Respuestas a los medios de comunicación

La Moncloa, Madrid

P.- Vicepresidente, quería plantearle dos cuestiones. La primera es relacionada con la Ley del Menor y el "caso Marta del Castillo". Esa Ley ha provocado, en ese caso concreto, dos instrucciones paralelas y el juez ha justificado precisamente en eso la condena al "Cuco" que, como sabe, no satisface ni a la Fiscalía, que ha anunciado un recurso. Sé que no quieren legislar en caliente, pero quería preguntarle o plantearle si esto puede ser ya la puntilla para analizar, estudiar y, en su caso, reformar la Ley del Menor.

La segunda cuestión que quería plantearle es relacionada con el "sin ti no soy nada". Quería preguntarle si usted, cuando la pronunció, era consciente de que se podía convertir en un lema o, en su defecto, si se puede convertir en "su" particular lema de campaña.

Vicepresidente primero.- Primera cuestión, se trata de una sentencia que no hemos leído ni analizado el ministro de Justicia; pero, como usted comprenderá, lo que hay que hacer es respetarla y acatarla. La analizaremos y veremos si esa sentencia lleva o no alguna modificación legal; pero, de momento, anunciar una modificación legal al hilo de una sentencia sería tanto como entrar en una crítica que no vamos a hacer al juez. Hay sentencias que nos gustan más, otras menos, pero todas se acatan y todas se respetan.

Respecto a la segunda cuestión, fue una pregunta parlamentaria sin más. Además, a mí me gusta mucho "Amaral", o sea que mis amigos no se vieron sorprendidos por semejante… Pero nada más.

P.- Una pregunta para el ministro de Trabajo. El presidente del Gobierno ha hablado de incentivos a las empresas para aflorar empleo sumergido. Quería preguntarle si podría explicarnos en qué consisten, aunque ya sé que va a decir que está pendiente de la patronal y los sindicatos, etcétera, y ver si podía especificarnos un poco más en qué consiste y si se trata de aplazamiento de pago en las cotizaciones, reducción de cotizaciones, etcétera.

Sr. Gómez.- Lo que le puedo decir es que los incentivos no serán incentivos que consistan en amnistías. En España la Ley, nuestra legislación, no hace fácil ese tipo de procesos; pero ayudaremos a que se regularicen las situaciones; si es necesario, concediendo plazos para que las deudas acumuladas puedan ser pagadas con mayores facilidades por parte de las empresas.

Nuestro objetivo, si hay trabajo no declarado en una época de crisis tan intensa como la que hemos vivido y estamos viviendo en España en este momento, es emerger trabajo. Lo queremos hacer no sólo en España, sino en el conjunto de los países europeos, porque el objetivo de la emersión del trabajo no declarado es un objetivo común. Está inserto en el conjunto del texto del Pacto del Euro, no es sólo un compromiso que España lleva entre los que tienen que llevar cada uno de los países que suscriben, que firman, el Pacto del Euro.

Esos incentivos para emerger el trabajo declarado creemos que también ayudarán, entre otras cosas, a mejorar unas finanzas públicas y unas finanzas de nuestro sistema de protección social que, obviamente, son finanzas que ahora atraviesan situaciones difíciles como consecuencia de la evolución del empleo en estos años.

Pero es muy importante guardar las formas en el diálogo social. Los interlocutores sociales tienen que ser los primeros en conocer el contenido del plan y así será. El plan es un plan ya muy avanzado por parte del Ministerio de Trabajo. Tendrán ustedes ocasión de conocerlo con toda precisión y con todo detalle, pero su contenido final serán ellos los primeros en conocerlo.

P.- Yo quería hacerle tres preguntas al ministro de Trabajo. La primera es, en consecuencia con la pregunta anterior, si esos incentivos van también dirigidos a reducir o a controlar más el gasto en desempleo, con el objetivo de reducir el gasto en desempleo, que ahora representa el 3 por 100 del PIB. ¿Se va a plantear de otra manera, ligar el desempleo a la formación? ¿Cómo pueden hacer eso?

En segundo lugar, quería preguntarle si, después de escuchar el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, esas propuestas del control del gasto incluyen la fijación de un techo de gasto a las autonomías o se les va a proponer a las autonomías la fijación de un techo de gasto.

En tercer lugar, todos sabemos que la negociación colectiva va a ser pactada, que estará a mediados de abril. En el caso de que no tenga concretamente un acuerdo satisfactorio en la caducidad de los contratos ¿legislará el Gobierno?

