Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos.

Voy a dar cuenta, primero, de los nombramientos que han sido acordados en este Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha venido en nombrar fiscal general del Estado a don Eduardo Torres-Dulce. Como bien conocen, obtuvo por unanimidad el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, que reconoció sus méritos sobrados y alabó su solidez jurídica. También compareció ante el Congreso de los Diputados, donde quiero destacar que fue un nombramiento muy bien recibido por todas las fuerzas políticas que destacaron sus méritos y capacidad, y hoy el Consejo de Ministros, una vez obtenido ese informe del Consejo General del Poder Judicial y producido esa comparecencia, procede en nombrarle fiscal general del Estado.

En segundo lugar, ha sido nombrado director del Instituto Cervantes don Víctor García de la Concha, y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, don Benigno Pendás García.

En tercer lugar, como venimos detallando a lo largo de las ruedas de prensa que hemos tenido después del Consejo de Ministros, este Gobierno está planteando un conjunto de reformas que tienen como objetivo fundamental crear empleo y recuperar el crecimiento económico, en dos líneas fundamentales: en primer lugar, en una línea de consolidación fiscal, que es imprescindible para volver a construir la senda del crecimiento y para volver a generar empleo, básico, además, para devolver la credibilidad y la confianza en nuestro país; pero también está trabajando en un conjunto de reformas estructurales que tienen por objetivo que, en el marco de ese crecimiento económico y en el marco de esa creación de empleo, puedan modernizarse y mejorarse estructuras que están impidiendo recuperar la confianza o que no dan la suficiente flexibilidad a la hora de conseguir que se produzca esa dinamización.

En este sentido, y en las próximas semanas, ya les adelanto que se presentará en el Consejo de Ministros la reforma del sistema financiero y la reforma del mercado laboral.

En este último punto quiero destacar y poner en valor el acuerdo al que han llegado los agentes sociales esta semana en el denominado "pacto de rentas". Como bien saben, es un acuerdo importante por cuanto por primera vez se liga la renta, se liga el crecimiento salarial, al crecimiento económico y a la competitividad relativa en el seno de la Unión Europea. Hay que agradecer a los agentes sociales este acuerdo; hay, como decía, que ponerlo en valor y, sobre todo, hay que poner de manifiesto que ayuda a estas reformas estructurales a la hora de lograr la creación económica y el objetivo fundamental de creación de empleo, que es el objetivo básico que tiene el Gobierno de la nación, a la vista, especialmente, de los datos que hemos conocido de la última Encuesta de Población Activa.

Sobre la primera de las líneas de actuación, sobre la consolidación fiscal, se han aprobado en este Consejo de Ministros algunas normas importantes.

En primer lugar, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Anteproyecto de Ley que, como saben, viene acordado en sus líneas generales por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por los Entes Locales que se reunieron en la Comisión Nacional de Administración Local.

Hay, por tanto, un consenso territorial que queremos también ampliar a un consenso político. Saben que, de base, hay un acuerdo suscrito con el Partido Socialista en el seno de la reforma constitucional que se aprobó a finales de este verano y vamos a trabajar desde ya, desde esta misma tarde, para consumar ese acuerdo o ese principio de acuerdo que hay con el Partido Socialista e incorporar a otros Grupos Parlamentarios a esta reforma.

Con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que explicará el ministro de Hacienda, el Gobierno pretende conseguir una consolidación fiscal, una reducción del déficit y la deuda pública, necesaria para coadyuvar al crecimiento económico en dos aspectos clave que quiero destacar especialmente.

En primer lugar, para lograr la recuperación del crédito. Mientras la deuda pública siga creciendo, mientras la deuda pública salga a los mercados, detrae recursos imprescindibles para la financiación y para el crédito de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, y de las familias. Es decir, ésta es una medida que tiene un efecto inmediato, que tiene un efecto clave, a la hora de volver a recuperar el crédito en nuestro país.

