Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

El empleo sigue siendo el objetivo fundamental del Gobierno y hoy, en este Consejo de Ministros muy intenso --hay muchas iniciativas, luego les haré un resumen--, hemos aprobado tres nuevas iniciativas en materia de empleo para mejorar su creación y su calidad. Nos hemos centrado en dos normas que incentivan sectores esenciales de nuestro mercado laboral, que son las Sociedades Laborales y Participadas, y, por otro lado, nuevas medidas en materia de autoempleo, empleo de los autónomos, y de la Economía Social. Se trata, por tanto, de un paquete normativo que tiene como objeto fundamental dar un impulso importante a la creación de empleo, a la creación de empleo propio y a la participación de los trabajadores en el capital y en la gestión de las empresas.

También a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hemos aprobado el acuerdo que adopta la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que es un paso más hacia esa seguridad en el trabajo, en la línea de lo que pactaron el presidente del Gobierno y los agentes sociales en el último acuerdo que se adoptó.

Por tanto, se trata de tres normas muy vinculadas a la dinamización de la economía española y a la creación de empleo, como ahora explicará la ministra del ramo.

Aparte de estas dos Leyes, hemos aprobado alguna más; en primer lugar, el Proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público. Se trata de una norma que forma parte del paquete de reformas de las Administraciones Públicas y que tiene como objeto facilitar el uso por parte de los particulares de los documentos que están en poder de las Administraciones y de los organismos públicos, que las puedan utilizar otras personas jurídicas o físicas, con fines comerciales o no, fuera de la actividad administrativa. Esta norma que enviamos al Congreso permite, además, la extensión de la utilización de esta información del sector público en tres elementos fundamentales: las bibliotecas, los archivos y los museos, con lo que permitirá poner a disposición de los particulares un buen número de documentos que tienen las Administraciones y que pueden ser muy útiles para su labor.

Si se aplica una tarifa por la reutilización de estos documentos, quien lo quiera aplicar tiene que limitarse exclusivamente a los costes marginales por su reproducción, puesta a disposición o difusión. Y se fomenta el uso de licencias abiertas, con las restricciones mínimas sobre su reutilización.

Además, haremos un seguimiento de esta Ley y cada tres años se presentará a la Comisión Europea la información disponible del sector público para su reutilización. Si hay acuerdos exclusivos de reutilización, deberán limitarse exclusivamente a un período excepcional de tres años, cuando sea necesario por la prestación de un servicio de interés público. Por otro lado, los acuerdos exclusivos para la digitalización de los recursos culturales tendrán una duración general de diez años.

Lo que se hace, además, es que se incorpora a este proceso al Centro de Investigaciones Sociológicas, por cuanto es un banco de datos específico muy importante en el caso de la realización de encuestas cuantitativas.

Otro Proyecto de Ley muy importante que adoptamos hoy es el Proyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Actualmente no existe una ley sobre esa cooperación jurídica internacional. Lleva pendiente el compromiso de aprobar una ley desde el 7 de enero del año 2000, en que se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, se da un paso muy importante a la cooperación judicial en los ámbitos civil y mercantil, incluyendo la responsabilidad civil derivada del delito y de los contratos de trabajo.

Tiene un carácter subsidiario: es decir, si hay convenios internacionales sobre cooperación jurídica en materia civil, se aplicarán prioritariamente; cuando no los haya, se aplicará esta norma. Y se garantiza al ciudadano la tutela judicial efectiva, al margen, por tanto, de que haya una relación bilateral o multilateral con el Estado en cuestión del que provenga la decisión judicial.

Esta Ley de Cooperación lo que va a permitir es reducir la burocracia, establece mecanismos más ágiles de cooperación, centraliza como autoridad única al Ministerio de Justicia y posibilita el uso de comunicaciones judiciales directas.

¿Qué va a permitir? Que los jueces de distintos Estados se comuniquen entre sí, lo cual es muy necesario cuando hay procedimientos pendientes sobre el mismo tema en diversos Estados; cuando se trata de averiguar qué tribunal es el competente para conocer de un caso o cuándo se trata de agilizar los trámites, por ejemplo, para notificar una determinada decisión en el extranjero o para obtener pruebas necesarias en un proceso civil en el exterior.

Además, lo que se hace es que se moderniza el procedimiento de reconocimiento de ejecución de sentencias extranjeras, porque hasta ahora el procedimiento llamado "exequatur" era muy lento y muy farragoso. Ahora lo que se permiten son procedimientos más ágiles para que, cuando una decisión judicial haya sido adoptada en el exterior, pueda ejecutarse y tener efectos en España, al margen, como digo, de procedimientos de una gran lentitud y de una gran tardanza.

