Intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

Sr. Montoro.- El Estado ocupa una posición de último garante de las obligaciones de las Administraciones Públicas y, muy en particular, de la función que tiene de prestación de los servicios a los ciudadanos. Tenemos que combinar en el Estado de las Autonomías en España el principio de responsabilidad que corresponde a cada una de nuestras administraciones con la función superior del Estado de actuar en defensa del interés general y garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos.

Este es el planteamiento que ha dominado nuestra actuación desde el comienzo de esta Legislatura y ése es el planteamiento y la justificación de por qué hemos puesto en marcha mecanismos especiales de financiación, de liquidez de todas nuestras Administraciones Públicas; mecanismos que están en la misma fuente del crecimiento económico y de la creación de empleo que estamos registrando en nuestro país, y mecanismos que han hecho posible también, han facilitado, la reducción del déficit público, que quiero recordar que estuvo en el 9 por 100 en el año 2011 y ahora este año cerraremos en ese 4,2 por 100 en el que estamos comprometidos; menos de la mitad. Haciendo todo un nuevo planteamiento, una arquitectura, de financiación de nuestras Administraciones Públicas con la que hemos garantizado la prestación de los servicios públicos fundamentales de los españoles.

Voy a comenzar, como hacía la vicepresidenta, con esa cifra de las medidas de liquidez para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en esta Legislatura. Ella ha dicho, correctamente, que está muy cerca de los 185.000 millones de euros, exactamente, 184.983,5 millones. Esta es la movilización de recursos que desde el Estado hemos sido capaces de arbitrar desde el año 2012, año extraordinariamente difícil en el acceso a los mercados en la financiación ordinaria de nuestras Administraciones, hasta la situación actual donde realmente en este año 2015 estamos todavía con nuevos mecanismos. Todavía no hemos cerrado el primer año en el que hemos implantado nuevos mecanismos de financiación, como ustedes saben, a coste financiero cero, desde el Estado a las Comunidades Autónomas.

En resumen, 2012-2014, 133.871 millones, y en el año 2015, 51.113 millones de euros; el Plan de Proveedores, que estuvo en el origen de este planteamiento, con 41.815 millones de euros; el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, con 62.734 millones de euros; Líneas ICO vencimiento, vigentes en el año 2012, y otras medidas como también ha sido aplazar liquidaciones pendientes de las Administraciones Territoriales con la Administración General del Estado, con lo cual hemos facilitado claramente su financiación.

Además, tenemos el Fondo de Financiación, que es el que entra en este año 2015, con la llamada Facilidad Financiera, que ya agrupa a todas las Comunidades no FLA, excepto las Haciendas Forales; y el Fondo de Liquidez, con estas cuantías: Facilidad Financiera este año: 14.290 millones de euros; Fondo de Liquidez: 22.904 millones de euros. A ello se añade también el Fondo Social, que recuerdan era también una financiación por la que el Estado, al identificar que una Comunidad Autónoma no está financiando correctamente un convenio de protección social, de servicios sociales, a los Ayuntamientos; el Estado está financiando, está pagando, las prestaciones sociales que la Comunidad Autónoma no ha alcanzado a hacer.

Todo esto es lo que nos lleva al reparto de hoy, el reparto que hemos hecho en la Comisión Delegada del Gobierno, que es el reparto del excedente del FLA. No es un reparto obligatorio; lo que estamos haciendo hoy es, digamos, un añadido sobre este sistema de financiación. Lo digo porque en el lenguaje de algunos de los demandantes parece que estábamos en la obligación de hacerlo y no existía esa obligación, en primer lugar, porque lo que estamos es repartiendo lo no utilizado en la previsión del FLA. No estamos pagando o haciendo el reparto del FLA ordinario. Lo digo también para aclarar a todos y a todos los gobernantes autonómicos, y también, obviamente, a los que están esperando ese reparto. Están esperándolo con razón, pero esto es una práctica que podíamos perfectamente no haber hecho si no hubiéramos tenido excedente en ese FLA programado para el año 2015. Por tanto, ahora estamos repartiendo en esa cifra, que son 7.889 millones de euros, y eso es todavía un resto de financiación del fondo de financiación que está pendiente.

A ello se añade el Fondo de Financiación de Entidades Locales, también este año creado, por 1.000 millones de euros y otras medidas, 11.244 millones de euros.

El total de medidas de liquidez destinadas a financiar políticas sociales de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales sería un pago directo a proveedores de Comunidades Autónomas de casi 76.000 millones de euros en esta Legislatura.

Todos éstos son los mecanismos que no existían antes del año 2012, que entre todos hemos sido capaces de articular y que son, primero, los que también han hecho posible la reducción del déficit público de nuestras Administraciones Territoriales. Esto no es darles más dinero para que gasten más, sino garantizar que los servicios públicos están funcionando, abiertos, y los proveedores están cobrando en plazo, cumpliendo la Ley de Morosidad. A partir de ello, eso es compatible con la reducción del déficit público.

Y también tenemos que expresar la convicción de que este fenómeno financiero está detrás de nuestro crecimiento económico: porque hemos hecho esto, estamos creciendo en un periodo de restricción presupuestaria, como es oportuno que existiera en España.

