Respuestas a los medios de comunicación

P.- Me gustaría preguntarle a la vicepresidenta. La Generalitat de Catalunya, pese a haber renunciado a hacer la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, sigue tomando medidas para que se celebre otro tipo de consulta, el proceso de participación, que llaman de acuerdo con la Ley. Me gustaría saber si hechos, como, por ejemplo, la campaña institucional informativa que va a iniciar mañana, considera el Gobierno que se ajusta a la legalidad o se van a recurrir; y si los hechos que se han tomado hasta ahora de proporcionar colegios públicos, etc., etc., medios de la Generalitat, no se han recurrido porque el Gobierno considera que no atentan contra la Ley.

Vicepresidenta.- La primera obligación de cualquier Gobierno es velar por el cumplimiento de las Leyes y preservar los derechos de los ciudadanos. Ese fue el motivo por el que en su día recurrimos ante el Tribunal Constitucional, tanto la Ley de Consultas no referendarias, como el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Como bien recuerdan, el Tribunal Constitucional las admitió a trámite y acordó su suspensión. A partir de ahí y después de determinadas actuaciones, el presidente de la Generalitat decidió renunciar a ese referéndum.

No obstante, y a pesar de que decía que paralizaba la consulta previa, el presidente de la Generalitat anunció un proceso distinto de participación política el 14 de octubre. Desde entonces, el presidente de la Generalitat y distintos miembros de su Gobierno han ido dando pasos hacia un proceso que, desde luego, no tiene ningún tipo de garantías democráticas: un proceso sin censo previo; un proceso en el que quien lo organiza, es decir, quien está de acuerdo con una determinada posición en esa consulta, monta todo el procedimiento, reúne las mesas, las preside, controla cómo se efectúa la votación, hace el recuento de votos y proclama el resultado; amén de no contar con un censo para llevarse a cabo.

Por tanto, todo parece apuntar a que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento --a nuestro juicio, ilegal y, por tanto, recurrido ante el Tribunal Constitucional-- por otro todavía más antidemocrático.

Nuestra obligación, como decía, es velar por el cumplimiento de la Ley y por los derechos de los ciudadanos, máxime cuando parece que la Generalitat ha trasladado a los ciudadanos y a muchas personas en Cataluña responsabilidades y obligaciones que, sin embargo, no parece el presidente de la Generalitat él mismo asumir mediante otro tipo de fórmulas por escrito. Eso es lo que está haciendo: descargar la responsabilidad de un proceso en ciudadanos particulares, llámese directores de instituto, llámese alcaldes o llámese otro tipo de funcionarios. Y nuestra obligación también es, a todas esas personas, darles tranquilidad y darles seguridad.

Por eso, el presidente del Gobierno ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre todas y cada una de estas actuaciones, a fin de posibilitar, si así nos lo dice el Servicio Jurídico, su ulterior recurso, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Y no tenga duda de que, si eso es así, nosotros impugnaremos estas actuaciones por el doble motivo: porque tenemos que preservar la legalidad y, en segundo lugar, porque tenemos que preservar las garantías democráticas. Y ya, al margen de la legalidad, por una cuestión política: a los ciudadanos no se les puede imponer, verbalmente o como sea, obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades, porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso.

Creo que éste es un elemento muy importante, porque a los gobernantes nos corresponde respetar los derechos de los ciudadanos y aquí se está transfiriendo a los ciudadanos una responsabilidad que la Generalitat ni siquiera quiere asumir por escrito.

P.- Me gustaría saber si ya tienen una fecha prevista para impugnar ante el Tribunal Constitucional los dos decretos del Gobierno de Canarias, si existe una fecha clara, si va a ser el mismo lunes.

Por otro lado, ¿se han planteado en algún momento proponerle al Gobierno de Canarias otro tipo de pregunta, otro tipo de mecanismo, para que se pudiera realizar la consulta, o simplemente consideran que el pueblo no tiene por qué opinar en este tipo de actuaciones?

Vicepresidenta.- El Consejo de Ministros lo que hace es autorizar al presidente del Gobierno a que solicite la impugnación de estas actuaciones y, una vez firmadas, ya le corresponde a la Abogacía del Estado su registro ante el Tribunal Constitucional. La fecha no se la puedo decir, pero ya le digo que esa petición de impugnación ya está firmada.

Sobre el segundo de sus elementos, yo quiero llamarle a una reflexión y es que estamos hablando de competencias, no del Gobierno de Canarias, sino de competencias del Estado. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene sus competencias, nosotros respetamos su autonomía y en el marco de sus competencias puede tomar las decisiones que estime oportunas. Pero aquí estamos hablando, en primer lugar, de un referéndum que tiene que autorizar el Estado y, en segundo lugar, sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado.

