Intervención de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez

Sra. Báñez.- Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, para enviar al Consejo Económico y Social, el Anteproyecto de Ley de promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Es un Proyecto de Ley que cuanta con el consenso, después de un intenso diálogo y participación con todas las organizaciones de autónomos y de la Economía Social.

Ustedes saben muy bien que desde el principio este Gobierno ha tenido en su hoja de ruta a los autónomos como protagonistas de lo que tenía que ser la salida de la crisis y el inicio de la recuperación. De hecho, los autónomos y la Economía Social han sido los primeros protagonistas de la recuperación en nuestro país, y desde el primer momento hemos estado con ellos para facilitar la actividad emprendedora por parte de los autónomos, con leyes como la Ley de Emprendedores o, incluso, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

Hemos intentado favorecer a los que ya habían emprendido el mantenimiento de su actividad y el favorecimiento del creación de empleo con planes como el Plan de Pago a Proveedores, y en esta nueva fase queremos seguir mejorando las condiciones en las que desarrollan su actividad los autónomos, mejorando la protección social, facilitando la segunda oportunidad y también permitiéndoles conciliar su vida personal con su vida laboral.

La crisis ha sido muy dura para todos los españoles; sin duda, también para los autónomos. Durante la crisis, entre enero de 2008 y finales de 2011, se dieron de baja como afiliados en el régimen de autónomos 340.431 personas y muchos de ellos contrataban; por tanto, favoreció el que se despidiera, desgraciadamente, a 147.372 trabajadores. Ése fue el impacto de la crisis entre el colectivo de los autónomos y las personas que tenían como trabajadores a su cargo.

Pero la realidad que hoy vivimos, en el año 2015, es una realidad bastante diferente: el número de autónomos afiliados en el RETA a la Seguridad Social supera los 59.000 desde que iniciamos la Legislatura. Hay casi 60.000 nuevos autónomos desde el inicio de la Legislatura en finales del 2011. Además, y lo que es más importante, desde ese año 2011 el número de autónomos empleadores, autónomos que contratan a otros trabajadores, ha crecido en un 12'5 por 100. Asimismo, el número de trabajadores a su cargo se ha incrementado en un 14 por 100 en más de 95.000 personas. Por tanto, como les decía, los autónomos han sido los protagonistas primeros de la recuperación en nuestro país.

¿Qué pretendemos con este Anteproyecto de Ley? Varias cosas. La primera, ordenar y sistematizar todos los incentivos al autoempleo para proporcionales a los trabajadores autónomos mayor transparencia y también mayor seguridad jurídica; ampliar a nuevas edades y a nuevos colectivos los incentivos que están funcionando y que pusimos en marcha al principio de la Legislatura, y, también, reforzar mecanismos de segunda oportunidad, fomentando la contratación y la incorporación de socios trabajadores a cooperativas y sociedades laborales, y, por otra parte y muy importante, reforzando lo que son los mecanismos de protección, especialmente para ese tipo de autónomos conocidos como TRADES, que son los autónomos económicamente dependientes.

Entre las medidas que desarrolla este Anteproyecto de Ley, que tendrán oportunidad de conocer en la información que daremos después del Consejo de Ministros, quiero destacar algunas como más relevantes. En primer lugar, la Tarifa Plana para autónomos, que ha sido un elemento muy importante para el inicio de la actividad emprendedora por parte de muchas personas en nuestro país. Fijamos con este Anteproyecto de Ley la reducción de esa cuantía para iniciar la actividad en cincuenta euros exactos, por la que se puede optar, como saben muy bien, durante los seis primeros meses de alta en la Seguridad Social.

Además, mantenemos esa reducción, esos cincuenta euros, para aquellos autónomos que, una vez iniciada la actividad, contratan a trabajadores dentro de su empresa. Hasta ahora, en el diseño inicial de la Tarifa Plana de cincuenta euros, cuando un autónomo se beneficiaba de la Tarifa Plana y, a su vez, contrataba a un trabajador perdía la bonificación. Pues bien, ahora, permitimos que pueda mantener esa cotización inicial reducida de cincuenta euros o la que le corresponda durante todo ese primer período de menor cotización, porque de lo que se trata es de que se cree mucho empleo en nuestro país y, por tanto, la buena noticia, es que ya los que inician la actividad también tienen posibilidad de contratar.

