Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy, 22 de septiembre, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy.

El Gobierno quiere manifestar su preocupación por la extensión en Cataluña de actuaciones de acoso, de coacción, de intimidación y amenazas, que afectan a todo aquel que se opone a la legalidad. Les hablo, por tanto, de una situación en la que los únicos responsables son aquellos responsables políticos públicos que incitan a la desobediencia de la legalidad democrática, desafiando a los tribunales de justicia y a sus resoluciones, y se afanan por incrementar esta deriva ilegal que comenzó los días 6 y 7 de septiembre en la sesión parlamentaria que espero que guardemos durante mucho tiempo en la retina.

Se trata de una campaña contra el pluralismo político y las libertades democráticas, fruto de esa deriva radical y extremista de intolerancia de ideas que se ha adueñado de Cataluña y que afecta a muchas personas cuyo único objetivo, cuya única finalidad, cuyo único empeño, es cumplir la Ley. Afecta a alcaldes y concejales de más de doscientas corporaciones municipales, que se han negado a colaborar con un referéndum ilegal que atenta contra los principios democráticos más esenciales. Ellos y muchos concejales de Cataluña luchan todos los días para que se respeten la Ley, las ideas de los demás y la democracia.

El proceso en Cataluña está hoy en día en manos de los más radicales, de la CUP, que insta a señalar, a denunciar y a perseguir a los cargos electos que se niegan a colaborar con el referéndum ilegal. Todos tenemos también en la retina ese cartel en el que se señalaba al gobierno municipal del Ayuntamiento de Lérida. Asimismo, invitan a desobedecer a aquellos consistorios que se oponen a la consulta por ser precisamente ilegal y por poder cumplir con la Ley.

Todas las personas que respetan la democracia, la Ley y el orden deben saber que tienen el apoyo de todos los demócratas de España, que con su actitud honran el mandato recibido y el juramento realizado. Su ejemplar modelo es una actuación honrada, ética, irreprochable y digna de admiración.

En estos días hemos visto cómo esa coacción, ese acoso, ha afectado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Mossos d'Esquadra o a la Guardia o la Policía Urbana; y también a los jueces y Tribunales de Justicia. El cerco al Palacio de Justicia de Barcelona, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es un hecho muy claro.

Pero, asimismo, se acosa, se intimida y se señala, se amenaza, a la familia, a los negocios, de dirigentes políticos, como lo ocurrido en Granollers con el caso de la familia de Albert Rivera, a quien queremos mandar nuestra solidaridad y nuestro apoyo. También a las sedes de los partidos políticos que quieren cumplir con la Ley. Presionan a los directores de los colegios, a los rectores de las universidades, a los funcionarios, a sus compañeros, a periodistas y periódicos; a un club centenario como el Español; a un intelectual prestigioso como Juan Marsé y a cualquier ciudadano, en suma, que se opone a que se rompan unilateralmente la unidad de España y la legalidad democrática. A todas esas personas que quieren, como sus abuelos, como sus antepasados o como sus padres, seguir siendo lo que han sido durante más de cinco siglos, es decir, catalanes, españoles y europeos.

En este sentido, al Gobierno le parece especialmente relevante el comunicado que el Consejo General del Poder Judicial hizo público ayer, a la vista de los acontecimientos de cerco que se estaban produciendo en Cataluña, y donde destacaba el Consejo General del Poder Judicial, que es la institución de gobierno de todos los jueces, el apoyo a todos los miembros de la Carrera Judicial que, en defensa del Estado de Derecho, prestan sus servicios en Cataluña. "El cumplimiento del deber de los jueces --dice este comunicado-- no puede verse sometido a ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones". En este sentido, también las cuatro asociaciones de jueces han criticado esa misma concentración de ayer, porque la consideran un ataque a la independencia del Poder Judicial y un asedio --cito textualmente-- "para coaccionar a los jueces".