Además, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha aprobado el Anteproyecto de Ley sobre Restitución de Bienes Culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Con esta iniciativa legislativa lo que hacemos es trasponer al ordenamiento jurídico español una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2014, que regula esta materia.

Este Anteproyecto lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación, para poder obtener esa restitución de bienes, a todos aquellos bienes que tengan interés o valor histórico, paleontológico, etnográfico, numismático o científico, con independencia de que formen parte de una colección pública o de otra índole, de que sean objetos aislados o no, y de que provengan de excavaciones legales o clandestinas, a condición de que estén clasificados o definidos como patrimonio cultural.

Entre las novedades está la designación de una autoridad central, que será la Secretaría de Estado de Cultura, que cooperará y fomentará una concertación entre las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de la Unión Europea.

¿Qué funciones va a tener? Localizar, a petición de un Estado miembro requirente, un bien cultural concreto que haya salido ilegalmente de su territorio e identificar al poseedor; notificar el hallazgo a los Estados miembros interesados en el caso de descubrir bienes culturales, si existieran motivos razonables para entender que esos bienes han salido ilegalmente del territorio de un Estado miembro; en cooperación con los Estados miembros interesados, las medidas necesarias para la conservación del material de ese bien cultural y evitar, con todas las medidas que sean necesarias, que se eludan los procedimientos de restitución.

Este Anteproyecto también dota de nuevas funciones al Consejo de Patrimonio Histórico Español, que actuará como instrumento de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, que tienen, como ustedes saben, también competencias en materia cultural.

Otro elemento importante que se ha aprobado hoy es un conjunto de Reales Decretos que regulan los incentivos regionales y delimitan las zonas de promoción económica en todas las Comunidades Autónomas. Este paquete de Reales Decretos lo que permite es adaptar el marco regulador de las ayudas regionales a las nuevas directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de finalidad regional, así como el nuevo Mapa Español de Ayudas Regionales para el período 2104-2020.

¿Qué se hace? Fomentar una mayor adaptación a la realidad española y a los objetivos de recuperación, y eso se hace --por tanto, también tiene relación con el tema del que hoy hablaremos-- apostando por un mayor impulso a las pequeñas y medianas empresas, que son responsables de buena parte de la creación de empleo en nuestro país; así como a determinadas regiones y zonas económicas, en las que los estímulos adquieren una importancia especial. Para ello, se incorpora un nuevo esquema de ayudas, ya que tradicionalmente estos incentivos han estado centrados en las grandes empresas. No obstante, ahora lo que hacemos, como decía, es distinguir los que corresponden a cada tipo de empresa: grandes, pequeñas o medianas.

Por tanto, lo que hacemos es que, por un lado, incentivos regionales puedan centrarse en inversiones de mayor tamaño y los de las Comunidades Autónomas puedan centrarse en las de menor cuantía. La inversión mínima se fija en novecientos mil euros.

Además, lo que se hace es eliminar ciertos trámites que podrían ralentizar la inversión: se permite el inicio de las inversiones desde la presentación de la solicitudes de ayuda, con lo que a partir de ese momento ya pueden empezar a funcionar; se reduce la exigencia de autofinanciación, del 30 al 25 por 100; se incentiva el carácter innovador de los proyectos; se facilita el cobro anticipado de las ayudas, rebajando la subvención mínima exigida para acceder a pagos parciales de cinco millones a un millón; y se mejora la proporcionalidad de los incumplimientos para que tengan en cuenta también la situación real de las empresas o la capacidad de mantenimiento de la inversión. Por ejemplo, se exigen mayores años de mantenimiento de la inversión a las grandes empresas --cinco-- que a las pequeñas y medianas, que se limitan a tres.

Por otro lado, se plantea la adaptación al nuevo Mapa Español de Ayudas Regionales, que estará en vigor desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Cabe destacar que la asignación a España de un mayor porcentaje de población asistida nos permite la inclusión de zonas elegibles en todas las Comunidades Autónomas. Todas las Comunidades Autónomas podrán tener con estos Reales Decretos zonas elegibles y eso es muy importante para las Islas Baleares y para La Rioja, que no contaban con ninguna de estas ayudas en el Mapa anterior, con ninguna zona protegida, y, por tanto, no formaban parte del sistema de ayudas regionales. Ahora todas las Comunidades Autónomas, incluidas las Islas Baleares y La Rioja, recibirán ayudas regionales por parte de la Unión Europea, gracias a las negociaciones que se han llevado por el Gobierno.