Aparte de todo eso, extendemos los supuestos de Tarifa Plana, especialmente protegida para personas víctimas del terrorismo y también de violencia de género, y para todas las personas con discapacidad con independencia de la edad.

Para que los autónomos tuviesen facilidades para emprender, pusimos en marcha entre los jóvenes autónomos la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo hasta el 100 por 100. Pues bien, como comprometimos y como comprometió el presidente del Gobierno hace pocas fechas, esta capitalización del 100 por 100 de la prestación por desempleo en un pago único se podrá hacer por cualquier persona con independencia de la edad. Es una medida que funcionó para los jóvenes, que ampliamos a todos los colectivos de edad. También se podrá capitalizar una parte de esa prestación por desempleo como aportación al capital social de cualquier tipo de sociedad mercantil de nueva creación, o utilizar una parte de esa capitalización para constituir los primeros gastos de constitución de la sociedad.

Por tanto, estamos dando flexibilidad en la utilización de la prestación por desempleo como palanca de para emprender por los autónomos. Además, se abre la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el RETA durante un período máximo de nueve meses.

Con relación a la segunda oportunidad, como les decía, permitimos que se recupere la prestación por desempleo hasta sesenta meses después de iniciar la actividad emprendedora por parte de algún autónomo. Como saben muy bien, el grado de desaparición de empresas en los cinco primeros años es del 50 por 100, también entre los autónomos cuando inician una actividad emprendedora; por tanto, nos parece relevante que permitamos que una persona que no utiliza toda la prestación por desempleo la pueda recuperar al final de ese período de cinco años, que es donde mueren el 50 por 100 de las empresas que se crean en España.

A partir de ahí, ponemos en marcha nuevas medidas a favor de los familiares colaboradores de los autónomos. Ampliamos el incentivo previsto ya para el alta en la afiliación de nuevos familiares colaboradores hasta veinticuatro meses. Ha sido una medida que ha permitido que más de 31.000 colaboradores se hayan dado de alta en el régimen de la Seguridad Social para autónomos, lo cual está haciendo que aflore ese empleo que estaba por aflorar en nuestro país.

Se introduce también la posibilidad de que los TRADES puedan contratar en casos de conciliación. Hasta ahora se daba la paradoja de que a una mujer, por ejemplo, si se quedaba embarazada y era un autónomo económicamente dependiente, le podían quitar el convenio que tenía con esa empresa empleadora. A partir de ahora, no sólo va a poder seguir con sus funciones y con ese convenio, sino que podrá contratar a una persona con un contrato de interinidad durante la baja, o durante las posibilidades que tenga de cuidados de hijos menores de siete años, o cualquier otra actividad de conciliación también de cuidados de dependientes, como se hace en el Régimen General. Por tanto, mayor facilidad de conciliación para los autónomos con este Anteproyecto de Ley.

También recogerá este Estatuto del Trabajador Autónomo el resto de los incentivos que ya hemos ido aplicando al autoempleo, como la reciente medida, que conocen bien después del Debate del Estado de la Nación, de bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar, que era una bonificación del 100 por 100 para la contratación de una persona, mientras se producía esa conciliación, de hasta doce meses.

Por otra parte, en el ámbito de la Economía Social este Anteproyecto de Ley recoge medidas a favor de cooperativas y sociedades laborales, y centros especiales de empleo y empresas de inserción. Hoy en España hay cooperativas y sociedades laborales que emplean a más de 335.000 personas, y en los centros especiales de empleo y empresas de inserción se emplean a más de 75.000 personas. Por tanto, apoyar a este tipo de hacer empresa, que es una empresa con gran cohesión social, que durante la crisis ha empleado de manera estable a mucha gente y que ha aguantado mejor que la economía general la crisis, porque la destrucción de empleo ha sido seis puntos inferior a la media de la economía general, merecía el apoyo del Gobierno y de todas las Administraciones Públicas.