En este mismo sentido, y para evitar este tipo de acosos, el ministro del Interior ha informado al Consejo de Ministros de la carta que ha remitido al señor Forn i Chiariello, en la que hace una referencia a cómo el pasado 8 de septiembre la Fiscalía Superior de Cataluña emitía la instrucción 2/2017 y se ordenaba a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, a los tres cuerpos policiales, actuaciones para impedir que un referéndum ilegal, convocado para el día 1 de octubre, tuviera lugar. Pero, a la vista de las movilizaciones tumultuarias a las que me he referido anteriormente, el Gobierno, en virtud de las facultades que contempla el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, ha decidido desplazar a Cataluña diferentes unidades de refuerzo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ya cumplen sus misiones en esta Comunidad Autónoma.

Asumirán, por tanto, funciones de refuerzo y de apoyo a las unidades del cuerpo de Mossos d'Esquadra que tienen encomendadas las funciones de policía judicial, y asegurarán también la mejor coordinación entre la Administración autonómica y la Administración central en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Insisto en que es una carta de la que ha informado el ministro del Interior y que ha comunicado al consejero Forn.

Como he dicho antes, la deriva que está tomando la situación en Cataluña deja bien a las claras algo que desde esta mesa del Consejo de Ministros hemos dicho hace algún tiempo: este referéndum se ha convertido en el referéndum de la CUP, de un movimiento extremista, radical, antisistema, anticapitalista y antipatriarcal; eso mismo es lo que así se definieron recientemente. Es la CUP la que ha marcado las fases de los últimos tiempos, la que en su momento exigió que el presidente Mas dejara de ser presidente, la que decidió que determinados consejeros que no eran suficientemente afectos dejaran de serlo y la que ha impuesto también esa llamada "Ley de Transitoriedad", que pretende una declaración unilateral de independencia, que no es más que una ruptura unilateral con España, que liquida, además, el orden político y social.

Por tanto, dentro de este proyecto de las CUP, que, insisto, son las que se han adueñado en estos momentos del proceso, se encuentra la de extender consignas, falsificar la realidad, pervertir el lenguaje y mitificar mentiras. Por ello, el Gobierno vuelve a reafirmarse en lo que ha dicho una y otra vez, pública y privadamente: este es un referéndum ilegal, que no se va a celebrar. No tiene, además, ninguna garantía democrática. Se lo dicen todos los días desde Europa el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo y los presidentes o primeros ministros de los grandes partidos europeos.

Este es un referéndum ilegal porque no reúne ninguna condición de las que debe tener cualquier tipo de consulta. Recordarán ustedes que fue el propio presidente Puigdemont el que se dirigió a la Comisión de Venecia, que es un órgano del Consejo de Europa que vela por la pureza democrática en las elecciones. Entonces, la Comisión de Venecia le dijo que cualquier consulta tenía que hacerse dentro del marco de la Constitución. Pero esa misma Comisión de Venecia establece también cuáles son las características que cualquier consulta debe reunir para ser considerada como una consulta democrática.

Pues bien, este referéndum ilegal del 1 de octubre no reúne ninguna de ellas: no tiene censo, no hay ningún censo oficial, y, cuando oímos que están utilizando algún censo anterior, también hay denuncias ya interpuestas ante la Agencia de Protección de Datos, porque no hay legitimidad por parte de ninguna institución para adueñarse de un censo. No hay urnas, no hay papeletas y no hay colegios asignados al elector, porque no hay tarjeta censal. La última ocurrencia que hemos visto es un "tuit", "tuit" que haría aparecer una sonrisa seguramente en la Comisión de Venecia como la garantía del censo electoral. No hay mesas electorales constituidas con arreglo a criterios de publicidad y legalidad, no hay interventores ni apoderados, no hay voto por correo, no hay un registro público de las personas que pueden votar en el extranjero y el órgano que creó la Ley de Referéndum, la llamada Sindicatura Electoral, ha sido suspendido.

Por todo ello, quiero recordar las palabras del presidente del Gobierno en la declaración institucional que hizo hace 48 horas, donde reclamaba a los responsables de la Generalidad que cesen sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. "Saben, dijo el presidente del Gobierno, que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal y legítimo; ahora no es más que una quimera imposible o, lo que es peor, la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más en la fractura que han provocado en la sociedad catalana". Y continúa el presidente: "si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia".