En cuanto al reparto por territorios, dónde ha ido ese dinero, los 184.000 millones de euro, desde el año 2012 al año 2015, es evidente que los usuarios han sido diferentes. En primer lugar, está Cataluña con ese apoyo financiero, seguido de la Comunidad Valenciana, que también ha tenido un muy fuerte apoyo financiero; en tercer lugar, la propia Andalucía. Es realmente quien más lo necesitaba porque, como recuerdan, desde comienzos de Legislatura parte de nuestras administraciones territoriales no tenían acceso a los mercados y, por tanto, el Estado está sustituyendo la falta de acceso a los mercados. Estos son mecanismos extraordinarios y, si hubiéramos tenido la financiación ordinaria, no estaríamos hablando de este tipo de instrumentos. Pero, insisto, lo que hemos hecho ha sido suplir la capacidad de nuestras administraciones de ir por sí mismas a financiarse a los mercados.

Sobre el reparto extra del FLA --insisto, es un extra lo que hemos hecho hoy-- insisto en esta idea porque parece que ha habido algún tipo de demora o de aplazamiento. No ha habido ningún tipo de demora ni aplazamiento. Estamos en las fechas. Es verdad que, como siempre ocurre en todo, y en la acción política por supuesto, siempre ocurre que, cuando ya lo has hecho el año anterior, parece que en el siguiente estás obligado. Si no hubiéramos tenido recursos, no estaríamos ni siquiera planteándolo; es evidente.

Este es el reparto. Les recuerdo que lo que hace el FLA es financiar el déficit de 2014 no financiado hasta ahora. Por tanto, está financiando los proveedores de los servicios públicos fundamentalmente y, luego, también el FLA está atendiendo los vencimientos a medio y largo plazo en el año 2015 de las Comunidades acogidas al FLA. Por tanto, eso es lo que está haciendo, fundamentalmente, y a eso va dirigido ese reparto.

Son esos casi 8.000 millones de euros, donde también vamos a dar cobertura, como también decía la vicepresidenta al comienzo, a la financiación adicional de gasto sanitario tan fundamental como es el tratamiento de la hepatitis C. Saben que justamente este año afortunadamente se ha producido una mayor capacidad en esa medicación para atender a los enfermos y, por tanto, estamos dando cobertura financiera. Está dentro de esa cifra, de ese total, de las Comunidades Autónomas que están divididas en el extra-FLA y en la Facilidad Financiera, que es la cobertura nueva de este año. A las Comunidades Autónomas de la Facilidad Financiera, que son todas ya menos las Haciendas Forales, lo que hacemos también es darles la cobertura de este gasto extraordinario de carácter sanitario.

Cataluña recibe 3.034 millones de euros del total de los 7.889 millones; luego la Comunidad Valenciana, con 1.471 millones de euros, seguidas ya por la Comunidad de Madrid, con una cobertura de 834 millones de euros; Andalucía, con 614 millones, etcétera.

El Gobierno, como decía la Vicepresidenta, ha entendido que Cataluña está en una situación especial, en una situación en riesgo para el interés general. Esta es la razón por la que también ha dispuesto la Comisión Delegada de una condicionalidad específica que también está justificada, como ella también lo ha anticipado, en las razones de las calificaciones a la baja de su deuda por algunas agencias de rating; en el afloramiento de 1.300 millones de euros, en el sentido de que no estaban declarados, no estaban informados y tienen que ser imputados en este ejercicio, en el año 2015; y en las declaraciones de representantes de las instituciones relativas a impago de deuda de proveedores, por ejemplo, de farmacias, y también en las declaraciones relativas a incumplimiento de nuestra normativa, de nuestras leyes. Ello lleva también al Gobierno a garantizar que la utilización de los recursos de los Presupuestos propios de la Generalitat se dedica efectivamente a actividades que no incurren en ningún procedimiento de irregularidad y mucho menos de ilegalidad.

La condicionalidad reforzada para Cataluña sería garantizar que ese FLA pagará exclusivamente servicios públicos fundamentales, para lo que se desembolsará por tramos, en función del cumplimiento de la condicionalidad. Para esto, lo que exigimos es la conexión telemática de la Generalitat con FACe, el punto general de entrada de facturas electrónicas, que es también una manera de agilizar, obviamente, el pago de esas facturas; para la trazabilidad de las facturas, todo el recorrido de esas facturas y, por tanto, su pago. El interventor de la Comunidad Autónoma debe emitir un certificado mensual de la ejecución de todo el presupuesto, dejando constancia de que los gastos no contravienen ordenamiento jurídico; las operaciones de endeudamiento se aprobarán operación por operación y el Estado también prestará el amparo necesario a empleados públicos para la ejecución de estas medidas.

Estas son, básicamente, esas condicionalidades relativas a la relación de la Comunidad Autónoma con la Administración General del Estado, en términos de resumen. Y, por supuesto, todo ello incluye también la investigación sobre los 1.300 millones de euros que no aparecen en el resumen. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas queda comprometido a llevar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos las conclusiones de la investigación que el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, que está compuesto, como saben, por la Intervención General del Estado, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, inicia para verificar y contrastar la información económico-financiera remitida por la Comunidad Autónoma de Cataluña.