Ponemos en marcha nuevos incentivos para incorporar a nuevos socios de estas empresas de economía social, como es la bonificación de ochocientos euros a lo largo de tres años para facilitar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales. En el caso de los menores de treinta años, se eleva esta bonificación durante el primer año a 1.650 euros. Se mantienen las bonificaciones de hasta 1.650 euros a favor de las empresas de inserción cuando contraten a personas en situación de riesgo o excusión social. Y algo que nos parece relevante es facilitar a las personas que han tenido la oportunidad de trabajar a través de una empresa de inserción el tránsito del empleo protegido a las empresas de la economía ordinaria, con una bonificación de 1.650 euros el primer año y de hasta 600 euros durante los tres años; porque estamos hablando de que son personas en riesgo de exclusión social y, que si no les facilitamos esa transición, probablemente perderían su puesto de trabajo.

Además, aprovechamos para reconocer a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general, que les va a beneficiar incluso a la hora de recibir subvenciones públicas, en línea con lo que pasa en la Unión Europea, y también, y muy importante, y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación. Hasta ahora había reservas para los centros especiales de empleo y con esta Ley también incorporamos a las empresas de inserción.

Los potenciales beneficiarios de las medidas fundamentales que van en este Proyecto de Ley son: 375.000 que se podrían acoger a la Tarifa Plana para autónomos; los que puedan compatibilizar el desempleo, 50.000; la capitalización por la prestación por desempleo sin límite de edad, para 150.000 personas; la facilidad de incorporar al sistema a los colaboradores familiares de los autónomos, 45.000; el reanudar la prestación por desempleo hasta cinco años, 90.000; y otros incentivos de la economía social que antes les describía, 5.000 personas, sobre todo los que están en régimen de exclusión social.

Con todo ello, queremos poner en valor que entre 2014 y hasta 2019 la afiliación de autónomos puede crecer en nuestro país en 550.000 personas. Es decir, este paquete de incentivos al emprendimiento autónomo y a la economía social puede facilitar la creación de 550.000 empleos en España. Esta cifra, permitiría alcanzar los 3.600.000 afiliados en el Régimen Especial de Autónomos.

Como también señalaba la Vicepresidenta, junto a este Anteproyecto de Ley hemos puesto en marcha también el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. En España hay más de 10.800 sociedades laborales que emplean a más de 63.500 personas. Los objetivos de esta Ley, que es una Ley que no se cambiaba desde el año 1997, son clarificar y simplificar los requisitos para la constitución de este tipo de sociedades; facilitar la incorporación de socios trabajadores, que son los verdaderos protagonistas de este tipo de sociedades, y otorgarles además un mayor protagonismo en lo que es control de este tipo de sociedad; simplificar trámites para favorecer la gestión de este tipo de sociedades y adaptar, además, a estas sociedades a la Ley de Unidad de Mercado; y, por otra parte, incorporar principios de buen gobierno y de responsabilidad social.

Quiero destacar que en este Anteproyecto de Ley la reforma incorpora, por primera vez en nuestro, país la definición de "sociedad participada por los trabajadores", que es un tipo de sociedad que no se reconocía en España, que se reconoce en muchos países de la Unión Europea y que tiene mucho que ver en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Y tanto CONFESAL, como CEPES, con las que hemos trabajado de manera intensa, nos han animado a registrarlas por primera vez con esa definición.

Yo quiero decir que hay empresas grandes, medianas y pequeñas en nuestro país que ya hacen participes a los trabajadores de alguna manera en la gestión y que les gustaría tener también, por responsabilidad social empresarial, ese reconocimiento de la nominación que les reconoce ese esfuerzo de gestión compartida en cualquier proporción con los trabajadores.