Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros muy amplio, en el que damos cumplimiento y aprobamos los principales compromisos o algunos de los principales compromisos anunciados por el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación que se celebró los pasados martes y miércoles.

Hoy, ni más ni menos, se aprueban cinco Leyes, cuatro Proyectos de Ley y un Real Decreto Ley, en algunos de los contenidos esenciales que el presidente del Gobierno anunció, como decía, en el pasado Debate del Estado de la Nación.

Ahora les detallaremos algunas de esas normas, alguna de esas leyes; pero sí quiero poner el acento en que con este Consejo de Ministros, como decía, se da materialización a algunas de las medidas más importantes en la Agenda Social del Gobierno y en los mecanismos de agilización de la Justicia, como ahora explicará el Ministro, y que fueron, por tanto, objeto de buena parte de las medidas que el presidente del Gobierno señaló como objetivos esenciales para este último año de Legislatura: la creación de empleo; el traslado de la recuperación a las familias, mediante una Agenda Social importante, y reformas estructurales y, entre ellas, un apartado muy importante: el de la Justicia y medidas para lograr su agilización.

En primer lugar, hoy aprobamos un Real Decreto Ley de segunda oportunidad y otras medidas de carácter social. Como saben, este Real Decreto Ley de segunda oportunidad tiene por objeto devolver a los españoles algunos de los esfuerzos realizados durante la crisis y ampliar los efectos de la mejora de la economía a los sectores más vulnerables. La recuperación debe ayudar a normalizar la situación de aquéllos que han contraído un endeudamiento exceso y, por eso, este Real Decreto Ley lleva a cabo un cambio fundamental en nuestro sistema de tratamiento del endeudamiento, que es reconocer por primera vez un sistema específico para solventar la insolvencia de las personas físicas, la insolvencia de los particulares.

A lo largo de esta Legislatura se han adoptado muchas medidas, pero hoy es un salto cualitativo. Nuestro Derecho, nuestro sistema, tendrá mecanismos para conseguir que las personas físicas, que las familias, puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y puedan volver a empezar.

Como explicará con más detalle el ministro de Economía, entre estas medidas se amplía el alcance del acuerdo extrajudicial de pagos, la posibilidad de que puedan pactar con sus acreedores cómo solventar esas deudas; se establece un mecanismo judicial de reestructuración de esa deuda, que permite liberarse de las deudas contraídas con los bienes que se tienen en el momento de llegar a ese acuerdo con intervención judicial; se revisan, en una materia que se incorpora en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ahora diré, los plazos de prescripción de las deudas personales: en vez de dejar a una persona que esté durante quince años pendiente y sujetos todos sus bienes a pagar la deuda, se reducen al plazo de cinco --la Agencia Tributaria y la Seguridad Social tienen cuatro años, y el plazo de cinco parece razonable--, y se amplía el Código de Buenas Prácticas para dar una solución a esos colectivos vulnerables en aspectos tan importantes como ampliar el número de los que puedan beneficiarse de él y, además, solventar las cláusulas-suelo para todos esos colectivos.

También, desde el punto de vista de economía, que lo explicará el Ministro, aprobamos un Proyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Con esta norma se incorpora el segundo pilar de la Unión Bancaria a nuestro Derecho. Es, por tanto, un cambio estructural muy importante y muy profundo, que pone de manifiesto los avances que en el terreno de la construcción de la Unión Bancaria se ha llevado a cabo en nuestro Derecho.

De la segunda oportunidad y de esta Ley hablará el ministro de Economía. Yo ahora voy a seguir centrándome en el contenido del Real Decreto Ley.

Como decía, primero, la regulación de la segunda oportunidad; en segundo lugar, medidas en materia de empleo. El Real Decreto Ley contempla el anuncio del presidente del Gobierno de establecer, para los nuevos contratos indefinidos, una reducción de cotizaciones. El mínimo exento de cotización a la Seguridad Social se coloca en quinientos euros para la contratación indefinida de nuevos empleados; es decir, los quinientos primeros euros del salario de los nuevos contratos indefinidos no pagarán cotización a la Seguridad Social, y después se aplicará un tipo progresivo. Por tanto, el ahorro respecto a la cotización será mayor para los salarios más pequeños y después se irá incrementando. Es una medida progresiva que se había puesto en evidencia por algunos sectores a tener en cuenta con la tarifa plana.

Con esta medida lo que logramos es rebajar progresivamente el coste laboral de las cotizaciones sociales. Voy a poner algunos ejemplos: los trabajadores con salarios más elevados, superados en la base de cotización máxima, verán reducidas sus cotizaciones un 14 por 100; los trabajadores con salarios de mil euros verán reducidas su cotizaciones un 50 por 100; y en los salarios más bajos, del último tramo, se reducirá prácticamente en un 70 por 100 la cotización a la Seguridad Social.

Además, para los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil será compatible esa bonificación con la de trescientos euros que se aprobó en el mes de julio, y también lo será con la del Programa de Activación para Parados de Larga Duración que se pactó con los agentes sociales hace pocos meses.

Es decir, Real Decreto Ley, primera medida de empleo: la rebaja de cotizaciones a los quinientos primeros euros.

Otra medida relacionada también con el empleo, pero también con la conciliación, es la que se adopta para los trabajadores autónomos. Vamos progresivamente incorporando mecanismos que permiten ir asimilando la situación de los trabajadores autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. Éste es un nuevo supuesto: para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, se pone en marcha una bonificación del 100 por 100 en su cotización a la Seguridad Social, de cotización por contingencias comunes, durante un año al trabajador autónomos que se vaya a dedicar al cuidado de hijos menores de siete años o de personas en situación de dependencia reconocida. Tendrá esa bonificación del cien por cien siempre que contraten a un trabajador para mantener, para continuar, su actividad. Esta medida supone un ahorro cercano a tres mil euros anuales para los autónomos que se acojan a ella.

Tercera medida en materia de empleo: la reducción de número de peonadas para acceder al subsidio agrario pasa de 35 a 20. Se aplicará en Andalucía y Extremadura a aquellos trabajadores que tuvieran veinte jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores y su ámbito temporal de aplicación es el de seis meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. ¿Por qué? Por la baja producción en la campaña del olivar del año pasado. En Andalucía la producción de aceite de almazara se ha reducido más de la mitad. No es la primera vez que nos vemos obligados a adoptar una medida de esta naturaleza y ya en 2013, por la sequía de la campaña de la aceituna, redujimos a veinte el número de apeonadas frente a 35. Es una medida hablada con el sector y puedo decirles que el número de trabajadores afectados será de algo más de 56.000.

Esto en cuanto al empleo, pero también se contemplan en ese Real Decreto Ley medidas de apoyo a la familia en el ámbito fiscal; hay medidas para beneficiar a las familias. Como saben, en la reforma fiscal se aprobó lo que el señor Montoro en esta mesa llama siempre "impuestos negativos" --ya tenemos una amplia doctrina todos los aquí sentados sobre el concepto de "impuesto negativo--, pero que, para entenderse un poco mejor, llamamos de una manera, quizá técnicamente menos correcta, "cheques familiares", pero que se entiende mucho mejor.

Estos "cheques familiares" ya se aplican --se estaban aplicando, se estaban reconociendo-- a familias numerosas y a personas con ascendientes o descendientes que tuvieran algún tipo de incapacidad; es decir, tres casos. Ahora lo ampliamos. ¿A quién lo ampliamos? En primer lugar, a las familias monoparentales formadas por un progenitor y dos hijos; y, en segundo lugar, a los supuestos anteriores cuando, en vez de trabajadores, se trate de pensionistas y parados que reciben prestación. Es decir, familias numerosas, ascendientes y descendientes a cargo con discapacidad, no sólo de los trabajadores que coticen a la Seguridad Social, sino también de aquellas familias en que es un pensionista o una persona con prestación por desempleo la que sostiene a la familia. Y, en segundo lugar, familias monoparentales, es decir, un ascendiente que saca adelante a sus dos hijos.

Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares, acumulables entre sí. ¿Efectos? Desde el 1 de enero de 2015. Desde el 1 de enero de 2015, estos nuevos casos de ampliación podrán obtener ese cheque familiar o ese impuesto negativo.

Además, como medida de apoyo a las ONG y otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, se aprueba la exclusión de la obligación de declarar por el Impuesto de Sociedades a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro que tienen muy poquita actividad económica, ingresos por debajo de cincuenta mil euros. Y esto es con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015. La medida beneficia a colectivos, asociaciones y otros entes sin ánimo de lucro que cuentan con recursos personales y materiales limitados para cumplir sus exigencias formales tributarias.

Por tanto, éstas son las medidas más importantes del Real Decreto Ley; Real Decreto Ley con las medidas de segunda oportunidad y las medidas clave de la Agenda Social del Gobierno enunciadas en este Debate del Estado de la Nación: rebaja de cotizaciones a los quinientos primeros euros del sueldo, bonificación de cotizaciones por conciliación de la vida laboral y familiar, ampliación de los "cheques familiares" a familias monoparentales y la adopción de medidas en relación a la baja de las peonadas del conocido como PER.

El segundo de los elementos, también anunciado en el Debate del Estado de la Nación, que hoy aprobamos es un paquete de varias normas en materia de Justicia, como son: la rebaja de las tasas --que ahora explicará el Ministro-- que se incorpora al Real Decreto Ley y tres Proyectos de Ley: uno que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para agilizar los tiempos de respuesta de los Tribunales y una mayor profesionalización de los jueces, y también se introducen nuevas medidas para luchar contra la violencia de género; en segundo lugar, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incorporar nuevas tecnologías y hacer más uso de los sistemas telemáticos la Administración de Justicia, además de la reducción a cinco años de los plazos de prescripción de las deudas personales; y, por último, un Proyecto de Ley que regula el Estatuto del miembro nacional de Eurojust, que es un sistema para fortalecer la cooperación internacional en materia de lucha contra la delincuencia de las formas más graves, especialmente del terrorismo. Lo que hacemos es reforzar el Estatuto del miembro nacional de Eurojust, resolver los conflictos de jurisdicción, fortalecer las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia.

Tercer asunto importante: hoy se aprueba el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, PIVE 7, la séptima edición de PIVE. Ha tenido una favorable acogida por parte de los consumidores y un efecto positivo en la economía y en el medio ambiente. Por tanto, se aprueba un nuevo Plan, con una dotación de 175 millones, si bien ya saben que en la anterior edición permitíamos que las reservas que excedieran de esos presupuestos podían incorporarse a éste. Podrán beneficiarse de las ayudas particulares, autónomos, microempresas y Pymes.

Mantiene, fundamentalmente, el PIVE 7 las características de los anteriores, si bien hay alguna novedad: el beneficiario deberá tener la titularidad del vehículo a achatarrar, al menos, durante el año anterior al que se realice la solicitud de la ayuda y el vehículo que se retire deberá contar con la ITV vigente a la entrada en vigor de este Real Decreto. La cuantía aportada por el Ministerio es de mil euros por vehículo, a los que sumará el descuento que ha de aplicar el fabricante o punto de venta al nuevo vehículo, que será, como mínimo, de otros mil. En caso de vehículos de más de cinco plazas para familias numerosas o de vehículos para discapacitados, la ayuda y el descuento se incrementarán cada uno en quinientos euros, hasta una ayuda total de tres mil.

El programa de apoyo a la renovación del parque de vehículos, en sus ediciones hasta ahora vigentes, ha supuesto la sustitución de más de 715.000 vehículos del parque móvil. O sea, con las seis ediciones del PIVE se han renovado 715.000 vehículos y los cálculos son que con el PIVE 7 llegaremos a los 900.000. El ahorro energético ha sido de 248 millones de litros de combustible/año, un millón y medio de barriles de petróleo.

Por último, capítulo de inversiones, importante, otro asunto al que se comprometió el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. Primera, la autorización, a través de ADIF Alta Velocidad, de los proyectos de construcción de las plataformas de tres nuevos tramos del denominado Nudo de Bergara, que saben es una parte muy importante de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Se invierte un importe conjunto de algo más de 266 millones de euros. El Gobierno da un nuevo e importante impulso al desarrollo de la Y vasca y a su conexión con el resto de España. Con estas inversiones lo que se hace es que se aprueban ya los últimos tramos de le plataforma, con lo que es un impulso muy importante.

También en el País Vasco, y en este capítulo de inversiones, se ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y la Autoridad Portuaria de Bilbao para la construcción y financiación de una terminal ferroviaria en la plataforma logística Arasus, en Rivabellosa, Álava. Esta terminal, conectada a la red ferroviaria, supone una oportunidad estratégica para esta plataforma, la revitaliza por medio de su conexión con el Puerto de Bilbao y con importantes centros de producción y consumo, tanto en Álava, como en La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra, Aragón o Burgos, entre otros territorios. El convenio recogerá una inversión estimada de más de ocho millones de euros, de los cuales tres millones de euros los aporta la Comunidad Autónoma vasca, otros 2,3 millones la Diputación Foral de Álava y la Autoridad Portuaria de Bilbao, otros 3 millones.

También en el capítulo de inversiones, dos infraestructuras importantes: se ha autorizado la celebración del contrato de obra de duplicación, de desdoblamiento, del tramo Dos Hermanas-Los Palacios-Villafranca, de la carretera N-4, en Sevilla; el presupuesto estimado es de casi 55 millones de euros. Y dos contratos, con un presupuesto también de 55 millones de euros, para la duplicación o el desdoblamiento de la autovía de circunvalación de Segovia.