Pero, en segundo lugar, la contención del déficit público y la reducción de la deuda pública son imprescindibles para asegurar el Estado del Bienestar, para satisfacer aquellos servicios públicos esenciales, entre los que quiero destacar: la educación, la sanidad y los servicios sociales. ¿Por qué? Porque el pago de los intereses de la deuda está detrayendo muchos recursos de los Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que, si no existiera ese volumen tan importante de déficit y de deuda, podrían destinarse a subvencionar, a sufragar, los servicios públicos esenciales en nuestro país.

Estamos hablando, por tanto, de una reforma estructural de primer orden, una reforma estructural que nos convierte en un referente europeo en materia de gobernanza y una reforma en la que España, desde el cambio constitucional de este verano hasta la aprobación de esta Ley, se convierte en pionera. España ha tomado la delantera y está impulsando esta estabilidad presupuestaria en el conjunto de la Unión Europea. Hemos hecho una reforma constitucional y ahora estamos ya en un proceso de desarrollo de la Ley Orgánica a la que obliga la Constitución y, además, en un plazo muy reducido. El presidente del Gobierno asumió el compromiso de presentar esta norma en los tres primeros meses del año 2012 y hoy, en el mes de enero, se aprueba este Anteproyecto de Ley Orgánica que se remite al Consejo de Estado.

Estamos, por tanto, adelantando el calendario de las reformas, porque así lo exigen los datos económicos y los datos de empleo que hemos conocido hoy, aunque todos sospechábamos.

En segundo lugar, el Ministerio de Industria ha presentado al Consejo de Ministros para su aprobación, y ha sido aprobado, un Real Decreto Ley en materia energética, que viene también a coadyuvar a este objetivo de reducción del déficit público y que pasará a exponer el señor ministro.

En la línea del plan de austeridad que hemos impuesto a las propias Administraciones Públicas, en concreto a la Administración General del Estado, que es la Administración que depende del Gobierno, hoy se han aprobado dos Reales Decretos de estructura básica ministerial, que son los del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que establecen un fuerte recorte en el grado de las subdirecciones generales y divisiones. En Hacienda se ha procedido a suprimir catorce subdirecciones generales y, en Educación, trece subdirecciones generales.

Con esto se sigue la senda impuesta por el Gobierno, que se cumplió en los Reales Decretos de estructura aprobados la semana pasada para el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para proceder a redimensionar y a adelgazar la Administración General del Estado.

Por último, les informo de dos acuerdos importantes que se han adoptado en el Consejo de Ministros. Se ha aprobado el acuerdo que fija la cuantía del módulo básico estatal del Plan de Vivienda y Rehabilitación. Como bien saben, el módulo básico estatal es esa cantidad en euros por metro cuadrado que es la referencia para la determinación de los precios máximos de venta, de adjudicación y de renta de las viviendas que forman parte de ese Plan.

Se ha mantenido el módulo en la misma cantidad que en los años 2009, 2010 y 2011: 758 euros por metro cuadrado. En Canarias experimentará un crecimiento del 10 por 100 superior, en atención a las particulares circunstancias de las islas, y se aplicará esta cantidad desde el 1 de enero de 2012. Éste fue un asunto que quedó encima de la mesa en el traspaso de poderes, pero se fija su fecha desde el inicio del año.

Por último, les informo de que el Gobierno ha aprobado el acuerdo de apoyo a la candidatura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid del año 2020, y se han, además, adoptado aquellas garantías que exige el Comité Olímpico Internacional. Con ello, el Gobierno da su apoyo a la candidatura de la capital a estos Juegos y, sobre todo, con ello da impulso a algo que se ha convertido en un elemento básico de la política del Gobierno, que es el apoyo, el impulso, a la marca "España", al apoyo a nuestro país como marca de credibilidad, de confianza y marca de dinamismo. Los Juegos Olímpicos contribuyen a ello y con este acuerdo la candidatura se presenta con el respaldo del Ejecutivo y con la garantía necesaria que exige la presentación de candidaturas, de acuerdo con los manuales del Comité Olímpico Internacional.

Voy a dar la palabra, en primer lugar, al ministro de Industria para que explique el contenido del Real Decreto Ley en materia energética que se ha aprobado en este Consejo de Ministros y que se remitirá inmediatamente a las Cortes Generales.