Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Industria, Energía y Turismo porque hoy hemos aprobado un Real Decreto Ley de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como Mobile World Capital para el período 2019-2023. Como saben, este es un congreso anual en torno al mundo de la comunicación. En su última edición tuvo más de noventa mil visitantes y más de dos mil compañías mostraron sus productos-servicios. Muestra, por tanto, una de las mejores imágenes de España en cuanto a su capacidad de convocatoria y de organización.

El Gobierno ha manifestado siempre su voluntad de apoyar este acontecimiento que año tras año mejora su impacto positivo. En la edición de 2014 se obtuvieron unos ingresos de 397 millones de euros y, lo que es más importante, 12.300 puestos de trabajo. El impacto acumulado de este congreso en Barcelona durante el período 2006-2014 se estima en 2.500 millones de euros y las previsiones para los próximos años son mejores por el prestigio que se ha ido consolidando de este evento de referencia a nivel mundial.

Así, con este Real Decreto Ley lo que se hace es ratificar nuestra voluntad de seguir apoyando la designación de Barcelona como Mobile World Capital. Enseguida nos informará el Ministro de todos los detalles de este Real Decreto Ley, al igual que del Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas para España en los años 2014-2020. Se trata de una ampliación de la anterior Estrategia, que vencía en el año 2014, pero con un enfoque mucho más amplio, ya que no se apuesta sólo por una tecnología o por un combustible en concreto, sino que se extiende a otras para que el mercado y el nivel de desarrollo y competitividad de cada una de estas tecnologías sean los que al final determinen la composición final de la oferta.

Por otro lado, les informo, también en este capítulo de apoyo a distintos sectores --telecomunicaciones o la industria del automóvil relacionada con la sostenibilidad-- de una medida adoptada en apoyo también a nuestra capacidad en todo el sector de las infraestructuras, y es el Acuerdo por el que se autoriza la firma del convenio constitutivo del Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras.

El Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras es un proyecto promovido por China, que se lanzó oficialmente a finales de octubre de 2014. Su objetivo es promover el desarrollo sostenible de Asia, concentrándose en la financiación de infraestructuras, de energía, transporte y telecomunicaciones, así como en la financiación de proyectos para el desarrollo urbano o rural, y la conservación del medio ambiente en la región.

Como recordarán, en marzo de 2015 el Consejo de Ministros tomó conocimiento de la apertura del proceso de negociación del Tratado Internacional regulador del Banco, con vistas a la participación de España como socio fundador. Este pasado mes de mayo se han fijado ya los estatutos y la distribución del capital entre los Estados participantes. Además de España, son países fundadores 37 Estados de la región y 19 países no regionales, incluidos los más grandes de la Unión Europea.

La institución tendrá un capital autorizado de cien mil millones de dólares y proporcionará su apoyo financiero a proyectos en los países asiáticos mediante la concesión de préstamos, la inversión en capital o la concesión de garantías. Como miembro, España estará representada en la Junta de Gobernadores del Banco.

España suscribirá un capital por valor de 1.761 millones de dólares y la cantidad, sin embargo, que desembolsará es de 352,3 millones de dólares repartidos en cinco plazos anuales entre 2015 y 2019.

Nuestra incorporación nos dará la oportunidad de tener más influencia en las decisiones y en los proyectos que se financien, y permitirá a un sector muy importante en España, como es el sector de las empresas españolas de obras públicas, acceder en buenas condiciones a las facilidades adicionales de crédito que este Banco pueda ofrecer.

Les daré dos datos: las empresas españolas del sector de infraestructuras, en 2014, se adjudicaron, a nivel mundial, en obras públicas, tanto lo que es construcción como concesión, 47.000 millones de euros; en el año 2014, en proyectos a nivel mundial. Y, en lo que va de año 2015, hasta el mes de mayo, en el entorno de 15.500 millones de euros. Es decir, que con esta iniciativa apoyamos a un sector que está generando mucho empleo fuera, pero también dentro de España, no sólo a las empresas principales, sino a las empresas asociadas que también participan, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, en el desarrollo de infraestructuras en todos los rincones del planeta.

En otro orden de cosas, hoy se aprueba un Acuerdo por el que se plantea conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con un decreto de esta Comunidad Autónoma, del 24 de febrero de 2015, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional. Es decir, planteamos conflicto ante el Tribunal Constitucional frente a la creación del Comisionado para la Transición Nacional y, junto con ello, a los planes ejecutivos para la preparación de las estructuras de Estado y el Plan de Infraestructuras Estratégicas; además, a todas las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad.

Este Acuerdo culmina un proceso iniciado por el requerimiento que hizo el Consejo de Ministros el 17 de abril, que requirió de incompetencia al Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con estos asuntos: el decreto de constitución del Comisionado para la Transición Nacional y todos los planes asociados al mismo. La respuesta que ha dado la Generalidad ha sido negativa; por tanto, al no acceder a nuestro requerimiento, planteamos este conflicto ante el Tribunal Constitucional, con expresa petición de suspensión de todas las disposiciones impugnadas.

¿Cuáles son los fundamentos de esa impugnación? El Decreto 16/2015 que crea el Comisionado para la Transición Nacional le atribuye el impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de transición nacional y el seguimiento de la constitución de estructuras de Estado. Con el decreto, la Generalitat está adoptando previsiones para una eventual separación del Estado español, otorgando al Comisionado aquellas funciones que corresponderían al Estado en el territorio de Cataluña o destinadas a planificar o prever cómo se asumirían esas competencias o esas funciones por la Generalitat. Eso se desprende, no sólo del texto del decreto, sino también de actuaciones, informes y declaraciones de los miembros del Gobierno de la Generalitat.