Otros asuntos de interés. El Consejo de Ministros ha analizado el Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y la regla de gasto del ejercicio 2014. Como saben, tiene que pasar obligatoriamente por informe del Consejo de Ministros. Se comparan las previsiones del Gobierno para el año 2014 con el resultado obtenido efectivamente y es mejor de lo esperado, mejor de las previsiones que hacíamos. Estaba previsto un crecimiento del 1'2 por 100 del Producto Interior Bruto y, finalmente, ha sido del 1'4 por 100. Quiero destacar en este sentido la aportación de la demanda interna, tanto consumo como inversión, que se preveía que aportara un crecimiento del 0'7 por 100 y que, finalmente, ha registrado un valor del 2'2 por 100.

Se ha logrado, además, un año más, cumplir con el objetivo de déficit marcado por Europa, que era del 5'8 por 100 en 2014. Quiero decirles que, con los últimos datos, la cifra de déficit en España es del 5'68 por 100 del PIB. Si recuerdan, presentamos el 5'72 por 100; pues bien, con los últimos ajustes la cifra es del 5'68 por 100. Nosotros nos pusimos un objetivo del 5'5 por 100 y este objetivo se hubiera cumplido, hubiéramos llegado al 5'49 por 100, de no haber sido por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero de 2014 por la cual debíamos devolver los importes ingresados por el Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que nos ha supuesto un incremento del déficit de 2.011 millones de euros.

Es decir, en condiciones normales, si no hubiéramos tenido esta sentencia, esta condena coyuntural en un determinado momento, hubiéramos alcanzado un déficit del 5'49 por 100; por debajo del 5'5 por 100 que nos habíamos marcado. Como tenemos una condena de dos mil millones, que se imputan a 2014, España ha llegado a una cifra de déficit del 5'68 por 100.

Por otro lado, la regla de gasto y los objetivos de deuda, que permiten observar a mayor largo plazo la tendencia en la gestión de los recursos públicos y la sostenibilidad del sistema. Tanto Comunidades Autónomas, como Corporaciones Locales, han reducido su gasto computable --el Estado no ha podido cumplir, como decía, la regla de gasto por efecto del "céntimo sanitario"; sin ese efecto se hubiera cumplido con creces--, y, en lo que se refiere al objetivo de deuda pública para el conjunto de las Administraciones, éste ha alcanzado el 97'7 por 100 del PIB, lo que supone 1'8 puntos porcentuales por debajo del objetivo fijado para el año pasado, que era del 99,5 por 100 del PIB.

Y dos cuestiones importantes. A propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, empezamos ya a aprobar las primeras correspondencias de titulaciones con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Como saben, con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior era preciso aprobar un régimen claro y general de correspondencias entre los títulos anteriores y los posteriores a la reforma de Bolonia, que no existían hasta ahora. Esta carencia ha venido provocando problemas a nuestros titulados, especialmente cuando éstos o las empresas para las que trabajaban, que los contrataban, querían hacer valer su titulación en otros países.

Se ha empezado ya, por tanto, a aplicar esas equivalencias y se ha empezado con los ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, y con los ingenieros informáticos, a los que se les da un nivel 3, lo que equivale a un máster; a los ingenieros técnicos en Informática de Gestión y en Informática de Sistemas, un 2, lo que equivale a un grado.

Son, por tanto, los primeros acuerdos aplicados en este sentido.

Por último, y también a favor del empleo y la innovación, hoy se aprueba un Acuerdo para la firma de tres Convenios entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Con estos convenios se podrán financiar proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas, empresas de base tecnológica y jóvenes emprendedores, con objeto de impulsar la creación, el mantenimiento y la consolidación de empresas y contribuir a la generación de empleo. El Ministerio de Industria ha destinado a este fin 98,3 millones de euros y se estima que dará cobertura, a través de las líneas que gestiona ENISA, a más de 600 proyectos empresariales, induciendo una inversión de 675 millones de euros. A esta cantidad se suman los recursos propios de la compañía, lo que implica una capacidad de financiación directa global de más de doscientos millones de euros.

Por tanto, además de seguir apostando por la financiación del emprendimiento, ENISA potenciará de manera especial la financiación de empresas de tamaño medio, en fase de crecimiento y consolidación, que es uno de los grandes objetivos de la economía española.