Intervención del ministro de Justicia, Rafael Catalá

Sr. Catalá.- Durante toda la Legislatura hemos abordado diversos proyectos que tienen que ver con la mejora de la Justicia, la modernización, la agilización, la simplificación de una Administración muy burocrática, muy tradicional, y hoy el Consejo de Ministros, como ha informado la Vicepresidenta, ha aprobado un Real Decreto que da un paso más en esa dirección, básicamente para establecer los procedimientos que permitan que a partir del próximo día 1 de enero --por lo tanto, dentro de poco más de un mes--, todas las comunicaciones que se lleven a cabo por los profesionales de la Justicia (abogados, procuradores o graduados sociales) sean exclusivamente electrónicas, como establecía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobó recientemente por el Parlamento.

Por tanto, este Real Decreto lo que crea son todos los procedimientos, los sistemas, para que, en el ámbito de la Administración de Justicia de las competencias del Ministerio de Justicia, que seguimos todavía gestionando en seis Comunidades Autónomas, se articulen los sistemas que permitan hacer realidad este mandato de la Ley, como también el resto de Comunidades Autónomas lo están haciendo en su propio ámbito.

Si ustedes conocen un poco cómo funciona la Administración de Justicia, hoy en día cualquier documento, cualquier que presentan, como digo, abogados, procuradores o graduados sociales, ha de presentarse físicamente, en horario de oficina --los días laborales, por lo tanto--, ante el órgano jurisdiccional que corresponde. A partir del 1 de enero habrá un sistema electrónico. Por lo tanto, 24 horas al día, 365 días al año, siete días a la semana, desde su oficina cualquiera de estos profesionales enviará una comunicación acompañando el documento --la demanda, la contestación, la aportación de prueba…-- y, por lo tanto, habrá un cambio en cuanto a esa disponibilidad extraordinaria.

Esto afecta directamente a la celeridad: se acortan los tiempos extraordinariamente. Ya no hay ese peregrinaje de un papel que va al Registro, que sube a la oficina, que se califica, que se le pasa al secretario, que el secretario lo pasa al juez, el juez lo... Todo eso se hará a golpe de clic y, por lo tanto, lo que antes son días pasarán a ser minutos y todos los tiempos de tramitación se acortarán notablemente, manteniendo en todo caso la seguridad, y yo me atrevería a decir que incluso incrementando la seguridad, porque la Administración electrónica aporta un elemento de seguridad. Dejaremos de ver carritos de éstos de supermercado llenos de sumarios circulando por los edificios judiciales, que en ocasiones han provocado extravíos o deslocalizaciones y problemas de seguridad.

Esto, sin duda, va a tener un ahorro importante: ahorro en términos de tiempos, en términos de cargas administrativas, en términos de uso de papel.... Está estimado, en una metodología, que es la que utiliza la CORA, que para la Administración del Estado estarán en torno a setenta millones de euros al año los ahorros que se producirán y para el conjunto del sistema --por lo tanto, también para las Comunidades Autónomas-- estamos situando en prácticamente 420 millones de euros los ahorros como consecuencia de la Administración electrónica y la supresión de la entrada de papel.

Esto, para explicarlo con detalle, es la entrada; por lo tanto, la presentación de documentos que hacen, insisto, abogados, procuradores y graduados sociales, y las notificaciones que se hacen desde los Juzgados a las distintas entidades que participan en un procedimiento. No sustituye a todo lo que está en trámite, evidentemente; eso continúa con su tramitación habitual.

Y también los atestados que se inician desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde las Comisarías o desde las Comandancias de la Guardia Civil; esto no entrará todavía en funcionamiento hasta el año 2017, otra vez más por mandato de la Ley, aunque confiamos en que en el año 2016 el Ministerio del Interior se haya dotado de medios suficientes para poderlo hacer efectivo.

Por lo tanto, empezamos con abogados, procuradores y graduados sociales; llegaremos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los notarios y registradores…, a todos los profesionales que trabajan en la Justicia.

Y también como novedad muy importante, este sistema de comunicaciones, que ya existe desde el año 2002 y se llama el sistema LEXNET, que lo utilizan los procuradores en el orden civil; la gran novedad ahora es que se aplica a todos los órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo y laboral.

Estamos, por lo tanto, en un escenario de transformación relevante, pero esto es una pieza de un conjunto de medidas, como ha sido mencionado anteriormente, que ya se han ido dando pasos en esa dirección. Hoy en los Juzgados Contencioso-Administrativos de la Audiencia Nacional existe ya el expediente judicial electrónico. Ha sido una experiencia piloto. En esos Juzgados no hay papeles ya; ya se trabaja todo con soporte electrónico.