Ante todo esto, tengan la seguridad, catalanes y resto de los españoles, de que este Gobierno, en el ejercicio constitucional de sus funciones, va a hacer cumplir las leyes e instar a que los procedimientos legislativos, todos los procedimientos legislativos, se adecúen al Derecho. Otros están en la ilegalidad permanente; este Gobierno seguirá en la legalidad permanente. Pero nadie está por encima o al margen de las leyes y todos somos responsables de nuestros actos, y quien vulnera la Ley se debe enfrentar también a sus consecuencias.

Este Gobierno defenderá el principio constitucional de soberanía nacional enraizado en nuestra historia constitucional desde la Constitución de 1812. Esta reside en el conjunto del pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Defenderemos, además, la unidad constitucional de España, una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos.

Defenderemos también la democracia liberal y representativa frente a quienes quieren plebiscitos y eluden los controles democráticos. Defenderemos que todas las ideas --recalco, todas las ideas-- puedan siempre expresarse libremente, tanto en el seno de las instituciones democráticas, como en los medios públicos, reconociendo y amparando el pluralismo político sobre el que discurre la democracia y que debe expresarse con plenas garantías, haciendo de esta forma realidad la igualdad política. Defenderemos el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y no solo de una parte. El Gobierno defenderá los derechos y libertades de todos los ciudadanos, combatiendo las discriminaciones y los intentos de coacción antidemocrática.

Y tengan todos, y muy especialmente los catalanes, la seguridad de que este Gobierno no abdicará de la defensa de estos principios.

Además de esta referencia que quería hacerles, el Consejo de Ministros ha tomado toda una serie de acuerdos en su reunión de hoy. El primero se refiere a un Anteproyecto, por tanto, la primera vuelta de un Proyecto de Ley, por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual y se incorpora lo establecido en la Directiva 26/2014. Es una Directiva cuyo plazo venció hace ya algunos meses, en el año en el que el Gobierno estuvo en funciones y, por lo tanto, saben ustedes, en aquel momento no se podía presentar ningún Proyecto de Ley, por eso lo hacemos ahora mismo.

Las principales novedades de la regulación propuesta aluden al nuevo marco regulatorio de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, especialmente en la mejora del gobierno interno. El Gobierno quiere más transparencia, más rendición de cuentas y mejora también en la diligencia de la recaudación, gestión y reparto de ingresos. Además, este Anteproyecto introduce nuevos operadores en el mercado de derechos de propiedad intelectual y, finalmente, regula licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea.

Se trata de un Anteproyecto, de una primera lectura, por tanto, y ahora el Gobierno, y el ministro de Cultura en concreto, va a hablar con el resto de los partidos políticos para intentar llegar a una solución consensuada, sabiendo que se trata también de una Directiva comunitaria que requiere su transposición.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha prorrogado, a través de dos Reales Decretos, la situación de sequía declarada para el ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y también del Segura.

Igualmente, ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma ad referéndum un convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre cooperación en materia de seguridad. Como saben ustedes, la política del Gobierno en esta materia ha sido la de instar estos convenios con los países de origen o de tránsito; con Mauritania fue muy importante en su momento para combatir la inmigración irregular. Esto es una continuación, por tanto, de esa tarea en la que el Gobierno lleva muchos años implicado.

Finalmente, el Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a doña Lorena Enebral Pérez. Como saben ustedes, doña Lorena fue asesinada en la ciudad afgana de Mazar-i-Sharif el pasado 11 de septiembre mientras trabajaba en un centro de rehabilitación gestionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Igual que Ignacio Echevarría, que también recibió la Gran Cruz del Mérito Civil, es uno de esos españoles ejemplares que encuentran la muerte ayudando a los demás.

Esto es lo que tenía que decirles y, por supuesto, estoy a su disposición para responder a las preguntas que tengan por conveniente.