En contestación a lo señalado por la Generalitat para no avenirse al requerimiento, queremos destacar que, sobre el proceso de transición nacional, no puede argumentarse que las actuaciones son preparatorias de una propuesta de reforma constitucional, por cuanto ni el contenido de las mismas, ni la finalidad en los términos con los que ha sido comunicado a la ciudadanía, tienen por finalidad la elaboración o reflexión sobre algún proceso de reforma en el marco de la Constitución, sino que su finalidad es determinar un conjunto de actuaciones que serían las siguientes a una declaración unilateral de independencia.

Respecto a las estructuras de Estado, de lo que se trata es de asumir competencias que corresponden al Estado, no de figuras polivalentes para gestionar las competencias de ninguna Comunidad Autónoma. Es manifiestamente inconstitucional y contrario al orden constitucional.

Con este decreto, ¿qué se vulnera? Las competencias del Estado en su conjunto, en su totalidad, con carácter general y, en particular, algunas tan importantes como son las relaciones internacionales, hacienda pública, régimen aduanero y arancelario, coordinación y planificación general de la actividad económica, puertos de interés general y aeropuertos de interés general, ferrocarriles y transportes que discurran por el territorio en más de una Comunidad Autónoma, régimen general de comunicaciones, correos y telecomunicaciones, entre otras.

Pero lo que es más importante, con este decreto y todas las actuaciones que llevan aparejadas lo que se hace, de nuevo, es vulnerar el principio de soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español; la indisoluble unidad de la nación española; la sujeción de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y la vulneración del procedimiento de reforma de la Constitución.

Además, se recurren algunas otras cuestiones, como el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado o las infraestructuras estratégicas, y esto va muy en la línea, si recordarán, con el recurso que se planteó el 12 de junio de 2015 frente a las Leyes de medidas y de presupuestos de Cataluña para el año 2015. Es decir, lo que hacemos, en la misma línea argumental que hicimos hace escasamente quince días, es recurrir todas aquellas actuaciones y decisiones que están llevando a cabo el Parlamento de Cataluña o la Generalidad de Cataluña para avanzar en un proceso de construcción de estructuras de Estado que supone una vulneración flagrante de la soberanía del pueblo español, de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, de la indisoluble unidad de la nación española y de los procedimientos, en su caso, previstos en nuestra Constitución para su reforma, en la que todos los españoles tienen el derecho de participar.

Hoy se ha aprobado también un acuerdo por el que el Consejo de Ministros da por finalizado el período transitorio respecto a los trabajadores de Croacia. Como saben, en 2011 se firmó el Tratado de Adhesión de Croacia a la Unión Europea. Ese Tratado preveía que durante dos años los Estados miembros puedan aplicar medidas transitorias para regular el acceso de los croatas a los mercados de trabajo. Pues bien, España ha decidido dar por finalizado el período transitorio que se acordó en el año 2013 y, a partir de ahora, se aplicará el régimen común sobre libre circulación a los trabajadores croatas, como a cualquier otro ciudadano de la Unión.

En el capítulo de nombramientos, hoy el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Empleo, ha acordado el cese, a petición propia, de doña Engracia Hidalgo, como saben, secretaria de Estado de Empleo, que se va a incorporar a otras tareas y en otra Administración, agradeciéndole los servicios prestados y el enorme esfuerzo que ha llevado a cabo en un área clave para la política de este Gobierno, como es la creación de empleo. Yo creo que tenemos hoy que reconocerle y agradecerle los ingentes esfuerzos que ha realizado en ese Departamento para que hoy podamos asistir a las cotas de creación de empleo que estamos viviendo y podamos plantearnos el objetivo de crear más de un millón de empleos entre el año 2014 y el 2015. Será sustituida por Juan Pablo Riesgo, que hasta ahora era director del Gabinete de la ministra de Empleo.

Y en el área de Medio Ambiente, se procede al nombramiento como secretario de Estado de don Pablo Saavedra, que hasta la fecha era director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Por último, quiero informarles de que hoy el Consejo de Ministros ha decidido conceder, a título póstumo, la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a doña Ana María Vidal-Abarca López. A propuesta del Ministerio de la Presidencia --yo soy la canciller de la Orden--, el Consejo de Ministros ha decidido, como premio a su actividad al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos, otorgarle la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a doña María Vidal-Abarca López. Como saben, falleció hace escasos días y dedicó buena parte de su vida al servicio de las víctimas del terrorismo.

Fundó en 1981, junto con Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O'Shea, la Asociación Víctimas del Terrorismo. Fue presidenta de esa Asociación, donde impulsó una labor de atención institucional a las víctimas. Bajo su dirección la AVT creó un área social asistencial para ayudar a los afectados por el terrorismo y promovió la personación de las víctimas y de sus asociaciones en los juicios frente a los terroristas. Ejerció el cargo de presidenta hasta 1999, poco después de lograr la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. En 2001, cuando se constituyó la Fundación Víctimas del Terrorismo, fue nombrado vicepresidenta de la entidad y, después, presidenta hasta el año 2005.

Quiero señalar, además, que esta propuesta ha sido también impulsada por el propio Patronato de la Fundación en reconocimiento a su tarea. Mañana, además, se recuerda en el Congreso el Día de las Víctimas del Terrorismo y hemos considerado oportuno hacer coincidir este reconocimiento a su labor al servicio de las víctimas, de su defensa, de su atención y de su sensibilidad, con esta fecha también como un homenaje a todas las víctimas del terrorismo y sus familiares.