Hoy ya las Administraciones Públicas pueden acceder al Registro Central de Penados para obtener el certificado de los particulares sin tener que ir físicamente a solicitarlo. Como se ha indicado, estamos inscribiendo los nacimientos desde los hospitales, sin tener que ir físicamente con la hojita amarilla al Registro Civil a hacer colas por parte de los padres. Estamos también haciendo las subastas agregadamente de todos los Juzgados de España y mediante un sistema electrónico, a través del Boletín Oficial del Estado.

Hoy también está creado lo que hemos denominada la Sede Judicial Electrónica, de tal manera que un particular que comunica sus datos de dirección electrónica al Juzgado puede entrar, hacer consultas --de momento, sólo consultas: luego, más adelante, también presentará documentos--, para saber un poco… Le hemos llamado '¿qué hay de lo mío?' Para saber cómo está tu proceso, puedes hacerlo desde tu ordenador, desde tu casa y tienes información directa.

Hoy también, en materia de violencia de género, se ha generado un sistema de comunicaciones electrónicas entre los Juzgados, de tal manera que las víctimas pueden tener información continua del estado del cumplimiento de las medidas de alejamiento.

Por tanto, todo esto se ha ido haciendo durante la Legislatura y ahora, con el Real Decreto de desarrollo del LEXNET, como les decía, comunicaciones electrónicas aseguradas a partir de 1 de enero entre todos los profesionales.

Siempre nos dicen que todo esto está muy bien, pero que hacen falta medios para poder hacer esto efectivo Y eso es lo que hemos hecho durante este último año: se han adquirido 6.400 pantallas de ordenador, de tal manera que los funcionarios de los Juzgados trabajan con lo que se denomina la doble pantalla: en una pantalla están viendo el documento de que se trate y en la otra pantalla tienen el expediente completo. Y así lo pueden integrar. Esto significa tarjetas gráficas, adaptación de software, dotaciones de escáner,.. Yodo esto se ha hecho ya para que tengan las dotaciones adecuadas y poder, lógicamente, aplicar desde el 1 de enero las medidas.

Las Comunidades Autónomas tienen que tomar sus propias decisiones, pero este año hemos firmado convenios con todas ellas por valor de seis millones de euros, que les hemos transferido desde el Presupuesto del Estado del Ministerio de Justicia a las propias Comunidades para financiar sus propias adquisiciones o las medidas que han tenido que adoptar. Hemos estado trabajando desde principios del año 2015, con sus reuniones casi quincenales o mensuales, con todas las Comunidades Autónomas para garantizar esta coordinación.

Por lo que se refiere al Presupuesto del Ministerio de Justicia, en esta Legislatura hemos invertido 276 millones de euros para ser capaces de llegar a este momento con las dotaciones suficientes, y hemos formado a 9.500 funcionarios dentro del Ministerio de Justicia para, insisto, hacer habitual a todos ellos este cambio, que, sin duda, es un cambio cultural importante y, por lo tanto, que va a generar novedades sustanciales a partir del próximo 1 de enero.

Habrá mucha mayor agilidad en la gestión de los procedimientos. Hay algún caso práctico que dice que la tramitación de un recurso, que se hacía antes en setenta y tantos días, ahora se va a hacer en veinticuatro. Vamos a comprobar cuáles van a ser exactamente los ahorros, pero van a ser muy importantes, porque todos esos traslados entre Departamentos administrativos se suprimen por la vía de la transmisión electrónica.

Para los profesionales y, en última instancia, para los ciudadanos, disponibilidad absoluta de presentación de documentos; como les decía, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, con un ahorro relevante en desplazamientos y en costes económicos de no tener que imprimir en folios los documentos, no tener que gastar en tóner, en fotocopias, etcétera…, en tener mucha más inmediatez en las notificaciones. Cuando se dicte una resolución judicial, se va a notificar inmediatamente por vía electrónica. Se reduce, y no es un tema menor tampoco, el impacto medioambiental por la supresión de todo ese tipo de consumibles que actualmente se utilizan.

Y también, y es otro tema también cualitativo pero destacable, se mejora, sin duda, la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidad, porque, evidentemente, como todos, pero especialmente en este tipo de colectivos, no tendrán que desplazarse para hacer todo este tipo de actuaciones ante la Justicia.

El próximo miércoles celebraremos una Conferencia Sectorial con todos los consejeros de Justicia, como venimos haciendo durante todo este año, para seguir coordinando --tenemos todavía un mes por delante-- y asegurar, por lo tanto, que el día 1 de enero, el día primero de año, será absolutamente efectivo este sistema que, como digo, es un paso más en todas estas incorporaciones de nuevas tecnologías en la Justicia.

Queda camino por delante y, por lo tanto, seguro que en la próxima Legislatura será otro de los grandes hitos de la reforma de la Justicia para alcanzar, por fin, esa justicia digital, esa justicia electrónica y una justicia mucho más cercana al ciudadano.