Sr. Gómez.- Respecto de los incentivos, de lo que se trata es de abrir un período donde sea posible regularizar voluntariamente la situación y que el Estado ayude a que eso se produzca. Pero, después de que ocurra ese período, nuestro planteamiento, el planteamiento del Gobierno, es que algunos comportamientos tienen que ser sancionados, incluso de una forma más intensa, muy especialmente todo lo que tiene que ver con el empleo irregular. El empleo irregular tiene que tener una sanción probablemente más intensa que la que ahora tiene y éste es uno de los contenidos que por parte del Gobierno queremos negociar, queremos dialogar, con los interlocutores sociales.

O sea, más que hablar de amnistías, hay que hablar de facilidades, hay que hablar de incentivos y hay que hablar también de más control y de más sanciones a aquellos que incumplen la obligación de tener, en términos en los que define la OIT, un trabajo decente. Y el trabajo decente incluye también, en un país como España, cumplir el conjunto de nuestra normativa laboral.

Respecto de la segunda pregunta, techo de gasto sí para el Estado y para los Entes Locales, pero existe autonomía, naturalmente, plena autonomía, en este aspecto para las Comunidades Autónomas. El Estado no puede imponer un techo de gasto a las Comunidades Autónomas; tendrán que hacerlo ellas mismas. El marco ideal es, naturalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo tengo la impresión de que todas las Comunidades Autónomas y el propio Estado también tienen interés en fijar también techos de gasto en su comportamiento presupuestario y en su disciplina económica y presupuestaria. No creo que sea algo difícil de obtener durante este tiempo.

Respecto de la negociación colectiva, el objetivo del Gobierno, y siempre lo dijo, es que tenía que haber una reforma de nuestra negociación colectiva. Es un objetivo que ya no es sólo un objetivo del Gobierno; es una prescripción legal que fijaba la fecha. El Gobierno también dijo, además, que prefería, desde luego, que esa reforma fuera una reforma fruto del diálogo social, como lo fue la primera reforma, que en realidad fue el primer diseño de negociación colectiva libre en España hace treinta años, cuando aprobamos el Estatuto de los Trabajadores.

Lo que ha hecho el Gobierno estos días es seguir priorizando esa declaración previa. Si estamos hablando de días y si estamos hablando de necesidad de un tiempo adicional, porque es verdad que han contado con poco tiempo, porque tuvieron que rápidamente insertarse en una dinámica de negociación los interlocutores sociales, recién concluido un acuerdo tan intenso como el que exigió en Trabajo el acuerdo sobre pensiones y políticas activas, digamos el gran acuerdo de febrero, lo necesario entonces ahora es dar un tiempo para culminar esa negociación. ¿Por qué? Porque merece la pena el que tengamos una regulación consensuada en una materia en la que cada día en España se firman centenares de convenios y sus protagonistas no son ni los Gobiernos autónomos, ni los Ayuntamientos, ni el Estado; sus protagonistas son los empresarios y los trabajadores.

Es importante que esa reforma, en su definición y en su reglamentación, sea también una reforma fruto del acuerdo. Si es un problema de días, creo que merece la pena esperar. Si no hubiera acuerdo, por supuesto, el Gobierno mantiene, como siempre ha hecho, su compromiso y es que habrá reforma de la negociación colectiva; una reforma equilibrada, buscando la eficiencia en este caso y buscando la adaptabilidad interna de las empresas, que es el gran objetivo.

El objetivo es hacer que las empresas sean más adaptables al ciclo económico. El objetivo no es alterar los intereses de unos y otros; es seguir manteniendo un equilibrio en el juego de las relaciones laborales, pero hacer que nuestras empresas apelen al despido como último recurso y tengan buenos instrumentos de flexibilidad interna.

Yo creo que ese objetivo, por fortuna, es un objetivo compartido por el Gobierno, por los empresarios y por las organizaciones sindicales. Compartir es objetivo es lo que dará pie a alcanzar entre ellos un gran acuerdo, suficiente e importante, también en esta materia.

Vicepresidente primero.- Les recuerdo, completando la información que daba el ministro de Trabajo, que el Partido Socialista lleva en sus programas electorales autonómicos el compromiso de establecer leyes de techo de gasto en cada Parlamento autonómico. El otro día tuve ocasión de hacerle un ofrecimiento a la portavoz del Partido Popular en el Congreso de que sería bueno de que el PP lo hiciera también en las Comunidades donde va a gobernar, de tal manera que, por acuerdo de las propias Comunidades, tendríamos una legislación de control del techo de gasto que sería buena para nuestra economía y respetuosa, en todo caso, con las Constitución y, por lo tanto, con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

P.- Una pregunta para el ministro de Trabajo en relación con este plan para incentivar el afloramiento del empleo sumergido. Si los incentivos en los que está pensando, como ha dado a entender, se apoyan fundamentalmente en la concesión de plazos, que es a lo que usted se ha referido, no parece que sea un plan que pueda tener unos objetivos muy ambiciosos, porque ya existen aplazamientos de pago en la actualidad. Tampoco parece que sea un procedimiento muy extraordinario como ha dado a entender el presidente del Gobierno, cuando ha dicho que ya hay "algún precedente" en la economía española; aplazamientos hay ahora mismo.

Sr. Gómez.- Por supuesto que hay aplazamientos, pero se puede ayudar a que ese aplazamiento sea durante más tiempo y se puede ayudar a facilitar las garantías, por ejemplo, que en ocasiones hay que aportar para esos aplazamientos. Hay fórmulas muy importantes que todavía pueden aplicarse de forma temporal.

Estamos hablando de una emersión de trabajo no declarado que se produzca durante un período de tiempo muy concreto y que rinda frutos también a la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y, sobre todo, a las condiciones en las que se realiza el trabajo en España.

Yo no quiero dar la impresión sólo, y no debemos dar la impresión sólo, de que estamos hablando de un programa de afloramiento con el objetivo de mejorar las cuentas públicas, aunque es un objetivo fundamental, como es lógico, en plena crisis, sino también de mejorar la situación en la que desempeñan su trabajo miles, probablemente, de trabajadores en este momento en España y en el conjunto de Europa. Sigue siendo el objetivo de lograr el trabajo decente y sigue siendo el objetivo que aparece cuando uno entra en la Organización Internacional del Trabajo, la organización que agrupa a empresarios, a trabajadores y a Gobiernos de todo el mundo.

P.- Yo quería incidir un poco más en una pregunta anterior en cuanto a la negociación colectiva. En el caso de que hubiera acuerdo, pero no fuera del agrado del Ministerio de Trabajo, o sea, si no flexibilizara lo suficiente el empleo en las empresas, ¿el Ministerio podría reformarlo, podría modificarlo?

En cuanto a las sanciones que ha dicho antes para que aflore el empleo sumergido, no sé si hablamos también de sancionar más a aquellos desempleados que no cumplan determinadas condiciones.

Sr. Gómez.- En cuanto a la primera parte de su pregunta, la negociación colectiva y el agrado o no del Gobierno, el Gobierno lo que tiene siempre en su idea de lo que debe ser la reforma de la negociación colectiva es algo, en cuanto a principios, ya compartido y escrito en un documento firmado el 2 de febrero. Es un documento donde en su parte bilateral, en la parte que compromete a empresarios y a sindicatos, se establecen objetivos; objetivos que comparte plenamente el Gobierno. He citado dos de ellos que me parecen fundamentales.

La capacidad de adaptación, de flexibilidad interna de las empresas es clave, es un principio básico. Si nuestras relaciones laborales tuvieran hoy que caracterizarse por algún defecto es por el uso excesivo que hacemos del despido. Casi todo el mundo está de acuerdo en que nuestras empresas usan con exceso el despido, a pesar de que a veces se dice que es caro, porque es más fácil despedir que adaptar las condiciones de trabajo dentro de ellas. Éste debe ser, por consiguiente, el gran objetivo. Lo fue en la reforma laboral y sigue siendo un objetivo al que nunca debemos renunciar.

Además, la negociación colectiva tiene que viabilizar --éste es otro de los grandes objetivos--, tiene que hacer viables, aquellos grandes objetivos de la reforma laboral, y lo va a hacer, haciendo posible, por ejemplo, que mecanismos de arbitraje, de mediación, cuando hay bloqueos en la negociación de cualquier condición de trabajo dentro de la empresa, sea posible hacerlos y sea posible hacerlos de forma rápida y relativamente cómoda para empresarios y para trabajadores. Para ello también tenemos que dotar de más medios a los sistemas de mediación y de arbitraje, y hay que quitarle también trabajo a la justicia social en este aspecto, a las Magistraturas sociales, a los Juzgados Sociales. Hay que dar mucho más trabajo de mediación y de arbitraje que de sentencia, porque hay muchas cosas que se pueden arreglar con el diálogo todavía en los órganos específicos para ello.

Así es que este tipo de objetivos son objetivos plenamente compartidos por todos y, si hay acuerdo, y yo soy de los que piensan que habrá acuerdo alrededor de estos ejes, será un acuerdo, con seguridad, del agrado del Gobierno; con seguridad.

Las sanciones tienen que ser, efectivamente, sanciones que afectan a las empresas que contratan de forma irregular; pero ya hay un esquema de sanciones, por cierto importante, para los trabajadores que complementan de forma irregular la percepción de prestaciones por desempleo con el trabajo. Cada año, y me gusta recordarlo, hay 250.000 expedientes que el sistema español de prestaciones por desempleo abre a trabajadores por incumplir esta norma; un cuarto de millón de expedientes cada año se producen por incumplir esta norma.

Desde luego, en el caso del empleo irregular, el contratante, una empresa en este caso, será también un ámbito de actuación preferente.

Insisto, primero, un plazo para regularizar las situaciones y buscar la forma, como siempre, de soluciones amistosas, de soluciones razonables, sobre la base de que, vencido ese plazo, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en el trabajo irregular puede ser una ley que aumente significativamente y que endurezca significativamente las sanciones. Pero todo esto, insisto, debe ser previamente dialogado con los interlocutores sociales.

Ésta es la posición del Gobierno, ésta es la opinión del Gobierno y, como toda opinión de Gobierno que quiere dialogar, también una opinión que puede estar dispuesto, y está dispuesto, a sustanciar y a modificar fruto del diálogo social.

P.- Primero, me gustaría pedirle que detallara esta última respuesta. O sea, ¿se está refiriendo a endurecer exclusivamente las sanciones a las empresas?

Luego me gustaría preguntarle si precisamente sobre este plan tienen objetivos. Usted en la Cadena SER, hace un mes, más o menos, habló de que la economía sumergida era en torno al 20 por 100 del PIB. Me gustaría saber si tienen objetivos de aflorar cuánto empleo y qué porcentaje de la economía sumergida.

También sobre la reforma de pensiones quería saber si puede detallar cómo queda el factor de sostenibilidad, qué peso tiene cada criterio que se va a tener en cuenta, y dar algún detalle de esa fórmula de rellenar lagunas de cotización.

Sr. Gómez.- Respecto a los objetivos cuantitativos, es difícil, obviamente, hacer pronósticos respecto al resultado final de las actuaciones. La economía sumergida en España, a través de diversos estudios, siempre la situamos en una franja que va desde el 15 hasta el 25 por 100. Dije ayer en algunas declaraciones en ese sentido que no es para sentirse satisfecho, en absoluto; pero no me gusta dejar de destacar que la mayor parte de los estudios solventes que se hacen respecto al tamaño de la economía sumergida no dejan en mucho mejor lugar a las economías centroeuropeas o nórdicas respecto de las meridionales; que el tamaño de la economía sumergida en esas economías es un tamaño también muy importante, es un tamaño que en muchas ocasiones supera también el 15 y el 16 por 100; que en ocasiones no debemos dejar de destacar que ese fenómeno, el del trabajo no declarado, es un fenómeno común al conjunto de Europa, y que por esa razón, precisamente, constituye un objetivo común incluido en el conjunto del Pacto del Euro. No es sólo un objetivo que fijan las autoridades nacionales; es un objetivo fijado en el conjunto de la Unión Europea.

Respecto del factor de sostenibilidad, es un factor del que el Gobierno, y por supuesto los interlocutores sociales, se siente especialmente satisfecho. No ha habido cambios en su concepción durante este tiempo. El factor detonante tiene que ser siempre la esperanza de vida, porque estamos hablando de un factor de sostenibilidad en el medio y en el largo plazo, y los sistemas de pensiones de reparto, si tienen un factor clave, es siempre la esperanza de vida. El otro es, por cierto, la tasa de fecundidad y, a través de ella, la tasa de empleo en cada una de las economías.

Hemos planteado que, para sostener mejor nuestro sistema en el medio y largo plazo, el factor detonante, el que desencadena los cambios en el sistema cada cinco años, es la esperanza de vida. Ése continuará siendo, digámoslo así, el factor que desencadena las revisiones; revisiones que afectan al conjunto de los parámetros. En ningún momento se fija en qué proporción unos u otros, lo cual significa que tiene que haber un proceso de diálogo social y un proceso de contraste económico, analítico y de acuerdo político y social a la hora de traducir esos cambios en la esperanza de vida en cambios en el sistema de pensiones.

P.- A usted, Vicepresidente, le quería preguntar lo siguiente sobre el debate en cuanto a la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. ¿Cómo ha visto la resolución el Gobierno? El fallo se conoce y no los argumentos. ¿Cómo valora el hecho de que vaya a tener como mínimo, al menos, tres votos particulares, pero que haya trascendido que en la deliberación hubo un equilibrio precario, de nueve a siete, y, por tanto, una fuerte división, que nunca se había dado en el Tribunal Supremo sobre estas cuestiones?

Quería preguntarle, además, si esto puede gravitar sobre la decisión que en su día adopte el Tribunal Constitucional, porque se espera en breve el recurso.

Y también sobre las manifestaciones del Lehendakari en el sentido de que la izquierda abertzale tiene ahora la oportunidad de demostrar que su apuesta por la paz es real. ¿Realmente hay una segunda oportunidad en todo este proceso o está, digamos, todo explicado y todo aclarado?

En último término, no me resisto a preguntarle, en un tono ya muy distendido, sobre la cuestión musical. La cuestión sería si, por lo que usted pueda saber, el Presidente empieza también a tararear algún tema de "Amaral".

Vicepresidente primero.- Brillante.

Respecto a la primera cuestión, sentencia de Sortu. Primero, como en el caso de una pregunta anterior en relación con una sentencia, en este caso un tema mucho más vidrioso, la sentencia de Sortu merece para el Gobierno acatamiento y respeto. Satisfacción también, por qué no, porque es verdad que el Tribunal Supremo lo que ha venido ha sido a confirmar la tesis que el Gobierno sostuvo --aquí lo hice yo personalmente-- y que han sostenido en sus demandas la Abogacía del Estado y el Fiscal General del Estado. Por tanto, "acatamiento" y "satisfacción" son las dos palabras que había que emplear.

Yo creo que no tiene nada que ver lo que pasa en el Tribunal Supremo con lo que pase en el Tribunal Constitucional. Cada tribunal tiene su ámbito de actuación y de discusión, y, por tanto, el Tribunal Constitucional hará lo que tenga que hacer en el ámbito de su autonomía. No creo que el resultado de una y otra discusión tenga más allá de la coherencia jurídica que ambos tribunales siguen teniendo o vienen teniendo en relación con la Ley de Partidos, donde usted sabe que ha habido, digamos, una aportación por, cada uno de ellos, muy coherente a lo que es todo el desarrollo que desde el punto de vista de la jurisprudencia se ha hecho de la Ley de Partidos. Si usted mira las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, verá que hay una sintonía muy importante, sintonía ratificada por el Tribunal de Estrasburgo, y que ambos tribunales han ido aproximando, desde cada una de sus posiciones, criterios jurisprudenciales muy importantes.

¿Por qué digo esto? Porque en algunos de esos criterios se encuentra justamente la base que va a emplear el Gobierno si es que, como todo parece apuntar, intenta la ilegalizada Batasuna entrar a través de otros mecanismos distintos de la legalización de Sortu. Ahí hay criterios jurisprudenciales que han sido recogidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, y creo que es interesante leer ambas jurisprudencias para darse cuenta de hasta qué punto son complementarias. Por eso no creo que quepa inferir un comportamiento u otro en el Tribunal Constitucional en función de la discusión en el Tribunal Supremo, que, por otra parte, yo no conozco y espero a conocer, lógicamente, cuando se produzca la sentencia.

P.- Era una segunda parte sobre algo que le han preguntado sobre el tema de qué le parece la opinión de Patxi López. Patxi López, creo, si no le entendí mal las declaraciones, propuso también que, a poder ser, el Tribunal Constitucional acelerara su deliberación e, incluso, su resolución para las elecciones municipales. Él lo decía también en base precisamente a esa votación tan reñida que habido en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué opinión le merece esta propuesta del Lehendakari?

Vicepresidente primero.- Ayer tuve la ocasión de expresar por primera vez la opinión del Gobierno en relación con la sentencia, aunque lo había hecho antes el Ministro de Justicia la propia noche de la sentencia, y quiero reiterarla ahora aquí, porque pienso que encontrarán ustedes una sintonía con lo que está exponiendo Patxi López; sintonía que existe, evidentemente, porque como saben ustedes, hablamos todo el día, yo con Patxi López, y con Rodolfo Ares ni les cuento.

El asunto es el siguiente. ¿Ha habido movimientos en el mundo de la ilegalizada Batasuna? Ha habido movimientos. No se pueden negar. Ha habido cambios y ahora todo parece indicar, y hay que esperar a la sentencia, que esos cambios, a juicio del Tribunal Supremo, son insuficientes. Digo "todo parece indicar" y "que hay que esperar a la sentencia"… A ver cómo lo razonan, pero da la impresión de que los han considerado insuficientes, como insuficientes los consideró en su momento el Gobierno y como insuficientes los consideraron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En ese sentido, Batasuna sabe que tiene que seguir haciendo cambios. ¿Hasta cuando? Hasta que frente a los Tribunales pueda demostrar que no existe ninguna relación con ETA, ninguna; que la ha roto del todo, completamente, fehacientemente. Eso parece que todavía no se ha producido y pienso que en esta lógica se inscribe la posición de todos los que en esta materia de una u otra forma hemos opinado --el Gobierno, por supuesto; el Lehendakari, el Consejero de Interior--, y pienso que esta es una forma de entender también la sentencia del Tribunal Supremo, aunque, repito, en esto quiero ser especialmente cauteloso, porque no la conozco. Pero da la impresión de que, digamos, al dar la razón a la demanda está diciendo eso: cambios se han producido, pero hay que demostrar fehacientemente que habéis roto con ETA, puesto que esa relación con ETA es la que llevó a Batasuna a la ilegalidad.

Vuelvo a razonar una vez más como lo he hecho siempre, pero creo que es muy importante que los ciudadanos lo perciban: Batasuna fue declarada ilegal, porquen los jueces dijeron: es parte de ETA. Por tanto, si quiere pasar a ser legal, tiene que romper drásticamente con ETA o conseguir que ETA deje definitivamente la violencia. Como esto segundo parece que no lo ha conseguido, no tiene más remedio que ir al camino de ruptura total con ETA y eso tiene que ser fehaciente, demostrable, claro. Tiene que quedar rotundo ante los Tribunales y tal parece que los Tribunales, como el Gobierno, piensan, que esa rotundidad, esa claridad, no se ha alcanzado todavía.

P.- Vicepresidente, yo no voy a intentar pescar en un río en el que me va a espantar usted los peces; pero me voy a quedar en la orilla, porque me parece importante. Quería saber hasta qué punto considera usted que el ruido del debate sucesorio está pudiendo producir una erosión en la confianza en el Gobierno y en su presidente, no ya entre los ciudadanos españoles, sino en el exterior, en un momento tan crucial como el que vivimos y si cree que hay margen para frenarlo.

Y, como la orilla es tentadora, me voy a lanzar y le voy a preguntar, aunque espantará a los peces, si cree usted que este país está preparado para un presidente del Gobierno químico, con barba, delgado y que canta Amaral en el Congreso.

Vicepresidente primero.- Que canta Amaral en la ducha.

Poco le puedo decir, porque sabe usted que no es materia que corresponda a esta mesa. Pensarán ustedes que es una forma de tirar balones fuera, que también, pero hay algo más de fondo y es tratar de respetar los ámbitos institucionales. Ésta es la mesa donde el conjunto de los ciudadanos españoles reciben las noticias que el Consejo de Ministros, a través suyo, les quiere facilitar. Desde esa perspectiva, hay algunas reglas que hay que cumplir y yo trato de cumplirlas; entre otras, no está el discutir o hablar de cosas que corresponden más a los ámbitos partidarios. Fíjense que incluso para referirme a otros partidos soy especialmente prudente. Creo que ése es el sentido institucional de los que aquí estamos y créanme que así voy a seguir.

A partir de ahí, poco le puedo decir. Aparte de mis gustos musicales que ya son conocidos, hay otros; tengo más.

P.- Quería retomar la pregunta sobre si usted, políticamente, creería conveniente que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre Sortu antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Quería plantearle otra pregunta y es si el Gobierno va a autorizar una petición que le han hecho la Xunta de Galicia y Novacaixa Galega para autorizar un esquema de protección de activos, que es lo que ellos consideran fundamental para el plan de saneamiento que tienen previsto.

Vicepresidente primero.- No sabría contestarle a la segunda pregunta. No tengo la información y no me atrevo en un tema tan delicado a meter la pata. Así que con mucho gusto le trasladaré la pregunta al Ministerio de Economía para que esta tarde le pueda consternar lo que opine.

Respecto a la primera cuestión, no me parece procedente que el Gobierno dé su opinión sobre qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, aunque sea desde una perspectiva política. Yo creo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y ya le adelanto que lo que haga el Tribunal Constitucional para el Gobierno estará bien hecho.

Muchísimas gracias.