Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de distintos asuntos que han sido abordados en distintas reuniones. Hoy ha sido una jornada de trabajo intensa aquí, en Moncloa: a las nueve de la mañana hemos tenido reunión del Consejo de Seguridad Nacional; a las diez de la mañana, como todos los viernes, Consejo de Ministros y, a las doce de la mañana, Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Los tres órganos, presididos por el presidente del Gobierno y en los tres se han abordado cuestiones de gran interés, que ahora mismo pasamos a detallarles los tres ministros que aquí nos encontramos.

En primer lugar, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional ha sido una reunión extraordinaria, la segunda que se convoca tras los atentados que tuvieron lugar en París el pasado viernes. En esta reunión hemos hecho un repaso de las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo de toda la semana: en primer lugar, desde el punto de vista de la colaboración con todos los países que comparten esta defensa, y especialmente con las autoridades en Francia, que han sufrido un durísimo ataque. Por tanto, el primer elemento ha sido el balance de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en el ámbito internacional; y, en segundo lugar, de las distintas actuaciones en el ámbito interno desde el punto de vista político, especialmente esa búsqueda de la unidad con todas las fuerzas políticas y sociales frente a una amenaza global, como es el terrorismo yihadista, y las distintas reuniones de corte operativo que hemos venido manteniendo.

Como bien saben, tras los ataques de París la noche del 13 de noviembre, el Gobierno inició los contactos de forma inmediata con las autoridades francesas a todos los niveles: en el mayor nivel, las conversaciones del presidente del Gobierno con el presidente de la República, François Hollande, y con el primer ministro, Manuel Valls. Además, el presidente del Gobierno inició de forma inmediata los contactos con los líderes de las principales fuerzas políticas y de las organizaciones sociales para mantenerles informados continuamente de la evolución de los acontecimientos y las decisiones adoptadas.

Como ustedes saben, inmediatamente se convocó para ese mismo sábado la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, poniendo, además, de manifiesto que ese Pacto se abría a la participación de otras fuerzas políticas, y han sido varias las que lo han solicitado.

También tuvimos reuniones de coordinación interministerial, especialmente a lo largo de ese fin de semana, tanto el Ministerio de la Presidencia, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia, como los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores. Quiero señalar que inmediatamente se convocó ese sábado la Mesa de Valoración de la Amenaza, que está prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista; lo hizo incluso con carácter previo a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional de ese sábado. Les informo de que, desde entonces, la Mesa de Valoración de la Amenaza se ha reunido en dos ocasiones más, incluyendo en la última convocatoria la participación de representantes, tanto de la Ertzaintza, como de los Mossos d'Esquadra.

Por otro lado, y a nivel internacional, se ha participado en distintas reuniones europeas de Asuntos Exteriores y de Defensa con las que se inició la semana, y hoy se está participando en una reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, convocada de forma extraordinaria a petición del Gobierno francés. A ello se añade la participación del presidente del Gobierno en el G-20.

Quiero señalarles que en este Consejo de Seguridad Nacional también se ha hecho repaso a la participación de España en distintas operaciones. Como ustedes bien conocen, España está participando muy activamente en la coalición contra el DAESH y en Irak; de hecho, son 301 efectivos el personal español que está formando fuerzas del Ejército iraquí en ese país. Asimismo, mantenemos una presencia defensiva muy importante en Turquía, bajo mando de la OTAN.

También quiero recordarles, y hoy es especialmente importante, nuestra participación en la misión en Mali, con 117 personas, más 57 efectivos; o nuestra participación en República Centroafricana en apoyo a la República Francesa, o en Senegal.

Quiero, además, aunque ya se les ha informado esta mañana, señalar que el Gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Asimismo, queremos precisar que hasta el momento ni Francia ni la coalición internacional contra DAESH han requerido de nuestro país ningún incremento en esa contribución. Mantenemos desde hace tiempo una larga cooperación con Francia en materia de lucha contra el terrorismo, tenemos intensos contactos bilaterales y ha sido el propio embajador francés quien ha reiterado esa colaboración y ha puesto de manifiesto, por otro lado, que no ha habido peticiones en ese sentido.

Quiero señalarles que esta mañana el presidente del Gobierno ha intentado y mantenido en algunas ocasiones contactos con el Partido Socialista, con el secretario general, el señor Sánchez; cuando yo bajaba a esta reunión, todavía no habían podido hablar. Sabe que el presidente del Gobierno intentó entrar en contactó con él desde primera hora de la mañana. Sí ha hablado con el líder del partido Ciudadanos, con Albert Rivera, y con el partido Podemos, con el señor Pablo Iglesias, para transmitirles la información que yo les acabo de trasladar.