Como usted comprenderá, sobre esas competencias no hay capacidad de negociación: uno ejerce las que les corresponde, ésa es su autonomía, y el Estado la que le corresponde, que es la nuestra. La otra cuestión es no cumplir o no respetar el marco competencial. Nosotros procuramos respetar el del Gobierno de Canarias y el de cualquier otra autonomía, y el Gobierno de Canarias la del Estado, que es a quien le corresponde decidir sobre estas cuestiones, en materia de prospecciones en general, en este ámbito democrático.

P.- Para la vicepresidenta. Finalmente, quisiera saber si va a volver la publicidad a RadioTelevisión; si hay alguna decisión sobre este asunto.

Luego, tras la retirada de la reforma del aborto, ya son cuatro los obispos que han afirmado que un católico no puede votar al PP porque no defiende el derecho a la vida. ¿Teme el Gobierno una huida del voto católico o, simplemente, no considera esta situación?

Y para la ministra Báñez. En el debate de los Presupuestos, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, le hizo dos propuestas al Gobierno: una, una renta social para todo parado con hijos a su cargo y, luego, la actualización del salario mínimo hasta el 60 por 100 famoso del salario medio de la OIT. ¿El Gobierno se plantea aceptar o debatir estas dos propuestas?

Sra. Báñez- Muchísimas gracias por su pregunta sobre dos cuestiones del debate de Presupuestos.

Por decirlo con toda franqueza, Pedro Sánchez llegó tarde, porque desde el 29 de julio hay un acuerdo firmado, hecho en Moncloa, entre el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales para trabajar sobre estas dos cuestiones. Sobre el Salario Mínimo Interprofesional, analizar su evolución a la situación económica de los últimos años y sus perspectivas de futuro y de avance en los próximos años también. Por tanto, está sobre la mesa para el diálogo y para el análisis.

Sobre la segunda de las cuestiones, que tiene que ver con la protección social de las personas de especial vulnerabilidad en España, le puedo decir que llevamos trabajando desde ese día de julio el Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con los interlocutores sociales, representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, porque vamos a poner en marcha, como se decía en ese compromiso, un Programa Especial de Activación para que aquellas personas que lleven más tiempo en el desempleo, sean mayores de 45 años y tengan cargas familiares, bien sean ascendientes o descendientes, tengan el compromiso de toda la sociedad española a través de ese Plan, que, por supuesto, contará con una renta mientras encuentran esa inserción, que todos deseamos, en el mercado de trabajo.

No puedo avanzarles más detalles, porque es objeto ahora mismo de la negociación en la mesa del diálogo social; pero sí me gustaría también trasladar desde aquí al secretario general del Partido Socialista que tiene una oportunidad maravillosa para sumarse al diálogo social, porque estas dos cuestiones están sobre la mesa de ese diálogo.

Vicepresidenta.- Sobre la publicidad de Televisión Española, acaba de ser nombrado el nuevo responsable de la Televisión Española, de la televisión pública. Ahora a él le corresponde hacerse cargo de esa institución, analizar también la situación y la viabilidad financiera de la entidad, a ver cómo podemos garantizar su sostenibilidad financiera, y eso es lo que corresponde hacer en este momento.

Sobre la segunda de sus preguntas, yo respeto las opiniones de cualquier ciudadano. Yo, desde luego, en esta mesa no suelo ni pedir ni no pedir --vamos, no me corresponde ni debo hacerlo-- el voto para ningún partido político. Pero sí poner de manifiesto que, en este caso, el Gobierno ha dejado bien claro que hay determinados aspectos de esa Ley con la que no estamos de acuerdo, que consideramos que deben ser modificados y que deben serlo por consenso. En algunos el consenso está conseguido y en otros aspectos seguimos trabajando para lograrlo.

P.- Vicepresidenta, quería una concreción sobre lo de Cataluña. Quería saber hasta qué punto puede dificultar la Generalitat los pasos del Gobierno si Artur Mas, como se ha sabido esta semana, va a aprobar la base legal sólo pocas horas antes del 9-N.

También sobre el tema de los voluntarios, porque por ahora la Generalitat lo está haciendo todo con voluntarios. Quería saber cómo se va a ejecutar eso.

Vicepresidenta.- Sobre el tema de los voluntarios, permítame que le haga una reflexión: imagínese usted que un partido político, que está en el Gobierno, decide hacer unas elecciones sin convocarlas y que, sin censo ni nada, decide que pone las mesas, las urnas, y que en esas mesas y en esas urnas van a estar los voluntarios afines a ese partido político. ¿Cómo calificaría usted ese proceso electoral?

Sobre la concreción sobre Cataluña, yo no sé qué va a hacer el presidente de la Generalitat. Yo le puedo decir lo que va a hacer el Gobierno y es velar porque se cumpla la Ley y, además, en este caso, velar por los derechos y las garantías de los ciudadanos de Cataluña, que también los tienen.

Nos van a disculpar por el día de hoy. Muchísimas gracias.