ampliar el período de validez se reducen todas estas cargas. Con esta ampliación se ahorran 72 millones de euros, 16 euros por ciudadano. Además, al pasar de los treinta meses actuales a sesenta meses, en muchas ocasiones el ciudadano va a hacer coincidir con la caducidad de su documento físico el certificado asociado al DNI y, por tanto, no tendrá que desplazarse varias veces a la oficina.

El Documento Nacional de Identidad, como saben, y sus certificados de firma electrónica permiten a los ciudadanos su identificación de forma presencial, pero también virtual, y posibilita a sus titulares firmar digitalmente documentos electrónicos con la misma validez legal que tiene la firma manuscrita realizada sobre el papel. Ahora podrán hacerlo con un solo trámite cada cinco años.

También hemos aprobado en el Consejo de Ministros la distribución de un crédito de 4,18 millones de euros entre Comunidades Autónomas para garantizar el desarrollo de la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. Además, se ha acordado el reparto de otro crédito de un millón de euros, que se incluye por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, destinado a apoyar a Comunidades Autónomas en el desarrollo y puesta en marcha de medidas de apoyo personalizado. Se trata de un reparto que se ha acordado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De este crédito de 4,18 millones se destinarán 1,2 millones a la atención especializada a menores expuestos a violencia de género --por lo tanto, se incrementa el presupuesto destinado a esta cobertura-- y el resto, casi tres millones, están destinado a programas y prestación de servicios que garanticen una asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, en el capítulo de ceses, quiero informarles del cese de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que, como saben, ha sido elegido directora general adjunta de Educación en la OCDE y que tiene que incorporarse ya en esta tarea en los próximos días. Queremos agradecerle su trabajo en una legislatura en la que se han llevado a cabo importantes reformas, y ahora veremos alguna de ellas, en materia educativa.

Finalmente, ha sido cesado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellanos, tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial.