Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Buenos días. Antes de darles cuenta de los asuntos que han sido aprobados en Consejo de Ministros permítanme que, en nombre del Gobierno, traslade nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias y solidaridad a las familias y amigos de la tripulación y de los pasajeros que han fallecido en el trágico accidente aéreo de Mali.

Desde el primer momento el Gobierno de España está coordinando los esfuerzos con el resto de los países afectados en las tareas, tanto de rescate, como de investigación del siniestro. Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos visto un informe sobre el siniestro y quiero comunicarles que el ministro de Defensa habló ayer con su homólogo francés para ofrecerle apoyo en las tareas de búsqueda y rescate del aparato siniestrado. Puso a disposición de Francia el avión C-295 que tenemos destacado en Dakar y el "Hércules" destacado en Libreville. Las autoridades francesas nos han pedido el despliegue del avión C-295 para colaborar en las tareas de rescate, y así se hará.

Del mismo modo, también el ministro ofreció los efectivos que tiene España en la misión EUTM-Mali, formados por miembros de Operaciones Especiales, y se ha ofrecido también la colaboración para las tareas de investigación de miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha, a través de la Oficina de Atención a las Víctimas, un protocolo de atención y se ha puesto en contacto con familiares de la tripulación española para informarles de las actuaciones de la Unidad y de todo el operativo de apoyo. Además, una vez localizado el avión, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se incorporará al equipo de investigación del siniestro.

Entrando ya en los asuntos aprobados en este Consejo de Ministros, quiero destacar que seguimos en la línea de las reformas que llevamos poniendo en marcha en estos dos años y medio; una línea de reformas y un esfuerzo, el que han asumido muchos españoles, que empieza a producir sus frutos.

Hoy el ministro de Economía y la ministra de Empleo han hecho un informe sobre la evolución del empleo. Creo que los datos, conocidos ayer, de la Encuesta de Población Activa, de la EPA, demuestran que hay un cambio de ciclo, que hay un cambio en las expectativas, que se están generando frutos y que se incrementan, por tanto, la confianza y las expectativas de la economía española.

Todos los esfuerzos del Gobierno desde el primer momento han ido dirigidos a revertir la tendencia de la destrucción de empleo; estamos ya en ese momento y creo que las cifras de ayer, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ponen de manifiesto cómo este país está superando la crisis.

Hemos seguido con las reformas y lo hemos hecho en un ámbito importante: el de la morosidad pública. Hay que tener en cuenta que las medidas de morosidad, o contra la morosidad, suponen, de un lado, un elemento de desarrollo importante del Programa de Apoyo a los Emprendedores, especialmente a la pequeña y mediana empresa, pero también uno de los elementos fundamentales en la reforma de las Administraciones Públicas. Uno de los ejes del Plan de Reformas que aprobamos era acabar o erradicar la morosidad pública, que durante la crisis ha generado el cierre de numerosas empresas y las dificultades económicas y financieras de otras muchas.

Dos aspectos clave los que aprobamos hoy: un elemento fundamental en el pago a los proveedores para erradicar la morosidad es la publicación de los períodos medios de pago de las Administraciones Públicas; y, otro, la creación de una Central de Información Económico-Financiera de todas las Administraciones para que haya un único sitio donde concentrar las publicaciones y mejorar la información.

Como decía, el primero de esos Reales Decretos regula la forma de calcular el tiempo que pagan de media las Administraciones en pagar a sus proveedores. Es, por tanto, un elemento más contra la dinámica de facturas en el cajón, lo que va a permitir, sin duda, mejorar los pagos y, por tanto, la competitividad de nuestra economía, y reducir las necesidades de financiación de las empresas; facilitará la recuperación del crecimiento y mejorará la confianza en el conjunto de las Administraciones.

Hoy lo que se aprueba, como explicará el Ministro, es cómo se calcula ese periodo medio de pago, qué obligaciones trae a las Administraciones. Las Administraciones Públicas tendrán que hacer público ese período medio de pago y, si supera una serie de plazos, entonces podrá actuar el Gobierno de la nación a través de un sistema progresivo y automático de medidas, que puede acabar con la retención de recursos de esa Administración para pagar directamente a los proveedores.

El segundo de los elementos, como decía, es una Central de Información Económico-Financiera a la que se remiten de manera centralizada las peticiones y las informaciones, y podrá, en una única Central, recopilarse y sistematizarse toda la información económica y financiera de carácter público.

En otro orden de cosas, hemos aprobado para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, que se les explicó por el Ministro en la primera fase de aprobación. Se trata de una norma con la que actualizamos el Código en vigor, que tenía ya veintiocho años, y con la que damos cumplimiento a un mandato que establecía la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Adaptamos la normativa al proceso de modernización de toda la organización militar, a la profesionalidad ya incorporada de las Fuerzas Armadas, a la permanente participación de unidades militares españolas en el exterior en misiones internacionales, así como a la plena incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.

Se introducen nuevas figuras delictivas para dar protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares. Tienen todos los detalles en la Referencia, pero quiero destacar que contempla el nuevo texto una nueva noción de delito militar, que incluye delitos tipificados en el Código y aquellos del Código Penal común que estén relacionados con bienes jurídico-militares, bien porque el autor sea un militar o porque afecten al servicio o a la eficacia de la organización castrense. Se tipifican los delitos militares y las penas, para lo cual se ha tenido en cuenta también el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Por ponerles algunos ejemplos, en el insulto al superior se ha añadido la incriminación de los atentados contra la libertad o la indemnidad sexuales; en el abuso de autoridad, se han incluido los acosos sexuales, así como los atentados a la intimidad y a la dignidad personal y en el trabajo; en el caso de la obediencia debida o jerárquica, se regula de modo similar que hace el Código Penal para los civiles; se prevé en el delito de obediencia un supuesto de exención de responsabilidad criminal en el caso de que los militares que desobedezcan órdenes lo hagan porque estos actos entrañan un delito, en particular, contra la Constitución o infracción clara, manifiesta y terminante de una norma con rango de Ley o del Derecho Internacional en conflictos armados. En estos supuestos no hay obligación de obedecer.

Ha recibido los informes favorables del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, con una única observación, que ha sido aceptada; y todos ellos han puesto en valor un principio importante en este Código: que se convierte en un texto complementario del Código Penal. A diferencia de otros códigos penales militares, que eran muy amplios --el anterior tenía 119 artículos; éste tiene 87--, aquí lo que se hace es un texto complementario, una norma especial respecto a una general, que es el Código Penal ordinario, por llamarlo de alguna manera.

A propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, también se remite a las Cortes el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. Enviamos a las Cortes un Proyecto con el que el Gobierno lo que pretende es reconocer e impulsar el papel esencial de la Biblioteca Nacional en la preservación y en la difusión de la cultura española. Con esta norma se dota a la Institución de unos instrumentos que permiten hacer más eficaz su gestión y reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del Estado, y centro, además, de referencia internacional de acceso a información y al conocimiento en español.

Esta iniciativa-legislativa devuelve a la Biblioteca Nacional el estatus de dirección general --lo hace sin coste alguno-- que había mantenido hasta mayo de 2010, al tiempo que mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con eso, la Biblioteca Nacional se suma al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía como instituciones con un ley reguladora propia.

Sus órganos de Gobierno: el Real Patronato pasa a ser el órgano rector colegiado, con implicación directa en el establecimiento de directrices y actuaciones de la Biblioteca, así como una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio. Se prevé, además, crear un comité científico con funciones consultivas.

Se ha aprobado hoy también el Real Decreto que regula el Reglamento de la Carrera Diplomática. Con esta norma lo que hacemos es desarrollar la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, y recopilamos, para adaptarlas a la nueva realidad, normas recogidas en el Reglamento de la Carrera, que era del año 1955. De hecho, había convenios internacionales muy importantes en materia diplomática que son posteriores al año 1955.

En la actualidad, la media de ingreso en la Escuela Diplomática es de veintisiete años. A lo largo de su vida profesional, que puede extenderse durante cerca de cuarenta años, el funcionario diplomático puede prestar sus servicios fuera de España durante más de veinticinco años como media y en siete o más países diferentes. Por tanto, tiene una especificidad y una necesidad de una regulación propia de esta profesión para que sea mucho más previsible y que, además, tenga una carrera administrativa y unas expectativas de promoción que se cumplan con garantías.

Una de las principales novedades de este Reglamento es el proceso interno de selección y asesoramiento que va a tener el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la propuesta o designación de los futuros jefes de misión diplomática. La nueva norma establece un sistema de selección de los candidatos más idóneos mediante un procedimiento abierto y transparente. Los funcionarios diplomáticos podrán solicitar jefaturas de misión cuando cumplan los requisitos establecidos, dependiendo de la importancia de la Embajada o de la Representación Permanente.

Lo que se hace, como se hace en otros modelos de nuestro entorno, es poder dotar a nuestro Servicio Exterior de un mecanismo transparente y objetivo que estimule la formación continuada y el ascenso profesional, basado en criterios de profesionalidad, capacidad y mérito.

Por último, sin perjuicio de que tendrán todos los Acuerdos en la Referencia del Consejo de Ministros, se ha aprobado el Real Decreto que modifica el artículo 23 del Reglamento General de Cotización y Liquidación, y otros derechos de la Seguridad Social, que desarrolla medidas establecidas en los Reales Decretos Leyes 20/2012, de 13 de julio, y 20 de diciembre de 2013, de medidas para favorecer la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores. Es un desarrollo reglamentario que lo que viene es a determinar los conceptos retributivos que conforman las bases de cotización.