Intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria

Sr. Soria.- Paso a darles cuenta del contenido del Real Decreto Ley que, en efecto, en el día de hoy ha sido aprobado bajo la denominación de Suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y de la Supresión de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía de cogeneración, renovables y en base a recibo.

Hay, en primer lugar, un objetivo inequívoco de todo el Gobierno, que es, como ha dicho la señora Vicepresidenta, disminuir el déficit público y ninguna política del Gobierno es ajena a este objetivo. En tal sentido, la política energética no es una excepción.

España tiene en la actualidad una capacidad potencial de generación eléctrica de 106.295 megavatios. Quiero decir que la demanda punta no sobrepasa, no llega ni siquiera a la mitad de esta capacidad instalada, por cuanto está cifrada en 38.287 megavatios. Por tanto, es evidente que no tenemos un problema, ni de producción, ni de generación, ni de capacidad instalada.

Al propio tiempo, España tiene acumulado un déficit tarifario a final del año 2011 que gira en torno a veinticuatro mil millones de euros. Siendo ello un problema, el más importante es el ritmo de crecimiento de este déficit tarifario a una tasa anual que, a lo largo de los próximos años, si no hacemos nada, estará en el entorno de tres a cuatro mil millones de euros cada año. Por tanto, si no hiciéramos nada, lo que hoy es un problema energético podría convertirse también en un problema financiero.

El Gobierno, por lo tanto, no puede quedar impasible y el Gobierno no va a quedar impasible. Ésa es la razón por la cual se articula este Real Decreto Ley, que quiero decir, en primer lugar, que tiene carácter temporal y tiene carácter temporal mediante el establecimiento de una serie de medidas que vienen a interrumpir la incorporación de nuevas instalaciones que estén primadas para la generación de energía eléctrica a través de cogeneración, de energías renovables, sean eólica, fotovoltaica o termosolar, y también de energías que están basadas en los residuos.

Para que se hagan una idea, las primas para este tipo de energías, incluidas todas ellas en lo que se denomina Régimen Especial; las primas previstas para este año 2012 ascienden a 7.220 millones de euros, de los cuales 71 por 100 estarían destinadas a energías renovables: eólicas, un 27 por 100, y fotovoltaicas y termosolares, un 44 por 100. El resto, hasta el 100 por 100, es decir, aparte de ese 71 por 100, sería un 29 por 100 para las primas destinadas a las fuentes que vienen de la cogeneración y de los residuos, fundamentalmente de la biomasa, biogás y residuos sólidos urbanos.

Quiero resaltar también que en el precio de la electricidad, ese que nos encontramos al final de mes, tiene dos componentes: el coste de la generación propiamente dicho y, luego, otro capítulo que es el que se conoce como los "peajes". Pues bien, dentro del capítulo de los peajes, la mitad, un 50 por 100, viene directamente de lo que suponen las primas y lo que supone la amortización del déficit tarifario que ya se ha acumulado a lo largo de los años. La otra mitad de los peajes, aparte de lo que es el déficit y de lo que son las primas, son el transporte, la distribución y la gestión comercial.

Por todo ello se articula el presente Real Decreto Ley, que quiero decir que es un Real Decreto Ley que tiene como finalidad el que en la actual situación económica y financiera aminore el gasto público, puesto que es una cuestión esencial y obligada. Esta medida obedece a tal exigencia. El déficit tarifario, en los términos en que lo conocemos hoy y su previsible evolución, es una amenaza para el sistema.

Quiero decir también que la decisión que se ha adoptado en el día de hoy mediante este Real Decreto Ley constituye sólo un primer paso, no es una medida aislada; es un primer paso para resolver el problema del déficit de tarifa acumulado pero, al propio tiempo, para frenar el ritmo de crecimiento del mismo. Y no comporta el conjunto de medidas incluidas en el Real Decreto Ley ningún riesgo para la seguridad del suministro. Insisto en el dato que daba con anterioridad: la capacidad instalada es más del doble que la demanda punta que se realiza a lo largo del año.

Y también quiero decir otra cosa muy importante: no constituye, en modo alguno, una apuesta por energías que no sean las renovables. El Gobierno sigue apostando, tiene una apuesta firme, por las energías renovables. Es más, en lo que toca al Ministerio de Industria, cualquier tipo de instalación foltovoltaica, eólica o termosolar, desde luego, no va a tener ningún tipo de impedimento, siempre, lógicamente, que cuente con lo que es la autorización preceptiva de la Comunidad Autónoma; siempre y cuando tenga, lógicamente, la conexión directamente a la red y siempre, lógicamente, que tenga los permisos, autorizaciones y licencias municipales correspondientes.

Por tanto, la apuesta del Gobierno sigue siendo una apuesta por un mix equilibrado y por un mix donde las energías renovables tengan un peso importante.

Quiero decir que actualmente un tercio de la capacidad de generación eléctrica, de esos 106.295 megavatios, vienen precisamente de las energías renovables y también quería decir que, desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento de los objetivos que han sido establecidos en el Programa de Implantación de Energías Renovables 2005-2020, ya en 2010 estamos muy por encima de lo que era previsible que tuviésemos en el año 2010 para instalar energías renovables.

En concreto, en lo que toca a energía eólica, en el año 2010 estamos en un 104 por 100 y, por tanto, cuatro puntos porcentuales por encima de lo que era el objetivo del Plan; en lo que se refiere a energía termoeléctrica, en el año 2010 estamos en un 170 por 100 de instalación, o sea, setenta puntos porcentuales por encima del objetivo para el año 2010, y, en lo que toca a la energía fotovoltaica, estamos en un 1.131 por 100 respecto a lo que es el objetivo del año 2010.

Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de duda que este tipo de medidas vaya a influir lo más mínimo en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 2005-2020 de implantación paulatina de energías renovables.

Finalmente, quiero decir que este Real Decreto Ley cumple también, por todo lo dicho, con los compromisos que tenemos contraídos con la Unión Europea. No se ponen en peligro, en modo alguno, tales compromisos, ya que disponemos, tal y como les he relatado, de un amplio margen de maniobra para poder, temporalmente, insisto, parar la incorporación de estas preasignaciones sin prejuicio, lógicamente, de la libertad que tiene cualquier ciudadano o cualquier empresa para seguir instalando instalaciones fotovoltaicas, termosolares y eólicas; eso sí, de momento, sin estar primadas con los Presupuestos Generales del Estado.

Última cuestión, no afecta, en modo alguno, este Real Decreto Ley a ningún derecho adquirido, ya no sólo por parte de quienes tengan plantas en funcionamiento de energías renovables, si no tampoco de aquellas empresas que hayan obtenido una preasignación, sin perjuicio de que hayan o no hayan iniciado ya el funcionamiento de la planta. Por tanto, quiero decir que no es ninguna norma que incorpore ningún tipo de retroactividad; sólo estamos planteándolo desde ahora hasta el futuro.