En segundo lugar, hemos mantenido la reunión, esta vez ordinaria, del Consejo de Ministros y, por eso, me acompaña principalmente el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; después les diré por qué me acompaña el ministro de Hacienda. En este Consejo de Ministros se ha aprobado un importante paquete de medidas en carácter social para trabajar, para garantizar, la igualdad entre hombres y mujeres, y para fortalecer la lucha en distintos ámbitos de la violencia contra las mujeres.

Se han aprobado, como digo, distintas medidas y yo haré una referencia somera a todas ellas. En primer lugar, se ha aprobado un protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

También se ha aprobado el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que deriva de las últimas modificaciones en la legislación militar que había sido acordada en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, se nos ha trasladado el Informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, por parte del ministro de Sanidad, y se dispone su remisión a las Cortes Generales; y el primer Informe de ejecución de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016.

Asimismo, se ha aprobado la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que, como saben, tendrá lugar la próxima semana.

Por otro lado, también se ha aprobado el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

En otro orden de cuestiones, hemos aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de los vehículos con conductor. Con este Reglamento lo que se hace es reforzar la seguridad jurídica en la prestación de servicios de transporte de viajeros en vehículos turismo. Esta actividad continúa configurándose como una modalidad concreta de transporte de viajeros, sujeta a la obtención de una autorización administrativa; pero también se contemplan los requisitos exigidos para obtener dicha autorización y las condiciones de ejercicio de esa actividad.

En materia de inversiones se han presentado tres Acuerdos bastante importantes, yo diría muy importantes, en el impulso del estado de las infraestructuras, que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra economía y para la mejora de las conexiones en nuestro país.

El primero de ellos es el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de la remodelación del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7 en Málaga. Este contrato tiene un valor estimado de 14,7 millones de euros. La actuación supone la remodelación del enlace actual mediante una glorieta deprimida y la ejecución de carriles de trenzado en el tronco de la AP-7, para mejorar los problemas de fluidez de tráfico en la zona. De esta manera, se aumentará la capacidad dando continuidad con fluidez a la demanda de tráfico que genera su entorno que, como saben, es una de las zonas más pobladas de la Costa del Sol.

El segundo de estos contratos, también muy importante, autoriza la celebración de un contrato de las obras de la autovía A-68 en el tramo Gallur-Mallén, en Zaragoza, por un valor estimado de 68 millones de euros. El Corredor del Valle del Ebro constituye la conexión logística principal del transporte por carretera desde el nordeste de la Península hacia el norte de España, por lo que la conversión en autovía de la Carretera Nacional 232 constituye una actuación muy necesaria para aumentar la capacidad y mejorar la seguridad vial en un itinerario que tiene gran intensidad de tráfico de vehículos pesados.

También se autoriza la celebración del contrato de obras de la autovía Lugo-Santiago, la A-54, en el tramo Melide Sur-enlace Arzúa Oeste, en A Coruña, con un valor estimado de 130 millones de euros. Esta última supone la creación de una carretera de alta capacidad en un corredor carente de este tipo de vías y permite unir Lugo con Santiago de Compostela, centro neurálgico de la actividad de Galicia. El nuevo trazado supone una alternativa más rápida, cómoda y segura frente al tránsito en la Carretera Nacional 547, especialmente para el tráfico de medio y largo recorrido, pues evitará el paso por las travesías de Arzúa y Melide.

A ello se suma un acuerdo por el que se convalida un gasto de 11,9 millones de euros correspondiente a la subvención de la Autopista del Mar Vigo-Nantes, de la que ya informé también la semana pasada.

En otro orden de cosas, se ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. Esta prueba, que se realizará al finalizar el 6º curso de Primaria, tiene como objetivo comprobar el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología, así como el logro de objetivo. Con ello, España se suma a la tendencia internacional mayoritaria en los países de la OCDE, garantizando la homogeneidad de las competencias adquiridas en todo el territorio nacional a través del sistema educativo y, en consecuencia, la igualdad en la educación de todos los españoles. Además, según el Informe PISA 2009, los países que emplean exámenes externos basados en estándares tienden a mejor rendimiento. De los 34 países analizados por PISA, 24 tienen evaluaciones externas, externalizadas.

También quiero informarles de que se han aprobado dos Reales Decretos: uno por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de maremotos y, otro, el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo radiológico. Los tendrán en la Referencia del Consejo de Ministros. Lo que hacen es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los planes especiales de protección civil en relación a estos riesgos, en cuanto a estructura, funcionamiento, organización y planes operativos y de respuesta.

La Directriz en el ámbito del riesgo de maremotos establece la evaluación del riesgo del maremoto en España, a través de una cartografía de peligrosidad por zonas; el establecimiento de un sistema nacional de alerta por maremoto; la constitución de una comisión técnica como órgano de consulta y participación de los distintos organismos con competencia en la materia, y la previsión de medidas de información, educación y preparación.

La segunda, sobre riesgo radiológico, establece los procedimientos de actuación y organización de todos los recursos y servicios ante una emergencia con presencia de sustancias radioactivas en cualquier parte del territorio español, así como actuaciones que puedan ocurrir fuera de nuestro territorio, pero que tengan consecuencias en el nuestro. Quedan excluidas de su ámbito las centrales nucleares, al contar con planes especiales en la materia.

Por último --muy largo--, se ha aprobado el Real Decreto de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradores y Reaseguradoras; para los muy cafeteros, lo tendrán en la Referencia de Consejo de Ministros. Tiene como finalidad primordial completar la transposición de la Directiva Solvencia II, que busca la protección de los consumidores y la estabilidad del sistema financiero europeo, así la armonización europea de modelos de información al supervisor y al mercado.

Entre las principales novedades: se desarrolla el nuevo régimen de solvencia, fijando las reglas para el adecuado cálculo de las provisiones técnicas; la determinación, clasificación y admisibilidad de los fondos propios y el cálculo de capital de solvencia obligatorio, entre otros; se establece el régimen especial de solvencia al que pueden acogerse ciertas entidades que no superen determinados límites cuantitativos durante su actividad, así como determinadas entidades con características fijadas; se desarrollan --es muy importante-- los requisitos de honorabilidad y aptitud exigidos por los socios que tengan participaciones significativas de la entidad y quienes ejerzan la dirección efectiva, las funciones fundamentales, en el sistema de gobierno. Aparecen nuevas figuras, como el Colegio de Supervisores o Supervisor de Grupo; y, en cuanto a medidas de control, se presta especial atención a las situaciones de deterioro financiero.

Por último, hemos tenido reunión, que se ha celebrado hoy en lugar de los jueves por problemas de agenda, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para fijar el nuevo reparto de recursos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas 2015. Además, se establece la condicionalidad asociada para garantizar la prestación de determinados servicios públicos.

Muy brevemente, porque ahora lo explicará el Ministro, quiero recordarles que en esta Legislatura ha sido imprescindible proveer, por parte del Gobierno, de liquidez a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales con dificultades en materia de financiación. Como repaso a este esfuerzo de provisión de liquidez sin precedentes, los fondos proporcionados a través de los distintos mecanismos alcanzan prácticamente los 185.000 millones de euros. En el año 2015 se llevó a cabo un reparto del fondo correspondiente a este año, pero quedaba por repartir un remanente existente en el llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2015. Ese remanente es de 7.889 millones de euros, que se repartirá entre las Comunidades Autónomas que lo han demandado, y en él habrá una parte específica para atender, entre otros gastos sanitarios, a los nuevos antivirales para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

No obstante, ante la singularidad de Cataluña en determinados asuntos financieros, se ha establecido un supuesto de condicionalidad específica para la transferencia de los correspondientes fondos a los proveedores de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Está derivado, entre otras cuestiones, de la rebaja de su nota por las agencias de rating, por el incumplimiento de determinadas obligaciones de información y, en particular, la indebida contabilización, que ha supuesto un déficit adicional de 1.300 millones de euros en 2015, y por el riesgo derivado de algunas manifestaciones de representantes de la Comunidad declarando, entre otros, el impago de las deudas con las farmacias.

Por tanto, hay elementos de control específicos y adicionales para ir entregando estos fondos a esa Comunidad Autónoma, que ahora pasará a detallar el Ministro.

Lo que hacemos, a través de este reparto del Fondo de Liquidez, es garantizar la igualdad de los españoles en la recepción de sus servicios públicos en toda España, porque entendemos que todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos en condiciones de igualdad y los proveedores, a cobrar sus servicios. No obstante, a algunos Gobiernos autonómicos, como es el caso del Gobierno de la Generalitat, se les imponen especiales obligaciones y especial condicionalidad, muy vinculada a la transparencia y a que se cumpla, en todo caso, la legalidad de los pagos, para asegurar que estos fondos se destinan a la actividad que tiene prevista, que no es otra que la más importante que tiene cualquier Administración Pública: asegurar primero los servicios públicos esenciales.